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Inicio Otras
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Sesión Colombia Audiencia
biodiversidad Acusación
contra Dyncorp

Acusación contra Dyncorp

martes, 05 de febrero de 2008

Elaborada por:  Colectivo de Abogados “José
Alvear Restrepo”

Contenido

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

2. DYNCORP EN EL MUNDO

2.1 Nicaragua
2.2 Bosnia
2.3 Haití

2.4 Irak
2.5 Afganistán

3. DYNCORP EN COLOMBIA

4. HECHOS QUE INVOLUCRAN A DYNCORP EN LA COMISIÓN DE
DELITOS EN COLOMBIA

5. RESPONSABILIDAD DE LA DYNCORP EN VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS

5.1  Por su actividad
mercenaria:
5.1.1 Mercenarismo como crimen
premeditado
5.1.2 Mercenarismo es un crimen cometido por sujetos
calificados con ánimo de lucro
5.1.3 Mercenarismo como mecanismo
de violación de derechos humanos que garantiza que los estados se
desatiendan de sus obligaciones internacionales en materia de ddhh.

5.1.4 Mercenarismo es una pieza fundamental para consolidar un
poder en contravía del respeto por los derechos humanos y del derecho a la
libre autodeterminación de los pueblos.

5.2  Por su responsabilidad en la afectación de
comunidades expuestas a la aspersión aérea con químicos

5.2.1 Violación al derecho a la alimentación y al
trabajo
5.2.2 Violación a los derechos a la salud y a la
vida
5.2.3 Violación al derecho a un ambiente sano

6.  FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN

1. DATOS GENERALES DE LA
EMPRESA

Dyncorp es una Compañía Privada de Seguridad creada 1946
por un grupo de pilotos  estadounidenses, bajo el nombre de
“California Easter Airways Inc dedicada al transporte de cargas. A partir
de 1987 lleva su actual nombre .

Los datos principales de la empresa disponibles en
internet son los siguientes:

DynCorp International Inc

Type
Public (NYSE: DCP)

Founded 1946
Headquarters Falls Church,
Virginia, United States
Key people Robert B. McKeon,
Chairman
Herbert J. (Herb) Lanese, President, CEO and Director
Jay
K. Gorman, EVP and COO
Robert B. Rosenkranz, President, International
Technical Services
Natale S. DiGesualdo, President, Field Technical
Services
Industry private military contractor, aircraft
maintenance
Products Drug eradication, law enforcement training,
logistics, security services; maintenance for aircraft, support equipment,
and weapons systems.
Revenue
$1,967.0 Million USD
(2006)
Net income
$7.2 Million USD (2006)

Employees 14,400 (2006)
Slogan We are
innovation in action
Website http://www.dyn-intl.com/

Según información disponible en Internet, se afirma
que en el 2003, Dyncorp fue adquirida por la californiana Computer
Sciences Corporation, especializada en tecnologías de la información, muy
bien posicionada frente al Pentágono .

También se registra que en 2005 Dyncorp International fue
comprada por Veritas Capital Found LP, cuyo presidente es Robert B.
McKeon, ubicado en 590 Madison Avenue, 41st Floor New York, NY 10021
Telephone: (212) 688-0020 .  Algunos afirman que esta empresa tiene
su casa matriz en Reston, Virginia, y su Base de Operaciones en Cocoa
Beach, Florida .

En internet aparecen varias franquicias de esta empresa,
valga decir:  Dyncorp International Inc, DynCorp International LLC,
DynCorp Aerospace Operations LLC, DynCorp International of Nigeria LLC y
DynCorp International Services LLC, todas ellas registradas en Estados
Unidos , en todo caso, un dato común resaltado en la información
disponible, es que uno de sus directivos es el ex director de la CIA James
Woolsey.

Según información de su página electrónica oficial
DynCorp Internacional es una empresa dedicada al manejo de proyectos y
servicios profesionales multifacéticos principalmente en dos áreas:
siendo proveedor de apoyo a instituciones gubernamentales civiles y
militares y, manteniendo un importante negocio comercial en aviación,
desarrollo de infraestructura, seguridad, y logística, que incluye
proyectos para construir y manejar instalaciones aéreas regionales de
las  Fuerzas Armadas de EEUU en todas partes del mundo y también para
gobiernos extranjeros que utilizan aviones de EEUU.

Como parte de su desarrollo corporativo, esta empresa
amplió sus actividades al manejo de proyectos en seguridad. “Hasta la
fecha, hemos reclutado, entrenado, y desplegado más de 5,000 guardianes de
paz y entrenadores de policía para el Departamento de Estado a 11 países,
incluyendo a Haití, Bosnia, Afganistán, e  Irak. (…)  Proveemos
apoyo importante para proteger diplomáticos estadounidenses y
instalaciones diplomáticas, así cómo a lideres aliados en países de alto
riesgo. (…) Proveemos servicios para erradicar cultivos narcóticos
ilícitos y para apoyar esfuerzos de incautar drogas en Suramérica y
Afganistán.  (…)Estamos involucrados en el retiro y destrucción de
minas antipersonales y armas livianas en Afganistán. (…) Operamos en todos
los continentes, salvo Antártida.(…)  Actualmente contamos con más de
14,000 empleados en más que 30 países .

Al reseñar su evolución corporativa, refieren cinco
momentos.  El primero de ellos,  1951 cuando su actividad se
limitaba al mantenimiento de aeronaves.  El segundo, 1994 cuando el
Departamento de Estado de EEUU les propuso entrenar y desplegar a 120
civiles guardianes de la paz en el marco del compromiso de ese país en las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Haití, actividad que
continúan realizando, ya que desde ese año han “reclutado, entrenado, y
deplegado más de 5,000 oficiales para desempeñar funciones policiacas
civiles o entrenar policia civil para el Departamento de Estado en Haiti,
Albania, Bosnia, Eslovenia, Kosovo, Timor Oriental, Liberia, Macedonia,
Serbia, Palestina, Afganistan, y Irak ”.

El tercero en 2000, con la creación de un sistema de
información empresarial  denominado DynInsight,  que ofrece a
sus usuarios acceso a información en tiempo casi real.

El cuarto, en 2005 al ofrecer servicios mixtos referidos
a última tecnología y personal altamente capacitado en controles
perimetrales, protección y otros, que al combinarse mejoran la oferta de
la industria de la seguridad.

Finalmente, en 2006 utilizaron tecnología aérea para el
control de incendios forestales en los Estados Unidos.

Como se ve, su actividad es tan variada como su tamaño lo
permite, teniendo en cuenta que tiene casi quince mil empleados, con
presencia en todos los continentes y con un movimiento anual de dos mil
millones de dólares.

En Colombia Dyncorp aparece registrada bajo el nombre
Dyncorp Aerospace Operation (UK) LTD., con certificado de existencia y
representación legal en la Cámara de Comercio bajo el Número de
Identificación Tributaria (NIT) 830078749-4 y matrícula 01050209, con
domicilio en el Reino Unido y como sucursal aparece la ciudad de Bogotá,
en la dirección Av.  82 No. 10 – 62 Piso 5.

2. DYNCORP EN EL MUNDO

Cuando Veritas Capital Found terminaba las gestiones de
compra de la Dyncorp emitió un comunicado de prensa en el que describió
las actividades de la empresa así:

“Actualmente, DynCorp International proporciona servicios
a través de dos divisiones operativas: Servicios de Entrenamiento en el
Terreno (SET) y  Servicios Técnicos Internacionales (STI). SET
proporciona servicios de aviación y apoyo ingeniero y logístico, desde
mantenimiento de flotas hasta modificaciones y revisiones de sistemas de
armamento, aviones, y equipo de  apoyo para el Departamento de
Defensa. Los Equipos Contratados en el Terreno  (ECT) de esta
división despliegan equipos de personal a clientes para complementar la
mano de obra de un cliente. SET también proporciona servicios domésticos
de aviación a los propietarios y operadores de grandes flotas de aviones,
incluyendo la Base Andrews de la fuerza aérea, Fort Hood, y Fort Columbus
en EEUU ”.

Conforme a lo anterior, se tiene que Dyncorp opera
prestando servicios mercenarios en materia de seguridad para el país que
así lo requiera, siendo su especialidad la del mantenimiento,
pilotaje de aeronaves y capacitación de personal militar.

Los ingresos de Dyncorp provienen mayoritariamente de la
contratación de sus servicios con agencias de seguridad de los Estados
Unidos, entre las que se cuenta el Departamento de Estado y el
Departamento de Defensa, la DEA y el FBI, el Departamento de prisiones y
el Ejército estadounidense .  Otras agencias asesoradas son la
Administración Federal de Aviación, la Comisión de Seguridades y Cambio, y
los Centros para Control de Enfermedades . “Bajo su responsabilidad está
el mantenimiento de 80% de las naves de la NASA y 60% del parque de
helicópteros del ejército estadunidense ”.

Según información disponible, Dyncorp actualmente tiene
contratos para asesorar a los  gobiernos Iraquí y haitiano en el
entrenamiento de sus fuerzas policiales, agencias judiciales, e
instituciones carcelarias,  miembros de esta corporación se encargan
de la seguridad privada del presidente afgano Hamid Karzai, constituyen
además la mayor parte de la policía en Bosnia y se encargan de vigilancia
en puestos fronterizos entre Estados Unidos y Mexico .

Su presencia en los países objeto de atención militar de
los Estados Unidos (sea esta de baja intensidad o en escenarios
abiertamente intervenidos por este país) ha tenido un récord importante de
escándalos que los vinculan directamente con la comisión de delitos y
violaciones a los derechos humanos.

Algunos de los hechos más importantes ocurrieron en los
años ochenta en Nicaragua y los involucra en el escándalo Iran – Contras;
en la década de los noventa en Haití, Dyncorp habría sido una pieza
fundamental para la intervención realizada por los Estados Unidos en ese
país; en  Bosnia, miembros de la Dyncorp realizaron tráfico sexual de
menores sin que por su carácter de inmunidad hayan sido juzgados ante
alguna corte en el mundo.

Para efecto de ilustración  se reseñan esos
episodios conservando el texto de las fuentes
encontradas.

2.1   Nicaragua, años
ochenta

Una subcontratista de Dyncorp se involucró en el
conflicto interno nicaragüense: “La empresa Eagle Aviation Services and
Technology, Inc. –EAST-, subcontratada por la DynCorp, ayudo al teniente
coronel Oliver North, durante el escándalo Irán – Contras de los años
ochenta, a transportar armas y municiones para los insurgentes
nicaragüenses en su lucha contra el gobierno sandinista ”.

Según información más detallada  “en la 'poca de los
80's, EAST y su fundador Richard Gadd, ayudaron a North, entonces oficial
del Consejo de Seguridad Nacional, a suministrar armas y municiones
clandestinamente a la Contra nicaragüense al mismo tiempo que el Congreso
había prohibido al Gobierno el suministro de armas letales.

North también preparó todo para que otras compañías de
Gadd consiguieran la adjudicación de contratos del Departamento de Estado
para el envío de ayuda humanitaria licita. Eso dio lugar a lo que el
asesor independiente sobre el Iran-Contra, Lawrence Walsh, etiquetara de
"una rara ocasión en la que un programa del Gobierno estadounidense
involuntariamente proporciona cobertura a una operación privada
encubierta".

La revelación de la operación de armas para la
Contra, que había sido parcialmente financiada con la venta de armas a
Irán, llevó a la convicción de que estaban involucrados altos funcionarios
de la administración Reagan. Gadd testificó en el caso Ir n-Contra
acogiéndose a la cláusula de inmunidad frente a cualquier tipo de
enjuiciamiento y ni 'l ni EAST fueron acusados de ilegalidades.

(…) En su testimonio sobre el escándalo Iran-Contra, Gadd
dijo que EAST fue una de las muchas compañías que él formó después de que
se retirara en 1982 como teniente coronel de la Fuerza Aérea, donde se
especializó en operaciones encubiertas.

En los años 80, los rebeldes de la contra trataron de
derrocar al gobierno nicaragüense sandinista de izquierdas. La
administración Reagan apoyó a la Contra, percibiendo a los Sandinistas
como una amenaza marxista para Centroamérica. Los demócratas, que
controlaban el Congreso, creyeron que los Estados Unidos debían mantenerse
fuera del conflicto y no permitir que los funcionarios de los Estados
Unidos proveyeran ayuda letal.

North acudió al General (RE) Richard Secord para tender
un puente privado de armas a la contra. Secord contrató a Gadd en 1985
para que se encargara de la supervisión de la entrega de las armas. A
través de EAST, Gadd ayudó en la adquisición de aviones para llevar armas
y municiones de Portugal a Centroamérica, y arrojarlas desde el aire
directamente a los contras. EAST también construyó una pista en Costa Rica
cerca de la frontera nicaragüense. EAST recibió US $ 550.000 por su
trabajo encubierto, según el reporte final de Walsh ”.

2.2  Bosnia - 1993

En los Balcanes, Dyncorp fue encargada de la capacitación
de la fuerza policial en Bosnia.  Al mismo tiempo, se descubrió a
varios de los empleados de esta transnacional realizando actos de
corrupción, pero más grave aún, traficando con fines sexuales a niñas
procedentes de Rusia y Rumanía a propósito de las denuncias de uno de sus
empleados, Ben Johnston.

“En 1999, empleados de DynCorp en Bosnia fueron acusados
de comprar y traficar niñas, para utilizarlas como esclavas sexuales.
Según el acta del juicio llevado a cabo en Texas en referencia al hombre
del que había sido mecánico aeronáutico de DynCorp, se afirma:

"a finales de 1999 Johnston supo que los empleados y los
supervisores de DynCorp estaban mostrando un comportamiento perverso,
ilegal e inhumano [y] estaban comprando armas ilegales, mujeres,
pasaportes falsos y [participando en] otros actos inmorales. Johnston fue
testigo de cómo sus compañeros de trabajo y sus supervisores literalmente
compraban y vendían mujeres para su disfrutepersonal, y los empleados
alardeaban de la edad y los talentos de las esclavas que habían comprado".

Según revela la periodista de investigación Kelly
Patricia O'Meara, en vez de agradecer y recompensar el esfuerzo de
Johnston para poner fin a este comportamiento, DynCorp le despidió,
obligándole a ser custodiado para su propia protección por parte de la
División del Ejército para Investigaciones Criminales (Army Criminal
Investigation Division -CID) de EEUU hasta que los investigadores pudieran
sacarle a salvo de Kosovo y devolverle a EEUU.

(…)  Johnston marcó los límites cuando se negó a
comprar niñas y mujeres como esclavas sexuales.

"Había oído hablar de prostitución desde el primer
momento, pero pasó algún tiempo hasta que comprendí que estaban comprando
a esas niñas. Les dije que no estaba bien y que era lo mismo que la
esclavitud, que no se pueden comprar mujeres. Pero compraron los
pasaportes de las mujeres y [entonces] se convertían en sus propietarios y
se las vendían entre ellos."

"Ninguna de las niñas -afirma Johnston-, era de Bosnia.
Procedían de Rusia, Rumanía y otros lugares, y eran importadas por DynCorp
y por la mafia de Serbia. Ellos decían cosas como: "tengo que ir a Serbia
este fin de semana a recoger a tres niñas". Hablaban de ello y
fanfarroneaban sobre cuánto les pagaban (normalmente entre 600 y 800
dólares). Según declaraciones juradas ala CID de Kevin Werner, empleado de
DynCorp:

"durante mis últimos seis meses he conocido a un hombre
al que llamábamos `Debeli`, que es la palabra bosnia para gordo. El es el
operador de un club nocturno llamado Harley`s en el que hay prostitución.
Las mujeres son vendidas por horas, por noches o permanentemente".
Werner admitió haber comprado a una mujer para sacarla de la prostitución
y nombró a otros empleados de DynCorp que también habían pagado para
comprar a otras mujeres.

Según el informe de la investigación, bajo el Párrafo 5
del Acuerdo de la OTAN entre la República de Bosnia-Herzegovina y Croacia
sobre el estatus de la OTAN y de su personal, los contratistas "no eran
inmunes a ser juzgados localmente si los actos cometidos estaban más allá
de sus tareas oficiales".

La periodista Kelly Patricia O'Meara afirma que es
increíble que el caso del CID se cerrara en junio de 2000 y volviera a las
autoridades de Bosnia. DynCorp dice que llevó a cabo su propia
investigación y que Hirtz y Werner fueron despedidos por DynCorp y
devueltos a los EEUU pero que no fueron procesados.

(…) Christine Dolan, fundadora de la Campaña Humanitaria
Internacional Contra la Explotación de Niños/as, una organización sin
fines de lucro con sede en Washington, declaró a Insight: "Lo que me
sorprende es que DynCorp ha podido mantener su contrato. EEUU dice que
quiere erradicar el tráfico de personas, ha creado una oficina en el
Departamento de Estado con este propósito y, aún así, las autoridades que
hacen los contratos desde el Gobierno o desde el Estado no han entrado a
hacer una investigación sobre este asunto ".

También se tiene noticia de que hubo otras denuncias, que
de la misma manera quedaron en la impunidad.   “Kathryn
Bolkovac, una observadora de la fuerza policíaca de la ONU, presentó una
demanda en Gran Bretaña en 2001 en contra de DynCorp por haberla echado
después de que ella denunció que entrenadores de policía de Dyncorp
estaban pagando por prostitutas y participando en el trafico de mujeres.
Al final muchos empleados de DynCorp tenían que renunciar bajo sospecha de
actividad ilegal, pero no pudieron adelantar procesos penales, puesto que
gozan de inmunidad en Bosnia ”.

2.3  Haití - 1994

Estados Unidos jugó un papel protagónico en los hechos
ocurridos en Haití hacia 1994, despues del primer golpe en contra de
Presidente Aristide y las empresas transnacionales de seguridad, entre
ellas Dyncorp, obtuvieron su tajada, capacitando a la futura fuerza
policial que garantizaría el orden en ese país, diseñado desde Washington
.

“Después de tres años de régimen militar, EU intervino en
1994, enviando a Haití 20 mil soldados de ocupación y "mantenedores de la
paz". Esta intervención militar no pretendía restaurar la democracia, sino
al contrario: se realizó para prevenir una insurrección popular contra la
junta militar y sus cohortes neoliberales. En otras palabras, buscaba
asegurar la continuidad política.

(…) las tropas estadounidenses permanecieron hasta 1999.
Las fuerzas armadas haitianas fueron desbandadas y el Departamento de
Estado contrató a la compañía de mercenarios DynCorp para que prestara
"asesoría técnica" en la reestructuración de la policía nacional haitiana.

DynCorp siempre había funcionado como fachada de las
operaciones encubiertas del Pentágono y la CIA. Bajo asesoría de esa
empresa, ex tonton macoutes y ex oficiales del ejército participantes en
el golpe de Estado de 1991 fueron incorporados a la policía ”.

Este caso es demostrativo de la característica mercenaria
de la Dyncorp, que cumple sus labores de “capacitación” con total
indiferencia de los escenarios políticos, humanitarios ni éticos.

2.4  Irak

En la actualidad, la segunda fuerza de ocupación en
Irak está representada por miembros de empresas transnacionales de
seguridad de índole mercenaria .  “Las principales compañías de
mercenarios norteamericanos que actúan en Iraq son Black Water Co,
DynCorp., CACI International (con casa matriz en Virginia) y Titan S.A.
(con casa matriz en California). Está demostrado que mercenarios
contratados por las dos últimas tomaron parte en los hechos de torturas a
prisioneros de guerra iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, pero sus
actuaciones fueron archivadas por no estar sujetos a la justicia militar
”.

Dyncorp habría recibido contratos por un valor de US 750
millones, para entrenar a la policía Iraquí, tal y como ya lo había hecho
en Bosnia y Haití.  La información disponible resalta que La policía
iraquí, entrenada por empresas privadas de seguridad como DynCorp, se han
convertido en pieza clave de la guerra sucia que se vive en la actualidad,
en vez de ser el cimiento de la democracia tal y como había sido
proclamado por autoridades estadounidenses.  De hecho, Investigadores
federales de EEUU están examinando denuncias de fraude cometido por parte
de empleados de DynCorp, incluyendo la venta de municiones destinado para
la policía iraquí .

Recientemente Stuart Bowen, el inspector general especial
para la reconstrucción iraquí, de los Estados Unidos señalaba que la
intervención en Irak había costado más de 300 mil millones de dólares a
los contribuyentes estadounidenses, y varios de estos millones, se habrían
diluido en actividades fraudulentas y corruptas.  “Según el informe,
el Departamento de Estado pagó 43.8 millones de dólares al contratista
DynCorp International para un campamento de entrenamiento policial frente
al Palacio Adnan, de Bagdad, que ha estado vacío desde hace meses ”.

Al mismo tiempo, se destaca la inmunidad que tienen
dichos contratistas frente a autoridades de los países en los que operan,
como en Irak. “Brig. Gen. Karl Horst, subcomandante de la III División de
la Infantería encargado con la seguridad de en Bagdad, declaró: "Estos
tipos corren sueltos en este país y hacen cosas estúpidas. Nadie tiene
autoridad sobre ellos, así que no se puede disciplinarlos cuando aumentan
el uso de fuerza. Disparan a personas, y otro tiene que manejar las
consecuencias. Eso pasa en todas partes. "

2.5 Afganistán

En Afganistán, Dyncorp se encarga de entrenamiento
del ejército de ese pais y tiene un contrato para la protección privada
del presidente Hamid Krzai.

“DynCorp recibe la mayor parte de los 1.1 mil millones de
dolares para entrenar la policia iraqui en Afganistan. Según Gregory
Lagana, vocero para DynCorp, en los años 2004, 2005, y 2006, DynCorp
recibió un toal de 1.6 mil millones de dolares para su trabajo de
entrenamiento y seguridad en Iraq y Afganistan, que implicaba 30% de los
ingresos de la empresa durante este tiempo.   Desplegó 377
asesores de policia en Afganistan y casi la mitad del total de asesores
desplegados de EEUU en Iraq.

Ali Jalali, ministro del interior de 2002 a 2005 en
Afganistan, denunció que los asesores que llegaron al país no tenían el
perfil necesario, que no eran idoneos para el  trabajo ”.

En este país se es relevante un episodio en el cuál
miembros de Dyncorp atacaron a un funcionario del gabinete de ese
país.  “Crispin Thorold, un corresponsal de BBC vio a uno de eso
contratistas dar una bofetada en la cara al ministro afgano de transporte
”.

Su poder llega a tal nivel que pueden darse el lujo de
atacar a funcionarios públicos de los países donde opera, en total
impunidad.

3.  DYNCORP EN COLOMBIA

Según la información disponible en la web la DynCorp “se
presentó en Colombia como una Sociedad Británica, con sede en Aldershot
Hampshire. En los contratos con el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América aparece como una empresa estadounidense que tiene su
Casa Matriz en Reston, Virginia y su Base de Operaciones en Cocoa Beach,
Florida ”.

Según la información disponible en la Cámara de Comercio
de Colombia Dyncorp Aerospace Operation (UK) LTD., tiene como domicilio el
Reino Unido y como sucursal la ciudad de Bogotá.  Según el registro
esta empresa tiene como objeto social:

“Tenga como objeto social suministrar servicios de apoyo
para programas bilaterales contra los narcóticos entre el gobierno de los
Estados Unidos y el Gobierno de la República de Colombia y, en desarrollo
de este propósito, la sucursal adquiera, posea, grave y enajene cualquier
clase de bienes muebles o inmuebles, gire, acepte, negocie, descuente,
etc, toda suerte de instrumentos negociables y otros documentos civiles y
comerciales que sean necesarios o apropiados para el logro de sus
objetivos, adquiera una participación sea o no como accionista o fundador,
en otras compañías , tome dinero en préstamo, con o sin garantías reales o
personales y en general, adelante toda suerte de actos o contratos
directamente relacionados con el objeto social principal de esta compañía
en Colombia ”.

Aunque en Colombia actúan otras empresas transnacionales
de seguridad bajo es quemas de operación mercenarios, tales como ARINC,
Grupo Rendon, ACS Defense,  Lockheed- Martin, Northrop Grumman Corp.,
ManTech, TRW, Matcom, ALION y California Microwave Systems ,  sin
duda alguna, Dyncorp es de las más representativas y con mayor antigüedad
en Colombia, es de las mejores libradas en la venta de sus servicios para
el Plan Colombia, y es la que al mismo tiempo ha estado más comprometida
en la comisión de delitos en este país y con las violaciones a derechos
humanos generadas a propósito de la actividad de aspersión aérea que
realizan.

Según información del Ministerio de Defensa de
Colombia

“el personal militar y contratistas de los Estados Unidos
de América que se encuentran en Colombia desempeñan labores de apoyo a los
diferentes programas que se vienen implementando entre ambos Gobierno en
la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.

El apoyo de este personal se traduce en entrenamiento,
equipamiento de las unidades tácticas y en el diseño de obras de
infraestructura de apoyo a las actividades antinarcóticos de la fuerza
pública.

Así mismo, en la capacitación e instrucción para el
personal de la Fuerza Pública en materia de Derechos Humanos y DIH, como
también en el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar.

Igualmente, se recibe por parte de este personal apoyo
para fortalecer y mejorar las capacidades del sistema logístico de la
fuerza pública (SILOG), en el mantenimiento y alistamiento de las
aeronaves destinadas a la lucha contra el narcotráfico y el mejoramiento
de las unidades de Sanidad en el teatro de operaciones a través del Grupo
Aéreo Trauma y Rescate (GATRA) ”

El 27 de octubre de 2000 Dyncorp fue registrada con
representación legal de Robert B.  Allenger, Jr., domiciliado en
Texas en calidad de presidente de esta empresa.  El 26 de noviembre
de 2003 aparece como representante legal la colombiana Margarita Quijano
Guerra.  El 2 de noviembre de 2005 Ketih Allen es nombrado como
Liquidador principal de Dyncorp Aerospace Operations UK LTD y otorga poder
a ciudadanas colombianas para adelantar la terminación de “los contratos
laborales de los empleados de la sucursal”.  En esa fecha aparece el
último registro donde nombra a Curtis Adams y Robert Knepper a fin de
adelantar gestiones tributarias ante diferentes autoridades
colombianas.

Se afirma Dyncorp hizo presencia en el país hacia
1993  o a 1994, como parte de los convenios binacionales cooperación
firmados con los Estados Unidos.

Estos instrumentos se remontan al tratado multilateral
“Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”,  adoptado en Río de
Janeiro en 1947 en el marco de la Conferencia Interamericana para el
mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, momento en el que
se consideraba “Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las
Repúblicas Americanas se halla esencialmente ligada a sus ideales
democráticos y a su voluntad de permanente cooperación para realizar los
principios y propósitos de una política de paz ”.

Posteriormente, en 1952 se suscribe en convenio bilateral
de “Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos
de América ”, y allí se acuerdan en el artículo 5 las garantías de las
misiones militares mutuas:

“Cada uno de los dos Gobiernos, acepta recibir personal
del otro Gobierno para el cumplimiento de las obligaciones de este
Gobierno, relacionados con la ejecución de este acuerdo.  A dicho
personal se le concederán facilidades para observar el adelanto de la
ayuda suministrada de conformidad con el presente Acuerdo.  Ese
personal que se compondrá de nacionales del otro país, inclusive el que se
asigne de manera temporal, actuar{a en sus relaciones con el Gobierno del
país a que haya sido asignado como parte de la Embajada y bajo al
dirección y jurisdicción del Jefe de la Misión Diplomática del Gobierno
del país que lo envía y se le otorgarán todas las prerrogativas e
inmunidades que la costumbre internacional reconoce al personal del rango
correspondiente de una Embajada. (…)”

En el marco de la
política desplegada desde Estados Unidos contra el comunismo a nivel
mundial, se suscribe en 1962 e el “Convenio General para Ayuda Económica,
Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América”, donde se repite la cláusula de inmunidad
anterior.

“Artículo 3.  El Gobierno de Colombia recibirá una
misión especial y su personal para desempeñar los deberes del Gobierno de
los Estados Unidos de América conforme al presente Convenio y considerará
a dicha misión especial y a su personal como parte de la Misión
Diplomática del Gobierno de los Estados Unidos de América en Colombia, con
el fin de concederles los privilegios e inmunidades que se conceden a esa
misión  y a su personal de igual rango ”

En 1974,  se suscribe el “Acuerdo entre el gobierno
de la república de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América
relativo a una misión del Ejército, una misión naval y una misión aérea de
las fuerzas Militares de los Estados  Unidos de América en la
República de Colombia”, con el objeto de prestar permanentemente
cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea colombianas. En el artículo 12 de dicho acuerdo, se
conviene:

“Artículo 12.  Los miembros de las misiones
militares de Estados Unidos de América seguirán regidos, para efectos
disciplinarios, por los reglamentos de las Fuerzas Militares de los
Estados Unidos de América ”.

Este acuerdo abre la posibilidad de que las Misiones
Militares de Estados Unidos en Colombia estén integradas no exclusivamente
por integrantes de las fuerzas militares de ese país, sino también por
personal “no acreditado”, esto es, que se autorice “la presencia en el
país de otro personal complementario de las Fuerzas Militares de los
Estados Unidos de América, que sea estrictamente necesario para tender
funciones propias de la administración de las Misiones Militares, en
calidad de NO ACREDITADO ”

En septiembre de 2000, y considerando “que el Gobierno de
Estados Unidos de América acepta suministrar  asistencia financiera,
material, económica, técnica y afín al Gobierno de la República de
Colombia, diseñada para fortalecer la capacidad del Gobierno de Colombia
en apoyar la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfíco Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, en la cual tanto
Colombia como Estados Unidos son signatarias, la Estrategia Nacional del
Plan Colombia, y, el Plan Nacional de la República de Colombia para
combatir las drogas ”, se suscribe el “Anexo al Acuerdo General sobre
Asistencia Económica, Técnica y otra asistencia relacionada entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos
de América”.

Este convenio garantiza la puesta en marcha del Plan
Colombia.  En 1998 el entonces presidente Andrés Pastrana, propuso
como uno de los ejes de su programa de gobierno el “Plan Colombia, cambio
para construir la paz”, enfocado en los temas de paz, narcotráfico y
recuperación económica.

Estos se desarrollarían a través de los ejes
fortalecimiento institucional, atención humanitaria de cara a la población
desplazada forzadamente,  proyectos productivos, entre otros, para
población cultivadora de la hoja de coca, promoción de la sostenibilidad
ambiental y, finalmente el desarrollo de una “infraestructura para la
paz”, centrada en un proceso de diálogo con la guerrilla de las
FARC.

Tan ambicioso proyecto sólo podía ser llevado
acabo bajo el postulado de la corresponsabilidad de la comunidad
internacional para con Colombia principalmente en el tema de narcotráfico
y tendría que ser subsidiado por recursos propios a través del presupuesto
nacional y el endeudamiento interno y externo y, por recursos donados por
la comunidad internacional según compromisos que adquirieran en las “mesas
de donantes”.

Dos años después, esto es, en 2000, el Plan Colombia
inició su marcha con un respaldo financiero internacional casi exclusivo
de los Estados Unidos, pero el diseño original había adquirido nuevos
matices.  El desarrollo institucional, por ejemplo, se mediría por el
nivel de fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales del país y
por el grado de avance en la lucha contra el narcotráfico que tenía como
principal objetivo el campesinado productor.

La aprobación de recursos para el Plan Colombia en el
Congreso de Estados Unidos, tuvo un fuerte lobby de empresas que a la
postre resultarían beneficiadas del él, al prestar sus servicios ,
“entre aquellos con grandes intereses, además de los gobiernos de EE. UU.
y Colombia, están Helicópteros Bell Textron de Texas, que provee las
aeronaves que movilizan tropas y recursos, y Helicópteros Sikorsky, que
provee los Blackhawk utilizados para proteger a los avionetas de
fumigación. También se cuentan Monsanto de Kansas, que provee el glifosato
(Round-Up Ultra) utilizado, y DynCorp, de Reston, Virginia, la compañía
con más intereses allí. De todos, esta última es la principal empresa
subcontratada por el Departament de Estado para Colombia, pues goza de un
contrato por alrededor de $600 millones de dólares para fumigaciones,
mantenimiento de avionetas y helicópteros utilizados en las operaciones.
Cada una de estas empresas emplea compañías especializadas en lobby de
alto nivel en Washington.”

El Anexo al Acuerdo General sobre Asistencia Económica,
Técnica y otra asistencia relacionada firmado en el 2000, se aseguró de
proteger los intereses de tales empresas al establecer que “todos los
bienes y servicios adquiridos con fondos del Gobierno de los Estados
Unidos serán adquiridos bajo las regulaciones y políticas establecidas por
el Gobierno de los Estados Unidos para adquisiciones, y serán adquiridos
en los Estados Unidos y despachados desde los Estados Unidos ”.

En lo sucesivo, fueron firmados anexos y apéndices a tal
anexo, en los cuáles se mantuvieron las cláusulas de inmunidad para los
miembros de la misión estadounidense que participan del Plan
Colombia.  Los proyectos que contienen tales anexos se refieren
precisamente a los programas que ofrece Dyncorp, son desarrollados
operativamente “por medio del Grupo Militar de los Estados Unidos
(SUMLGP), específicamente la Misión de la Fuerza Aérea (AFMIS), con la
asistencia de la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de la Embajada de los
Estados Unidos (Partes Operativas del Gobierno de los Estados Unidos), y
por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC, parte operativa del Ministerio de
Defensa Nacional) ” y controlados exclusivamente por la Sección de Asuntos
Narcóticos (NAS) de la embajada de Estados Unidos en Colombia, por
ejemplo:

• Modernización de trece aeronaves A-37 de la Fuerza
Aérea Colombiana
• Mantener el sistema de mantenimiento de la de
la flota de aeronaes A-37 de la Fuerza Aérea de Colombia con el objeto de
maneter por lo menos un 75% de la disponibilidad operacional inmediata

• Fortalecer y mejorar la capacidad de la Fuerza Aérea  en
el suministro de vigilancia aérea en apoyo a las operaciones
antinarcóticos de la Fuerza Pública .
• Llevar a cabo
operaciones de interdicción / interceptaci{on contra objetivos sospechosos
aéreos;  mejorar el control del espacio aéreo en Colombia
.
• Modernización de las aeronaves de rastreo C-26 de la Fuerza
Aérea Colombiana para fortalecer y mejorar la capacidad de la Fuerza Aérea
colombiana para llevar a cabo operaciones de interdicción aérea e
inteligencia en apoyo a las operaciones antinarcóticos de la Fuerza
Pública de Colombia.

La Contraloría General de la Nación al realizar un
informe sobre los principales resultados de los contratos suscritos por
las entidades públicas del orden nacional con los más representativos
organismos de cooperación internacional, durante el periodo 1998-2002,
encontró que en el sector de Seguridad la cooperación internacional
prácticamente se limita a lo acordado con el Gobierno de Estados
Unidos:

“desde el punto de vista de la cooperación, Colombia ha
realizado convenios bajo el programa de asistencia en seguridad con el
gobierno de los Estados Unidos de América, cuya ayuda bilateral se ha
canalizado por los Departamentos de Defensa y de Estado. En tal sentido,
no median agencias u organismos de cooperación internacional, por tratarse
de un programa desarrollado directamente por el gobierno de los Estados
Unidos a través de sus propias agencias ”

La Contraloría describe la metodología que tiene el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la negociación de
servicios de defensa, hacia Colombia y otros países:

“La asistencia en seguridad ofrecida por el
Departamento  de Defensa de Estados Unidos incluye el programa
Foreign Military Sales (FMS), a través del cual los gobiernos extranjeros
adquieren y negocian artículos y servicios para la defensa. El programa
consiste en vender el stock del Departamento de Defensa o gestionar la
compra de bienes o servicios para la defensa. Los contratos establecidos
bajo esta modalidad se cancelan con recursos del presupuesto nacional de
Colombia, los cuales son manejados a través de cuentas holding account por
el  departamento de Defensa de Estados Unidos.

Todos los costos de los pagos de estas adquisiciones
gubernamentales tienen que ser asociados con ventas y, en esencia, debe
haberse suscrito un convenio entre gobiernos normalmente documentado en
una carta de oferta y aceptación (LOA) entre el gobierno de Estados Unidos
y el gobierno extranjero. Cada LOA es comúnmente referida como un caso
especial y es asignada exclusivamente para identificarla según el
propósito de las cuentas. Bajo este sistema, los servicios y los artículos
militares, incluidos los entrenamientos o la capacitación, deben ser
provistos de las existencias o de un nuevo proveedor. Por conveniencia del
comprador FMS, el Departamento de Defensa mantiene una cuenta de ahorros
al comprador donde deposita los dineros excedentes provenientes de ajustes
en los diferentes casos. La cuenta holding account es una subcuenta de
dinero no identificado a un caso FMS específico.

El cliente FMS puede pedir a el Departamento  de
Defensa retirar de la cuenta holding account y transferir a un caso
específico para cubrir una necesidad inmediata.  Los objetivos de
estos convenios son, entre otros, adquirir bienes y servicios previamente
acordados por los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de
América; proveer recurso humano capacitado para entrenar personal en el
área técnica; prestar ayuda y  apoyo para obtener autoeficiencia en
operaciones y mantenimientos y reducir el costo de ciertos equipos y
materiales ”.

Bajo este modelo se negocian los acuerdos que benefician
a empresas transnacionales de la seguridad como Dyncorp, cuando los
programas se canalizan a través del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos.  En lo referente al Plan Colombia intervienen principalmente
ese organismo y el Departamento de Estado de ese país.

Ello implica que ningún organismo gubernamental
colombiano puede ejercer control o veeduría sobre los programas
binacionales que se valen de empresas transnacionales de seguridad
mercenarias legalizadas a través de los convenios.  Ni siquiera
tienen información sobre el número de mercenarios presentes en el
país.

En abril de 2006, el Ministerio de Defensa colombiano,
responde al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” a la pregunta de
¿Cuántos contratistas han participado en programas del Plan Colombia en
nuestro país desde el año 2000?

“Este Ministerio no posee información acerca del número
de contratistas (nacionales o extranjeros) que desde el 2000 han apoyado
los diferentes programas que se vienen implementando con la cooperación
del Gobierno de los Estados Unidos en apoyo al Plan Colombia.  Esta
información es de manejo exclusivo de la Embajada del Gobierno de los
Estados Unidos de América en Colombia ”

Con razón se afirma  que
Dyncorp

“es una rueda suelta que ninguna entidad del Estado
controla. Sus relaciones son directamente con la NAS, la oficina que
canaliza los recursos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para
combatir el narcotráfico en el país. No valieron ni siquiera los reparos
que en su momento realizó el entonces director de la Policía general Rosso
José Serrano, quien no estuvo de acuerdo con que una empresa particular,
sin ningún control por parte de la Policía colombiana o de otra entidad
oficial, llegara al país para trabajar de la mano de la Policía
Antinarcóticos en la lucha contra el narcotráfico. Pero el Departamento de
Estado condicionó la ayuda a la presencia de DynCorp en Colombia. Y para
evitar cualquier contratiempo asignó a la NAS como la directa responsable
del trabajo que iba a realizar DynCorp en Colombia.

(…)En efecto, a finales de 1993 fueron enviados los
primeros hombres de DynCorp a Colombia. “Llegaron con sus propios aviones
y pilotos. Y la Policía tuvo que prestar sus matrículas oficiales, que
fueron pintadas en esos aviones”, señaló a SEMANA un alto oficial de la
Policía que conoce desde su inicio la entrada de DynCorp a Colombia.

Ni siquiera la Aeronáutica Civil sabe de las actividades
que realizan las aeronaves de DynCorp en Colombia. “Ninguna autoridad,
llámese Aeronáutica, Dian, Policía o Ejército, está autorizada para
revisar las aeronaves de DynCorp que llegan a Colombia. La NAS es la que
decide qué aviones ingresan al país y cuáles salen a las bases aéreas de
Estados Unidos para su revisión. Nadie sabe qué llevan esos aviones en su
regreso a Estados Unidos porque son intocables”, agregó la fuente
consultada por SEMANA ”.

Algunas informaciones dan cuenta de que “a finales de
marzo de 2001 había en Colombia un poco más de 100 hombres de esta empresa
”.  Como sea, al iniciar el Plan Colombia se afirmaba que el límite
de contratistas era de 300, para el año 2002 este límite se aumentó en 100
más, llegando a ser legal en Colombia la presencia de por lo menos 400
mercenarios en el marco de los programas del Plan Colombia.

En cuanto a su lugar de operaciones, por fuentes
gubernamentales, se tiene que operan en Fuerte Larandia, Fuerte Tolemaida,
Décimo Octava Brigada del Ejército (BCG-30, BCG-24), Agrupación de Fuerzas
Especiales Urbanas del Ejército (AFEAUR), Brigadas Móvil
1-2-3-4-6-7-8-9-10 y12, el Cuerpo de Guarda Costas de la Armada Nacional,
la Brigada Fluvial de Infantería de Marina, el Comando de Aviación Naval,
el Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM-2), Comando Aéreo de Combate No.
6 (CACOM-6), el Comando Aéreo de Transporte  Militar (CATAM), donde
quiera que haya Radares Terrestres de la Fuerza Aérea y el Centro de
Comunicaciones, Comando y Control de la Fuerza Aérea .

Otras unidades que serían objeto de la cooperación de
Estados Unidos hacia Colombia registradas por el Center For Internacional
Policys, en materia de entrenamiento en 2004, son las siguientes:

• Ejército:
Academia Militar, Batallón de
Contraguerrilla 32, Batallón de Comandos de Fuerzas Especiales, Batallón
de helicópteros, Tolemaida, Batallón de Infantería Ayacucho, Batallón de
Infantería García Rovira, Batallón de Infantería Raúl Reyes, Batallón de
Ingenieros de Mantenimiento, Batallón Lanceros, Batallón de Servicios de
Apoyo al Combate 1, Batallón de Servicios 8 Cacique Calarcá, Brigada 9
Neiva, Brigada 12, Florencia, Brigada 18 Arauca, Brigada Antinarcóticos
(BACNA), Brigada de Aviación, Brigada de Fuerzas Especiales, Brigada Móvil
3, Comando de Operaciones Especiales (COESE), Comando de Operaciones
Logísticas Bogotá, Escuela de artillería, Escuela de Guerra, Escuela de
Fuerzas Especiales, Escuela de Ingeniería, Escuela de Logística, Escuela
de Relaciones Cívico – Militares, Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA),
Fuerza de Tarea Conjunta Logística en San José del Guaviare, Grupo de
Caballería REveiz Pizarro, Oficina Central de Inteligencia Militar,
Oficina Regional de Inteligencia 1, Sexta División.

• Fuerza Aérea:
CACOM -2 Apiay, CACOM 3
Barranquilla, CACOM 4 Melgar, CACOM 5 Ríonegro, CATAM Bogotá, Comando de
Mantenimiento Aéreo Madrid / Cundinamarca,  Comando de Transporte
Aéreo Bogotá, Escuadr+on C-130, Escuela de Aviación Cali, Escuela ESUFA,
Madrid / Cundinamarca, GAORI Marandúa, GASUR Tres Esquinas, Grupo Aéreo
del Caribe San Andrés, SATENA, Sección de Educación Aérea Bogotá.

• Armada:
Academia Naval, ARC
Independiente, ARC Tayrona Cartagena, Comando de Aviación de la Armada
Bogotá, Comandos Submarinos – Flota de Submarinos, Grupo Aeronaval del
Caribe GANCA – Cartagena, Grupo Aeronaval del Pacífico GAMPA – Bahía
Málaga, Guardia Costera Cartagena, Guardia Costera – Leticia, Unidad
Especial de Buseo, Infantería de Marina - Batallón de Fuerzas Especiales
1, Infantería de Marina – Batallón 2, Infantería de marina – Batallón
Contraguerrilla 1 Corozal, Infantería de Marina – Batallón de Rifles 8,
Infantería de Marina – Batallón 9 Tumaco, Infantería de Marina – Batallón
Fluvial 10 – Guapi, Infantería de Marina – Batallón Fluvial 30, Infantería
de Marina – Batallón Fluvial 40 – Puerto Carreño, Infantería de Marina –
Batallón Fluvial 50 – Puerto Inárida, Infantería de Marina – Batallón
Fluvial 60 – Puerto Leguízamo, Infantería de Marina – Brigada Fluvial,
Infantería de Marina – Comandancia Bogotá, Infantería de Marina –
Dirección Portuaria DIMAR – Cartagena, Infantería de Marina – Escuela de
Combate Fluvial, Puerto Leguízamo, Infantería de Marina – Unidad de
Antiterrorismo Urbano fe Fuerzas Especiales.

• Policía
Carabineros, Distrito de Policía 3
Espinal – Tolima, Servicio Aéreo, Unidad Antinarcóticos (DIRAN).

• Otros:
DAS y Ministerio de
Defensa.

La “intocabilidad”, o inmunidad jurídico –
diplomática de la Misión de Estados Unidos en Colombia acreditada, o no,
fue recientemente ratificada de cara a la Corte Penal Internacional, y se
extendió a cualquier ciudadano estadounidense en el país.

Efectivamente,  en diciembre de 2003 se firmó el
Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia  y el gobierno
de los Estados Unidos de América respecto a la entrega de personas de los
Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional.

“(…) Tomando nota de que conforme  al Acuerdo de
1962 las personas allí comprendidas, incluidos funcionarios de gobierno,
empleados (incluyendo contratistas) y personal militar, actuales o
antiguos, no están sujetas a la jurisdicción colombiana, de lo cual
resulta que su entrega, por cualquier medio, a la Corte Penal
Internacional, requiere del consentimiento expreso del Gobierno de los
Estados Unidos de América;

Tomando nota de que conforme al derecho internacional,
las personas de los Estados Unidos de América que gozan de inmunidad de la
jurisdicción penal colombiana, incluyendo la inmunidad funcional, no están
sujetas, dentro de los términos de dicha inmunidad, a la jurisdicción
colombiana, de lo cual resulta que su entrega, por cualquier medio, a la
Corte Penal Internacional, requiere del consentimiento expreso del
Gobierno de los Estados Unidos de América

(…) 2.  Una persona de los Estados Unidos de
América, el Estado que Envía, no será, salvo el consentimiento expreso de
los Estados Unidos de América
a)  entregada ni trasladada de
ninguna manera a la Corte Penal Internacional para ningún propósito
ni
b)  entregada ni trasladada de ninguna manera a ninguna
entidad o tercer país, ni expulsada a un tercer país, con el propósito de
entregarla o trasladarla a la Corte Penal Internacional ”

Por virtud de este acuerdo, ningún ciudadano
estadounidense, incluyendo por su puesto, a los empleados de Dyncorp será
tocado por la CPI.

4. HECHOS QUE INVOLUCRAN A DYNCORP
EN LA COMISIÓN DE DELITOS EN COLOMBIA

La inmunidad convencional para la misión de Estados
Unidos en Colombia, ha sido la oportunidad para que sean miembros de esta
empresa, los autores de varios delitos en el país, principalmente
relacionados con narcotráfico.   Por ejemplo, en mayo de 2000,
recién implementado el Plan Colombia,  fueron detectadas en el
aeropuerto El Dorado de Bogotá, unas botellas que contenían heroína y
donde “la firma DynCorp aparecía como remitente del paquete que tenía como
destino final la base aérea de Patrick en Florida ”.

El oficial de la policía colombiana, de rango de General
que adelantó la investigación inicial por estos hechos, una vez la heroína
fue detectada en el aeropuerto, fue removido inmediatamente de su cargo
por disposición del encargado de la NAS de la embajada estadounidense en
Bogotá , lo que demuestra el inmenso poder que tiene esa oficina en
injerencia frente a autoridades del gobierno colombiano.

El diario canadiense The Nation destapó este escándalo, y
Janet Wineriter, la portavoz de Dyncorp, respondió que tal líquido no
contenía heroína: “eran simplemente muestras de aceite que deben enviar
periódicamente los técnicos de Dyncorp, y que las pruebas habían sido
hechas, aparentemente, con un equipo dañado que había producido una
lectura incorrecta ”.

Ante este hecho la congresista estadounidense Jan
Schakowsky trató de introducir una enmienda que prohibiera el uso de los
contratistas militares, afirmando que “Los reportes de que empleados de
Dyncorp están implicados en narcotráfico, precisamente el delito que a
ellos se les paga para evitar, solo fortalece mi convicción de que esta es
la política errada ”.

Ese mismo año, Michael Demons, paramédico que hacía parte
de un equipo de DynCorp que operaba en la base militar de Tres Esquinas,
en Caquetá, sur del país, falleció de un ataque cardíaco en un hospital de
Florencia, capital de ese departamento “las pruebas realizadas por los
médicos forenses demostraron que la causa de la muerte del estadounidense
había sido una sobredosis de cocaína ”.  Aunque se inició una
investigación preliminar, lo cierto es que de los anaqueles de la
Fiscalía, el expediente desapareció misteriosamente.

En 2002  Alexander Wakefield Ross Cáceres, de 25
años miembro de la Dyncorp que operaba en una base antinarcóticos de
Putumayo murió destrozado por la hélice de un avión OV -10 de aspersión
aérea, la madre de este piloto, Elena Cáceres, aseguró que este fue
asesinado“"Él no tenía nada que hacer cerca de los aviones, pues su oficio
era técnico en computación geográfica y se la pasaba frente a aparatos muy
distintos a las aeronaves; además en los papeles se dice que él murió en
el hospital de Mocoa cuando en realidad el golpe produjo su muerte
inmediata en la pista (…)"Eso no fue ningún accidente, como afirma
DynCorp. Él sabía algo relacionado con drogas y los pilotos de esa
empresa. Gente cercana a la compañía dice que en los últimos dos años hubo
otras muertes misteriosas de extranjeros  ”.

Estos hechos que aún permanecen sin esclarecer, da cuenta
de las irregularidades que rodean la actuación de los contratistas en
Colombia, y de sus nexos con actividades de narcotráfico.

En octubre de 2004 se tuvo noticia de que contratistas
que operaban en Tolemaida distribuyeron un video en el que se observaba
como sometían a vejámenes sexuales a niñas menores de edad del pueblo de
Melgar.  Ese video fue comercializado incluso en las principales
calles de Bogotá .  El Colectivo de abogados no ha tenido noticia de
que se hubiera abierto investigación penal alguna por estos hechos que
involucran menores de edad, pero según labores de seguimiento a este hecho
a través de entrevistas a personas de esa población, realizadas por el
Colectivo y otras organizaciones, se tuvo noticia de que una de las
menores involucradas en los videos se suicidó tiempo después de la
publicación de los videos.

En marzo de 2005,  cinco militares estadounidenses
del cuerpo de instructores antinarcóticos de las Fuerzas Armadas, fueron
detenidos por transportar 16 kilos de cocaína en un avión militar
norteamericano, desde la base de Apiay – Meta, hacia Texas, según lo
informó el periódico el Tiempo, en una editorial que tituló los
“narcosoldiers”.

Más adelante, según lo refirió el mismo diario, fue
vinculado a la investigación un ex soldado colombiano, de apellido
Jiménez  quien trabajaba con una empresa contratista del Plan
Colombia que operaba en las bases de Larandia y de la Armada en Tumaco –
Nariño, y que “podría ser la pieza fundamental para destapar las
conexiones de los militares estadounidenses que fueron detenidos”, ya que
“fue uno de los primeros que contactó al contratista extranjero con los
vendedores de droga para sacar el alcaloide camuflado entre las valijas de
algunos militares ”.

Aunque los implicados son soldados estadounidenses, lo
cierto es que los enlaces mafiosos los realizó un miembro de una agencia
contratista, y la que operaba en el lugar de los hechos era la
Dyncorp.

En mayo del mismo año los ciudadanos estadounidenses Alan
Norman Tanquary y José Hernández, quienes aseguraron ser miembros del
Séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército de E.U. y que eran
instructores de tiro en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército,
en Tolemaida, donde se destaca una fuerte presencia de contratistas
privados, fueron arrestados en flagrancia por traficar con más de 30.000
proyectiles para los grupos paramilitares,  en Carmen de Apicalá, en
la vía que comunica a los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

Ninguna autoridad colombiana o estadounidense aclaró el
episodio ni los protagonistas de él, ni su estatus operacional frente a
las actividades antinarcóticos del Plan Colombia, por lo cuál no se tiene
conocimiento de si estos ciudadanos pertenecían realmente al Ejército de
EEUU.

En todo caso, la Fiscalía General de la Nación solicitó
al Ministerio de Relaciones Exteriores que levantara la inmunidad de estos
ciudadanos estadounidenses a fin de proseguir la con la investigación, lo
que fue negado con base en las cláusulas de inmunidad de los convenios
referidos atrás.  Un comunicado realizado por la Fiscalía narra el
episodio:

“La Fiscalía General de la Nación se permite informar a
la opinión pública, con respecto a la situación de los militares
norteamericanos capturados, lo siguiente:

-En operativo realizado el martes 3 de mayo del presente
año, aproximadamente a las ocho de la mañana y en jurisdicción del
municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, fueron capturados los ciudadanos
norteamericanos Jesús Hernández y Allan Norman Tanquaruy, con cuatro
personas más de nacionalidad colombiana, como presuntos autores del delito
de tráfico de municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

-La investigación fue asignada a un Fiscal Quinto
Especializado de Ibagué, quien ha solicitado al Ministerio de Relaciones
Exteriores adelantar los trámites diplomáticos necesarios para obtener de
las autoridades de los Estados Unidos de América, el levantamiento de la
inmunidad penal de que gozan los señores Jesús Hernández y Allan Norman
Tanquary.

-De acuerdo con certificación expedida por la División de
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los ciudadanos
norteamericanos están acreditados en Colombia como miembros de la Misión
Militar de Estados Unidos en este país, desde el 24 de febrero de 2005 y
por el lapso de doce (12) meses.

-Conforme con los artículos 29 a 36 de la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, incorporada a la legislación
nacional mediante ley 6 de 1972, los ciudadanos extranjeros técnicos y
administrativos de la misión diplomática gozan del privilegio de inmunidad
de jurisdicción penal del Estado receptor, y no pueden ser objeto de
ninguna forma de detención o arresto.

En razón de lo expuesto, el Vicefiscal General de la
Nación en cumplimiento de los convenios y tratados internacionales y sus
compromisos con el Estado colombiano, como en eventos anteriores análogos
a la situación referida, solicitó al fiscal del caso que los ciudadanos
norteamericanos en referencia fueran entregados en custodia a las
autoridades de la Embajada norteamericana con sede en esta ciudad, hecho
que se cumplió en las primeras horas de la mañana del día de hoy ”

Inmediatamente el Procurador General de la Nación
escribió una carta pública dirigida al presidente de la república, en la
que advierte la necesidad urgente de que los instrumentos que hacen
posible la aplicación del Plan Colombia, y en él, la presencia de
militares extranjeros y contratistas / mercenarios, surtan los trámites
constitucionales de rigor:

“Bogotá, D.C., mayo 20 de 2005

DP-0462

Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la
República de Colombia
La ciudad

Respetado señor Presidente:

En mi condición de Procurador General de la Nación y en
ejercicio de mis funciones, en especial las que me ordenan vigilar el
cumplimiento de la Constitución y ejercer la supervigilancia de la
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas (artículo 277,
numerales 1 y 6 de la Constitución),  en relación con el Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América sobre misiones militares estadounidenses en territorio
colombiano, es mi deber solicitarle a usted como director supremo de las
relaciones internacionales (artículo 189, numeral 2 de la Constitución),
que el mismo se someta inmediatamente a la aprobación del Congreso de la
República, quien ha de decidir si lo aprueba o imprueba, toda vez que el
mencionado acuerdo viene produciendo efectos en el territorio colombiano
sin surtir los trámites que para el efecto exigía la Constitución de 1886,
en vigencia de la cual  éste se suscribió, como los que impone la
Constitución de 1991, para todo instrumento internacional.

En razón de la materia y por las implicaciones que tiene
para el Estado Colombiano el mencionado acuerdo, el mismo no encaja en la
excepción que creó la Ley 24 de 1959, que permite la suscripción de
contratos y acuerdos con el fin específico de asegurar el aprovechamiento
o la prestación de asistencia técnica o el suministro de elementos u otras
facilidades requeridas para la formulación o ejecución de planes y
programas de desarrollo económico, social, cultural, sanitario u otras
materias conexas, los cuales según el artículo 2 de la ley en mención,
sólo requerían para su validez, la aprobación del Presidente de la
República, previo concepto favorable del Consejo de Ministros, ley que por
demás contraría la Constitución de 1991, específicamente los
artículos 150, numeral 16 y  241, numeral 10.

Es necesario precisar que el mencionado acuerdo tampoco
está cubierto ni por la Convención de Viena que regula las Relaciones
Diplomáticas ni por  la Convención de Viena que regula las Relaciones
Consulares, instrumentos éstos que están vigentes en Colombia desde el año
de 1972.

Finalmente, teniendo en cuenta que el acuerdo desconoce
normas esenciales de nuestro ordenamiento interno, el mismo no puede
seguir surtiendo efectos y está viciado de nulidad, tal como lo señala el
Tratado de Viena sobre los Tratados, artículo 46, aprobado por el Congreso
de la República mediante la Ley 32 de 1985.  La aplicación del
acuerdo, en esos términos, implica un  desconocimiento de la
Constitución que puede generar responsabilidades de tipo constitucional y
disciplinario.

Atentamente,
EDGARDO JOSÉ MAYA
VILLAZÓN
Procurador General de la Nación ”.

Hasta donde se tiene conocimiento esta carta pública
nunca fue respondida oficialmente, conservando la tradición de silencio
que ha tenido el gobierno colombiano frete al tema, justificándolo las más
de las veces, bajo el argumento de “seguridad nacional”.

5. RESPONSABILIDAD DE
LA DYNCORP EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los
Pueblos tiene el propósito analizar y juzgar la política de Empresas
Transnacionales que se han beneficiado de Crímenes de Lesa Humanidad bajo
la lógica de la acumulación, el control de zonas enteras y de su economía
y del saqueo de los recursos naturales, precarizando la población y
destruyendo el medio ambiente y la biodiversidad.

La Dyncorp es una transnacional que se lucra en todo el
mundo en escenarios de conflictos armados internos, guerras e
inestabilidad política con manifestaciones armadas, su lucro proviene
precisamente de atizar conflictos, y volverlos funcionales a la prestación
de sus servicios.

Los conflictos se traducen en el deterioro de las
condiciones de vida de la población que los padece, en la pérdida de miles
de vidas y con ellas el delicado tejido social al que pertenecen, en la
destrucción de recursos humanos y naturales, en la pérdida de valores de
la humanidad en términos culturales y ecológicos, en graves crisis
humanitarias, en ignominiosas crisis alimentarias, en la pérdida de bienes
de la población, en la vulneración de la dignidad humana, en destrucción y
en dolor, mucho dolor.

Por tanto, acusamos a la Dyncorp de las siguientes
violaciones a los derechos humanos contra comunidades colombianas y
también ecuatorianas que sufren los impactos de su actividad empresarial,
todas ellas, graves afrentas contra la
humanidad:

5.1  POR SU ACTIVIDAD
MERCENARIA:

Actualmente existe una discusión sobre las
características del mercenarismo y la definición misma de mercenario, en
tanto, la definición clásica que aporta el DIH no permite clasificar como
tales a miles de miembros de Empresas Transnacionales de Seguridad que
actúan bajo idénticos métodos y recursos.

Sin embargo, Enrique Bernales Ballesteros, Relator
Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios, del sistema
de las Naciones Unidas, comprendió la evolución de las formas y mecanismos
adoptados por estas empresas y zanjó la discusión oportunamente:

“En conflictos recientes que se desarrollan en África,
Asia y América Latina,
se ha detectado el recurso al reclutamiento y
la contratación de mercenarios por su experiencia militar y eficiencia
para el combate. En muchas ocasiones, no podrían recibir la calificación
de mercenarios si se aplicase en forma acumulativa y concomitante los
requisitos establecidos por el artículo 47 del Protocolo Adicional I de
1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949. El Relator Especial considera
que son mercenarios, aunque las definiciones legales existentes adolezcan
de vacíos y deficiencias jurídicas que dejan fuera situaciones y
actividades que son mercenarias(…)

La tesis sostenida por esta Relatoría, compartida en sus
líneas esenciales por la primera reunión de expertos, es que una de las
nuevas formas de mercenarismo es la que se produce a través de compañías
privadas de seguridad que contratan servicios militares empleando para
ello a mercenarios. Esta modalidad no está contemplada en los dispositivos
legales internacionales, lo que ha facilitado la rápida expansión de esta
modalidad.  ”.

Con base en lo anterior y en la puntual descripción
realizada atrás sobre la actuación de la Dyncorp alrededor del mundo y en
Colombia, destacamos que esta Empresa Transnacional de Seguridad, es en
realidad una agencia transnacional mercenaria, y que como tal, es
responsable del crimen que es en sí mismo, esta condición.  Para
ello, nos valemos de los razonamientos realizados por el Relator:

5.1.1 Mercenarismo como crimen
premeditado:

“En general, la actividad mercenaria no es espontánea. Se
suele producir como resultado de una asociación para delinquir. Suele
estar también conectada a otras actividades ilícitas, tales como los
tráficos de personas, de drogas y de armas ”.

Esta circunstancia coincide con la tipificación
colombiana del delito Concierto para Delinquir que supone que “varias
personas se concierten con el fin de cometer delitos”  (Art.
340 CP), este delito tiene como causal de agravación si se configura para
efecto de cometer, entre otros, los delitos de desplazamiento forzado,
homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas.
Paul Lombardi, director de DynCorp insiste en
que esta empresa no tiene influencia sobre la política; que sólo satisface
a sus clientes. "El Departamento de Estado dice: Estas son las misiones
que queremos que vuelen. Nos dice dónde, cuándo, y cómo – nosotros no
decidimos." …. "No decidimos si es una buena cosa. Colin Powell y el
presidente dicen lo que quieren. El presidente de Colombia dice lo que
quiere. La pregunta es: quién lo va a realizar? "
Tal despreocupación
por los alcances de las políticas de quienes los contratan y que ellos
ejecutan, y que pueden llegar a ser constitutivas de graves delitos y
violaciones a derechos humanos, no les exime de la responsabilidad que
tienen.  Los conciertos para delinquir cobran sentido por lo que se
quiere conseguir a través de tales confederaciones criminales.
Empresas
como la Dyncorp se crean con fines lucrativos a través de la realización
de actividades siniestras que involucran la satisfacción de los derechos
humanos de comunidades enteras.  Cualquier violación a derechos que
ocurra como consecuencia de su actividad, no puede considerarse como
márgenes de error, o como conductas culposas, por el contrario, la
condición de mercenario constituye un elemento agravante al momento de
evaluar una conducta determinada.

5.1.2 Mercenarismo es un crimen cometido por
sujetos calificados con ánimo de lucro

“Las nuevas modalidades empleadas por los mercenarios
suelen escapar a las prohibiciones,  muy pocas en todo caso, que la
legislación de los Estados y la ley internacional contienen para  las
actividades mercenarias.  Se trata sin embargo de hechos que causan
graves lesiones a las  personas y pueblos que los sufren, pues los
males ocasionados no sólo constituyen violaciones a  los derechos
humanos, sino que quienes los causan son profesionales especialmente
contratados  para garantizar la eficiencia en el acto de hacer daño
”.

Los miembros de la Dyncorp son personal altamente
capacitado para cumplir la labor en Colombia que les fue encomendada por
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que bien resume Rand
Beers  “(1) erradicación  de cultivos de drogas ilícitas, (2)
entrenamiento del ejército y de personal  del país, (3) interdicción
de laboratorios que procesen la droga y  transporten narcóticos
”.

Los miembros de la Dyncorp ,son elegidos en razón a sus
destrezas en el campo de operaciones, y su retribución salarial
corresponde a su experiencia en la escenarios varios de combate.  “El
carácter o la condición de haber sido militar, antiguo combatiente y la
experiencia en el uso de armas sofisticadas son ingredientes que
caracterizan al mercenario; sobre todo a los que son contratados para que
participen en actividades de combate y entrenen a quienes formarán
batallones, columnas o unidades ”.

Antiguos integrantes de fuerzas policiales o militares,
trabajando para agencias como la Dyncorp se despojan no solamente de su
uniforme sino de los juramentos  y honores que en su condición de
garantes de la seguridad en estados naciones hicieron, de cara a la
salvaguarda de los intereses de la comunidad para la que
servían.   Una vez entrados en la lógica mercenaria, estos
sujetos se despojan de cualquier responsabilidad o lealtad social y se
convierten en victimarios de cualquier comunidad en el mundo.

El despojo ético, se compensa con la pretensión de
lucro.   “Una publicidad en Internet de la empresa DynCorp
International, escogida por el Departamento de Estado norteamericano para
entrenar policías iraquíes, ofrece puestos para consejeros de seguridad
con un salario anual de 153.600 dólares. Los candidatos deben tener una
experiencia de cinco años ”.

Es entonces cuando el lucro se convierte en el motor de
la industria mercenaria, es decir, la industria de la guerra y el
conflicto. Para el caso colombiano  “ (…) cada piloto  gana
entre 7.000 y 10.000 dólares mensuales, todos vinculados con contratos
independientes. DynCorp también ha llevado a sus filas pilotos
colombianos. El sueldo de éstos es de 6.000 dólares al mes ”.
Esta
conducta, en el ordenamiento penal colombiano, se constituye en causal de
agravación en el delito de homicidio (Art. 104-4 CP), pues la pena se
agrava si el homicidio se cometiere “por precio, promesa remuneratoria,
ánimo de lucro  o por otro motivo abyecto o fútil”.

Dañar por dinero o enseñar a dañar por dinero, en esto
radica la perversidad de la  práctica mercenaria.

5.1.3 Mercenarismo como mecanismo de violación de
derechos humanos que garantiza que los Estados se desatiendan de sus
obligaciones internacionales en materia de DDHH.

El Relator Especial pudo comprobar la íntima conexión
entre la actividad mercenaria y la violación a los derechos humanos “Sea
actuando en forma individual, o al servicio de modernas empresas
multipropósito de seguridad, el mercenario suele aparecer como violador de
los derechos humanos. En ocasiones, actúa como el agente profesional de
operaciones terroristas; participa en tráficos ilícitos; comete acciones
de sabotaje, entre otras acciones. Es funcional a todo tipo de operación
encubierta; barato, si se le compara con lo que cuesta movilizar ejércitos
para las operaciones que se le encarga, y está a disposición de gobiernos;
empresas transnacionales, organizaciones, sectas  y grupos,
simplemente por una paga. Se le contrata porque no tiene escrúpulos en
ignorar las normas del derecho internacional humanitario e incluso en
cometer graves crímenes y violaciones de derechos humanos ”.

Al ser empresas privadas blindadas por instrumentos
jurídicos de inmunidad en los países en los que operan, con una publicidad
reservada de las actividades que realizan a propósito de cláusulas de
“seguridad nacional”, y desprendidas de cualquier tipo de conexión con las
autoridades del país en el que operan, se convierten en un mecanismo que
al mismo tiempo desecha la responsabilidad de los Estados en materia de
Derechos Humanos frente a sus propios ciudadanos.

Cuando el Relator especial propuso una nueva definición
de mercenario, fue explícito al afirmar que la vinculación entre dichas
empresas y gobiernos no legitimaba per se, la actividad mercenaria:
“El que sea un gobierno quien contrata mercenarios o empresas que a su vez
reclutan mercenarios, para su propia defensa y acción política dentro de
su país o para fortalecer posiciones en conflictos armados, no modifica la
naturaleza del acto ni su ilegitimidad. La tesis que debe recogerse para
la elaboración de la nueva definición jurídica de mercenario es que el
Estado no está autorizado para contratar y emplear mercenarios. El derecho
internacional y el constitucional de cada Estado refiere los conceptos de
seguridad, orden y defensa a los aparatos militares y policiales regulares
en virtud del concepto de soberanía”.

Es decir, que la pretendida legalidad que les otorgan los
gobiernos a tales empresas, a través de instrumentos jurídicos de carácter
diplomático, está viciada por la naturaleza misma de la actividad
mercenaria.  Los Estados son responsables de cualquier violación
cometidas por estos agentes, y están en la obligación de garantizar la
efectividad de los derechos de sus víctimas, en términos de verdad,
justicia y reparación integral.

En tal sentido, aunque la presencia de la Dyncorp esté
legalizada a través de instrumentos jurídicos binacionales, y sea aceptada
por autoridades del gobierno colombiano y protegida por la sección de
narcóticos de la embajada de Estados Unidos en Colombia, esto no le cambia
el carácter criminal bajo el cuál debe ser examinada, ni desconecta al
Estado Colombiano de cumplir con su obligación de protección de los
derechos humanos, que implica el deber de prevenir violaciones, tal y como
lo ha sentado la jurisprudiencia del sistema interamericano.

“El deber de prevención abarca todas aquellas medidas
de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la
salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales
violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como
un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para
quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por
sus consecuencias perjudiciales ”.

5.1.4 Mercenarismo es una pieza fundamental para
consolidar un poder en contravía del respeto por los derechos humanos y
del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.

La presencia de la industria mercenaria coincide con
escenarios de inestabilidad política, conflicto interno con
manifestaciones armadas, o guerras.  En tales escenarios, a su vez,
casi como regla general, existen recursos naturales estratégicos, recaen
sobre ellos intereses de diversas industrias, y se registra presencia de
pueblos y comunidades que tienen una especial relación con la tierra, sea
porque son pueblos indígenas, afrodescendientes o raizales, o son pueblos
campesinos organizados en la defensa de ese territorio.

La forma tradicional de terrorismo de estado para
apropiarse de tales territorios o volverlos atractivos a la inversión
extranjera es a través de la militarización, la paramilitarización y
finalmente la mercenarización de las operaciones de control.

El mercenarismo, se vuelve funcional a los intereses de
ciertos sectores, industrias o países, es decir, que la mercenarización de
las relaciones castrenses no es un fin sino un medio para llegar a otros
fines, protegiendo ciertos intereses, y favoreciendo a ciertos
beneficiarios.

“En el análisis de las actividades mercenarias, la
responsabilidad no se agota en la comisión del hecho delictivo ni en la
identificación e individualización del agente. La constatación es que el
mercenario es tan sólo el último eslabón de una cadena, en la que su
contratación y la comisión del acto delictivo subsecuente no es más que la
ejecución de un acto deliberado, planeado, organizado, financiado y
supervisado por otros, que pueden ser grupos privados, organizaciones
políticas de oposición, sectores que predican intolerancia nacional,
étnica o religiosa, organizaciones clandestinas y también gobiernos que, a
través de operaciones encubiertas, deciden una acción ilícita en perjuicio
de un Estado o contra la vida, la libertad, la integridad física y la
seguridad de personas, implicando en la acción a mercenarios. Por
consiguiente, la responsabilidad alcanza a todos los que participaron en
el hecho delictivo, ejecutado en su fase final por el agente mercenario
.

Dyncorp es la punta de lanza en la conservación de
intereses de los Estados Unidos en la región andina, tal y como lo
confesara su defensa, en un litigio que se está desarrollando en su
contra, actualmente en ese país, por las afectaciones que las fumigaciones
han causado a la comunidad ecuatoriana de la frontera:

“1 (…) las operaciones de fumigación para la erradicación
de  drogas son  un elemento clave de la política de los USA,
tanto en   Colombia,  como en la región andina. Esta
política es el producto  de un  complicado balance  de la
seguridad nacional y de los objetivos de la  política exterior de los
USA, y ha sido aprobada en altas esferas del  gobierno,
recibiendo una  atención directa del Presidente, del
Secretario  de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, entre
otros, siendo,  además,  avalada por el Congreso. (Declaración
de Rand Beers).

2. Cualquier suspensión en la fumigación de cultivos
ilícitos en Colombia  socavaría  la seguridad nacional por
privar a los USA  de un arma clave   en su arsenal para
contener el flujo de narcóticos ilícitos  en este país y
dejar  que las organizaciones terroristas de Colombia sigan
logrando  enormes ganancias del tráfico de drogas, con miras a los
intereses de  los USA y a la vida  norteamericana
.

La presencia de Dyncorp en Colombia ha sido dispuesta por
los Estados Unidos a fin de proteger sus intereses estratégicos, y ha sido
justificada en razones de seguridad nacional de ese país y de lucha
transnacional contra el terrorismo.  La metodología empleada para
esto, es la de la reserva y la inmunidad, y así es como se han vulnerado
los principios de soberanía y autodeterminación del Estado
colombiano.

Al aceptar tales condiciones, el gobierno de Colombia
menoscaba la integridad nacional, que es una conducta tipificada en el
ordenamiento penal interno (art.  455 CP) consistente en realizar
”actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a
someterla en todo o parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza
de Estado Soberano, o a fraccionar la unidad nacional”.

El bien jurídico que se pretende proteger allí, es el de
la soberanía y es preciso recordar que aunque este es un concepto en
evolución, parte de la necesidad de mantener un orden internacional
equilibrado y justo, donde se respetan los intereses nacionales y se
atiende en todo caso, al deber de protección de los derechos de los
ciudadanos.  La Corte Constitucional colombiana, lo ha entendido
así:

“El preámbulo de la Constitución Política expresa un
principio de internacionalización de la vida del país, cuyo punto de
partida muestra especial preferencia por el impulso integrador de la
comunidad latinoamericana. Perspectiva dentro de la cual la soberanía
nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia, confluyen como elementos  fundamentales de sus relaciones
exteriores en el orden mundial (art. 9 C.P.).

Dadas las necesidades, exigencias y oportunidades que
plantea el concierto de las naciones, le corresponde al Estado asumir una
posición activa frente a la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre  bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional.

Esto es, en el entendido de que  Colombia como
Nación es un sujeto de derecho en el conjunto ecuménico de países,
que  tiene ciertas necesidades que sólo puede resolver con el
concurso de otros Estados o  entidades de derecho internacional, le
corresponde promover de manera individual o colectiva las mencionadas
relaciones internacionales, sin perder de vista que en los  tratados
o convenios que celebre deben quedar debidamente protegidos sus derechos
en  cuanto Nación, al igual que los de sus habitantes. A lo cual han
de concurrir cláusulas  contractuales presididas por un sentido de
justicia vinculado a la construcción de un  progresivo equilibrio
internacional, a una relación costo – beneficio que le depare balances
favorables a los intereses nacionales y a la creciente cualificación de la
presencia nacional dentro de las diversas esferas de acción que comprende
el acontecer  internacional (art. 226 C.P.) ”

Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad colombiana
se ha pronunciado en contra de la presencia mercenaria en Colombia, por el
contrario la justifican alegando que “la presencia militar norteamericana
en el territorio nacional, no implica que ésta sea de carácter bélico,
pues existen actos propios de fraternidad y cortesía internacional, cuya
aceptación o no depende de la celebración de acuerdos bilaterales ”, sin
embargo, tales acuerdos nunca han surtido en Colombia revisión por parte
de los poderes judicial y legislativo, tal y como ordena el trámite
constitucional vigente.

5.2  POR SU RESPONSABILIDAD EN LA AFECTACIÓN
DE COMUNIDADES EXPUESTAS A LA ASPERSIÓN AÉREA CON QUÍMICOS

“Durante la administración del Presidente Jimmy
Carter (1976-1980), la interdicción y la erradicación eran las dos piezas
claves de la política internacional antinarcóticos de Estados Unidos. El
freno al contrabando de drogas tenía la dimensión de problema fronterizo:
evitar su ingreso a territorio estadounidense y comprometer a los países
productores y a aquéllos utilizados como punto de tránsito en la tarea de
mejorar los sistemas de control y represión de la salida de narcóticos.
Desde los setenta, el esfuerzo por erradicar manualmente las plantaciones
de marihuana ya no era percibido en Washington como suficiente y positivo.
La Casa Blanca y el Congreso comenzaron a coincidir en la necesidad de
utilizar herbicidas para terminar con los cultivos tanto de marihuana (en
particular en Colombia) como de opio (en particular en Turquía) ”.

Desde la década de los setenta, Estados Unidos viene
presionando a Colombia en el control químico aéreo de los cultivos de
plantas usados para industrias ilícitas, y este no ha resistido a tal
presión.  Es así como Colombia empezó a fumigar cultivos de marihuana
desde 1978 y es, en la actualidad, el único país del mundo que utiliza el
control químico de plantaciones de coca y amapola.

Los
argumentos para implementar dicha política se refieren principalmente a la
efectividad del método (mediante manipulación de cifras de reducción de
hectáreas cultivadas), economía del método (pues el apoyo a economías de
sustitución pareciera demasiado costoso para ser asumido por los Estados
implicados), seguridad del método (mediante la negación de los impactos
que podría tener en materia de salud y medio ambiente) y necesidad
política del método (ya que las fumigaciones son presentadas como el mejor
dispositivo para afectar fuentes de los ingresos de los tres grupos
terroristas así clasificados por el Departamento de Estado de Estados
Unidos:  FARC, ELN y AUC- paramilitares).

Las aspersiones requieren de una infraestructura que
Colombia no tenía al finalizar la década de los noventa.  Por ello,
se hizo necesario el Plan Colombia y en él, la formulación del componente
militar diseñado por los Estados Unidos.

Para las fumigaciones aéreas se requiere no sólo de
avionetas, de pilotos y de químicos, sino también de helicópteros
artillados y su artillería, plataformas para esas aeronaves, sistemas de
información y radares para guiar los operativos, un sistema de
mantenimiento eficaz de todos estos equipos y, una calificación de
personal con destrezas no sólo en  materia de pilotaje de las
aeronaves, sino en materia de respuesta armada a posibles ataques desde
tierra.

Los miembros de la Dyncorp tienen esas destrezas y las
aprovechan para realizar maniobras de combate que por razones políticas no
pueden realizar miembros de la Misión Militar de Estados Unidos.
Entonces, del trabajo “sucio”, encargan a la  contratista:

“De acuerdo con el contrato que firmó DynCorp con el
Departamento de Estado, 12 de los pilotos del programa de fumigación
aérea, quienes vuelan los aviones OV-10, son contratistas civiles
estadounidenses de DynCorp. Los pilotos de los otros aviones de fumigación
(tipo T-65 monomotor) van acompañados tanto de helicópteros-escolta, que
llevan a bordo una tripulación mixta de miembros de DynCorp y personal de
la Policía Nacional, como de helicópteros de búsqueda y rescate, los
cuales también llevan tripulaciones mixtas. (…)

Según el contrato, en una misión típica los contratistas
de DynCorp van en estos helicópteros acompañando las operaciones de
fumigación en calidad de pilotos y médicos, no de artilleros. Estos
contratistas dan apoyo a las operaciones antinarcóticos y no cumplen
ningún papel contrainsurgente. Sin embargo, a diferencia de los 200
asesores militares de Estados Unidos en el país, según el contrato, los
hombres de DynCorp no tienen órdenes de evitar combates.

Así ha quedado demostrado en varias oportunidades. El 21
de febrero pasado los guerrilleros de las Farc derribaron un helicóptero
de la Policía colombiana durante una misión de fumigación en el Caquetá.
Con el fin de rescatar al piloto de la Policía, Giancarlo Cotrino, y a los
miembros de su tripulación, DynCorp ordenó que los asistiera su personal
capacitado en tareas de combate. Se conformó entonces una fuerza especial
de búsqueda, conocida como SAR, que se desplazó en un helicóptero y
aterrizó en un campo sembrado de coca para evacuar a la tripulación. Los
miembros del equipo estaban armados con rifles M-16 y permanecieron en
tierra el tiempo suficiente para desmontar las ametralladoras y los radios
del helicóptero Huey II e impedir que cayeran en manos de los
guerrilleros.

Se estima que los equipos SAR, una especie de Fuerza
Delta privada, han participado en unas 15 misiones de rescate en los
últimos seis años en el país “Son expertos en combate. La mayoría de ellos
son pilotos de guerra. Participaron en Vietnam, Golfo Pérsico, en El
Salvador y Guatemala”, señaló un oficial de Antinarcóticos ”.

El gobierno de Colombia permite y favorece que sujetos no
dependientes de sus jurisdicciones militar, penal y administrativa
participen en enfrentamientos armados no solamente con delincuentes
narcotraficantes sino con integrantes de grupos insurgentes de
oposición.

Aquí se recuerda lo concluido por el señor Bernales
Ballesteros “el mercenario pasa a ser un elemento funcional al crimen,
contratado por agentes  inescrupulosos que hacen del crimen y del
delito un medio para conseguir sus objetivos y combatir a quienes se les
oponen ”.  Dyncorp, entonces, participa de esta lógica, y blinda sus
acciones bajo la inmunidad diplomática derivada de los convenios
binacionales examinados atrás.

La intervención directa en el conflicto armado, político
y social interno por parte de la Dyncorp ocurre, sin embargo, como
consecuencia de su principal actividad, cual es la de fumigar de manera
aérea bastos territorios de la geografía nacional.

Según cifras oficiales  entre los años 1999 a 2006,
que corresponden al periodo de aplicación del Plan Colombia, se fumigaron
con químicos 910.049 hectáreas en Colombia, es decir, casi un millón de
hectáreas fueron fumigadas.

En 2005 el programa de fumigación cubrió bastas zonas del
país, según lo graficó  la Oficina contra las Drogas y el Delito en
Colombia en su informe anual de 2006:

Igualmente fueron fumigadas varias zonas de influencia de
Parques Nacionales Naturales (entendidas como aquellas externas a los
Parques Nacionales pero que dependen de sus objetivos de conservación,
entre las cuáles se comprende cuencas hidrográficas, humedales, bosques y
ríos, entre otros ecosistemas), con lo que se configuró un ecocidio de
tremendas proporciones.

Las zonas de influencia fumigadas fueron las del parque
Nacional Muchinque en la cuenca del Río Mechengue, corregimiento de Playa
Rica; la del Parque Nacional Nevado del Hila, municipio de Iquira, Veredas
Alpe, Santa Rosa, San Francisco y Tierra Adentro; la del Parque Nacional
Puracé por el sector de Valencia;  la del Parque Nacional Paramillo,
corregimiento de San José, sector de Rio Sucio, corregimiento de Uré,
Sector Alto Río Uré, Tierradentro y Serranía San Jerónimo; la del Parque
Nacional La Macarena;  la de la Reserva Natural Nukak, la del Parque
Nacional La Paya, la del Parque Nacional Tatamá, en el municipio de
Santuario; y, la del Parque Nacional Catatumbo – Barí .

En el segundo semestre de 2006, en sólo cuatro días
fueron fumigadas 1456 hectáreas en el corazón del Parque Nacional Natural
de la Macarena , y al final se cumplió con la meta de fumigación de 1.688
hectáreas.

Producto de estas fumigaciones fueron afectadas miles de
personas, tal y como lo demuestra el número de quejas presentadas desde
2001 a la fecha, en todo el territorio nacional, a saber :

En el departamento de Antioquia, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios de Anorí, Cáceres, Caracolí, Caucacia,
Cocorna, El Bagre, Henchí, Peque, Puerto Nare (la magdalena), San
Francisco, Segovia, Tarazá, Uramita, Valdivia, Yondó (casabe) y
Zaragoza.

En el departamento de Arauca, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

En el departamento de Bolívar, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Cantagallo, Morales, Río Viejo, San Pablo,
Santa Rosa del Sur y Simití.

En el departamento de Caldas, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios de Norcasia y Samaná.

En el departamento de Caquetá, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena
del Chairá, Curillo, El Doncella, El Paujil, Florencia, La Montañita,
Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán,
Solano, Solita y Valparaíso.

En el departamento del Cauca, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Balboa, Bolívar, el Tambo, La Sierra,
Mercaderes, Patia (El Bordo), Piamonte, San Sebastián y Sucre.

En el departamento del Cesar, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Agustín Codazzi, La Paz, Manaure, San Diego
y Valledupar.

En el departamento de Córdoba, sufrió afectaciones la
comunidad de Puerto Libertador.

En el departamento de Guaviare, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios  Calamar, El Retorno, Miraflores y San
José del Guaviare.

En el departamento del Huila, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Algeciras, Campo Alegre, Colombia, Iquira y
Neiva.

En el departamento de la Guajira, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios de Dibulla y Brumita.

En el departamento de Magdalena, sufrió afectaciones la
comunidad del distrito de Santa Marta.

En el departamento del Meta, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios La Uribe, Mapiripán, Puerto Concordia,
Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y
Vistahermosa.

En el departamento de Nariño, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Barbacoas, Buesaco, El Charco, El Rosario,
El Tablón, La Cruz, La Florida, La Unión, Leiva, Magui (Payán), Olaya
Herrera, San Juan de Pasto, Policarpa,  Roberto Payán, Samaniego, San
Pablo, Santa Barbara, Tumaco y Túquerres.

En el departamento de Norte de Santander, sufrieron
afectaciones comunidades de los municipios  El Tarra, Hacarí,
Sardinata y Tibú.

En el departamento de Putumayo, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto
Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez (La Hormiga) y Villagarzón.

En el departamento de Santander, sufrieron afectaciones
comunidades de Barrancabermeja y de los municipios de Betulia, Bolívar,
Cimitarra, El Peñón, LAndazuri, Puerto Wilches y Sucre.

En el departamento de Tolima, sufrieron afectaciones
comunidades de los municipios Anzoátegui, Chaparral, Ibagué, Planadas,
Rioblanco, San Antonio y Santa Isabel.

En el departamento del Valle, sufrió afectación la
comunidad del municipio de Bolívar.

En el departamento de Vichada, sufrió afectación la
comunidad del municipio de Cumaribo.

Más de cien municipios de veinte de los treinta y dos
departamentos que tiene Colombia fueron fumigados y sus comunidades
afectadas.  Sin embargo, esta es una cifra que se aleja bastante de
la realidad, en tanto, no todas las personas expuestas a las fumigaciones
han podido presentar sus quejas, muchas ellas se desalentaron de acceder a
escenarios de administrativos de reclamo, por  su
ineficacia.

Según cifras oficiales , de las 6429 quejas que fueron
tramitadas por las autoridades antinarcóticos sólo 33 de los quejosos
fueron compensados por los daños causados, es decir el 0.5%.  Esto
influyó en el desestímulo de los afectados para acudir a tal procedimiento
.

Estas quejas se tramitan por afectación a cultivos
lícitos, sin embargo, el universo del tipo de afectaciones es mayor, la
Defensoría del Pueblo de Colombia ha podido constatarlo:  “en la
lucha contra dichas sustancias se ha privilegiado la política criminal en
desmedro de la protección de otros derechos amparados constitucionalmente,
entre ellos: (a) el principio de diferenciación positiva a través del cual
el Estado debe brindar protección especial a la población más vulnerables
(menores de edad, personas en situación de desplazamiento, miembros de los
grupos étnicos y población rural), (b) los derechos a la salud, a la
alimentación y a la seguridad alimentaria, y a la salubridad pública y,
por ende, a la vida y a la vida digna, (c) el derecho a no ser desplazado
y a ser atendido por el Estado en caso de migraciones forzadas, y (d) la
protección y conservación del medio ambiente, de los recursos naturales y
de las áreas protegidas por razones étnicas, ecológicas y culturales,
dentro del principio de desarrollo sostenible y el reconocimiento a la
multiculturlidad colombiana ”

5.2.1 VIOLACIÓN AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Y AL TRABAJO

Según estudios de especialistas colombianos “El
glifosato, por ser herbicida de amplio espectro, tiene efectos tóxicos
sobre la mayoría de especies de plantas, y puede ser un riesgo para
especies en peligro de extinción si se aplica en áreas donde ellas viven.
De acuerdo con información de la EPA, reportada por PAN Asia y el
Pacífico, más de 74 especies amenazadas en Estados Unidos pueden estar en
riesgo por el uso del glifosato. La misma fuente añade que dosis
subletales de glifosato pueden incrementar la susceptibilidad de algunas
plantas (p.e. manzana, cebada, soya, tomate) a enfermedades causadas por
hongos.
Glifosato puede inhibir hongos benéficos que ayudan a las
plantas a absorber nutrientes y agua. Por ejemplo, en un estudio inhibió
la formación de nódulos fijadores de nitrógeno en trébol durante 120 días
después del tratamiento. En dosis subletales puede interferir con algunos
procesos metabólicos en plantas: en fríjol puede ser inhibida la absorción
de potasio y sodio y en espárragos y lino puede reducirse la producción de
lignina ”.

La mayoría de los afectados por fumigaciones denuncian
que éstas afectan gravemente sus cultivos de pancoger, en un primer
momento marchitando los cultivos y posteriormente, con una baja en la
productividad de las cosechas.

“cuando pasaron las avionetas pensé que no nos habían
fumigado porque cogieron la zona del rió abajo regando el veneno, aunque
con mi familia notábamos que había un mal olor.  Al otro día me fui a
ver los cultivos y lo primero que vi fue el maiz marchito, ahí mismo está
la caña, el plátano, la yuca, todo está muy cerca, pero sólo hasta el
tercer día las hojas empezaron a caerse de las plantas y a secarse, por
ejemplo, aunque al principio parecía que al plátano no le había pasado
nada, las hojas se empezaron a poner secas, los cogollos se pusieron
amarillos y los plátanos nacieron dañados.  A pesar de que han pasado
tantos días, el veneno sigue causando daños en las cosechas ”

Esta situación impacta gravemente el derecho a la
alimentación y consecuencialmente el derecho al trabajo, dado que los más
de los afectados son campesinos que sobreviven por virtud de sus
actividades agrícolas para el auto consumo.

5.2.2 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA SALUD Y A LA
VIDA

“Un análisis necesario de la bibliografía científica
y de información actualizada permite identificar los riesgos al ambiente y
a la salud, tanto de los componentes del Roundup como del efecto sinérgico
de la mezcla utilizada en las fumigaciones aéreas.

Cuando el glifosato cae a tierra el principal metabolito
de degradación es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), el cual es también
tóxico. El glifosato puede contener cantidades traza de N-nitroso
glifosato o este compuesto puede formarse en el ambiente al combinarse con
nitrato (presente en saliva humana o fertilizantes). La mayoría de
compuestos N-nitroso son cancerígenos. El formaldehído, otro carcinógeno
conocido, es también un producto de descomposición del glifosato. El
glifosato se transforma en AMPA, de este pasa a Metilamina y de aquí a
Formaldehido. (Cox, 1995; Dinham, 1999; Williams et. al., 2000)

El surfactante POEA contenido en la formulación causa
daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas
respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos. POEA está
contaminado con 1-4 dioxano, el cual ha causado cáncer en animales y daño
a hígado y riñones en humanos.

Del Cosmoflux nada se sabe, sólo que con su adición al
Roundup éste producto en Colombia subió de categoría toxicológica IV a la
categoría III (moderadamente tóxico), pero sin hacer ningún tipo de
estudio que compruebe esa categorización[21]. Se conoce que disminuye el
tamaño de las gotas de glifosato y aumenta la adherencia del mismo a la
superficie donde cae, lo que permite una mayor absorción a nivel
digestivo, respiratorio, cutáneo y de la cutícula de las plantas,
aumentando la deriva por permitir un mayor tiempo de suspensión en el
aire(…)

El Roundup está asociado con un creciente riesgo de
abortos y nacimientos prematuros. En un estudio  entre 1984 y 1990,
el registro de causas de enfermedad por plaguicida más común entre los
jardineros correspondió al glifosato. En otro estudio ocupó el tercer
lugar entre las causas de enfermedad por plaguicidas más comúnmente
registradas entre los trabajadores agrícolas de California.

Brian Tokar recoge que algunos de los síntomas de
envenenamiento agudo como consecuencia de la ingestión de Roundup en
humanos incluyen calambres gastrointestinales, vomito, hinchazón-
tumefacción- de pulmones, neumonía, turbación del conocimiento, y
destrucción de glóbulos rojos. Se ha reportado la irritación de ojos y
piel en los trabajadores que mezclan, cargan y aplican el glifosato ”

Las comunidades expuestas a las fumigaciones han alegado
fuertes impactos agudos en su salud, relacionados con enfermedades
dérmicas, digestivas y respiratorias, principalmente.  Más grave aún,
han denunciado muertes provocadas por la exposición a las
fumigaciones.

Los casos más notados que se conocieron en Colombia son
los de la muerte de veintiún niños indígenas en la región del Alto Naya en
el Municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, en 1994; la muerte
de tres indígenas Nukak – Makú en el departamento del Guaviare en
1998;  las graves afecciones respiratorias y dérmicas en niños de la
comunidad de Aponte y Tablón de Gómez en Nariño en 2001;  las
diversas afectaciones sufridas por las comunidades de San Miguel, Orito y
Vallé del Guamuez en Putumayo en 2001;  la muerte de un campesino en
San Pablo Bolívar en 2003;  y la muerte de los niños indígenas del
pueblo Eperara Siapidaara, Evelio Chirimía, Yeison Chiripúa y María Sandra
Mesa por efecto de las fumigaciones realizadas en las comunidades de San
José de Robles, Tórtola y Casa Grande en las riveras de los ríos Satinga,
Sanquianga, Tapaje, Sequihond,a La Tola e Iscuandé en
2005.

En la mayoría de los casos anteriores, intervino la
Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, apoyando estudios para verificar
la conexidad entre las fumigaciones y las muertes y afecciones, siendo una
característica notable en todos ellos, que se atribuyeran las muertes a
condiciones de vida insalubres o a epidemias fugaces.

5.2.3 VIOLACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE
SANO

“En general el ataque con herbicidas tiene serio
impacto no solamente sobre los componentes autotróficos de un ecosistema
(primer eslabón de cualquier cadena alimenticia), sino también sobre los
heterotróficos, por alteraciones del alimento y el hábitat. Por
consiguiente, a la destrucción de plantas le sigue una inevitable
reducción de poblaciones de herbívoros, mamíferos, aves, insectos
polinizadores y otros, lo cual afectará también a carnívoros y
depredadores en la cadena.  Además de su efecto debilitador sobre la
vida silvestre por la destrucción de su alimento o sitios de abrigo, los
herbicidas también pueden ser directamente tóxicos a animales expuestos
”.

Los ecosistemas expuestos a las fumigaciones son
ecosistemas puestos en grave situación de vulnerablilidad al ser
contaminados por acción de los químicos de las aspersiones aéreas.
Esto constituye un ecocidio de inestimables proporciones, que agrava a las
poblaciones que habitan en las zonas asperjadas.  Por ello, la
vulneración al medio ambiente, constituye en últimas, una violación a un
derecho fundamental.

“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del
derecho  a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los
factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los
seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es
un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta
conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del
medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias
anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es
un derecho fundamental ”

6.  FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN

6.1  La empresa Dyncorp ha incurrido en
múltiples conductas tipificadas en el ordenamiento penal colombiano como
delitos:

6.1.1  Homicidio en persona protegida (Art. 135 CP)
de algunas personas expuestas a la aspersión, sobre todo niños y niñas de
comunidades indígenas.  Este delito se ve agravado por las causales
de promesa remuneratoria y ánimo de lucro y de aprovechamiento de
situación de indefensión de las víctimas.
6.1.2 Lesiones en
personas protegidas (Art.136 CP) causadas a miles de personas expuestas
que han visto afectada su salud.
6.1.3 Utilización de medios y
métodos de guerra ilícitos (Art.142), dado que en desarrollo de conflicto
armado, ha utilizado medios o métodos de guerra prohibidos, destinados a
causar sufrimiento y pérdidas innecesarias o males superfluos.

6.1.4 Actos de terrorismo (Art. 144), en tanto que en desarrollo
del conflicto armado ha realizado ataques excesivos contra la población
civil.
6.1.5 Destrucción del medio ambiente (Art.
164), dado que en desarrollo del conflicto armado ha empleado métodos
concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio
ambiente.
6.1.6 Desplazamiento Forzado (ARt. 180), porque la
población privada de alimento y sometida a la enfermedad por efecto de las
fumigaciones ha tenido que abandonar sus territorios.

6.1.7 Violación de la libertad de trabajo (ARt. 198) dado que
mediante violencia ha perturbado e impedido el libre ejercicio del derecho
al trabajo.
6.1.8 Daños en los recursos naturales (Art. 331)
porque en contravía de la normatividad ambiental interna y principios
internacionales ambientales vigentes ha dañado los recursos
naturales
6.1.9 Contaminación ambiental (Art.  332) por que
ha contaminado el aire, el suelo y las aguas poniendo en peligro la salud
humana y los recursos fáunicos, forestales, florísticos e
hidrobiológicos.
6.1.10 Concierto para delinquir (art. 340) en su
actividad mercenaria, agravado por el hecho de que su motivación radica en
la provocación de desplazamientos forzados, tráfico de drogas y dar armas
a grupos paramilitares.
6.1.11 Terrorismo (art. 343) ya que
durante muchos años ha mantenido en estado de zozobra y terror a la
población expuesta a su actividad mercenaria y antinarcóticos.

6.1.12 Contaminación de aguas (art. 371) por contaminar el agua
destinada al consumo humano de las poblaciones expuestas a las
fumigaciones.
6.1.13 Menoscabo de la integridad nacional (art.
455) ya que al facilitar intereses de otros países ha sometido a Colombia
en parte al dominio extranjero.

6.2 Dyncorp beneficia de la violación de los
derechos fundamentales de la población colombiana generada por la perversa
política de lucha contra las drogas en Colombia

6.2.1 Derecho a la vida, art.
11
6.2.2 Derecho a no ser sometidos a tratos crueles, art.
12
6.2.3 Derecho a la paz, art. 22
6.2.4 Derechos
fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación
equilibrada y la recreación de los niños y las niñas, art.
44
6.2.5 Derecho a la salud y al saneamiento ambiental, art.
49
6.2.6 Derecho al trabajo, art.  53
6.2.7 Derecho
al medio ambiente sano, art. 79
6.2.8 Prohibici{on de uso de armas
químicas, art. 81

6.3 Dyncorp ha cometido graves infracciones al
Derecho Internacional Humanitario.

6.3.1 Infracción al principio de distinción entre
combatientes y no combatientes.  Pretendiendo atacar las finanzas de
la guerrilla colombiana ha atacado directamente a la población
civil.
6.3.2 Principio de proporcionalidad, dado que para
someter a su enemigo ha sobrepasado los métodos indispensables para ello,
llegando a afectar a población civil con elementos químicos
peligrosos.
6.3.3 Principio de limitación en los medios de
combate, como corolario de lo anterior.

6.4 La Dyncorp ejecuta una política deliberada
de violación de los derechos humanos, formulada por el gobierno de los
Estados Unidos y aceptada por el gobierno de Colombia

6.4.1 Derecho a la vida, art 4 Convención Americana

6.4.2 Derecho a la integridad personal, art. 5 Convención
Americana
6.4.3 Derechos de los niños, art.  19 Convención
Americana
6.4.4 Derecho a la propiedad privada, art. 21
Convención Americana

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