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- "No hay ni ha habido por parte de la Dirección Nacional
de Estupefacientes una auditoría ambiental eficaz", advierte el
Contralor
- El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos
adolece de serios problemas, revela informe de la Contraloría.
La Contraloría General de la República propuso hoy una
veeduría internacional para que evalúe el programa de erradicación
de cultivos ilícitos en Colombia y pidió al mismo tiempo
al Ministerio del Medio Ambiente suspender las fumigaciones hasta tanto
se adopten soluciones a los problemas surgidos y las medidas correctivas
que sean necesarias.
"Sólo de esta forma será posible dar respuesta a las inquietudes
de las comunidades involucradas y evitar protestas y movilizaciones inconvenientes
para la paz del país", afirmó el Contralor General Carlos
Ossa Escobar.
Ossa Escobar sostuvo que sería muy útil para el éxito
de una política de erradicación de cultivos que garantice
la sostenibilidad ambiental, "conformar, como lo han recomendado expertos
en el ámbito mundial, una veeduría internacional que evalúe
el programa colombiano y haga un seguimiento y monitoreo adecuado".
Dijo que teniendo en cuenta el "principio de precaución"
consagrado en la legislación colombiana, "cree la Contraloría
en la conveniencia de suspender las fumigaciones hasta tanto los problemas
surgidos sean debidamente evaluados y tomadas las medidas correctivas que
sean del caso".
Ossa Escobar reveló que una auditoría realizada por la
Contraloría General de la República al programa de erradicación
de cultivos y cuyo informe final se presentará en los próximos
días, estableció que el programa adolece de serios problemas
cuya solución debe ser adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes
y en general por el Gobierno Nacional "como prerrequisito para que esta
actividad pueda continuar".
Tras mencionar algunos de los problemas más graves, agregó
que no existen estudios que permitan determinar los efectos del glifosato
sobre los ecosistemas de alta biodiversidad, ni sobre los seres humanos
en hábitat tropicales, a pesar de que se diga que el herbicida es
de toxicidad leve.
El contralor expresó que no existe Plan de Manejo Ambiental aprobado
por el Ministerio del Medio Ambiente y que en consecuencia la labor que
se ha venido desarrollando incumple la Ley 99 de 1993.
Dijo Ossa Escobar que el último Plan de Manejo Ambiental
presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue
improbado por el Ministerio del Medio Ambiente en mayo de 2001 por no responder
"a los alcances y objetivos definidos en los términos de referencia
ni a los requerimientos de información que el Ministerio solicitó
en repetidas oportunidades".
Indicó que en la misma resolución 0341 del 4 de mayo,
el Ministerio ordenó a la DNE el cumplimiento de una serie de requisitos
cuyo cumplimiento, para la fumigación que actualmente se desarrolla
en el departamento del Cauca, "está por verificarse".
"En estas condiciones, el Ministerio del Medio Ambiente, en su condición
de máxima autoridad ambiental, ha debido (y debe) ordenar la suspensión
de las fumigaciones, de acuerdo con el mandato constitucional y legal",
manifestó Ossa Escobar.
Señaló también que no hay ni ha habido por parte
de la Dirección Nacional de Estupefacientes una auditoría
ambiental eficaz. "La verificación que hizo la Contraloría
de los informes del auditor ambiental estableció que no se han cumplido
los términos de referencia de los varios contratos celebrados".
Ossa Escobar dijo que entre 1992 y el 2000 se han gastado por lo menos
$1.047 millones sin obtener los resultados esperados en esta materia.
"Tanto es así que el Ministerio del Medio Ambiente, en la resolución
ya mencionada, ordenó a la DNE contratar una auditoría ambiental
independiente", sostuvo el jefe del ente de control fiscal.
Asimismo, Ossa Escobar señaló los puntos principales
de la acción de la Contraloría en lo atinente a todo el Plan
Colombia:
Vigilancia permanente con la experiencia de la realizada al Forec; evaluación
del Plan Colombia como Política Pública; informe de avance
trimestral al Congreso de la República, al Presidente de la República
y a la opinión nacional e internacional; página Web a partir
de septiembre; organización de veedurías ciudadanas para
hacer efectivo el control social; auditoría integral y monitoreo
permanente en línea y tiempo real al Fondo de Inversión para
la Paz (que manejará los recursos del Plan Colombia).
Bogotá, julio 18 de 2001
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