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Diciembre 2004

Género y derechos humanos

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Actualidad

Migración, desplazamiento forzado y
refugio

Migración, desplazamiento forzado y
refugio

Fumigación de cultivos de uso
ilícito y vulneración de derechos humanos en la frontera
colombo-ecuatoriana

Marcela
Ceballos*

Contenido
1.
Plan Colombia: propósitos y resultados
2.
Los cultivos de uso ilícito y las políticas de fumigación del Plan
Colombia
3.
Adecuación jurídica de la adopción del Plan Colombia y acciones de
protección constitucional
4.
Efectos de las fumigaciones
5.
Conclusiones
6.
Recomendaciones

A raíz de los graves daños en la salud y en el medio ambiente
ocasionados por las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito
realizadas entre los años 2001 y 2004 en los departamentos
colombianos de Putumayo y Nariño, ubicados en la línea fronteriza
colombo-ecuatoriana, varias organizaciones ambientales y defensoras
de derechos humanos presentaron un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional del Ecuador, en el cual solicitan que los
derechos de las comunidades afectadas sean protegidos y
restituidos.

Con el ánimo de respaldar dicha iniciativa, CODHES pretende
contribuir a la adecuada solución del mencionado recurso de amparo
aportando información y consideraciones que espera sean relevantes.

En criterio de CODHES, la estrategia de erradicación de cultivos
de uso ilícito por medio de la aspersión aérea, dispuesta en el
marco del Plan Colombia, ha generado efectos negativos para las
comunidades que habitan la frontera colombo-ecuatoriana.

Por tal razón, propone un análisis centrado en el impacto que ha
tenido la estrategia antidroga adscrita al Plan Colombia sobre (i)
la internacionalización del conflicto armado interno colombiano y
(ii) la crisis humanitaria que azota el norte del Ecuador.

En este sentido, el presente documento de CODHES (organización no
gubernamental que ha venido haciéndole seguimiento a la
implementación del Plan Colombia, y a las fumigaciones aéreas y su
relación con el desplazamiento forzado interno y la migración
transfronteriza) aborda la relación entre la puesta en escena del
Plan Colombia y la vulneración de los derechos humanos de las
comunidades asentadas en la frontera, así como la dinámica
migratoria de las regiones afectadas por las fumigaciones.

1. Plan Colombia: propósitos y resultados

El gobierno norteamericano ha establecido con claridad el
propósito general del Plan Colombia, así:

[...] reducir seriamente la producción de narcóticos, restablecer
soberanía plena sobre el territorio nacional, ayudar a quienes han
sufrido a causa del continuo conflicto, reforzar la democracia, el
gobierno y su historial de derechos humanos, y ver que el proceso de
paz llegue a una conclusión satisfactoria. (Pickering, 2000) (1).

Los objetivos mencionados pueden ser desglosados como sigue:

Eliminación del 50% de la extensión de cultivos de uso ilícito en
el plazo de 5 años, contado hasta octubre de 2005
- Apoyo al
desarrollo alternativo y erradicación voluntaria de cultivos
ilegales
- Protección de la infraestructura petrolera
- Ayuda
para las personas internamente desplazadas
- Ayuda para programas
de protección ambiental
- Recursos para los gobiernos locales y
fortalecimiento de la gobernabilidad
- Iniciativas para
fortalecer la administración de la justicia
- Protección de los
derechos humanos

Ahora bien, diversos informes de organismos estatales y de
organizaciones no gubernamentales dedicadas a monitorear la
implementación y el impacto del Plan Colombia, señalan que los
objetivos declarados del Plan Colombia ((i) profundizar la
democracia, (ii) buscar una solución política al conflicto y (iii)
proveer condiciones para la protección de la población afectada por
el mismo) no pueden ser alcanzados mientras la prioridad otorgada a
la ayuda militar no se articule y se complemente con un apoyo
proporcional al desarrollo alternativo, con ayuda social y
económica, y a través del fortalecimiento del gobierno local.

Según la ONG Acción Permanente por la Paz, Estados Unidos ha
entregado al gobierno colombiano aproximadamente 2 billones de
dólares para ayuda militar y policial en el contexto del Plan
Colombia. Ello evidencia la prioridad dada al componente militar de
este plan, teniendo en cuenta que inicialmente los 2,47 billones de
dólares destinados para el periodo 2000-2003 cubrirían no sólo la
ayuda militar y policial, sino también la ayuda social y económica
para las regiones eventualmente afectadas (Acción Permanente,
Putumayo Report, 2003:2).

A pesar del énfasis puesto en el componente militar, las
estrategias del Plan Colombia no han mostrado resultados relevantes
en la prevención de las causas estructurales del conflicto armado
interno y del narcotráfico, y tampoco ha generado condiciones y
garantías adecuadas para la protección de la población civil inmersa
en zonas de alta conflictividad en las cuales se concentran las
economías ilegales.

2. Los cultivos de uso ilícito y las políticas de fumigación
del Plan Colombia

Desde fines del siglo pasado, las zonas alejadas de los centros
de poder, es decir, las zonas de colonización y las zonas de
frontera colombiana, han tenido una economía propia centrada en la
extracción de recursos. En el departamento del Caquetá, y las zonas
del piedemonte llanero, el Sarare, el Ariari y el Magdalena medio,
por ejemplo, dicha economía estuvo muy ligada a la ganadería y al
latifundio, mientras que, en departamentos como Amazonas y Putumayo
la colonización estuvo muy relacionada con el tema de la explotación
cauchera y de la quina.

Una de las características generales en las zonas de colonización
es la concentración de la tierra en manos de los grandes
latifundistas. Tanto así que en la década de los 60 estudios del
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) - hoy Incoder-
permitían concluir que el problema de la concentración de la tierra
se vinculaba a la colonización
(2). De acuerdo con Alfredo Molano, "en los años 50, 60, 70, el
colono abría el monte y hacía mejoras. Su producto final no era el
maíz o el arroz sino la mejora. Era la mercancía,
producto de su trabajo y objeto de su intercambio.
Mejora-mercancía que terminaba en manos del ganadero, o del
comerciante para hacer parte de una ganadería. Esa era la dinámica
de la colonización" (3).
Frente a esta situación, los campesinos que se fueron asentando en
tales regiones se vieron en la necesidad de desplazarse más allá de
los márgenes delineados por los grandes procesos de colonización y
vincularse a formas de subsistencia que sirvieran de salvavidas.

Ante la ausencia de recursos, infraestructura y vías de
comunicación, la frontera agrícola se expandió cada vez más, con lo
cual se abrieron nuevos espacios habitables en tierras desconocidas
hasta entonces.

En la década de los setenta, con el auge en el consumo de cocaína
en Estados Unidos y en los países desarrollados, se inicia el
cubrimiento masivo de zonas de frontera con cultivos de coca, en
especial en los departamentos de Guaviare y Caquetá. La coca no sólo
se transformó en "producto refugio" para la deprimida economía
campesina en las zonas de colonización, sino que influyó
notoriamente en el aumento del nivel de vida de los habitantes de
estas zonas, debido a su capacidad para generar excedentes, es
decir, recursos para invertir.

La fácil aceptación de la coca en estas regiones facilitó la
penetración de los narcotraficantes y la estimulación por parte de
los mismos para aumentar el espacio cultivado. En el año de 1979 la
coca aparece en el departamento del Putumayo hacia donde se
desplazaron los denominados "cocineros", esto es, expertos que
venían del Guaviare y Caquetá y que sabían procesar químicamente la
hoja para obtener la cocaína (4).

Es en la década de los 80, la era del auge de los carteles del
narcotráfico, cuando se empiezan a consolidar zonas de cultivo en
las regiones más apartadas del gobierno central, las cuales, además,
son las mejor ubicadas en términos geográficos para el tránsito de
la mercancía hacia otros países y hacia Europa.

La década de los 90 se caracteriza por la atomización de los
carteles colombianos y por el aumento de la superficie cultivada
como consecuencia de la represión de los cultivos de coca en Bolivia
y Perú. Así, en esta década se inicia un proceso de crecimiento
exponencial de cultivos de coca en distintos departamentos
colombianos, siendo el más afectado el del Putumayo. Y la lógica del
traslado de cultivos de unas regiones a otras se repite nuevamente a
partir del año 2000, pues desde ese entonces, los cultivos se han
venido desplazando del Putumayo a otros departamentos colombianos
(como Nariño) y a zonas bolivianas y peruanas.

Cuadro 1

País

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Bolivia

38.000

21.800

14.600

19.900

24.400

28.450

Perú

51.000

38.700

34.200

34.000

36.600

31.150

Colombia

101.800

122.500

136.200

169.800

144.450

113.850

Total

190.800

183.000

185.000

223.700

205.450

173.450

Fuente: Internacional Narcotics Control Strategy
Report, State Department, U.S Goverment, 2000 y 2004.

El aumento de cultivos de uso ilícito en zonas de colonización no
sólo se debe a la fragmentación de los carteles de la droga y la
consecuente proliferación de pequeños narcotraficantes, así como
tampoco a la represión en Perú y Bolivia o al aumento del consumo en
países desarrollados, sino también a la expulsión de miles de
campesinos del centro del país hacia regiones inhóspitas, tanto por
la violencia política como por la recalcitrante concentración de la
propiedad.

Como lo ha señalado Milton Rengifo, "en la distribución de la
tierra, podría decirse, está el origen de los sangrientos conflictos
políticos y sociales que han marcado la historia del país en este
siglo. Para poseerla se han hecho leyes, se han declarado guerras,
se ha perdido la vida. Ha sido más importante incluso el hecho de
tenerla que ponerla a producir" (5).

Dicha concentración no ha dejado de aumentar: "Trescientos
latifundistas con extensiones superiores a 2.000 hectáreas
incrementaron sus propiedades con 31 millones de hectáreas
adicionales entre 1984 y 1997, mientras que en ese mismo período
medio millón de campesinos solamente pudieron incrementar sus
propiedades en 238.000 hectáreas, equivalentes a media hectárea
promedio por familia" (6).

Las fumigaciones en Colombia tampoco son nuevas. Así, se
registran fumigaciones con paraquat en el gobierno de Turbay Ayala,
fumigaciones masivas con glifosato para marihuana y garlon-4 para la
coca en el gobierno de Betancur, experimentación de herbicidas como
imazapyr y tebuthiuron durante el gobierno Samper, y la aplicación
institucionalizada y formal del glifosato en el gobierno de
Pastrana, quien no sólo inició la implementación del Plan Colombia,
sino que promovió el uso del hongo fusarium oxysporum, que resulta
altamente tóxico.

Según Juan Gabriel Tokatlián, "sólo en 1998, el gobierno Samper
(hasta agosto) y la administración del presidente Andrés Pastrana
(1998-2002) fumigaron 66.083 hectáreas de coca y 2.931 hectáreas de
amapola, y destruyeron de modo manual 3.126 hectáreas de coca, 181
hectáreas de amapola y 18 hectáreas de marihuana. El gobierno
Pastrana destruyó aproximadamente 90.000 hectáreas de coca en 1999 y
2000" (7).

En cuanto a la política de fumigaciones que hace parte de la
agenda de control de drogas norteamericana, cabe destacar que desde
el gobierno Bush Estados Unidos busca articular la lucha contra las
drogas con la lucha antiterrorista para complejizar y justificar aún
más intervenciones en países que representen una amenaza en
cualquiera de estos dos sentidos. En la discusión del proyecto de
ley antiterrorista en 2001 algunos senadores del Congreso
Norteamericano lideraron una iniciativa para vincular los dos ejes
de lucha y así expandir su área de interés en el hemisferio. Dennis
Hastert, senador republicano de Illinois, evidencia esta posición al
afirmar: "Al perseguir el comercio ilegal de drogas, reducimos la
habilidad de estos terroristas para lanzar ataques contra Estados
Unidos y otras democracias. El tráfico ilegal de drogas es el motor
financiero que alimenta a muchas organizaciones terroristas al
rededor del mundo" (8).

Una posición generalizada en la esfera política de Washington es
que la fuerza desestabilizadora más importante en Latinoamérica es
el narcotráfico y la influencia que éste ejerce en diferentes
ámbitos. Es por esto que unido al Plan Colombia, y desde 2001, se
empieza a madurar y apoyar la solicitud de la Iniciativa Regional
Andina para controlar el narcotráfico y promover el desarrollo.

Para entender cuáles son los criterios de acción que los Estados
Unidos han adoptado para centrar su política antinarcóticos en la
reducción frontal de la producción, es necesario citar el análisis
elaborado por Juan Gabriel Tokatlián al respecto. De acuerdo con
éste, Estados Unidos (i) asume que la demanda depende de la oferta,
por lo cual reprime los centros de cultivo, producción,
procesamiento y tráfico de ilícitos. En segundo lugar, (ii) asume
que en términos de logros es más efectivo un tratamiento punitivo en
los focos donde se genera provisión de drogas. Además, (iii) parte
de considerar que la erradicación de cultivos de uso ilícito puede
generar beneficios múltiples, tales como la reducción del precio de
cultivo, la disminución del poder de los narcotraficantes y la
contención de la violencia generada por el narcotráfico. Finalmente,
(iv) presupone que los efectos de una mayor erradicación para los
países consumidores serán igualmente múltiples, como por ejemplo:
menor disponibilidad, mayor precio y menor potencial de pureza de
las drogas (9).

La Estrategia Nacional de Control de Drogas norteamericana da
cuenta de la prioridad que para cada una de las fases del control de
drogas hace el gobierno Bush. Mientras que la meta en reducción de
consumo es de 10% en dos años y 25% en cinco, la meta relativa a la
producción es del 50% en seis años. Por ello, Estados Unidos ha
destinado para la asistencia antidroga en Colombia más de 2.500
millones de dólares en los años fiscales 2000-2003.

El gobierno norteamericano ha insistido en que la fumigación es
un medio efectivo para la lucha contra las drogas, para lo cual se
ha basado en la experiencia boliviana y peruana. En Perú y en
Bolivia la superficie cultivada y la producción de cocaína
disminuyeron un 60% como consecuencia de las fumigaciones. Sin
embargo, diversos autores, analistas e instituciones han demostrado
a través de numerosos estudios que esa estrategia no ha funcionado
en Colombia (Steiner, 2002). La fumigación en zonas de concentración
de cultivos más que una disminución en los mismos, ha generado su
desplazamiento hacia otras regiones, lo que ha sido denominado
"efecto globo".
Además, las fumigaciones han resultado en una
dispersión geográfica de los cultivos en pequeñas parcelas y estas
están alcanzando mayor productividad en un área cultivada menor, de
acuerdo con el último informe de La Oficina de Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (ONUDD: 2004).

Al finalizar el año 2002, los principales departamentos
cultivadores en Colombia eran Guaviare y Nariño, mientras Putumayo y
Caquetá, donde para 1999 se concentraba más del 50% de la coca
cultivada en el país, presentaron las reducciones más
significativas. En el departamento del Putumayo, de 66.000 hectáreas
calculadas durante el 2000, se pasó a 13.000 hectáreas a finales del
2002. El informe de la ONU para el 2003, reporta como el mejor
resultado a nivel regional, la desaparición de 6.000 hectáreas de
cultivos en el Putumayo, que sumadas a las 34.000 hectáreas
erradicadas en el 2002, redujeron en más del 71% la superficie
plantada con coca que se registró para el año 2001. Sin embargo, la
ONU, reconoce que estos resultados podrían haber sido más
satisfactorios si no se hubiera presentado un incremento de los
cultivos en los departamentos de Nariño y Meta, en una proporción
equivalente a las mencionadas 6.000 hectáreas. (10)

Cuadro 2

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra
las Drogas y el Delito, 2004.

El cambio en la distribución de los cultivos de uso ilícito,
confirma la ineficacia de la erradicación por aspersión aérea. Así
como las fumigaciones en los departamentos de Guaviare y Caquetá
desplazaron las plantaciones hacia el Putumayo, las fumigaciones en
el Putumayo generaron un traslado de cultivos hacia el departamento
de Nariño, -una de las despensas agrícolas más grandes para el país.
CODHES ha podido constatar que personas provenientes del bajo
Putumayo impulsaron el cultivo de coca en los municipios nariñenses
de Barbacoas y Tumaco; gran parte de las áreas de reserva indígena y
de la franja fronteriza con Ecuador se han visto involucradas en
esta dinámica. Llorente, caserío ubicado a una hora de Tumaco, es
actualmente el centro de compra y venta de base de coca de mayor
movimiento en la región, es conocido popularmente como "El Nuevo
Putumayito". A nivel nacional ya son más de 22 departamentos cuyas
economías se encuentran vinculadas a los cultivos de uso ilícito. En
el departamento de Nariño los cultivos crecieron en un 101.9%
después de iniciarse la aspersión aérea en Putumayo (de 3.959
hectáreas en1999 a 15.131 hectáreas en el 2000) (11)
.

Tres años después de fumigaciones intensivas en el marco del Plan
Colombia, el ciclo se cerró nuevamente en el departamento del
Guaviare, que a finales del 2002 registró 27.381 hectáreas, el área
más grande de coca cultivada en el país.

3. Adecuación jurídica de la adopción del Plan Colombia y
acciones de protección constitucional

La adopción del Plan Colombia con base en el mismo marco
normativo que rige los planes de desarrollo económico y social, fue
llevada a cabo sin tener en cuenta los procedimientos legales
internos. Con esto, es claro que los recientes gobiernos colombianos
han preferido la eficacia en la ejecución rápida de la ayuda
norteamericana, a la misma seguridad jurídica.

En esa misma línea se han implementado formas de contratación
directa del gobierno norteamericano con ONGs operadoras en terreno,
que escapan a controles del gobierno colombiano. Y otro tanto sucede
con la contratación de agencias de seguridad privada (como Dyncorp)
que apoyan el manejo de aeronaves y operaciones antidroga. Esto
evidencia una privatización de parte de la ayuda militar externa y
también una eliminación de los controles nacionales a esta ayuda,
que van en detrimento de la gobernabilidad local.

De acuerdo con el informe sobre las consecuencias de las
fumigaciones hechas en el contexto de la Iniciativa Andina
Antidrogas, presentado por varias ONGs norteamericanas (12)
a la Oficina de Asistencia a Políticas Extranjeras, no existe una
planificación para el manejo ambiental en las zonas que serían
fumigadas. Si bien el Ministerio colombiano del Medio Ambiente ha
determinado que la aprobación de una Licencia Ambiental no es
requisito obligatorio para la realización de las fumigaciones, la
Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, sí está obligada a
presentar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental.

Sin embargo, dicho plan hasta el momento no ha sido tenido en
consideración para el desarrollo de las fumigaciones. Tampoco
requisitos como la disposición de una referencia geográfica para los
proyectos de desarrollo y la definición de un procedimiento
eficiente para manejar quejas sobre fumigaciones (Resolución No. 5
de 2000). En cuanto a la referencia geográfica, el informe
defensorial de 2001 de la Defensoría del Pueblo de Colombia,
concluye que la que existía y que se tomó como punto de partida,
"era inadecuada para identificar aquellos ecosistemas y demás áreas
que se ven expuestas y que deberán recibir tratamiento especial".

Otro de los trámites legales que han sido ignorados, es la
obligación de un procedimiento de consulta previa frente a las
comunidades indígenas y afrocolombianas. De acuerdo con la ley 21 de
1990, que aprueba el convenio 169 de la OIT, la consulta debe
adelantarse sobre cualquier tema que se relacione con la explotación
de recursos naturales o los usos que afecten el territorio de estas
comunidades.

Respecto a la condición y la protección de los pequeños
productores, las leyes colombianas son inconsistentes. De un lado,
para la ley 30 de 1986 y el Código Penal vigente, cualquier persona
que posea más de veinte plantas de coca está sujeta a pena criminal.
De otro, "el Consejo para Políticas Económicas y Sociales, el
Departamento Nacional de Planeación y el Plan Colombia definen como
pequeños productores a aquellos que cuentan con menos de tres
hectáreas, mientras que para el Plante el punto de corte puede
corresponder hasta cinco hectáreas" (13).
Pero, al mismo tiempo, los pequeños productores han sido
determinados como población objetivo para programas de desarrollo
alternativo.

El precitado informe defensorial de 2001, afirma también que la
fumigación viola los principios constitucionales de precaución (que
alberga el derecho a disfrutar de un ambiente sano), de armonización
de políticas (para el caso se traduce en que el Estado no puede
destruir el medio ambiente con el pretexto de combatir el crimen) y
el de igualdad efectiva (es decir, la disposición de condiciones de
vida iguales y de medidas que las fortalezcan).

A través del fallo tutela SU-383 de 2003, expedido en sala plena
el 13 de mayo de 2003, la Corte Constitucional decidió revocar
parcialmente las decisiones adoptadas por el juez 15 civil del
Circuito y por la Sala Civil del Tribunal Superior, y conceder a los
pueblos indígenas de la amazonía colombiana la protección
constitucional de los derechos a la vida, la salud, el libre
desarrollo de la personalidad, la integridad cultural, la
participación, el debido proceso y el ambiente sano. La Corte
consideró que: "las decisiones relativas a la erradicación de
cultivos ilícitos consideren métodos que garanticen de manera
efectiva los derechos fundamentales, los valores culturales,
económicos y sociales de los pueblos indígenas y tribales, para
asegurar el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana, sin desmedro de las potestades inherentes al
Estado colombiano para definir y aplicar de manera soberana y
autónoma la política criminal y dentro de ella planes y programas de
erradicación de cultivos ilícitos" (Sentencia SU-383 de 2003).

En síntesis, la decisión afirma que la Presidencia de la
República, el Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios
del Interior y Justicia y del Medio Ambiente, deben consultar de
manera previa a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía
sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos adelantado en sus territorios. Además, dispuso que
la Defensoría del Pueblo deberá asesorar y acompañar a los pueblos
indígenas en la consulta que se les formule, y que la Procuraduría
General de la Nación vigilará el cumplimiento de dicha decisión.

Otra de las medidas de protección expedidas a favor de la
comunidad es el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
expedido el 25 de junio de 2003. El tribunal ordenó a la DNE
suspender las fumigaciones en el país hasta tanto no se diera
aplicación al Plan de Manejo Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente. Igualmente se asignó al Ministerio de Seguridad Social, y
al Instituto Nacional de Salud en asocio con la Universidad Nacional
de Colombia, la coordinación de estudios sobre los efectos e
implicaciones del glifosato incluyendo registros de mortalidad y
morbilidad.

Esta decisión protege el derecho a la seguridad y la salubridad
pública de los colombianos, en relación con la toxicidad causada por
la aspersión aérea con glifosato; ordena la aplicación del principio
de precaución establecido en el artículo 1º numeral 6 de la ley 99
de 1993; y brinda las herramientas para que los ciudadanos gocen de
un ambiente sano.

4. Efectos de las fumigaciones

En síntesis, las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito,
tienen efectos sociales y medio ambientales que deterioran las
condiciones de vida de las personas que viven donde se concentra
esta estrategia de erradicación forzada.

a. Fumigaciones y desplazamiento

Los efectos indiscriminados de las fumigaciones sobre cultivos
lícitos y cultivos de uso ilícito, sobre cultivadores y no
cultivadores, está ocasionando el desplazamiento de quienes viven en
las zonas dónde se concentran las operaciones de aspersión. Estas
personas tienen varias opciones: salir hacia otras regiones donde
aún no han fumigado para re-sembrar coca o amapola; salir hacia
países vecinos como Ecuador para buscar mejores condiciones de vida
y alternativas económicas; involucrarse, en casos extremos, en el
conflicto armado interno mediante el ingreso a alguno de los grupos
en confrontación (guerrillas, paramilitares); quedarse en su
territorio a pesar de las difíciles condiciones económicas y en
situaciones de hambre.

De acuerdo con datos suministrados por el sistema de Información
(SISDHES) de CODHES, de un total aproximado de 50 mil familias
dedicadas a los cultivos de uso ilícito, se calcula que 36.200
personas, que integran alrededor de 7.200 familias, huyeron entre
enero y septiembre de 2001 de zonas de producción cocalera como
consecuencia de (i) la presencia de distintos actores armados,
(ii)los impactos de la fumigación sobre los cultivos de pan coger y
(iii) la ausencia de verdaderas alternativas de
subsistencia.

En el 2003 el sistema de información de CODHES reportó una
reducción del 50% en el desplazamiento forzado respecto al año
anterior, mientras ocho departamentos mostraron la tendencia
contraria al incremento. En estos departamentos se han concentrado
las fumigaciones. Caquetá aparece con el mayor incremento respecto
al 2002 y presenta la tasa de expulsión más alta en todo el país.
Los departamentos que registraron un incremento del desplazamiento
durante el 2003 frente al 2002 fueron Caquetá con una tasa de 3.165
personas desplazadas por cada 100 mil habitantes, Putumayo con una
tasa de 2.330 (14),
Guaviare con 2.302, Cundinamarca con 588, Guainía con 395, Valle con
260, Amazonas con 78, Vaupés con 82, mientras la tasa nacional fue
de 466 por cada 100 mil habitantes.

En 2003 se produjo la expulsión de por lo menos 27.000
personas de las zonas en donde se adelantaron estas
fumigaciones, lo que contribuye a agravar la crisis humanitaria.
Aproximadamente el 80 por ciento de los desplazamientos ocurridos en
zonas de fumigación se produjo en los departamentos de Putumayo,
Caquetá, Guaviare, Norte de Santander y Cesar que son regiones donde
se han implementado los operativos militares más grandes en el marco
de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe
("Holocausto" en Catatumbo y "Libertad" en Cundinamarca).

En 2003, mientras se redujo el número de personas desplazadas
internamente, se incremento el éxodo de población colombiana en
busca de protección y seguridad en otros países del mundo.

Sólo hacia los países vecinos de Ecuador, Panamá y Venezuela
aproximadamente 40.017 personas salieron forzadamente del
territorio nacional por amenazas de muerte, atentados, asesinatos,
masacres, fumigaciones de cultivos lícitos e ilícitos, intentos de
secuestro y reclutamiento forzado o voluntario por parte quienes
hacen la guerra en Colombia (15).

País

Éxodo de colombianos en zona de frontera
(2003)

Ecuador

24.571

Venezuela

11.571

Panamá

1.692

Total

40.017

Fuente: Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y
derechos humanos SISDHES-CODHES

De estas personas, un total de 11.612 han tramitado
oficialmente el refugio pero esta condición ha sido otorgada sólo a
2.528. Es decir, de cada diez colombianos que solicitaron
status de refugiado sólo dos lo han obtenido de manera efectiva. Y
de cada diez colombianos que salen forzadamente hacia Ecuador,
Venezuela o Panamá, siete ni siquiera hacen el trámite, por miedo,
desconfianza o desinformación y prefieren permanecer en calidad de
indocumentados o ilegales.

Cifras de refugio

País/Año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ecuador

900

1.200

3,500

4,000

3,100

9,698

10,280

12,000

24,751

Fuente: Sistema de Información SISDHES. CODHES

Cifras de refugio

2000

2001

2002

2003

Ecuador

323

1.872

6.244

11.463

Refugiados
Colombianos

362

1.614

3.304

6.864

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos. No
Acumulativo.

País

2000

2001

2002

2003

A 31 de mayo de 2004

Ecuador

323

1.872

6.244

11.463

4.375

Venezuela

95

205

803

1.345

581

Costa Rica

954

5.018

3.613

1.545

S/I

Total

1.372

7.095

10.660

14.353

S/D

Fuente: ACNUR - Información sujeta a revisión. Documentos
consultados: Trends in refugee status determination in 87 countries,
1 Jan-30 Jun 2003 (rev.) 2002 Annual Statistical Report. Informes
estadísticos anuales 2003 de Ecuador y Costa Rica.

Para los cinco primeros meses del presente año, la situación no
ha cambiado sustancialmente. Según datos del ACNUR (16),
en Ecuador se han presentado 4.375 solicitudes de asilo para un
promedio de 875 por mes, aproximadamente el mismo valor registrado
durante el 2003.
En Ecuador se calcula que viven más de 300 mil
colombianos, de los cuales sólo 7000 tienen status de refugio, según
cifras del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados). En promedio, entre 100 y 150 personas diariamente
acuden al Comité Pro-refugiados del ACNUR en Ecuador para solicitar
refugio y sólo en el mes de marzo, entre 150 y 500 colombianos
llegaron a la provincia del Carchi provenientes de Chiles, población
colombiana. En el municipio de La Hormiga, departamento de Putumayo,
en frontera con Ecuador, sólo durante el mes de junio de este año,
100 personas salieron desplazadas como consecuencia de las
fumigaciones que iniciaron este año.

Esta situación no sólo aqueja a población que proviene de
Colombia, los habitantes del Ecuador ya comienzan a sentir los
efectos de la crisis humanitaria en su territorio. Según Daniel
Alarcón, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas
del Cordón Fronterizo, las fumigaciones con glifosato en la frontera
entre Ecuador y Colombia han provocado el desplazamiento de 6000
familias ecuatorianas hacia el interior de su país (17).

Los desplazamientos forzados de población por causa de las
fumigaciones y en general de la política de interdicción y control
de los cultivos de uso ilícito se han ocasionado no solamente por
los efectos directos que puedan tener los químicos usados en las
fumigaciones sobre la salud, los cultivos, los animales y sobre la
economía en la región, sino también, por la amenaza que representan
las acciones militares que sobre estos territorios se ejercen como
estrategia simultánea a las fumigaciones, como quiera que los
directamente afectados son las poblaciones que permanecen todo el
tiempo en la región.

b. Fumigaciones y Conflicto Armado Interno

El gobierno colombiano en el desarrollo de la lucha contra las
drogas ha desconocido la condición de población civil no combatiente
de los habitantes de zonas altamente conflictivas, que dependen de
economías ilegales y cuyos territorios están bajo el influjo de
grupos irregulares (guerrilleros o paramilitares). Esto se
manifiesta en los señalamientos que de manera generalizada e
indiscriminada ha venido haciendo sobre las comunidades indígenas,
afrocolombianas y mestizas, habitantes del territorio fronterizo, al
vincularlas con el accionar de organizaciones terroristas,
narcotraficantes y criminales. En consecuencia, estas personas ven
amenazada muchas veces su seguridad personal.

La apelación del gobierno colombiano a la acción popular
presentada en contra de las fumigaciones (18),
"A nadie escapa que estamos enfrentados a una tema de altísima
sensibilidad política, en el que una izquierda pro marxista podría
explicablemente estar defendiendo el brazo armado del marxismo y el
negocio del que se nutre, que son las FARC. Igual podría acontecer,
para decirlo de una vez, con declarantes interesados en mantener
vivas las autodefensas ilegales, que con tan mal lenguaje se
califican de Paramilitares" p 16.

De otro lado, el gobierno no ha promovido alternativas económicas
viables y concertadas previamente con las comunidades al cultivo de
uso ilícito. La prioridad del Plan Colombia ha sido la aplicación de
estrategias contrainsurgentes enfocadas al debilitamiento de las
finanzas de grupos guerrilleros, entre ellas, las fumigaciones.

c. Fumigaciones y reparación de los daños causados a la
población civil

El gobierno colombiano es responsable de los desplazamientos
ocasionados por efecto de las fumigaciones en la medida en que
continúa promoviendo esta estrategia. Sin embargo, desconoce la
condición de desplazados a quienes se ven obligados a abandonar su
territorio por efecto de las fumigaciones, aunque la ley 387 de
1995-que se basa en la definición de Naciones Unidas sobre
desplazados internos- no hace explícito este criterio. En
consecuencia, quienes dejan sus tierras por causa de las
fumigaciones, se encuentran en una situación de desatención total y
con frecuencia se ven obligados a huir hacia territorio ecuatoriano.

En Colombia 2 de cada 5 desplazados cuyas declaraciones son
rechazadas y no ingresan al sistema de registro único del gobierno,
son rechazadas porque mencionan fumigaciones como causal de
desplazamiento.

d. Fumigaciones y derecho a la alimentación

Las fumigaciones se llevan a cabo de forma indiscriminada a pesar
de que los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia argumentan
precisión satelital para aplicar y rociar el líquido sobre cultivos
de uso ilícito identificados por coordenadas geográficas. Esto está
generando una situación de inseguridad alimentaria en Colombia y
Ecuador.
Según conceptos emitidos por expertos en el tema
agrícola, el suelo tarda 2 años en recuperarse y volver a producir.
De otro lado, el programa de familias guardabosques que está
impulsando el presidente Uribe como proyecto principal de desarrollo
alternativo al cultivo de coca y amapola, no permite que el
campesino cultive en su propia tierra y no provee de herramientas o
mecanismos de desarrollo agrícola; tampoco de medidas para promover
la comercialización de productos y para su sostenibilidad. Este
programa consiste en otorgar un dinero mensual a cada familia
beneficiaria equivalente a 800 mil pesos y 5 millones de pesos al
año (2 mil dólares). Esto no representa ni la mitad de las ganancias
que han reportado tener los campesinos cuando venden sus productos
agrícolas lícitos en grandes cantidades.

De otro lado, los programas de desarrollo alternativo no han
contemplado subsidios a campesinos, han introducido productos que no
responden a las características de las economías locales
(monocultivos que deterioran suelos amazónicos como la palma de
aceite en costa Pacífica o el caucho en Putumayo), no se han
concertado con las familias, han traído animales no aptos para
sobrevivir en la región (como los marranos y las gallinas importadas
de Estados Unidos sin pico, que murieron de hambre), no han
articulado su aplicación con las condiciones de vías de transporte y
comunicaciones que permitan adecuada comercialización, no han
contemplado imponer condiciones al Estado para que sea posible el
desarrollo regional (tales como la compra obligada de una parte de
la producción, la negociación de exportaciones de estos productos en
las mesas del ALCA y del Tratado de Libre Comercio).

Además, cultivos de desarrollo alternativo han sido fumigados
hasta 4 y 5 veces de acuerdo con testimonios recogidos por CODHES.
En Putumayo, se fumigaron 700 hectáreas de pactos PILDAET (de
erradicación temprana) de los cuales se beneficiaban 750 familias.
En estas veredas del municipio de La Hormiga se había verificado la
erradicación temprana, y es la segunda vez que se fumigan. En las
veredas Osiris y Luzón del municipio de Orito en Putumayo, también
han sido fumigadas zonas beneficiarias de familias guardabosques. En
Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, en la costa Pacífica,
municipio de Tumaco, fueron afectadas por fumigaciones más de 500
hectáreas de cultivos de desarrollo financiados por el gobierno
Holandés, de acuerdo con información documentada. Las zonas
protegidas, reservas naturales y de resguardo indígena y titulación
colectiva de afrodescendientes, también han sido fumigadas. Es el
caso de los Consejos Comunitarios del Pacífico RECOMPAS y los
resguardos Santa Rosa en Putumayo y de territorio Awá en Nariño.

e. Derecho a la salud y al medio ambiente sano

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, La Defensoría del Pueblo
colombiana y la Asociación Americana de Médicos (AMA) en Estados
Unidos, han señalado los efectos dañinos de las fumigaciones sobre
la salud y el medio ambiente y han exigido el desarrollo de estudios
científicos que determinen la magnitud de estos daños. Estas
entidades y otras organizaciones no gubernamentales han exigido que
los gobiernos se acojan al principio de precaución, según el cual el
Estado no puede aplicar medidas o estrategias que puedan afectar el
medio ambiente o la salud, si sus efectos no han sido determinados
mediante estudios científicos.
Estas instituciones también han
pedido el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental estipulado para
aplicar las fumigaciones, por parte del gobierno colombiano.

De acuerdo con un estudio desarrollado por el Departamento
Administrativo de Salud del Putumayo en los municipios del Valle del
Guamuéz, Orito y San Miguel, de este departamento, las poblaciones
que habitan la zona, han manifestado un incremento preocupante de
"reacciones alérgicas de piel como: dermatitis, impétigo,
abscesos, dolor abdominal, diarreas, infección respiratoria aguda,
presentados a partir de la realización de fumigaciones en la zona
(…) de las 100 veredas que existen en el Valle del Guamuéz,
municipio con el mayor número de habitantes en el departamento,
después de Puerto Asís y Orito, con 35.288 habitantes; residentes de
67 de ellas, se consideraron afectados por la fumigación en su
estado de salud, cultivos y medio ambiente" (19)

"De las 800 quejas interpuestas por los habitantes ante la
Personería de La Hormiga, municipio del Valle del Guamuéz, la mayor
proporción de éstas corresponde a La Esmeralda, El Placer y los
Ángeles, veredas con 535 habitantes, 1.014 habitantes y 497
habitantes respectivamente." (20)

No obstante, las fumigaciones han afectado no sólo a los cultivos
de coca, sino también a cultivos y propiedades de pobladores que no
hacen parte del circuito económico ilícito. En el municipio del
Valle del Guamuéz, "según la Personería Municipal se puede observar
cómo del total de hectáreas afectadas (7.252), los potreros (áreas
de pasto para ganado) fueron las áreas más afectadas, con un 39 %
(2.850 hectáreas) seguido por los cultivos de plátano (12.6%) y en
un tercer lugar los de coca en un 11% (854 hectáreas)." (21)

De otro lado, la intensificación de las fumigaciones a cultivos
ilícitos en el departamento colombiano del Putumayo, como desarrollo
del Plan Colombia, ha repercutido negativamente sobre las
poblaciones asentadas en la zona de frontera colombo-ecuatoriana.
Ante los efectos perjudiciales generados sobre la salud y sobre los
cultivos convencionales de autoconsumo y sostenimiento, las
comunidades indígenas y campesinas del Ecuador interpusieron un
recurso de amparo constitucional.

Este recurso fue acogido por un Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo, que en su fallo ordenó a los distintos
órganos del Estado ecuatoriano tomar medidas urgentes para atender a
los afectados y evitar que continúen las fumigaciones en la
frontera.

El Tribunal encontró culpables a algunos organismos del gobierno
ecuatoriano (Presidencia de la República y ministerios de Relaciones
Exteriores, de Agricultura, de Ambiente y de Salud) de omisión
grave, al no tomar las medidas necesarias para auxiliar a los
pobladores de la frontera ecuatoriana que colinda con el
departamento del Putumayo en Colombia. (22)

5. Conclusiones

Como consecuencia de todo lo anterior, en las zonas donde se
concentran las fumigaciones y la estrategia militar de lucha
anti-terrorista, ha empeorado la situación de derechos humanos, se
ha intensificado el conflicto armado interno y se ha agudizado la
crisis humanitaria regional. Esto, afecta y aumenta la desprotección
y las agresiones en contra de la población civil que vive en estas
zonas, principalmente indígenas y campesinos, víctimas de las
estrategias utilizadas por los grupos armados para mantener su
control territorial, económico y político; así como de las
estrategias de militarización y erradicación forzosa de cultivos
para uso ilícito.

Pero, de otro lado:

1. La erradicación de los cultivos de uso ilícito es más fácil y
efectiva en el marco de la solución política y negociada del
conflicto armado, que en medio de una guerra que se prolonga y
expande sin resultados reales.
Esta confrontación no la gana el
Estado ni la guerrilla y la pierde el país.
La guerra interna no
se resuelve con el incremento de ayuda militar y, al contrario, se
prolonga con altos costos en vidas humanas, sociales, económicas,
políticas y culturales.

2. Las fumigaciones y la estrategia militar del Plan Colombia son
contraproducentes porque producen una expansión de los cultivos en
el sur del país, provocan reacomodamientos de los grupos armados
irregulares, expanden el conflicto, limitan la democracia, agravan
la crisis humanitaria y plantea nuevos desafíos a la
institucionalidad y la gobernabilidad local.

3. Las personas afectadas por las fumigaciones están sometidas a
diversas alternativas, algunas son: permanecer en sus territorios
sin sembrar coca a pesar de la devastación producida por los efectos
de la aspersión aérea y en medio del hambre; trasladarse a otras
regiones del país y continuar la siembra de cultivos de uso ilícito;
en casos extremos involucrarse en el conflicto armado con cualquiera
de las partes enfrentadas, desplazarse a las ciudades u otras
regiones del país o cruzar las fronteras y buscar otras opciones en
territorios de países vecinos.

4. Los campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito son el
eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, que incluye en el
otro extremo de la vulnerabilidad a las personas que consumen
droga.

5. En una política integral y de responsabilidad compartida en el
campo internacional es necesario incrementar las acciones contra
quienes transportan, exportan o comercializan la droga, contra
quienes lavan dineros provenientes del narcotráfico dentro y fuera
del país o de quienes se apoderan ilegalmente o bajo presión de las
tierras.

6. No necesariamente hay narcotráfico porque hay cultivos de uso
ilícito sino que estos cultivos existen porque hay tráfico de drogas
como una alternativa económica en medio de la pobreza rural.

7. Colombia necesita desarrollar una política autónoma y soberana
frente al narcotráfico que consulte a la comunidad internacional y
sus intereses, pero también debe consultar a las comunidades
campesinas obligadas, en muchos casos, por la crisis rural a esta
alternativa.

8. El cultivo de la hoja de coca que responden a usos
tradicionales de los pueblos indígenas requieren de otro tratamiento
que reconozca las prácticas de comunidades ancestrales que no están
insertas en dinámicas de producción industrial de narcóticos.

6. Recomendaciones

En tal sentido, consideramos necesario atender de manera cabal
las siguientes recomendaciones:

1. Ejercer la autoridad del Estado en el marco de una política
clara de respeto a los derechos humanos, al Derecho Internacional
Humanitario y los principios de la democracia como acción que
legitima su presencia en estas regiones.
Acompañar la presencia
disuasiva del Estado con inversión social, con mecanismos de control
y con planes alternativos de reforma agraria y asistencia técnica y
crediticia a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y
colonos.

2. Suspender las fumigaciones por aspersión aérea y promover
mecanismos de concertación para la erradicación manual, gradual y
voluntaria de los cultivos.
Reformular la política de atención a
población desplazada y garantizar la protección de las comunidades.
Para ello, es necesario el reconocimiento de la población en
situación de desplazamiento por fumigación y la aplicación de planes
de contingencia con un claro componente de ayuda humanitaria, acorde
con las necesidades de las personas afectadas.

3. Replantear la política del retorno y garantizar la seguridad
en las zonas objeto del Plan Colombia, con el fin de fortalecer la
presencia de instituciones civiles del Estado encargadas de la
protección, promoción y garantía de los derechos humanos.

4. Garantizar una política de restablecimiento para las
comunidades que se encuentran en situación de desplazamiento y para
los afectados por las fumigaciones. Esto incluye a aquellos que han
recibido asistencia social con recursos del Plan Colombia; quienes
se inscribieron en los distintos programas de erradicación
voluntaria, sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo
alternativo; así como aquellos que no se registraron en ninguno de
los programas ni recibieron ningún tipo de asistencia, pero que han
sido víctimas de la aspersión aérea con glifosato.

5. Constituir una política de erradicación consecuente con los
objetivos iniciales del Plan Colombia. Para tal efecto, es muy
importante considerar un énfasis en las estrategias de erradicación
manual, concertada y voluntaria, con apoyo al desarrollo regional.
El gobierno ecuatoriano debe negociar con los gobiernos
norteamericano y colombiano, un plan de contingencia y de medidas a
corto plazo, como quiera que la crisis humanitaria generada a través
del flujo de colombianos a su país se agudizará, al igual que
aumentará el traslado de cultivos, y con ellos, de la violencia.

6. Promover estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo;
que incluya mayoritariamente al grueso de la población campesina,
indígenas y afrodescendientes que habitan en dichas zonas.

7. Garantizar una veeduría internacional y coordinación de
evaluación de los programas entre las distintas instituciones, a
cargo de una instancia independiente que rinda informes periódicos y
que cuente con capacidad de convocatoria.

8. Es necesario que la recepción de las quejas y su procedimiento
esté a cargo de instituciones idóneas y externas a la implementación
de las fumigaciones como la Defensoría del Pueblo, y que los
requisitos así como criterios establecidos para procesar las
denuncias para indemnización correspondan a la realidad de los
habitantes del Putumayo.

9. Protección del medio ambiente y de la salud: Evaluación y
cumplimiento de lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental.

10. Rectificación de la resolución 013 de junio de 2003 expedida
por la Dirección Nacional de Estupefacientes y en la que se autoriza
las fumigaciones en áreas de reserva, parques naturales y resguardos
indígenas, así como cultivos lícitos cercanos a los de uso
ilícito.

Es necesario que se lleve a cabo una evaluación continua y
sistemática de la situación de derechos humanos en las zonas donde
se concentra la ayuda militar del Plan Colombia, y que se garantice
la investigación, el juzgamiento y la reparación integral.

Al tribunal Constitucional Ecuatoriano solicitamos

1. Ordenar al Gobierno del Ecuador en cabeza de su presidente, y
a sus
ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Salud,
Medio ambiente y del
Interior, entablar cuanto antes las medidas
necesarias para que en el orden
diplomático y de las relaciones
internacionales, pueda exigirse al gobierno
colombiano la
suspensión de las fumigaciones aéreas que causen efectos
nocivos
sobre el territorio y las comunidades asentadas en la franja

fronteriza entre Ecuador y Colombia.

2. Dictar medidas cautelares de protección inmediata sobre los
derechos
a la salud, el medio ambiente y la alimentación de las
comunidades
ecuatorianas asentadas en la franja fronteriza con
Colombia.

Notas

1. Además de estos objetivos el gobierno
norteamericano planteó la importancia de defender la estabilidad de
las instituciones democráticas en Colombia, propósito que además
estaba relacionado con la necesidad de garantizar la inversión
económica internacional en el país. Ver el Discurso del
Subsecretario de Estado para asuntos políticos de Estados Unidos,
Thomas Pickering ante la Corporación Andina de Fomento, durante el
Seminario de Comercio en las Américas el 8 de septiembre del 2000
(traducción extraoficial).
2. Molano Alfredo,
"Bosques, territorio y conflicto social en Colombia", junio de 2000
[http://www.foroambiental.org], julio de 2003.
3.
Ibid
4. Salazar Manuel, Manejo de los cultivos
ilícitos en el Plan Colombia en: Cultivos ilícitos en Colombia". Ed.
Uniandes. Bogotá 2000 p.69.
5. Rengijo Milton,
Colombia: Selva, cultivos para fines ilícitos y reordenamiento
territorial. Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Petro U.
6.
"Distribución de la propiedad rural", CEGA, 1984.
IGAC, 1997. nota tomada de: Propuestas del Taller sobre Tema Agrario
y Cultivos de Uso Ilícito, presentadas al Congreso Nacional de Paz y
País (Bogotá, 10 y 11 de mayo de 2002)
7.
Tokatlián, Juan "Colombia: un error repetido", en Diario El Clarín
(Argentina), 27 de febrero de 2001
8. Sánchez,
Ximena "Terror y drogas: mismo campo de batalla", Washington Post, 3
de octubre de 2001
9. Ibid Tokatlián
10. El Tiempo. Junio 17 de 2004. "Los cultivos de coca se
redujeron en Colombia en un 16 por ciento en el 2003, indica informe
de la ONU"
11. Contraloría General de la
República. Ob. Cit.P27
12. Latin American Working
Group, Amazon Alliance y Center for International Politics
13. www.amazonalliance.org
14. Estos dos
departamentos concentraban en el 2000 más del 50% de los cultivos de
coca en Colombia, cerca de la frontera con Ecuador.
15. La cifra es una estimación que se obtiene de datos
ofrecidos por organizaciones humanitarias, sociales y no
gubernamentales, de jurisdicciones de la Iglesia católica y de
autoridades locales en las zonas de frontera de Colombia con
Ecuador, Venezuela y Panamá y obtenida en el trabajo en terreno
realizado por CODHES durante 2003. Es imposible una información
precisa porque estas formas migratorias son difusas, no se registran
legalmente, están sometidas a presiones de autoridades y sólo se
pueden constatar por datos fragmentados. Por ejemplo, de las ayudas
de instituciones humanitarias, de información de lideres que conocen
la región y a las personas y que dan cuenta de la salida forzada
hacia territorios de países vecinos. Es muy probable que la cifra
sea muy inferior a la realidad, pero permite reflejar una tendencia.
Un ejemplo de las dificultades para construir una cifra confiable es
el informe del Consejo de Estados Unidos para los Refugiados, la
Guardia Nacional de Venezuela admitió haber devuelto en 2003
alrededor de 10 mil colombianos en calidad de indocumentados e
ilegales, desconociendo o negando casos de persecución y amenazas
susceptibles de acceder a la condición de refugiados.
16. Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados
17. Informe de Fronteras
mayo-junio 2004, Project Councelling Service en:
www.pcs.org
18. Ministerio del Interior y de
Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes. Extractos de la
Apelación del gobierno colombiano a la acción popular 01-22
presentada en contra de las fumigaciones.
19. Efectos de la fumigación Aérea con glifosato . Valle del
guamuez - San Miguel - Orito. Putumayo , Febrero 2001. Dyva Revelo
Calderón. Departamento Administrativo de Salud. Oficina de
Planeación. Sección de Epidemiología. Putumayo. Página 1.
20. Ibid. Página 3.
21. Efectos de la
fumigación Aérea con glifosato . Valle del guamuez - San Miguel -
Orito. Putumayo , Febrero 2001. Op Cit., Página 15.
22. "Las fumigaciones en Colombia, llegan hasta Ecuador".
Actualidad Étnica (Colombia). Quito, 11 de febrero de 2003
http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=747.

*Marcela Ceballos. Politóloga. Miembro de la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES. Ponencia presentada en
la II Conferencia regional "Migración, desplazamiento forzado y
refugio", Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, septiembre 1, 2 y
3 de 2004.

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Democracia
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