Las fumigaciones estatales están sentenciadas
No se entiende
cómo, con los conocimientos existentes, se pueda siquiera vislumbrar el reinicio
de las fumigaciones; y eso en medio de un clamor popular mundial y un proceso de
paz en contra. ¿El Gobierno Santos realmente pretende reiniciar las fumigaciones
el 15 de febrero? Aduce el gobierno que el “cese de fuego” de las aspersiones
químicas desde octubre 2013 responde al tiempo requerido para reforzar el
blindaje de los aviones por la seguridad de los pilotos estadounidenses
Hagamos memoria.
En 1978, el INDERENA, ante la inminencia de las primeras aspersiones químicas,
le mandó una carta al Gobierno pidiendo “previsión”. Hasta la Unión Europea ha
advertido sobre los temores fundados de las fumigaciones para Colombia y la
cooperación. Incluso la Corte Constitucional en sentencia No. C-176/94 invoca al
Estado colombiano a “reservarse
para evaluar el impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico ya que
la persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la
obligación que tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo
para las generaciones presentes sino también para las generaciones futuras.”.
El Estado ha sido
demandado desde 1986 y reciente sentencia le precisa que las fumigaciones no son
puntuales y afectan el entorno, semovientes, bosques y cultivos de pancoger. Los
economistas han estudiado la medida y señalan que es una plata pesimamente
invertida pues no cumple su cometido de acabar con la coca ilícita.
Además del
consumo de insumos químicos en la agricultura y expansión de los cultivos
ilícitos, para los cuales la Reforma Tributaria del 2012 provee incentivos
arancelarios, se afirma que el gobierno asperja hasta 12 litros por hectárea de
coca de una mezcla hasta 26 veces más potente que la utilizada comúnmente. Una
mezcla (y una medida) que ningún otro país del mundo permite. La UNODC/ONUDD
informa que, sólo desde 1995, el Estado ha fumigado casi 2 millones de
hectáreas. Es alta hora de rectificar y comenzar gradualmente a sustituir
nuestro intenso uso de químicos para mancomunadamente irnos adecuando a las
exigencias agroecológicas de los mercados; proteger nuestros recursos; y
preparar nuestro futuro comercio agrícola internacional.
Los
campesinos sugieren que los fondos ahora destinados a las aspersiones se
inviertan en desarrollo rural integral. Se han propuesto cientos de proyectos
alternativos campesinos, con y sin coca. La ganadería también sufre por las
embestidas químicas. El Congreso ha buscado leyes para proteger a uno y otros.
También ha permitido, sin mayor control político, que nos fumiguen. Las FARC,
por su parte, recientemente, sometieron una sensata propuesta de manejo integral
de los cultivos y solicitaron actos de buena fé de parte del gobierno de Estados
Unidos.
El cambio de
paradigma ajustado a las realidades locales pasa por tomar decisiones de interés
nacional con visión de futuro. ¿En qué —o a quién— benefician las fumigaciones?
La disyuntiva de si se fumiga ya no existe. La consideración de peso actualmente
es cuál es la fórmula más racional de pasar a un desarrollo sostenible y más
allá de las “drogas” y su dependencia.