La
aspersión aérea es una medida ilegal e ilegítima que no se ataca al narcotráfico
sino a sus victimas y debe ser prohibida
La obligación legal de prohibir las fumigaciones aéreas responde al deber del
Estado
de:
Aplicar el Principio de Precaución
y no arriesgar la salud pública y medioambiente de los colombianos por falta de
certeza científica. Acogerse a la Sentencia No. C-176/94 que
esboza la reserva de Colombia sobre la Convención de Viena de 1988 de no
confundir coca con cocaína ni desconocer sus obligaciones con la Nación
aplicando medidas de drogas que violen la Constitución Política. Honrar los
protocolos, tratados y Convenciones Internacionales
de DIH,
DDHH y de no modificación ambiental (ENMOD) firmados por Colombia.
Velar por no poner en riesgo
el futuro
comercial del agro colombiano. Sopesar los cuestionamientos sociales y
económicos sobre la nula efectividad de esta medida y la necesidad de impedir el
fortalecimiento del narcotráfico con el despojo al campesinado de sus tierras
por cuenta del desplazamiento ocasionado por las fumigaciones.
Colombia es el único país del mundo que burla abiertamente la prohibición de
asperjar sustancias químicas como medida de guerra.
Lo viene haciendo desde 1978 sustentando, en su lucha contra las drogas y en
USA, la experimentación con un sinfín de sustancias químicas; algunas de ellas
actualmente prohibidas. La aplicación de esta medida de guerra contra no
combatientes viola el DIH.
Los campesinos cultivadores no son actores armados sino víctimas del
conflicto y narcotráfico, que se nutre de la pobreza del campo. Como bien lo
señalan los informes de las propias instancias antinarcóticos, el lote promedio
de coca es de 0.67 hectáreas y la rentabilidad neta de una hectárea de coca
(USD292/mes) está por debajo del sueldo mínimo colombiano.
Las aspersiones
aéreas son causal de desplazamiento:
Los estudios revelan que “un tipo de expulsión gota a gota se deriva de las
fumigaciones, que se han convertido en una de las principales causas de
desplazamiento” que, a su vez, facilita el despojo de tierra y propicia la
apertura de zonas de frontera para megaproyectos. Las fumigaciones también
desplazan la biodiversidad a favor de un terreno propicio a los químicos OGM.
El uso de agroquímicos es funcional al negocio del narcotráfico.
Los informes de la UNODC indican que el recorte en el uso de abonos químicos y
agroquímicos ha contribuido a la disminución en la productividad de los cultivos
de coca. Siendo así, no se entiende que el Estado colombiano no sólo facilite la
venta y libertad de precios de estos químicos que propician la expansión de los
monocultivos con usos ilícitos sino que además fumigue con estos mismos químicos
con la pretensión de erradicar. ¿Qué
no tendrá la fórmula para que se espere de ella lo contrario al efecto
abono previsto?
Por lo anterior y otras consideraciones de peso, el Gobierno Santos debe:
Posicionarse en la historia y proyectarse hacia el futuro absteniéndose de
incluir la medida de erradicación aérea en el Estatuto de Drogas 2012. Declarar
una moratoria en las fumigaciones el tiempo de llevar a cabo estudios
científicos rigurosos e independientes sobre los impactos epidemiológicos,
ambientales, sociales y económicos sobre el mercado de drogas por cuenta de las
fumigaciones. Acogerse a la propuesta de la Unión Europea de evaluar los
impactos de las fumigaciones bajo la supervisión de las Naciones Unidas y la
Organización Panamericana de la Salud. Poner el tema de erradicación voluntaria
en las Mesas de Terminación del Conflicto como medida de apoyo de las FARC-EP y
ELN en el desmantelamiento del narcotráfico. Apelar a la Responsabilidad
Internacional Compartida para articular socialmente la erradicación voluntaria
con fórmulas productivas, de Comercio Justo y financieramente autosostenibles en
el largo plazo.