EDITORIAL

EXIGIMOS QUE CESEN LAS FUMIGACIONES


MM Moreno 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversas convenciones ambientales internacionales apelan al respeto por la vida y el medio ambiente. La primera Revolución Verde de los años 1970 trajo consigo los pesticidas y vino a reemplazar las prácticas agrícolas tradicionales de millones de campesinos. Después de 30 años de uso intensivo, son numerosos, variados y exhaustivos los estudios que demuestran que el uso de pesticidas genera desequilibrios en la salud, en fuentes de aguas y suelos. En países en condiciones de estabilidad democrática, el uso indiscriminado de pesticidas, dados los conocimientos científicos existentes, es un atentado en contra de la salud pública y es cada vez menos frecuente. En condiciones de guerra declarada −como es la meta fijada de matar la coca para acabar con ‘el terrorismo’− la fumigación aérea con mezclas químicas de las tierras en las que viven millones de campesinos y de las que vivimos los colombianos, es un acto de guerra en contra de la población civil.

 

Desde hace 25 años, ciudadanos preocupados han levantado la voz de alerta sobre los riesgos de las fumigaciones. En Colombia, las fumigaciones aéreas con químicos comenzaron con Paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta en contra de los plantíos de marihuana en 1978 y, como previsto, los cultivos se trasladaron. Entre otras, hacia los Estados Unidos, adonde la fumigación aérea con químicos para acabar con la marihuana fue, rápidamente abandonada. Sin embargo, es este mismo país el que apoya con sus fondos y logística −por encima de toda consideración humanitaria− esta medida química desde hace 25 años en Colombia.

 

El panorama es más que desconsolador y Uribe desconoce la ley cuando sin la menor dignidad, desacató en el 2003 el fallo del Tribunal de Cundinamarca de suspender temporalmente las fumigaciones en espera de estudios científicos y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Ha procedido más bien a desarticular todas las instituciones ambientales del Estado, que lo podían aconsejar. 

La Administración Uribe alega que el 87% de los pesticidas son utilizados en la agricultura tradicional. El hecho es que, aunque esto tampoco es saludable, el glifosato en la agricultura tradicional no se mezcla por lo general con otros químicos y asperja desde elevadas alturas varias veces sobre el mismo campo y, en ocasiones, precedido por medidas de guerra. Los niños de Colombia que nacen y crecen bajo esta lluvia química seguramente sufrirán para siempre las consecuencias. La fumigación desplaza a los campesinos de sus hogares y las personas desplazadas por las fumigaciones quedan sin recurso pues, de reconocer el gobierno que la fumigación es causa de desplazamiento, también tendría que reconocer que está aplicando medidas de guerra (química) en contra de sus gentes. Asimismo fumigando y desplazando se concentra la tierra en una contra-reforma agraria que no puede sino debilitar aún más la nación.

Los testimonios están, falta que se escuche y apoye a los afectados. El gobierno de Lucío Gutíerrez ha sabido responder a defensores de derechos humanos sobre lo daños ocasionados por las fumigaciones.  En un país en el que la gente poco se queja, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha registrado entre 1999 Y 2003 en sólo el Guaviare, Putumayo y Caquetá más de 8000 quejas de ciudadanos perjudicados por las fumigaciones. Tanto la Defensoría del Pueblo de Colombia como la Contraloría han prevenido al gobierno sobre la irresponsabilidad, dudosa eficacia e ilegitimidad de esta medida. Actualmente, el Consejo de Estado debe definir sobre la apelación del gobierno al Fallo del Tribunal de Cundinamarca de suspender temporalmente las fumigaciones.

 

Después de desistir a finales de marzo del 2004 de fumigar las 5,000 hectáreas de cultivos a uso ilícito (Ver Sandra Suárez en el Tiempo marzo 25 del 2204) en los Parques Naturales Nacionales (un sistema de casi 10 millones de hectáreas), hoy por hoy el Estado considera nuevamente la posibilidad de utilizar el imprevisible hongo Fusarium y ya están fumigando el territorio en la Sierra. Tiera de biodiverdisad en la que convergen el Parque Natural Nacional Tayrona y el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, esta ha sido declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO. Surgen dudas sobre las razones de fondo para arriesgar nuestra tierra de esa manera. ¿Cuál es la vocación agrícola de esta Administración? El Vice Ministro de Medio Ambiente habla de canje ambiental. Habría primero que pensar en cuántos litros de pesticida más le piensan echar a esa tierra que están ofreciendo y que hongo loco le piensan inyectar.

 

Entretanto, van imponiendo los Organismos Genéticamente Modificados -OGM (ya con pesticidas como el glifosato incorporado). Estos presagian −por el camino de los agroquímicos y semillas modificadas de compra obligatoria− acabar totalmente con la agricultura tradicional sin que aún tengamos un panorama completo de nuestra riqueza.  De seguir las fumigaciones, posiblemente sólo crecerán los OGM resistentes al glifosato cuyas semillas compraremos a la Monsanto a quien seguramente también le compramos el glifosato.

 

En los Estados Unidos numerosos congresistas se han pronunciado en contra de esta medida de fumigación aérea en el marco de la guerra y, en Europa, el Parlamento Europeo también ha manifestado su desaprobación de que se fumigue los cultivos de desarrollo alternativo financiados por ellos y otros.

 

En una iniciativa que convocó a 135 de los ¿?? Congresistas colombianos, los Senadores Jorge Robledo y Jumí y el Representante Pedro Arenas, entre otros,  renovaron iniciativas parlamentarias por que se debatiera públicamente la aplicación de la medida de fumigación. Se observa la necesidad de transparencia, y mayor participación del Congreso, en las decisiones sobre fumigaciones. Actualmente el Estado colombiano se propone estudios científicos sobre los daños ocasionados por las fumigaciones; la legitimidad de estos depende de su transparencia ante el gran  público y validez científica.  Afirman reconocidos ambientalistas que las fumigaciones aéreas con glifosato reforzado están induciendo la destrucción de uno de los países más biodiversos del mundo cuyas fuentes de aguas son una riqueza mayor que el tan codiciado petróleo. Sostiene la Administración que la contaminación ocasionada por los precursores utilizados para fabricar la cocaína justifica la fumigación. Patinando en el círculo vicioso de política de tierra quemada—cultivos-fumigación-desplazamiento cultivos-fumigación [1] el Estado colombiano se muestra incapaz de generar, o escuchar, salidas. Antes que nada, el gobierno debe cómo mínimo aplicar el Principio de Precaución mientras mide los previsibles desastres ambientales y humanitarios generados por la Guerra de la Droga a la colombiana, con endeudamiento y decisiones ajenas.

 

Esta edición de Mama Coca busca dar eco a las voces que se levantan desde nutridos y diversos sectores en contra de las fumigaciones aéreas con químicos para la erradicación de plantas como la marihuana, la coca y la amapola. 

El Foro Andino Amazónico (enlace) se ofrece como un espacio de deliberación sobre el derecho de la Tierra y sus cultivadores, la guerra a las drogas, la guerra a la coca y la paz. Las organizaciones sociales y federaciones de cultivadores unidas en este foro deseamos convocar la presentación de vídeos, documentación, productos y su presencia en Popayán septiembre 15-19 del 2004.

 

[1] Informe Inderena 1986

 

 

 


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