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M A M A C O C A |
La iniciativa del primer Pacto Social de Desarrollo Alternativo
yErradicación Voluntaria arrancó en 18 veredas del corregimiento de
Santanaen el municipio de Puerto Asís. Un escenario particularmente complejo,
puesallí confluye la presencia e influencia de la Brigada 24 del Ejército
Nacional,las Autodefensas
La experiencia tiene el valor de haber emergido como una iniciativalocal,
habiendo espacio y disponibilidad de la gente para participar en el
procesode análisis y formación de criterios en torno a las condiciones
mínimas que debería contemplar un modelo deorganización y gestión viable y
sostenible para abandonar definitivamentela dependencia económica de
A partir del procesamiento y análisis de esta información se discutió
yestructuró conjuntamente una propuesta de organización comunitaria encargada
deestablecer una comercializadora de doble vía que provea insumos agropecuarios
ybienes básicos a los campesinos y a la vez comercialice los productos
agropecuariosobtenidos por los productores asociados al pacto. Se propuso
además que estaorganización inicialmente denominada
Dentro de esta propuesta estos recursos no serían reembolsados alEstado,
pero la comunidad se comprometería a acordar
« ...mecanismos
yprocedimientos de retorno de los recursos desde el productor a la
AsociaciónCampesina, por considerarse favorable que se creen fondos
rotatorioscomunitarios que apoyen necesidades del conjunto de productores.»[1].
Dentro de esta propuesta estos recursos no serían reembolsados
alEstado, pero la comunidad se comprometería a acordar
« ...mecanismos
yprocedimientos de retorno de los recursos desde el productor a la
AsociaciónCampesina, por considerarse favorable que se creen fondos
rotatorioscomunitarios que apoyen necesidades del conjunto de productores.»[2].
Adicionalmentela
comunidad se comprometería a través de esta Asociación a organizar unproceso
interno de priorización de proyectos viales, educativos, de
salud,electrificación, saneamiento básico y medio ambiente a partir de
iniciativasidentificadas en cada vereda, para luego ser presentadas al Gobierno
nacionalpara su financiación. Finalmente la propuesta fijó como “componente
principal”para garantizar la viabilidad de esta visión el compromiso del Estado
deprestar el servicio asistencia técnica y capacitación de forma permanente a
laorganización en aspectos como análisis, proyección y planificación de
proyectosproductivos y comerciales, la administración de la organización, el
manejo derecursos, así como la veeduría, control, seguimiento y evaluación de
loscompromisos contemplados por el pacto.
Para la coordinación de la ejecución de los compromisos pactados
secontempló constituir un Comité Coordinador integrado por representantes de
lacomunidad, representantes de la administración municipal, representantes
delGobierno nacional y representantes
dela “entidad administradora de los recursos”, el cual se reunirá cada dos
mesespara evaluar los avances del pacto. También definió realizar en
fechasestablecidas “asambleas de beneficiarios” para la verificación del
cumplimientode los compromisos de las partes y el avance en la ejecución de los
proyectos.Finalmente se propuso el establecimiento de una veeduría en cada
vereda que presentaríainformes mensuales a una veeduría corregimental, y
adicionalmente, ladesignación de un representante de lacomunidad internacional que participe“como veedor del proceso, para
lo cual presentará informes trimestrales sobrelos resultados del mismo, para
que sus resultados sean difundidos en el ámbitonacional.
En el mes de agosto, cuando se planteó la preparación de esta
propuestaconjuntamente entre la administración municipal y las comunidades de
Santana,el Gobierno nacional se mostró escéptico. Fijó un límite máximo de
doshectáreas de cultivo de coca para las familias que fueran admitidas dentro
deestos pactos, un aporte máximo de Col $2 millones (US $ 880-950) por
familiapara financiar los proyectos de seguridad alimentaria de corto plazo, y
unplazo máximo de un año para erradicar completamente los cultivos ilícitos
delcorregimiento. Finalmente dio un plazo de 2 meses para que la definición de
losproyectos para la sustitución de cultivos. Mientras tanto continúo
ventilandopor los medios masivos el criterio que los habitantes del Putumayo
son en un60% delincuentes cultivadores de coca y el 40% restante cómplices que
vivenindirectamente del negocio ilícito. Dentro de este discurso, la fumigación aérea indiscriminada
sejustificaba como una medida de
policíarepresiva necesaria para imponer el cumplimiento de disposiciones
legales quepenalizan la actividad de cultivos ilícitos.
Sin embargo, en Octubre después de la reunión internacional de
CostaRica y ante la debilidad exhibida
porel Gobierno para atender el ‘paro armado’ impuesto por las FARC desde el mes
deseptiembre en Putumayo, hubo un cambio de actitud ante la propuesta de
los‘pactos sociales’. El Gobierno nacional se percató que comenzar
A principios de diciembre en una ceremonia con gran cubrimiento
ydespliegue por los medios masivos, el Gobierno nacional, el Gobierno
Municipaly representantes de las veredas del Corregimiento de Santana
suscribieron unpacto reconociendo un documento con compromisos acordados en una
reuniónprevia. Entre esos compromisos el Gobierno nacional no especificó las sumas
quedestinará al cumplimiento de aquellos que quedaron a su cargo, distinta a
losCol $2 millones por familia para los proyectos de seguridad alimentaria,
ytácitamente admitió al pacto familias hasta con tres hectáreas de coca.
Seacordó un plazo máximo de 6 meses a partir del firma del pacto para el ajuste
einicio de la ejecución de los proyectos productivos generadores de ingreso
enel mediano y largo plazo.
En cuanto al plazo para la erradicación total de los cultivos
ilícitosse mantuvo el término de 12 meses a partir del desembolso de los
recursos paralos proyectos de seguridad alimentaria de corto plazo, con la
siguientesalvedad:
« En la
eventualexistencia de dificultades en torno al normal desarrollo del procesos
deejecución de recursos y proyectos, la comunidad y el Estado podrán estudiar
ensu momento la ampliación del plazo de erradicación, en períodos iguales a
losde dichas interrupciones.»[3]
El Gobierno nacional por su parte incluyó la siguiente precisión
acercade la erradicación voluntaria
decultivos ilícitos:
« Si surtidos los procesosde
financiación y acompañamiento en que se compromete el estado, en los
tiemposacordados con los pobladores, no desaparece el cultivo ilícito, el
gobiernodeterminará la forma de erradicación de esta actividad. En los casos de
veredasen que la mayoría de los productores se vinculen al PACTO SOCIAL POR
ELDESARROLLLO ALTERNATIVO el gobierno buscará formas distintas a
lafumigación aérea para lograr el objetivo de erradicación del cultivo de
coca,con aquellos agricultores que no suscriban el presente pacto o no cumplan
conlos compromisos de erradicación voluntaria »[4]
Del manejo ambiguo que el Gobierno Nacional quiere hacer del problema de los cultivos
ilícitos en zonascontroladas por los grupos alzados en armas, se desprenden
unas condiciones devulnerabilidad física y económica intolerables para la
población civil comprometida por los
‘pactos’. Fija plazospara la erradicación de cultivos ilícitos
independientemente de la realidad delconflicto armado que se desarrolla en esas
mismas zonas, con lo cual trasladaal manejo de los cultivos ilícitos la misma
condición del proceso de paz: debecumplirse en medio del fuego y las
hostilidades. El cumplimiento de
esos mismos plazosconvierte a la población y su patrimonio en objetivo de las
hostilidades de losgrupos alzados en armas que confrontan militarmente al
Gobierno en escenariosque tienen contacto con la zona de ‘pactos’.
Adicionalmente el GobiernoNacional deposita la toma de decisiones y las
intervenciones operativasasociadas con el gasto público en la zona en el mismo
arreglo institucional yeconómico que en el pasado sólo ha sido funcional para
el florecimiento yexpansión de los cultivos ilícitos. ¡Y para rematar, exhorta
a las comunidadespara que en estas condiciones fortalezcan sus organizaciones
civiles y consoliden relaciones de
confianza con elGobierno Nacional!!
Así las cosas, nadie puede extrañarse si ante las primeras
dificultadesque se presenten en el proceso, las comunidades que suscribieron
pactos con elGobierno Nacional llegan a
conjeturarque una vez más han sido embaucada. Y más preocupante aún, de ser
este eldesenlace trágico de un nuevo intento de solucionar el problema, quedará
comoun hito más para reforzar la voluntad de lucha de los alzados en
armassoportado en el discurso de resentimiento profundo contra la sociedad
civil ysus instituciones. De este modo la experiencia puede convertirse en unajustificación
más para el argumento militarista que sostiene como únicaposibilidad de
establecer un orden más justo y eficaz la de implantar unaestructura de mando
militar dictatorial, precisamente porque las estructurasinstitucionales civiles
han demostrado con reitero su incapacidad parahacerlo.
En la medida en que este razonamiento cunda y se adueñe de la
percepcióny la convicción del grueso de la población en las zonas de cultivos
ilícitoscontroladas por grupos alzados en armas, la política del Plan Colombia
habráalcanzado su propósito: alentar la ilusión generalizada, tanto entre
losactores armados como en la población civil, que la solución definitiva
alconflicto colombiano es militar, y así escenificar condiciones para una
guerracivil abierta y cruenta.
En las condiciones actuales en que se encuentra el conflictocolombiano,
no es previsible que pueda atacarse el problema de los cultivosilícitos en
zonas controladas por los alzados en armas sin escalonar elconflicto. Mientras la doctrina delconflicto de baja
intensidad continúe informando los
criterios y percepciones de los actoresmilitares involucrados en el conflicto,
no hay condiciones elementales deseguridad para reconvertir la actual base
productiva de cultivos ilícitos queexiste en estas zonas: a medida que se
intensifica el conflicto y el nivel de turbulencia, las condiciones
sólofavorecen al negocio ilícito el cual ha demostrado ser funcional y capaz
deoperar rentablemente en términos financieros en estas condiciones de
turbulenciaextrema.
Por eso mientras persista la convicción en la efectividad de
estadoctrina, no es recomendable crear expectativas entre la población directamenteinvolucrada
con los cultivos ilícitos que el problema sea susceptible de serresuelto ‘en
medio del fuego y las hostilidades’, por más que el Gobierno Nacional se empeñe
enanunciar inversiones en infraestructura y proyectos productivos. Confranqueza
debe reconocerse que para reconvertir una base económicaexitosamente, el
propósito de la conversióntiene que ser
consistente con las condiciones imperantes que requieren seratendidas por la
nueva base productiva. Reconvertir una economía para lucharuna guerra en
tiempos de prosperidad general y paz imperturbada es tanimprobable como
reconvertir una economía para la prosperidad y la paz generalen medio de un
conflicto como el colombiano.
La conversión productiva de zonas de cultivos ilícitos controladas
porgrupos alzados en armas requiere de por lo menos las siguientes condiciones:
R
que llegue uncese al fuego y de hostilidades
observado por los actores en armas con el ánimode dar la oportunidad para que
se consoliden otros mecanismos distintos a losmilitares para avanzar en la
negociación pacifica del conflicto colombiano; y
R
que la conversiónproductiva se plantee dentro de una
política explícita y francamentecomprometida con el propósito de establecer un
proceso innovador basado en elaprendizaje práctico, local ysistematizado en torno a nuevos modelos de
gestión de los recursos políticos,jurídicos, institucionales y económicos
disponibles – no sólo para erradicar
cultivos ilícitos – sino para modificarlos condicionantes estructurales que han
mantenido en el marginamiento a lapoblación ancestralmente desplazada a las
fronteras agropecuarias del país.
De todos es sabido que la primera de estas condiciones no está
dentrodel resorte ni del Gobierno Nacional ni de las comunidades dispuestas
asuscribir los ‘pactos sociales’. También es claro que mientras el
GobiernoNacional mantenga la decisión de utilizar su política para el manejo
delproblema de los cultivos ilícitos como un instrumento táctico en
suconfrontación militar contra los grupos alzados en armas, tanto la vida como
elpatrimonio de las personas que suscriban los pactos sociales quedan
gravementeamenazados de ser blanco de hostilidades por parte de los grupos
alzados en armas que operan enzonas contiguas a las áreas cobijadas por los
pactos sociales.
Por lo tanto, en reconocimiento franco y abierto de estas
circunstanciasparticulares, los pactos sociales suscritos deben incorporar por
lo menos lassiguientes garantías para las comunidades que manifiesten su
voluntad paradejar de manera definitiva de depender económicamente de los
cultivos ilícitos:
En las zonas donde están localizadas las comunidades dispuestas
asuscribir ‘pactos sociales’ con el Gobierno Nacional, es improbable que
puedanestablecerse dispositivos de seguridad que garanticen la integridad
física delas personas y su patrimonio, salvo su traslado físico a
instalacionesprotegidas con medidas de seguridad militar. Ante la eventualidad
de amenazasgraves de hostilidades por parte de los grupos alzados en armas, la
poblaciónsuscriptora de los ‘pactos sociales’ debe contar con la garantía de
serevacuada de la zona y tener acceso a los servicios y la atención
establecidapor la ley 387 de 1997 para victimas de desplazamiento forzoso. Sin embargo, esa misma ley excluye de
ladefinición de desplazado a quienes sean forzados a esta condición
comoconsecuencia de su vinculación a actividades delictivas.
En vista que la suscripción de los pactos por las familias que secomprometen
a erradicar constituye un reconocimiento expreso de su condición dedelincuente
tal como lo califica la ley penal, los
pactos sociales deben estar respaldados por una norma legalque
descriminalice a los cultivadores de ilícitos que se acojan a ellos.Este
será un gesto persuasivo de la voluntad del Gobierno Nacional deestablecer
relaciones de confianza con quienes suscriben los ‘pactos sociales’.
Las reacciones de grupos alzados en armas observadas en el
Putumayodesde cuando se anunció el inicio de operaciones del Plan Colombia han
sido elescalonamiento en la intensidad del conflicto armado y la paralización
de laactividad comercial en el Departamento, particularmente en zonas de donde
haypresencia de cultivos ilícitos. No hay ninguna fuerza persuasiva tras
laspromesas de inversión del Gobierno en el cortísimo plazo ni su exigencia de
quelos suscriptores de los pactos abandonen su principal base ingresos
monetariosen el mismo plazo, cuando se prevé que el fuego y las hostilidades
seintensificarán en áreas físicamente contiguas a las zonas cobijadas por
lospactos sociales. Por lo tanto los ‘pactos sociales’ deben crear y
asignarrecursos para la operación en el ámbito local y regional de mecanismos
demonitoreo y seguimiento de las condiciones del conflicto y su impacto sobre
laactividad económica y el funcionamiento de los distintos mercados, para
conbase en su evolución armonizar las condiciones de los compromisos
pactados por cada una de las
partes.
No hay tampoco mucha fuerza persuasiva tras el modo con que el
GobiernoNacional asignó un monto de inversión pública para la conversión de la
base decultivos ilícitos de la economía del Putumayo, sin disponer de un
análisisgeneral de preinversión que sustente el monto mínimo crítico requerido
paraeste propósito y una propuesta para su asignación prioritaria. Ese modo de proceder no
rectifica de manera algunael modelo que en el pasado ha gobernado la inversión
pública en elDepartamento, y que el mismo Gobierno Nacional criticó
recientemente ante elCongreso de
La incorporación de las condiciones anteriores a los términos de
los‘pactos sociales’ conducen de manera inevitable a contemplar una condición
adicionalen relación con el horizonte de tiempo fijado para la erradicación de
loscultivos ilícitos por parte de las familias que suscriban los pactos. Si
sereconoce con franqueza que en el escenario de intensificación del
conflictoarmado que vive el Putumayo los riesgos relacionados con nuevas
inversiones decualquier naturaleza son inmanejables, y que a su vez, se
requiere de por lomenos un año para el proceso de aprestamiento,
establecimiento y consolidaciónde un modelo innovador de gestión institucional
y social para la conversiónproductiva del Departamento – el cual pasa por la
reorganización del proceso deplanificación y ordenamiento territorial y
ambiental en curso –, entoncesobligatoriamente es preciso flexibilizar los
plazos acordados para laeliminación total y definitiva de los cultivos ilícitos
de las familias quehan suscrito los pactos, y que representan la base de sus
ingresos monetarios.
Los compromisos adquiridos con las metas fijadas para la reducción
deáreas de cultivo al 50% de su extensión actual establecen un horizonte de
5años para lograrlo, por lo cual estos compromisos no son un motivo que
impidanampliar los términos de los pactos sociales hasta ese plazo si así lo
requierenlas circunstancias. La complementación de los ‘pactos sociales’ con
losmecanismos de monitoreo y seguimiento y un modelo de gestión innovador como
losaquí propuestos, de por sí generarán información específica y detallada
quepermitirá al Gobierno Nacional mantener control de cerca de los avances y retrocesosdel
proceso, lo cual a su vez reducirá la incertidumbre que en un principiopudo
aconsejarle imponer el plazo de un año. Disponiendo el escenario paraque el
proceso opere en condiciones deplena
información y transparencia en las decisiones, no hay por qué dudar que la incertidumbre
sereducirá en la misma proporción en que se estrechen las relaciones de
confianzaentre Gobierno y comunidades suscriptoras de los pactos sociales.
Los ‘pactos sociales’representan
una oportunidad importante para que tanto el Gobierno comocomunidades se
demuestren que hay modos pacíficos y efectivos de consolidarrelaciones de
confianza entre ambos, y avanzar en la resolución organizada deproblemas
difíciles y recalcitrantes como lo es el de los cultivos ilícitos,aún en
condiciones adversas del Putumayo de hoy. El compromiso de las partescon un
clima de apertura y disposición franca para lograr este cometido,modificando
los condicionantes que sean necesarios y reconociendo los errores ylimitaciones
que haya que corregir, es la principal garantía de que el procesode los ‘pactos
sociales’ logren llegar a este resultado.
Un proceso complejo y difícil como este requiere del estimulo y
laretroalimentación continuos, a fin de generar un ambiente positivo y
favorable para afianzar el sentido de pertenencia e identidad de todas las
partes conlos propósitos y resultados que se buscan alcanzar con su esfuerzo
ycompromiso. El refuerzo de estas actitudes entre quienes se involucren en
elproceso requiere por lo tanto que los ‘pactos sociales’ creen y
aportenrecursos para operar mecanismos de divulgación e información acerca
de lospropósitos que animan a quienes participan en él, así como de los avances
yretrocesos que registre, y las lecciones y aprendizajes prácticos que
sederiven de su ejecución que son aplicables para su mejoramiento continuado.
Además con la incorporación deun
mecanismo de esta naturaleza en su estructura operativa, los ‘pactossociales’
disponen de un instrumento invaluable para fomentar condiciones demayor
estabilidad y seguridad para el proceso, y prevenir y neutralizar el armade la
propaganda y la desinformación manejada con propósitos militares por losactores
armados a fin de atemorizar, confundir e inmovilizar a
Mocoa, Diciembre de 2000
Favor
compartir esta información y ayudarnos a divulgarla citando a Mama Coca
[1] Documento Pacto social por el desarrollo alternativo –Corregimiento de Santana, Puerto Asís, Putumayo Diciembre 2 de 2000 pg. 4/13.
[2] Documento Pacto social por el desarrollo alternativo –Corregimiento de Santana, Puerto Asís, Putumayo Diciembre 2 de 2000 pg. 4/13.
[3] Ibíd. pg. 11/13
[4] Ibíd. pg. 6/13