FECHA:          10 de Abril, 2002

PARA:            Asistencia a Políticas Extranjera

DE:                 Kimberly Stanton, RFK Memorial

Lisa Haugaard, Latin America Working Group

Betsy Marsh, Amazon Alliance

Adam Isacson, Center for International Policy

REF:               Cumplimiento con las Condiciones de Fumigación en la Iniciativa Antidrogas Andina

Las condiciones de fumigación que el Congreso incluyera en la L.P. 107-115, el acta de asignaciones extranjeras para el AF 2002, tenían intención de atender la creciente preocupación que impera en cuanto a las repercusiones que la fumigación aérea tiene sobre la salud y el medio ambiente, y para asegurar que se logre encontrar un equilibrio entre la ayuda para el desarrollo alterno que se presta a los pequeños agricultores y los métodos sancionadores de fumigación.[1]  Tal y como lo demuestra el análisis que consta a continuación, ni una sola de las condiciones de fumigación está cerca de ser cumplida por la Administración y el gobierno Colombiano:

• Aunque ha sido imposible confirmar fehacientemente cuál es la mezcla química que está siendo rociada, la información con la que contamos indica que su uso no cumple con los controles reguladores de la EPA. No han sido presentados los estudios de toxicidad implicados en el impacto que la mezcla química que está siendo fumigada tiene sobre humanos y la ecología bajo las condiciones a las que se ve expuesta Colombia.

• No existen datos básicos en Colombia que permitan evaluar las repercusiones que las fumigaciones tienen sobre la salud o el medio. No se han vislumbrado ni se han planificado estudios epidemiológicos que rastreen el impacto a lo largo del tiempo.

• La fumigación ha sido llevada a cabo sin tomar en cuenta los requisitos legales y levanta serias inquietudes constitucionales. 

• No se ha proporcionado compensación alguna a los pequeños productores cuyos cultivos legales han sido destruidos por la fumigación. 

• No existe mecanismo alguno que permita evaluar los reclamos de daños a la salud humana.

• No existe vínculo alguno entre la fumigación y el diseño o ejecución de programas de desarrollo alterno. 

Pese a estos hechos, la Administración planea ampliar aceleradamente la fumigación para incluir 150.000 hectáreas este año y 200.000 en 2003 (compárese con 94.000 hectáreas en 2001) y ha señalado su intención de retroceder en escala los esfuerzos alternos de desarrollo. Con toda probabilidad estas decisiones exacerbarán aún más la crisis humanitaria que se vive en Colombia.

A continuación se profundiza en estos hallazgos. Sírvase contactarnos con cualquier pregunta o aclaración que tenga, a su entera conveniencia.

1.      La fumigación está siendo llevada a cabo de acuerdo con los controles normativos de la EPA y las Leyes Colombianas.

A fin de conocer si es que la fumigación cumple con los controles normativos especificados en las etiquetas del producto registrado por la EPA precisamos saber cuáles son los químicos que están siendo fumigados en Colombia y en qué concentraciones.  Pero los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombiano han proporcionado información incompleta y conflictiva respecto de los herbicidas que están siendo utilizados.  Parece ser del caso que los aviones están utilizando en sus aspersiones una mezcla que incluye una solución al 44% de herbicida con fórmula de glifosato, 55% de agua y 1% de Cosmoflux, un surfactante adicional, y que 10.4 litros (2.75 galones) de esta mezcla se fumigan por hectárea de cultivo de coca. Sin embargo, existen cuentas que entran en conflicto con respecto a si el producto formulado que se está utilizado corresponde a Roundup Ultra, Roundup SL, o alguna otra fórmula, y si es que los cultivos de coca y amapola están siendo fumigados con la misma mezcla y concentración.[2]  La composición química de Cosmoflux tampoco está disponible, basándose en el argumento de que constituye información bajo propiedad intelectual. Sin esta información es imposible conocer con certeza si es que los requisitos de la EPA están siendo satisfechos.

Si el producto formulado corresponde a Roundup SL, es muy reciente la aprobación para el uso de este producto en los Estados Unidos, pero no para fines agrícolas.  Existe alguna inquietud respecto al registro de este producto debido a que el fabricante, Monsanto ha declarado que no tiene intención de comercializar el producto en los EEUU.[3] Además, tan recientemente como noviembre de 2000, la EPA en los EEUU enjuició y exitosamente condenó a Larry Johnson de Montana por haber importado ilegalmente Roundup SL (en ese entonces vendido en el exterior como Roundup Export) “la venta del cual está prohibida en los Estados Unidos debido a que puede ocasionar daños oculares severos e irreversibles.”[4]

Si el producto formulado corresponde a Roundup Ultra, la mezcla de fumigación que se utiliza en Colombia es tanto más concentrada como aplicada en dosis mayores que los niveles máximos recomendados por el fabricante, según instrucciones de la etiqueta para uso en los EEUU.  La mezcla de fumigación para Colombia contiene 44% de Roundup Ultra por volumen,[5] mientras que la etiqueta para uso en los EEUU para Roundup Ultra permite concentraciones de 1.6% a 7.7%[6] para la mayoría de los usos, y como máximo, una concentración del 29%. La etiqueta de EEUU indica que en la mayor parte de las condiciones, la aplicación aérea no deberá exceder de 1 litro (quart) por acre del producto formulado.[7] En Colombia, la tasa corresponde a casi 4 ½  veces esa cantidad.[8]

Los requisitos de etiqueta parecen haberse excedido bajo las condiciones de uso en Colombia así como también en otras instancias. La etiqueta para Roundup Ultra especifica que los usuarios “no deberán aplicar este producto de manera que entre en contacto con quienes las apliquen u otras personas, ya sea directamente o acarreado por el viento. Unicamente quienes lo manejen y estén debidamente protegidos podrán permanecer en la zona durante su aplicación.[9]”  Sin embargo, los habitantes locales no han sido informados respecto de las fumigaciones planificadas y podrían encontrarse en la zona donde se aplican los herbicidas.

Las etiquetas de los EEUU tanto para Roundup SL como para Roundup Ultra precisan que el producto “no sea aplicado directamente al agua, [ni] a zonas donde se encuentre presente agua” y el usuario debe adoptar medidas específicas de precaución para evitar el acarreo por el viento.[10]  No contamos con suficiente información que nos permita evaluar las medidas idóneas que han sido adoptadas para cumplir con estos requisitos de la EPA; es decir información sobre la escala, nivel de detalle y exactitud de mapas utilizados para identificar las zonas objetivo, rangos y condiciones de vientos y alturas bajo las que se aplica el herbicida, zonas mínimas de protección entre las zonas objetivo y los cuerpos de agua, etc.  Sin embargo, existe información substancial que indica que los cuerpos de agua, zonas agrícolas y tierras destinadas a otros usos están siendo fumigados.[11] 

La legalidad de la fumigación bajo las Leyes Colombianas ha sido reiteradamente cuestionada.  A lo largo del año 2001 varios funcionarios gubernamentales de Colombia, incluyendo el Portavoz Público, el Contralor General y un grupo de 22 Senadores y Congresistas Colombianos, identificaron que los pre-requisitos legales que no habían sido cumplidos al iniciar las fumigaciones incluían:

·        Ausencia de planificación para el manejo ambiental de estas zonas que serían fumigadas.

·        Segmentos de la Resolución No. 5 del 2000, por parte del Consejo Nacional Anti-narcóticos, no habían sido llevados a ejecución, incluyendo los requisitos de referencia geográfica para todos los proyectos de desarrollo y para definir un procedimiento que permita manejar quejas debidas a fumigaciones.

·        Falta de coordinación entre las agencias responsables, y la incapacidad del Ministerio de Salud para llevar a ejercicio la autoridad de supervisión que le compete bajo la Ley.

A finales del año pasado, se emitió por fin un plan de manejo ambiental, y estamos tratando de obtener una copia con el propósito de evaluar el cumplimiento que se ha dado a estas disposiciones.  En Agosto del 2001 el Portavoz Público concluyó que la referencia geográfica que existía era inadecuada para identificar aquellos eco-sistemas y demás áreas que se ven expuestas y que deberán recibir tratamiento especial.[12] Aunque recientemente se ha establecido un procedimiento para la presentación de quejas, éste no funciona eficazmente (refiérase a los detalles que constan más adelante).  La falta de coordinación entre las agencias del gobierno Colombiano no ha sido rectificada.

Las leyes Colombianas son inconsistentes con respecto a la condición de los pequeños productores de coca, quienes son responsables por tanto como el 60 por ciento del total producido.[13]  Según la Ley 30 de 1986 y el Código Penal, cualquier persona que posea más de veinte plantas está sujeto a pena criminal. El Consejo para Políticas Económicas y Sociales, el Departamento Nacional de Planificación y el Plan Colombia definen como pequeños productores a aquellos que cuentan con menos de tres hectáreas, mientras que para Plante el punto de corte puede corresponder hasta cinco hectáreas.[14]  Estas inconsistencias, y el hecho de que los pequeños productores también constan identificados en los documentos de planificación nacional como población objetivo dentro de programas de desarrollo alterno, podrían afectar las sentencias judiciales respecto a la legalidad de fumigar este sector.

Finalmente, y según el Portavoz Público, la fumigación viola varios de los principios constitucionales.[15]  El primero de tales principios es el de precaución que constituye el meollo del derecho a disfrutar de un ambiente saludable, garantizado por la Constitución Colombiana. Este principio, que también se encuentra previsto en la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, y codificado en la Ley 93 de Colombia promulgada en 1994, dispone que en caso de duda en cuanto a la vulnerabilidad del ambiente y su deterioro durante la aplicación de una política específica, los efectos de dicha política deberán limitarse, de lo contrario no podrá llevarse a ejecución.  Segundo, el Estado tiene una obligación constitucional de armonizar sus políticas:  el Estado no puede destruir el ambiente so pretexto de combatir el crimen. Tercero, la constitución estipula que el Estado propenderá a que exista una igualdad efectiva y adoptará medidas que favorezcan a grupos discriminados o marginados.  Aún así, la fumigación se encuentra afectando en desproporción a las poblaciones indígenas, Afro-Colombianas y comunidades de campesinos pobres.  Estas cuestiones constitucionales todavía no han sido escuchadas por las cortes Colombianas, pero puede esperarse que se presenten casos de prueba.  

2.  Los químicos empleados en las fumigaciones aéreas, de la manera cómo están siendo aplicados, no plantean riesgos irrazonables ni efectos adversos a los seres humanos o al ambiente.

Basándonos en la información de que disponemos, es imposible conocer con certeza  cuáles son los riesgos que los químicos que están siendo fumigados en Colombia plantean a los seres humanos y el medio ambiente.  Ni el Gobierno de los Estados Unidos ni el Gobierno de Colombia han presentado una evaluación adecuada de los posibles impactos para la salud humana y la ecología a causa de las mezclas formuladas que están siendo fumigadas bajo las condiciones de exposición directa que tienen lugar en Colombia. El Departamento de Estado ha solicitado que se practiquen evaluaciones de toxicidad para tres distintas fórmulas de herbicidas pero los resultados todavía no han sido presentados. 

A Noviembre del 2001 no se contaba con sistemas que ayuden a hacer un seguimiento de los efectos ecológicos o sobre la salud como resultado de las fumigaciones[16] ni tampoco existen datos básicos en Colombia que coadyuven a evaluar el impacto que la fumigación haya tenido sobre la salud o el ambiente.  No se ha identificado estudio alguno que demuestre la seguridad para la salud humana y el ambiente con el tiempo, a causa de esta combinación de químicos, y por la manera como están siendo aplicados. 

Aún así la etiqueta para estos productos indica que Roundup Ultra causa “irritación de los ojos,” y Roundup SL causa “daños oculares irreversibles, [es] dañino si se lo traga o inhala, [y] podría ocasionar irritación de la piel.” En situaciones en las que las personas no han sido informadas de cuándo se van a producir las fumigaciones y por ende no portan la ropa de protección que se precisa que vistan los trabajadores que aplican pesticidas en los EEUU, podemos esperar la exposición directa a los herbicidas. También ha habido numerosos informes de enfermedades asociadas con la exposición a fumigaciones químicas, tales como lesiones a la piel y urticaria, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas y conjuntivitis.[17]  Aunque los estudios llevados a cabo en Colombia sí indican un posible impacto sobre la salud humana a causa de la fumigación, [18] el Departamento de Estado nos ha dicho que no se están llevando a cabo en la actualidad estudios ulteriores, ni se los ha planificado a futuro por el momento.

El Departamento de Estado ha asegurado que la fumigación de herbicidas por aire no ocasiona daños a la salud humana, pero los tres estudios utilizados ara apoyar tales declaraciones no presentan evidencia científica confiable en el sentido de que la fumigación es segura para la salud humana. El primer estudio de salud es irrelevante porque no considera las repercusiones que la fumigación realizada para erradicar las plantaciones de coca han tenido, sino más bien se centra en los impactos originados en el programa de erradicación de la amapola que ofrecen menos riesgo – las soluciones de herbicidas utilizadas para el control de la coca son nueve veces más concentradas que aquellas que se utilizan para el control de amapola. El segundo estudio fue llevado a cabo cinco meses después de haberse realizado la fumigación y por lo tanto no fue concluyente.  Con relación a este estudio, la EPA y el CDC indicaron que para poder determinar si es que las aspersiones aéreas están enfermando a la gente sin que se hayan hecho pruebas en personas expuestas antes e inmediatamente después de la fumigación.[19]  La tercera revisión científica no aplica ya que evalúa el riesgo que el glifosato y productos Roundup bajo condiciones específicas que son extremadamente poco probables que se den en el ámbito Colombiano; por ejemplo, que el agua potable es purificada antes de su ingestión, que los obreros portan ropa de protección, que únicamente unas pequeñas cantidades de aguas superficiales contaminadas se consumen, etc.[20]

Los herbicidas de amplio espectro utilizados en las fumigaciones aéreas están diseñados para matar una amplia gama de plantas y podrían destruir especies vegetales que se encuentran en peligro de extinción así como interrumpir o destrozar distintos hábitats. Como Colombia es uno de los países biológicamente más ricos, la amenaza resultante de las fumigaciones es particularmente grave.[21] Los estudios demuestran que las fórmulas de glifosato tienen efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos que incluyen peces, anfibios, insectos, cangrejos y pulgas de agua. El glifosato también puede afectar a los organismos de tierra tales como lombrices, hongos y microbios. La fumigación también puede conducir a la deforestación y pérdida de hábitats cuando los agricultores desbrozan nuevas áreas vírgenes y bosques intocados, como respuesta a la destrucción de sus cultivos legales e ilegales.[22] 

3.  Que se encuentren en ejecución procesos tendientes a evaluar reclamos por daños ocasionados a la salud humana o a cultivos legales, y para proporcionar una compensación justa a aquellos reclamos que lo ameriten.

Basándose en las entrevistas con el personal de la oficina de Portavoz Público, y con funcionarios gubernamentales y dirigentes campesinos del Putumayo, Nariño, Cauca y Tolima, no nos es posible documentar ningún caso de compensación por daños a la salud o a los cultivos legales a causa de las fumigaciones efectuadas desde Diciembre del 2000.  Más de 1.400 quejas se encuentran en archivo en la oficina del Portavoz Público en Bogotá, pero no se sabe si alguna de ellas ha resultado en el pago de una compensación.

En Octubre 4, 2001, el Consejo Nacional Anti-Narcóticos emitió la Resolución 17 que establece un nuevo procedimiento para la presentación de quejas sobre daños causados por la fumigación aérea.  El procedimiento es el siguiente:  Las quejas deben presentarse ante el portavoz oficial municipal, quien a su vez pedirá a las oficinas locales de extensión agraria (ICA o UMATA) que verifiquen la queja visitando las fincas afectadas. Una vez verificado el daño, la queja se envía a la Policía Anti-Narcóticos y a la Dirección Nacional Anti-Narcóticos. La policía certificará entonces si es que se llevó a cabo o no una fumigación en el momento y lugar mencionado por la víctima. Si la policía certifica que no hubo fumigación, el proceso llega a su fin. Si certifican que, en efecto, se produjo una fumigación, la policía envía otra misión de verificación para que constate el valor de las pérdidas. Para que la compensación se dé, la solicitud final debe incluir informes satelitales, diagramas de la operación de fumigación, y el reporte local sobre la detección de cultivos ilegales.

Este procedimiento adolece de graves faltas: 

• Más obviamente, las mismas agencias responsables de llevar a cabo las aspersiones, la Dirección Nacional Anti-Narcóticos y la Policía Anti-Narcóticos tienen obligación de evaluar los reclamos por daños causados. 

• De acuerdo con la resolución, la policía puede decidir no verificar un reclamo por razones de seguridad. Bajo tales circunstancias, no habría procedimiento alterno definido.

• El proceso precisa que las víctimas viajen al pueblo más cercano a presentar sus reclamos. Pero en regiones en las que la guerrilla o los paramilitares están presentes en el campo, trasladarse de una zona a otra, colocan la vida de los campesinos en riesgo. 

• Las oficinas del portavoz público son por lo general muy pequeñas y pueden fácilmente verse irremediablemente inundadas más allá de su capacidad, con unas cuantas docenas de quejas. 

• No existe razón para esperar que la policía cuente con la capacidad de evaluar el valor de los cultivos perdidos. 

Finalmente, el procedimiento únicamente aplica a las pérdidas agrícolas. No se cuenta con capacidad alguna para manejar los reclamos por daños a la salud humana.

4.  Se hayan planificado programas de desarrollo alterno en consulta con las comunidades y autoridades locales en los departamentos en los cuales se tiene visto llevar a cabo tales fumigaciones aéreas de los cultivos de coca.

La INL ha interpretado esta condición de manera que signifique que si existe algún proyecto de desarrollo alterno en cualquier parte de un departamento cualquiera en el que se haya planeado hacer una fumigación, entonces la condición estaría cumplida.  Mediante esta interpretación, los proyectos de desarrollo alterno podrían no haber sido necesariamente planificados por USAID.  Los proyectos desarrollados por el gobierno Colombiano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD o a través de cualquier programa bilateral de ayuda cabría para ser considerado en satisfacer esta condición.  El proyecto podría ser de cualquier tamaño, es decir, que podría cubrir únicamente una pequeña fracción del territorio de un departamento o constituir una región que no ha sido tocada por las fumigaciones, y sin embargo podría contarse dentro de los parámetros que satisfacen la condición. No se ve como necesaria ninguna relación entre la planificación de operaciones de fumigación y el programa de desarrollo.  

En algunas conversaciones sostenidas con los visitantes a Colombia a lo largo del último año, los funcionarios del Departamento de Estado, que incluyen a Rand Beers, han puesto en claro el propósito de la fumigación para demostrar a los campesinos, donde quiera que se encuentren en Colombia, que no existe lugar seguro en el que puedan sembrar cultivos ilegales.  La estrategia de fumigación es explícitamente sancionadora y está diseñada para ser llevada a ejecución sin importar cuál sea el estado de esfuerzos que propenden al desarrollo alterno.  USAID, Plante, los gobiernos locales y regionales y demás agencias que tienen responsabilidades de desarrollo no son consultadas con respecto al momento o ubicación de la fumigación.

En 2002 el gobierno de los Estados Unidos tiene planeado fumigar 150.000 hectáreas de coca y amapola en toda Colombia, incrementándolas a 200.000 en 2003.  Estos planes no están conectados de ninguna manera a programas de desarrollo alterno.

5.  En los departamentos en los cuales se ha llevado a cabo la fumigación aérea de coca se están llevando a cabo programas de desarrollo alterno.

El único departamento donde la fumigación aérea de coca ha sido explícitamente vinculada con programas alternos de desarrollo es Putumayo, mediante pactos sociales.  Entre diciembre 2000 y Julio 2001 más de 37.000 familias firmaron convenios con el gobierno Colombiano, mediante los cuales acordaron erradicar manualmente los cultivos ilegales de coca dentro del plazo de un año, a cambio de alimentos y ayuda para el desarrollo. Las 37.000 familias – alrededor de 150.000 personas, o casi la mitad de la población del departamento – vinieron de todas nueve municipalidades del Putumayo que producen coca (en las otras cuatro municipalidades, no se producen cultivos ilegales).  Se comprometieron a erradicar 37.728 hectáreas de coca,[23] más de la mitad de alrededor de 66.000 hectáreas plantadas en el departamento.  Los dirigentes campesinos, autoridades locales y el gobernador de Putumayo arriesgaron sus vidas para promover el concepto del pacto social.

Pese a ello, ocho meses después de que el pacto fuera firmado, únicamente el 30 por ciento de las familias habían recibido algo de la ayuda prometida, y aún ese 30 por ciento no había recibido todo aquello que se les adeudaba conforme a lo estipulado en los pactos. Como resultado de ello, muy poca de la coca ha sido erradicada. A la luz de estos resultados, USAID ha llegado a la conclusión de que los pactos sociales no constituyen una estrategia eficaz para la erradicación o el desarrollo.

El Departamento de Estado y USAID se han dado por vencidos respecto de los pactos sociales en Putumayo aún cuando los funcionarios reconocen que los pactos fueron pobremente diseñados, no se les concedió suficiente tiempo, fueron llevados a ejecución por organizaciones no-gubernamentales que carecían de conocimientos o de experiencia en el Putumayo, y se vieron enteramente perjudicados por la ausencia de entrega de la ayuda prometida.  El año pasado no puede ser considerado como una prueba justa para verificar si esta estrategia de desarrollo interno fue adecuadamente diseñada y llevada a ejecución y de si puede funcionar o no en el Putumayo.

Mientras el gobierno de los Estados Unidos se encuentra retrocediendo con respecto a los programas de desarrollo alterno en el Putumayo, el INL/NAS ya ha programado una nueva ronda de fumigaciones que darán inicio el 28 de julio próximo, el día siguiente luego del aniversario de la firma del último pacto. La fecha elegida es un reflejo de la actual posición del gobierno Colombiano, según lo ha declarado Gonzalo de Francisco, que el año designado para erradicar la coca comenzó a correr en la fecha en que los pactos sociales fueron firmados. Pero el Portavoz Público explícitamente contradice esta declaración en el análisis que hace en diciembre del 2001 respecto de los pactos sociales,[24] al igual que los dirigentes campesinos quienes se han visto involucrados en las negociaciones que circundan a los pactos. La decisión de acelerar la fumigación a la vez que reducir el compromiso hacia el desarrollo claramente contradice la intención del Congreso al imponer las condiciones de fumigación.

Condiciones de Fumigación, P.L. 107-115

P.L. 107-115, el AF 2002 acta de asignaciones al extranjero, incluye las siguientes condiciones para las fumigaciones aéreas:

“Se estipula ulteriormente, Que los fondos asignados mediante esta Acta y que se utilicen para el abastecimiento de químicos para programas de fumigación aérea de plantaciones de coca pueden ponerse a disposición de tales programas únicamente si es que el Secretario de Estado, luego de consultar con el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental, el Secretario del Departamento de Agricultura y, de ser apropiado, el Director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, determina y reporta a los Comités de Apropiaciones que: (1) la fumigación aérea de coca esté llevándose a cabo de conformidad con los controles normativos requeridos por la Agencia de Protección Ambiental, tal y como consta en las etiquetas para uso del producto en los Estados Unidos, luego de haber consultado con el Gobierno Colombiano a fin de cerciorarse de que la fumigación se realiza de conformidad con las Leyes Colombianas; (2) los químicos utilizados en la fumigación aérea de coca, de la manera cómo se las están aplicando, no planteen riesgos irrazonables o causen efectos adversos a los humanos o al medio; y (3) se dispone de procedimientos para evaluar los reclamos de los ciudadanos locales en el sentido de que su salud ha sido deteriorada o de que sus cultivos agrícolas lícitos fueron dañados por dichas fumigaciones aéreas de coca, y para proporcionar compensación justa a aquellos reclamos que merecen ser atendidos; y tales fondos podrán no ponerse en disponibilidad para tales fines luego de haber transcurrido seis meses a partir de la fecha en que esta Acta fue aprobada, a no ser que los programas de desarrollo alterno hayan sido desarrollados en consulta con comunidades y autoridades locales en los departamentos en los que se ha planificado llevar a cabo tales fumigaciones aéreas de cultivos de coca, y en los departamentos en los cuales dicha fumigación aérea de coca ha sido practicada y tales programas llevados a ejecución.”