El
nuevo programa de fumigación de coca expulsa a campesinos
colombianos de sus tierras Locales
Ven supuestas
operaciones “antidroga” en el Chocó como parte
de una campaña que ya dura una década, por parte
de las corporaciones y el gobierno, para desplazarlos
Por Sean Donahue
Especial para The Narco News Bulletin
23 de febrero de 2004
Desde
principios de enero, los pilotos de DynCorp, trabajando bajo contrato
para el Departamento de Estado y bajo la supervisión de la
Policía Nacional de Colombia, han esparcido glifosato sobre
comunidades indígenas y afrocolombianas en las frágiles
selvas del Chocó, en la costa pacífica de Colombia.
Ostensiblemente, están trabajando para erradicar los cultivos
de coca que han aparecido en la región en años recientes,
ya que las fumigaciones al sur, en Putumayo, Guaviare y Nariño
ha empujado al cultivo de coca a nuevas áreas, y la consiguiente
destrucción de comunidades y economías locales ha
forzado a más y más gente a caer en las bajezas de
la economía de la cocaína. La lluvia forzó
recientemente a un alto temporal de las fumigaciones, pero está
planeado recomenzar cuando pare.
Donde sea que las fumigaciones han tenido lugar en Colombia, han
tenido un impacto devastador en la tierra y en la gente. El glifosato
es un herbicida de “amplio espectro” –mata cualquier
cosa con hojas. Esparcido desde aviones de fumigación se
vuelve un arma indiscriminada, terminando con cultivos alimenticios
y dañando severamente a la selva. Hay crecientes evidencias
de que daña los microbios en lo suelos y promueve el crecimiento
de hongos tóxicos. Su efecto persiste en el agua, donde puede
envenenar peces, aves, anfibios y toda fauna. En los humanos causa
erupciones, problemas respiratorios, náuseas y ceguera temporal.
Una larga exposición a esto ha sido relacionadoa a linfomas
no Hodking. Hay enorme evidencia no circunstancial que prueba que
la fumigación ha sido utilizada como una estrategia para
expulsar a la gente de su tierra, ambicionada por las petroleras
en el sur de Colombia.
Los
líderes locales ven a las fumigaciones como la última
fase de una campaña de diez años para expulsar a los
pueblos indígenas y afrocolombianos de sus tierras, para
limpiar el camino a la minería, a las madereras, a proyectos
hidroeléctricos y a la construcción de un canal seco
que remplace al canal de Panamá. En una denuncia formal republicada
por el grupo de derechos humanos CODHES y la filial colombiana de
Amigos de la Tierra, miembros de la organización del Chocó
Fundación Las Mojarras y del Consejo Comunitario Mayor de
Condoto escribieron que:
“La aparición de cultivos ilícitos y su erradicación
a través de fumigaciones con glifosato en el departamento
del Chocó son una decisión política del Estado
que se suma a la larga cadena de hechos que, en la coyuntura de
los pasados once años desde 1996, están llevando a
los pueblos negros e indígenas del Chocó a un genocidio
total”.
Las
fumigaciones son la culminación de un programa cuidadosamente
orquestado de desplazamiento forzado –y por extensión
de la erradicación de una cultura.
Quinientos años de genocidio y resistencia
Los
africanos fueron llevados a Colombia para remplazar a los pueblos
indígenas como esclavos en las minas de oro y en las plantaciones
de azúcar desde principios del siglo XVI.
Comenzaron
a resistirse a la esclavitud tan pronto como llegaron a este continente.
Luis Alberto Murillo, el primer gobernador afrocolombiano del Chocó
(ahora en el exilio en Estados Unidos) escribió en 2001:
“En la sociedad colombiana preabolicionista, los esclavos
afrocolombianos pelearon por su libertad desde el principio de su
llegada al país. Es claro que había fuertes y libres
pueblos africanos llamados palenques, donde los africanos podían
vivir como cimarrones –africanos que escaparon de sus opresores.
Algunos historiadores ven al Chocó como un gran palenque
con una gran población de cimarrones, especialmente en la
zona del Río Baudo”.
Luego
de la abolición de la esclavitud en 1851, muchos esclavos
liberados dejaron la cultura que los había esclavizado para
unirse a los palenques y formar nuevas comunidades en el Chocó.
Ahí, forjaron una nueva cultura y consiguieron un cierto
grado de libertad e independencia. Murillo escribe:
“El pueblo afrocolombiano fue forzado a vivir en áreas
selváticas como un mecanismo de autoprotección. Ahí
aprendimos a vivir en armonía con el ambiente selvático
y a compartir el territorio con las comunidades indígenas
de Colombia. Nuestras comunidades afrocolombianas desarrollaron
sus propios patrones de vida, que son muy respetuosos del medioambiente
y enfatizan valores sociales como la paz, la amistad y la solidaridad,
más que la acumulación de dinero y de capital.
“Esta
forma de vida afrocolombiana nos ha permitido conservar nuestra
riqueza, nuestro ecosistema biológicamente diverso, hasta
el día de hoy.
“Desde
1851, el Estado colombiano promovió la ideología del
mestizaje. Esto significó la necesidad de mezclar africanos
e indígenas con españoles blancos y sus descendientes.
El propósito era desaparecer, o minimizar, los lazos históricos
con África y la América precolombina. De hecho, el
gobierno colombiano ignoró a propósito y rechazó
a esta recién liberada población negra.
“La
única manera en que los indígenas y los africanos
pudieron mantener sus tradiciones culturales fue viviendo en zonas
aisladas en la selva. Pero no fue fácil. La historia del
pueblo negro en Colombia es la historia de una lucha por la libertad
y por la tierra, y contra la discriminación y la invisibilidad”.
Los siglos XIX y XX están marcados por luchas contra grupos
armados apoyados por rancheros ricos que querían quitarles
la tierra y saquear las selvas del Chocó para cultivar café,
plátanos y azúcar.
En
1991, la Constitución de Colombia garantizó a las
comunidades indígenas y afrocolombianas los títulos
colectivos sobre sus tierras. Más que marcar una victoria
en la lucha por la tierra y por la libertad, la nueva ley trajo
una ola de violencia a las comunidades que se atrevieron a conseguir
sus derechos.
Una década de masacres
En
1993 el Congreso colombiano aprobó la Ley 70, que iniciaba
en las comunidades negras el proceso por el reconocimiento y la
titulación formal de sus tierras. Tres años más
tarde, en 1996, la comunidad de Riosucio se convirtió en
la primera de los antiguos pelnques en buscar reconocimiento
por ley. Casi al mismo tiempo que Riosucio comenzó este proceso,
los paramilitares atacaron y sacaron a casi todo el mundo de su
tierra. Marino Córdoba Berrio, un líder comunitario
de Riosucio que formó la Asociación de Afrocolombianos
Desplazados (AFRODES) en Bogotá, y que vive ahora en el exilio
en Estados Unidos, escribió en 2002:
“Las organizaciones comunitarias encuentran resistencia de
aquellos que han estado explotando los recursos naturales de nuestra
región, como el oro y la madera. Las comunidades demandaron
titulación de tierras. Desde entonces hemos sufrido asesinatos
y expulsión por parte de los grupos militares pagados por
los intereses políticos y comerciales.
“Mi
organización obtuvo los primeros títulos colectivos
en esa región. Siete días más tarde, a las
5 am del 13 de diciembre de 1996, los grupos paramilitares llegaron
a mi pueblo, Riosucio, queriendo matar a los líderes y a
sus familias. Muchos fueron sacados de sus camas y paseados desnudos
por las calles. Los que se resistieron fueron asesinados. Los gritos
me despertaron. Corrí a buscar refugio en la ciénaga
junto a muchos otros.
“A
las 8 am helicópteros militares comenzaron a patrullar. Los
paramilitares pidieron por radio a los pilotos que atacaran la ciénaga,
afirmando que esa gente eran guerrilleros. El ejército nos
atacó con bombas y rifles, matando a mucha gente. Los que
sobrevivimos nos quedamos en el agua tres días hasta que
el hambre y la desesperación nos forzaron a salir. Algunos
de nosotros pasamos a escondidas por nuestro pueblo y llegamos a
una comunidad rural del otro lado del río. Ahí me
recuperé y luego volé a Bogotá...
“Dos
meses después, en febrero de 1997, los paramilitares y el
ejército atacaron las comunidades rurales de la región
y masacraron a un número indeterminado de gente. Más
de 20 mil personas dejaron el área. No quedó nadie.
Hoy, algunos viven en Panamá, Ecuador y Venezuela, y muchos
se
encuentran en las grandes ciudades”.
Luego de una década de masacres, los afrocolomibianos son
la mayoría de los dos millones de refugiados internos de
Colombia. La violencia paramilitar los ha seguido a las villas afuera
de Bogotá y de Medellín, donde los escuadrones de
la muerte tratan de desaparecer a los sobrevivientes para prevenir
que cuenten sus historias y que luchen por su derechos a regresar
a sus hogares.
La economía política del genocidio
Los
intereses del oro y madereros han jugado un papel tremendo en llevar
la violencia al Chocó, pero también hay fuerzas económicas
más grandes trabajando. Como escribió el economista
Héctor Mondragón:
“El genocidio tiene de hecho un teórico. Un economista
canadiense, Lauchla Currie, ha aconsejado a los últimos cinco
presidentes en esta teoría, llamada ‘Desarrollo Económico
Acelarado’. La teoría es que hay dos obstáculos
para el desarrollo. El primero es el secuestro. El segundo es la
población campesina. Para que Colombia se desarrolle, de
acuerdo a esta teoría, la población campesina debe
ser reducida dramáticamente. Hay dos maneras para lograrlo:
jalar y empujar.
“El
método de jalar es atraer a los campesinos a la ciudad con
empleos. El programa de vivienda del primer Pastrana [padre del
predecesor del Presidente Uribe, quien gobernó de 1970 a
74], por ejemplo, permitía a la gente conseguir casa con
altos intereses de crédito. Muchos perdieron sus casas en
la siguiente crisis bancaria. Los bancos tomaron alegremente las
casas, y entonces sus sonrisas se esfumaron, porque tenían
casas pero nadie podía comprarlas. Pero los bancos, a diferencia
de los ciudadanos, son elegidos por el Estado para recibir ayuda
y fianzas. El resultado, así, es que el desempleo está
muy por encima del 20 por ciento, con un subempleo mucho mayor.
Jalar no está funcionando.
“Lo
que queda es empujar. Algo que conocemos”.
Las masacres son la forma más directa de empujar gente fuera
de sus tierras. Pero hay una dimensión económica para
empujar también. De acuerdo a Mondragón, el Presidente
Uribe ha comenzado a introducir un tipo de contrarreforma agraria:
“Los subsidios que el recientemente desaparecido Instituto
de Reforma Agraria –INCORA– solía dar a los campesinos
son ahora manejados para ‘proyectos de generación de
ingresos dentro de grandes sistemas de comercialización’.
La tierra ‘abandonada’ por los campesinos puede darse
a cualquier ‘productor”.
Estos
“grandes sistemas de comercialización” entran
dentro de acuerdos con campesinos que requieren los granjeros para
plantar palma africana, y ponen su tierra como algo colateral para
los préstamos que necesitan para entrar al negocio del aceite
de palma. Los prestamistas internacionales han estado empujando
incrementada producción de aceite de palma en todo el mundo,
bajando los precios. Cuando los precios caen, los campesinos pierden
sus tierras.
La
tierra es la inversión real en la que están interesadas
las ricas corporaciones colombianas y multinacionales. La ubicación
geográfica del Chocó es aún más importante
que sus recursos. El departamento tiene frontera con Panamá,
y está en la mira de desarrolladores como un sitio para un
sistema de canales húmedos y secos para remplazar al Canal
de Panamá. También tiene un papel crucial en los planes
de Uribe de construir un gasoducto a Panamá, y para construir
una nueva red eléctrica que llevaría la electricidad
de todo Colombia a los Estados Unidos.
Las
compañías auríferas y las madereras saquearán
primero los recursos de la tierra. Bio cazadores pueden peinar la
selva buscando medicinas herbales que puedan sintetizar y patentar.
Y cuando las selvas y la gente se hayan ido, el papel del Chocó
como corredor ecológico conectando Centro y Sudamérica
dará paso a su nuevo rol como corredor que permitirá
desplazar gas y electricidad al norte mientras las mercancías
se mueven del Atlántico al Pacífico.
Las
masacres fueron la primera etapa para remover a la gente que se
paraba en el camino del desarrollo. Las fumigaciones sirven para
hambrear a la gente que permanece, al erradicar sus cultivos alimenticios
y las plantas silvestres de las que dependen, junto a cualquier
coca que crece ahora en el Chocó. El empuje está casi
terminado.
Sean Donahue es poeta y periodista free lance radicado en el este
de Massachusetts. Ha escrito ampliamente sobre la política
estadounidense en Colombia. Graduado de la Escuela de Periodismo
Auténtico de Narco News en 2004, también trabaja con
el Proyecto sobre Corporaciones y Militarismo de Acción Global
Massachusetts. Puede ser contactado en wrldhealer[at]yahoo.com.
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