Foro Nacional sobre la solución

Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas

INFORME DE MESA TEMATICA No 3 “Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”

Fecha: 25 Septiembre de 2013

Número de participantes hombres: 80

Número de participantes mujeres: 28

Sectores participantes: (dejar sólo los sectores que estén presentes)

· Organizaciones y movimientos campesinos

· Organizaciones indígenas

· Organizaciones juveniles

· Organizaciones de mujeres

· Organizaciones de víctimas

· Sector académico, universidades y centros de investigación

· Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz

· Movimiento políticos y sociales

Número de ponencias escritas presentadas: 47

Número de intervenciones orales: 31

Principales ejes temáticos de las propuestas presentadas:

1. Política criminal

2. Uso ancestral, alternativo y tradicional

3. Desarrollo agrario

4. Fumigación y erradicación

5. Corrupción y cooptación

6. Legalización y regulación

7. Afectación de la mujer

8. Prevención

9. Enfoque diferencial y regional

10.Reconocimiento y participación

El trabajo en los cuatro grupos de la mesa temática, estuvo caracterizado por una participación activa de la sociedad civil representada por diversos sectores procedentes de las regiones, pueblos indígenas, afrodescendiente,, organizaciones campesinas, mujeres y jóvenes del mundo rural y las ciudades. También participaron partidos políticos, organizaciones especializadas en estos temas y académicos.

Por regla general, los asistentes hicieron referencia a contexto rural caracterizado por la ausencia de condiciones de desarrollo socioeconómico en el campo, la escasa presencia del Estado en el territorio, evidenciado además en deficientes condiciones de justicia y seguridad. Así mismo, se destacó la vulnerabilidad por distintas razones del campesinado y otras comunidades, en especial de la mujer de todas las edades, los jóvenes y los niños, quienes enfrentan de forma constante las circunstancias del conflicto armado y demás formas de violencia causadas por actores ilegales tradicionales y emergentes y los daños causados por la política antidrogas del Estado.

A continuación haremos una relación general de las propuestas presentadas en los grupos por cada eje:

1. POLITICA CRIMINAL

Los participantes de los cuatro grupos de trabajo coincidieron en la necesidad de introducir profundos cambios en la política criminal del Estado en materia de lucha contra las drogas ilícitas, las propuestas fueron diversas:

Algunos proponen que la política criminal del Estado debe hacer énfasis en la persecución de quienes se benefician de los eslabones de transformación industrial de la hoja de coca en droga ilícita, el tráfico y la distribución, es decir las estructuras criminales, narcotraficantes, comercializadores de insumos, los capitales que estas actividades producen y el lavado de activos.

El Estado debe cambiar el modelo y no debería ir orientado a perseguir a los pequeños cultivadores de coca o a las comunidades cuyo uso del cultivo responde a razones de cultura ancestral o tradicional. Dentro de los afectados con la política criminal actual algunos destacan a los campesinos, indígenas, población afro, raspachines y a los consumidores, otros señalan a los pequeños vendedores de droga dentro de los afectados.

Se propuso encaminar los esfuerzos del Estado al desarrollo social, al desarrollo agrario y a la prevención, antes que al uso de la fuerza.

Igualmente se demandó reparar a las víctimas del narcotráfico y de los daños causados la política antidrogas. Se propone que los bienes y dineros incautados se utilicen para el desarrollo de políticas sociales en las zonas más afectadas por el problema de las drogas.

Algunos demandaron replantear la figura de la extradición, poniendo por delante la reparación a las víctimas de los narcotraficantes.

Otros plantearon blindar el sistema electoral colombiano contra los poderes criminales y los dineros de origen ilícito.

Así mismo se propone que la política criminal se oriente a evitar que Colombia se convierta en un destino turístico para el consumo de drogas.

Finalmente algunos participantes proponen que Colombia revise la aplicación de las convenciones internacionales en materias asociadas con los cultivos y drogas ilícitas, teniendo en cuenta la prevalencia de los tratados internacionales de Derechos Humanos.

2. USO ANCESTRAL, ALTERNATIVO Y TRADICIONAL

En los cuatro grupos de la mesa temática 3 fue recurrente la propuesta de que el Estado distinga entre el uso ancestral, alternativo y tradicional de los cultivos de Marihuana, Coca y Amapola, cultivos que han sido utilizados por muchos años por los indígenas y pobladores rurales sin fines ilícitos.

Unas propuestas indicaron que el Estado debe asumir el monopolio de la siembra y comercialización de las plantas generando un mercado lícito y que se permita el uso alternativo en la elaboración de productos elaborados con marihuana y hoja de coca, tales como alimentos para personas y animales, de tal forma que, además de ser sustento de las economías familiares y comunitarias, sirva de garantía para la seguridad y soberanía alimentaria de las familias vinculadas con los cultivos mencionados.

Se propone que el uso alternativo o industrial lícito cuente con el otorgamiento de los registros correspondientes para la comercialización libre y segura de productos elaborados con los cultivos de coca, marihuana y amapola.

Finalmente, se propuso que el Estado debe financiar la investigación que permita ampliar el conocimiento sobre los usos actuales y futuros, tradicionales e industriales, de la marihuana y la coca, fue propuesta en algunos grupos, así como en otros se propuso la creación de clubes de consumo recreativo y venta de marihuana.

3 DESARROLLO AGRARIO

En la categoría de desarrollo agrario se propuso desde los grupos de trabajo una política de desarrollo integral que tenga en cuenta los contextos territoriales; las realidades distintas de los campesinos, los indígenas, las comunidades afro, las mujeres rurales; y que esa política se construya democráticamente, incluyendo, consultando y haciendo partícipes a todos los actores mencionados.

Se propone que el desarrollo rural y urbano integral se conciba como la respuesta efectiva a la lucha contra la producción y comercialización de drogas ilícitas. Una política integral debe contener políticas de aumento de infraestructura rural y posibilidades de comercialización de los diferentes productos de los campesinos, indígenas y población afro, partiendo de una diversificación de los mercados agrícolas, mediante la instauración de un sistema de compras públicas.

Los distintos grupos coinciden en que se deben liberar las semillas, que se promueva la seguridad y la soberanía alimentaria de estos pueblos. Sugieren que se fortalezca la presencia del estado social de derecho, que se desmilitaricen los territorios se lleve desarrollo e inversión social a estas zonas tradicionalmente abandonadas.

Se propuso que se adelante una investigación diagnóstica del impacto ambiental que ha tenido el narcotráfico sobre los territorios. En este sentido, se sugiere que el Estado asuma la responsabilidad de una recuperación y saneamiento ambiental de los ecosistemas.

Se propone que exista una política diferenciada para zonas situadas al interior de la frontera agrícola, zonas de reserva forestal y parques naturales, teniendo en cuenta la finalidad de esas zonas.

Deben haber planes de agro-forestación, reforestación y sostenimiento agrícola en armonía con el medio ambiente, impulsando la industria agropecuaria con el empleo de semillas nativas. Se solicita que estas políticas de desarrollo agrario sean concertadas con las poblaciones rurales del país y que se promuevan las zonas de reserva campesina, así como las zonas de reserva alimentaria de agricultura orgánica, incluidas dentro de los planes de ordenamiento territorial.

También se propuso la implementación de medidas tales como: Desmonte del plan de consolidación del territorio, que se sustituyan cultivos ilícitos de manera mixta, gradual y concertada, que se realice una reforma agraria integral.

Se solicita la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial para el acceso a la tierra y de apoyo a la economía campesina (Préstamos sin intereses, subsidios sin operadores ni intermediarios y fomento de cooperativas productivas), que no se extienda la implementación del plan Colombia y que se replique el pacto social del Catatumbo en regiones del país que tengan un contexto similar en cuanto a cultivos ilícitos.

Finalmente, se propuso renegociar o derogar los tratados de libre comercio.

4. FUMIGACION Y ERRADICACION

En términos generales los participantes propusieron eliminar la fumigación y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, como los denominan los participantes.

Los asistentes señalan que la fumigación causa ruptura del tejido social y expone a la población a mayor violencia, afecta los cultivos de pan coger, contaminación de aguas y problemas de salud en la población que habita los territorios, además de ser una estrategia ineficaz frente a la problemática de la producción. Advierten que los daños causados deben ser reparados.

En relación con la erradicación manual, se acepta mientras sea consensuada, no forzada, gradual y alternada con cultivos lícitos alternativos, rentables y comerciables. Este proceso debe acompañarse de alternativas económicas de supervivencia para las comunidades, como por ejemplo proyectos productivos de carácter especifico. El enfoque debe ser desde la perspectiva de la garantía del derecho humano a la alimentación y el acceso a los recursos naturales.

5 CORRUPCION Y COOPTACION

Algunos de los participantes afirman que algunas instituciones o agentes del Estado han sido permeados por el narcotráfico y se requiere una su depuración.

Los participantes manifestaron la necesidad de que se reconozca el alcance de la economía ilícita dentro de la estructura economía y política del país.

Propusieron crear una “Comisión de la Verdad” que establezca quienes se enriquecieron, facilitaron y promovieron el negocio del narcotráfico, ya sea desde lo público o desde lo privado, a nivel nacional y local.

También se propone que se garantice el derecho a la verdad de las víctimas del narcotráfico y que las FARC aclaren su postura y nexos con el narcotráfico y entregue las rutas y mapas de tráfico.

Finalmente, piden que los medios de comunicación tengan una postura transparente y objetiva frente a este tema y que se apoyen los medios de comunicación comunitarios.

6 LEGALIZACIÓN Y REGULACIÓN.

Frente al tema de Legalización y Regulación se presentaron múltiples posturas, desde organizaciones que se oponen a la legalización de las drogas, hasta grupos que proponen abiertamente su legalización, con excepción de la heroína.

Otras propuestas apuntan a una legalización progresiva, mientras que otros reconocen la posibilidad de políticas de erradicación concertadas y con garantías de desarrollo rural.

Los mercados nacientes por las legalizaciones de producción y consumo de las sustancias mencionadas, deberán ser objeto de las regulaciones del caso por parte del Estado. Hubo propuestas en el sentido de una regulación estatal de carácter anti-monopólico, así como otros participantes se manifestaron a favor de un monopolio del Estado.

Así mismo se habló de Desarrollo empresarial sostenible sobre los cultivos ilícitos, que tendría que proveer medidas diversas para enfocar no solo el comercio y consumo de las drogas autorizadas y de las drogas controladas, sino que además las técnicas de control tendrían que enfocar la reglamentación de los procesos y actores que participan actualmente de manera ilegal. Puesto que, básicamente, se trata de distinguir entre uso y abuso y de regular las sustancias susceptibles de generar adicciones o comportamientos adversos a la sociedad, no se trata de descontrolar sino de reglamentar el mercado con base en las prácticas sociales y no en su contra.

Hubo propuestas en torno a hablar de autorregulación y no regulación para evitar la intromisión del Estado en estos aspectos. Algunos propusieron la autorregulación comunitaria basada en buenas prácticas sin ánimo de lucro. Al respecto se introdujo el concepto de empresas autogestionarias.

En caso de ser así, se hablo a favor de realizar una política fiscal para la producción y venta de narcóticos (en caso de ser legalizada o regulada) y destinar esos recursos a la reparación de las víctimas.

7. AFECTACIÓN DE LA MUJER

En materia de afectación de la afectación de la mujer por el problema del narcotráfico, diferentes voces coincidieron en manifestar que un nuevo enfoque frente al problema debe tener en cuenta la victimización de la que es objeto la mujer en todas las fases de los circuitos de comercialización. Desde algunas mujeres rurales y campesina donde muchas veces esta es sometida y obligada por parte de los actores armados a sembrar cultivos para uso ilícito hasta la mujer que se encuentra privada de la libertad por estar ligada a fenómenos de comercialización de drogas. Igualmente se ven afectadas aquellas mujeres cuyos familiares son víctimas de la violencia propia de la política de luchas contra las drogas de la misma manera que aquellas que tienen que lidiar en sus familias con el problema de la adicción.

Lo que se evidencia en estas afectaciones, es una utilización del cuerpo de la mujer tanto como dispositivo de tráfico como sucede en el caso de las mulas, como mercancía de placer teniendo en cuento la cultura patriarcal que gira alrededor del fenómeno del narcotráfico y sus patrones estéticos reproducidos por los medios de comunicación. Es por ello que varios participantes propusieron no solo programas y políticas de choque contra estas afectaciones sino la transformación educativa de la cultura política sobre estos temas.

8 PREVENCIÓN

En cuanto a la prevención, los participantes de la mesa temática número 3 señalaron la necesidad de contrarrestar el uso progresivo de jóvenes por parte de estructuras criminales para la comisión de actividades ilegales, dado el trato especial que tienen estos frente al derecho penal. Para esto se debe apelar a programas culturales, educativos artísticos y productivos para alejar a los jóvenes de estas formas de vida. Se debe tener especial cuidado con otros grupos vulnerables como son los niños y ancianos. Proponen profundizar en educación, sensibilización y una respuesta integral por parte del Estado para que los jóvenes no sean cooptados por las mafias, los participantes también propusieron que se prevenga la entrada al país de drogas sintéticas y la creación de un fonda nacional para la atención a la población consumidora desde un enfoque de salud pública y no desde el enfoque de política criminal, que priorice la rehabilitación del consumidor.

9 ENFOQUE DIFERENCIAL

Por otra parte se hizo un énfasis en la necesidad de que el Estado colombiano adopte un enfoque diferencial frente al problema. Esto teniendo en cuenta las particularidades de las comunidades indígenas campesinas y afros con respecto al uso ancestral, productivo o de uso tradicional. En este sentido se manifiesta el carácter determinante que tiene la cultura y las autoridades comunitarias y sus autonomías. Se debe tener en consideración de particularidades regionales socioeconómicas, de diversidad cultural y representación local para planes sociales en relación con políticas antidrogas. No puede haber una sola política para el desarrollo es necesario tener en cuenta la diversidad, y las diferencias regionales, prefieren hablar de plan de vida.

10 RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES.

Por último se destacó la importancia del reconocimiento y participación de las comunidades en cada una de las iniciativas que desarrolle el Estado para tratar el problema. Desde la definición de las estrategias para el desarrollo agrario y los planes de ordenamiento territorial hasta la concreción de una política criminal y de salud pública que aborde el problema desde su carácter estructural. Participación y veedurías ciudadanas, nacionales e internacionales en el análisis de la efectividad de la política antidrogas. Respeto a la autonomía de las comunidades étnicas. Dignificación del papel ciudadano de usuarios y productores. Se destacó la importancia de la democracia directa y participación real.