Declaración de representantes de organizaciones sociales de regiones de
Colombia, representantes de ONG, expertos e investigadores en la IV Conferencia
Latinoamericana
El 4
de diciembre de 2012, representantes de organizaciones sociales provenientes de
Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Magdalena, así como
indígenas y campesinos, junto con representantes de ONGs del nivel nacional y de
entidades internacionales de Europa, Norteamérica, región andina y cono sur, nos
reunimos para analizar y sacar conclusiones alrededor de los cultivos y
cultivadores declarados ilícitos y las alternativas que se implementan en esos
territorios, como parte de la estrategia antidrogas. Esta reunión fue posible
gracias, entre otras, al apoyo del Transnational Institute TNI.
DECLARACION
1. Invitamos a las instancias de decisión y organización de las Conferencias
Latinoamericanas a incorporar de manera más equilibrada y visible, los contextos
y situaciones asociadas a la producción, tráfico, lavado de activos, violencias
relacionadas con estos fenómenos, así como los gravísimos impactos sociales,
económicos, ambientales y en derechos humanos, que se generan en la aplicación
de políticas antinarcóticos, aspectos todos definitivos en los balances
periódicos de lo que son en la práctica las políticas vigentes.
2.
Notamos con preocupación el duro contraste entre el agravamiento de las
situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio
ambiental, que presentan los territorios catalogados de manera criminalizante
como “cocaleros”, y la manera como gobiernos e instancias multilaterales han
tratado los temas asociados al llamado Desarrollo Alternativo, negando el
reconocimiento de las voces de comunidades y organizaciones sociales,
configurando así una hegemonía que excluye la participación de la sociedad civil
en esas decisiones. Esta afirmación
se desprende del resultado que arroja el intento que adelanta NNUU en el llamado
proceso ICAD (International Conference on Alternative Development), iniciado en
Tailandia en 2011 y continuado en Lima en noviembre de 2012. En su última
declaración, el “Desarrollo Alternativo” se sigue asociando a la reducción
compulsiva de cultivos con fines ilícitos ignorando el contexto amplio de
desarrollo social, económico y cultural. Allí mismo, el
papel del Estado se enfatiza en el control y la aplicación de la ley
cuando debería situarse de modo prioritario en el papel de promotor del
desarrollo humano garantizando derechos fundamentales en las zonas con cultivo
problemático. Igualmente, entendemos que la reducción de cultivos debe ser una
consecuencia del desarrollo integral rural, que garantice el derecho al acceso y
uso de la tierra por parte de los pequeños agricultores y el respeto a la
autonomía de los territorios colectivos. Igualmente, reclamamos un explicito
reconocimiento del derecho al uso tradicional de las plantas declaradas
ilícitas.
3.
Señalamos que las políticas agrarias de los países desarrollados basadas en
subsidios a la producción y exportación agrícola, han causado crisis en las
sociedades rurales de los países del tercer mundo, trayendo como consecuencia la
expansión de cultivos como la coca. Por ello denunciamos los impactos que
empiezan a mostrar los tratados de libre comercio de nuestros países con las
grandes economías del mundo dado el desequilibrio en las condiciones de acceso a
mercados para nuestro sector rural, la inestabilidad de los precios de productos
catalogados de alternativos como el café y el cacao, la prevalencia de un modelo
de desarrollo rural basado en productos “bandera” cuyas economías se ven
favorecidas por modelos de monocultivo, con gran concentración de la estructura
de tenencia de la tierra y exclusión de las economías campesinas catalogadas
como “inviables” en contextos de economía abierta. Esta situación se agrava por
las grandes inversiones en economías extractivas mineras y de recursos
energéticos que afectan seriamente la vida de los territorios donde se asienta
gran parte de la población rural, todo lo cual estimulará la continuidad del
desplazamiento forzado con graves consecuencias económicas y sociales, generando
un ambiente propicio para salidas desesperadas en la economía ilegal de los
cultivos de uso ilícito.
4. El
ambiente inversionista en zonas donde no se garantiza la seguridad de sus
habitantes ni la vigencia del estado social de derecho estimula la presencia de
grupos de criminalidad que buscan acceder a las rentas de economías extractivas,
a la vez que sirven de mecanismo expedito para controlar violentamente la
protesta social, siendo la economía de las drogas una fuente de sostenibilidad
complementaria a la vigencia de esas estructuras. En Colombia, el estado no ha
establecido una diferenciación entre cultivadores y grupos de criminalidad, y
descarga sobre aquellos su política de erradicación forzosa, criminalización de
productores pobres en nombre del combate a las drogas y de militarización de la
democracia local; situación que genera el círculo vicioso expresado en el
continuo traslado de los cultivos de uso ilícito.
5. Reivindicamos la vigencia de la hoja de coca y sus usos tradicionales como
fuente de afirmación cultural y de resistencia, lo mismo que la producción y
comercialización de bienes derivados de ella; apoyamos las iniciativas de
autocultivo como parte de las medidas de regulación del cannabis, así mismo, su
aporte como otra expresión cultural y de comprobados usos terapéuticos;
manifestamos nuestro apoyo a los esfuerzos de regulación del cannabis en
Uruguay, lo que constituye un punto de referencia en el nuevo contexto de
cuestionamiento a la actual estrategia antidrogas; Observamos con interés los
desarrollos que tengan en EEUU los referendos de Washington y Colorado;
Rechazamos el intento legislativo de penalizar la dosis personal en Colombia y
reclamamos que el nuevo estatuto de estupefacientes descriminalice a los
productores y garantice condiciones básicas de calidad de vida. Siendo víctimas
de las fumigaciones declaramos nuestro rechazo a dicho programa, único en el
mundo, por lo que exigimos una inmediata suspensión de las mismas.
Valoramos que el Presidente Santos se manifieste en favor de la reformulación de
las políticas de drogas, pero lo invitamos a dejar atrás la metáfora de la
“bicicleta estática” y pasar a la acción a nivel interno, estableciendo
programas hacia los productores que sean concertados y basados en evidencia
científica. Así mismo, señalamos que los diálogos de paz entre el gobierno
colombiano y las FARC requieren la participación de la sociedad civil, entre
otros, en el tema de la “solución al problema de las drogas ilícitas” que forma
parte del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera.
Bajo estas condiciones y reflexiones, nos proponemos la realización de un
Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia en
el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios
propios de participación de las comunidades organizadas que sufren la aplicación
de una política injusta, inequitativa e ineficaz. Invitamos desde ya a las
organizaciones internacionales interesadas en este tema a acompañar y apoyar su
realización.
Bogotá, diciembre 6 de 2012