LOS COSTOS DE LA POLITICA ANTIDROGAS EN COLOMBIA.

 

Carlos Ernesto Lucio

 

El debate por la despenalización del consumo de drogas empieza a desarrollarse de manera acelerada en toda Latinoamérica. Dos proyectos de Ley se debaten en la Argentina a favor de la despenalización de la droga. El primero, propuesto por el gobierno a través del ministro de justicia Aníbal Fernández y el segundo de la diputada Diana Conti. Lo mismo sucede en México donde el Presidente Felipe Calderón presenta un proyecto de Ley que obliga a los tres niveles del gobierno a trabajar conjuntamente contra el narcotráfico y establece dosis máxima de droga que pueden ser portadas por consumidores.

 

Al mismo tiempo, destacados especialistas discuten el tema con legisladores y jueces en un ciclo de mesas redondas. El objetivo del encuentro es formar una coalición regional para promover reformas en las convenciones de la ONU que hoy son el sostén de las leyes prohibicionistas en toda la región. “Las políticas prohibicionistas han demostrado su fracaso. Existen incrementos de producción, de comercio y de consumo en todas las sustancias e incluso la creación de nuevas drogas sintéticas. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar?”, se preguntó el italiano Marco Perduca, presidente de la Liga Internacional Antiprohibicionista.


Conjuntamente se desarrollarán el Encuentro Latinoamericano por la Reforma de las Políticas de Drogas y el Primer Simposio Regional de Legisladores y Jueces sobre Políticas de Drogas, con expertos de Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Francia y Jamaica. El evento es organizado por Reforma, una red que agrupa a las principales organizaciones antiprohibicionistas y de reducción de daños de América latina, cuyo comité ejecutivo integra la rosarina Silvia Inchaurraga, titular de ARDA (Asociación de Reducción de Daños de la Argentina). “Proponemos la despenalización de la tenencia de drogas y del autocultivo para consumo personal y la legalización de la marihuana con fines terapéuticos como propuestas perfectamente viables en la región a mediano plazo”, señaló Inchaurraga.


Según explicó, la idea del encuentro es abrir el debate sobre las alternativas de legalización abierta y controlada y analizar las experiencias que se están llevando en otros países. El objetivo final es consensuar una campaña internacional para instalar la necesidad de modificar la Convención Unica sobre los Psicotrópicos y Estupefacientes de 1961 y los otros dos tratados de la ONU sobre drogas de 1971 y 1988 que establecen un régimen de control, a través de la prohibición del cultivo de las plantas de marihuana, coca y amapola –estas dos últimas sólo pueden cultivarse para fines médicos y científicos pero en cantidades muy limitadas– y del consumo de las sustancias psicotrópicas en el ámbito mundial. “No se puede cambiar una ley si no se reforma el derecho internacional”, reflexionó el italiano Perduca.


Y agregó: “La propuesta de usar la cannabis con fines terapéuticos se contrapone a las normas que fijan estas convenciones, porque la planta de marihuana está prohibida, como la heroína”, ejemplificó. El debate en el seno de las Naciones Unidas se llevará a cabo en 2008, en una Sesión Especial convocada en Viena.


En América latina, países como Uruguay, Perú, Paraguay, Guatemala y El Salvador han despenalizado la tenencia para el consumo personal. “En Colombia se logró a partir de una presentación de un particular ante la Corte Suprema de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de una ley que penalizaba la posesión personal de drogas para consumo propio. Fue hace unos doce años. Pero actualmente el gobierno (de Alvaro Uribe), pretende que se modifique la Constitución para que en la misma Carta Magna se establezca la prohibición y la penalización de la tenencia”


El uruguayo Agustín Lapetina, de la ONG El Abrojo, contó cuál es la situación del otro lado del Río de la Plata, donde tampoco está penada la tenencia para el consumo personal de ninguna droga. “En los últimos años se ha observado un cambio en cuanto a la represión: ni siquiera se detiene a quien consume marihuana en un ámbito público. En las plazas se ve y se huele. No hay una criminalización del usuario de drogas”, apuntó.

 
Detrás de esa posición de los Estados Unidos en contra de la despenalización se conjugan distintos factores: la moral victoriana, que comete los pecados pero los oculta; el oportunismo de algunos políticos, que se muestran como los salvadores de la humanidad, los protectores de la moral pública y de las esperanzas de la juventud, hablando de la política antidrogas; y el interés de los corruptos que no quieren que la prohibición se termine porque ganan dinero con ella como los jefes de aduana, jefes o controladores de aeropuertos, policías e inclusive jueces.

La frontera entre el farmacodependiente y el traficante de drogas de uso ilícito en pequeña escala -el narcomenudista-, siempre ha sido extremadamente borrosa. En el país de la seguridad democrática este fármaco dependiente puede ser considerado un narcotraficante o simplemente sujeto de la violencia social que se ejerce contra los mal llamados desechables.

 

Hay un solo camino para evitar las injusticias a las que está sujeta nuestra población: despenalizar la posesión de drogas cuando sea en tal cantidad que apenas baste para el consumo personal, es decir: cuando sea tan pequeña que no pueda ni siquiera hablarse de narcomenudeo. En México recientemente-, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una reforma la Ley de Salud y al Código Penal Federal, que despenaliza la posesión de 500 miligramos de cocaína, un kilo de peyote, una pastilla de LSD; cinco gramos de opio o de marihuana; 250 gramos de hongos alucinógenos y 25 gramos de heroína.

 

Por supuesto no faltaron los senadores que pusieron el grito en el cielo diciendo que las reformas estaban legalizando el consumo y que el país estaba caminando hacia la perdición. Sus protestas consiguieron que se bajara las cantidades permitidas -en el proyecto original eran un poco menos pequeñas-, pero al final la reforma fue aprobada por las dos Cámaras.

 

Otro gran abanderado de la causa de la despenalización es el escritor Mexicano Carlos Fuentes, que el pasado 13 de octubre recibió de manos del Rey Juan Carlos I el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha, junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien también considera insostenible la política antidroga dictada desde los países consumidores.


Durante un encuentro con medios de comunicación, celebrado después de haber dictado una conferencia magistral en la Casa de América, el controvertido novelista aseguró que la violencia y el crimen organizado son el mayor problema de México, recordando las más de tres mil muertes contabilizadas en lo que va del año.


"La drogadicción siempre es un problema terrible, pero lo sería menos si dejara de tener la faceta criminal", afirmó el escritor.  Insistió en que los narcotraficantes ponen la droga en la frontera para que “los americanos la limpien en sus bancos" y en que el origen del problema está en Estados Unidos, ya que la oferta mexicana de droga existe porque hay una demanda estadounidense.


Al plantear la despenalización “global” como una solución –que para ser exitosa necesita abarcar muchos países– argumentó que esta propuesta molesta mucho a los norteamericanos porque, a pesar de decir que defienden la libertad y la sanidad, en realidad lo que protegen es el consumo de la droga.


Remató señalando lo mucho que nos ha costado a los mexicanos tener una democracia y se cuestionó en voz alta: “¿Qué ocurre cuando los recursos de la democracia no son suficientes para detener el crimen? El quid de la cuestión es que la democracia tenga armas para combatirlo, porque la sociedad está pidiendo al Estado que dé una respuesta”.


A primera vista, la despenalización de las drogas sugerida por Carlos Fuentes suena descabellada. Sin embargo, dadas las actuales circunstancias, toda propuesta que cuente con una base racional suficiente y se haga en el ejercicio del derecho a la libre expresión debe, al menos, ser estudiada.


Sobre todo porque el cambio en el modelo internacional de combate al narcotráfico y atención a la fármacodependencia al que se refirió Fuentes no surge –como se pretende hacer creer– de un oscuro grupo de “adoradores” de las drogas, sino de la aplicación de un marco teórico, cuya base se encuentra en una corriente fronteriza entre el derecho y la economía, denominada análisis económico del derecho.


Esta corriente, surgida en los años cincuenta, estudia los sistemas normativos utilizando como base las herramientas dadas por la economía, bajo un enfoque costo beneficio, que tiene como principal objetivo la búsqueda de la eficiencia de los sistemas legales.


Si se aplica al “mercado” de las drogas este enfoque, cuyo fundador fue el Nobel de Economía Ronald Coase, se obtienen conclusiones muy similares a las expuestas por Carlos Fuentes.


El argumento central del análisis económico del derecho es que si se despenalizaran las drogas a nivel internacional se acabaría con el mercado negro de estupefacientes, lo que disminuiría los precios y, por ende, los enormes incentivos a traficar.


Así las cosas, de acuerdo con los defensores de la despenalización, los más afectados por un cambio en la normatividad serían los propios narcotraficantes, que verían desaparecer el mercado negro que hoy los ha encumbrado. Algo similar a lo que sucedió en los años veinte, durante la prohibición del consumo de alcohol en los Estados Unidos de América y su posterior eliminación.


Como se podrá observar, los argumentos de esta corriente no se apoyan en ningún caso en una valoración positiva del consumo de drogas sino en una serie de consideraciones en torno a los efectos que el actual marco normativo produce en el mercado de los estupefacientes.


De acuerdo con quienes apoyan esta visión, la despenalización debería sujetarse a una serie de restricciones, como es el caso de otras drogas legales –el tabaco o el alcohol, por ejemplo–, tales como la prohibición de la venta a menores de edad y a mujeres embarazadas.


Asimismo, debería acompañarse de una serie de políticas públicas de prevención, cuyos recursos se obtendrían a partir de los impuestos generados por el consumo legal y por los ahorros que en las arcas públicas supondría el dejar de gastar en combatir el narcotráfico; otorgándosele al problema un enfoque de salud pública más que de justicia.


Lo anterior también permitiría evitar los efectos que dicho tráfico genera actualmente en materia de seguridad pública, violencia e infiltración de las instituciones gubernamentales.

 

Colombia no es la excepción y el debate se desborda, para el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, Franklyn Moreno Millán, la decisión de legalizar o penalizar la droga, más que un debate jurídico, es un debate político.

Para el constitucionalista el debate comenzó con la constitución del 91 y en especial con el artículo 16 que garantiza el libre desarrollo de la personalidad.

"Yo comparto la tesis de la Corte, en el sentido de que la penalización es inconstitucional porque el artículo 16 dice que sólo puede ser limitado el libre desarrollo de la personalidad a partir del orden jurídico de los derechos de los demás", dijo.

 

El director de la facultad de Derecho de la Santiago, manifestó que legalizar no significa acabar con el narcotráfico o la corrupción y enfatizó que uno de los aspectos que se deben tocar en esta discusión es el tema de la producción.

"Frente a la producción, soy partidario de una represión jurídica y militar, frente al tema del consumo, no soy partidario de las represiones de orden jurídico, creo que el tema es de orden educativo y cultural, de sensibilización y concientización de las consecuencias".

 

Recordó que la Organización Mundial de la Salud, catalogó la drogadicción como una enfermedad y dijo que un enfermo no se lo puede penalizar ni podemos legalizar ni incentivar una enfermedad".

¿Por qué no despenalizar el consumo de drogas, como se ha hecho con el consumo de los cigarrillos y del alcohol, que son también dañinos para la salud?
Definitivamente que estamos ante una pregunta compleja. Algunos observadores y moralistas están profundamente convencidos que si despenalizamos la droga, acabaríamos con el narcotráfico. Y esto sería de un enorme beneficio para la sociedad. El narcotráfico existe fundamentalmente porque existe una demanda real por parte del mercado que consume.
Sabemos de ex-profeso que nos adentramos en una temática en extremo polémica y polarizante, con sólidos argumentos éticos a favor y en contra.
Pero precisamente por sus profundas implicaciones morales en el escenario social, es por lo que no debemos eludir la complicada madeja que representa el hecho te despenalizar el consumo de drogas. Pero recordemos siempre que la ley es simplemente un marco de costumbres humanas para regular y exigir comportamientos y ajustaro prohibir desviaciones. El consumo de DROGAS en todas sus variantes conocidas: la marihuana, la cocaína, el crak, la heroína, por sólo mencionar las variantes más conocidas, se ha convertido en una moda peligrosa y mortal para sus adictos. Pero también, aunque reconozcamos que en menor medida, son peligrosas y mortales la adicción al cigarrillo y al alcohol, que llevan a la tumba anualmente a cientos de miles de seres humanos, aunque sea una adicción permitida por la ley.

En este punto es conveniente distinguir entre las “drogas blandas”, como la marihuana que producen daños menores, y las “drogas duras”, como el crak y la cocaína que producen daños devastadores en la siquis del consumidor.
Si analizamos otro ángulo de esta problemática, vemos que sólo en los Estados Unidos, el costo de perseguir el tráfico y el consumo de estupefacientes se eleva a la cifra monumental de más de 15 BILLONES de dólares anuales.

 

A esta cifra habría que añadir los casi MIL MILLONES de dólares que se dedican al tratamiento del adicto. Un 80 por ciento del tiempo de los agentes policíales y organismos judiciales se dedican a la actividad incesante de prevenir y castigar a los productores, distribuidores y consumidores de la droga. Y ahora vuelve a saltar la pregunta directa y sin dobleces que se hacen algunos estudiosos del escenario social y con la cual comenzamos esta viñeta periodística:¿Por qué no DESPENALIZAR el consumo de drogas, que nos ahorraría inmediatamente todo el gigantesco monto que se invierte en perseguir el tráfico y prevenir el consumo, como hemos hecho con el cigarrillo y con el alcohol? Si en algún momento se despenalizara el consumo de las drogas, los legisladores tendrían que hacer obviamente un sana distinción entre el productor, el traficante y el consumidor, que definitivamente es el eslabón más débil de toda la cadena. De ocurrir hipotéticamente esta despenalización, entonces el consumidor tendría que acudir a las farmacias o comercios autorizados. Este hecho permitiría la posibilicad de un trabajo social educativo más intenso para ayudarlos a dejar la adicción, como se hace habitualmente con los adictos al cigarrillo y al alcohol. Tanto el productor, como el distribuidor, dejarían de ser exponentes delictivos y su actividad comercial sería regulada como cualquier operación mercantil. Según los defensores de esta política, quedaría inmediatamente eliminado el fabuloso monto que gasta la sociedad en combatir al narcotrafico. Y este monto sería una fuente de empleos que se canalizaría hacia el trabajo social de ayudara que disminuya y/o se elimine la adicción. A su vez, desaparecería la figura del narcotraficante, pues no tendría sentido el manejo subrepticio del producto. Nada fácil sugerir soluciones para un problema que genera tanta violencia y descalabro humano. Pero no nos queda otro remedio que acercarnos a la drogadicción con inmensa misericordia y comprensión, para ayudar al adicto a superar su debilidad o desviación sicológica fatal. La degradación moral de ciertas épocas en la historia hay que afrontarlas con una dosis gigantesca y solidaria de amor.