Augusto Bonilla PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL FENOMENO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NARCOTICOS

PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL FENÓMENO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS

PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL FENOMENO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NARCOTICOS

En el estudio que se referencia como sustento a esta propuesta[1] se presentan, confrontan e interrelacionan, una serie de documentos y posiciones de entidades y personalidades autorizadas en el tema del narcotráfico y las políticas oficiales al respecto. La elaboración del trabajo y su propio contenido, sirven de argumento para hacer el siguiente resumen de las reflexiones que consideramos más importantes para tener en cuenta en el debate y en la toma de decisiones que se requieren para formular los objetivos más convenientes para nuestra sociedad en materia de las drogas ilícitas y de las estrategias más eficaces para lograrlos. Sin lugar a dudas, las diferentes intervenciones de los panelistas y participantes las refuerzan.

1. La política contra las drogas ilícitas en Colombia hasta el momento estableció como objetivos centrales: incrementar la abstinencia, disminuir la criminalidad asociada al uso de las drogas y lograr que la edad de inicio en el consumo sea lo más tarde posible. La verdad es que esa política ha sido un rotundo fracaso según la visión de los expertos en el tema y un rotundo éxito según las autoridades gubernamentales. De todas maneras, para el logro de estos objetivos, se han gastado decenas de miles de millones de dólares, se han cometido crímenes de lesa humanidad, se han infringido los derechos humanos y los principios constitucionales y se han generado sacrificios sociales inconmensurables, que puestos en un análisis de costo beneficio no resistirían ninguna defensa para justificar la sostenibilidad de la política y más bien dan argumentos para exigir un cambio radical de paradigma.

2. En el marco de la elaboración de las políticas prohibicionistas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas de Viena en 1988, se expresaron entre otras las siguientes grandes preocupaciones como motivaciones para implementar la política[2]:

· La magnitud y la tendencia creciente de la producción, demanda y tráfico ilícitos. Estas magnitudes no se redujeron y por el contrario, siguieron creciendo como lo muestran los datos oficiales y las cuentas que de ellos se desprenden. Otra cosa muy diferente es que el “efecto globo” y las crisis típicas de la producción hagan que haya cambios geográficos y temporales en sus montos.

· La grave amenaza que representan para la salud y el bienestar de los seres humanos. Aunque existen datos y conceptos lo suficientemente elaborados que contradicen ésta afirmación, en pro del debate se puede aceptar como cierta. Pero también es cierto que existen aún mayores problemas de salud con otras causas, como es el caso de las enfermedades infectocontagiosas y de las mentales, las cuales requieren por lo tanto mucha mayor atención y recursos para su manejo. Sin embargo, las amenazas contra la salud relacionadas con las drogas ilícitas después de 19 años se mantienen. Con el incremento del prohibicionismo y de la persecución, esas amenazas no serán eliminadas. Lo que va a suceder es que se ocultarán aun más a los ojos de las autoridades, se volverán más clandestinas como las mismas drogas ilícitas, lo cual dificultará su atención y prevención. Es un hecho demostrado que en los países en donde se aplica la política de reducción del daño el problema de la salud disminuye ostensiblemente.

· El menoscabo que le causa a las bases económicas, políticas y culturales de la sociedad. No cabe duda que el narcotráfico influye en la economía, la política y la cultura. La duda surge en la evaluación del tipo de influencia que el narcotráfico ejerce sobre estos campos. Con relación a las bases culturales es un hecho que en los años de aplicación de las políticas contra las drogas ilícitas vigentes, la narcocultura ha estado ocupando un sitio predominante y muy negativo desde el punto de vista ético y moral de nuestro Estado Social de Derecho, lo cual implica que se nos ha venido menoscabando la cultura, aun con aplicación de la política prohibicionista vigente.

Desde el punto de vista del menoscabo de las bases políticas, de lo que se ha podido ver, es que este deterioro no se ha podido frenar, mucho menos subsanar los efectos negativos del narcotráfico en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como tampoco ha podido restituir la dignidad de muchos políticos que ejercen como tales desde las instituciones del Estado. Por ejemplo, la compra de votos, la corrupción y la impunidad, como expresiones del menoscabo de las bases políticas se han puesto de manifiesto ahora más que nunca, durante la existencia de la política contra las drogas ilícitas vigente.

Pero respecto al supuesto menoscabo de las bases económicas existen demostraciones muy serias que de ser acertadas como parecen serlo, los efectos en el PIB pueden llegar a ser muy positivos desde el punto de vista cuantitativo, que es lo que más importa cuando de ganancias y rentabilidades se trata. Precisamente por esos altos indicadores es que existe el negocio. Por las altas tasas de la ganancia que ofrecen esas actividades, en donde los más favorecidos son los países importadores y comercializadores al menudeo, que se quedan con el 99% de los recursos generados. Entonces, aquí no se podría afirmar desde el punto de vista de la economía clásica que las bases económicas se están menoscabando.

· La penetración sostenida y creciente en los diversos grupos sociales. La aplicación de la política contra las drogas ilícitas hasta el momento no ha logrado frenar la penetración del narcotráfico y su cultura en todos los círculos sociales representativos de nuestro país. Por lo contrario, el narcotráfico y su cultura se ha venido metamorfoseando y en la medida que pasa el tiempo se viene justificando, aceptando y apropiando espacios sociales que antes le eran vedados. En el imaginario social el narcotráfico, con sus expresiones socioculturales, ha venido ganado espacio y aceptación social.

· La utilización de los niños en las diferentes etapas de la cadena productiva. Como lo muestran los datos estadísticos oficiales y de opinión, la participación de los niños en las diferentes etapas del proceso productivo se ha incrementado, en especial en las correspondientes al mercadeo al por menor y en el consumo. Aquí la política existente contra las drogas ilícitas objetivamente hablando, tampoco puede dar parte satisfactorio.

· La relación con otras actividades delictivas organizadas que socaban las economías lícitas, y que amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados. Si bien es cierto que existen muchas actividades de carácter ilícito que se benefician de la existencia del narcotráfico, hay que reconocer que también existen actividades lícitas favorecidas. Dentro de las actividades carácter legal que salen favorecidas con la existencia del narcotráfico, sobresalen en importancia por ejemplo las asociadas a la misma guerra contra el narcotráfico, las productoras de logística militar, en donde el estado es el principal consumidor. También se favorecen la finca raíz, las actividades bancarias y las accionarias. La política contra las drogas ilícitas de estos largos años no puede mostrar resultados definitivos en éstos aspectos. Existen afirmaciones de expertos que acreditan la relativa estabilidad económica del país a los voluminosos recursos que ingresan por concepto de las drogas ilícitas. Al respecto, el modelo keynesiano con su multiplicador muestra grandes beneficios de los ingresos por narcotráfico. De otra parte la seguridad y la soberanía no siempre van por el mismo camino, la seguridad democrática y los acuerdos con Estados Unidos sobre las bases militares oficialmente se sustentan en la lucha contra el narcoterrorismo, pero no necesariamente son muestra de seguridad social y mucho menos de soberanía y estabilidad estatal.

· El ser una actividad internacional cuya supresión requiere urgente atención y prioridad. Si en algún aspecto se pueden mostrar logros de la política contra las drogas ilícitas es en este campo. En los últimos años la atención a los problemas relacionados con el narcotráfico internacional se han vuelto más urgentes y prioritarios que los crímenes de lesa humanidad, que las masacres, los desplazamientos forzados, la expropiación violenta de tierras y que muchos otros delitos cometidos contra nuestra población por influencia del narcotráfico. Los grandes criminales de la parapolítica que se entregan a la justicia o que son capturados, se extraditan despachadamente por narcotráfico. De todas maneras en el subconsciente colectivo existe una sensación de inconformidad que no justifica plenamente éste éxito de la política contra las drogas ilícitas en Colombia. Máxime cuando no existe reciprocidad de la contraparte internacional.

· El hecho que genere considerables rendimientos financieros que posibilitan corromper las estructuras de la sociedad en todos sus niveles. Nunca como ahora, en los últimos años, se había evidenciado tanto la corrupción de muchas instituciones del estado y de los dirigentes que las regentan. Es el caso de la parapolítica, de los senadores, representantes, jueces, altos ejecutivos, políticos y familiares de importantes políticos, que han sido implicados con diversos tipos de delitos que van desde la corrupción hasta el asesinato, independientemente o mejor consecuentemente, que por vencimiento de términos muchos queden en libertad y unos pocos paguen irrisorias penas. Ahora bien, no se sabe cuántos de estos descubrimientos y supuestas vinculaciones sean resultado de las directrices emanadas de la política contra las drogas ilícitas. Nadie se atreve a meter las manos en el fuego para afirmar que como resultado de la política contra las drogas ilícitas ha disminuido la corrupción en las estructuras de la sociedad.

· La necesidad de privar a las personas dedicadas a este ilícito del producto de sus actividades y eliminar así su principal incentivo para tal actividad. Al parecer, al negocio de las drogas ilícitas no lo ha afectado la crisis económica general que se vivió en el capitalismo en los últimos tiempos. Todo indica, según las leyes del mercado, que las ganancias en el negocio de las drogas ilícitas no se han disminuido como si sucedió en la mayoría de las demás actividades económicas y por el contrario éstas se incrementan más en relación con las inversiones, habida cuenta del riesgo que implica la clandestinidad de la producción y tráfico. Por lo tanto no es seguro, ni rigurosamente científico, afirmar que los incentivos económicos del narcotráfico se hayan disminuido y mucho menos, por efecto de la política vigente contra las drogas ilícitas. Lo que si se manifiesta es un cambio claro en las estructuras organizativas empresariales de los narcotraficantes y en la tipología de sus consumos personales.

· La importancia de eliminar las causas profundas del uso indebido de estas sustancias. Al respecto no se conocen programas ni proyectos, al menos de carácter masivo, que se estén poniendo en práctica para determinar por qué motivos la gente consume SPA ilegales y por lo tanto, sin conocer o reconocer esos motivos no es posibles eliminarlos con o sin la ayuda del Estado. La propaganda relacionada con “la mata que mata”, no ha tenido resultados positivos porque la audición popular la recibe con un alto grado de indiferencia y la población pensante se deprime al escuchar este tipo de pedagogía.

3. El uso y el abuso de las SPA, son inmanentes al desarrollo de la especie humana, desde sus inicios como seres vivos, así mismo como son utilizadas por algunos animales. Las SPA han acompañado a los seres humanos en todos sus actos, en especial en los más representativos desde el punto de vista cultural. Los actos religiosos, deportivos, medicinales, lúdicos y muchos más, han sido magnificados con SPA. Así mismo, a través de la historia los gobernantes le han dado a este fenómeno tratamientos diversos, desde la exclusividad de su uso para los líderes de las comunidades hasta la condena y persecución a los consumidores comunes. La historia de las SPA está ligada a la historia de la humanidad y como ésta ha tenido sus momentos de gloria y terror.

4. Dentro del sistema capitalista se crean condiciones aparentemente opuestas para la reproducción social de las SPA. De una parte se promueve una serie de valores culturales que exacerban el fetichismo de la mercancía, el individualismo hedonista y la libre competencia. De otra parte, se estimula y se facilita el desarrollo de las capacidades productivas y se crean las condiciones para la sustitución de los productos de carácter natural por los productos sintéticos y finalmente, se procuran imponer mediante políticas gubernamentales procesos y procedimientos que beneficien a los grandes capitales en detrimento de los menos poderosos.

5. Las SPA, como mercancías que son, tienen la capacidad de satisfacer alguna necesidad humana y al mismo tiempo la capacidad de ser intercambiada por otras mercancías, directamente o a través del dinero. Estas dos características hacen posible que quienes participen de su producción y distribución puedan obtener ingresos por concepto de ganancias, salarios, intereses y rentas. En la medida que esos productos sean ilegales las posibilidades de aumentar los ingresos aumentan en proporción directa a la demanda de la mercancía y de la clandestinidad del negocio.

6. Los problemas sociales relacionados con la producción, distribución y consumo de las SPA ilícitas, son mucho más complejos e importantes que los que ventilan los gobiernos locales e internacionales como argumentos para la formulación de políticas contra las drogas ilícitas. Los grandes problemas socioeconómicos, como la guerra, la violencia, la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los desplazamientos forzados y demás, no se toman en cuenta, por lo menos con la debida rigurosidad científica, en la formulación de las políticas. Esta falencia conlleva a círculos viciosos en aspectos concretos de carácter demográfico, económico, financiero, político, de salud, vivienda, educación, y en términos generales de desarrollo rural y de desarrollo urbano.

7. El problema del narcotráfico en Colombia, por ejemplo, más allá de la gravedad del consumo por una parte mínima de la población, en términos relativos, tiene relación directa de causalidad con el desplazamiento de cerca de 5 millones de personas y con la expropiación violenta de cerca del 11% de la superficie agropecuaria colombiana.

8. Si bien es cierto que el consumo de las drogas ilícitas puede ser un problema serio desde el punto de vista médico, lo es mucho más en cantidad y calidad, el consumo de drogas lícitas, como es el caso de las bebidas alcohólicas, el tabaco y de medicamentos de fácil consecución mediante formulación médica. Además, en el país existen problemas de morbilidad que requieren mayores recursos financieros, como es el caso de las infecciones respiratorias agudas, problemas relacionados con el embarazo normal, enfermedades de los dientes, cuyas tasa de morbilidad superan el 250 por cada 100.000 habitantes, amén de los problemas de desnutrición de amplias comunidades.

9. La relación directa que se le atribuye a las enfermedades infectocontagiosas de carácter sexual con el uso de drogas ilícitas o lícitas es más un problema de carácter sociocultural.

10. El origen o causas del consumo de SPA, se encuentra en las privaciones psicoafectivas, las violaciones a los derechos individuales, en las carencias de tipo social y en las enfermedades de tipo mental que se originan en las anteriores.

11. La formulación de políticas contra las drogas ilícitas no consultan ni priorizan el respeto a los derechos humanos con la suficiente racionalidad y por lo contrario, en defensa de valores discutibles de tipo ético y moral, abren la oportunidad para que sean violados sistemáticamente. Lo mismo sucede con los principios y derechos fundamentales proclamados en la Constitución Política colombiana.

12. La violación de los derechos es realizada por diferentes actores, en principio opositores entre sí, pero que tienen de fondo y en común el negocio ilícito de drogas y múltiples actividades conexas.

13. En una claramente absurda interpretación del concepto de justicia, el delito del tráfico de SPA ilícitas es tratado en Colombia como el más cruel de los delitos. A tal nivel que las autoridades nacionales le dan prioridad a la justicia de los comerciantes y consumidores estadounidenses, castigando el narcotráfico, pero posibilitando que queden en la impunidad graves delitos contra nuestros compatriotas, como son los delitos de lesa humanidad, las masacres de miles de personas, los desplazamientos de millones de campesinos y ciudadanos, la expropiación violenta de tierras y bienes. Delitos que han sido confesados por sus propios autores materiales, pero en muchos casos cuidando el secreto de los autores intelectuales.

14. El sistema capitalista contemporáneo no ha cambiado en su esencia, ni en relación a sus leyes de funcionamiento, ni a sus objetivos. Los cambios que se perciben se relacionan con los volúmenes de concentración y centralización de la riqueza y en la contraparte, en el incremento de la pobreza y de la inviabilidad de sobrevivencia de una población creciente.

15. El negocio del narcotráfico es un negocio más en el mundo capitalista, solo que a diferencia de los negocios legales, el narcotráfico por ser ilegal genera mayores ganancias y grandes volúmenes de recursos monetarios que influyen en otras actividades de carácter lícito e ilícito, que compiten por la apropiación individual de la riqueza social.

16. En Colombia existe una serie importante de ventajas comparativas de carácter natural, social y político, que favorecen al negocio de SPA ilegales. Estas ventajas nacionales vienen siendo paulatina pero inexorablemente sustituidas a nivel internacional por otros países, que probablemente legalizarán la producción. Este es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica con la producción y comercialización de la marihuana.

17. Aunque los datos sobre la competitividad de nuestro país son desalentadores, en lo que se refiere a nuestros niveles técnicos y a la capacidades de nuestra fuerza de trabajo, los capitales extranjeros se sienten atraídos por Colombia. La razón se encuentra en que las inversiones foráneas son lo suficientemente rentables. No es seguro afirmar lo mismo para los capitales nacionales pequeños, en especial para las nuevas inversiones. De todas maneras, las inversiones no son suficientes para emplear la creciente mano de obra, por lo que ésta se ve obligada a buscar alternativas y el negocio del narcotráfico se presenta como una alternativa atractiva para una parte considerable de la población.

18. La influencia del negocio de las SPA ilícitas en la economía nacional y mundial, se puede intuir al considerar el volumen y el monto monetario generados en el año 2007. La sola producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, que fue de 994 toneladas métricas, a precios del consumidor final de 60.000 dólares por Kilogramo, alcanzó un monto de 5.964.000.000 de dólares. Si a estos valores se le agregan los correspondientes a 8.9 millones de kilos de opio, 41.1 millones de kilos de marihuana y los de 494.000 kilos de anfetaminas, que según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen se produjeron y comercializaron ese año, los montos reales de todos las SPA no son fáciles de calcular y sus efectos socioeconómicos no son fáciles de subestimar.

19. En Colombia, a precios constantes de 2009, la producción de cocaína durante los últimos 19 años, la cual según datos oficiales fue de 7.948 toneladas métricas y tendría un precio actual de 7.948 x 1.000. 000 gramos x 200 dólares = 1,5896E+12 dólares, esto es US$ 1.589.600.000.000 (un billón quinientos ochenta y nueve mil seis cientos millones de dólares estadounidenses). Mucha riqueza representada en mucho dinero, que las entidades legales nacionales y multinacionales no pueden darse el lujo de que sean apropiadas por organizaciones ilegales, fuera de sus cuentas y de sus arcas. Esta es la verdadera mata que mata.

20. Las grandes sumas de dinero que ingresan a los países por efecto del narcotráfico, influyen de manera directamente proporcional en el PIB y en las demás categorías macroeconómicas como la inflación, devaluación, niveles de ahorro, inversión y consumo, cuentas externas y tasas de cambio, empleo y salarios. También influyen en las presiones políticas por reivindicaciones sociales.

21. Según los cálculos más conservadores, la demanda agregada generada por los ingresos de la cocaína en Colombia, equivalentes a solo el 1% del total de recursos de la producción nacional durante el período comprendido entre 1990 y 2008, alcanzaría una suma que oscila entre 63.600 y 79.500 millones de dólares, que convertidos a pesos colombianos a una tasa de 2.000 por cada dólar, equivalen a una suma que va de 127 a 159 billones de pesos.

22. Al comparar las cifras oficiales (DANE) sobre el crecimiento anual del PIB y de la población colombianos, del año 2000 al año 2007, bajo el supuesto de una distribución equitativa, cada habitante del país habría podido mejorar su nivel de vida un 16.4%. En éste supuesto económico los ingresos del narcotráfico jugarían un papel definitivo. Sin embargo la verdad es otra. No existe una distribución equitativa y la apropiación de esos recursos quedan en muy pocas manos. Probablemente en las de los que, de manera consciente, están interesados en mantener el dominio del negocio y su clandestinidad.

23. La importancia del narcotráfico en la economía nacional, es mostrada por el gobierno como un problema estratégico de guerra, en donde el ilícito negocio representa la principal fuente de financiamiento del terrorismo y un desangre del presupuesto nacional. Según la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República, Si no existiera el narcotráfico los onerosos recursos económicos destinados a los gastos generados por los programas de las familias guardabosques, de apoyo a los desmovilizados, de ayuda a los desplazados y los gastos de tipo ecológico por reforestación, bien podrían ser destinados a inversión social. Estas cuentas no son lo suficientemente claras y los recursos del narcotráfico no se pueden reducir en su volumen y en su impacto a este tipo de apreciaciones, porque según lo vimos, los montos van mucho más allá de los presentados por el comunicado de la Presidencia de la República.

24. Así como a nivel global, desde las instituciones supranacionales, se imponen formas esotéricas de pensar a las sociedades, que rechazan “el uso exclusivo y abusivo de la razón instrumental analítica”, en el país se propone el Estado de Opinión, en contra del Estado Social de Derecho, buscando el aval social de una opinión pública creada a imagen y semejanza de quienes pregonan la guerra.

25. La narcocultura como expresión del imaginario social, es un subproducto lógico de la implementación del fetichismo de la mercancía, de la sociedad de consumo, impuesto por los grandes inversionistas en su afán de vender más para ganar más, pero implementado en una sociedad en donde las oportunidades de recursos monetarios para gastar son muy reducidos en la legalidad, mientras que en la ilegalidad de los negocios más rentables del mundo esas posibilidades se ofrecen en abundancia.

26. Con la promulgación del acto legislativo Nº 2 del 21 de diciembre de 2009, por parte del presidente Álvaro Uribe, con el cual se prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y se establece atención médica para los adictos, se reformó un vez más la Constitución Política de Colombia para acomodarla a los intereses del actual gobierno nacional. Con ésta reforma, no solamente se da un retroceso frente a las tendencias actuales mundiales respecto al manejo de las SPA, sino que se retrocede frente a los logros alcanzados respecto a la libertad y a la democracia en nuestro país. La clandestinidad del porte y consumo de la dosis personal, volverá más complicados los problemas de la salud y la justicia, y económicamente más ventajosos los negocios del narcotráfico.

27. El fortalecimiento en el imaginario social de lo esotérico, favorecerá a los padres espirituales de las iglesias y credos político – religiosos, quienes mediante actos de fe se afianzarán en sus liderazgos sociales y en sus posiciones privilegiadas en las instituciones del Estado.

28. Nuestra constitución dice claramente: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger… libertades”; “Se garantiza la libertad…”; “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad...” De otra parte, a diferencia del Estado Paternalista, el Estado Social de Derecho acepta a las personas naturales como seres pensantes, capaces de discernir y diferenciar entre lo que les conviene y lo que no les conviene. En esa medida les reconoce a los individuos y a las comunidades la capacidad autónoma de decidir sobre lo que deben hacer y les posibilita hacerlo. Sin embargo esta concepción sobre la libertad y el papel del Estado frente a las libertades en nuestro país se atiborran de contradicciones y lo que debía ser un certero principio del comportamiento gubernamental en la práctica se convierte en una exacta incertidumbre.

29. En relación al concepto de libertad, los argumentos gubernamentales (dados por el ministro Andrés Felipe Arias) para prohibir el porte y consumo de la dosis personal en esencia dicen: Primero, restringimos la libertad de porte y consumo de la dosis personal de unos para restringir la libertad de porte y consumo de la dosis personal de otros. Segundo, la existencia del narcotráfico y sus delitos conexos son originados en la libertad del porte y consumo de la dosis personal y tercero (la razón filosófica), Colombia ha hecho un sacrificio muy grande en la lucha contra el narcotráfico para que ahora se vaya a otorgar la libertad de porte y consumo de la dosis personal. La política originada en estos argumentos entonces tiene una visión muy mezquina, porque lo que busca es reprimir y coartar la libertad, y al mismo tiempo concibe que la prohibición al porte y consumo personal es la recompensa al inmenso sacrificio que la cruenta guerra le ha significado a la sociedad colombiana.

30. Es necesario abrir el debate sobre cuál debe ser la política contra la drogas ilícitas, pero a partir del conocimiento científico, de las verdaderas características de las diferentes sustancias, empezando por la coca y la marihuana. A partir del conocimiento objetivo de las causas de las adicciones y de los efectos de las mismas. Sabiendo cuáles son los orígenes de los supuestos delitos conexos al consumo, a los procesos productivos y de comercialización. En el debate no se puede dejar perder de vista la defensa de los derechos y libertades. Todo esto y más, buscando una formación del imaginario social basado en la objetividad de la libertad.

31. La formación del imaginario social sobre el narcotráfico y las políticas contra las drogas ilícitas tienen como fuente primaria por lo abundante y frecuente, las noticias, las telenovelas, el cine y algunas novelas y crónicas populares Desafortunadamente, estas fuentes no le dan a la problemática un tratamiento científico, y no tienen por qué hacerlo, porque lo que fundamentalmente buscan es ganar sintonía y el manejo de la opinión pública a favor del statu quo.

32. Entre el “rating” y el manejo del imaginario social aparecen los valores del consumismo, en donde los lujos, las mujeres voluptuosas, el poder, la valentía, la osadía, las venganzas sangrientas, la astucia, el engaño y otras valías más, se entremezclan formando el principio filosófico de “todo vale para salir adelante y tener billete y poder lucir” que silenciosamente se apodera de muchas mentes y de alguna parte de la música como forma de aceptación social.

33. Los valores culturales populares, de tan gran importancia para el respaldo o rechazo de las propuestas políticas de la administración gubernamental, se forman a través de los diferentes medios que nos muestran que los delitos de lesa humanidad son secundarios frente al delito del negocio ilícito de SPA, que muestran que el crimen y la ilegalidad son una opción más entre las posibilidades de vida cuando se trata de superar los niveles de miseria y pobreza.

34. La democracia que se legaliza como forma de gobierno en nuestra Constitución Política, entra en conflicto con los objetivos del Estado Social de Derecho, porque los actos gubernamentales, decididos democráticamente, con la participación de una población mayoritariamente alienada, no siempre persiguen el bien común, no buscan materializar los derechos y deberes que la misma Constitución indica.

35. En relación con la política contra las drogas ilícitas, mediante actos democráticos se incrementa la guerra con sus funestas consecuencias en el irrespeto a la vida mediante las masacres y asesinatos selectivos, frustra el desarrollo de las capacidades productivas de muchas personas que se ven obligadas a buscar la sobrevivencia en actividades delictivas y transforma el principio de solidaridad en principio de complicidad. La igualdad, como principio y como derecho es desdibujada en su contrario porque las propuestas políticas no implementan procesos niveladores sino que agudizan las contradicciones en la distribución de la riqueza y en los incrementos de las manifestaciones de discriminación a las minorías.

36. La formulación de las políticas contra las drogas ilícitas debe tomar en cuenta la opinión no solo de los gobiernos, sino que debe consultar a la sociedad en su conjunto. Pero la opinión social debe estar sustentada en la objetividad y la ciencia, lejos del dogmatismo ideológico.

37. Una política respecto al proceso de reproducción social debe estar equilibrada y calibrada en cada una de sus fases componentes: en la producción, en la distribución y en el consumo. Cualquier exageración o indiferencia en cualquiera de sus partes distorsiona los resultados esperados. El problema central del narcotráfico en Colombia no está en el consumo, en la producción y en la distribución y redistribución se encuentran los mayores conflictos.

38. El Estado social de derecho en su conjunto, así como cada una de sus instituciones, debe buscar mediante su funcionamiento el bien común. Para esto debe propiciar las condiciones materiales y sociales que garanticen la igualdad en la libertad, debe materializar en hechos la justicia social y rescatar la dignidad humana. En el momento que una o varia instituciones del Estado sean deficientes en el ejercicio de sus funciones, el logro de los objetivos del Estado se dificulta de manera geométricamente proporcional a las fallas del funcionamiento.

39. En la promulgación e implementación de la política contra las drogas ilícitas, el funcionamiento del Estado mediante las actuaciones de las instituciones que conforman la ramas legislativa, ejecutiva y judicial, así como el funcionamiento de los demás entes autónomos e independientes, no está asegurando la “inseparable interrelación entre el Estado y la sociedad”, no se están propiciando las condiciones materiales y sociales para la igualdad en la libertad, ni se está fomentando la materialización en hechos de la justicia social y del rescate de la dignidad humana. Por lo contrario, se están interfiriendo y recortando las libertades individuales. Es decir, el Estado Social de Derecho no está logrando los objetivos de su razón de ser.

40. Los diferentes grupos de narcotraficantes en su calidad de paramilitares, usurparon funciones al Estado con la anuencia y en muchos casos con la ayudad directa de miembros de instituciones estatales, entorpeciendo el logro mismo de los objetivos del Estado Social de Derecho. Las guerrillas por su parte, también en su carácter de subversivos del orden estatuido, también desvían el accionar de las instituciones, pero a diferencia de los paras lo hacen en contra de la voluntad del mismo Estado.

41. Mediante varias declaraciones de los paramilitares extraditados por narcotraficantes, quedó en evidencia que la sustitución del Estado en muchas regiones del país, es decir que su desinstitucionalización se llevó a cabo no solo con la colaboración del Estado mismo, sino con el apoyo de prestantes personalidades del mundo de los negocios colombianos y extranjeros. En defensa de sus propios intereses los capitales ilegales hicieron alianzas con sus pares, pero también los hicieron con capitales legales nacionales y extranjeros.

42. Las ventajas comparativas que el economista clásico del liberalismo David Ricardo mencionaba como condiciones de éxito en el comercio internacional, son detectadas por estudiosos del problema del narcotráfico para el negocio de SPA ilícitas en Colombia. Aquí se mencionan: la gran disponibilidad de tierras, la disponibilidad permanente de climas aptos, no se requiere disponibilidad de aguas permanentes, como tampoco se requiere de alta tecnología para la producción y la mano de obra utilizada no tiene que ser en su mayoría altamente calificada. La magnitud del desempleo en Colombia y en los países limítrofes asegura al narcotráfico y a la guerra, mano de obra barata en el orden de cien y más veces de la que actualmente emplean. Pero también hacen parte importante de las ventajas comparativas dentro de la ilegalidad, la impunidad y el hecho de que la institucionalidad sea fácil de manejar ya sea por su incapacidad o por su deshonestidad. Pero además de las ventajas comparativas de entorno nacional en cuanto insumos y administración estatal, la propia ilegalidad de la industria de la droga en su fuero interno le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. A partir de estas ventajas comparativas y condiciones intrínsecas es que el narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Pero además, usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar las instituciones e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático.

43. Las dificultades del Estado habida cuenta del narcotráfico no solo se manifiestan a nivel interno, sino que las relaciones internacionales están surcadas por el narcotráfico y las políticas nacionales contra las drogas ilícitas. Esto queda explícito en las relaciones de Colombia con los países vecinos, como es el caso de Venezuela y Ecuador, con los demás miembros de UNISUR y con el resto del mundo. El acuerdo reprochado de las bases militares Colombianas con los Estados Unidos, tiene como fundamento oficial la lucha contra el narcoterrorismo.

44. El poder legislativo, por ser el encargado de delinear y ordenar las reglas de obligatorio cumplimiento mediante las cuales se determina el comportamiento de la sociedad, además de de ser el encargado de ejercer el control político del gobierno y la administración pública, ha sido víctima de las infiltraciones en sus instituciones por parte de los narcotraficantes para facilitar sus negocios e impedir el castigo por sus delitos.

45. El poder ejecutivo, encargado de ejecutar los voluminosos y siempre escasos recursos presupuestales de la nación y sus entes territoriales, con capacidad de organizar el aparto burocrático de cerca de un 900.000 empleos, con la obligatoriedad de realizar los contratos de inversión y funcionamiento para ejecutar los planes de desarrollo económico y social, también ha sido objeto de la penetración y empoderamiento por parte de los narcotraficantes, porque la toma de sus instituciones además de facilitar el incremento de sus fortunas les posibilita manejar el electorado a lo largo y ancho del país.

46. Dentro de las instituciones de mayor importancia del poder ejecutivo están todas las ramas de las fuerzas militares, las cuales deben detentar el monopolio de la fuerza que le corresponde al Estado. Sin embargo, es conocido por la opinión pública y reconocido por los mismos narcotraficantes paramilitares en sus declaraciones, que se han apropiado de parte de ese monopolio en varias regiones del país, muchas veces con la anuencia de las mismas fuerzas institucionales. La cooptación de comunidades y personalidades por parte de los narcoparamilitares no solo se logra mediante el convencimiento ideológico y el dinero, sino que la fuerza y el miedo juegan un papel determinante, como lo muestran sus acciones contra muchas poblaciones.

47. El incremento permanente y acelerado del gasto militar por efecto de la lucha contra las drogas ilícitas, como lo justifica el gobierno, implica un imponente atraso en las inversiones que podrían potenciar el desarrollo socioeconómico del país. Sin embargo, el mantener la lucha contra las drogas ilícitas en los términos hasta ahora establecidos, representa altos beneficios monetarios para los que suministran la logística de la guerra y ellos lógicamente no están interesados en un cambio de perspectiva.

48. Las fuerzas armadas colombianas, tienen entre sus funciones más importantes, que junto con la DEA y la Guardia Costera de los Estados Unidos, restrinjan el tráfico de drogas ilícitas. Pero los narcotraficantes han logrado infiltrar las agencias de seguridad para que les suministren la información que sea necesaria para asegurar el éxito de sus negocios, como consta en las declaraciones de los mismos narcotraficantes y en la documentación y archivos incautados.

49. Las instituciones de los poderes legislativo y ejecutivo, tienen una doble intersección en el ejercicio de sus funciones al expedirse las leyes y demás normas. Por un lado tienen elementos comunes en la creación, presentación y aprobación de los textos reguladores del comportamiento social, lo cual representa un trabajo concreto. Y de otra parte, tienen elementos comunes en los intereses que los motivan para la formulación de las normas, los cuales desafortunadamente no siempre tienden al bien común de la sociedad.

50. En la rama judicial, los choques de trenes entre sus diversas jurisdicciones, y con el poder ejecutivo en particular, van en contravía del mandato constitucional de mantener la coordinación y complementariedad entre sus instituciones.

Tomando en consideración las anteriores reflexiones proponemos para solucionar el fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos, su regularización y legalización, mediante la intervención directa del estado a través de la creación de empresas autogestionarias que dediquen a estas actividades.

“El concepto de trabajo decente es una iniciativa de la OIT y de la sociedad civil que se integra en cuatro tipos de objetivos y acciones: i) los principios y los derechos en el trabajo, reafirmándolos como mandato histórico, ii) creación de empleo digno como mandato político, insistiendo en que el empleo es el primer paso para escapar de la pobreza y la exclusión social, iii) la protección social como un mandato ético que debe articularse a la ampliación del sistema de protección social hacia los sectores pobres y excluidos, iv) el tripartismo y el diálogo social, como un mandato organizativo, una concertación que debe estar cimentada en una sólida y consciente organización de los trabajadores. http://www.ilo.org/.”

Presentamos un resumen del proyecto sobre la autogestión empresarial con el doble propósito de dar a conocer en grandes rasgos en que consisten las empresas autogestionarias y cómo pueden colaborar en la solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.

· Prepararnos para enfrentar un mundo futuro, capitalista globalizad, que será más complejo que el actual, debido a los cambios tecnológicos y políticos mundiales que se vienen dando.

· Preservar nuestra soberanía fortaleciéndonos en el campo internacional.

· Robustecer los sectores productivos, trazando caminos para una integración mayor de las diversas ramas.

· Estimular la demanda agregada, incrementando los ingresos de la población.

· Generar empleo productivo, sustituyendo las políticas asistencialistas.

· Erradicar los factores de extrema pobreza, mejorando la producción y distribución de mercancías.

· Avanzar en la democratización de las instituciones políticas, entre otros posibilitando mayor poder económico y político a las comunidades.

Estos diez objetivos se encausan a elevar el nivel de vida de la comunidad, democratizar sus actividades, para adquirir una vida digna.

La participación, la cogestión, el control obrero, la cooperativa, tienen en común que se quedan en el plano económico, técnico a nivel micro, a nivel de empresa. La autogestión por el contrario es un sistema de producción que conlleva a la transformación de la sociedad en todos sus campos ya que tiene horizontes más amplios, objetivos que no se quedan en el estrecho marco de las empresas sino que los superan tocando todos los planos ligados a la sociedad, porque surgen precisamente de una planeación social y su efecto se manifiesta directamente en los autogestores e indirectamente en la sociedad en su conjunto.

La autogestión empresarial en esencia es un sistema de relaciones en el que los propios trabajadores vinculados al proceso de trabajo, gestionan (administran) en forma directa los medios, las condiciones y los resultados de trabajo. De esa manera realizan un control cada vez más completo sobre las condiciones globales de su existencia en la comunidad.

Para que el sistema de autogestión se pueda materializar, es necesario que los recursos de producción pertenezcan a los autogestores y que en consecuencia ellos mismos puedan disponer sobre los ingresos de la empresa.

A tal efecto es necesario rescatar los respaldos jurídicos y crear los que sean necesarios que así lo permitan y que al mismo tiempo determinen los derechos y las obligaciones de los autogestionarios.

En el sistema autogestionario, el motivo básico del trabajo y el criterio material de los resultados de las actividades económicas es el ingreso, que gestionan los trabajadores con criterios personales y sociales. Por tal motivo debe estar respaldado por disposiciones legales precisas relativas a la creación y distribución del ingreso. Al mismo tiempo las disposiciones legales deben definir los derechos y las obligaciones de los trabajadores asociados como son:

a. Dirigir las empresas directamente o a través de los órganos que los trabajadores en común acuerdo elijan.

c. Responder por el desarrollo de la empresa, para lo cual definen los planes y programas de trabajo, en concordancia con los Planes de Desarrollo.

e. Decidir sobre la utilización de los medios de producción, con el objeto de lograr el mejor efecto económico para la empresa y para la comunidad.

f. Distribuir los ingresos de la empresa asegurando la base material de trabajo para la misma, cumpliendo con las obligaciones que la empresa haya adquirido frente a la sociedad y distribuir los ingresos personales de los trabajadores.

h. Decidir sobre la creación de otras empresas autogestoras y sobre su fusión a otras empresas autogestoras.

Para crear una o muchas empresas autogestoras se debe partir de los diagnósticos que los Planes de Desarrollo han realizado. El Plan, en su preparación debe tener pleno conocimiento de las necesidades y de las capacidades adquisitivas y productivas de la sociedad. De lo anterior se concluirá qué tipo de recursos productivos son los necesarios y de ahí se buscarán las formas de suplir los requerimientos para crear una empresa con buenas perspectivas de desarrollo.

El tipo de recursos necesarios para una empresa y la cantidad de ellos depende de varios factores: de la clase y del tamaño de la actividad a desarrollar, del nivel tecnológico que se desea utilizar, de la organización de la empresa, de la velocidad de rotación de los recursos invertidos, etc. sin embargo, independientemente de esto, los recursos según su utilización, se pueden clasificar en cuatro grupos:

El estado debe definir las fuentes de los recursos para financiar estas empresas a partir de los recursos originados en el narcotráfico y complementados con los impuestos y contribuciones de carácter nacional e internacional, similares al plan Colombia por ejemplo.

De los recursos de la empresa se deben distinguir los que los trabajadores utilizan en su trabajo, de los recursos que son resultado de ese trabajo. De todas maneras los trabajadores tienen el derecho y la obligación de conservarlos y manejarlos con el cuidado y esmero necesarios.

Los medios de producción deben ser asegurados, no pueden ser enajenados sin previa indemnización y los trabajadores deben preocuparse por mejorarlos y ampliarlos. Los trabajadores determinan las condiciones bajo las cuales estos recursos se asignan para su empleo temporal, dentro y fuera de la empresa, como en el caso de transferencias a otras empresas autogestoras.

De otra parte las empresas deben responder por las obligaciones que contraen con otras entidades con los recursos de que disponen. En el caso de la fusión de varias empresas autogestoras menores en una organización superior autogestora, todas deben responder de una manera solidaria.

El hecho de que la empresa tenga la obligación de responder por las obligaciones no implica que las empresas autogestoras no sean autónomas. Desde el punto de vista legal, las empresas autogestoras son personas jurídicas con derecho de contratar y de adquirir compromisos y con todos los demás derechos que le permita la constitución y que se relacionan con su existencia y con su actividad.

La división del trabajo conlleva a que cada miembro de la empresa aparezca como un órgano especial de su estructura, con una función determinada. Sin embargo, algunas de las funciones son iguales o semejantes y puede suceder que algunos grupos de trabajadores realicen una función determinada. Y si la empresa es pequeña, que una persona tenga varias funciones.

El objetivo fundamental de la producción en la empresa autogestora, es el ingreso de la empresa y en consecuencia el ingreso de los autogestores, ya que de el depende tanto el grado de satisfacción de las necesidades personales y colectivas, como la ampliación de la empresa, de su base material de producción, y su radio de acción. Los autogestores reciben sus ingresos de acuerdo a su trabajo, es decir de acuerdo a la productividad y eficacia de su gestión que se tiene que reflejar en los resultados de la empresa.

[1] http://www.mamacoca.org/Libros_Electronicos/Augusto_Bonilla.html

[2] Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988, p. 9 y 10