DROGAS: UNA PROPUESTA PARA REDUCIR LOS DAÑOS

 

Ibán de Rementería[1]

En el campo de la prevención y el control de drogas las prácticas de gestión de riesgos y  reducción del daño se definen como: “Toda acción individual y colectiva, médica o social, destinada a minimizar los efectos negativos del consumo de drogas, las prácticas sexuales riesgosas  y otras en las condiciones jurídicas y culturales actuales”.  Estas medidas mínimas de protección sanitaria basada en la evidencia científica y la protección de los derechos humanos de los usuarios de drogas son las más pertinentes y relevantes ante el actual imaginario político sobre drogas que se está instalando en las Américas.

El año pasado los ex presidentes Cardoso, Gaviria, Zedillo de Brasil, Colombia y México, así como otras personalidades mundiales inician su Informe de la Comisión Global de Drogas afirmando que: “La guerra global a las drogas ha fracasado”, lo cual luego fue suscrito por los ex presidentes  Carter, Lagos Escobar y Fox, de Estados Unidos de América, Chile y México.  A inicios de este año en la Cumbre de Cartagena, donde se reunieron todos los mandatarios de las Américas, las drogas, aunque no eran tema de agenda, fue el asunto principal de lo tratado, pese a la resistencia de los EUA y gracias a la mediación de la Presidenta Dilma Rousseff de Brasil, se encargó a la OEA-CICAD hacer una evaluación de la situación regional sobre la prevención y el control del consumo y la provisión de drogas, asimismo hacer las recomendaciones necesarias para superar la actual situación insoportable para todos.  A mediados de año el Gobierno de Uruguay  ha propuesto crear un monopolio estatal para establecer un mercado regulado de la marihuana.   En Bogotá, la Alcaldía Mayor está instalando los Centros de Atención Médica a los Drogadictos (CAMAD) donde se presta atención médica y social integral a las personas más desvalidas, así como, condiciones seguras para hacer uso de drogas.   En las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América los estados de Colorado y Washington votaron por el libre uso recreacional de la marihuana, lo que se agrega a los 18 estados donde está permitido el uso médico de esa sustancia y a los seis donde su consumo es solo una falta menor, esta regularización del mercado de la marihuana  ya abarca  la mitad de los estados de la Unión Americana. Al terminar el año los gobiernos de Colombia, Guatemala y México le solicitaron a las Naciones Unidas: “… emprender a la brevedad un proceso de consultas que permita hacer un balances de los alcances y las limitaciones de la política vigente” (en drogas). En respuesta a esa demanda el Secretario General de Naciones Unidas ha convocado a una Sesión Especial de la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) para el año 2016. Está claro que en las Américas el imaginario político que se está instalando es el de la regularización del consumo y la provisión de drogas, es decir, el de la regularización de los mercados de esas sustancias.

El análisis sobre la correlación de fuerzas en las Naciones Unidas para pasar de una política de drogas que vaya desde la represión a la regularización de la provisión y consumo de drogas no es buena.  Si bien la mayoría de los estados de las américas serían partidarios de una regularización de los mercados de drogas  habrá una fuerte resistencia a aquello tanto de los Estados Unidos de América, Rusia y China, como los países musulmanes y los asiáticos, una política en pro de la regularización de las drogas sólo podría encontrar aliados en Europa y en los países anglófonos que no sean Estados Unidos. 

Esta posibilidad de regularizar el mercado de las drogas requiere de una fuerte campaña de sensibilización de la opinión pública ya que los gobiernos siempre argumentarán que sus poblaciones, al fin y al cabo sus electores, quieren mano dura contra las drogas –el populismo penal. Aquí los principales argumentos tanto para los pueblos como para  sus gobiernos,  son que la guerra de las drogas está costando muchas veces más vidas que el uso de las drogas y que esa guerra nada está haciendo por la salud y las condiciones sociales de los usuarios de drogas y sus entornos familiares, comunitarios y sociales.

En Chile la situación objetiva en relación al uso y castigo por drogas, en breve,  es la siguiente: el 97% de todos los chilenos no ha usado ninguna droga en el último mes y el 75% de quienes han usado drogas las han abandonado, casi por igual para marihuana, pasta base o clorhidrato de cocaína, no obstante, cada años son detenidas 80.000 personas por infracciones a la ley de drogas, en comparación por robo con fuerza solamente 17.000 personas fueron detenidas, téngase presente que para este delito las denuncias se elevan a 200.000 al año, en cambio las denuncias por infracciones a la ley de drogas no llegan a dos mil al año. De los detenidos por drogas el 80% lo fue por consumo y porte de pequeñas cantidades, solamente el 17% por tráfico de drogas.  Esta mala utilización de los recursos policiales y de persecución penal en “cazar” consumidores de drogas es tanto más grave si se considera que el 90% de los casos por robo con violencia llevados por el ministerio público a los tribunales de justicia no tienen imputado conocido como tampoco el 80% de casos por robo con fuerza y el 70% por hurto.

Por otra parte, se ha pretendido establecer una alta correlación entre el consumo de drogas y las conductas delictivas, así tenemos un reciente estudio de la Fundación Paz Ciudadana y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol  (SENDA) afirma que el 64% de quienes fueron detenidos en flagrancia por los delitos de mayor connotación social en la Región Metropolitana  estaban bajo el efecto de las drogas, además que en igual condición estaban el 90% de quienes habían sido detenidos por infracciones a la ley de drogas. Pero, dado que una muestra de los detenidos no es en ningún caso representativa ni del conjunto de los delincuentes como tampoco del conjunto de los que usan drogas en la región metropolitana, lo único que se puede afirmar de ese estudio es que si se usa drogas se tienen una alta probabilidad de ser detenido por cualquier delito.

En el país la reciente irrupción juvenil en el movimiento social y el creciente compromiso político de las y los jóvenes pone al tema de las drogas entre las prioridades de sus demandas, así  tenemos que Karol Cariola, Secretaria General de las Juventudes  Comunistas, manifestó no hace mucho que ellos lucharían prioritariamente por dos objetivos: el derecho al aborto para las mujeres y el derecho a fumar marihuana sin ser  llevados presos para todas y todos los jóvenes. Queda claro que en las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales el test de drogas será el test al cual las y los jóvenes someterán a los políticos de todos los partidos.

Para aporta a ese debate político la Red Chilena de Reducción Daño propone las siguientes medidas mínimas para la regular tanto el consumo como la provisión de drogas: 1) retirar a la marihuana de la lista de las drogas duras; 2) no incluir la infracciones a la ley de drogas para la detención por control de identidad; 3) que se protocolice la cantidad de droga que se considere necesaria para el “consumo, personal y próximo en el tiempo”;  4) aplicación de todos beneficios procesales, penales y penitenciarios para los infractores a la ley de drogas;  5) suspender todas las sanciones penales especiales por infracciones a la ley de drogas para el personal de la FFAA, Investigaciones, Gendarmería, marina mercante, aviación civil, etc. ; 6) que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) otorgue los permisos de cultivo de marihuana que la ley le autoriza, según el tamaño que sea necesario para el “consumo personal y próximo en el tiempo”, y ; 7) que SENDA, por razones sanitarias, sea una dependencia del Ministerio de Salud y no del Ministerio del Interior.

Asimismo, para mejor sensibilizar a la población y las autoridades sobre otras alternativas para comprender y resolver el asunto de las drogas La Red Chilena de Reducción de Daños, desde los derechos humanos y en la perspectiva de la gestión de riesgos y reducción de daños se ha propuesto informar a las familias sobre el uso alcohol, psicofármacos y drogas, para que los jóvenes asuman menores riesgos y tengan mayor capacidad de gestionarlos debido sus relaciones con aquellas sustancias, para lo cual nos proponemos cuatro propósitos: i) producir información escrita sobre drogas que sea informativa, sencilla y veraz; ii)capacitar a las comunidades educativas, vecinales y a las autoridades concernidas en prevención y control de drogas en prevención del consumo juvenil de drogas desde la familia; iii) realizar una campaña informativa sobre: “Drogas: Cuando las familias saben más los jóvenes arriesgan menos”, y; iv) ejecutar conversaciones colectivas entre padres y jóvenes sobre gestión de riesgo y reducción de daños, en espacios barriales, educativos, deportivos, recreativos, etc.

 

(Publicado en LE MONDE DIPLOMATIQUE, edición chilena, año XIII, número 137,enero-febrero 2012)


[1] Secretario Ejecutivo de la Red Chilena de Reducción de Daños