K´INTU - K´INTUSQA

Sobre la hoja de coca y su defensa nacional e internacional

Por: Hugo Cabieses Cubas[1]

Lima, Perú, 26 de Julio 2019

“Sobre la coca no sabemos mucho.  Y casi todos los que dicen saber, simplemente no saben que no saben, o no son los suficientemente humildes para decir que no saben” (Fernando Cabieses Molina “La coca: ¿dilema trágico?”, ENACO, 1992)

K´INTUSQA es una palabra quechua, lengua hablada por más de 10 millones de indígenas y no indígenas argentinos, bolivianos, colombianos, chilenos, ecuatorianos y peruanos, que indica el acto de seleccionar las hojas de coca que formarán el K´INTU, es decir la ceremonia en la que estas se usan. El K´INTU son las tres hojas selectas con las que se forma el ramillete de hojas trifoliadas que se encuentran en la base de las plantas de coca jóvenes.[2] 

Pero K´INTUSQA también quiere hacer referencia a la ceremonia de revaloración y regulación de la hoja de coca y sus derivados, no sólo cocaína sino más de 150 productos benéficos. K´INTU son tres hojas de coca que representan a los tres países en los que mayormente se cultiva y consumo hoja de coca: Perú, Bolivia y Colombia. 

K´INTU quiere hacer referencia a las tres dicotomías de la coca: que la hoja no es igual a cocaína, aunque la contiene, que el cultivador de esta no es delincuente y que el consumidor de esta planta no es un droga-dependiente. K´INTU también hace referencia a los tres principales eslabones que conforman esta actividad: su cultivo en el campo, su comercialización legal o ilegal y el consumo de coca y derivados. 

Desde que en 1989 comencé a estudiar el tema de la hoja de coca, los agricultores que la cultivan y el tráfico ilícito de drogas, así como a asesorar a los agricultores de los países andino-amazónicos, organizados en el Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca (CAPHC), he sostenido la necesidad de impulsar una estrategia de Desarrollo Rural Integral Sustentable y Sostenible, con Coca (DRIS-C). Este tipo particular de desarrollo rural, aplicable a zonas con cultivos de coca y sus entornos, debe considerar el respeto a determinadas hectáreas de cultivos para la producción de la hoja de coca orientada a abastecer el mercado interno de uso tradicional, el consumo articulado a las labores agrícolas, a la medicina natural, a sus usos culturales, a la alimentación como complemento y a la industrialización benéfica de este recurso. 

Vuelvo a argumentos anteriores y con nueva información sobre estos planteamientos que ya formulaba desde 1993 cuando expuse en un evento en Toronto, Canadá,  al que también habían sido invitados el entonces dirigente sindical boliviano Evo Morales y el escritor y antropólogo amazónico peruano Róger Rumrrill. Mi ponencia se titulaba “Coca y desarrollo integral: Una propuesta andina”[3]. 

Con ello me sumé a un debate que había comenzado 50 años atrás, cuando por la Convención de Viena de 1961 la hoja de coca fuera incluida como estupefaciente en la Lista 1 de drogas sujetas al mayor control y prohibición en esa convención, y el coqueo andino como “toxicomanía”. 

Estos planteamientos fueron expuestos en el 37 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena por una delegación del Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca presidida por el dirigente campesino cocaleros Evo Morales. 

En 1995 escribí un informe titulado “Comercialización de la coca: posibilidades y propuestas”, solicitado y publicado por el Instituto Católico de Relaciones Internacionales (CIIR) de Inglaterra en febrero de 1996. En ese escrito planteaba las dimensiones del consumo tradicional de hoja de coca en Bolivia, Colombia, Perú y otros países andino-amazónicos; la problemática del “desarrollo alternativo” en relación con los cultivos de hoja de coca; y, la comercialización e industrialización benéfica de la hoja de coca. Casi un cuarto de siglo después, los estudios realizados buscan realizar un balance sobre estos tres temas, actualizar la información existente y hacer propuestas sobre esta problemática. 

Desde esos años, también he planteado que en los países andino-amazónicos existe un exceso significativo de cultivos de coca que se explica por la producción de cocaína para usos no médicos y para el tráfico ilícito de drogas (TID). Es por ello que, luego de medir mediante métodos adecuados, científicos, justos, eficaces y aceptables por agricultores y consumidores, es necesario reducir voluntariamente estos cultivos y, como consecuencia del desarrollo rural, sin erradicación o fumigación de ningún tipo, con el apoyo del Estado y la cooperación internacional, reducir los cultivos hasta lo estrictamente indispensable para consumo tradicional y su industrialización benéfica. 

He planteado también que, si bien es justo y absolutamente necesario defender nacional e internacionalmente el uso benéfico de la hoja de coca, tanto tradicional como industrial benéfica, debido a razones agro-ecológicas, socio-económicas y culturales propias de las zonas de cultivo de esta planta, considero que no debemos promover entre los agricultores la propuesta de la industrialización benéfica de la coca como base para la solución de sus problemas de ingresos y pobreza. 

En mi concepto es un suicidio ecológico, económico y cultural, plantearles una estrategia de priorizar cultivos de coca - o de otro producto de exportación como es lo que promueve e impulsa el llamado “desarrollo alternativo” -, para zonas con alta fragilidad agro-ecológica como la selva alta del Perú y los países andino-amazónicos. Así estuvo y está planteado el debate con otros estudiosos de esta temática, con empresarios que industrializan hoja de coca y también con un sector importante de los dirigentes de cultivadores de coca en el Perú y los países andino-amazónicos. 

La estrategia de DRIS-C que propongo, defiende un proceso ecológico, económico, social y político para las zonas de cultivo de coca y sus entornos, como son las regiones expulsoras de mano de obra desde regiones más empobrecidas, proceso que incluye el respeto al cultivo de la hoja de coca para su uso tradicional y moderno a través de productos industriales basados en esta planta o otras. 

En 1995-1996 planteábamos una estrategia enmarcada en un modelo hacia “otro desarrollo” que denominamos DRIS-C, alternativo al de la pobreza, impulsado desde abajo, desde adentro, independiente, auto-centrado, orientado a mercados locales, con participación plena de la población involucrada y con respeto a los usos culturales de su producción y consumo. La hoja de coca es uno de estos usos, fundamental para Bolivia y Perú. 

Esta nueva economía y cultura, alternativa a la de la pobreza, no estaría basada como era en ese momento y lo es hasta ahora, única y casi exclusivamente en el cultivo de hoja de coca y sus derivados ilícitos, sino en la diversificación agropecuaria y agroindustrial con extensiones minoritarias pero necesarias de cultivos de coca. Es decir, un modelo de multicultivo y multiactividades, combinando diferentes pisos ecológicos, principalmente para el mercado interno y limitadamente para la exportación, si existieran ventajas en ello, con una relación equilibrada con la naturaleza. 

El modelo DRIS-C se resumía en ocho puntos con los que seguimos insistiendo 24 años después, los mismos que buscan superar los “síndromes del desarrollo alternativo” que describimos luego. Los ocho puntos son: 

1)       rechazo a la "guerra de las drogas" por principio de soberanía y por haber sido ineficaz para reducir el narcotráfico y el abuso en el consumo de drogas;

2)       defensa del cultivo, consumo tradicional y comercialización legal de la hoja de coca;

3)       acciones nacionales e internacionales para la revalorización y despenalización de la hoja de la coca;

4)       industrialización benéfica de la hoja de coca e impulso de investigaciones científicas y de promoción de productos alternativos para el consumo interno y la exportación;

5)       programas de sustitución voluntaria de cultivos excedentes, con participación en las decisiones de las organizaciones sociales involucradas;

6)       impulso desde las organizaciones campesinas de proyectos de desarrollo rural integral sustentables en las zonas cocaleras actuales y en aquellas que son expulsoras de mano de obra hacia esas zonas, complementados los proyectos con cultivos de coca;

7)       cambios sustanciales en las estrategias y la políticas macro-económicas en favor de la producción del agro, reconstruyendo el sistema alimentario, el impulso de cadenas productivas con mercados seguros y justos, la explotación racional de los bosques y su biodiversidad, la zonificación ecológica-económica que sea vinculante, la exportación de productos competitivos poniendo lo social al frente; y,

8)       programas de información, educación y prevención de uso indebido de drogas en barrios populares y ciudades rurales con poblaciones de riesgo, con participación de las organizaciones sociales. 

Algunos de los “síndromes” que buscamos superar con la estrategia DRIS-C son los siguientes: 

1)       el “obrismo” o priorización de invertir en cemento, arena y fierros para inaugurar, más que en instrumentos de gestión y capacitación: existe mucho hardware y poco software;

2)       el “plantismo” o construcción de plantas procesadoras que resultan elefantes blancos al no ser acompañados por asistencia técnica y créditos para capital de trabajo;

3)       el “exportismo” o la casi exclusiva promoción e impulso de productos agrícolas alternativos orientados a la exportación de productos que reemplazarían a los cultivos de coca, sin mirar los potenciales mercados locales, regionales y nacionales;

4)       el “platillismo” o la aplicación de una plantilla o paquete de medidas iguales o similares en cada lugar sin respetar particularidades de cada zona en la que se cultiva coca;

5)       el “demandismo” o la adicción a estirar la mano para pedir fondos públicos y de cooperación sin planes previos ni planificación estratégica, bajo el lugar común de que “ellos tienen la culpa”;

6)       el “platismo” o la solicitud de dólares o euros, sosteniendo que el problema se soluciona con más dinero y no de estrategias adecuadas;

7)       el “secretismo” o la falta de transparencia informativa y de democracia en la decisión de los proyectos y su impulso; y,

8)       el “fracasionismo” o la adicción a seguir fracasando y repitiendo los mismos errores. 

Por este tipo de “sindromes” es que un dirigente campesino del Alto Inamabri en las selvas de Puno, mi amigo Dante Deza, sostenía lo siguiente: “Para nosotros el desarrollo alternativo es que solicitamos sal para hacer charqui y nos entregan detergente con el que no sabemos  lavar ropa porque la lavamos con piedra en el río, pedimos semillas y crédito para plantar y nos plantan cemento y piedras para inaugurar, deseamos asistencia técnica y capacitación agropecuaria y nos dan talleres participativos para sacarnos información, pedimos información sobre los fondos internacionales y nos dicen que no se puede porque es secreto”. 

En sentido similar, otra amiga del Valle del Monzón en Huánuco, la compañera Azucena Veramendi que fue alcaldesa de Cuyaco, sostenía lo siguiente: “Para nosotros el desarrollo alternativo es que siembran los proyectos en una mesa, los cultivan en una pizarra, los cosechan en computadora y los venden en spots publicitarios de televisión. El desarrollo alternativo es una 4x4 que son 4 consultores que elaboran propuestas entre 4 paredes»”. 

Con las investigaciones realizadas se ha identificado avances, retrocesos, problemas, cambios de estrategias y metodologías de intervención, así como se ha demostrado la factibilidad actual de la industrialización y comercialización legal de la hoja de coca tanto en los países andino-amazónicos, básicamente Bolivia, Perú, Colombia y Argentina, como en América del Norte, Europa y en otros continentes. 

Para ello se ha revisado los estudios y encuestas realizadas en Perú (2003 y 2013) y Bolivia (2014) sobre consumo tradicional de hoja de coca, se ha visitado cuencas de cultivos en las que se impulsan programas de “desarrollo alternativo” – Chapare y Los Yungas en Bolivia; Quillabamba, valle del Apurímac, Monzón y Alto Marañón en el Perú - y se ha sostenido entrevistas con empresarios y agricultores-comerciantes que realizan experiencias exitosas de comercialización de coca al natural o industrializada. 

La tesis de la industrialización benéfica ha sido planteada en varias oportunidades - nacional e internacionalmente -, por los gobiernos del Perú y Bolivia en el pasado aunque con poca consecuencia[4] y el actual gobierno del Presidente Evo Morales, ha vuelto a plantear el tema como Política de Estado. Junto con decenas de estudiosos, he sostenido desde hace años que el cultivo y la producción de materias primas naturales para drogas – como la hoja de coca, la amapola y la marihuana – por cientos de miles de agricultores en un número reducido de países – cuatro en América Latina, uno en Norteamérica y cuatro en el Sudeste Asiático -, tienen más causas socio-económicas y culturales que policiales y de falta de aplicación de las leyes. 

Es así como el cultivo y la producción de hoja de coca en el Perú y Bolivia – muy parcialmente en Colombia -, tiene principalmente consideraciones culturales profundas, un gran significado para la identidad andino-amazónica además de una legislación diferenciadora – legal el cultivo e ilegal la comercialización sin control - debido a que por lo menos 10 millones de personas en los Andes, 4 en el Perú, 5 en Bolivia además de varias centenas de miles de consumidores en el norte de Argentina, Colombia y Chile - consumen esta planta de manera tradicional, la consideran sagrada y plantean la necesidad de conservarla, revalorarla e industrializarla para fines benéficos. 

Por otro lado, el abuso en el consumo de drogas, fenómeno que desde mediados de los noventa está ascendiendo en los países del Sur – particularmente en América Latina y el Sudeste Asiático - ya no es exclusividad de los países desarrollados - Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón -, guarda más relación con causas culturales y médico-sanitarias atribuibles a un modelo societal consumista y excluyente, que a razones de seguridad nacional, a la falta de leyes penalizadoras o la ineficiencia en la persecución policial. 

El tráfico de drogas con destinos ilícitos y el de precursores químicos y “lavado” de dinero y activos resultante de lo anterior – los llamados “eslabones intermedios” -, constituyen un delito nacional e internacional cuyas causas se encuentran en la falta de aplicación de la ley por parte de entes jurídicos y policiales, generalmente corruptos, que permiten el transporte de alijos de drogas, no interceptan el abastecimiento de insumos químicos y dejan de interferir con eficiencia en delitos de “lavado” de dinero y activos. 

También está claro y debidamente documentado que las políticas y estrategias hasta ahora impulsadas en la llamada “guerra contra las drogas” han sido erráticas e ineficientes, resultando en remedios peores que la enfermedad. La estrategia de atacar la oferta de drogas – cultivo de coca y producción de cocaína en su origen – para aumentar los precios al consumidor de cocaína y reducir la calidad de la misma, ha resultado contraria a lo buscado: los precios en calles de cocaína son cada vez más baratos y la pureza cada vez mayor. 

La estrategia de “guerra contra las drogas” significa, por el lado de la producción, políticas de erradicación y fumigación forzosa de cultivos, estrategias de “desarrollo alternativo” impuestas a los campesinos basadas en “producto motor de exportación” y penalización de los cultivadores para controlar la oferta. Es decir, la estrategia se reduce a una política de “coca y cocaleros cero”. 

Para controlar la demanda, esta estrategia aplica esencialmente políticas de penalización del consumo y micro comercialización de drogas, así como incrementar el control policial sobre barrios afectados con el fenómeno. En lo referente al tráfico, se aplica el principio de interdicción en el “panal de abejas y no contra las abejas volando”, es decir en el origen de la producción de las drogas, descuidando en gran parte el abastecimiento de precursores químicos fabricados principalmente en los países del Norte y el “lavado” de dinero y activos provenientes de estas actividades criminales. 

Estas estrategias para reducir la oferta, controlar la demanda e interdictar el tráfico han sido y siguen siendo injustas e ineficaces, además de ilegales, inconstitucionales y absolutamente contraproducentes respecto a los objetivos buscados. El control de oferta mediante la erradicación-fumigación de cultivos y el “desarrollo alternativo”, aumenta la producción, deteriora el medio ambiente, criminaliza a los cultivadores,  empobrece a las familias campesinas y viola los derechos humanos y culturales. El control de la demanda de drogas promueve un mayor consumo, criminaliza a los demandantes, aumenta el abastecimiento de drogas, disminuye los precios en calles de las mismas y mejora la calidad de estas sustancias. 

En general, la estrategia prohibicionista, penalizadora y erradicadora de cultivos impulsada principalmente por el Gobierno de los Estados Unidos a nivel internacional, que ha sido recogida por los tratados internacionales de drogas – Convención Única de 1961, Protocolo de 1971, Convención de 1988 y Plan de Acción de 1998 -, no ha funcionado y ha sido un fracaso en más de 45 años de aplicación[5]. 

Si estamos en contra de la producción, el tráfico y el consumo de drogas con fines o uso ilícito, debemos estar en contra de las actuales políticas de “guerra contra las drogas” que son ineficaces e injustas. Es necesario construir a nivel nacional e internacional una estrategia de “domesticación” de las drogas y, tal como plantean círculos académicos y científicos de Estados Unidos, así como algunos Gobiernos y sociedades civiles de la Unión Europea. 

Abogo porque debe diseñarse e impulsarse a nivel nacional e internacional una Estrategia Integral de Reducción de Daños (EIRD). Esta estrategia implica evaluar seriamente las políticas impulsadas hasta ahora, revisar los tratados internacionales sobre drogas – especialmente aunque no sólo lo relativo a la ubicación de la hoja de coca en la Lista 1 de estupefacientes -, desechar la satanización mundial que existe contra consumidores y productores respetando a los que las producen y consumen tradicionalmente o por razones culturales y promover los cambios necesarios para ello en las políticas nacionales e internacionales. Una estrategia de este tipo implica: 

1)       Por el lado de la producción, impulsar con los agricultores y autoridades locales estrategias participativas de Desarrollo Rural Integral Sostenibles y Sustentables, con Coca (DRIS-C) que combatan la pobreza, construyan institucionalidad local y gremial y permitan que las familias campesinas construyan culturas productivas diferentas a la mono producción de plantas con fines ilícitos, la coca entre ellas. Con este enfoque, la disminución de cultivos con fines ilícitos – sin erradicación y sin fumigación química o biológica - será una consecuencia del DRIS-C y no precondición para ello.

2)       Por el lado del tráfico, esta estrategia significa combatir de verdad los eslabones intermedios de la cadena del TID es decir a los cabecillas de las bandas, firmas y cárteles, a los traficantes de insumos químicos y a los funcionarios y empresarios financieros de cuello blanco o uniforme verde que permiten el “lavado” de dinero y activos.

3)       Finalmente, por el lado del consumo, significa concebir el problema como médico-sanitario y aplicar políticas de prevención educativa e informativa, no confusa y satanizadora del tipo “coca igual corrupción y violencia” o “a la droga dile no”, así como políticas de rehabilitación de usuarios con métodos terapéuticos de sustitución e integración social del paciente. La única justificación de mercado para este exceso de producción de hoja de coca, es la existencia de un amplio mercado ilegal de consumo de cocaína, principalmente en los países del norte, aunque no únicamente. 

Dadas las consideraciones anteriores, he planteado desde hace años una estrategia que esté centrada en los siguientes cinco puntos: 

1)       La hoja de coca es compleja y tiene tres dicotomías: 1.  coca no es cocaína (aunque la contiene), 2.  productor de coca no es delincuente y 3.  consumidor de coca no es drogadependiente. Asimismo, la coca tiene al menos seis caracteres y no uno sólo: 1. es elemento central de identidad cultural andino-amazónica; 2. es cohesivo social y de buenas costumbres; 3. es lubricante social y energético para faenas comunales y caminatas; 4. es caja chica y de inversión de la economía campesina; 5. es materia prima para su transformación e industrialización benéfica; y, 6. es materia prima para la producción de drogas. Esto último debe ser controlado, social y estatalmente, para combatir su tráfico ilegal.

2)       Revalorar la coca internacionalmente, lo que quiere decir retirarla de la Lista 1 de Estupefacientes de la ONU para promover mercados externos, así como internamente respetar y promover su uso tradicional e industrial benéfico. Para ambos cometidos es necesario realizar estudios serios sobre su actual cultivo, producción y consumo, así como sobre sus posibilidades industriales benéficas a futuro.

3)       Dado que existe actualmente un notable excedente de hoja de coca, es indispensable limitar y racionalizar su cultivo y producción hasta lo estrictamente necesario para el consumo tradicional e industrial benéfico y, por supuesto, respetar la cantidad de cocaína necesaria para usos terapéuticos. Ello implica rechazar la estrategia de “coca y cocalero cero”, pero sí impulsar una estrategia de "narcotráfico y cocaína ilegal cero”.

4)       Para limitar el cultivo de coca, se debe impulsar programas de desarrollo rural integral sostenible y sustentable con la participación real de los agricultores y autoridades locales. Sin embargo, estos programas deben estar orientados hacia la construcción de mercados locales, regionales y nacionales y no hacia productos sustitutos de exportación para los TLCs, ya que las zonas de selva alta NO es aptas para agricultura de EXPORTACION debido a su fragilidad ecológica y medio ambiental.

5)       Los países andinos deben discutir, aprobar e impulsar una Política de Estado sobre Coca y Drogas, no sobre drogas con la coca subordinada al rol de ser fumigada y eliminada. No debe impulsarse la Política de Estados Unidos y los organismos especializados de las Naciones Unidas, por ineficaz y por ser una estrategia para el control de los recursos naturales de la Amazonía: gas, petróleo, agua, maderas, recursos biogenéticos, principios activos de plantas y animales, culturas autóctonas, conocimientos ancestrales. 

En resumen, soy partidario de la revalorización nacional e internacional de la hoja de coca para sus usos tradicionales e industriales benéficos, incluyendo en ello la venta y exportación de productos industriales derivados y la ampliación del uso terapéutico de la cocaína. Pero, con la misma contundencia, estoy en contra de esconder bajo la tesis de la “industrialización de la coca” o peor aún de la “guerra contra las drogas”, la inmensa cantidad de cultivos de coca con fines ilícitos o el enorme negocio perverso, anti-cultural, anti-democrático y criminal que existe a propósito del exceso actualmente existente. 

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