La presidencia concede el uso de la palabra al H.R.  Abel Rivera Flórez

 

Gracias señora Presidenta. No hago parte del equipo de ponentes, pero sí quisiera plantear una reflexión muy breve frente a este proyecto.

 

Primero quisiera valorar el esfuerzo que ha hecho el Representante Nicolás Uribe, en el sentido de excluir del texto original, la penalización que era lo que estaba consignado ahí; pero no obstante ese esfuerzo yo juzgo como innecesario este proyecto de reforma constitucional, me pregunto si se requiere una reforma constitucional para que el Estado colombiano despliegue una serie de acciones preventivas, pedagógicas a favor de los adictos a las drogas, si se requiere una reforma constitucional para que los familiares de quienes son adictos a las drogas sean orientadas, sobre la base de una serie de principios y con ello generar una campaña preventiva.

 

A mí me parece que no, me parece que el Estado colombiano hoy lo podría hacer, hoy debería hacerlo sin esta reforma constitucional, eso subyace de los propósitos propios del Estado de Derecho, en el sentido de generar ………

 

 

Muchas gracias señora Presidenta. Yo había, de manera fallida por los asuntos de la tecnología que está en  prueba; intentado decir que me parece que no obstante la exclusión de la penalización del texto tal y como venía en el original, me parece que el resto no merece ser considerado en una iniciativa de reforma constitucional.

 

Los asuntos incumbentes a la pedagogía, al tratamiento terapéutico que deberá dárseles a los adictos, eso hará parte de las competencias propias del Estado y reitero, no necesita de su consagración en el texto constitucional para que se lleve acabo.

 

Me decía aquí con toda razón el doctor, William Vélez, que el propósito fundamental o lo que en términos de él sí requeriría una reforma a la Constitución, es la prohibición del porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas que es como en efecto está consagrado en las primeras letras de este proyecto de reforma a la Constitución y yo frente a esto sí quisiera hacer una reflexión de fondo y es la siguiente. El problema de la lucha contra las drogas, a mi juicio no se resuelve con una serie de esfuerzos aislados.

 

Señora Presidenta, yo no tengo problema en que el debate lo hagamos mañana, mientras ajustan los debates de la tecnología.

 

PRESIDENTA: Representante, lo único que le pido es que no hable muy cerca del micrófono, porque cuando levanta la voz es cuando el micrófono se apaga; de resto podemos continuar el debate.

 

Continúa con el uso de la palabra el H.R. Guillermo Abel Rivera Florez.

 

La reflexión de fondo que yo quería plantearle a esta comisión, es que nada hacemos con esfuerzos fragmentarios y dispersos en lo que concierne a la política antidrogas; hoy la política antidrogas no solamente en Colombia, en todo el mundo es un rotundo fracaso y lo es porque las cifras nos están indicando que no solamente se aumentó el consumo señor Viceministro, como usted en efecto lo demuestra a través de la encuesta que nos relató aquí, sino que además a pesar de todos los esfuerzos de este y de muchos países por evitar la producción de la materia prima y la transformación de la misma, también son un rotundo fracaso.

 

Y resulta que cuando se concibió la política antidrogas, se hizo sobre la base de una reflexión que tenía toda la lógica del mundo, se dijo en aquel entonces, de lo que se trata es de estrangular la producción de la materia prima y con ello, incrementar los precios del consumidor final y se suponía en lógica económica que si los precios se incrementaban de manera exponencial llegaría un momento en  que se desestimularía el consumo; porque los consumidores no tendrían manera, de comprar la droga y no ocurrió ni lo uno, ni lo otro, en efecto son millones de dólares, son miles de vidas, son enormes expectativas las que se han frustrado bajo ese esquema que en un principio parecía lógico, pero aunque se estranguló, aunque se intentó limitar la producción y el transporte de materia prima, no se logró, ni aquello, ni tampoco el incremento de los precios al consumidor.

 

Luego lo que la política antidrogas requiere, es una revisión de fondo que por supuesto no pasa solamente por las decisiones del Estado Colombiano, sino que es una decisión que deberá construirse en los Fondos Multilaterales y que deberá estar atravesada por el “principio de la corresponsabilidad global”, porque este como es lógico no es un problema que nos atañe a los colombianos, sino que le atañe a todo el mundo.

 

Este tipo de esfuerzos que si bien pueden ser loables, no van a significar los resultados que esperamos; estoy absolutamente seguro y les confieso que quisiera equivocarme en mis predicciones, pero a la vuelta de unos años, seguramente el Viceministro de Justicia de la época y seguramente cuando el doctor Ceballos, ya no sea Viceministro sino Ministro, nos relatará una encuesta similar en la que estaremos nosotros asistiendo a una preocupación generalizada frente al incremento del consumo y seguramente, otros organismos o quizás el mismo despacho también nos va a relatar aquí, que no solamente se ha incrementado el consumo sino que se sigue incrementando la producción de materia prima no obstante los esfuerzos que seguramente se seguirán haciendo.

 

De tal manera que yo creo que aquí, perdemos el tiempo en este tipo de esfuerzos fragmentados y dispersos, Colombia debería atreverse a propiciar la reflexión de fondo, una modificación estructural a las tesis, a los fundamentos sobre los cuales se construyó la política antidrogas; y digo más, yo recuerdo claramente en aquella época, aún asistía a la escuela de derecho en el Externado cuando la Corte Constitucional de ese entonces, tal vez 1993 o 1992, emitió la providencia de Marra, en la que despenalizó la dosis personal y cuando uno leía todos  los apartes de esa providencia, todos los ejemplos que sustentaban la decisión de fondo coincidían en señalar que las estadísticas de homicidio en Colombia, eran atribuibles en igual o en mayor proporción que al consumo de drogas al consumo de alcohol y la reflexión lógica del ponente, el entonces Magistrado Carlos Gaviria y de la mayoría de los Magistrados de la época, es que sobre la base del derecho a la igualdad, si se penalizaba el consumo de la dosis personal de sicoactivos, habría entonces que penalizar las otras causas de deterioro de la convivencia social, en especial el consumo de alcohol.

 

Y que  bajo esa perspectiva no era dable desde el punto de vista constitucional, declarar como exequible lo que en aquella época había instituido el Código Penal; la gran pregunta que habría que hacer, independientemente de si la norma constitucional luego vaya a ser desarrollada con características penales, es decir la norma de la prohibición o vaya a ser desarrollada simplemente como una modificación a las normas de policía o al Código de Policía; lo que habría que preguntarse es, si estamos solamente de manera ideologizada desarrollando una prohibición para una sola de las causantes del deterioro de la convivencia, o si estamos de verdad haciendo una reflexión frente al conjunto de las causales que no necesariamente se podrían atacar por la vía de la prohibición.

 

O dicho de otra manera, que se podrían atacar no necesariamente por la vía de una reforma constitucional; tanto el señor Viceministro como el ponente si le entendí bien, han reconocido como una medida necesaria la que expidió el señor Alcalde de Bogotá, a raíz de los hechos lamentables del mes de enero en la zona rosa de la ciudad. Esa es una medida expedida por la administración distrital, medidas que en el caso de ocurrir eventos similares o de estar ocurriendo eventos similares en otras ciudades del país, bien podrían ser originadas en las administraciones municipales como medidas para contrarrestar todos estos síntomas de violencia y de inseguridad, pero que no requieren de hacerle una suerte de esguince a la providencia de la Corte Constitucional, que no requieren generar un debate aquí ideologizado, que  incluso nos conduzca a una reflexión estructural frente al conjunto de la política antidrogas.

 

Me parece que, repito, esta iniciativa sin bien los propósitos son loables y entiendo perfectamente las preocupaciones que le asisten tanto al Gobierno como al señor Ponente, no creo que esta medida sea necesaria para que los gobiernos locales o para que el Gobierno Nacional adopten medidas conducentes,  a la prevención del consumo de sustancias sicoativas y con ello pues  a la prevención del evidente deterioro social y los evidentes síntomas de inseguridad que se vienen presentando fundamentalmente en las principales ciudades del país.

 

Termino con lo siguiente señora Presidenta, señor Ponente y señor Viceministro; a mí no me cabe duda como ustedes lo han dicho aquí, que las principales familias afectadas o las principales personas afectadas por la drogadicción y desde donde están surgiendo todas dificultades de convivencia social, son las familias de más bajos estratos; pero no por ello se puede deslegitimar o restarle credibilidad a las apreciaciones consignadas por los columnistas de prensa, o por los formadores de opinión.

 

Yo creo que así como las drogas, son una realidad que afectan fundamentalmente a las familias de menores ingresos, también lo es el alcohol y lo son otras circunstancias, que evidentemente están deteriorando la convivencia social; pero que es independientemente de una consagración expresa en la Constitución, una responsabilidad del Estado Colombiano, prevenir, fomentar valores civilistas, valores de convivencia social en todo el conjunto de la sociedad y que creo que en el fondo y lo digo con todo respeto, porque quienes hacemos política no estamos exentos de las vanidades que encarnan nuestras iniciativas y mucho más cuando ellas las hacemos públicas.

 

Creo que en el fondo aquí hay es como una suerte de capricho o de empeño, de sacar adelante un tema que ha caracterizado la agenda del actual Presidente de los colombianos desde el principio de su Gobierno, es más, yo diría desde antes del ejercicio de su Gobierno en donde el actual Presidente de los colombianos ya fungía como una figura pública y por eso este debate, está cargado de ideología y de reflexiones estructurales.

 

De suerte que yo (…)

 

Cassette No. 5. Continúa con el uso de la palabra el H.R. Guillermo Abel Rivera Florez (…)

 

Le pediría a los colegas de esta comisión, que archiváramos esta iniciativa, no porque no sean loables sus propósitos, no porque las estadísticas no deban alarmas; sino porque el Estado colombiano hoy cuenta con las herramientas jurídicas necesarias y además subyacente de los principios constitucionales y de los valores del Estado de Derecho, es ya una obligación del Estado Colombiano, prevenir el consumo de sicoactivos y además prevenir ese tipo de situaciones como una causa del deterioro de la convivencia social. Muchas gracias Presidenta.