COMISIÓN
LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS Y DEMOCRACIA
Drogas y
democracia en América Latina:
hacia un cambio de paradigma
Declaración
Fundamentación:
Declaración
Una
guerra perdida
La
violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas
constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a una
situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales,
es imperativo rectificar la estrategia de “guerra a las drogas” aplicada en los
últimos treinta años en la región.
Las
políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de
interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del
consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca
del objetivo proclamado de erradicación de las drogas.
Una
evaluación realista indica que:
En
América Latina la revisión
Asistimos en las últimas décadas a:
Romper
el silencio, abrir el debate
El
modelo actual de política de represión de las drogas está firmemente arraigado
en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El tema se ha transformado en un
tabú que inhibe el debate público
por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los
consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables
a la acción del crimen organizado.
Por ello, romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus
consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de
políticas más seguras, eficientes y humanas.
Eso no significa condenar en bloque políticas que han costado enormes recursos
económicos y el sacrificio de incontables vidas humanas en la lucha contra el
tráfico de drogas. Tampoco implica desconocer la necesidad de combatir a los
carteles y traficantes. Significa,
eso sí, que debemos reconocer la insuficiencia de los resultados y, sin
descalificar en bloque los esfuerzos hechos, abrir el debate sobre estrategias
alternativas con el concurso
La
cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a
las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial
diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la
salud y a la sociedad.
Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos
implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como
priorizar la prevención y el
tratamiento. Esas políticas no deben negar la importancia de las acciones
represivas - incluso
con la
participación de las fuerzas armadas en situaciones límite de acuerdo a la
decisión de cada país - para hacer frente a los desafíos planteados por el
crimen organizado.
Límites y
efectos indeseables de las estrategias represivas
Es imperativo examinar críticamente las
deficiencias de la estrategia prohibicionista seguida por Estados Unidos y las
ventajas y los límites de la estrategia
Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva
promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado
todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos
beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos. A pesar
de los significativos éxitos de Colombia en su lucha contra los carteles de la
droga y la disminución de los índices de violencia y de delitos, han vuelto a
aumentar las áreas
México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la actividad
violenta de los grupos criminales del narcotráfico. Esto plantea desafíos al
gobierno mexicano en su lucha contra los carteles de drogas que han reemplazado
a los traficantes colombianos como los que introducen la mayor cantidad de
narcóticos al mercado de Estados Unidos. México tiene el
derecho de reivindicar del Gobierno y de las instituciones de la sociedad
estadounidense un debate sobre las políticas que allí se aplican y también pedir
a
La
política europea de focalizar en la reducción de daños causados por las drogas,
como un asunto de salud pública, mediante el tratamiento de los usuarios, se
muestra más humana y eficiente. Sin embargo, al no dar prioridad a la reducción
del consumo, bajo el argumento de que las estrategias
La
solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por la
reducción de la demanda en los principales países consumidores. No
La
visión de América Latina: hacia un nuevo paradigma
Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de
drogas y la gravedad del problema en la región,
·
Reducir
el consumo mediante acciones de información y prevención.
Nuestro
enfoque
Para
concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latina tome las
siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación de las
políticas de combate al uso de drogas ilícitas:
1.
Transformar los adictos
La enorme capacidad de violencia y
corrupción del narcotráfico sólo podrá ser combatida efectivamente si se
debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado
debe crear las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas
que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el mercado
ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Esto, en conjunto con
campañas educativas y de información, llevaría a una reducción de la demanda de
drogas ilegales y al desplome de los precios de las mismas, minándose de esta
manera las bases económicas de este negocio criminal.
2.
Evaluar con un enfoque de salud pública
y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de
descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
La
marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina. Su consumo
tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin
embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta
droga son similares a los causados por el alcohol o el tabaco. Más importante
aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana – de la prisión y
encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción
que afectan toda la sociedad - son el resultado de las políticas
prohibicionistas vigentes.
La
simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de
información y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los
problemas de adicción.
Estados
Unidos es probablemente el país industrializado que dedica más recursos a la
lucha contra el tráfico de
drogas ilícitas. El problema está en la eficacia y las consecuencias de sus
acciones. Su política de encarcelar a los usuarios de drogas,
cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechos humanos y de su
eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando la superpoblación
carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política
represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de
3.
Reducir el consumo
Las
drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El testimonio de
ex-adictos sobre estos riesgos puede tener mayor poder de convencimiento que la
amenaza de represión o la exhortación virtuosa a no consumir.
Los cambios en
la sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en el consumo
de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de
información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con
la experiencia de las personas a que se destinan.
Cabe a
las campañas de comunicación alertar de modo constante a la población en general
y a los consumidores en particular sobre la responsabilidad de cada uno frente
al problema, los peligros que genera el “dinero fácil” y los costos de violencia
y corrupción asociados al tráfico de drogas.
La mayor
parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en el mundo son
bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las
experiencias de países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido,
Holanda y Suiza y es preciso explorar experiencias de otras regiones.
4.
Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen
organizado.
Las
políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivos
para la sociedad del crimen organizado, como la violencia, la corrupción de las
instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de
territorios y poblaciones. En esta materia es importante el
5.
Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.
Los
esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción
La
participación de la sociedad civil y de la opinión pública
Un nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas deberá estar menos
centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano de la sociedad y
La
percepción de la sociedad sobre el
problema así como la legislación sobre drogas ilícitas se encuentran en proceso
acelerado de transformación en América Latina. Un número creciente de líderes
políticos, cívicos y culturales han expresado la necesidad de un cambio drástico
de orientación.
La
profundización del debate en
relación con las políticas sobre consumo de drogas debe apoyarse en evaluaciones
rigurosas del impacto de las diversas propuestas y medidas alternativas a la
estrategia prohibicionista, que ya están siendo probadas en diferentes países,
buscando la reducción de los daños individuales y sociales.
Esta
construcción de alternativas es un proceso que requiere la participación de
múltiples actores sociales: instituciones de justicia y seguridad, educadores,
profesionales de la salud, líderes espirituales, las familias, formadores de
opinión y comunicadores. Cada país debe enfrentar el desafío de abrir un amplio
debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más
adecuadas a su historia y su cultura.
En
el ámbito continental, América Latina debe establecer un diálogo con el
gobierno, congresistas y la sociedad civil de Estados Unidos para desarrollar en
forma conjunta alternativas a la política de “guerra a las drogas”.
La inauguración de la Administración de Barack Obama representa una oportunidad
propicia para la revisión en profundidad de una estrategia que ha fracasado y la
búsqueda en común de políticas más eficientes y más humanas.
Simultáneamente, a nivel global, debemos avanzar en la articulación de una voz y
visión de América Latina
capaz de influir en el debate internacional sobre drogas ilícitas, sobre todo en
el
Fundamentación
Las
convenciones internacionales
El actual
régimen internacional de control de drogas se sustenta en tres convenciones de
las Naciones Unidas que establecen las bases de Derecho Internacional sobre el
control de drogas ilícitas. Estas Convenciones – la primera de ellas realizada
en 1961 – fueron formuladas bajo una directriz básica: todas las drogas
definidas por las Convenciones como ilícitas sólo pueden tener fines medicinales
y de investigación, lo que implica calificar como crimen la producción para
todos los demás objetivos.
Las políticas
derivadas de las convenciones pretenden la eliminación de cualquier uso
recreativo, ritual, experimental o de automedicación de la coca, cocaína, opio,
heroína, marihuana y otras diversas drogas. El sistema de control que de ellas
emerge se basa esencialmente en políticas de represión, sanción y punición.
En cuanto al
consumo, los principios adoptados dejan espacio para iniciativas de
despenalización o descriminalización de los usuarios, aunque ellas continúen
siendo ilegales. Los países signatarios de la convención pueden, de esta forma,
ser flexibles en el tratamiento de los consumidores, aunque deban combatir la
producción y la comercialización de drogas ilegales.
Las tres
convenciones de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas son:
- Qué
sustancias y sus consumos deben ser fiscalizadas (opio, cocaína, marihuana);
- Cómo añadir
nuevas sustancias a la lista de control de este tratado;
- Las
atribuciones de la ONU en el sistema de control internacional de drogas.
Resultados y
Consecuencias de la “guerra a las drogas”
Actualmente
208 millones de personas en el mundo usan algún tipo de drogas ilícitas por lo
menos una vez por año. De este total, se calcula que 15% sufren problemas
crónicos de dependencia. La marihuana es la droga más consumida (160 millones).
Drogas sintéticas, a base de anfetaminas y el ecstasy, ya superan, en número de
usuarios, a la cocaína y a la heroína[1].
El negocio de las drogas ilícitas controlado por el crimen organizado es
estimado en centenas de miles de millones de dólares.
El último
Informe Mundial sobre Drogas[2],
de la UNODC (Oficina de las Naciones
Unidas sobre Drogas y Crimen),
reconoce que la aplicación de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre
drogas ilícitas produjo varias consecuencias negativas inesperadas:
El objetivo
fijado se reveló irrealizable y los propios organismos de las Naciones Unidas
reconocen que se pasó del objetivo inicial de eliminación de las drogas a una
política de contención de los niveles de producción y comercialización.
Los costos
para mantener la prohibición resultaron enormes. El informe de la UNODC
subestima lo que denomina consecuencias inesperadas. El narcotráfico produjo
incrementos enormes en los niveles de violencia. Él corrompe las instituciones y
Las políticas
de erradicación en América Latina
Tres países
latinoamericanos (Colombia, Perú y Bolivia) producen la totalidad de la oferta
mundial de cocaína.[3]
En las últimas décadas, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, estos países
iniciaron políticas de erradicación de plantíos, aprehensión y represión al
tráfico. El programa más importante fue el
Plan Colombia, que se proponía acabar
con el conflicto armado en ese país, elaborar una estrategia de enfrentamiento
con el narcotráfico, erradicar la producción de coca, revitalizar la economía
del país y ofrecer alternativas a los productores rurales.
Las
principales metas del Plan Colombia y
de los otros programas de erradicación no fueran alcanzadas. La producción,
aunque llegase a sufrir fluctuaciones, continúa siendo suficiente para suplir el
mercado mundial:
Gráfico 1: Cultivo de coca en la región andina (ha),
Fuente: Coca Cultivation in the Andean
Region: A survey of
A pesar de que
los niveles de aprehensión, tanto en los países exportadores como en los
importadores, hayan presentado aumentos considerables, ellos no afectaron la
oferta final y ni aún el precio al consumidor. Por el contrario, el precio de la
cocaína presenta una tendencia dominante de caída, en tanto el producto aumenta
su grado promedio de pureza.
Gráfico 2: Precios Mayorista y Minorista de Cocaína en EEUU
Mayorista: compras de más de 50 gramos
Minorista: compras de 2 gramos o menos
Nota (dentro del area del gráfico, en el original):
Fuente: preparado por ONDCP para RAND Corporation; valores de 2003 con base en
datos sólo de Enero a Junio.
Fuente: WOLA,
En suma, la
política prohibicionista se mostró ineficaz. No solamente la oferta fue
mantenida en niveles estables como los precios cayeron, a pesar de los enormes
gastos realizados por Estados Unidos en la represión al comercio exportador de
los países productores:
Gráfico 3: Gastos de EEUU en el Extranjero en la Guerra a las Drogas y Precios
Minoristas de la Cocaína, 1990 - 2006
Notas: Datos de gastos para el control de suministro de drogas en el extranjero
para los años 2005, 2006 y 2007 no estaban disponibles.
Fuente: Gastos: Washington Office on Latin America 2005; Precios: Naciones
Unidas, 2008.
Esta situación
es el resultado, en primer lugar, de la diferencia entre el precio de la materia
prima y el precio pagado por el consumidor final. La prohibición produce un
mercado que ofrece lucros exorbitantes:
Fuente: Reuters, Peter, 2008, “Assessing
En segundo
lugar, los programas de erradicación no consiguieron disminuir de forma
relevante la producción, que se desplazó para otros lugares. El resultado
efectivo de la represión fue un cambio constante de la localización de la
producción y de los principales centros de comercialización. Hasta mediados de
la década del 90, la hoja de la coca era cultivada principalmente en Perú y en
Bolivia, dos países que detentaban el 80% de las plantaciones mundiales de coca
y que procesaban las hojas en pasta. La pasta era transportada en pequeños
aviones hacia
El primer
cambio sustancial en la localización de la producción ocurrió con la reducción
de las áreas de cultivo en Perú y Bolivia, compensada por el crecimiento de la
producción en Colombia, que se tornó el mayor productor mundial. En Colombia,
parte de las áreas cultivadas estaba localizada en territorio bajo el control de
las FARC — Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —, que pasaron a
organizar los productores e intermediar las ventas de
Los carteles
formados por traficantes colombianos controlaron buena parte de la exportación
de coca para Estados Unidos hasta los años 90, cuando las principales
organizaciones se debilitaron.
La muerte y las prisiones de narcotraficantes colombianos llevaron al
desmantelamiento de los Carteles de Medellín y de Cali. Esto produjo una
fragmentación del narcotráfico y el desplazamiento del control de parte del
sistema de comercialización en Estados Unidos para el crimen organizado
mexicano.
Los
traficantes mexicanos expandieron su dominio sobre la distribución de cocaína en
Estados Unidos ingresando también en el mercado europeo. Esto ha llevado a un
aumento enorme de la criminalidad y violencia asociadas al tráfico en México,
con importantes ramificaciones en las instituciones públicas.
El
narcotráfico: violencia, corrupción y democracia
Los niveles
globales
La producción
y la comercialización de drogas ilícitas han promovido el surgimiento de poderes
marginales paralelos, llevando a la degradación o incluso a la quiebra de las
instituciones públicas y al consecuente debilitamiento del orden democrático.
Los mercados de drogas ilegales representan una proporción relevante de las
economías en países productores.
Las
principales consecuencias de la guerra contra las drogas en las sociedades de
América Latina pueden ser resumidas en cinco grandes puntos:
Según datos de
las Naciones Unidas y del Banco Mundial, América Latina posee actualmente la
mayor tasa de homicidios del mundo. Entre los jóvenes, en varios países, la
cantidad de muertes supera inclusive la de muchos países en otras regiones en
estado de guerra.[6]
Los cinco primeros lugares en el ranking mundial de tasa de homicidios juveniles
por cada 100 mil habitantes son países latinoamericanos. El Salvador aparece en
primer lugar (con tasa de 92,3), seguido por Colombia (73,4), Venezuela (64,2)
Guatemala (55,4) y Brasil (51,6):
Tabla 2: Tasa de Homicidio Juvenil |
||
País |
Tasa |
Pos. |
El Salvador |
92,3 |
1º |
Colombia |
73,4 |
2º |
Venezuela |
64,2 |
3º |
Guatemala |
55,4 |
4º |
Brasil |
51,6 |
5º |
Puerto Rico |
46,6 |
6º |
Islas Vírgenes |
27,1 |
7º |
Santa Lucía |
26,4 |
8º |
Ecuador |
26,1 |
9º |
Paraguay |
22,3 |
10º |
Trinidad y Tobago |
21,2 |
11º |
Guayana |
21,2 |
12º |
Panamá |
17,8 |
13º |
Nicaragua |
16,6 |
14º |
África del Sur |
16,6 |
15º |
Domínica |
15,4 |
16º |
EEUU |
12,9 |
17º |
San Vicente y G. |
12,1 |
18º |
México |
10,4 |
19º |
Guayana Francesa |
9,7 |
20º |
Argentina |
9,4 |
21º |
Costa Rica |
9,2 |
22º |
Rep. Dominicana |
9,1 |
23º |
Israel |
8,0 |
24º |
Chile |
7,9 |
25º |
Cuba |
7,7 |
26º |
Uruguay |
7,0 |
27º |
La relación
entre homicidios, armas de fuego y comercio de drogas es central. Las drogas
financian las compras de armas que sustentan la guerra entre pandillas por el
control de territorios y del tráfico. La geografía del tráfico de drogas y de
armas no respeta soberanías nacionales ni fronteras.
En Brasil, el
tráfico de armas y drogas pasó a dominar la dinámica criminal en las regiones
metropolitanas y alcanza el conjunto de la sociedad y sus instituciones. Las
drogas financian l
Los
traficantes controlan grandes espacios urbanos donde viven los sectores más
pobres, actuando como autoridades de hecho. Parte de los recursos es canalizada
para corromper autoridades policiales y del sistema de seguridad pública. En
ciertos estados y municipios, la influencia del tráfico afecta al conjunto de
las instituciones públicas.
El mercado
ilegal de armas de fuego, asociado generalmente a las drogas, es el mayor
responsable por los altos niveles de homicidio, en particular entre los jóvenes.
Aunque la violencia y la inseguridad afecten a todos los ciudadanos, las tasas
de homicidio son considerablemente mayores en los barrios en que la renta
promedio es menor y los servicios urbanos son más deficientes. El comercio de
drogas usa sistemáticamente la población infanto-juvenil, muchas veces niños de
10 años de edad, muchos de ellos armados.
Según estudios
del Observatorio de Favelas (www.observatoriodefavelas.org),
los menores de 18 años representarían entre el 50% y 60% de la mano-de-obra
empleada en este servicio. Niños y adolescentes cumplen funciones no-armadas o
armadas.
Los límites
del prohibicionismo
En el
documento preparado para la Comisión, el Profesor Peter Reuter, de la
Universidad de Maryland, señala que la consecuencia más notable en Estados
Unidos derivada de este énfasis en las medidas de represión fue la prisión de un
inmenso número de personas por crímenes relacionados con drogas:
En tanto que
en 1980, menos de 50.000 personas fueran presas, ese número aumentó para 500.000
en el año 2007. El medio millón estimado (que incluye tanto aquellas personas
que se encuentran en prisiones locales como las que se encuentran en prisiones
estaduales y federales) comprende sólo aquellos condenados por venta y posesión
de drogas, no incluye aquellos que fueron presos en función de crímenes
violentos o crímenes contra la propiedad derivados de su dependencia de las
drogas. Lo que es realmente sorprendente es que el número haya continuado
aumentando aún a pesar de que existiesen buenas razones para creer que la escala
del tráfico de drogas venía cayendo moderadamente durante los últimos quince
años.
Hoy existen en
Estados Unidos cerca de 500 mil personas encarceladas por algún tipo de crimen
ligado a las drogas — 12 veces más presos que en el año 1980 —, aunque ningún
estudio pruebe la eficacia de la cantidad de prisiones masivas en la evolución
de la formación del precio de las drogas. En efecto, como se ve en el gráfico
abajo, en los últimos 25 años, en cuanto el número de prisiones aumenta, el
precio de las drogas disminuye, sistemáticamente:
Gráfico 4: Encarcelamiento relacionado con drogas y comercialización minorista
de heroína y cocaína en EEUU:
Nota: precios ajustados por inflación
Fuente: Reuters, Peter, 2008, “Assessing
El
prohibicionismo ayudó a convertir Estados Unidos en el país con la mayor
población carcelaria del mundo. El costo total para sustentar un traficante en
prisión en Estados Unidos puede llegar a 450 mil dólares: los costos de prisión
y juicio están calculados en 150 mil dólares; los costos de proveer una plaza
adicional en el sistema carcelario es de aproximadamente 50 mil a 150 mil
dólares, dependiendo de la jurisdicción; los costos de mantenimiento de un preso
es
En editorial
del día 2 de julio de 2008, titulado Not
Winning the War on Drugs (No venciendo la guerra a las drogas), el diario
The New York Times parecía representar el nuevo pensamiento de parte de la
sociedad estadounidense cuando afirma que:
El próximo
gobierno, por encima de todo, debe esforzarse mucho más en el sentido de frenar
la demanda, gastando más dinero en tratar viciosos y usuarios, en lugar de
prenderlos. Tribunales de drogas – cuyas condenas están relacionadas siempre a
métodos y períodos de tratamientos para usuarios – todavía lidian con una
pequeña fracción de los casos de drogas en el sistema judicial. La cantidad de
esos tribunales debe ser aumentada sustancialmente.
El problema de
la droga debe ser contemplado, sobretodo, como una cuestión de salud pública y
menos como una cuestión policial. En cuanto la demanda no sea inhibida en el
país, no existe chance de vencer la guerra a las drogas.
Reducción de
daños, despenalización y descriminalización
En las últimas
décadas, varios países desarrollaron políticas innovadoras para enfrentar el
problema del uso de drogas ilícitas, teniendo como pilares la despenalización
y/o la descriminalización del usuario y la política de reducción de daños.
Las políticas
de reducción de daños consisten en una estrategia que trata el consumo de drogas
como una cuestión de salud pública, en la cual el dependiente es visto como
persona que precisa ser auxiliada en vez de criminal que debe ser castigado. El
objetivo inicial de los países que desarrollaron la política de reducción de
daños fue reglamentar la distribución de jeringas, agujas y pipas a los usuarios
de drogas, con la finalidad de reducir el número de casos de enfermedades como
SIDA y hepatitis, cuyo riesgo de contaminación es alto cuando se comparten
jeringas. Posteriormente esta política pasó a incluir programas de apoyo y
tratamiento de personas dependientes.
La
despenalización es definida por Cervini[7]
como “el acto de disminuir la pena de un ilícito sin descriminalizarlo, quiere
decir sin retirar del hecho el carácter de ilícito penal”. O sea, la prohibición
legal del uso y porte de estupefacientes continua vigente en el derecho penal,
pero el ilícito deja de ser sancionado con la privación de libertad.
El problema
presentado por la despenalización del consumo, manteniendo su criminalización,
es que ella todavía otorga a la autoridad policial un alto poder discrecional.
En países donde la corrupción de la fuerza policial es endémica, la
criminalización puede ser utilizada para chantajear al usuario de drogas,
práctica común en países de América Latina.
La alternativa
a la despenalización es la descriminalización, aplicada solamente al consumidor:
La
descriminalización quita el status de ley criminal de aquellos actos a los
cuales se aplica. Eso significa que ciertos actos dejan de constituir
transgresiones criminales. En relación a las drogas, ella generalmente se
refiere a la demanda, actos de adquisición, posesión y consumo. Según la
descriminalización, aún es ilegal usar, poseer, adquirir o, en algunos casos,
importar drogas, pero esos actos dejan de ser crímenes. Sin embargo, todavía
pueden ser aplicadas sanciones administrativas; estas pueden ser una multa,
suspensión de la licencia de conducir o de porte de armas o sólo una
advertencia. A diferencia, la
legalización es el proceso de traer al control de la ley una actividad
específica que fue previamente ilegal y prohibida o estrictamente reglamentada.
[8]
La política de
combate a las drogas adoptada oficialmente por diversos países asocia la
despenalización o la descriminalización del consumo a políticas de reducción de
daños. Esta perspectiva está probando ser un modelo más eficaz y humano, en
contraste con el enfoque prohibicionista.
En la mayoría
de los países europeos (con excepción de Suecia y Grecia), Canadá y Australia,
la posesión de cantidades pequeñas de marihuana no lleva a la criminalización de
los usuarios. Tanto en la práctica legal como en la represión al comercio, se
observa una distinción entre drogas débiles y fuertes. En la mayoría de los
países, los traficantes, en particular de drogas pesadas, pueden ser tratados
con penas severas.
A pesar de
presentar muchos aspectos en común, las políticas nacionales presentan
variaciones:
En América del
Norte, las políticas igualmente están cambiando. En Canadá, el debate sobre l
Aún en Estados
Unidos, varias legislaciones estaduales y municipales garantizan tratamiento
diferenciado a los usuarios de drogas leves. Hace más de 35 años, en octubre de
1973, el estado de Oregón redujo la infracción de posesión inferior a 30 gramos
de marihuana a una “violación civil”, con pena máxima de una multa de 100
dólares. Otros diez estados norteamericanos (incluyendo Alaska, que llegó a
descriminalizar la posesión para uso personal) promulgaron leyes que redujeron
sólo a una multa la pena máxima por posesión de marihuana. En el estado de
California, la marihuana no sólo su producción es permitida para “uso médico”,
como también ya es gravada.
El uso de
marihuana para fines medicinales y terapéuticos fue descriminalizado a comienzos
de diciembre de 2008 en el estado del Michigan. Michigan se volvió, así, el 13er
estado del país en legalizar la marihuana para uso clínico y terapéutico, a
pesar de que las leyes no sean claras en relación a los medios de obtención de
La ley es
aplicada de forma muy diferente según el Estado y municipio. En la ciudad de San
Francisco, por ejemplo, proliferan pequeños establecimientos – case siempre
cafeterías – que tienen a disposición para venta cigarros, tés y cantidades
limitadas de marihuana. A pesar de ser ilegal, la policía raramente interviene
en ese tipo de comercio.
Además de los
cambios en las legislaciones nacionales, comienzan a surgir movilizaciones para
modificar las Convenciones internacionales, en particular en relación a la
exclusión de la marihuana como droga ilícita. El
The
Global Marihuana Commission Report,[9]
preparado por
Si compararos
el impacto sobre el consumo de las políticas seguidas en Europa y Estados
Unidos, las tendencias son, en general, las mismas. O sea, políticas menos
represivas, con menos costos sociales y más humanas, no producirán incrementos
en el consumo.
Nuevas
dinámicas en América Latina
En América
Latina, varios países implementaron políticas, o están en vías de hacerlo, para
despenalizar la posesión para uso personal de drogas ilícitas. Entre ellos están
Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil. Además de eso, crece, en los países de
la región andina con tradiciones ancestrales de uso de la coca, la exigencia de
respeto a las culturas locales y la demanda de usos alternativos. Pequeños
cultivos de hoja de coca en Bolivia son diferenciados de los graneros del
tráfico, y el lema del presidente Evo Morales es “cocaína cero, pero no coca
cero” - un objetivo todavía a ser alcanzado, pues Bolivia continua siendo un
importante productor de coca para usos ilícitos. Desde 1988, Bolivia permite,
por ley, el cultivo de la coca, para mascar o hacer infusiones, en hasta 12 mil
hectáreas. La cuota fue ampliada en 2004. Lo que supera el área debe ser
erradicado. Aunque descontenta y presionando por límites menores de cultivo,
En Brasil, la
primera política nacional de control de drogas fue formulada por el gobierno del
presidente
En México, en
marzo de 2003, el ex-presidente mexicano Vicente Fox hizo el siguiente
comentario: “Mi opinión es que, en México, no es delito poseer o portar en el
bolsillo una cantidad pequeña de droga. […] la Humanidad un día verá la
legalización de las drogas como la alternativa más sensata”. Ya en octubre
pasado, el presidente mexicano Felipe Calderón envió un proyecto de ley que
descriminaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas con el objetivo de
mantener viva su cruzada contra el narcotráfico y calmar la violencia en las
calles. La iniciativa de Calderón propone que no sean punidos usuarios con quien
se encuentren hasta dos gramos de marihuana, 50 miligramos de heroína, 500
miligramos de cocaína y 40 miligramos de metanfetamina.
La medida pretende diferenciar, de forma legal, el consumidor, el proveedor y el
vendedor de drogas. “Lo que se busca es tratar el dependiente no como un
delincuente, sino como un enfermo y darle tratamiento psicológico o médico”,
comentó el senador Alejandro González, presidente de la Comisión de Justicia del
Senado mexicano.
El gobierno
argentino, a su vez, promete en breve un proyecto de ley para descriminalizar el
consumo de drogas. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, declaró que el
gobierno busca “una norma moderna, inteligente y que conceda responsabilidades
al Poder Judicial para resolver la problemática, a medida que se vaya
presentando”. La presidente argentina Cristina Fernández Kirchner criticó
recientemente aquellos que “condenan al dependiente sin entender el problema
personal y social” e insistió que “deben ser punidos los que venden narcóticos,
no los que consumen”.
En Medellín y
Cali, en Colombia, programas de reinserción social de consumidores muestran
buenos resultados, donde las tasas de homicidios fueron reducidas en forma
considerable.
Recientemente, los gobiernos del Brasil y de Bolivia firmaron un acuerdo
lanzando una estrategia regional contra las drogas, de la cual también deberán
hacer parte Argentina, Perú y Chile. El acuerdo prevé acciones conjuntas de
policías, localización y destrucción de laboratorios y pistas de aterrizaje
clandestinas, soporte de las Fuerzas Armadas y trueque de informaciones sobre el
tráfico.
En suma, como
muestran estos ejemplos, con características y ritmos diversos, los países de
América Latina se orientan en la misma dirección: la demanda de alternativas a
políticas de represión indiscriminada, reconociendo que la complejidad de los
temas y de los diferentes actores sociales involucrados exigen respuestas
innovadoras que movilicen el conjunto de recursos de la sociedad y una amplia
gama de políticas públicas.
Encarando el
futuro
El incremento
de la violencia en América Latina, en buena medida asociada al tráfico de
drogas, se ha transformado en los últimos años en uno de los principales
problemas para los ciudadanos y las instituciones democráticas de
Aún con fuerte
represión policial-militar, erradicación de plantaciones, daños causados a las
estructuras físicas del narcotráfico y con las constantes aprehensiones de
voluminosos cargamentos de drogas, los márgenes de lucro del crimen organizado
superan, ampliamente, sus perjuicios. La oferta de coca fue suficiente para
suplir los mercados e inclusive bajar los precios.
Como ya fue
señalado, los conflictos involucrando la producción ilegal para exportación y
para consumo interno llevaron la región a tener los mayores índices de
homicidios del planeta. El lucro de las drogas es el principal financiador del
comercio ilegal de armas y millares de jóvenes son muertos en luchas internas
por el control del comercio o en combates con la policía o con militares, que
también son víctimas fatales de esta guerra singular. Parte de las fuerzas
responsables por el mantenimiento del orden y de las estructuras de poder fue
cooptada por el crimen organizado y el poder corruptor del dinero asociado al
tráfico de drogas penetra en todos los niveles de los poderes públicos y corroe
los propios fundamentos de la democracia.
¿Cómo
enfrentar este problema? La estrategia centrada fundamentalmente en la represión
fracasó en América Latina. El deseo de un mundo sin drogas no constituye un
horizonte realista y, por lo tanto, no puede ser el fundamento de políticas
públicas, cuyos objetivos deben tener como prioridad la prevención, el
tratamiento y la reducción de daños para el conjunto de la sociedad, los
individuos, las familias y las instituciones.
A pesar de la
importancia y la gravedad que el tema presenta para los ciudadanos de la región,
él es tratado marginalmente en las campañas electorales, los medios y el debate
público en general. Los avances en la región – y muchos de ellos importantes –
hechos por diversos países en la legislación o en las formas prácticas de tratar
la cuestión, así como las declaraciones públicas realizadas por líderes
políticos, aunque representen pasos importantes, todavía son insuficientes. Los
gobiernos y las sociedades de América Latina deben profundizar el debate sobre
el fenómeno de las drogas. Con la ausencia de una discusión amplia y bien
informada, los problemas relativos a la violencia, la corrupción y la erosión
del poder público tienden no solamente a agravarse, como se vuelven cada vez más
difíciles de ser resueltos.
Las políticas
de combate a las drogas, adoptadas oficialmente por diversos países, en
particular en Europa, con enfoque en la despenalización o en la
descriminalización del consumo, en el tratamiento de las personas dependientes,
en la prevención de efectos secundarios extremamente maléficos (como utilización
de jeringas contaminadas que vehiculan enfermedades contagiosas, como el VIH),
se han mostrado un modelo más eficaz y humano.
En América
Latina, diversos países implementaron (o están en vías de adoptar) políticas de
despenalización de posesión de drogas para uso personal, entre ellos Uruguay,
Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil. Adicionalmente, crecen en la región
nuevas formas de pensar y obrar en la lucha contra las drogas con foco en los
derechos humanos, en el respeto a las culturas ancestrales y en la búsqueda de
nuevos tipos de cultivos y de usos alternativos.
Parte da
legislación y de las políticas públicas, en los diferentes países de la región,
se muestra insuficiente y/o ineficaz para contener el uso y la comercialización
de las drogas. Cambios en la legislación, campañas de educación, tratamiento de
los consumidores, informaciones y concientización son elementos centrales para
lidiar con los problemas citados. Las declaraciones claras a favor de la
despenalización, o mismo de la descriminalización, de la reglamentación del
tratamiento del problema de la droga como cuestión de salud pública, parten hoy
de figuras de los diversos países de la región y diferentes matices ideológicos
y partidarios.
Las campañas
de concientización de los maleficios de las drogas, en las cuales deben
participar los medios de comunicación, los formadores de opinión pública, el
sistema educacional y las organizaciones de la sociedad civil, deberán utilizar
mensajes eficaces y realistas, que alcancen efectivamente al público receptor.
La movilización de ex-viciosos que transmitan el drama vivido, ciertamente
impacta mucho más que peticiones de principios.
Los sistemas
de salud pública deben ser capacitados y dotados de recursos para apoyar los
dependientes, así como se debe apoyar organizaciones de la sociedad civil
dedicadas al tratamiento de dependientes.
Las fuerzas de
seguridad pública deberían focalizar sus esfuerzos y recursos en la lucha contra
el crimen organizado y el tráfico de armas a él asociado, buscando desmantelar
las grandes redes de comercio de drogas y armas y de lavado de dinero. Esfuerzos
desmedidos en la represión del usuario representan un desperdicio de recursos
limitados y abre las puertas de forma innecesaria a la corrupción de las fuerzas
policiales y militares.
La política de
seguridad deberá orientarse por un sólido sistema de inteligencia. Sin él, la
represión es ineficaz y sus efectos sociales pueden ser hasta contraproducentes.
Las nuevas políticas deberán utilizar pericias sobre la calidad de las drogas
ilícitas utilizadas y estudios sobre sus impactos en
Nuevas
políticas y campañas educativas deben estar acompañadas de investigación
sistemática que apoye la toma de decisiones para actuar de forma eficaz en la
prevención, información, educación y tratamiento. Observatorios de investigación
deben estudiar regularmente los modelos y cambios en el uso de drogas ilícitas,
de acuerdo con tipos, fajas etarias y estratos sociales de los usuarios. Esto
exige un acompañamiento constante sobre lo que está sucediendo con los
consumidores, incluyendo consecuencias indirectas, como trasmisión de VIH (sea
por vía sexual bajo efectos de drogas, sea por vía sanguínea en el compartir de
jeringas).
La búsqueda de
alternativas de desarrollo rural que cree infraestructura y mercados viables
para los actuales productores de drogas ilícitas no debe excluir a priori la
posibilidad del aprovechamiento lícito de las mismas. Nuevas investigaciones
científicas pueden valorizar el uso de la marihuana y de la coca como
ingredientes para aplicaciones medicinales, uso culinario, goma de mascar,
producción de fibras extremamente resistentes para uso textil y cuerdas,
productos de higiene, biocombustibles y plásticos vegetales.
La
construcción del bien común exige soluciones corajudas que sólo pueden ser
desarrolladas por un debate abierto que fortalezca la disposición a experimentar
nuevas soluciones. Se trata de un tema complejo que exige la movilización de las
más diversas áreas de conocimiento y de la acción coordinada de varias
instituciones y de políticas públicas. En él, deberán participar parlamentos,
gobiernos, poder judicial, órganos de seguridad pública, especialistas del
sector de la salud y organizaciones de la sociedad civil, para un diálogo
abierto e informado, que transcienda los intereses corporativos. Un problema
complejo exige la movilización de los más diversos saberes e instituciones, que
traten el problema a través de políticas integradas.
El problema de
las drogas debe ser debatido frontalmente – a través de discusiones, debates,
estudios, investigaciones – por cada país y por el conjunto de la región. Él no
sólo afecta a las respectivas sociedades, sino que crea espacios de criminalidad
que desconocen límites nacionales. El tema exige, por lo tanto, nuevos fórums de
debate en cada país y a nivel regional, que posibiliten la libre e intensa
discusión, el intercambio de experiencias locales y la búsqueda de soluciones
conjuntas para una problemática regional. La región que más ha sufrido con las
consecuencias negativas de la política de “guerra a las drogas”, América Latina,
puede contribuir efectivamente para la búsqueda de nuevos paradigmas en el
enfrentamiento de los problemas planteados por el comercio y el consumo de las
drogas ilícitas.
[1]
UNOC,
World Drug Report 2008,
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf
[2]
UNODC,
World Drug Report 2008,
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf
[5]
Pecaut,
Daniel.
Guerra contra la sociedad,
Bogotá, Editorial Espasa, 2001.
[7]
CERVINI, Raul. Los processos de descriminalización. 2a. ed., San
Pablo: Revista de los Tribunales, 1995, p.75, en Boiteux,p.82-83.
[8]
“Decriminalisation in