Colombia un
país consumidor pero ¿de qué?
María Mercedes
Moreno
De un tiempo
para atrás se viene insistiendo en que Colombia pasó a ser un país consumidor de
drogas. Aparentemente, entre los primeros en darse cuenta de que el mercado
interno también cuenta, fueron
los
narcos. No obstante, lo no se ha entrado a estudiar es que las drogas que
supuestamente estamos consumiendo los colombianos no son las drogas que se
nombran y se estudian y frente a las cuales se busca diseñar las políticas. No
hemos entrado a discutir
que,
a estas alturas, ya las drogas de las que estamos hablando no existen como tal.
Quienes se
dedican al negocio de las drogas
illcítas, se aseguran de tener lo que sea, lo que puedan, así no sea el
producto que busca el consumidor para garantizar la venta. Quienes están
decididos a consumir, se someten a esta ley del mercado. En la nebulosa de la
lucrativa ilegalidad, jíbaros y ollas logran vender lo que sea por lo que no es;
e incluso vender, como sucede con demasiada frecuencia, drogas que el usuario no
vino a comprar.
Descontando
la Prohibición que impulsa la innovación y mercadeo, el mercado de consumo de
drogas parece ser un segmento relativamente estable que se surte de lo que hay.
Por vía de un intercambio directo con los consumidores, se ha llegado a
establecer que los consumidores de drogas no son muy distintitos de los
consumidores
de productos
aceptados por la ley. Lo que distingue al consumidor de drogas es su total falta
de control sobre lo que consume. No por su uso desmedido o abuso, contrario a lo
que se piensa, sino porque no pueden escoger con conocimiento de causa. La mayor
parte de los consumidores de drogas no tenemos problemas de consumo, más allá
del estigma y las características propias de un mercado ilegal.
Los avances en políticas de
drogas que permiten llevar desprevenidamente a cabo estudios de consumo ahora
deben incorporar el trabajo social de intercambio con los usuarios, como el trabajo
de campo sobre la composición de lo realmente se está consumiendo,
de acompañamiento de Acción Técnica Social (ATS)
y medidas de
Rumba Segura.
Esto
no sólo permitiría un acercamiento menos teórico
al mundo del
consumidor sino que además permitiría comenzar a hacer una trazabilidad de las
drogas en el mercado para el diseño de políticas que permitan encauzar y
contener la producción descontrolada para un mercado
de consumo que el mundo se ha visto forzado a aceptar. Consumo que, también es
hora de reconocer, es por lo general autorregulado por el mismo consumidor. Lo
que no está regulado es la sustancia que se vende.
En el caso de
sustancias químicas como la cocaína, lo que se está consumiendo en el mercado no
es el compuesto que dice ser. Comenzando porque los precursores químicos que
actualmente se usan para procesar la hoja de coca no son los previstos para este
fin. La cocaína que actualmente se consume es de coca tratada con agroquímicos
que se procesa con blanqueadores “caseros” (Decol) y corrosivos como el “Diablo
Rojo”, sin mencionar su adulteración con Levamisol y otros cortes de origen y
por el camino de la reventa. ¿Será ésta la cocaína que estudian los laboratorios
para determinar sus efectos y riesgos y diseñar programas de prevención?
Más grave aún para la salud, lo que están consumiendo miles de colombianos no sólo no es ni bazuko, ni base, ni PBC sino en su mayor componente un corte de ladrillo y física basura. La heroína colombiana, que ya de por sí no es equiparable a la que se consigue a nivel internacional, los cortes a las que la somete la avidez del mercado local la convierten en una sustancia triplemente peligrosa. En cuanto a la marihuana, las políticas públicas colombianas aún no discriminan según su concentración en THC, CBD, y agroquímicos ni su origen pues su producción y venta siguen encubiertas por la ilegalidad. Ni qué decir de la amplísima gama de drogas "de diseño" que se venden actualmente sin ningún manual de instrucciones mucho menos de sus componentes.
Se habla de
promover políticas de salud frente al consumo de drogas. Pero ¿cómo? si ni
siquiera sabemos lo que realmente se está produciendo, consumiendo. El origen
ilegal de las plantas y sustancias psicoactivas constituye el mayor riesgo de
salud, más que las plantas y sustancias mismas. Entre los
mayores daños asociados al consumo de drogas, está su adulteración y
repercusiones a nivel de dosificación, calidad y conocimiento de
lo que se está consumiendo.
De tal forma, “la
percepción social de riesgo asociado a las diferentes
sustancias de abuso y la exposición a la oferta de drogas” se debe referir a las
sustancias que realmente se venden
y consumen y no a las que teóricamente se
consumen en el mercado.
Saber
con precisión la composición de las sustancias permitiría afirmar si es el
principio activo lo que realmente genera la adicción
y no una predisposición a conductas
compulsivas; una respuesta al entorno
y/o un condicionamiento social que, entre
otras, presupone
que el consumo de drogas es una enfermedad.
Los efectos dependen, como mencionado
anteriormente, de lo que se consume y, mientras la producción, venta y reventa
siga sin una competencia legal con productos controlados y sin ánimo de lucro,
el consumo descontrolado problemático puede convertirse en la norma y no la
excepción que es.
Un artículo
reciente de
The Economist
“A Half-Smoked Joint”,
afirmaba que “la
descriminalización es sólo una medida a medias. Mientras la distribución (supply)
de drogas continúe siendo ilegal, el negocio continuará siendo un monopolio
ilegal”.
La
ilegalidad de la producción de drogas no sólo fomenta la adulteración e
innovación con nuevas drogas sino que perpetúa la violencia ligada al lucro del
mercado. Lo que sucede con el sistema de producción actual de drogas proscritas
es que es el mercado más libre que existe. No tiene límites. Para establecer
límites y abordar las drogas como un asunto de salud pública, es paso obligado
comenzar a tomar las riendas de la producción por medios no violentos. Con base
en las mediciones del
reciente estudio de consumo del Ministerio de
Salud se puede comenzar a calcular la producción y venta aunque, por lo general,
hay grandes abismos entre las estadísticas de producción y las de consumo.
Cuando se produce una
tonelada de cocaína pura, se consume un número de toneladas proporcionales al
corte.
En el mundo
real, si bien la calidad y componentes de las SPA varían de un vendedor a otro,
los productos de origen son fabricados por un número limitado de productores.
La producción está en manos de unos cuantos
productores ilegales que las autoridades capturan y vuelven y se sueltan.
De igual manera, la
reventa corre por cuenta de grupos y personas que se pueden identificar;
identificación que debe servir para integrar a los revendedores (jíbaros) a
políticas no represivas que permitan, primero, crear en ellos una conciencia de
su responsabilidad. Una fórmula piloto de regulación puede ser un modelo mixto
de producción y venta controlada competitiva que permita socavar las ganancias
que incitan la expansión del mercado. El camino de retorno o contención de la
expansión descontrolada de este mercado comienza por las drogas más consumidas
en Colombia, la marihuana y la cocaína que son aparentemente las de menores
riesgos.
Ya no
es
inaudito pensar en articular legalmente una producción de marihuana. Sin
embargo, por razones geopolíticas; de imaginario; y componente químico, hablar
de una producción controlada de cocaína para usos recreativos sí levanta
ampollas. Pero el hecho es que miles de colombianos consumen cocaína (entre los
que se incluyen muchos de los que legislan en su contra). Haber consumido una
sola vez no hace de la persona un consumidor pero el
estudio reciente del Ministerio de Justicia
informa que 162,000 colombianos consumieron cocaína por lo menos 1 vez en el
2013. El camino de retorno comienza por aceptar y enfocar los consumidores
habituales para contener la oferta de sustancias desconocidas y a personas
desprevenidas que acaban siendo víctimas de un mercado sobre el cual
absolutamente nadie ejerce control alguno.
Las
asociaciones de usuarios de drogas aún encuentran serios tropiezos para
despegar. Falta de apoyo, estigma, el propio caminar de sus integrantes, por la
razón que sea pero ya somos parte del panorama al que llegamos con muchas
dificultades.
La red internacional de personas que usan de
drogas (INPUD) se ha ido articulando con redes de todo el mundo. La red
latinoamericana (LANPUD), fundada gradualmente en diversas reuniones,
es una propuesta para dar a conocer las
experiencias de los usuarios, sus semejanzas y variables.
Lo que decimos los
consumidores es que ahora hay que ir a la raíz del consumo, y no para promoverlo
sino para ejercer controles no violentos sobre su producción y preservar a los
sectores más vulnerables de la población.
Julio 2014
[1]
But decriminalisation is only half the answer.
As long as supplying drugs remains illegal, the business will remain a
criminal monopoly.”