El Congreso de Estados Unidos considera ahora el presupuesto de 1998 para combatir la producción, tráfico y consumo de drogas. El presidente Clinton ha solicitado casi 16.000 millones de dólares para financiar una variedad de programas diseñados para abordar todos los aspectos del problema de la droga. El año pasado, y sólo a nivel federal, Estados Unidos asignó más de 15.000 millones de dólares a la lucha contra las drogas ilegales. En los últimos diez años, Estados Unidos ha desembolsado, y de nuevo sólo a nivel federal, 110.000 millones de dólares para este mismo fin. Por otra parte, los gobiernos locales y estatales de Estados Unidos también han desembolsado cifras comparables. A ellas se suman además las aportaciones de empresas, comunidades, escuelas y personas particulares para abordar la gama de problemas que surgen del consumo de drogas. La cifra total se acerca, en términos conservadores, a 500.000 millones de dólares. Esta cifra no incluye los costos indirectos del consumo de drogas en términos de sufrimiento humano, aumento de la violencia y pérdida de vidas. Lo que sí indican estas cifras es el precio terrible que Estados Unidos paga por su problema de drogas. También manifiestan la disposición del gobierno y del pueblo de Estados Unidos a combatir ese problema.

El gobierno y el público norteamericano han puesto su empeño en este esfuerzo por una sencilla razón: los niños. Es un hecho infortunado que la población más vulnerable al consumo de la droga sean los niños -- de Estados Unidos o de otros países. La epidemia inicial de la droga se propagó en Estados Unidos entre los adolescentes y los adultos jóvenes, muchos de ellos tan jóvenes como de 15 ó 16 años. Hoy, el objetivo de quienes venden las drogas son los niños de 11 ó 12 años de edad. Ningún país puede quedarse con los brazos cruzados y observar como consume su futuro una plaga que destruye vidas y crea problemas para futuras generaciones. Ningún gobierno responsable puede aceptar pasivamente esa situación. Es por ello que Estados Unidos dedica recursos, tiempo y esfuerzos a librar la guerra contra las drogas en el país y en el extranjero.

Iniciativas de Estados Unidos

Las iniciativas de Estados Unidos dentro del país consumen la gran mayoría de los fondos federales y, por supuesto, todos los fondos que desembolsan las organizaciones locales, los estados y los grupos privados, que en total ascienden a más de 30.000 millones de dólares anuales. Los recursos federales para contrarrestar la droga se destinan a cuatro áreas: tratamiento, prevención, aplicación de la ley y programas internacionales. Asimismo se asignan sumas considerables a la investigación en estas mismas áreas. Las cifras totales para 1997 y 1998, en miles de millones de dólares, son las siguientes:

Función	Año Fiscal 97	Año Fiscal 98
Aplicación de la ley	$7,835	$8,126
Tratamiento	$2,808	$3,003
Prevención	$1,648	$1,916
Internacional	$450	$487
Interceptación	$1,638	$1,609
Investigación e inteligencia	$723	$831

En 1988, el Congreso estableció la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, el "Zar de la Droga", para coordinar todos los programas federales de control del consumo de drogas. El Congreso requiere que la administración presente cada año una estrategia nacional para el control de drogas. Como parte de esa estrategia, la ley requiere que la administración presente un presupuesto consolidado y basado en esa misma estrategia. La solicitud de 16.000 millones de dólares que hay ahora ante el Congreso es una respuesta a estos requisitos. Este presupuesto representa un compromiso nacional para abordar todos los aspectos del problema de la droga.

Los recursos destinados en el presupuesto a la aplicación de la ley abarcan varias actividades, entre ellas investigaciones, procedimientos judiciales, costos de encarcelamiento y sumas pequeñas para programas de tratamiento a drogadictos en las prisiones. La solicitud también incluye unos 10 millones de dólares, por ejemplo, para que el Servicio Forestal Nacional combata la producción ilegal de marihuana en varios parques nacionales. También incluye fondos que apoyan la erradicación del cultivo de la marihuana por los gobiernos estatales.

Los fondos de ayuda para tratamiento apoyan los programas de tratamiento para drogadictos en todo el país. La mayoría de estos fondos se proveen en donaciones fijas en bloque a los estados, los que se encargan de administrar los fondos. Con estos recursos se proporciona apoyo a una serie de iniciativas de tratamiento, desde programas de residencia a largo plazo hasta una variedad de programas de intervención para ayudar a los drogadictos. Desafortunadamente, no hay una cura para la drogadicción y el tratamiento es una labor de toda la vida. Es por ello que también apoyamos los programas de prevención. El objetivo es persuadir a los posibles usuarios a que nunca consuman drogas. La mayoría de los fondos asignados a la prevención se proporcionan a los estados para la promoción de una mayor percepción en las escuelas y apoyo de los esfuerzos de la coalición de comunidades para mantener a los niños fuera del alcance de las drogas. Además de estas iniciativas, también trabajo en el Congreso para aprobar leyes que proporcionen recursos a las comunidades para sus programas de prevención de la adicción a drogas.

La experiencia nos enseña que se consiguen los mejores resultados cuando los padres de familia, dirigentes de la comunidad, escuelas, empresas, líderes religiosos y estudiantes se dedican a la prevención del consumo de drogas. Los esfuerzos realizados por comunidades de Miami y Cincinnati son modelos verdaderos de éxito. También nos sirven de guía nuestras experiencias durante la década del 80 y principios del 90. Durante esos años se dirigieron los esfuerzos a la población joven y se logró reducir notablemente su posible experimentación con drogas. El consumo de drogas entre adolescentes se redujo en más de 50 por ciento y el de cocaína más de 70 por ciento entre 1980 y 1990. Además, se notó también un cambio en las actitudes sobre el consumo de drogas y aumentó entre los jóvenes la percepción de que las drogas son peligrosas y que no está bien usarlas. Estas reducciones las logramos a pesar de la continua disponibilidad de las drogas.

Además de los recursos que Estados Unidos dedica a los problemas que surgen del consumo de drogas en el país, también asignamos cantidades elevadas de dinero a la interceptación de drogas en nuestras fronteras y más allá de las mismas. Apoyamos los esfuerzos internacionales para detener la producción y el tráfico ilegal de drogas en el extranjero. Casi todas las drogas que se consumen en Estados Unidos se producen de forma ilegal en Asia y América Latina, y las introducen ilegalmente al país las principales organizaciones criminales con sede en el extranjero. En los últimos cinco años, Estados Unidos ha gastado más de 500 millones de dólares en Colombia, Bolivia y Perú para dar apoyo a la aplicación de la ley, interceptación, programas de desarrollo alternativo, tratamiento y prevención, y apoyo militar. El dinero se ha utilizado para respaldar los esfuerzos locales dirigidos a combatir no sólo la producción de drogas, sino que también la amenaza que presentan las organizaciones criminales que utilizan la violencia, la intimidación y la corrupción para socavar la integridad de los tribunales, empresas y líderes políticos.

Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir las drogas no se limitan a la inversión de dinero. Estados Unidos, y particularmente el Congreso, ha sido el primero en aprobar leyes que crean una estructura judicial para combatir la producción de drogas y el lavado de dinero. En este respecto, Estados Unidos ha sido el primero en aprobar legislación importante contra el lavado de dinero y las empresas criminales. Una de estas leyes exige que los bancos informen al gobierno cuando una consignación de fondos es mayor de 10.000 dólares como medio de evitar transacciones en efectivo u otros instrumentos que ocultan el verdadero origen del dinero. Las leyes también disponen la confiscación de bienes adquiridos de forma directa o indirecta de la venta y contrabando de narcóticos. Estas leyes se han aplicado de manera enérgica contra personas que participan en el comercio de drogas tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Como parte de los esfuerzos para controlar la producción de drogas, Estados Unidos también ha encabezado la lista de países que controlan la venta y tráfico de substancias químicas precursoras utilizadas en la producción de drogas ilegales. Esta ley proporcionó a los organismos de aplicación de la ley de Estados Unidos una herramienta poderosa para controlar el desvío de importantes componentes químicos que se utilizan en la producción de drogas. Estados Unidos ha alentado a otros países a que aprueben leyes similares y ha trabajado con las empresas para desarrollar mecanismos de control. Desafortunadamente, son muchos los países que deben adoptar normas rigurosas para aplicar más enérgicamente las leyes existentes.

Como parte de los esfuerzo para promover un control general de las drogas, Estados Unidos ha colaborado también con la comunidad internacional. Ha trabajado con los países G-7 para fomentar normas internacionales de control financiero adecuado a través del Grupo Especial de Medidas Financieras. El Congreso ha hecho hincapié también en el cumplimiento a nivel internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y Substancias Sicotrópicas de 1988. Además, Estados Unidos ha contribuido fondos al programa de las Naciones Unidas para el control de drogas que apoya los programas de tratamiento y prevención de drogadicción, erradicación de cultivos ilegales y proyectos de desarrollo alternativo en muchos países. Todos estos esfuerzos, unidos a los programas de cada país, son parte del impulso actual para abordar toda la gama de problemas que crean la producción, tráfico y consumo de drogas.

Conceptos erróneos

Existe una variedad de conceptos erróneos sobre el problema de la droga en general y sobre lo que Estados Unidos hace al respecto. Entre ellos se destaca el de simplificar de manera excesiva la oferta y la demanda. El argumento más común es que si los norteamericanos no consumiesen drogas -- si no hubiese demanda -- no habría incentivo para producir y contrabandear drogas, por ende, no habría oferta. Si bien ello puede parecer razonable, no refleja la complejidad de la relación entre la oferta y la demanda, en general, y específicamente en el caso de las drogas.

En muchos casos es la oferta la que crea o motiva la demanda. Por ejemplo, un producto nuevo que no tiene mercado no comienza a venderse si no hay demanda. El creador o fabricante del producto debe crear la demanda mediante la comercialización, el precio y la publicidad. Del mismo modo, cuando una empresa quiere abrirse paso en el mercado, tratará de inundarlo con grandes cantidades de su producto a un precio bajo. Este principio se aplica tanto si hablamos de "chips" de computadoras como de cocaína. Las organizaciones criminales dedicadas a la producción de narcóticos son empresas importantes y muchas de sus prácticas o actividades se asemejan a las de las empresas legítimas. Como muchas otras empresas legales, estas organizaciones han reconocido que Estados Unidos es el principal mercado del mundo. Para los traficantes de drogas, el comerciar en el mercado estadounidense es aprovechar la oportunidad de obtener enormes ganancias. Como parte de su estrategia comercial, estos grupos han fijado el mercado estadounidense como objetivo de sus actividades y trabajan enérgicamente para crear la demanda para su producto.

Es fácil seguir la pista a estas actividades. A principios de la década del 70, Estados Unidos no sufría de un problema grave de consumo de cocaína. El consumo se limitaba a una élite cultural que disponía del dinero para pagar el alto precio de esa droga. Carlos Lehder, un contrabandista muy emprendedor, se dio cuenta de la posibilidad de crear un mercado nuevo. Utilizó sus relaciones en Colombia y su red de contrabando, y comenzó a aumentar la oferta de cocaína en Estados Unidos. Su objetivo fue la clase media. Al aumentar drásticamente la oferta y rebajar el precio hizo que hubiera una mayor disponibilidad de cocaína y la demanda empezó a aumentar. Una vez que la demanda aumentó, la oferta y la demanda se complementaron una a la otra. Mientras Lehder hacía esto, los organismos de aplicación de la ley y los formuladores de política de Estados Unidos no se percataron de la importancia de este acontecimiento. No fue hasta que estalló la violencia y se multiplicaron los problemas de drogadicción que las autoridades se dieron cuenta de lo que pasaba. Para entonces, la cocaína se había establecido en todo el país como la droga predilecta.

Una historia parecida explica la rápida expansión del consumo de metanfetamina en Estados Unidos. Las organizaciones de narcotraficantes también amplían su red de usuarios en América Latina, el Caribe y México. Les pagan con drogas a los traficantes locales. Ofrecen drogas a bajo costo y en algunos casos hasta las regalan para poder crear un grupo de usuarios. Desafortunadamente, una de las características de la oferta y la demanda de la droga es que la oferta a precios cómodos aumenta la demanda. Ningún país es inmune a esta correlación.

Al hablar sobre este aspecto del problema de la droga, no digo que Estados Unidos no deba asumir la responsabilidad de abordar el problema del consumo de drogas. Todo lo contrario. Tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo, no sólo como miembros responsables de la comunidad internacional, sino que como padres que debemos proteger a nuestros hijos, que son las víctimas principales del consumo de la droga. Mi intención al hablar sobre la cuestión de la oferta y la demanda es dejar claro que no se trata de un problema sencillo. Hay otra cuestión que se debe considerar al abordar esta concepto erróneo. Se trata de una cuestión moral. Lo que se plantea es: ¿Quién es responsable del problema de la droga, la persona que decide utilizarla o la persona que la produce, trafica y vende? No hay una respuesta sencilla, pero lo cierto es que ni los países productores ni los países consumidores pueden hacer caso omiso de los problemas que crean las drogas ilegales. Los esfuerzos significativos para combatir las drogas no son el resultado de una distinción simplista entre la oferta y la demanda, particularmente si se hace un intento por descargar la responsabilidad para no hacer nada.

Un segundo concepto erróneo tiene que ver con el proceso de certificación en Estados Unidos. Muchos creen que es un proceso injusto que singulariza arbitrariamente a otros países y les echa la culpa del problema, en tanto que Estados Unidos no hace nada para combatir el consumo de drogas ilegales. Como he dicho antes, Estados Unidos dedica recursos considerables al problema de la drogadicción. Lo hacemos porque estamos luchando por la vida y el futuro de los niños. Tomamos muy en serio el problema de las drogas ilegales y esperamos que otros hagan lo mismo. El proceso de certificación es el mecanismo que utilizamos para determinar si el compromiso de otros países es con propósito serio.

Muchos críticos de esta certificación sostienen que Estados Unidos no tiene derecho a juzgar los esfuerzos que hacen otros países en cuanto al problema de las drogas ilegales. Esta postura es insostenible porque, de hecho, son pocos los países del mundo que no juzgan las acciones de otros países sobre una variedad de cuestiones e incluso están dispuestos a tomar medidas si creen que hay intereses importantes de por medio. Esto sucede ya se trate de casos de intereses ecológicos, comerciales, derechos de propiedad intelectual, terrorismo internacional o derechos humanos. Como miembros de la comunidad internacional, esperamos que los demás países se adhieran a las debidas normas de conducta y estamos listos, individual y colectivamente, a responder cuando se cometen violaciones contra esas normas. Además, cada país se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para proteger su soberanía y el bienestar de su pueblo.

El proceso de certificación es, esencialmente, un asunto de interés nacional. El Congreso estableció el requisito de certificación hace unos diez años para obligar a las administraciones de Estados Unidos a incluir la cuestión de las drogas ilegales como elemento clave de nuestra política exterior. Lo que la certificación requiere es que el presidente identifique a los principales países productores o de tránsito de drogas ilegales. No se trata de una decisión arbitraria, sino de estimados reales de los cultivos ilegales de un país e información específica sobre sus actividades de contrabando de drogas. El Congreso requiere además que el presidente certifique anualmente a los países de la lista que toman medidas reales y factibles para abordar el problema de la producción o tráfico de drogas ilegales. De nuevo, no se trata de una decisión arbitraria sino que está fundamentada en una evaluación de medidas y esfuerzos específicos. Estos se incluyen en un informe general llamado Informe de Estrategias de Control Internacional de Narcóticos, que el Congreso requiere también que la administración presente cada año.

El requisito de certificación no ha tenido un éxito rotundo. Lo que la ley requiere no es que un país X haya eliminado su producción o tráfico de drogas antes de ser certificado, sino que haya tomado medidas significativas conducentes a la supresión de ambas actividades de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1988, y de otros acuerdos bilaterales con Estados Unidos u otros países. La certificación reconoce las dificultades que se presentan al abordar la producción de drogas y las pandillas de delincuentes que participan en esta actividad, pero también toma en consideración si un país está haciendo lo que debe y puede hacer de conformidad con las leyes internacionales. Más aun, la producción de drogas es ilegal en virtud de las leyes de la mayoría de los países afectados por la certificación y muchos de estos países han suscrito acuerdos con Estados Unidos que los obligan a tomar medidas específicas a cambio de los diversos tipos de ayuda que se les proporciona. Lo que se espera es que estos países tomen las medidas adecuadas para la ejecución de sus leyes y el cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos bilaterales e internacionales.

Si después de evaluar una serie de factores, el presidente determina que un país no cumple con sus obligaciones, debe informar sobre ello al Congreso y tomar medidas para negar la ayuda de Estados Unidos a ese país. El derecho de Estados Unidos a decidir si un país debe o no debe recibir ayuda no debe ser motivo de debate. La ayuda de Estados Unidos no es un derecho. El hecho de que Estados Unidos, como país democrático, ventile sus decisiones públicamente como cuestión de interés público tampoco debe ser motivo de sorpresa. Tampoco debe sorprender que Estados Unidos esté preparado a tomar medidas para proteger su soberanía y a sus ciudadanos cuando sea necesario.

Las drogas se producen en el extranjero y las introducen ilegalmente a Estados Unidos las organizaciones con sede en territorio extranjero en violación de las leyes locales, internacionales y de Estados Unidos. Las substancias que producen e introducen ilegalmente al país causan diariamente daños inestimables a los ciudadanos de Estados Unidos. De hecho, los contrabandistas de drogas causan anualmente más muertes y más daño en este país que lo que el terrorismo internacional ha causado en los últimos diez años. Es imposible y sería irresponsable hacer caso omiso de esas actividades. El esperar que otros países cooperen con nuestros esfuerzos para controlar estas actividades es algo que no es ni poco realista ni sin precedente. Tampoco es excesivo estar preparado a tomar medidas unilaterales para proteger los intereses de la nación.

El tercer concepto erróneo que se filtra en el debate sobre las drogas ilegales es que Estados Unidos no hace nada para resolver su propio problema. Espero haber abordado ese concepto erróneo en estas declaraciones.

Hay otra cuestión sobre este tema que quisiera abordar, y es la idea de que la legalización de las drogas resolvería todos los problemas. Los que sostienen esta opinión dicen que al legalizar las drogas peligrosas para consumo personal se pondría fin a las actividades delictivas, se reduciría el daño causado por procedimientos legales a los que quieran usarla y se eliminaría toda la costosa estructura de aplicación de la ley. Ninguna de estas opiniones es acertada. De hecho, como fórmula para política pública corren hacia el desastre. Como mínimo, aumentarían dramáticamente el número de usuarios actuales de drogas peligrosas. En lugar de reducir el daño que actualmente causan las drogas, redistribuirían los daños a un gran número de personas y le pasarían el costo de ello al erario público.

No hay camino fácil a la solución de nuestro problema de las drogas, ya sea de la oferta o de la demanda. Lo que se requiere es la determinación de abordar el problema, la disposición de actuar y la energía para mantenernos firmes en nuestro propósito. Las consecuencias del fracaso equivalen a la pérdida de más niños y a dar rienda suelta a los malhechores criminales que promueven las drogas.