El libro Drogas y democracia en América Latina, que recoge una investigación de WOLA (Washington Office on Latin America), una ONG creada hace 31 años que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia económica y social en América latina, evidencia el fracaso de la estrategia norteamericana y sostiene que es hora de que las autoridades además de ser "duras" contra las drogas, sean inteligentes. 

"La victoria en la guerra contra las drogas está igual de lejos que el día que se lanzó", consignan las editoras, Coletta A. Youngers y Eileen Rosin. Sin embargo, los promotores del modelo de reducción de oferta afirman que los problemas relacionados con la producción y el consumo de drogas serían mucho más graves sin los actuales programas antidrogas. Los funcionarios estadounidenses señalan las hectáreas de coca erradicadas, los laboratorios de cocaína destruidos, las personas detenidas y la cantidad de drogas incautadas para demostrar el supuesto éxito de esa estrategia. Sin embargo, no indican si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia la consecución del objetivo principal de la política norteamericana, que es la reducción en el uso de drogas en los Estados Unidos, advierten en el libro. Las dos conclusiones principales de la investigación, que se presentó hace pocos días en Buenos Aires, son que el modelo que prioriza la reducción de la oferta no fue eficaz, no funcionó; y que, además, ha propiciado violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en los países donde se producen y trafican drogas. 

En la investigación participaron 20 analistas de los Estados Unidos, Brasil -el segundo consumidor de cocaína del mundo-, la Argentina y Chile, entre otros. El libro incluye análisis de los programas estadounidenses de asistencia antidrogas destinados a las fuerzas policiales y militares, y estudios de caso de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y el Caribe. 

De paso por Buenos Aires, Gastón Chiller, representante senior de Derechos humanos y Seguridad Pública de WOLA, comentó que la investigación realizada evidencia que "la política de los Estados Unidos contra la droga ha sido tan ineficaz para reducir el ingreso y consumo en el país como eficaz para producir daños y afectar las instituciones democráticas en América latina". 

¿A qué daños o efectos colaterales se refiere? A que gracias a la política norteamericana, hoy las fuerzas armadas tienen mayor participación en asuntos internos en casi toda región. En algunos países, se remilitarizó la seguridad, algo que en la Argentina reaparece siempre que la sociedad se conmueve por una ola delictiva. Además, se sancionaron en casi todos los países leyes antidroga con penas altas y restricciones al debido proceso, y los programas de erradicación forzada (que implican, por ejemplo, la fumigación de miles de hectáreas de cultivos prohibidos) contribuyeron a importantes violaciones a los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población, porque se ataca así al último eslabón de una cadena, que no es justamente el más poderoso. 

El tráfico de drogas, advierte el libro, se parece más a un globo que a un campo de batalla: al apretar parte del globo, el contenido se desplaza a otra parte. Y lo mismo pasa con la producción de coca: cuando se la hace desaparecer en una zona, rápidamente aparece en otra, ignorando las fronteras nacionales. Los zares de la droga arrestados son reemplazados inmediatamente por otros y cuando se logra desorganizar las rutas de narcotráfico mediante intensas campañas de interdicción, otras rutas son utilizadas. 

En el informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre narcotráfico en el exterior, hay una cita que demuestra cómo el llamado "efecto globo" está afectando o podría afectar a la Argentina: "En noviembre de 2004, la Policía Federal en Buenos Aires decomisó 32,5 kilogramos de cocaína de un laboratorio manejado por colombianos e instalado en Buenos Aires. El hecho de que los traficantes de narcóticos colombianos encuentren bases alternativas de operaciones y rutas de tránsito para responder al aumento de la presión del Plan Colombia, puede señalar un nuevo capítulo en la guerra global contra las drogas". 

El comercio de la droga y la violencia que genera tuvieron un impacto devastador en toda la región en los últimos años. El consumo de drogas, antiguamente considerado un problema de los países desarrollados, es ahora un problema endémico, y la delincuencia violenta asociada con el narcotráfico se intensifica a diario. Por medio de su poder diplomático y económico, es muy común que los Estados Unidos dicten lo que deben ser las políticas antidrogas nacionales de los países del hemisferio, a veces a pesar de la oposición de importantes sectores de los gobiernos y de la sociedad civil. Algunos países, especialmente los de la región andina, optan por cooperar con las políticas antidrogas para evitar sanciones económicas, comerciales o de otro tipo. Uno de los más poderosos castigos, destaca el libro, es el proceso anual de certificación, que niega asistencia y ventajas comerciales a los países que se considera que no están haciendo lo que corresponde para combatir las drogas. Este año, Venezuela se sumó a la lista negra luego de que el gobierno de Hugo Chávez suspendió la actividad de la DEA (Drug Enforcement Administration) en el país. 

El hecho de que la Argentina no forme parte de los procesos de certificación, porque no se la considera parte de los "majors" (los principales países traficantes o productores de drogas), y los datos que recoge el libro sobre financiamiento y personal de la DEA en América latina, evidencian que nuestro país está lejos de ser una prioridad. En 1998 se invirtió en estos programas en territorio argentino 2.311.000 dólares y, en 2004, el último dato disponible, el monto ascendió a 2.766.000. En cambio, en el mismo año, sobre un total de 75.174.000 dólares en América del Sur, se destinaron 18.502.000 a Bolivia, 5.559.000 a Brasil, 1.403.000 a Chile, 22.784.000 a Colombia, 4.068.000 a Ecuador, 1.359.000 a Paraguay, 14.782.000 a Perú y 3.951.000 a Venezuela. Y, de 238 agentes de la DEA que operan en Sudamérica, hay nueve en la Argentina desde 2000 y los dos años anteriores había siete. 

El libro de WOLA no propone la legalización de las drogas. Por el contrario, asume que los daños de la droga son devastadores tanto en términos sanitarios como de violencia, pero plantea la necesidad de invertir los recursos de manera más eficaz para evitar que el fenómeno del narcotráfico siga afectando a las instituciones de América latina. La meta debería ser reducir la demanda y los daños a la sociedad generados por el tráfico y uso de las drogas, concluye.