Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo

La débil presencia del Estado y la Economía Extractivista en la Historia del Putumayo 4

EL CAUCHO, LA MISION CAPUCHINA, EL CONFLICTO COLOMBO-PERUANO, EL PETROLEO Y LA COCA 6

2. Comentarios frente a la aspersión aérea o las fumigaciones a los cultivos de coca en el Putumayo. 33

3. Síntesis cronológica de las políticas de desarrollo alternativo en el Putumayo. 36

1. La Fumigación o Aspersión Aérea de los Cultivos de Coca y Las Movilizaciones Campesinas 41

2. ERRADICACION FORZOSA Y DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL CONTEXTO DEL PLAN COLOMBIA. 55

2.2. El desarrollo alternativa expresado en los pactos sociales de erradicación voluntaria. 58

INTRODUCCIÓN:

LA DEBIL PRESENCIA DEL ESTADO Y LA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA EN LA HISTORIA DEL PUTUMAYO.

En Colombia la construcción de nación es aún un proceso lejos de concluir y lleno de profundas fracturas. La unidad territorial como elemento constitutivo del Estado tan solo existe en la letra de la vieja y nueva Constitución Nacional porque la realidad indica que ella esta cada vez más fragmentada.

Una de las regiones que más evidencia la fragmentación territorial de este País es la Amazonia. A lo largo de la historia tanto Colonial como Republicana esta región ha representado un territorio marginal, que aún hoy, a pesar de su importancia geopolítica para el planeta, no ha sido debidamente articulada ni al interior del País ni mucho menos al mundo.

El contenido de esta historia de marginalidad coincide con una reflexión de Fernán González acerca de la relación que históricamente ha existido en Colombia entre conflictos sociales y lo que él llama “espacios vacíos”. Con este término González señala aquellas regiones del País caracterizadas por ser zonas de frontera, con escasa población y autoridad española durante la colonia y la débil presencia del clero católico. En el mismo ensayo González subraya una coincidencia adicional: las zonas del País de reciente colonización también hacen parte de la categoría de “espacios vacíos” si se tiene en cuenta su tendencia a la inserción de grupos armados de diversa índole y a la poca presencia de instituciones Estatales[1].

Esta noción de “espacio vacío” en zonas de reciente colonización refleja la realidad del Putumayo. Tanto la débil presencia del Estado en primera instancia y luego la existencia de diversos grupos armados ha impedido una verdadera cohesión social y generado una privatización y fragmentación del poder político.

Este fenómeno que es evidente para la opinión pública desde hace un par de décadas, es parte de toda una dinámica histórica representada por dos factores constantes que desde principios del siglo pasado han marcado el contexto social, político y económico del Putumayo. Ellos son la débil presencia del Estado y la existencia de un sistema económico extractivista.

La débil presencia del Estado se ha hecho evidente en los diversos momentos de la historia del Putumayo durante el siglo XX y lo corrido del siglo XXI. En efecto, la primera intención de política de Estado en el Putumayo obedeció a la ubicación del territorio como frontera. Desde la primera mitad del siglo pasado se le tuvo en cuenta como base para el establecimiento y mantenimiento de la presencia militar y de colonizaciones dirigidas para el poblamiento y la salvaguardia de la soberanía nacional en las fronteras con Ecuador y Perú sin reparar en las consecuencias de este propósito de Estado. Posteriormente se le considero como espacio desocupado, inicialmente susceptible de ser tratado en su totalidad como reserva forestal de uso restrictivo[2], luego como reserva para la exploración y explotación petrolera y finalmente, como frontera hacia la cual dirigir la población expulsada del interior del país, para aliviar la presión sobre los grandes centros urbanos.[3]

En los años 70 y 80 ocurrió una mayor densificación de las presiones colonizadoras, con características nuevas, como lo fueron el surgimiento de asentamientos urbanos de carácter epicentral en las fronteras de colonización, el fenómeno del narcotráfico y la intervención guerrillera en el ordenamiento político local. Este conjunto de circunstancias hizo evidente la ausencia del Estado, en lo atinente al ordenamiento espacial, las normas básicas de convivencia y la organización de los servicios públicos. [4]

Con el esquema centralista existente hasta 1991, el Estado no adelantó una política de desarrollo integral para este territorio. Además de los procesos productivos extractivistas, se desconoce la puesta en marcha de políticas de desarrollo económico que incluyan procesos de transformación productiva. En lo social, el Estado se limitó a intentar cumplir con sus funciones esenciales de prestación de servicios de educación y salud sin que ello correspondiera a una política consistente soportada en diagnósticos reales y en metas susceptibles de evaluar en lo cuantitativo y lo cualitativo. En particular la educación estuvo durante un buen tiempo delegada a las misiones católicas.

En este contexto las entidades territoriales limitaron su accionar a la administración de los pocos servicios públicos existentes y a las delegaciones y misiones específicas que le encargara el Estado central.

Esta situación generó una relación clientelista entre el Estado y el ciudadano y un débil sentido de lo público, que ha dificultado el proceso de conformación de tejido social o de construcción de sociedad civil.

Con la reforma del Estado planteada por la Constitución de 1991, que ubica a éste, como campo de encuentro y concertación de las distintas fuerzas sociales, se diseña en el papel un nuevo País. La elección popular de Alcaldes, Gobernadores y la obligación de concertar Planes de Desarrollo Nacionales, Departamentales y Municipales sugiere un escenario proclive a una presencia Estatal eficaz, legítima y a la construcción de sociedad civil. Sin embargo, el Putumayo, como otras regiones en formación, ha vivido los traumas propios de los cambios: corrupción administrativa, ausencia de adecuadas formas gerenciales para la administración pública, aumento de las cuotas burocráticas del clientelismo y las primeras frustraciones en torno a las expectativas que se tejieron con el proceso descentralizador.

Es probable que la débil presencia del Estado no sea la única causa de los conflictos, pero sí su condición fundamental, pues implica que la sociedad queda abandonada a sus propias fuerzas.

La Economía de extracción representa la otra constante histórica para el Putumayo. Desde finales del siglo 19 y principios del 20, en el Putumayo se estableció un sistema económico extractivista cuya característica principal es la apropiación selectiva de recursos naturales a través de sistemas no convencionales, a costos muy bajos y con márgenes de rentabilidad casi que exclusivos para los foráneos. Durante el período republicano se encuentra caracterizado este modelo económico extractivista, siendo el caucho, la balata y el chicle sus productos más representativos desde principios del siglo 20. Esta actividad desencadenó las primeras violaciones de los derechos humanos relacionados con el exterminio de comunidades indígenas y evidencio la ausencia total de autoridad estatal.

En la década de los 60 se inicia la explotación del petróleo por parte de la Texas Petroleum Company con el descubrimiento de los pozos de Orito y la Hormiga. Con estos descubrimientos se inició un traslado masivo de gentes provenientes de distintas partes del País hacia el Putumayo, según algunos por el propósito de acceder a los altos sueldos que ofrecía la Texas en trabajos de carreteras, de construcciones y de perforaciones de pozos[5], pero también como consecuencia de los conflictos agrarios del interior del País. Como consecuencia de la explotación petrolera se desencadena un sensible incremento de los presupuestos territoriales que lejos de haber incidido en proyectos significativos de desarrollo, sirvieron para consolidar el sector terciario de la economía regional expresado en el comercio de bienes y servicios y también para fortalecer una cultura burocrática y paternalista por parte de las Instituciones en los centros urbanos más importantes de la entonces Comisaría Especial.

A partir de 1977 el fenómeno del narcotráfico hace su aparición en estos territorios, ubicando en ellos una fuente de materia prima para la producción de sicoactivos y generando entre sus pobladores el espejismo del enriquecimiento rápido. Este fenómeno es quizás el que más hace complejos los conflictos, primero porque es una actividad ilegal con consecuencias negativas en lo cultural y lo ambiental y segundo porque en la actualidad tiene una relación funcional con actores armados de diversa índole.

El proceso de producción de cocaína es bastante simple, no requiere grandes extensiones de tierra, mano de obra muy calificada, ni grandes inversiones de capital. Es evidente que las grandes ganancias de la industria de la cocaína no proceden del proceso productivo como tal. La inmensa remuneración de los factores productivos involucrados no refleja su costo de oportunidad[6]. Como se ha constatado en numerosos estudios, los grandes márgenes de rentabilidad de la cocaína surgen del costo del alto riesgo que implica el carácter ilegal del negocio. En suma, las ganancias sustantivas del negocio no se quedan en la etapa productiva, por lo tanto la inversión privada en las regiones productoras es mínima, quedando en éstas el deterioro ambiental por el uso de químicos y la tala de bosques; el deterioro social por la cultura de la ilegalidad; la presencia de actores armados y el espejismo del enriquecimiento rápido.

La hipótesis que aquí se pretende demostrar es que tanto el modelo económico extractivista con tintes de ilegalidad en las últimas décadas y la ausencia de una política pública de desarrollo integral para la Amazonia Colombiana han desencadenado una realidad conflictiva en el Putumayo, territorio que además hoy es destinatario del más grande despliegue logístico y financiero para erradicar los cultivos de coca.

Desde ese enfoque, aquí se desarrollan una serie de análisis de los procesos de colonización del territorio; la economía de la coca; las políticas de Estado para erradicar estos cultivos; las movilizaciones campesinas y sus respectivos resultados, y el Plan Colombia propuesto y desarrollado por el Gobierno de Andrés Pastrana.

EL CAUCHO, LA MISIÓN CAPUCHINA, EL CONFLICTO COLOMBO-PERUANO, EL PETROLEO Y LA COCA.

Desde la mitad del siglo 19 comerciantes de Pasto navegaban por el río Putumayo hasta Manaos y Belén del Pará en el Brasil en canoas de remo y en balsas con productos del interior Colombiano: zapatos, cigarros, barnices…., y volvían con hierro, sal, licores y otros productos extranjeros[7].

A mediados del siglo XIX exploradores Colombianos y Peruanos empezaron a explotar el caucho, la balata, la tagua y la quina, que por aquella época se vendía a buen precio.

Por los años de 1867 Mocoa era punto convergente para comerciantes de distintos sitios de Colombia: allí cambiaban la quina, el caucho, la zarzaparrilla y los artículos nacionales llevados allá desde Pasto, por artículos importados del Brasil y del Perú. Este pueblo llego a tener por entonces aproximadamente 3.000 habitantes[8].

Se puede decir que la primera ocupación del Putumayo fue llevada a cabo por los negociantes Colombianos del Caucho. Al respecto, el Libro Rojo del Putumayo trae a colación las notas de un misionero Francés que visitó la región en 1895, en las que se menciona que en 1875 en Mocoa habitaban un buen número de blancos y que los hermanos Reyes formaron una compañía para la explotación y exportación de la quina y que durante muchos años efectuaron un activo negocio que posteriormente no pudo sostenerse y fracasó[9].

La época de explotación del caucho dejó un buen número de espacios geográficos ocupados en la región cuya dependencia exclusiva del comercio de este producto hizo que algunas desaparecieran o perdieran auge cuando el negocio perdió valor.

La motivación exclusivamente rentística mediante la cual se explotó el caucho no generó un verdadero proceso de colonización, prueba de ello es que en 1896 los artículos que tanto habían movido el comercio en el Putumayo perdieron su fabuloso valor, se fueron los empresarios, y las familias blancas que habían dado vida a Mocoa quedaron reducidas a un grupo muy exiguo[10].

Quizás el verdadero y primer empeño de poblamiento y colonización de esta región estuvo a cargo de las misiones católicas representadas por los Capuchinos que a partir de 1893 propiciaron una primera excursión evangelizadora por el Putumayo. Los misioneros encargados de esta primera travesía encontraron reducidos a unos pocos ranchos muchos de los centros de comercio del caucho. En 1896 el Obispo de Pasto encargó a los Capuchinos hacer la fundación definitiva de Mocoa e iniciar el proceso evangelizador de manera integral, es decir fundar pueblos, escuelas y levantar caminos que les permitieran a los pobladores de esta región conectarse con el resto del País[11].

Este proceso de poblamiento y colonización de los capuchinos se extiende hasta 1929, año en el que renuncia el Padre Fidel de Monclart, quién fue el principal promotor de la misión evangelizadora. De esta época es preciso destacar avances en materia de construcción de pequeñas comunidades cuya cohesión social estuvo profundamente ligada a la fe católica hasta muchos años después. En lo económico se promovió la minería y la agricultura que aunque en pequeña escala sirvió para el autoconsumo y para menores intercambios comerciales. Hay que resaltar las importantes corrientes migratorias de los pueblos de Nariño hacia el Putumayo, que quizás gracias a las misiones católicas no llegaron con el propósito de obtener riquezas y abandonar la región como sucedió con la explotación del caucho, sino con el objetivo de ocupar y aprovechar la tierra mediante pequeños proyectos agrícolas y mineros.

La misión capuchina en el Putumayo representó un esquema de convivencia entre los regímenes civil y eclesiástico[12], que dicho de manera más cruda significó la delegación a la misión capuchina de las funciones propias del Estado, permitiendo así la conformación de un tejido social confesional más no civil, que aún en nuestros días dificulta la construcción de una ética civil y la legitimación del Estado de Derecho en el territorio. Fue tan determinante en lo político y social la presencia capuchina durante la primera mitad del siglo XX, que en 1918 en vísperas de una elección presidencial Fray Fidel de Monclart mediante una circular de la prefectura apostólica expresó lo siguiente: “Son los liberales conocidos por su odio sistemático al catolicismo. No necesitamos recordarles los atropellos cometidos por el liberalismo contra la religión.......”[13]

En lo económico, la misión capuchina adelantó una intensa actividad agraria comprando tierras y arrendándolas a las comunidades indígenas replicando el clásico sistema de la hacienda[14], con sus características de inequidad y exclusión.

Con la renuncia de Fray Fidel de Monclart en 1929 pierde auge la colonización capuchina. Poco tiempo después de este suceso estalla el conflicto Colombo-Peruano que obliga al Estado Colombiano a fortalecer su presencia para salvaguardar la frontera sur, iniciando así un nuevo tipo de colonización: la militar.

Para la época en que se iniciaba el conflicto, Colombia no tenía un solo destacamento militar ni en el Putumayo ni en el Caquetá[15], por lo tanto durante el conflicto y luego de él, por lo menos durante unos años, la presencia militar en la frontera con Perú se convirtió en una política de Estado.

Quizás el conflicto Colombo-Peruano llamó la atención del gobierno Colombiano acerca de la importancia de la región amazónica y como consecuencia de ello se inició desde los años treinta la estrategia de “Colombianización” de la frontera, dentro de la cual el ejército jugaba un papel protagónico en la orientación de la colonización.

La presencia militar en Puerto Leguízamo, la Tagua y Puerto Asís dinamizó el comercio local y gestó la construcción de carreteables que articularon de manera precaria al Putumayo con el resto del País.

Conviene señalar que la colonización militar, a pesar de ser una respuesta positiva del Gobierno Colombiano a las pretensiones Peruanas en la región, no representó la puesta en marcha de un proceso integrado de desarrollo regional, pues al final significó únicamente la revitalización de poblados alrededor de la presencia de la tropa sin que aquellos fueran insertados al resto del país como un espacio geopolíticamente estratégico en la construcción del Estado y la Soberanía Nacional.

La ya iniciada corriente migratoria desde Nariño hacia el Putumayo prosigue durante los años 40 y 50, concentrándose inicialmente sobre el Valle de Sibundoy y luego dispersándose hacia el sur hasta alcanzar la ribera del Río Caquetá. La colonización continuó siguiendo la vía de San Sebastián, Santa Rosa y Descanse en el Cauca hasta Yunguillo y Mocoa. Desde el Huila la migración se desarrolló desde Pitalito, San Agustín, pasando por la Bota Caucana hasta Mocoa, por una parte, y Pitalito, Acevedo, Belén de los Andaquíes, el Fragua, Puerto Limón, Urcusique y Mocoa, por otra.[16]

A finales de la década del 50 las migraciones Nariñenses, Caucana y Huilense se habían consolidado sobre Mocoa y Puerto Asís, en un proceso de colonización que ocasiono desplazamientos de las comunidades indígenas Inga, Siona y Kofán.[17]

Al parecer Colombia extendió su frontera hacia la Amazonia, quizás pensando en una región de reserva para aliviar los conflictos políticos y agrarios del interior del País en la mitad del siglo XX, sin medir las consecuencias de una colonización espontánea, desorientada y sujeta a sus propios ritmos y lógicas.

En 1953, la clase dirigente de Nariño desarrolló un intenso cabildeo para lograr que el Gobierno Nacional anexara la entonces Comisaria Especial del Putumayo al Departamento de Nariño, según ellos, con el propósito de adelantar un plan de fomento agropecuario. En el mismo año la anexión fue un hecho, sin embargo en 1959 mediante decreto fue reestablecida la Comisaria Especial del Putumayo. Durante los años de la anexión se fortaleció la colonización Nariñense que ocupó las mejores tierras de la región.

A partir de 1965 Puerto Asís se convirtió en el eje de la exploración petrolera, actividad que atrajo una nueva ola migratoria, esta vez no solamente de los Departamentos vecinos sino también de Departamentos como Antioquía y Valle del Cauca.

La era del Petróleo propicio toda una serie de expectativas de desarrollo regional que al final, quizás por la ausencia de un plan consistente, integral y prospectivo de inversiones, no se hicieron realidad. Para desfortuna del territorio, luego de ser uno de los de mayor producción petrolera del País, hoy puede concluirse que en términos de aporte al desarrollo regional, esta era tan solo dejo unos cuantos carreteables construidos en la zona de explotación del hidrocarburo. Al igual que con la explotación del caucho la inmensa mayoría de la rentabilidad de los recursos naturales extraídos se habían ido de la región.

Como bien lo señala José Jairo González, a pesar de las nuevas condiciones socioeconómicas regionales(gracias al petróleo) la colonización del Putumayo encontraba en la precariedad de sus vías de comunicación, la carencia de mercados regionales y la escasa asistencia social y técnica, pero sobre todo en la carencia de organización comunal(campesina o indígena), los mayores obstáculos para un verdadero desarrollo.[18]

La era del petróleo consolidó el sector terciario de la economía regional, es decir promovió el intercambio de bienes y servicios destinados a los contingentes de trabajadores de los campos petroleros, pero poco o nada sirvió para implementar un proceso de conformación y articulación de los sectores primario y secundario de la economía del territorio. También hay que señalar que el ingreso de los recursos de las regalías del petróleo a los presupuestos de las entidades territoriales de la región fortaleció en algunos centros urbanos una cultura burocrática que a su vez propicio en la comunidad la construcción de una idea paternalista y asistencialista del Estado. Visión que aún hoy se expresa en toda su dimensión y hace difícil un renovado imaginario colectivo sobre el papel del Estado.

Hay quienes señalan el año de 1977 como el inicio de los cultivos de hoja de coca en el Putumayo con fines de transformación en sicoactivos, sin embargo el trabajo de María Victoria Rivera ubica en 1983 la aparición de cultivos comerciales de coca en el municipio de Puerto Asís, proveniente de Bolívar y Almaguer en el Cauca, de donde llegaron los primeros cultivadores con la variedad Peruana llamada Tingo María, de mayor rendimiento que la nativa.[19]

Entre 1983 y 1989 el cultivo de hoja de coca con fines comerciales se extendió desde Puerto Guzmán hasta Curillo por toda la ribera del río Caquetá, desde Puerto Asís hasta Puerto Ospina por la ribera del Río Putumayo y por las riberas del río San Miguel y Guamuéz incluyendo las zonas rurales de los municipios de la Hormiga y la Dorada. Todos los municipios mencionados se convirtieron en pocos años en importantes asentamientos urbanos de una gran prosperidad comercial. Aquí vale la pena detenerse un poco en el seguimiento cronológico de la colonización del Putumayo para llamar la atención sobre una coincidencia: la mayoría de las zonas donde se extendieron los cultivos comerciales de coca fueron en épocas anteriores territorios cuya colonización inició o se consolidó con la exploración petrolera, lo cual supone pensar que la ausencia de planes de desarrollo integrales y de ordenamiento territorial desperdiciaron las inversiones realizadas en la era del petróleo y dejaron el terreno abonado para la implementación de un sistema productivo ilegal con impactos profundamente negativos en lo social, lo ambiental y lo cultural(que incluye lo político).

La colonización del petróleo y de la coca tiene otra coincidencia adicional: el propósito de venir a la región a enriquecerse y abandonarla, buscando desarrollar inversiones fuera de ella; a diferencia de la colonización Nariñense y Caucana de mitad del siglo XX, que a pesar de tener motivaciones de riqueza en tierras o en minería, era producto de la expulsión del interior del país y tenía el propósito de asentarse en la región y desarrollar todo un proyecto de vida, ello explica que el Valle de Sibundoy y Mocoa(colonizaciones marcadamente Nariñenses) cuenten con tres y cuatro generaciones de muchas familias llegadas a la región en la primera mitad del siglo XX.

Quizás una de las causas que más incidieron en el establecimiento y expansión de los cultivos de coca en el Putumayo fue la crisis del sector rural del interior del País. La ausencia de una reforma agraria integral sumada a las crecientes medidas proteccionistas de los países desarrollados a favor de sus productos, ha desencadenado en Colombia una problemática profunda de los habitantes del campo. En el mercado mundial los precios para el conjunto de los productos agrícolas cayeron en un 54%, los de los alimentos en 58% y los de los cereales en 33%[20].

No obstante el ciclo recesivo en que entró el cultivo de la coca a finales de los ochenta, así como las políticas Antinarcóticos desarrolladas en la región, los cultivos continuaron extendiéndose selva adentro durante la década de los noventa hasta representar en 1999 la tercera parte del total de hectáreas cultivadas en todo el País.[21]

Dos décadas bajo la influencia de los cultivos comerciales de coca han provocado en el Putumayo un intenso clima de violencia por la intervención de actores armados en el negocio y por las características de justicia privada que suele construir el narcotráfico en las distintas fases de la industria de la cocaína. Al lado de lo anterior, la producción de coca ha desencadenado una serie de contravalores como el enriquecimiento rápido, el individualismo, el alcoholismo, la prostitución, el consumismo desbordado; dificultando así el desarrollo de sentidos de pertenencia territorial, la generación de lazos de solidaridad y la construcción de imaginarios de lo público o colectivo en lo político y lo social. En suma, ha bloqueado el desarrollo regional.

Como puede leerse atrás los procesos de colonización de los siglos XIX y XX en el Putumayo se encuentran marcados por la existencia de un buen numero de Colombianos en búsqueda de un espacio donde asentarse, quizás algunos con el propósito de luego abandonarlo, pero en todo caso con la intención de lograr una vida mejor para sí mismos y sus familias. Espacios vitales que no lograron construir y consolidar en el interior del País. En esas condiciones, primero los sedujo el caucho, luego el petróleo y finalmente la coca.

En ese sentido, el trabajo de José Jairo González subraya el contenido profundamente social de la colonización, que en algunos casos se confunde con un movimiento social, incluso con un movimiento de resistencia de los sectores campesinos que se negaron a desaparecer de la faz de la tierra, pese a la violencia y a la modernización(la apertura económica, nefasta para el campo Colombiano). Recuerda el mismo autor que en Colombia no tuvimos una reforma agraria, al estilo de la Mexicana, porque tuvimos infinidad de pequeñas revueltas campesinas; muchas de las cuales desencadenaron desplazamientos masivos de campesinos hacia las nuevas fronteras que representaron para ellos, formas de resistencia a las condiciones económicas que se estaban presentando en los espacios rurales ya consolidados: la hacienda, el latifundio, el minifundio, la agroindustria, la apertura económica y la violencia.[22]

Los cultivos de hoja de coca se inscriben como parte de un proceso histórico en el Putumayo, caracterizado por la dinámica económica de apropiación selectiva de recursos naturales a través de sistemas de bajo costo, para beneficio de grupos ajenos a la región.[23]

En efecto, durante el período republicano se encuentra marcada esta expresión selectiva y extractivista de la economía regional. Caucho, balata, chicle, pieles y petróleo. A partir de 1977 el fenómeno del narcotráfico hace su aparición en estos territorios, ubicando en ellos una fuente de materia prima para la producción de sicoactivos y propiciando entre sus pobladores el espejismo del enriquecimiento rápido.

Lo anterior explica que en las dos últimas décadas se presente un sensible incremento poblacional en el eje Amazonia-Orinoquia y explica también la ampliación de la frontera agrícola. En los últimos tres años, es decir de 1996 a 1999, el Putumayo ha pasado de tener 17.000 hectáreas cultivadas de coca[24] a 68.702[25].

La dinámica económica derivada del cultivo de hoja de coca se desarrolla en cinco etapas: el cultivo, la producción de la pasta o base, la refinación de la coca en cocaína, su exportación a los mercados consumidores y su distribución dentro de los mercados importadores.

De estas cinco etapas, en el Putumayo se surten las dos primeras, y en algunos casos la tercera, las cuales conforman lo que se conoce como economía de la coca o economía cocalera, para la cual hay que distinguir dos tipos de sembradores de hoja de coca y de transformadores en pasta o base de coca.

Unos son los colonos que tienen en su tierra cultivos de pancoger (yuca, plátano, etc.) y adicionalmente tienen unas pocas hectáreas de coca. En sus casas los colonos pican las hojas, las salan con cemento, y les agregan amoníaco, ácido sulfúrico y gasolina para producir base de coca. De dos libras de hojas se extrae aproximadamente un gramo de base. [26]

Los segundos son los grandes cultivadores, que tienen extensiones entre 40 y 100 hectáreas sembradas de hoja de coca y ocupan una población trashumante de jornaleros venidos desde diferentes regiones del país, conocidos como “raspachines”. Por lo general estos grandes cultivadores poseen también la infraestructura para transformar las hojas en base de coca, o si no la poseen exclusivamente, lo hacen en asocio con otros cultivadores.

En el Putumayo, como en el Caquetá y en el Guaviare, la dinámica económica de la coca se desarrolla desde que el cultivador vende la base de coca para luego pasar a los laboratorios en donde se realiza el proceso de transformación en cocaína o hidrocloruro de cocaína. En la primera fase el campesino recibe el pago por su venta, si son grandes extensiones de tierra cultivada, es decir 40 o 50 hectáreas, el propietario contrata un número determinado de jornaleros para recoger la hoja y transformarla en base de coca. En los laboratorios, los propietarios enganchan también un número determinado de trabajadores.

Los centros urbanos de los municipios productores participan ampliamente de los beneficios económicos de la actividad. La generación de empleo urbano en estos municipios esta relacionada con toda la cadena de producción y transformación de la coca. Los comercios locales proveen a los colonos desde alimentos, ropa, electrodomésticos e insumos hasta equipos como generadores eléctricos, hornos microondas, motores fuera de borda, lanchas, carros, etc.[27].

La especialización progresiva del Putumayo en las tres primeras etapas de la cadena internacional del narcotráfico no solo genera unas ganancias económicas ínfimas respecto a las etapas finales que se surten en los Países consumidores, sino que también ha provocado la “pauperización” del campesinado cultivador de hoja de coca.[28] En efecto, lejos de enriquecerse los campesinos cultivadores de hoja de coca en el Putumayo han quedado ha merced de los ciclos de bonanza o de recesión, de la actitud coercitiva de los actores armados ilegales y de los efectos negativos de las políticas antinarcóticos como la aspersión aérea y la interdicción judicial.

Para ilustrar mejor la situación económica de los campesinos cocaleros del Putumayo vale la pena observar un desagregado de sus ingresos para 1998: para este año un kilo de pasta valía un millón doscientos mil pesos $1.200.000,oo. Después de deducir el costo de los fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, mano de obra y químicos para el procesamiento, la ganancia que obtenía el campesino por hectárea recogida, era de trescientos diecisiete mil ciento quince pesos $317.115,oo[29]. Por un plante de tres hectáreas que es el promedio en el área, una familia recibía cada dos meses novecientos cincuenta mil pesos $950.000,oo, es decir cuatrocientos setenta y cinco mil pesos $475.000,oo mensuales, que significaba para la época casi el doble del salario mínimo, sin embargo la tendencia general es que cada año los campesinos reciben menos[30], prueba de ello resulta ser una tabla publicada en el libro de María Clemencia Ramírez[31]en la que se demuestra que a medida que pasan los años por un gramo de coca producido por los campesinos se paga menos, por ejemplo en 1983 un gramo costaba 13,95 dólares, en 1994 por el gramo se pagaban 0,96 dólares y en 1998 se pagaban 0,83 dólares

Esta tendencia del negocio de las drogas ilícitas de empobrecimiento del campesino cocalero puede evidenciarse en el análisis que Ibán de Rementería realizó en el Perú: en 1980 los campesinos cocaleros de ese País participaron del 0,5% del valor final y en 1990 su participación del precio final se redujo al 0.09%[32]. Esta situación de cada vez menor participación del campesino en el precio final tiene una explicación lógica: el carácter de ilegalidad del narcotráfico hace que su valor sea una representación del riesgo que corre el negocio en sus diversas etapas, en unas más que en otras, y se entiende que los mayores riesgos se asumen cada vez más en el tráfico y la distribución, por lo tanto el precio suele aumentar en ellos y disminuir en la etapa de producción de la materia prima.

El caso del Putumayo es prácticamente idéntico debido a que las lógicas y patrones del narcotráfico son internacionales. En estos términos la economía cocalera representa para esta región otra expresión del modelo extractivista imperante a lo largo de su historia, porque significa la extracción de materia prima a cada vez más bajo costo, sin que la agregación de valor se extienda a los productores primarios.

Adicional a lo anterior, hay que subrayar que la cadena del narcotráfico tiene efectos perversos en las economías de los espacios urbanos en donde se surten sus primeras etapas, que suelen ser regiones de reciente colonización, en las cuales, gracias a los patrones de conducta propios de los intermediarios del narcotráfico, y a su época de bonanza entre 1979 y 1984, se estimuló el consumo suntuario en detrimento del ahorro y de la inversión productiva que a su vez profundizó fenómenos como el rentismo[33] y la corrupción.

La economía de la coca en el Putumayo, aparte de un transitorio estimulo al comercio local, no ha derivado a sus pobladores efectos positivos. Sin ahorro, sin inversión productiva y sin mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes, al lado de la presión Estatal mediante la política antidrogas y la coerción permanentemente ejercida por los actores armados ilegales, se vislumbra un oscuro panorama para el territorio de este Departamento en lo que a su desarrollo económico se refiere.

De otra parte, en el desenlace de la dinámica económica cocalera, el ajuste privado de cuentas desplazó cualquier intervención institucional para resolver los conflictos y se hizo evidente la ausencia del Estado para preservar el más fundamental de los derechos: la vida.

Al respecto el Departamento Administrativo de Salud del Putumayo realizó un estudio epidemiológico de la violencia en ese Departamento cuyos resultados evidencian la dimensión de este fenómeno:

Las muertes violentas predominan en el Putumayo sobre las demás causas de muerte, con una tendencia ascendente desde 1990, año en que registró el 36%, para pasar a constituir el 51% de las muertes en 1996, es decir de cada 100 defunciones 51 murieron por alguna causa violenta[34].

El comportamiento de las tasas de mortalidad por causa violenta calculada por 100.000 habitantes para fines comparativos, en el período de 1990 a 1996, varía entre 91.1 por cada cien mil habitantes en 1991 y 205.3 en 1996. Tasas muy por encima de la nacional que para el año de 1995, registró 129 homicidios por cada 100.000 habitantes[35].

TASA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS

PUTUMAYO 1991 - 1998

La relación entre economía cocalera y muertes violentas es tan evidente que las tasas de homicidio desagregadas por municipio, tal y como aparecen en el cuadro inmediatamente anterior, demuestran que en aquellos municipios donde más se cultiva coca se presentan más homicidios, caso contrario ocurre en los municipios cuyos territorios no tienen este tipo de cultivos, pues presentan las tasas de homicidio más bajas. Por ejemplo, los municipios de Puerto Asís y el Valle del Guamuéz que son quizás los de mayor número de hectáreas cultivadas presentan en los tres últimos años las tasas de homicidio más altas. Todo lo contrario ocurre en el municipio de Colón que tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos años y en su territorio no hay una sola hectárea cultivada de coca(observar el cuadro inmediatamente anterior que contiene las tasas de homicidios por municipio).

Datos más recientes: durante todo el año 2001 se presentaron 216 homicidios y entre enero y julio del año 2002 ya se registraban 302 homicidios.[36]

El conflicto armado en Colombia ha venido adquiriendo en las últimas décadas nuevas facetas, entre las cuales se destaca la persistencia del mismo a la disponibilidad de rentas. Uno de los factores explicativos de la antigüedad del conflicto Colombiano es la existencia de rentas que les permite a los grupos armados instalarse en la economía civil y en sus bonanzas. Se configuró así una espiral en la que el objetivo de expandirse motiva la búsqueda de rentas, y a su vez, la búsqueda de rentas obliga a expandirse precisamente hacia los territorios de bonanza, quedando imbricados de esa manera los propósitos político-millitares de control territorial y poblacional con los objetivos meramente económicos.

Mientras las rentas no fueron extraordinarias, el crecimiento de los grupos armados tampoco lo fue, de manera que el conflicto Colombiano era persistente pero no había un escalamiento dramático del mismo. Con la aparición de los cultivos de uso ilícito que encontraron en la presencia de grupos armados ilegales una ventaja comparativa inicial(que no estaba presente en otros países productores)para la sustitución de importaciones de la materia prima(motivada por los riesgos crecientes de incautación enfrentados por los narcotraficantes en Perú y Bolivia), las rentas al alcance de los grupos armados crecieron estrepitosamente y con ellas, los grupos armados mismos. De ahí que la droga haya sido un factor de rápido escalamiento del conflicto.[37]

Con la expansión de los cultivos de uso ilícito, los grupos armados y en especial las FARC tuvieron la oportunidad de crecer en su rol de administradores de la ilegalidad e iniciar su propia construcción como Estado embrionario, es decir, como recaudador de impuestos (gramaje) y proveedor de seguridad y justicia como bienes posicionales en sus zonas históricas y en sus zonas de influencia.

Entre 1981 y 1982 cuando se llevó a cabo la séptima conferencia de las FARC, los factores de orden militar juegan un papel muy importante; la organización pasa a llamarse FARC-EP, dando a entender que era un ejército del pueblo. A partir de esta conferencia se consolidan los frentes, el estado mayor y el secretariado[38].

En la década de los ochenta la coca empieza a jugar un papel definitivo en la financiación de la organización guerrillera y ello explica el número creciente de frentes en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Además de ello, como circunstancia favorable se sumó la firma de la tregua con la Administración Betancour en 1984 que a la postre le sirvió a las FARC para reorganizarse, fortalecerse y expandirse territorialmente.

Buena parte del territorio del bajo Putumayo hace parte del corredor estratégico militar y financiero de esta organización, que va desde la Uribe en el Meta, pasando por los llanos del Yari y el Caguán hasta llegar a Puerto Asís, Puerto Ospina y el Valle del Guamuéz en la frontera con Ecuador.

Los frentes que operan en el Piedemonte del Departamento y en la subregión conocida como el “bajo Putumayo”, tienen una relación directa con la economía de la coca por el cobro del “Gramaje” a los compradores de base de coca, “impuesto” que se paga en los sitios de salida del producto o en las pistas clandestinas, y que equivale a cierta cantidad de dinero por kilo de base que salga de la zona. Incluso, en los últimos años las FARC han empezado a comprar directamente la base de coca, es decir han pasado de cobrar impuesto a ejercer la intermediación[39], circunstancia que ha hecho que estos frentes de las FARC regulen la dinámica de la economía cocalera en importantes zonas del Departamento.

Se estima que de los 200 billones de pesos de capital que se cree poseen la FARC, 140 provienen de actividades ligadas a los cultivos ilícitos, 35 de los impuestos, 60 por pago de rescates de secuestrados, y 10 billones de descuentos sobre el gasto público.[40]

En 1999 los ingresos de las FARC se estiman en 352.161 millones de pesos, de los cuales 225.941 millones, es decir aproximadamente el 70%, provienen de actividades relacionadas con los cultivos ilícitos[41]. Si se tiene en cuenta que en 1999 el Putumayo es el Departamento con el mayor número de hectáreas cultivadas de coca, se puede concluir que éste es un territorio estratégico para las FARC EP.

De otra parte, la Tercera Cumbre Nacional del Movimiento de Autodefensas Campesinas de Urabá y Córdoba, celebrada en noviembre de 1996, anunció la recuperación de sus territorios en los Llanos Orientales y sus intensiones de entrar a confrontar a la guerrilla en sus propios territorios del Guaviare, el Caquetá y el Putumayo. Con relación al Putumayo, las autodefensas plantearon la necesidad de desplegar hombres y recursos para combatir a la guerrilla, que había conformado en este territorio “gobiernos paralelos”.[42]

En mayo de 1997 se anuncia la llegada de los paramilitares a la región y efectivamente en los municipios de Villagarzón y Puerto Asís aparecen graffitis de los paramilitares.[43]

En febrero de 1998 el Alcalde de Puerto Asís manifiesta ante los medios de comunicación del País su preocupación porque a su despacho habían llegado noticias relacionadas con el ingreso masivo de grupos de autodefensa a su municipio y a otros del bajo Putumayo.

En junio de 1998 es aprobado por la Asamblea Departamental del Putumayo el Plan de Desarrollo Departamental “Plan Piloto Territorial de Convivencia”, que describe entre los problemas estructurales del Putumayo, la confrontación armada por el control del territorio, poniendo en evidencia el enfrentamiento militar y financiero entre las FARC y las AUC por el control del territorio del bajo Putumayo y en consecuencia de la economía de la coca en este Departamento.[44]

Así, la confrontación armada se mezcla con una confrontación de mercado, pues la estrategia paramilitar ha consistido en cobrar un “impuesto” de menor valor del que cobra la guerrilla[45], al punto que en los primeros meses del año 2000 las FARC ordenaron a los campesinos del bajo Putumayo dejar de cosechar coca, como medida para cerrarle el paso a los “paramilitares” que pretenden extenderse a todo el bajo Putumayo, debido a que, al parecer, las FARC se vieron en desventaja porque las AUTODEFENSAS pagaron al cultivador de coca dos millones seiscientos mil pesos $2.600.000,oo por kilo de coca, en tanto que las FARC lo hicieron por dos millones de pesos $2.000.000.oo[46]

Tanto las FARC como las AUC en medio de la confrontación han ido consolidando territorios y por ende monopolizando la economía de la coca en el bajo Putumayo, que se constituye en la principal fuente financiera de sus organizaciones armadas.

En este contexto el campesino cocalero y el colono asentado en las zonas urbanas, esta a merced de las prácticas y las conductas que impone el actor armado presente en determinada área geográfica. En lo económico regulan la actividad cocalera que es la predominante en la región; en lo social, por lo general resuelven desde los conflictos planteados alrededor del comercio de la coca hasta los de carácter privado como los familiares y de pareja; y en lo político, aunque existen autoridades locales, éstas, en la práctica, tienen que asumir ciertos niveles de convivencia con los actores armados para poder gobernar con relativa tranquilidad y estabilidad, lo que en la realidad significa ni más ni menos que la claudicación de la única expresión de Estado que existe en la región.

Esta realidad no es solamente un problema de orden militar y de ejercicio de la soberanía, es más un vacío de legitimidad del Estado de Derecho, pues éste no resuelve los conflictos, no ha sido capaz de proyectar un desarrollo estructural en lo económico y social en la región, y lo que es peor, viene siendo suplantado por un paraestado representado en los actores armados ilegales, desfigurando en el imaginario colectivo la idea de la institucionalidad como el escenario en el que se resuelven los conflictos y en el que esta representada la sociedad para la puesta en marcha de intereses públicos.

En Colombia, a principios del siglo XX se inició la prohibición legal a la producción y comercio de sicoactivos. Estas políticas restrictivas aumentaron a lo largo del siglo como consecuencia de los convenios internacionales.

En las tres últimas décadas se ha incrementado alarmantemente el consumo de sicoactivos en el mundo y en las últimas dos décadas Colombia se ha convertido en uno de los principales productores de la materia prima de éstos.

La alarma mundial por el consumo y producción de drogas sicoactivas ha generado por parte de los Gobiernos dos tipos de políticas: contra la demanda y contra la oferta.

Las segundas han sido desarrolladas en Colombia. Las políticas contra la oferta incluyen acciones jurídico - policiales contra la producción de materia prima e insumos para la transformación de ésta en sicoactivo y unas políticas con énfasis social destinadas a crear las condiciones para el desarrollo de un sistema productivo legal que permita sustituir los cultivos de uso ilícito. Todas las anteriores conforman lo que se conoce bajo el nombre de la política antidrogas.

Una de las características más relevantes de la política antidrogas resulta ser el desequilibrio en el enfoque de la corresponsabilidad entre países en su diseño y ejecución, pues aunque los países consumidores desarrollan acciones contra el consumo y para prevenir el mismo, en el proceso de formulación de sus políticas lo hacen con total autonomía, con sus propias lógicas y tiempos; en tanto que para el caso de los países productores, en el proceso de formulación de su política antidrogas tienen una fuerte intervención por parte de los países consumidores, en especial los Estados Unidos de Norteamérica.

Desde la administración de Jimmy Carter (1976-1980) la política de Estados Unidos se ha orientado a controlar el ingreso de drogas y presionar por la erradicación de los cultivos mediante el uso de herbicidas. Esto significó en 1981 eliminar restricciones legales, la Enmienda Percy, que prohibían la destinación de recursos federales a la aplicación de pesticidas prohibidos en su propio país.[47]

Durante 25 años el ejecutivo y el legislativo de Estados Unidos han recurrido a diversas estrategias para lograr que el Gobierno Colombiano adopte medidas que van desde la militarización de la lucha antidrogas (ejército, armada y fuerza aérea), la erradicación química de cultivos ilegales; el incremento de la criminalización y rechazo a la legalización; la inadmisibilidad de la negociación para incorporar a los narcotraficantes a la sociedad y la extradición de nacionales[48]. Otras estrategias corresponden a la ayuda financiera directa para actividades de erradicación con la policía y el ejército, la cooperación judicial, la asistencia técnica para fortalecer la capacidad de represión y control, y el retiro de beneficios comerciales mediante la controvertida “Certificación”. Estas medidas han llegado a la situación extrema de intervenir abiertamente en los asuntos internos de Colombia exigiendo, como ocurrió con el “Memorando Frechette”, la adopción de leyes, medidas y acciones draconianas en la lucha antidrogas sin considerar las implicaciones sociales y ambientales que éstas pudieran acarrear.

En correspondencia con lo anterior en el orden interno se han implementado políticas y estrategias. Entre ellas se destacan: la adopción de una legislación especial concretada en la ley 30 de 1986 destinada a penalizar la producción, el tráfico y consumo de sicoactivos; y el despliegue de fuerza pública para destruir cultivos, laboratorios e incautar base de coca. De otra parte, se han desarrollado planes y programas de desarrollo alternativo con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y económicas de los campesinos cocaleros y así propiciar la sustitución de los cultivos de hoja de coca.

La dimensión internacional del problema de las drogas y en consecuencia de la política antidrogas, hace que ésta sea leída desde diversos intereses. Vale la pena destacar algunos:

Primero, desde la perspectiva de los Estados Unidos es necesario poner el acento de la represión en las zonas de cultivo, producción, procesamiento y tráfico de narcóticos más que en los centros de consumo, al parecer porque es más efectivo para ellos en términos de metas y logros así como de recursos, con un saldo a su favor en la relación costo-beneficio[49], ya que en principio, la guerra contra las drogas se libra más por fuera de su territorio que al interior del mismo. Esta apreciación tiene su lógica en el contexto de la dinámica histórica de las relaciones internacionales, en la que cada Estado juega a hacer prevalecer sus intereses, y desafortunadamente para Colombia en el escenario de la negociación internacional nuestra posición es de franca desventaja. De otra parte, a partir de los sucesos trágicos del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center de New York, la política antidrogas ha empezado a representar para los Estados Unidos un esfuerzo más en la lucha contra el terrorismo, en la medida en que el negocio de las drogas puede ser una fuente financiera de organizaciones armadas con fines terroristas.

Segundo, para el Estado Colombiano la política antidrogas puede tener un doble significado: de una parte su ejecución se ha convertido en una oportunidad para “limpiar” su imagen de “narcodemocracia”, que más allá de un asunto simbólico-moral y de presentación frente a la comunidad de naciones, representa para Colombia un posicionamiento relevante frente a los organismos y la banca multilateral en momentos en que el País no escapa a la agudización de los problemas de endeudamiento externo que esta viviendo América Latina. Bajo esta perspectiva de análisis podría pensarse que el comportamiento del Gobierno Colombiano es más anuente que independiente ante los intereses, sobre todo Norteamericanos, en lo que a la lucha contra las drogas se refiere. El otro significado que la política antidrogas puede tener para el Estado Colombiano esta representado en la necesidad de desarrollar grandes inversiones en las zonas de cultivos de uso ilícito, que por su histórico marginamiento requieren de numerosos esfuerzos y recursos para ser articulados a los beneficios del desarrollo. Desde este enfoque, mediante recursos de cooperación y de crédito el Estado Colombiano ha venido desarrollando algunas obras importantes sobre todo en materia de infraestructura vial.

Tercero, para el Putumayo, cuya historia esta marcada por un modelo económico de extracción que ha reproducido pobreza y por un vacío de Estado que no ha sido capaz ni siquiera de preservar el más fundamental de los derechos de las personas, lo más lógico es que la expectativa siempre presente de sus pobladores sea la de una política de Estado que le permita al territorio insertarse en un modelo integral y equitativo de desarrollo liderado por un verdadero Estado de Derecho. De alguna manera, y a pesar de las estrategias represivas de la cruzada internacional contra las drogas, los campesinos cocaleros y en general los habitantes de esta región han cifrado esperanzas de transformación de su realidad problemática mediante algunas inversiones sociales derivadas de los recursos de la política antidrogas, sin embargo hacerla compatible con los anhelos de desarrollo regional no siempre es fácil pues una y otros suelen tener maneras distintas de enfocarse y de medirse y en consecuencia sus tiempos y lógicas varían. En efecto, el desarrollo regional se mide con indicadores sociales y económicos, la política antidrogas, destinada a combatir la oferta, se mide por hectáreas erradicadas, laboratorios destruidos y base de coca incautada. La política antidrogas pretende resultados a corto y en pocas ocasiones a mediano plazo, el desarrollo regional tiene que ser la consecuencia no solo de inversiones sino de todo un proceso social que puede tardar un tiempo considerable. En síntesis, lo más grave para las aspiraciones regionales resulta ser que en la actualidad la mayor parte de sus expectativas de desarrollo estén colgadas de la política antidrogas, o dicho de otra manera, que el Estado pretenda pagar su deuda histórica con este territorio mediante estrategias con algún énfasis social, pero que al final obedecen al enfoque de la política contra las drogas y no a enfoques autónomos y estructurales de mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

2. Comentarios frente a la aspersión aérea o las fumigaciones a los cultivos de coca en el Putumayo.

Dentro del conjunto de las estrategias de la política antidrogas quizás la más polémica es la de la aspersión aérea o de fumigación de los cultivos de coca por sus efectos ambientales, sociales y por sus cuestionados resultados. Por esa razón a continuación se desarrolla un breve análisis de su ejecución en el Putumayo.

Las fumigaciones en este Departamento se iniciaron levemente entre julio y agosto de 1997 con la aspersión de 516 hectáreas. Para 1998 se produce una concentración de las acciones en el municipio de Puerto Guzmán, donde se fumigaron 3.950 hectáreas de coca[50]. Incluso, el trabajo de Ricardo Vargas Meza, “fumigación y conflicto”, señala que en el Putumayo se realizó la experimentación a campo abierto del herbicida Imazapyr, tal y conforme lo demandó el gobierno de los Estados Unidos[51].

El mismo trabajo llama la atención sobre las características que tuvo la fumigación en esta región, que bien vale la pena contrastarlas frente a los resultados en materia de erradicación:

-Carácter indiscriminado, violando todas las disposiciones técnicas en materia de prevención en salud y medio ambiente.[52]

-La fumigación generó daños en toda la economía legal y de subsistencia de los campesinos de la región.[53]

-Según Vargas, la Defensoría del Pueblo constató la fumigación sobre sitios de vivienda, escuelas con presencia de estudiantes, ocasionando efectos inmediatos y lesiones crónicas sin definir, dada la ausencia de seguimiento en éste y en casi todos los aspectos que tienen que ver con daños potenciales.[54]

-El hecho más grave e irregular, constatado en el laboratorio de la facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, fue el uso de Imazapyr[55], situación confirmada con base en el análisis de cuatro muestras recibidas el 3 y 10 de agosto de 1998 y que fueron tomadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la vereda la pradera del Municipio de Puerto Guzmán entre el 29 y 30 de julio.[56]

-Durante los años 2001 y lo que va corrido del 2002, fueron fumigadas zonas rurales de los municipios de Orito, la Hormiga, San Miguel y Puerto Caicedo.

-En lógica económica es claro que la fumigación de los cultivos disminuye sustancialmente la oferta de coca y por lo tanto se convierte en un factor que presiona el alza en su precio y por ende se constituye en un estimulo a la expansión de los cultivos; en cambio, la interdicción sin fumigación puede propiciar un exceso de oferta con dificultades para su comercialización, lo que al final podría generar una disminución del precio y en consecuencia un desestímulo a la expansión de los cultivos. En otras palabras, si se desarrolla una efectiva política contra el narcotráfico –no contra los campesinos-, los cultivos de coca desaparecen por sustracción de materia, ya que es evidente que los campesinos cocaleros dependen del narcotráfico y no éste de aquellos. El ejemplo que confirma lo que acabamos de señalar se presentó en 1995 en el Alto Huallaga en el Perú, en donde los cultivos desaparecieron en parte por la política antidrogas y en parte porque, como consecuencia de la misma, la industria del narcotráfico desplazó hacia otras zonas los cultivos. El narcotráfico no existe porque hay cultivos ilícitos, aquel existe y sobrevive todos los embates porque hay demanda de sicoactivos, en especial en el primer mundo.

-El desplazamiento de los cultivos por causa de la fumigación es posible constatarlo de la siguiente manera: Entre 1991 y 1996 el Departamento del Guaviare tenía la mayor extensión de cultivos de hoja de coca en el País, llegando aproximadamente a 40.000 hectáreas en 1996 y durante 1995 y 1996 fue objeto de aspersión aérea al punto de que en 1998 sus cultivos se expandían en aproximadamente 7.000 hectáreas y eran sustancialmente menores que los de Putumayo y Caquetá. A partir de 1998 se inicia la fumigación en Putumayo y a partir de ese mismo año reflorece la coca en el Guaviare para llegar a 28.435 hectáreas en 1999.[57] Un dato muy reciente: el último informe del SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia, que registra los avances en materia de erradicación en Colombia muestra un avance importante en materia de reducción de hectáreas de coca en Putumayo, advierte un incremento muy significativo de estos cultivos en el vecino Departamento de Nariño[58]

-De igual manera, la tendencia de la última década evidencia el efecto globo de los resultados de aplicación de la estrategia de erradicación por aspersión aérea, es decir, que en suma el área cultivada no disminuye sino que se traslada a nuevos lugares de implantación, y por el contrario, en el caso de Colombia se han incrementado de manera significativa.[59]

-En reciente editorial, el diario el Tiempo contrasta el parte de éxito de las aspersiones aéreas con glifosato traducido en un 15% de reducción del área cultivada en el territorio nacional al finalizar el año 2002, con las declaraciones de los Gobernadores de los Departamentos de Cauca y Nariño, quienes expresan que dado que el mayor número de hectáreas asperjadas fueron en Putumayo, los cultivos se desplazaron hacia sus Departamentos de manera masiva.[60]

-En la cadena del narcotráfico existen dos eslabones que son victimas del mismo, uno es el consumidor que merece un tratamiento desde la perspectiva de la salud pública, y el otro es el campesino pequeño cultivador de hoja de coca, que merece un tratamiento social. Si a éste último se le fumigan sus cultivos, se lo desarraiga de su tierra y se lo pone frente a un Estado que en lugar de brindarle oportunidades reales de desarrollo lo reprime y lo deja en una situación social y económica compleja.

3. Síntesis Cronológica de las políticas de desarrollo alternativo en el Putumayo.

De acuerdo a lo conceptuado por la cooperación internacional el desarrollo alternativo significan las políticas, planes y programas destinados a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Con el paso del tiempo este concepto se amplió hacia la provisión de infraestructura física y social que les permitiera a los campesinos cultivadores de hoja de coca mejorar sus condiciones de vida.

Las políticas de desarrollo alternativo en el Putumayo se pueden dividir en tres momentos: el primero en la administración del Presidente Cesar Gaviria bajo la denominación de Plan de Desarrollo Alternativo PDA, el segundo con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo PLANTE durante el gobierno de Ernesto Samper y el tercero los programas de desarrollo alternativo inmersos dentro de la estrategia del Plan Colombia del Presidente Andrés Pastrana. En cuanto a éste último, unas páginas adelante se dedica un capítulo exclusivo, por lo tanto en el presente capítulo haremos referencia al PDA y el PLANTE.

En 1992 con el Plan de Desarrollo Alternativo PDA, financiado por la Organización para las Naciones Unidas, se inician una serie de acciones gubernamentales en el Putumayo, cuyo objeto era promocionar un desarrollo alternativo mediante apoyo técnico y fortalecimiento de la participación comunitaria y de la sociedad civil.

El PDA desarrollado en el Putumayo inició casi como una replica del mismo programa que había sido previamente adelantado en los Departamentos de Cauca y Nariño, lo que constituyo de entrada un desenfoque frente a las características de suelo amazónico de las áreas de cultivos de coca en el Putumayo[61].

Para Putumayo el PDA estableció una meta de reducción de 2.500 hectáreas y en 1993 el programa logro reducir tan sólo 10 hectáreas[62], sin contar las nuevas hectáreas cultivadas desde 1992 hasta 1993.

En 1994 con el Gobierno de Ernesto Samper se redefine la política de desarrollo alternativo para la erradicación de cultivos ilícitos y se crea el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -PLANTE-, como una propuesta de mejoramiento de las condiciones de producción e ingreso para pequeños campesinos involucrados en la siembra de cultivos ilícitos o afectadas por este fenómeno.

Sus estrategias incluían crédito blando, apoyo en comercialización de cosechas, asistencia técnica, política de empleo rural, mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos y de la industria agrícola, y participación comunitaria.

La inversión del PLANTE en el Putumayo en 1995 fue de 40 mil millones 913 mil pesos cifra que supera el presupuesto departamental del mismo año, sin embargo, los resultados han sido pobres, pues por una parte se han incrementado las hectáreas cultivadas con hoja de coca y se ha ampliado la frontera agrícola con las respectivas consecuencias ambientales y sociales. Quizás el Plante como estrategia no logró plantear alternativas viables que solucionen a los campesinos de la región sus problemas de ingresos para persuadirlos a transitar a una actividad económica lícita.

Como bien lo plantea Ibán de Rementería lo que el narcotráfico le resolvió a los campesinos fue el problema de la rentabilidad de los precios en los mercados agropecuarios[63], por lo tanto como lo menciona este mismo autor el desarrollo alternativo solo se completa como concepto y llega a su plenitud como práctica cuando asume el problema de los mercados agropecuarios y es capaz de encontrar soluciones pertinentes y relevantes para que los precios de mercado al productor cubran sus costos de producción, así como los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades familiares[64].

En resumen, tanto el PDA como el PLANTE no representaron estrategias efectivas de desarrollo alternativo para este Departamento, pues la expansión de los cultivos fue evidente durante la década de los noventa, la misma en la cual se ejecutaron las políticas de Estado aquí reseñadas.

Hasta principios de la década de los ochenta, a pesar de existir problemas sociales de carácter estructural en el Putumayo, las tensiones colectivas aún no se habían hecho manifiestas, o por lo menos no de manera alarmante.

Sin embargo, la década del ochenta representó para el país la constatación de la evolución de los conflictos sociales regionales: Entre 1980 y 1991 la prensa nacional registró 2.634 movilizaciones regionales[65], orientadas a la búsqueda de mayor presencia estatal en la prestación de servicios públicos básicos; se hizo evidente en esta década el crecimiento de las guerrillas en zonas periféricas, donde encontraron terreno abonado para su expansión; y finalmente, se consolidaron los frentes de colonización hacia el eje Amazonia-Orinoquia, atraídos principalmente por el cultivo de la hoja de coca.

En 1982 se desarrolló en el Putumayo un paro cívico en la totalidad del territorio de la entonces Intendencia Nacional, cuyos propósitos eran reivindicaciones en materia de servicios públicos fundamentales y desarrollo regional. Su liderazgo fue ejercido por sectores urbanos, en especial el sindicato del magisterio. Desde aquella época los medios de comunicación empezaban a llamar la atención sobre el abandono estatal a esta región y la presencia de cultivos de coca en la misma[66].

En la década del 90 empiezan a dibujarse movilizaciones de campesinos. En 1993 se inició un proceso de movilización en las comunidades del Valle del Guamuéz y San Miguel motivadas en la grave situación de marginalidad económica y social y la corrupción administrativa, fenómenos que se reflejan en una situación deplorable o inexistencia de infraestructura regional(vías, electrificación, servicios sociales, etc), hasta llegar a la conformación del “Pacto Social Regional” del 25 de octubre de 1994[67]. A partir de ahí los campesinos de la región empezaron a dar cuenta de la necesidad de poner en marcha ambiciosos procesos de desarrollo como estrategia viable en el empeño de transformar la economía cocalera, o dicho de otra manera, de labios de los dirigentes campesinos se inició la argumentación que relacionaba la existencia de los cultivos de coca con las difíciles condiciones económicas y sociales del Putumayo. Sobre esa base demandaron del Estado atención integral para la región e inclusión de la misma en los planes de desarrollo alternativo.

Entre finales de 1994 y principios de 1995, como respuesta a la Resolución 001 del Consejo Nacional de Estupefacientes que definió los parámetros de la aspersión aérea de cultivos ilícitos, lo cual hacia presagiar su extensión desde el Guaviare al Putumayo, se desarrollan las primeras movilizaciones hacia el municipio de Puerto Asís. Quizás el temor de los atentados contra el oleoducto trasandino y las posibilidades de un desbordamiento de la protesta condujeron al Gobierno y a representantes de las comunidades a llevar a cabo una negociación que culminó el 11 de enero de 1995 en el municipio de la Hormiga.

El punto central del acuerdo fue la implementación de políticas de desarrollo alternativo como complemento previo de las acciones de erradicación forzosa de la coca.[68]

A pesar de lo anterior, luego de año y medio se constataba la insuficiencia de la política de desarrollo alternativo para darle legitimidad al Estado y en julio de 1996 se inicia la fumigación aérea en Miraflores(Guaviare), lo que ocasionó una considerable movilización campesina en ese Departamento. Aparentemente, la sospecha que lo mismo ocurriera en Putumayo, desencadenó en este territorio una nueva movilización campesina. Entre agosto y septiembre de 1996 en una protesta de 26 días se movilizaron, desde la zona rural hacia los centros urbanos del Putumayo, aproximadamente 100.000 campesinos, de los cuales murieron 7, 72 quedaron heridos y se registraron perdidas por aproximadamente 55.000 millones de pesos[69].

El desenlace de las movilizaciones además de traslucir la oposición a la fumigación, también dejaron ver las reiteradas demandas de antaño en materia de servicios públicos. Sin existir una versión oficial, se presume que las FARC intervinieron para animar a los campesinos a involucrarse en las movilizaciones coadyudando tras bambalinas en la protesta.

Resulta importante desarrollar un análisis a cada uno de los factores que propiciaron las movilizaciones de 1996:

1. La fumigación o aspersión aérea de los cultivos de coca y las movilizaciones campesinas.

Las fumigaciones en el Putumayo para la época de la protesta aún no se habían desarrollado, solo en julio y agosto de1997 se inician con la aspersión de 516 hectáreas y en 1998 en el municipio de Puerto Guzmán se fumigaron 3.950 hectáreas.[70]

A pesar de no haberse dado la fumigación con antelación a las movilizaciones, los campesinos conocían los riesgos que dicha acción generaba para ellos: en primer lugar es muy difícil garantizar que la fumigación solamente se dirija a los grandes cultivos y de ser así los jornaleros de éstos se verían abocados al desempleo. Paradójicamente, en términos económicos quizás los únicos que tienen manera de sobrevivir a las aspersiones aéreas son los grandes cultivadores porque se supone que ellos ya cuentan con un capital que les permite manejar la situación y buscar alternativas dentro o fuera de la misma actividad.

La débil presencia del Estado en el Putumayo es una constante histórica. Ello explica que cualquier movilización con tono de protesta social incluya en su agenda demandas de mayor presencia estatal.

Si se revisa las agendas de los planteamientos de movilizaciones sociales de años atrás se encuentran coincidencias en cuanto a las demandas sociales planteadas en las marchas campesinas de 1996, como por ejemplo construcción de vías de comunicación e infraestructura física y social.

Podría pensarse incluso que las demandas de mayor presencia estatal en lo social, tenían el propósito de matizar una oposición radical a la fumigación como estrategia de erradicación de los cultivos de coca, sin embargo es pertinente reconocer que los dirigentes de las movilizaciones plantearon la oposición a la fumigación y la inversión social en igualdad de condiciones, o mejor bajo el enfoque de una estrategia integral y social conducente a la superación de la economía cocalera y el atraso regional.

La intervención de las FARC como animadores de las marchas campesinas de 1996 es quizás el factor que más desdibuja el sentido de las movilizaciones como protesta social, en la medida en que su presencia se tradujo en una imposición a los campesinos para que se desplazaran hacia los centros urbanos. Los testimonios de los campesinos y de conocedores de la región corroboran la afirmación anterior[71].

La presencia de este grupo guerrillero tiene una justificación lógica: los cultivos de coca representan para ellos su mayor fuente de ingresos y una eventual fumigación se vería reflejada en sus finanzas.

Además, gracias a los cultivos de coca y a la expansión territorial de sus frentes las FARC han logrado en el sur del país un poder económico y militar. En consecuencia la gran movilización de campesinos desarrollada en Putumayo, Caquetá y Guaviare en 1996, representó para las FARC una oportunidad para demostrarle al país sus inmensos logros en materia de dominio territorial.

Cuando el país observó por televisión las marchas campesinas de los departamentos del sur, se percató de la dimensión de los cultivos de coca y sus protagonistas, pero también debió asombrarse de la gran capacidad de movilización de las FARC en estas regiones del país.

Por actores explícitos se señala a quienes participaron de manera directa en las movilizaciones y en las negociaciones que pusieron fin a las marchas campesinas.

Por la manera como se observó el desarrollo de las movilizaciones campesinas puede decirse que sus protagonistas fueron los campesinos entre los que se contaron pequeños cultivadores y jornaleros o recolectores de hoja de coca. Ellos dirigieron su protesta directamente contra el Gobierno Nacional, de tal manera que constituyeron a éste en la contraparte de la negociación.

En principio, se entendió que las movilizaciones correspondían únicamente a una protesta contra una eventual o anunciada fumigación aérea de los cultivos de coca, sin embargo en el transcurso de las negociaciones se ventilaron toda una serie de demandas relacionadas con la necesidad de más y mejores servicios públicos y una mayor presencia del Estado en las áreas sociales. Es decir, la agenda planteada para solucionar el conflicto apunta a evitar la fumigación, ante lo cual se propone una erradicación voluntaria acompañada de una inversión de obras de infraestructura y una ampliación de coberturas en servicios públicos fundamentales.

Los campesinos cultivadores de coca a nivel Departamental y municipal ni están organizados como un sector social, ni los campesinos a nivel general conforman una organización gremial.

En la etapa de negociación entre el Gobierno y los campesinos actuaron como voceros de éstos algunos líderes de un movimiento cívico regional, anteriormente llamado movimiento de unidad campesina, que desde hace unos pocos años han venido desarrollando propuestas políticas y electorales que han resultado favorecidas en las contiendas electorales de algunos municipios.

Es preciso aclarar que este movimiento cívico no agrupa a la totalidad de las personas que se movilizaron, o por lo menos no hay manera de corroborarlo, incluso me atrevo a decir que más que un actor social este movimiento cívico era un actor político que por razones de su propuesta política y de las reivindicaciones planteadas en ella encontró un nexo ideológico con las motivaciones sociales de las movilizaciones. En efecto, este movimiento cívico se caracterizó, en su actuar político, por la defensa de los derechos humanos y de los sectores rurales, por lo tanto su actuación en las negociaciones y la vocería que asumió correspondió más a su visión política que a una verdadera representatividad de los campesinos.

Hay que anotar que el enfoque que estos dirigentes le dieron a la movilización y a su negociación fue eminentemente social, es decir plantearon el problema de los cultivos de coca como el resultado lógico de la ausencia total de alternativas productivas para subsistir. En ese mismo sentido argumentaron como indispensable que las alternativas productivas que se pudieran plantear deberían ser acompañadas de una inversión del Estado en infraestructura de servicios públicos y en mejoramiento de los mismos.

Al final de las negociaciones que condujeron a la desmovilización de los campesinos, el principal vocero del movimiento cívico y de los campesinos en la mesa de negociaciones, dio un parte de victoria con las siguientes palabras: ”Nos hemos comprometido a un proceso de erradicación de cultivos en forma voluntaria. Esto deja claramente implícito que queda desechado cualquier mecanismo de presión o vía de fuerza para erradicar los cultivos ilícitos”.[72] De otra parte, la introducción del documento que registra los acuerdos entre gobierno y campesinos reza: “la sustitución y erradicación voluntaria de los pequeños cultivos ilícitos es viable a partir de un esfuerzo conjunto de campesinos, colonos, indígenas, el Gobierno y la cooperación internacional”.[73]

De las afirmaciones del dirigente campesino y de la redacción de la introducción del documento de acuerdos se desprende que el asunto central que motivó las movilizaciones era evitar la erradicación de cultivos de coca mediante mecanismos de fuerza y que según él ese objetivo se cumplió plenamente. De lo anterior se concluye que en principio el Gobierno modificó sus intencionalidades frente a la política de erradicación de cultivos ilícitos para esta zona del País. Sin embargo, como se verá más adelante las interpretaciones son diversas.

De parte del Gobierno Nacional se hicieron presentes representantes de los distintos Ministerios, bajo la dirección del Gerente de la Red de Solidaridad Social, entidad líder de la política social del Gobierno de Ernesto Samper.

El papel de los voceros del Gobierno consistió básicamente en buscar dentro de las líneas de programas ya existentes, cabida y aumentos de cobertura para lograr incluir en ellos lo que se acordara con los dirigentes de las movilizaciones.

A diferencia de las declaraciones del vocero de los campesinos, los funcionarios del Gobierno dieron su propia versión de los acuerdos. Para ellos lo más importante de todo era que, tal y como lo habían planteado desde el comienzo de las conversaciones, no se había negociado la erradicación. Es decir que contrariamente a lo que estaban proclamando los campesinos, en ningún momento se habían comprometido a suspender los planes de fumigación en el Putumayo.[74]

La existencia de interpretaciones tan diversas se debe en principio a que cada actor defiende sus propios intereses y también a que en el documento que contiene los acuerdos no se afirma explícitamente que se suspenderán o se mantendrán las acciones de fumigación.

Con todo lo anterior, hay que reconocer que los voceros del Gobierno asumieron la perspectiva social del conflicto pero no mostraron ninguna inclinación hacia posibilidades de transformación estructural de las políticas de Estado en este territorio. Haciendo un análisis detallado de los acuerdos firmados, los compromisos del Gobierno Central se concentran en la ampliación de cobertura de servicios públicos y la construcción o terminación de obras de infraestructura ya iniciadas, o por lo menos proyectadas de tiempo atrás.

La presencia de la guerrilla, el papel ambiguo de los gobiernos locales y la trascendencia internacional del problema hacen que en medio del conflicto aparezcan actores que aunque no intervengan directamente, inciden de manera significativa en el desarrollo y solución del mismo y en esa medida detrás de la agenda explícita de negociación e incluso en medio de ésta se desarrolle una agenda que aunque no se hace pública se asume y se tiene en cuenta para la toma de decisiones de ambas partes.

La guerrilla de las FARC como actor armado ilegal, la fuerza pública como institución del Estado y la comunidad internacional, conformarían los actores implícitos de la negociación a su vez depositarios de una agenda implícita representada en sus intereses.

Como ya se señaló y explicó en este trabajo, para las FARC los cultivos de coca representan su principal fuente de financiación y como tal su defensa es vital para su existencia como organización armada. Desde el punto de vista político su vinculación con los cultivos de coca les ha permitido un contacto directo con la población de estos territorios, que ante la ausencia de Estado, éste se ha visto suplantado por la guerrilla en algunas zonas rurales en aspectos esenciales como la de dirimir los conflictos entre los particulares.

En el origen de las movilizaciones, de acuerdo a un sinnúmero de testimonios[75], la guerrilla intervino decididamente, casi que asumiendo la convocatoria de la movilización para protestar contra la fumigación de los cultivos de coca.

La guerrilla al convocar a la movilización campesina tenia un objetivo económico claro, que era la defensa de los cultivos de coca, pero también un objetivo político claro y contundente: mostrarle al país y al Gobierno Nacional el poder de movilización y el dominio territorial que ejercen en estas zonas rurales del país.

Ante la fuerte sospecha de intervención de la guerrilla en las movilizaciones, la fuerza pública se mostró contraria a las mismas, en algunos momentos y en algunos espacios geográficos en donde se desarrollaron las marchas campesinas.

Una de las razones que quizás motivaron algunas afirmaciones y actuaciones por parte de la fuerza pública era su preocupación por el efecto político de las marchas campesinas en relación con la demostración de dominio territorial de la guerrilla. Durante los años de 1995 y 1996, la fuerza pública, en particular el ejército fue duramente cuestionado por los pobres resultados en la lucha antisubversiva. Una demostración de poder por parte de la guerrilla no podía menos que preocupar a un ejército desprestigiado en resultados por aquella época.

De otra parte, para el Ejercito Nacional las marchas campesinas eran una oportunidad para demostrarle a la comunidad internacional y en particular los Estados Unidos la estrecha relación de las FARC con los cultivos de coca. Es evidente que el Ejército aspiraba a lograr mayor cooperación internacional en su lucha antiguerrilla demostrando la convivencia entre la guerrilla y los cultivos de coca, como efectivamente lo logró posteriormente con el Plan Colombia.

La presencia de la fuerza pública fue en ocasiones de radical oposición a las actitudes de las autoridades civiles de dejar desarrollar las movilizaciones. De hecho, el Ejército mantuvo al margen de las movilizaciones ciertos puntos estratégicos aún por la fuerza. Ejemplos son en el Putumayo, el Aeropuerto de Puerto Asís y en el Caquetá su capital Florencia.

Frente a los acuerdos que terminaron con las movilizaciones el entonces comandante del Ejercito declaró “ni nos preguntaron ni nos consultaron”[76]. La señal que envía en esta declaración del alto militar es de grandes desacuerdos sobre el manejo de este conflicto al interior del Gobierno. Además el mismo General subrayó que en el documento de los acuerdos son igualados los líderes del paro con el gobierno. Hablan de negociaciones cuando es algo muy difícil de hacer con esa gente porque estamos hablando de narcotraficantes. Allí había personajes muy raros, con vínculos con los grupos subversivos[77]. Otro miembro de la fuerza pública, el Coronel Gallego, Director de la Policía antinarcóticos, declaró “que la fumigación no se negocio y que mientras haya cultivos ilícitos habrá fumigación”.[78]

Este par de declaraciones se diferencian en su tono y trascendencia de las realizadas por los negociadores del Gobierno, lo cual deja claro que la fuerza pública se constituyó en un actor con posiciones independientes del gobierno frente al manejo y tratamiento de las movilizaciones.

La connotación internacional del problema de las drogas hace que la comunidad internacional juegue un papel importante en este conflicto.

La posición radical de los Estados Unidos de acabar con los cultivos ilícitos, sumado a las complejas relaciones que con ese país tuvo el Gobierno de Ernesto Samper, ponía al Gobierno Nacional contra la espada y la pared, al encontrarse con miles de campesinos marchando simultáneamente en tres Departamentos del País y cuyo objetivo principal era evitar la fumigación de los cultivos de coca.

Para el año en que se presentaron las movilizaciones Colombia se comprometió con Estados Unidos a cumplir una meta de erradicación de cultivos ilícitos de 28.000 hectáreas para evitar la descertificación y hasta finales del mes de agosto de 1996 solamente se habían erradicado 12.000.[79]

En declaraciones concedidas a la Revista Semana, un vocero del Departamento de Estado señaló que al gobierno de los Estados Unidos lo que le molesta es que la meta no fue impuesta. Fue el gobierno colombiano el que se comprometió con ese objetivo y una vez más nos va a incumplir.[80]

El Gobierno de Samper tenia de un lado la necesidad de ser coherente con su política social y darle al conflicto un tratamiento en esos términos, pero de otro lado tenía al frente una eventual descertificación por parte del Gobierno Americano y las consecuencias económicas que de esa decisión se derivarían.

Es importante resaltar que algunos países de la Unión Europea, en particular Francia, planteó soluciones menos radicales que la Norteamericana y sugirió comprar la cosecha de coca para destruirla, con el compromiso que los dineros percibidos por los campesinos de parte del Gobierno Francés fueran invertidos en cultivos lícitos. En una línea similar de pensamiento algunas ONGs internacionales respaldaron propuestas sociales para resolver el conflicto.

En agosto de 1996 después de varios días de negociación los representantes del gobierno y los dirigentes de los campesinos firmaron en el municipio de Orito un acta de acuerdo que puso fin a las marchas y obligó al Gobierno Nacional a iniciar una serie de labores tendientes a cumplir unos compromisos traducidos en inversiones sociales y obras de infraestructura.

Al final de las negociaciones tanto el gobierno como los campesinos tenían su propia versión de los resultados obtenidos. Para los campesinos lo más importante fue la perspectiva social que en las negociaciones y en el acta de acuerdo se le otorgó a las iniciativas para superar la economía de la coca. Para el Gobierno lo mejor fue que no se negoció la erradicación y que en cambio los acuerdos se centraron en un conjunto de compromisos de inversión social. Observadores de lo sucedido, como Ricardo Vargas, Investigador del CINEP, quién manifestó que “Lo que hizo cada una de las partes fue comprar un cuarto de hora: el gobierno para detener el avance de las movilizaciones y los campesinos para recoger sus cosechas”[81], representan otras versiones de lo acontecido.

En general hay que decir, que aparentemente las soluciones acordadas para poner fin a la movilización marcan una diferencia con las de otras épocas, porque en ésta la negociación giró en torno a la formulación de un Plan de Desarrollo Integral de Emergencia sobre la base de un modelo de economía solidaria, rentable y sostenible[82]que involucra diversas acciones gubernamentales de carácter económico y social. Sin embargo, los elementos planteados como insumos del mencionado plan no trascienden a los listados de peticiones sectoriales de años anteriores. En efecto, el Plan de Desarrollo Integral de Emergencia se concibe como un listado de compromisos gubernamentales en materia de educación, salud, infraestructura vial y energética, desarrollo económico, vivienda y derechos humanos.

Un plan de desarrollo cuyo objetivo es la transformación de una economía ilícita y con base en la construcción de un modelo económico de carácter solidario, más allá de un listado de obras e inversiones requiere la articulación de las mismas a un propósito colectivo de futuro, que dada la historia de marginalidad de esta región exige de transformaciones estructurales frente al modelo de Estado y el modelo económico extractivista predominante en la historia del Putumayo y la Amazonia.

Un nuevo modelo de Estado exigiría una revisión profunda del proceso de descentralización, una mayor equidad regional en las inversiones del Estado central y una nueva actitud de la clase dirigente nacional para con las alternativas productivas viables en la Amazonia.

Tal y como esta concebido funcionalmente el Estado es difícil que éste pueda cumplir con sus cometidos en territorios como el Putumayo. La política de descentralización requiere de una profunda revisión. En concreto, las entidades territoriales por el hecho de encontrarse en zonas de baja densidad poblacional se ven desfavorecidas para la generación de recursos propios y en el acceso al sistema nacional de transferencias. Por lo tanto su capacidad de respuesta es mínima frente a los desafíos que enfrentan en los territorios bajo su jurisdicción. Es urgente replantear el esquema anterior y al respecto valdría la pena estudiar alternativas como el diseño de un sistema de transferencias más equitativas, que además valoren el patrimonio ambiental que es posible preservar y aprovechar de manera sostenible.

De otra parte, es necesario explorar modelos económicos que permitan superar la economía extractivista. Ya existen conocimientos e interesantes opciones de desarrollo sostenible para la Amazonia y por ende para el Putumayo. Los recursos hídricos, del bosque y en general de la biodiversidad, adecuadamente manejados, ofrecen una variada gama de oportunidades de producción económica para beneficio de las poblaciones locales y con un mínimo impacto ambiental negativo. Al respecto el Estado central ha sido tímido, pues poner en marcha modelos y procesos de desarrollo sostenibles en la Amazonia requiere de voluntad política y en consecuencia de inversiones significativas y de largo plazo.

Con todo, es indudable el enorme esfuerzo y la carga de buenas intenciones por parte de los dirigentes campesinos y algunos funcionarios de gobiernos locales por lograr que la región saliera lo más beneficiada posible en los acuerdos. Hay que reconocer que aún hoy se ejecutan importantes obras e inversiones comprometidas desde aquella época.

Quizás lo más valioso de los acuerdos resulta ser la interlocución lograda por los campesinos, que implícitamente hizo que el gobierno los diferenciara de los narcotraficantes y les permitiera participar en la toma de decisiones sobre programas para la región.

El Gobierno de Andrés Pastrana planteo desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo la estructuración de un Plan Colombia para lograr la paz, buscar la prosperidad y lograr el fortalecimiento del Estado.

Para cumplir sus cometidos el Plan Colombia busca ser financiado en un alto porcentaje por la comunidad internacional, en el contexto de la llamada “Internacionalización positiva del conflicto que vive el País”[83]. El enorme déficit fiscal que afronta el Estado Colombiano hace difícil que una estrategia tan ambiciosa pueda ser financiada en su totalidad con recursos propios, por lo tanto es comprensible la apelación a los recursos externos, sin embargo la ayuda internacional para financiar el Plan Colombia debe ser analizada desde la perspectiva de algunas hipótesis en lo que tiene que ver con las políticas de erradicación de los cultivos de coca y con la relación cada vez mayor que éstos tienen con el conflicto armado.

En efecto, los escenarios de conflicto fuertemente alimentados por la producción de materia prima de sicoactivos pueden generar en la comunidad de naciones diversas percepciones:

Primero, que este es un problema de seguridad regional para Estados Unidos, por lo tanto puede ser tratado no como un proyecto de fortalecimiento de la soberanía nacional y el Estado Colombiano, sino como una estrategia que busque garantizar sus intereses en la región andina, máxime cuando para Norteamérica es fundamental un proceso de anexión de la región al ALCA, y por lo tanto encontrar un mercado estable es prioritario, aún más cuando Estados Unidos esta atravesando por un déficit de su balanza cambiaria;

Segundo, los problemas que padeció el sistema político Colombiano entre 1994 y 1998 por la narcofinanciación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, representaron para el País una perdida considerable de la capacidad negociadora ante la comunidad internacional, por lo tanto el ascenso de Andrés Pastrana al poder en oposición de su antecesor, reconstruyó la relación bilateral con Estados Unidos, pero por supuesto, en términos de cooperación, anclada a la política antidrogas. Por lo tanto la búsqueda de la paz, el logro de la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, como rezan los enunciados del Plan Colombia, estarían ligados íntimamente a una propuesta que garantice resultados en el corto y mediano plazo en materia de erradicación de cultivos de coca. En ese orden de ideas hay que preguntarse que tanta viabilidad podrían tener los consensos internos frente a mecanismos de erradicación de la coca distintos a la aspersión aérea de los cultivos y;

Tercero, a pesar de ciertas líneas de pensamiento divergentes, en la comunidad de naciones y en especial Estados Unidos continúa siendo mayoritaria la tesis de combatir las drogas mediante estrategias contra la oferta de materia prima, y en esos términos la financiación de un Plan dirigido a lograr la paz y el fortalecimiento del Estado se condiciona a intensas políticas represivas para la erradicación de cultivos de coca, que en consecuencia recaen sobre los campesinos cocaleros.

2. ERRADICACION FORZOSA Y DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL CONTEXTO DEL PLAN COLOMBIA.

Según las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para construir la Paz” la política antinarcóticos experimentará una importante variación en su orientación con respecto al tratamiento que tradicionalmente se le ha dado a la lucha contra el narcotráfico y consistirá en un tratamiento diferenciado de los lineamientos de acción frente a los cultivos ilícitos de carácter empresarial, de aquellos en los cuales miles de familias pobres basan su sostenimiento mínimo[84]. Así resumió el Gobierno lo que serían los contenidos del Plan Colombia en lo relacionado con los cultivos de uso ilícito.

Cuando se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo se dijo que en primera instancia se adelantarían etapas de preparación con base en un debate previo con amplia participación en la que se definirían los objetivos del desarrollo regional, para con posterioridad a la priorización de algunos proyectos, orientarlos hacia la autogestión[85]. Este consistiría en entregar a las organizaciones de la sociedad civil la administración de los proyectos productivos, así como su responsabilidad.

Con posterioridad a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en 1999 el Presidente Pastrana esbozó los lineamientos de la propuesta que sería presentada a la comunidad internacional bajo el nombre de Plan Colombia. Con relación al Putumayo cabe destacar lo siguiente:

1. En la estrategia antinarcóticos se plantea un esfuerzo integrado entre las fuerzas armadas y la policía dirigido a erradicar las zonas de cultivo de narcóticos, cuya fase 1 se concentra en el Putumayo[86]. El propósito es reducir en un 50% los cultivos ilícitos en los próximos 6 años. En “erradicación de cultivos” se propone el fortalecimiento de la seguridad en las operaciones conjuntas de fumigación y erradicación[87].

2. Una estrategia para el desarrollo alternativo que busca introducir alternativas integrales, participativas, rentables y económicamente sostenibles en áreas rurales, particularmente en aquellas zonas afectadas por la combinación de conflicto intensivo, presencia deficiente del Estado, capital social bajo, pobreza, cultivos ilícitos y problemas ambientales relacionados con ellos.[88]

Es importante realizar una evaluación de lo que va corrido hasta el momento en el desarrollo de estas dos estrategias del Plan Colombia.

Según el informe de la Contraloría General de la República existen dos fuentes de información acerca del número de hectáreas asperjadas con glifosato en lo que va corrido del año 2000 en todo el País, la primera apunta a un total de 108 mil hectáreas fumigadas y la segunda a 72 mil hectáreas también fumigadas en todo el País. De acuerdo al primer estimativo se estaría hablando del 67% de la superficie con cultivos ilícitos y en el segundo caso se aproximaría al 45%, que de todas maneras representa un número considerable. Sin embargo el mismo informe de la Contraloría advierte, al igual que lo subrayamos cuando hicimos algunos comentarios a las acciones de aspersión aérea en este mismo trabajo, que la erradicación total dependerá de que se afecte seriamente la rentabilidad del negocio, pues de otra manera lo que puede producirse es un desplazamiento de los cultivos hacia otras zonas del País o fuera de él. Fenómeno que es posible identificar cuando se analizan los datos por Departamento, hecho que explica la disminución del área sembrada en unos y su incremento en otros[89], pero en todo caso reducción mínima a nivel nacional.

De acuerdo a registros de la CIA los resultados son aún más dramáticos, pues según sus informes en el 2000 existían en todo el País 136 mil hectáreas y en el 2002 existen 169 mil, que significa un incremento del 25%[90]. La organización de Naciones Unidas discrepa de la CIA, según ellos en el 2002 existen 144 mil hectáreas y por lo tanto la reducción es de 11 mil hectáreas, frente a las 163 mil medidas por ellos mismos el año inmediatamente anterior[91], resultado que no deja de ser pobre si se tiene en cuenta que hasta agosto del año 2002 han sido fumigadas 70 mil hectáreas[92].

Para el caso de Putumayo, en el año 2001 se fumigaron 23.176 hectáreas y a partir de agosto del 2002 se reinicio la fumigación. Los resultados siguen siendo pobres, pues en el año 2000 el Putumayo registró la extensión más grande de hectáreas cultivadas comparadas con años anteriores llegando 66.022 hectáreas y en el 2001 con fumigación, pero también con pactos de erradicación voluntaria tan solo se percibe un leve descenso llegando a 66.000 hectáreas[93].

En el último censo del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia SIMCI se registra una importante disminución del número de hectáreas de coca a nivel nacional, sin embargo se advierte de un incremento significativo de las mismas en el Departamento de Nariño, confirmándose una vez más el efecto globo generado por las políticas de erradicación forzosa en especial la aspersión aérea con químicos[94]Con los resultados atrás descritos se impone una evaluación costo-beneficio de la política de erradicación forzosa, en particular la estrategia de aspersión aérea y porque no, se hace necesario, sobre la base de los resultados un reexamen de las estrategias antinarcóticos en su conjunto.

2.2 El desarrollo alternativo expresado en los pactos sociales de erradicación voluntaria.

A partir de la oposición de los campesinos del Putumayo y de sus autoridades locales a la aspersión aérea de los cultivos de coca, se dio lugar desde el año 2000, a la implementación y puesta en marcha de unos pactos de erradicación voluntaria entre el Gobierno Nacional y las familias cultivadoras de hoja de coca en los nueve municipios del medio y bajo Putumayo. Se suscribieron 33 pactos de erradicación voluntaria, 31 con comunidades campesinas pequeños productores y 2 con pueblos indígenas que comprometen aproximadamente 30 mil familias.[95]

Los pactos sociales son acuerdos de voluntades entre el Estado y los campesinos dispuestos a sustituir el origen de los ingresos hasta ahora provenientes del cultivo de la coca, por unos ingresos provenientes de la producción, transformación y comercialización de actividades agropecuarias lícitas. En una primera etapa el Estado hace entrega a los campesinos dos millones de pesos $2000.000,oo en especie para garantizar seguridad alimentaría y a su vez los campesinos se comprometen en un año a erradicar sus cultivos. Los pactos incluyen en un proceso posterior un compromiso del Gobierno de adelantar proyectos complementarios para generar mayor productividad y valor agregado.

Paralelamente a los pactos sociales, con base en la iniciativa por un Putumayo sin coca y con inversión social, los gobiernos del nivel nacional, departamental y municipal se comprometieron a efectuar inversiones inmediatas en proyectos productivos y complementarios bajo la denominación de Programa de iniciativas locales de desarrollo alternativo para la erradicación temprana PILDAET. Este programa considera 6460 familias firmantes comprometidas en la erradicación de 4522 hectáreas, que se beneficiarán a través de proyectos por un valor de 31.500 millones. Este programa inicio en enero del 2002, y en mayo del 2002 reportaban 1172 hectáreas erradicadas, que corresponden al 26% de la extensión pactada, y la atención a 2792 familias.[96]

Sin lugar a dudas tanto los pactos sociales como las PILDAET representan un interesante esquema de acuerdo de voluntades entre el Gobierno y los campesinos, que los diferencia a éstos de los narcotraficantes, les reconoce interlocución y asume el problema desde una perspectiva social y no criminal, que en medio de todo representa un avance frente a concepciones radicales expresadas desde algunos sectores de la comunidad internacional. Sin embargo, hay que anotar que se han presentado dificultades en su ejecución y porque no decirlo incumplimientos[97], en ocasiones por parte del Gobierno, pero también de los campesinos. Sería quizás injusto responsabilizar a los actores involucrados de las dificultades presentadas, más bien diríamos que el problema de fondo esta en el enfoque del esquema como política de Estado. En efecto, unos pactos concebidos con erradicación a un año, cuya base para iniciarse fueron los proyectos de seguridad alimentaría que de ninguna manera tendían a reemplazar los ingresos provenientes de los cultivos de coca, se fueron deslegitimando por asuntos de forma que se expresaron en problemas minúsculos como el “supuesto”sobrecosto del ganado entregado como subsidio alimentario o la mora en la entrega de los mismos, que al final llenaron de escepticismo a la comunidad del Putumayo históricamente prevenida por incumplimientos de antaño y de argumentos a los enemigos de la concertación y amigos de la aspersión.

También hay que destacar, como lo señala la Contraloría General de la República, que ha faltado mayor coordinación entre el desarrollo de los pactos sociales y las PILDAET con las estrategias de erradicación forzosa, pues se presentaron casos de fumigaciones en las mismas áreas en donde se llevaron a cabo los proyectos alternativos. La misma Contraloría llama la atención acerca de los precarios montos de inversión comparados con la importancia estratégica de la erradicación voluntaria[98], pues para hacerse una idea al respecto hay que señalar que de los 860 millones de dólares de ayuda de los Estados Unidos solamente 68 corresponden a las inversiones en desarrollo alternativo.[99]

Desde el principio no hubo claridad acerca de los alcances y contenido de estos pactos. Se creía que estos pactos deberían determinar no solo el área de cultivos de uso ilícito a erradicar sino unos indicadores de verificación sobre la sostenibilidad de las alternativas productivas con base en las cuales las comunidades intentarían sustituir de manera definitiva los cultivos proscritos[100]. Este propósito coincidía con las aspiraciones de los pequeños cultivadores, en el sentido de emprender una experiencia innovadora basada en la concertación por medios pacíficos y mediante la construcción de confianzas entre las comunidades, las autoridades locales y el Gobierno Nacional, además, dirigidas a la promoción y construcción de formulas políticas, jurídicas, institucionales y económicas que resolvieran el ancestral marginamiento socioeconómico que ha facilitado la proliferación desmedida de los cultivos de uso ilícito en las zonas de frontera agropecuaria.[101]

Es probable que haya existido una buena intencionalidad en la formulación de este modelo, pero la verdad es que él jamás se aproximo a la resolución de las causas estructurales que han dado pie a la extensión y proliferación de los cultivos de hoja de coca en el Sur de Colombia. En efecto, el modelo de pactos sociales jamás considero variables necesarias para transformar la economía cocalera: la no viabilidad de las unidades económicas familiares como base exclusiva para la reconversión productiva, el inadecuado uso del suelo y de la oferta ambiental, la contradicción entre la disponibilidad de redes de infraestructura para la producción y la distribución espacial de la población, la insostenibilidad de algunos asentamientos humanos y la dificultad para concertar los proyectos de inversión requeridos para articular el territorio en relación con la competitividad en los mercados extraregionales, y sobre todo, la inviabilidad técnico administrativa y fiscal del ordenamiento político y administrativo en las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito.[102]

Lo más grave de lo atrás descrito, es que al igual que ha sucedido en otras ocasiones, el fracaso de las estrategias de erradicación voluntaria se convierte en un factor de escepticismo por parte de los Campesinos hacia el Estado y en un nuevo argumento hábilmente utilizado por quienes desde la comunidad internacional, y aún al interior del País, presionan la puesta en marcha de estrategias represivas como la aspersión aérea con químicos y el endurecimiento de la política criminal.

A MANERA DE CONCLUSION:

Al iniciar el presente trabajo se hizo mención a las profundas fracturas del proceso de construcción de Nación en nuestro País, para intentar un análisis más integrado y estructural de las causas que dieron lugar a la construcción de regiones y sociedades en medio de un sistema económico extractivista con poca o ninguna tutela Estatal, que en los últimos decenios del siglo inmediatamente anterior derivaron en la expansión de los cultivos de uso ilícito y la presencia de actores armados en el Sur de Colombia y de manera particular en el Putumayo.

Lo anterior sugiere abordar desde un enfoque también estructural alternativas de solución que permitan construir de una parte un sistema productivo legal y sostenible y de otra un proceso de legitimación del Estado de Derecho. A continuación se sugiere de manera sintética dos grandes líneas de acción: una profunda revisión de la política antidrogas y la estructuración de un modelo de desarrollo sostenible amazónico.

Mucho se ha anotado en éste y otros trabajos acerca de lo equivocada de la política antidrogas en lo que toca al tratamiento de los campesinos pequeños cultivadores de coca o amapola, sobre todo en lo concerniente a las aspersiones aéreas con químicos y a la política criminal. Numerosos escritos revelan con cifras la ineficacia de estas estrategias represivas. Diversas y fundadas son las argumentaciones que llaman la atención sobre la necesidad de darle un tratamiento de carácter social y no criminal a los campesinos dedicados no industrialmente a los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, todas ellas, casi siempre se enfrentan a un obstáculo que luce insuperable: la posición del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hacer? Es la pregunta por resolver. Lo primero que habría que decir es que el único camino es hacer uso de la política exterior y de su principal instrumento: la diplomacia.

Sin embargo, antes es necesario precisar que el Gobierno Colombiano no ha planteado en su política exterior propuestas realmente alternativas a la política antidrogas, por el contrario Colombia ha hecho parte activa de la política antidrogas de Estados Unidos, en otras palabras, los intereses de Estados Unidos y Colombia en la lucha contra las drogas no están dados a priori, ni son impuestos mediante el mero uso de la coerción en ninguno de los dos casos. Estos intereses son el resultado de un proceso histórico de interacción y de construcción conjunta de marcos de entendimiento y varían, en la misma medida en que lo hace el contexto en el que se da la interacción.[103] En suma, Colombia ha adherido activamente a una versión prohibicionista de la lucha contra las drogas liderada por Estados Unidos, de una forma voluntaria y reflexiva, en un intento por definir y difundir su identidad como Estado adscrito, en el contexto del nuevo orden internacional, a la cada vez más amplia esfera de influencia de Estados Unidos. La adopción casi irrestricta e incondicional del País a la versión Estadounidense de la lucha contra las drogas es también un intento por mostrar al mundo de qué lado estamos, de quien somos amigos, quiénes son nuestros aliados.[104]

Hecha esta precisión, lo que se sugiere, por el camino de la diplomacia, es que el Gobierno Colombiano se abandere de un liderazgo en primera instancia de la comunidad andina para intentar variaciones en la política antidrogas y lograr consensos internacionales que conduzcan a morigerar la versión prohibicionista-criminal para ser reemplazada por una política social de la fase primaria de la cadena del narcotráfico en su modalidad no industrial: los campesinos pequeños cultivadores de hoja de coca y amapola. No se trata de confrontar a los Estados Unidos y mucho menos de pretender acabar con una alianza que en las actuales circunstancias luce necesaria, sino de intentar por las vías institucionales de la diplomacia la construcción de nuevos consensos para revitalizar las alianzas ya existentes.

Pastrana lidero con relativo éxito una diplomacia para la paz, Uribe pretende hacerlo contra el terrorismo, ¿porqué no intentarlo para la recuperación económica y social de las zonas cocaleras y amapoleras?, como parte de la lucha antidrogas y fundamentalmente como una estrategia de inserción al desarrollo de zonas históricamente marginadas.

Sería interesante observar al Gobierno Colombiano proponiendo en los foros multilaterales una versión renovada de la política antidrogas, en la cual se plantee no un escenario marginal al desarrollo alternativo, como ha sucedido hasta ahora, sino central y de fondo, en el que proyectos como los forestales, el potencial hídrico y de la biodiversidad sean temas centrales de la agenda de la política exterior.

No se puede olvidar que de estas zonas se esta derivando quizás la mayor parte de uno de los mayores dramas humanitarios: el desplazamiento forzado que surge por la fuerza de la violencia y también por la fuerza de la pobreza y la miseria.

Quizás el gran fracaso de los tímidos intentos por generar estrategias de desarrollo alternativo en las zonas donde existen cultivos de uso ilícito es que ellas han sido parte de la estrategia global de lucha contra las drogas que impone resultados en el corto plazo y sin dimensionar las causas estructurales que propiciaron la existencia de estos cultivos. Tal vez es preciso pensar en un autentico modelo de desarrollo amazónico fruto del consenso regional, con un decidido apoyo nacional y una verdadera estrategia de cooperación internacional de largo plazo para su financiación. Pasos necesarios hacia su estructuración:

-Un nuevo ordenamiento político territorial. Desde hace tiempo se viene discutiendo, desafortunadamente en círculos académicos y políticos cerrados, un nuevo ordenamiento político territorial para Colombia como elemento fundamental para la conclusión del proceso de construcción de nación. Creemos en esa necesidad, pues de hacerse bien reconocería la unidad en la diversidad, cuyo desconocimiento es quizás una de las causas de los graves conflictos que hoy vive el País. Ahora bien, en los términos de construir un verdadero modelo de desarrollo amazónico en el País, debe ser condición fundamental un ordenamiento político territorial que no solo profundice la descentralización sino que ojalá desarrolle procesos autonómicos diferenciados que hagan viables fiscal y administrativamente las entidades territoriales de regiones como la Amazonia, que de seguir en el modelo actual estarán condenadas a la pobreza y en consecuencia a la incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la población asentada en su jurisdicción.

-Conciencia y voluntad política para asumir como externalidad la oferta ambiental. En medio de las particularidades del suelo amazónico y de la crisis de la agricultura tradicional se impone como ventaja comparativa regional la oferta ambiental, sin embargo el Estado Colombiano parece no haberse dado cuenta de ello, pues muy pocos pasos se han avanzado en ese sentido. Tan solo el Gobierno actual ha venido insinuando, aún sin mucha claridad, la implementación de proyectos pilotos de reforestación como estrategia de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero tal y como se ha señalado en el presente trabajo más que una alternativa a la economía cocalera los proyectos como éste –los forestales- debieran ser una política de Estado tendiente a generar divisas, lo que implicaría no solo un compromiso Estatal sino también de la clase empresarial. Muchos países del mundo, incluso Chile en Sur América, han logrado que el sector forestal se convierta en un renglón de primer orden de sus exportaciones. De igual manera sucede con otras alternativas consideradas como oferta ambiental que no han sido aún potenciadas en la Amazonia Colombiana.

-El fortalecimiento del tejido social en la región amazónica. Como se ha insistido a lo largo del presente trabajo, los procesos de colonización de la frontera agropecuaria, incluida la Amazonia, ha sido más el resultado de los conflictos agrarios nunca resueltos en el interior del País y de las bonanzas de la economía extractivista siempre presente en la región amazónica, por lo tanto ha sido una colonización espontanea, sujeta a sus propios ritmos y lógicas, cuya respuesta Estatal, cuando ha existido, se ha dirigido más a la criminalización que a la asistencia para mejorar las condiciones de vida de los colonos, razones por las cuales es necesario que el Estado diseñe estrategias de legitimación que deben empezar por propiciar espacios de participación ciudadana continuada en la formulación de un autentico modelo de desarrollo regional. En este aspecto es urgente pasar de la retórica a los hechos y aunque suene increíble una estrategia de estas dimensiones requiere de grandes inversiones y de enormes esfuerzos.

BIBLIOGRAFIA

Acta Final de acuerdo entre la comisión negociadora del Gobierno Nacional y la comisión negociadora del paro cívico del Departamento del Putumayo. Orito 19 de agosto de 1996.

AGENDA 21 AMAZONIA COLOMBIANA. Documento de lineamientos de Política, Ministerio del Medio Ambiente, Sinchi y Corpoamazonía, agosto de 1998.

BARRAGAN JACKELINE y VARGAS RICARDO. “Desarrollo Alternativo En Colombia: Pautas Para Una Redefinición Política”. Publicado en “Drogas, Poder y Región en Colombia, Editorial Cinep.

BEJARANO JESÚS ANTONIO. Una Agenda Para La Paz. Aproximaciones Desde La Teoría De La Resoluciones de Conflictos, Editorial TM Editores.

BONILLA CLAUDIA Y GAVIRIA OSCAR. Impacto De La Economía De La Coca En El Putumayo, Documento sin editar., Pág. 12-13.

BORDA GUZMAN, SANDRA. “La política Exterior Colombiana Antidrogas o como se reproduce el ritual realista desde el tercer mundo”. Publicado en “Prioridades y Desafíos de la Política Exterior Colombiana”. Editorial Friedrich Ebert Stiftung en Colombia FESCOL. Pág. 285.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ. Plan Nacional de Desarrollo-Bases 1998-2002, Editorial Departamento Nacional de Planeación.

CLEMENS, Markham. El Libro Rojo del Putumayo, Editorial Arboleda y Valencia, Santafé de Bogotá, 1913.

COMISIÓN AMAZÓNICA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. Amazonia Sin Mitos, Editorial Oveja Negra.

CONSULTORIAS Y COBRANZAS LTDA. Análisis del proceso de erradicación manual voluntaria de cultivos de coca mediante pactos sociales en de Departamento de Putumayo. Puerto Asís 2001. Pág. 14.

Contraloría General de la Republica. Plan Colombia. Primer informe de evaluación . Pág. 17,34, tabla 7.

Contraloría General de la Republica. Segundo Informe de la Evaluación del Plan Colombia. Pág. 26, tabla 14.

CORPOAMAZONIA. Ideas de objetivos de una política ambiental para la Amazonia. Documento interno de trabajo.

COSER LEWIS. La terminación del Conflicto, publicado en los cambios Sociales compilado por Amitai y Eva Etzioni, página 419, Editorial Fondo de Cultura Económica.

DAHRENDORF RALF. Hacia una teoría del Conflicto Social, publicado en “Los Cambios Sociales” de Amitai y Eva Etzioni, editorial Fondo de Cultura Económica.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Sensibilización Para El Desarrollo. Plan Departamental de Desarrollo 1995-1998.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO. Listados Operativos De Lucha Contra El Narcotráfico Durante 1996.

DE ROUX FRANCISCO. El Problema Etico, Publicado En “Drogas, Poder Y Región”, Editorial Cinep.

DIARIO EL TIEMPO. Publicación del 21 de agosto de 1996, página 10ª. La información fue suministrada a este diario por el entonces Gobernador del Putumayo JORGE FUERBRINGER BERMEO.

DIARIO EL TIEMPO. Publicación del 30 de abril 2000, “Corte de Guerra, Zozobra en las Cocaleras”, Pág. 14b.

DIARIO EL TIEMPO. Publicación del 23 de agosto del 2002, “Logros pirricos”, Pág 1-20.

ECHANDÍA CAMILO. El Conflicto Armado Y Las Manifestaciones De Violencia En Las Regiones De Colombia, Documento publicado por el Observatorio de la Violencia de la Oficina del alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República.

FAJARDO DARIO. Territorialidad Y Estado En La Amazonia Colombiana, ensayo publicado en “Territorios, Regiones, Sociedades”, Renan Silva Editor.

GARAY LUIS JORGE. “Construcción de una Sociedad”. Editorial Alfaomega, Pág. 6,8,9,10.

GALARZA MERA WILLIAM. Director Departamento Administrativo de Salud Putumayo. (entrevista)

GIDDENS ANTHONY. La Tercera Vía – La Renovación de la Social Democracia -, Editorial Taurus.

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO. Plan Piloto Territorial De Convivencia, Plan Departamental de desarrollo 1998-2001.

GONZALEZ ARIAS JOSE JAIRO. “Amazonía Colombiana, Espacio y Sociedad”. Editorial CINEP, 1998, pagina 240.

GONZALEZ FERNAN. “Poblamiento y conflicto social en la historia Colombiana”, publicado en “Territorios, Regiones, Sociedades”. Renán Silva Editor.

GONZALEZ ARIAS JOSE JAIRO. Amazonía Colombiana: Espacio y Sociedad, Editorial CINEP, Santafé de Bogotá, 1998.

GUERRERO IVAN GERARDO. Gobernador Departamento de Putumayo. “Elementos para una visión regional de los cultivos de uso ilícito de coca”. IV Cumbre de la Surcolombianidad. Mocoa, Mayo 2002. Pág. 13,15.

LECHNER NORBERT. La Problemática Invocación de la Sociedad Civil, publicado en la revista Foro número 28 de enero de 1996, Ediciones Foro Nacional por Colombia.

MILLS WRIGHT. Las fuentes de poder de la Sociedad, publicado en “Los cambios sociales” cuyos compiladores son Amitai y Eva Etzioni, Editorial Fondo de Cultura Económica.

NAYLOR R.T. The Insurgent Economy: Black Market Operations Of Guerrilla Organizations, En crime, Law and social Change, No. 20, Kluwer Academic Publishers, 1993.

PALACIO GERMÁN. Resolución Alternativa De Conflictos: ¿La Nueva Cara De La Política Judicial? Publicado En “Conflicto Y Contexto. Resolución Alternativa De Conflictos Y Contexto Social”, Editorial TM Editores.

PLAN COLOMBIA. Publicado en la revista “Desde Abajo”. Noviembre de 1999, Pág. 27.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – BASES. 1998-2002. “Cambio para construir la Paz” Editorial Departamento Nacional de Planeación.

PRESIDENCIA DE LA RÉPUBLICA. Informe del Presidente Andrés Pastrana al Congreso de la República. 20 de julio del 2002

RAMIREZ MARÍA CLEMENCIA, “ENTRE EL ESTADO Y LA GUERRILLA; identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo”. Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Colciencias. Pagina 83-85-85-86-87.

REMENTERIA IBAN. “La Guerra de las Drogas”, editorial Planeta Colombiana 2001, pagina 175.

RESTREPO, López José. El Putumayo en el Tiempo y El Espacio, Editorial Bochica, Santafé de Bogotá, 1985.

REVELO DIVA Y SANCHEZ NANCY. Mortalidad Violenta En El Putumayo, Departamento Administrativo de Salud Putumayo. Pag 5,6.

Revista Cromos, edicion No 3380, Bogotá, 26 de octubre de 1982. Págs 57,58,59,60.

REYES ALEJANDRO. “Territorios de la violencia en Colombia”, ensayo publicado en “Territorios, Regiones, Sociedades”. Renán Silva Editor.

RIOS MUÑOZ JOSÉ NOÉ. Como Negociar A Partir De La Importancia Del Otro, Editorial Planeta.

RIVERA MARIA VICTORIA. Sustitución de cultivos ilícitos: Elementos y propuestas para el desarrollo alternativo. En: Drogas, poder y región en Colombia. Vol 2 Edit CINEP. Santafé de Bogotá 1994.

ROCHA GARCIA RICARDO (2000). “La Economía Colombiana tras 25 años de narcotráfico. UNDCP y Siglo del Hombre Editores. Bogotá.

SALAZAR ALONSO. Drogas Y Narcotráfico En La Sociedad Colombiana, Editorial Corporación, Región y Proyecto Enlace.

SANCHEZ NANCY Y GUZMAN JORGE LUIS. “Política antinarcóticos”, trabajo preparatorio sesión contexto internacional. Universidad Pedagógica Nacional, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Maestría en Desarrollo Educativo y Social. UPN10. Pág. 2.

SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Censo Nacional de Cultivos Ilícitos de Coca. 2002. Pág. 6.

TOKATLIAN JUAN GABRIEL. “En átomos Volando. La fumigación de cultivos ilícitos: una opción trágica”. Revista Numero 18. Junio-Julio-Agosto 1998.

TOKATLIAN JUAN GABRIEL. “Política de Drogas de Estados Unidos y Cultivos Ilícitos en Colombia”. Publicado en la Revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Numero 35. Pág. 48

VARGAS, Meza Ricardo. Fumigación y Conflicto, TM Editores – TNI Acción Andina, Santafé de Bogotá, 1985.

YANDUN CARLOS. Presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP (entrevista)

[1] GONZÁLEZ Fernán. “Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana”, publicado en “Territorios, Regiones, Sociedades”. Renán Silva Editor. Páginas 13 y 14.

[2] La ley 2 de enero 17 de 1959 establece, entre otras, la zona de reserva forestal de la Amazonia en la que se incluye buena parte del territorio del Putumayo.

[3] “Ideas de objetivos para una política ambiental para la Amazonia Colombiana”. Documento para la discusión, septiembre de 1996. CORPOAMAZONIA. Página 3.

[4] FAJARDO Dario. “Territorialidad y Estado en la Amazonia Colombiana”, ensayo publicado en “Territorios, Regiones, Sociedades” Renán Silva Editor, Págs 79 y 80.

[5] RESTREPO López José. “El Putumayo en el Tiempo y en el Espacio”. Editorial Bochica, Santafé de Bogotá 1985, página 32.

[6] En términos económicos, el costo de oportunidad de un factor productivo en un cierto proceso de producción se define como la mayor remuneración que éste esta dejando de recibir al no ser empleado en otras actividades. En mercados competitivos la remuneración de un factor productivo tiende a ser igual a su productividad marginal, y ésta a su costo de oportunidad.

[7] RESTREPO López José. “El Putumayo en el Tiempo y en el Espacio”. Página 19. Editorial Bochica 1985.

[8] Ibidem.

[9] MARKHAM Clemens. “El Libro Rojo del Putumayo”, Páginas 11 y 12, Editorial Arboleda y Valencia, Bogotá 1913.

[10] RESTREPO López José. “El Putumayo en el Tiempo y en el Espacio”. Editorial Bochica, Bogotá 1985, página 19.

[11] Ibidem. Página 20.

[12] BONILLA Víctor Daniel. “Siervos de Dios y Amos de Indios”. Ediciones Tercer Mundo, Bogotá 1968, página 191.

[13]Ibidem. Página 148.

[14] Al respecto conviene leer a Víctor Daniel Bonilla en “Siervos de Dios y Amos de Indios” en los capítulos identificados como bienes, política y métodos agrarios capuchinos, y la “reforma agraria capuchina”. Ediciones Tercer Mundo.

[15] CASAS Aguilar Justo. “Evangelio y Colonización” ECOE Ediciones 1999. Página 228.

[16] GONZALEZ Arias José Jairo. “Amazonia Colombiana, Espacio y Sociedad”. Editorial CINEP, 1998, página 240.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem. Página 242.

[19] RIVERA María Victoria. Sustitución de cultivos ilícitos: Elementos y propuestas para el desarrollo alternativo. En: Drogas, poder y región en Colombia. Vol 2. Edit CINEP. Santafé de Bogotá 1994.

[20] REMENTERIA Iban. “La Guerra de las Drogas”, editorial Planeta Colombiana 2001, página 175.

[21] La Edición 903 de la Revista Semana de agosto 23 de 1999 desarrolla en sus páginas 34 y 35 un breve análisis de la extensión de los cultivos de coca en el País y en particular en el Putumayo.

[22] GONZALEZ José Jairo. Amazonia Colombiana, Espacio y Sociedad. Santafé de Bogotá 1998. Editorial CINEP, Páginas 83 y 84.

[23] BONILLA Claudia y GAVIRIA Oscar. “Impacto de la Economía de la Coca en el Putumayo” 1997. Documento sin editar. Pág 1.

[24] Revista Semana. Edición 903. Agosto 23 a 30 de 1999. Declaraciones concedidas a esta revista por Jorge Devia Murcia, para la época Gobernador del Putumayo. Página 35.

[25] RAMIREZ María Clemencia, “ENTRE EL ESTADO Y LA GUERRILLA; identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo”. Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Colciencias. Página 83.

[26] BONILLA Claudia y GAVIRIA Oscar. “Impacto de la economía de la coca en el Putumayo” Documento sin editar página 12.

[27] BOINILLA Claudia y GAVIRIA Oscar. “Impacto de la economía de la coca en el Putumayo” Documento sin editar páginas 12 y 13.

[28] GARAY Luis Jorge. “Construcción de una Nueva Sociedad”, Editorial Alfaomega, página 6.

[29] RAMIREZ María Clemencia. “ENTRE EL ESTADO Y LA GUERRILLA; Identidad y Ciudadanía en el Movimiento de los Campesinos Cocaleros del Putumayo”. Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Colciencias. Página 85.

[30] Idem, página 86.

[31] Idem, página 87.

[32] REMENTERIA Ibán. “La Elección de las Drogas” Editado por la Fundación Friedrich Ebert. Página 113.

[33] Según Luis Jorge Garay por rentismo se entiende la reproducción de prácticas impuestas de facto, al margen del orden institucional, por grupos poderosos en usufructo de su privilegiada posición bien sea política o económica o incluso ambas, para la satisfacción egoísta y excluyente de intereses propios a costa de los intereses del resto de la población. Aclara Garay que este concepto de rentismo corresponde a una óptica teórica que va más allá de la tradicional sobre la “búsqueda de rentas”. Información más detallada sobre el rentismo se puede observar en “Construcción de Sociedad” de Luis Jorge Garay, publicado por editorial Alfaomega en las páginas 8, 9 y 10.

[34] REVELO Diva y SANCHEZ Nancy. “Mortalidad Violenta en el Putumayo. Documento de trabajo del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo. Página 5.

[35] Ibidem. Página 6.

[36] Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial del 09 de octubre del 2002.

[37] Entre 1982 y 1998, las utilidades del narcotráfico se estiman en unos US31.768 millones, lo que equivale a un promedio anual correspondiente al 4.4.% del PIB. ROCHA GARCIA Ricardo(2000). “La Economía Colombiana tras 25 años de narcotráfico. UNDCP y Siglo del Hombre Editores. Bogotá.

[38] ECHANDIA Camilo. “El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia”. Documento publicado por el Observatorio de la Violencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República. Pág 22.

[39] Versión recogida en habitantes de la región que por su seguridad no divulgamos sus nombres.

[40] SALAZAR Alonso : “Drogas y Narcotráfico en la Sociedad Colombiana”. Edit. Corporación Región y Proyecto Enlace. Página 116.

[41] Diario EL TIEMPO, “Corte de Guerra”, 30 de abril del 2000, página 14B.

[42] GONZÁLES Arías José Jairo. “Amazonia Colombiana, Espacio y Sociedad”. Editorial CINEP, 1998, página 247.

[43] Idem.

[44] Son diversas las versiones que en ese sentido han expuesto campesinos de la región, que por razones de seguridad no divulgamos sus nombres.

[45] Ibidem

[46] Diario EL TIEMPO, “Zozobra en las cocaleras”. 30 de abril del 2000, página 14B.

[47] SANCHEZ Nancy y GUZMAN Jorge Luis. “Política antinarcóticos”, trabajo preparatorio sesión contexto internacional. Universidad Pedagógica Nacional, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Maestría en Desarrollo Educativo y Social. UPN10. Página 2.

[48] Juan Gabriel Tokatlian. “En átomos volando. La fumigación de cultivos ilícitos: una opción trágica”. Revista Numero 18. Junio-Julio-Agosto 1998.

[49] TOKATLIAN Juan Gabriel. “Política de Drogas de Estados Unidos y Cultivos Ilícitos en Colombia”. Publicado en la Revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Número 35. Página 48.

[50] VARGAS Meza Ricardo. Fumigación y Conflicto. TM Editores. TNI-ACCIÓN ANDINA. Santafé de Bogotá, 1999. Página 107.

[51] Ibidem.

[52] Ibidem, página 108.

[53] Ibidem.

[54] Ibidem.

[55] Los anexos del trabajo de Ricardo Vargas “fumigación y conflicto”, señalan que el Imazapyr es un potente herbicida sistémico de amplio espectro, no selectivo y actividad residual. Posee una alta movilidad y por tanto una alta posibilidad de contaminar fuentes de agua. Es un agente corrosivo y causa daño irreversible en ojos y enrojecimiento, descamación y costras en la piel.

[56] VARGAS Meza Ricardo. Fumigación y Conflicto. TM Editores. TNI-ACCIÓN ANDINA. Santafé de Bogotá, 1999. Página 108.

[57]Segundo Informe de Evaluación del Plan Colombia. Contraloría General de la República. Página 26, tabla 14.

[58] SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Censo Nacional de Cultivos Ilícitos de Coca. 2002. Página 6.

[59]“Elementos para una visión regional de los cultivos de uso ilícito”. Presentado por Iván Gerardo Guerrero, Gobernador del Departamento del Putumayo, en la IV cumbre de la Surcolombianidad. Página 15.

[60] Editorial diario el Tiempo, lunes 3 de marzo del año 2002.

[61] BARRAGAN Jackeline y VARGAS Ricardo. “Desarrollo Alternativo en Colombia : pautas para una redefinición política”, publicado en Drogas, Poder y Región en Colombia” Edit Cinep, página 202.

[62] Ibídem, página 209.

[63] DE REMENTERIA Ibán. “La guerra de las drogas” Edit Planeta Colombiana, página 177.

[64] Ibídem, página 177.

[65] Ibidem, página 112.

[66] Revista Cromos, edición No 3380, Bogotá, 26 de octubre de 1982. Páginas 57, 58, 59, 60.

[67] VARGAS Meza Ricardo. “Fumigación y Conflicto”. Noviembre de 1999. TM EDITORES – TNI ACCION ANDINA. Página 85.

[68] Ibidem. Página 86.

[69] Diario el TIEMPO, publicación del 21 de agosto de 1996 pág 10A. La información fue suministrada a este diario por el entonces Gobernador del Putumayo Jorge Fuerbringer Bermeo.

[70] VARGAS Meza Ricardo. Fumigación y Conflicto. Santafé de Bogotá 1999. TM Editores-TNI-Acción Andina. Página 107.

[71] Son varios los testimonios en este sentido, sin embargo por razones de seguridad estas personas han solicitado que sus nombres no sean citados en el presente trabajo.

[72] Revista Semana. Agosto 27 a septiembre 6 de 1996. Edición 747, página 32.

[73] Ibidem. Página 33.

[74] Revista Semana. Agosto 27 a Septiembre 3 de 1996. Edición 747. Página 32.

[75] Los nombres de las personas que nos entregaron su testimonio en el sentido citado, nos solicitaron mantener sus nombres en reserva.

[76] Revista Semana. Agosto 26 a Septiembre 3 de 1996. Edición No 747. Página 33.

[77] Ibidem. Página 34.

[78] Ibidem. Página 33.

[79] Ibidem. Página 36.

[80] Ibidem. Página 36.

[81] Revista Semana, Agosto 27 a septiembre 3 de 1996. Edición 747, página 33.

[82]Acta final de acuerdo entre la comisión negociadora del Gobierno Nacional y la comisión negociadora del paro cívico del Departamento del Putumayo. Orito, 19 de agosto de 1996, página 1.

[83] Esta frase es usada frecuentemente por Juan Gabriel Tokatlian, y con ella intenta denominar las posibilidades de ayuda de la comunidad de naciones para superar el conflicto y alcanzar la paz en Colombia. Para más detalles leer en los “laberintos de la guerra” a Juan Gabriel Tokatlian en el capítulo 6 “acerca de la dimensión internacional de la guerra y de la paz en colombia: conjeturas sobre un futuro incierto” página 243. TM editores.

[84] Plan Nacional de Desarrollo-Bases 1998-2002. “Cambio para construir la Paz” página 229, edit Departamento Nacional de Planeación.

[85] Ibídem, página 233.

[86] Magazín dominical, Diario el Espectador, enero 2 del 2000, página 6.

[87] Ibidem, página 7.

[88] Plan Colombia. Publicado en la revista “Desde Abajo”. Noviembre de 1999, página 27.

[89] Contraloría General de la República. Segundo informe de evaluación del Plan Colombia 2001. Páginas 25 y 26.

[90] Diario El Tiempo, “Logros Pírricos”, página 1-20. 23 de agosto del 2002.

[91] Ibidem.

[92] Diario El Tiempo. “Aumenta Cocaína Sucia”. Página 1-20. 23 de agosto del 2002.

[93] Plan Colombia. Segundo Informe de Evaluación. Página 26. Tabla 14. Contraloría General de la República.

[94] SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia. Censo Nacional de cultivos de coca. Página 6. Año 2002.

[95] Informe del Presidente Andrés Pastrana al Congreso de la República. 20 de julio del 2002. Página 240. Presidencia de la República.

[96] “Elementos para una visión regional de los cultivos de uso ilícito”. Presentado por la Gobernación del Putumayo en la IV cumbre de Gobernadores de la Surcolombianidad. Página 13. Mocoa, mayo del 2002.

[97] Plan Colombia. Segundo informe de evaluación. Contraloría General de la República. Página 34.

[98] Plan Colombia. Primer informe de evaluación. Contraloría General de la República. Página 34.

[99] Plan Colombia. Primer informe de evaluación. Contraloría General de la República. Página 17, tabla 7.

[100] Análisis del proceso de erradicación manual voluntaria de cultivos de coca mediante pactos sociales en el Departamento del Putumayo. Consultoría y Cobranzas Ltda.. Puerto Asís 2001. Página 14.

[101] Ibidem. Página 14

[102] Ibidem. Página 15.

[103] Borda Guzmán Sandra. “La Política Exterior Colombiana Antidrogas o cómo se reproduce el ritual realista desde el tercer mundo”. Publicado en “Prioridades y desafíos de la Política Exterior Colombiana”. Editorial Friedrich Ebert Stiftung en Colombia FESCOL. Página 285.

[104] Ibidem. Página 308.

	A Ñ O S
MUNICIPIOS	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1991-1998
	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	T. CASOS
MOCOA	41	1.06	39	0.97	35	1.49	23	0.95	14	0.56	14	0.55	14	0.53	17	0.6	197
VILLAGARZON	12	0.48	18	0.7	15	0.56	16	0.58	13	0.45	12	0.72	31	1.79	19	1.1	136
GUZMAN					40	2.23	44	2.37	38	1.98	26	1.05	30	1.17	7	0.26	185
ASIS	76	1.37	112	1.95	86	1.92	94	2.03	164	3.42	160	3.67	167	3.7	193	4.1	1052
CAICEDO					7	0.48	10	0.66	27	1.73	34	1.92	48	2.62	30	1.6	156
ORITO	18	0.79	48	2.04	61	2.51	45	1.79	59	2.26	46	1.61	78	2.64	23	0.7	378
GUAMUES	37	1.05	46	1.27	82	2.18	95	2.44	114	4.67	99	3.15	109	3.35	100	3	682
SAN MIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	57	3.59	83	4.15	83	4.01	12	0.6	235
SIBUNDOY	2	0.25	1	0.12	0	0	2	0.23	1	0.11	1	0.09	0	0	3	0.2	10
S. FRANCISCO	2	0.47	2	0.46	4	0.88	1	0.21	4	0.82	3	0.56	2	0.36	4	0.7	22
SANTIAGO	1	0.17	1	0.16	0	0	4	0.62	6	0.89	2	0.32	2	0.31	0	0	16
COLON	3	1.07	1	0.34	1	0.33	1	0.32	0	0	1	0.28	1	0.27	1	0.3	9
LEGUIZAMO	3	0.18	15	0.89	3	0.17	12	0.66	10	0.53	35	1.78	33	1.62	12	0.6	123
PUTUMAYO	195	0.91	283	1.28	334	1.46	347	1.46	507	2.06	516	2.03	598	2.27	421	1.5	3.201
FUENTE : Registros de Notarías, Alcaldías . SIS 188.Sección Estadística DASALUD.
Tasa por 1.000 habitantes

INTRODUCCIÓN:

LA DEBIL PRESENCIA DEL ESTADO Y LA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA EN LA HISTORIA DEL PUTUMAYO.

TASA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS

PUTUMAYO 1991 - 1998

A MANERA DE CONCLUSION:

BIBLIOGRAFIA