Ayer se
realizó en Colombia un encuentro internacional sobre la erradicación del
narcotráfico. La guerrilla de las FARC presentó un plan para la sustitución de
los cultivos de coca.
El “canciller” de las FARC, Raúl Reyes, pasa revista a una “guardia de honor” guerrillera.
La cumbre fue una oportunidad para
que las FARC lograran el reconocimiento internacional.
Ayer
comenzó en Colombia la muy ansiada conferencia internacional de dos días sobre
cultivos de drogas y medio ambiente. Asistieron representantes del gobierno
colombiano, 21 países de Europa y América y, por supuesto, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas presentaron un plan propio para la
erradicación de la droga. Sería financiado por el gobierno colombiano, Estados
Unidos y países europeos. Estaría bajo el control de las FARC, vigiladas por una
comisión multilateral. La propuesta tiene la gran ventaja de que integra a las
FARC, el poder de facto en las zonas de cultivo, a los esfuerzos antinarcóticos.
Pero podría tener un propósito menos inocente. Al ofrecer un plan alternativo
antidroga, las FARC podrían querer impedir que la Unión Europa (UE) se pliegue
al multimillonario “Plan Colombia” antidrogas propuesto por el gobierno
colombiano. Las FARC ya saben que Bogotá tiende a interpretar “antidrogas” como
“contrainsurgente”. Es decir, contra ellos, la “narcoguerrilla”.
La cumbre de ayer se llevó a cabo en la localidad de Los
Pozos en la “zona de distensión”, los 42.000 kilómetros cuadrados que el
gobierno colombiano les cedió a las FARC en 1998. Gozando ya de una atribución
de Estado, el territorio, ayer la guerrilla se dedicó a obtener otro: el
reconocimiento internacional. A medida que llegaban, los delegados de los 21
países –incluyendo a Alemania, Francia, el Vaticano, España, Italia, México,
Japón y Venezuela– fueron recibidos por una “guardia de honor” guerrillera. El
aeropuerto estaba lleno de emblemas y consignas revolucionarias. Tras llegar,
los delegados caminaron por una “calle de honor” flanqueados por combatientes
guerrilleros. Un funcionario del gobierno calificó esto como “innecesario,
inútil e inapropiado”.
Una vez dentro del complejo de edificios donde se realizó
la cumbre, los representantes se reunieron con el virtual anfitrión del
encuentro: Pedro Antonio Marín –alias Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”–,
el comandante supremo de las FARC. Junto a él estaba casi la totalidad de la
plana mayor de su fuerza, incluyendo al “canciller” Raúl Reyes. Estados Unidos
se había ausentado con aviso, en protesta por el asesinato en 1999 (reconocido
por las FARC) de tres indigenistas norteamericanos.
Durante la reunión los delegados afrontaron el formidable
problema del narco en Colombia. Se estima que actualmente 120.000 hectáreas
están dedicadas al cultivo de la coca. Las FARC controlan la mayor parte del
territorio donde se realizan esos cultivos, control que les significa un ingreso
anual de 500 millones de dólares. Su protección imposibilita al gobierno adoptar
una política de sustitución forzosa. La táctica alternativa –la fumigación
indiscriminada desde aire– ha tenido efectos desastrosos en la salud y propiedad
de los campesinos afectados.
Las FARC no tardaron en presentar un proyecto para terminar
con el narcotráfico en Colombia. Se instalaría un “programa piloto” de
sustitución de cultivos en la localidad de Cartagena del Chairá, de unos 10.000
habitantes. El gobierno y las FARC formarían un “mando conjunto” que buscaría
“prevenir la siembra de coca y establecer planes de infraestructura social”. Se
“contratarían expertos” para que estudiasen el suelo y su aptitud para cultivos
legales. Cada seis meses, observadores internacionales monitorearían el
desarrollo del proyecto. Las FARC prevén un plazo de cinco años para el
“programa piloto” en Cartagena de Chairá. Si los resultados de esta primera fase
son favorables, se extendería el plan al resto del país. Los fondos vendrían del
Estado colombiano, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y las Naciones
Unidas.
El plan de las FARC coincide con las gestiones de Bogotá en
pos del Plan Colombia. La coincidencia podría indicar un intento de
desbaratarlo. El Plan Colombia aglomera en un mismo esquema el proceso de paz y
la solución al problema del narcotráfico. Los fondos requeridos ascendían a 7500
millones, 3500 de los cuales vendrían del exterior. Ayer el secretario de
Relaciones Exteriores de la UE, Javier Solana, se entrevistó con el presidente
Andrés Pastrana para discutir el Plan Colombia. Solana prometió que la respuesta
de Europa será “positiva y generosa”. Las FARC siempre recelaron de ese tipo de
ayuda “antidrogas”, un rótulo que crecientemente se traduce en la lucha
contrainsurgente. De todos modos, es dudoso que las FARC esperen en verdad
acabar con el cultivo de la coca en el actual contexto. Es notable que, como con
el actual proceso de paz, los tiempos para el proyecto de las FARC son bastante
largos, con nada menos que cinco años para evaluar el éxito del “programa
piloto”. Parecería ser que, para una organización cuyo crecimiento explosivo de
la última década se debió en gran medida a los recursos que extrajo del
narcotráfico, sustituir los cultivos sería como matar a la gallina de los huevos
de oro.
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