ELITES, CONFLICTO Y NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA

Gina Paola Rodríguez[1]

Resumen

El presente artículo analiza el actual enfoque de las políticas de seguridad colombiana y norteamericana que tienen como premisa fundamental la idea de que el narcotráfico constituye el factor central a combatir con miras al logro de la paz en Colombia, enfoque que ha posibilitado dos políticas complementarias concebidas a la luz de la diferenciación amigo-enemigo. De un lado, la confrontación y el marginamiento, en tanto enemigo, de la guerrilla (FARC – ELN) bajo la etiqueta de narcoterrorismo imponiendo su periferización del marco político-constitucional. De otra parte, la asimilación y convalidación legal del paramilitarismo como fenómeno concomitante con el narcotráfico, en tanto amigo, permitiendo su inserción en el marco político-constitucional y su reciclaje social de elites regionales a elites “nacionales”, como parece manifestarse en la actual  Ley de “Justicia y Paz”.

Palabras clave: Narcotráfico, Conflicto armado, Colombia, Ley de Justicia y Paz

ELITES, CONFLICT AND DRUG TRAFFICKING IN COLOMBIA

Abstract

The following article refers to the current approach of the Colombian and North American security policies which have as fundamental premise the idea that drug trafficking constitutes the central factor to fight against, all this with a sight toward the achievement of  peace in Colombia. Such a focus has facilitated two complementary policies conceived by the light of the friend-foe differentiation. On one side, there is the confrontation and the marginalization of the guerrilla (FARC-ELN), as an enemy, under the narcoterrorism label imposing its periferization of the political-constitutional frame. On the other hand, the assimilation and legal authentication of the paramilitarism like concomitant phenomenon with drug trafficking as a friend, allowing its insert in the political-constitutional frame and its social recycling of regional elites to "national" elites, as it seems to pronounce in the current Justice and Peace Law.

Key words: Drug trafficking, armed conflict, Colombia, Justice and Peace Law

Introducción

Uno de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos de globalización y que afecta a la economía, la política y seguridad nacionales e internacionales y a la sociedad en general es el narcotráfico, industria que ha aumentado considerablemente en América Latina a partir de los años setenta.

En Colombia, el narcotráfico ha logrado insertarse de forma relativamente exitosa en las esferas política y económica. En el primer caso,  gracias a la formación de redes de apoyo social, militar y político que le han permitido funcionalizar las estructuras jurídico- políticas de acuerdo a sus necesidades;  y en el segundo, gracias a una especial adaptación de las políticas de crecimiento orientado a la exportación, que hacen del narcotráfico una empresa perfilada a la demanda y  la internacionalización, con una división del trabajo muy estricta entre diferentes localizaciones, capaz de ajustarse a  las dinámicas de la economía global.

El presente artículo quiere indagar en algunos de los efectos que el narcotráfico  ha tenido en la configuración reciente del conflicto armado colombiano, con el ánimo de determinar hasta qué punto es acertada la postura según la cual i. este (el narcotráfico) es la fuerza motriz de aquel (el conflicto), de forma tal, que ii. la lucha contra la droga y el narcotráfico  deviene en si misma una condición necesaria y suficiente para la resolución del conflicto.

El interés por avanzar en esta perspectiva viene dado por el actual enfoque de las políticas de seguridad colombiana y norteamericana que tienen como premisa fundamental la idea de que el narcotráfico constituye el factor central a combatir con miras al logro de la paz en Colombia, enfoque que ha posibilitado dos políticas complementarias concebidas a la luz de la diferenciación amigo-enemigo. De un lado, la confrontación y el marginamiento, en tanto enemigo, de la guerrilla (FARC – ELN) bajo la etiqueta de narcoterrorismo imponiendo su periferización del marco político-constitucional. De otra parte, la asimilación y convalidación legal del paramilitarismo como fenómeno concomitante con el narcotráfico, en tanto amigo, permitiendo su inserción en el marco político-constitucional y su reciclaje social de elites regionales a elites “nacionales”, como parece manifestarse en la actual  Ley de “Justicia y Paz”.

Lo que dichas políticas evidencian, es que la narcotización del conflicto armado, patente en la fusión de la política contrainsurgente y la política antinarcóticos, supone serios problemas no solo para el entendimiento de la situación colombiana -en tanto simplifica de manera sustancial las dimensiones del conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz sostenible y sustentable. De ahí que se requiera una estrategia de seguridad efectiva que debilite las opciones militares de los grupos armados, pero también, un programa de desarrollo social y económico de amplio alcance que menoscabe su argumentación ideológica y, por ende, ayude a generar un contexto en el que se pueda poner fin al conflicto. Con lo anterior no se desconoce que las posibilidades de poner fin al conflicto en Colombia aumentarían considerablemente si se diera solución el problema de la droga,  solución que no se reduce a un control de la oferta, como lo aducen las actuales políticas antinarcóticos sino que debe enfocarse también a la demanda creciente de drogas en los grandes centros de consumo en Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, los obstáculos presentados en el actual proceso con las AUC, deben servir de experiencia para futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en claro que el narcotráfico, como los crímenes atroces, no son materia de negociación, si es que se quiere lograr un proceso apegado a los principios del Estado de derecho. En segundo lugar, que debe darse un debate que aclare las condiciones bajo las cuales un grupo armado ilegal puede llegar a ser considerado con estatus político, de tal forma que, ni se desconozcan las reivindicaciones políticas e ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la formalización del paramilitarismo como actividad política

Conforme a lo anterior  la exposición se dividirá en cuatro partes. En la primera,  se hace una reconstrucción no exhaustiva de los nexos históricos entre los grupos armados (FARC, ELN  y AUC) y el narcotráfico tratando de establecer la situación actual de esta relación. Para esto, resulta  preponderante volcar la vista sobre el  tema de la financiación de estos grupos y en particular, aquella derivada de su  participación en uno o varios eslabones de la cadena productiva del tráfico de drogas, con el fin de evaluar el peso de la economía del narcotráfico en los ingresos de las guerrillas y los grupos paramilitares. 

En la segunda parte, y a propósito del actual proceso de negociación entre el gobierno nacional y algunos sectores del paramilitarismo, se quiere  resaltar cómo el tratamiento jurídico y político de los delitos de narcotráfico por parte del Estado colombiano, ocupa un papel  fundamental en el éxito o fracaso de los procesos de paz actuales y futuros. Con lo anterior, se pone de presente cómo el narcotráfico ha adquirido un lugar cada vez más importante, aunque no protagónico, en los procesos de negociación,  que logra desestabilizarlos y, no sabemos aún, si reversarlos. Pero aún más importante, lo que revela la actual negociación es un proceso de convalidación de los grupos paramilitares en tres perspectivas: una convalidación legal a través de la Ley de Justicia y Paz, una convalidación económica reflejada en la contrarreforma agraria y en la inmersión del dinero ilegal del paramilitarismo en los sectores productivos, y una convalidación política evidenciada en la expansión su esfera de influencia en las élites regionales y nacionales.

Paralelo a este proceso de legitimación forzada del paramilitarismo, se registra una abierta confontación y periferización de las guerrillas (FARC y ELN) en tanto enemigos del actual gobierno. En el tercer apartado, se verá como para la fecha de redacción de la presente investigación apenas se han producido débiles acercamientos entre el Gobierno Nacional y el ELN, los cuales son vistos con escepticismo no solo por algunos analistas, sino, fundamentalmente por la dirigencia del ELN.

Finalmente, a manera de conclusión, se  intentará responder al interrogante inicial, mostrando cómo la narcotización del conflicto armado, evidenciada en la fusión de la política contrainsurgente y la política antinarcóticos, supone serios problemas no solo para el entendimiento de la situación colombiana -en tanto simplifica de manera sustancial las dimensiones del conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz sostenible y sustentable.

En los acápites enunciados se tratará de esbozar el rol jugado por algunas elites, políticas, guerrilleras y paramilitares  en relación con las organizaciones narcotraficantes por la vía de alianzas coyunturales. La relación de estos grupos selectos con el narcotráfico confirma una tesis ampliamente difundida según la cual la industria de las drogas ilegales ha penetrado la totalidad de la sociedad colombiana.[2]

1. Narcotráfico y grupos armados

Es una opinión compartida que el negocio de las drogas ilegales financia de forma importante a las FARC y  las Autodefensas y en menor medida al ELN, situación que ha permitido el mantenimiento de sus fuerzas y por lo mismo, agravado las condiciones del conflicto armado. No obstante, en lo que existen serias divergencias, es en la proporción reconocida a la economía del narcotráfico en cada caso. Así, es posible encontrar informes que parecen exagerar las cifras de financiamiento proveniente de las drogas, dramatizando hasta tal punto el papel jugado por este, que logran  desplazar la dimensión originalmente política del conflicto por una reducida percepción narcotizada.  De esta suerte, se ha desconocido la complejidad de una lucha desarrollada por mas de cuatro décadas en aras del nuevo postulado de la amenaza narcoterrorista, cuyos efectos políticos ya conocemos.

A continuación daremos una breve mirada a los nexos entre grupos armados y narcotráfico, los cuales, como se verá, responden a un sistema de alianzas coyunturales que han transformado su relación de una conexión marginal con las organizaciones narcotraficantes al dominio actual de varias etapas de la producción.

1.1. Las FARC

Los nexos de las FARC con el narcotráfico se remontan a los finales de la década del setenta. Pese a su oposición inicial frente a la economía de las drogas ilícitas, las FARC se vieron llevadas a admitir paulatinamente su funcionamiento en los territorios bajo  su dominio a fin de evitar  la erosión de sus relaciones con la población de aquellas regiones que veía en los cultivos ilícitos, auspiciados entonces por el cartel de Medellín,  su único medio de sustento. En este periodo, la guerrilla no asumió un control directo sobre los cultivos sino que autorizo el cobro de un impuesto por parte de autodefensas.

Tras la VII Conferencia de las FARC en 1982, y vistos los excesos cometidos por las autodefensas delegadas, se regularizó el cobro de impuestos directamente por la guerrilla, a partir de acuerdos formales con las organizaciones de narcotraficantes. Los vínculos con estas se interrumpieron hacia mediados de los ochenta por la confrontación con Gonzalo Rodríguez Gacha en el sur de Colombia, situación que dio pie a la conformación de grupos paramilitares agenciados por los narcotraficantes en el Putumayo y el Magdalena Medio.  Este proceso conllevo a una asunción paulatina de los eslabones de la cadena productiva por parte de las FARC en las selvas colombianas. Se pasó así del cobro del impuesto a cada kilo  de pasta o base de coca comprado por cada narcotraficante grande o pequeño a los cultivadores, al gravamen de los mismos cultivadores, raspachines y recolectores. Adicionalmente, se inició el cobro de impuestos por uso de pistas aéreas para el transporte de precursores químicos y cocaína. Para 1998, las FARC ya han asumido el control total del tráfico local en Putumayo y Caquetá, imponiendo precios fijos para la base de coca y obligando a los campesinos a vender únicamente al frente local. En adición, inician el almacenamiento y venta de grandes volúmenes de coca a los representantes seleccionados de los numerosos microcateles que reemplazaron a los grandes tras la muerte de Pablo Escobar.[3]

Para finales de la década del 90 se hace evidente la expansión territorial de las FARC y su control de una parte importante de las regiones cocaleras, hecho que supuso para las autoridades colombianas, el inicio de las actividades de refinamiento y tráfico de cocaína. Sobre este hecho sin embargo no existe completa certeza. Así, mientras para unas fuentes, el refinamiento y el tráfico internacional del producto acabado son evidentes, para otros analistas, las Farc apenas se encuentran en los niveles de producción y venta de base de coca.[4]

Según un Informe de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) de Febrero de 2005, el tráfico ilícito de sustancias sicoactivas por parte de las FARC cubre las actividades de producción, cultivo y comercialización de hoja de coca y de amapola, producción de pasta y clorhidrato de coca en laboratorios; cristalizaderos y cobro de gramaje sobre la negociación de base de coca, así como el alquiler de pistas de aterrizaje y comercialización de los productos derivados de las plantas anteriores.[5] El conjunto de estas actividades representa el 45,8% del total de ingresos de las FARC y ocupa el primer lugar, seguido de los ingresos percibidos por extorsiones y secuestros.[6]

Lo dicho en el informe de la JID, contrasta con lo sostenido por el Internacional Crisis Group en su informe sobre América Latina del año 2005. Según este, “la evidencia sobre la participación de las FARC en el refinamiento y tráfico de coca es menos clara”. Esto porque, además de la dificultad en la veracidad de las fuentes disponibles, “las cuales pueden estar contaminadas por razones políticas o militares, no es seguro que las FARC tengan la capacidad de traficar a escala internacional solas, o incluso que manejen algunas de las etapas posteriores del negocio, como operar laboratorios de refinamiento de cocaína propios, poseer plantaciones de coca, controlar rutas de envío y mantener sus conexiones internacionales para situar la droga en otros países”.[7]

En una línea intermedia se encuentra la investigación de Sergio Uribe, “Los cultivos ilícitos en Colombia”, la cual da luces sobre la realización de procesos de refinamiento en las áreas cercanas a los campos de cultivo de la guerrilla. Sin embargo, el mismo autor reconoce  no encontrar evidencia de que las organizaciones guerrilleras hayan desarrollado sus propias redes de distribución en el extranjero, ni de que hayan exportado directamente, aunque sí se beneficiaban sustancialmente de la industria ilegal. [8]

No obstante la imposibilidad de establecer de forma definitiva el eslabón último de participación de las FARC en la cadena de producción y trafico de drogas, resulta claro el vínculo sostenido por estas con el narcotráfico y el producto derivado de este que nutre sus finanzas. Sea como la mera venta de pasta de coca a microcrateles o como posible inicio de una red internacional del tráfico de drogas, el nexo es inminente.

1.2. El ELN

El Eln tiene una participación más bien marginal en el negocio de la droga. Su actividad en zonas cocaleras es menor que la de las FARC o las AUC, pero mantiene presencia en regiones con cultivos de amapola y coca. Según informa el Ministerio de Defensa, en el año 2000 sólo 7 frentes del ELN estaban firmemente establecidos en zonas de cultivo de drogas ilícitas. En el 2005, el ELN opera en cerca de diez regiones con cultivos ilícitos: La Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el occidente del Cauca, Huila, Tolima y el centro de Nariño. Todas estas regiones cuentan además con presencia paramilitar y/o de las FARC.

No obstante su presencia en zonas cocaleras, la relación del ELN con el narcotráfico es más compleja. Aun cuando mantiene una condena oficial hacia cualquier vínculo entre la causa revolucionaria y el  narcotráfico, en algunos casos, como el de la columna móvil Cienfuegos en el Cauca, el ELN ha permitido el ingreso selectivo de algunos narcotraficantes para la compra de látex.  Por otro lado, a partir de 2003, y tras su expulsión de las zonas del sur de Bolívar por parte de los paramilitares, varios frentes del ELN han  cobrado impuestos a los cultivadores de coca.  De esta forma, el narcotráfico ha entrado a ser un rubro más del presupuesto del ELN, que según algunos cálculos alcanza el 8%[9]. Así las cosas, es previsible un aumento en su participación de la actividad ilegal a futuro.

1.3. Las Autodefensas

Las relaciones entre Autodefensas y narcotráfico surten un proceso inverso al producido con los guerrillas. Vimos en 1.1. cómo las guerrillas llegaron paulatinamente al negocio del narcotráfico, llegando incluso a contradecir sus premisas ideológicas originales. Las autodefensas en cambio, tienen desde sus inicios un lazo indisociable con las organizaciones de narcotraficantes en la década del 80 y comienzos de los noventa y solo hasta ahora, tras convertirse en una federación nacional de bloques armados y  con motivo del actual proceso de desmovilización, buscan adquirir un estatus político. 

En efecto, los paramilitares deben su origen a los carteles de la droga y su expansión al combate contra la guerrilla por el dominio de las regiones cocaleras. Desde 1996, este proceso se ha intensificado, incrementando los niveles de violencia y desplazamiento en las zonas de enfrentamiento. Para el año 2000, según informes del Ministerio de defensa, siete bloques de las AUC operaban en regiones de cultivos de coca y amapola[10]. Naciones Unidas por su parte, calcula que la presencia paramilitar llega  a 86 de los 162 municipios donde se cultiva coca, ubicando frentes en el Magdalena medio, Santa Marta, la región sur de Bolívar, el valle del Cauca, el norte de Antioquia, la región de Urabá, Nariño, el noroccidente del Putumayo, el suroccidente de Caquetá, Meta y Guaviare, regiones estas ultimas, en disputa con los grupos guerrilleros.[11]

Pese a lo extraordinario de su expansión, la extensión de las zonas de cultivos de las autodefensas no es tan grande como la de las FARC. Sin embargo, diversos estudios parecen comprobar que la participación de las AUC en el negocio de la droga es mucho más profunda. Esto se evidencia, en la participación de unidades paramilitares en el control de rutas claves para el transporte de cocaína hacia el exterior, precursores químicos y armas. Del mismo modo, los paramilitares aparecen vinculados con laboratorios de refinamiento y con decomisos de cocaína. En un informe de la DEA del año 2001 se afirmo que “la organización de Carlos Castaño (y posiblemente otros grupos paramilitares) parecen estar directamente involucrados en el procesamiento de cocaína”. Pero sin lugar dudas, mas concluyente en este sentido es la declaración efectuada por Carlos Castaño el 9 de junio de 2002 en la que acusó a dos jefes del bloque central Bolívar, Javier Montañez y Ernesto Báez, así como a otros jefes paramilitares de “involucrarse irresponsablemente en el negocio del narcotráfico”[12]

En febrero de 2004, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William, Word, afirmó que las AUC controlaban el 40% del tráfico ilegal de drogas en Colombia. Lo anterior se compadece con la solicitud en extradición de los Estados Unidos de cinco altos jefes de las autodefensas (Mancuso, Fidel Castaño, Jorge 40, Ramiro Vanoy y Juan Carlos Sierra) y la introducción de doce paramilitares  en la lista  Tier II de narcotraficantes extranjeros. Como en el caso de las FARC, el nexo con el narcotráfico es evidente. Mas adelante veremos cómo, en la actual negociación con las AUC, se busca mimetizar este lazo con el narcotráfico con los ropajes de un estatus político.

Según el Internacional Crisis Group, las AUC parecen desempeñar un papel más importante en las etapas más lucrativas del refinamiento y la exportación de droga, por lo que percibe mayores ganancias. De allí que se presente una suerte de contradicción el hecho de que sus ingresos se presente en numerosos informes como bastante inferiores a los de las FARC, siendo que esta organización se mueve menos en el trafico internacional y depende más de los primeros eslabones de la cadena productiva, que, coincidencialmente son los menos lucrativos.[13]

2.                  La asimilación y convalidación  del paramilitarismo

El 23 de diciembre de 2002 el presidente Álvaro Uribe sancionó una ley mediante la cual quedó facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una negociación con los paramilitares. Una semana después, el 29 de noviembre, las AUC hicieron la primera declaratoria de cese unilateral de hostilidades, y el 15 de julio de 2003 el gobierno y las AUC firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito, por medio del cual se comprometieron a desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado en 2005.

Luego de más de dos años de negociaciones entre el gobierno y el principal grupo paramilitar del país, se han desmovilizado cerca de 5.000 de los combatientes de las AUC. Sin embargo, pese a que era una condición del presidente Uribe para negociar, los paramilitares no han cumplido a cabalidad el cese del fuego. Este incumplimiento unido a las pugnas internas entre diferentes facciones de las AUC, que llevaron incluso a la desaparición de su líder Carlos Castaño, al asesinato de los comandantes 'Doble cero' y Miguel Arroyave y de tres importantes políticos del Meta, pusieron en peligro todo el proceso durante el primer semestre del 2004.

Por su parte, la verificación de la OEA a cargo de Sergio Caramagna ha sido vista con desconfianza. En palabras de Human Rights Watch, “la Misión de la OEA  ha jugado un papel altamente cuestionable, puesto que ha servido, principalmente para darles un sello de aprobación a  las acciones emprendidas por el gobierno colombiano”, guardando estricto silencio acerca de los problemas del proceso. Con esto, “la Misión ha contribuido a dar al proceso una apariencia de legitimidad internacional que no se merece.”[14]

A continuación problematizaremos tres aspectos fundamentales del proceso de convalidación del paramilitarismo en Colombia. En primer lugar, las deficiencias de la  Ley de Justicia y Paz que, como han señalado numerosos analistas y ONG´s nacionales e internacionales, parece dejar intacta la estructura paramilitar, sentando un precedente desastroso en materia de verdad, justicia y reparación. De otro lado, el problema de la concentración de la tierra desatado por la compra de alrededor de un millón de hectáreas por narcotraficantes y grupos armados ilegales en lo que se ha denominado contrarreforma agraria y su penetración en los negocios legales e ilegales y en el monopolio de bandas criminales. Por último  la infiltración del paramilitarismo en la política regional y nacional agenciando el reciclaje de las elites paramilitares en las elites políticas.

2.1. La convalidación legal: la Ley de Justicia y Paz

Desde abril de 2005 circularon varios proyectos de ley que buscaban "verdad, justicia y reparación" en las desmovilizaciones de los combatientes de grupos armados, en especial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante el debate  así como en la negociación, el punto central de discusión fue el narcotráfico, y específicamente el futuro de los jefes pedidos en extradición. Otros temas como la reparación a las víctimas, el alcance de la confesión y el tema del delito político fueron también importantes. Las discusiones en el Congreso contaron con muy poco quórum y se vieron enrarecidas con debates sobre las inhabilidades para votar el proyecto de los políticos que eventualmente se beneficiaron de un proselitismo paramilitar para ser elegidos. [15]

Finalmente, el 21 de junio fue aprobada la ley de Justicia y Paz promovida por el Gobierno Nacional que regula la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales a miembros de grupos armados que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. Entre otros puntos, la ley destaca i. La posibilidad de que los desmovilizados de los grupos armados puedan disfrutar de los  beneficios de ley sin importar que hayan participado en actividades del narcotráfico antes del ingreso al grupo, ii. La confesión de los delitos cometidos por los miembros de los grupos armados en versión libre ante un fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, iii. El establecimiento de un plazo de sesenta días para que la UNF para la Justicia y Paz, junto con la policía judicial, adelante las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por los imputados, iv. La imposición de penas alternativas a los confesores consistentes en privación de la libertad por un periodo mínimo de cinco años y no superior a ocho, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de colaboración con la justicia, v. La rebaja de hasta una décima parte de las condenas de las personas que se acojan a la ley (jubileo), y  vi. La calificación de las actividades de las autodefensas como delito de sedición.

Una vez aprobada, el gobierno Nacional se ha dedicado a promover la Ley dentro de  la comunidad internacional. En Estados Unidos, fue bien recibida por la Casa Blanca pero ha propiciado críticas en el Congreso y en los organismos defensores de los Derechos Humanos. Así por ejemplo, en su informe de agosto de 2005, Human Rights Watch señala que “la ley no asegura que los paramilitares confiesen sus crímenes, divulguen información acerca de cómo operan los grupos, ni entreguen sus fortunas ilegalmente adquiridas”.[16]

En otro informe la misma ONG afirma: “El proyecto actual hace poco más que servir a los intereses de los líderes paramilitares: no toca sus redes mafiosas ni el poder económico que alimenta las actividades de sus grupos (…) Es un mal arreglo tanto para los colombianos como para la comunidad internacional, y sienta un precedente desastroso parar negociaciones futuras con otros grupos armados.”[17]

En el mismo sentido se han pronunciado los críticos de la ley en Colombia. Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz, expone los desafíos que supone la implementación de la ley. Muchas de las debilidades de esta persisten, sobre todo en materia de investigación, verificación y reparación: “Sin duda el texto deja mucho que desear; y sin duda en la negociación se perdió una oportunidad única para obligar el desmonte de aparatos coercitivos  ilegales e institucionalizar las regiones. Más que un ejercicio de construcción, fue una transacción entre las partes”.[18]

Además del articulado de la ley de Justicia y Paz, el proceso con los paramilitares ha sido objeto de fuertes críticas por la excesiva conducta discrecional  del Gobierno Nacional a lo largo de las negociaciones. Las filtraciones publicadas el 25 de septiembre por la revista SEMANA sobre cómo negocia el gobierno con las autodefensas revelaron cómo la mafia se estaba adueñando del paramilitarismo en Colombia. En el artículo Revelaciones Explosivas, la revista divulga unas grabaciones en las que el presidente Álvaro Uribe ofrece a las autodefensas usar la facultad discrecional para evitar la extradición y que sean juzgados por la Corte Penal Internacional. Además,  quedan en evidencia los graves problemas por las deserciones de mandos medios y combatientes rasos y la creciente infiltración de la mafia de la droga en todas las estructuras de los paramilitares. [19]

Así las cosas, la desmovilización del paramilitarismo afronta serios retos. En primer lugar, la clara identificación de los desmovilizados, vistas las numerosas franquicias paramilitares compradas por narcotraficantes que buscan evitar su extradición a Estados Unidos. La advertencia sobre la mimesis de los narcotraficantes, ha sido ya efectuada por el Internacional Crisis Group en su más reciente informe:

“una propuesta que circula entre los paramilitares y los capos del narcotráfico sugiere que estos últimos podrían pagar para volverse miembros de los primeros con el fin de beneficiarse de las conversaciones con el gobierno y blanquear su pasado. Se cree, aunque no está confirmado, que Gordo Lindo, Mejía Sierra, Arroyabe, Macaco, Don Berna, Vanoy y otros de los participantes en las conversaciones con el gobierno son narcotraficantes que se convirtieron en paramilitares pagando grandes sumas a las AUC por esta licencia. Así por ejemplo, Don Berna, que era desconocido en 2001 cuando Castaño dejó su cargo por primera vez, se presentó como inspector general de  las AUC en 2002, justo cuando se iniciaron las negociaciones con el gobierno.” [20]

A la vez, varios congresistas y analistas aseguran que la ley de "justicia y paz", contiene un "narco mico", es decir, una fisura legal que facilita que los narcotraficantes se presenten como paramilitares y obtengan los beneficios que busca la ley para los combatientes que se desmovilicen. Según los críticos, esto está dado por la posibilidad de incluir al paramilitarismo como un delito político y gozar de los beneficios como rebaja de penas e indulto, lo que podría llevar a tomar al narcotráfico como delito conexo al paramilitarismo. En este sentido, ha  resultado fundamental la discusión tendiente a definir qué es un delito político, de manera que al hacerlo conexo, al hacer aplicable la ley, no se llegue a la impunidad ni se utilice la definición de delito político para eximirse de pena en virtud del narcotráfico.

De la mano de la identificación de los desmovilizados, se encuentra la necesidad de que la ley asegure que los paramilitares confiesen la totalidad de sus crímenes, divulguen información sobre la operación de los grupos y entreguen sus fortunas ilegales.

El segundo desafío es asegurar el futuro de las zonas abandonadas por los paramilitares, frente a dos riesgos inminentes. De un lado, la persistencia de la influencia paramilitar (ahora desmovilizada) y de otro, la ocupación por parte de las FARC aprovechando el vacío institucional. El tercero se refiere al futuro de los desmovilizados. En este punto resulta fundamental tomar con precaución propuestas como la de  de involucrarlos en el Ejército. Por otra parte, ya se han hecho evidentes las deficiencias del programa de reinserción del gobierno a la hora de reincorporarlos a la vida civil sin que esto redunde en una absoluta impunidad ni en el retorno de los desmovilizados a la vida criminal.

El cuarto desafío, y quizá el más complejo,  es el desmonte definitivo del paramilitarismo, más allá de la desmovilización simbólica de los ejércitos. Como ha sido demostrado por diversas investigaciones, los miembros de las AUC han penetrado la política nacional y regional y  la economía legal e ilegal.[21] Gran parte de los defectos de la ley de Justicia y Paz, consisten en el mantenimiento del poder económico y político de los paramilitares. De ahí que resulte preponderante  un tipo de desmovilización que garantice el desmantelamiento definitivo del poder y estructura criminal de estos grupos, a partir de medidas como el hallazgo y confiscación de sus fortunas, la investigación de sus fuentes de financiamiento y el castigo de delitos como la extorsión y el soborno. Sobre este punto volveremos más adelante.

2.2. La convalidación económica: contrarreforma agraria

Además de  la convalidación legal agenciada por la Ley de Justicia y Paz, el paramilitarismo ha logrado mantener e incluso acrecentar sus activos mediante el trafico de drogas, l

los dedicadas al cultivo de coca o al uso como corredores estratégicos para la movilización de armas, drogas y precursores químicos.

Como señala Carlos Medina Gallego, la contrareforma agraria del narcoparamilitarismo surge a partir de la necesidad de efectuar un "lavado de las grandes cantidades de dinero" a partir del "boom" cocainero del narcotráfico colombiano, de la prospección de grandes yacimientos petrolíferos en diferentes regiones del país y de la necesidad por parte del capital de implementar megaproyectos que permitieran articular geográfica y económicamente al país. [22]

Según cálculos del Incora, los narcotraficantes poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 68% de los propietarios (pequeños campesinos) sólo posee el 5,2% del área. Por su parte, el PNUD y el DNE estiman que los narcotraficantes compraron tierras en 409 de los 1.039 municipios del país y con un especial énfasis en los Departamentos del Valle, Córdoba, Quindío, Risaralda  y Antioquia.

Del mismo modo, un documento de la Contraloría titulado "La gestión de la Reforma Agraria y el proceso de Incautación y Extinción de Bienes Rurales", sostiene que la compra de 

tierras por parte de los narcotraficantes bordea el millón de hectáreas, equivalente a casi el 3% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables.[23]

En efecto, "la concentración de tierras con recursos ilícitos o mediante medios violentos ha contribuido a la crisis agrícola y social del campo, a más de agudizar desde el punto de 

vista político, el carácter señorial y dominante de la gran propiedad rural". Se trata según Flórez Enciso, vicecontralor delegado, de "una de las más grandes operaciones de 

avado de dineros del narcotráfico, y posiblemente del secuestro y la extorsión.” 

Según advierte el informe, de no contenerse este fenómeno mediante una acelerada extensión del dominio, el mapa político del país se orientará hacia una estructura autoritaria en los niveles locales y regionales, que se reflejará más temprano que tarde en el nivel nacional. Sin embargo, pese a la precariedad del panorama descrito, el Estado ha sido incapaz de utilizar la figura de la extinción de dominio para compensar la concentración de la propiedad de la  tierra agrícola. De las 150.000 hectáreas que se propuso entregar este gobierno a los campesinos -110 de las cuales provendrían de la extinción de  dominio-, sólo se han adjudicado 5.000, esto es, menos del 5% de la meta propuesta

Mediante la compra ilegal de tierras, el sometimiento de las comunidades campesinas y la cooptación de las élites locales en buena parte del país, el narcotráfico ha conseguido  

debilitar las instituciones y cooptar sus propósitos de interés general y beneficio público;  en una mimesis paramilitar que se ve legitimada por los actuales procesos de desmovilización.

Con todo esto, como afirma Mauricio García, “en muchas regiones del país nos dirigimos hacia la consolidación de un proyecto de sociedad gansteril nunca antes visto. Un proyecto

 enquistado y difícil de exterminar, ideado por una combinación oscura y poderosa de hacendados, paramilitares, narcotraficantes y políticos locales, todos ellos envalentonados

por un discurso presidencial anti-guerrillero.” [24]

2.3. La convalidación política: la cooptación de las élites

El concepto de elite se ha transformado a lo largo de la historia adquiriendo diversas acepciones. Los teóricos clásicos de las elites, Mosca, Pareto y Michels, compartían una visión caracterizada por el cuestionamiento al Estado democrático ( y aún el socialista) como garante de la igualdad social, hecho que hacía posible la imposición del poder de una pequeña minoría sobre el resto de la sociedad. Se configura así la oposición entre elites dirigentes y masas dirigidas como presupuesto para el análisis de las relaciones sociales y políticas.

La dicotomía elite gobernante- masa dirigida expuesta por Pareto y Mosca no exteriorizaba sin embargo la diferenciación de la sociedad en toda su dimensión, hecho que ha generado el que en las últimas décadas se haya extendido toda una controversia sobre la configuración de la estructura de poder en las sociedades industriales modernas. Como tema central de la polémica está el saber si dichas sociedades están regidas por una elite dominante que controla los principales mecanismos de poder o por una pluralidad de elites, cuyo poder e influencia están en competencia. El debate contemporáneo se definirá así entre los partidarios de la “elite en el poder” y el establishment y los teóricos del “pluralismo político” y el equilibrio de poderes.

En la actualidad los estudios en teorías de elites se encuentran orientados al análisis de las redes de relaciones que existen entre sus miembros. De allí que el concepto de estructura ocupe un lugar fundamental, al indicar cómo el accionar de estos miembros se desarrolla en relación directa con las instituciones cumpliendo funciones de integración, dominación y representación de los intereses sociales. Amparándose en el Estado y la sociedad, las elites se manifiestan como expresión de una estructura de poder con una duración determinada y no como objetos aislados que ejercen el poder desde el vacío. En este trabajo tendremos presente la importancia de considerar la intersección de relaciones entre diferentes posiciones de elites así como la movilidad que tiene lugar al interior de cada una de estas, como paso primordial para la evaluación de su influencia en la configuración institucional y la toma de decisiones públicamente relevantes.

Gran parte del mantenimiento del negocio del narcotráfico tiene su base en la realización de alianzas coyunturales con las elites políticas, económicas y armadas (ilegales). La industria ilegal requiere tanto la participación de “campesinos, químicos, varios tipos de proveedores, vendedores e intermediarios, pilotos, abogados, asesores financieros y fiscales, capataces, guardaespaldas, testaferros y contrabandistas; como el apoyo de redes que incluyen a “políticos, policías, guerrilleros, paramilitares, miembros del ejército, empleados oficiales, banqueros, parientes leales, compañeros de infancia y otros; los cuales se benefician de la industria, la toleran o dan protección a sus miembros pero no forman parte directa de ella”. Se trata, en el caso de estas ultimas de un fenómeno que  auspicia el que la industria ilegal penetre y corrompa las instituciones políticas y sociales, en las formas que ya conocemos, permitiendo que los ingresos ilegales se distribuyan e irriguen hacia el resto de la sociedad formando lazos de la lealtad entre esta y las organizaciones narcotraficantes.[25]

La relación entre paramilitarismo y narcotráfico es un tema ya tratado en diferentes trabajos. En Los Señores de la Guerra, Gustavo Duncan sostiene que “la irrupción masiva de redes mafiosas en las ciudades sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar y financiero recibido por los jefes de las autodefensas desde el campo.”  Durante la última década, los ejércitos paramilitares han sufrido una expansión geográfica  sin precedentes que los ha llevado a convertirse en parte importante de la estructura de poder político en las zonas semiurbanas y rurales del país. “En los municipios de Colombia donde ejercen su dominio, los jefes de las autodefensas  regulan y extraen tributos a las transacciones económicas, amenazan y protegen a las comunidades, moldean la justicia y el orden político de acuerdo a su conveniencia, y poseen el control, y por consiguiente las mayores ganancias, del tráfico de drogas.” [26]

Existe  un segundo fenómeno alrededor del narco-paramilitarismo. Se trata de la infiltración de redes mafiosas desde las zonas semiurbanas y rurales de las autodefensas hacia las ciudades más grandes de Colombia, y como logro de un nivel superior, la apropiación del poder político en las ciudades. La infiltración de los cargos de elección popular (alcaldías y concejos) genera enormes ganancias producto de la corrupción en la contratación pública, la impunidad frente a las instituciones del Estado y la capacidad de crear una red clientelista propia.

Las causas de esta creciente infiltración paramilitar son las mismas de la mayoría de males del país: la debilidad del Estado, la democracia deslegitimada por un sistema político clientelista que termina sirviendo a los intereses de unos pocos y la eterna impunidad reinante. El clientelismo armado es el método usado por los paramilitares para acceder al poder político regional. Paradójicamente, anuncia Duncan, “es la debilidad económica de la clase política tradicional una de las principales causas de la infiltración de las redes mafiosas en las ciudades. Bajo un grado mínimo de modernización del sistema económico de una ciudad y de un tamaño de población con acceso a servicios del Estado sin necesidad de mediación clientelista, la mayor riqueza de los políticos locales para financiar unacampaña electoral incidirá en un menor riesgo de infiltración mafiosa en el gobierno.”

Según Duncan, “tras los intereses de una nueva élite de señores de la guerra está la tensión entre fuerzas urbanas que pretenden construir una sociedad regida por principios democráticos con un capitalismo moderno versus fuerzas rurales que quieren dispersar el poder del Estado para construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales. En el nuevo contexto de la disputa por la configuración del Estado, la connotación de lo del campo deja de estar vinculada a la imagen tradicional de economías y sociedades campesinas. Ahora se trata de las áreas de influencia de municipios e incluso ciudades intermedias que de la mano de su historia rural han experimentado procesos de urbanización y terciarización de la economía, en gran parte gracias a los excedentes del narcotráfico.”

Los paramilitares se están infiltrando en la política regional, en negocios legales e ilegales y están monopolizando bandas criminales. El mismo
 Ernesto Báez, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo declaró recientemente en  la cadena Super: "En un acto de honestidad con el pueblo colombiano, quiero decir que las AUC intervienen directamente en política". Jorge Cuarenta, otro poderoso jefe paramilitar, ha reconocido también públicamente que la alcaldía de Riohacha le desviaba recursos oficiales de las Aseguradoras de Riesgo en Salud (ARS), el régimen subsidiado de salud de los más pobres. Y en Medellín hay grafitos en las paredes que agradecen a Adolfo Paz, otro de los hombres fuertes de Ralito, la nueva paz de Medellín.
 
El principal objetivo del proyecto urbano de los 'señores de la guerra' es "producir fortunas sin precedentes que puedan trasladarse en líquido hasta las zonas rurales" y a la vez "construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales". El grado de infiltración de estos señores de la guerra varía de ciudad a ciudad y puede ir desde el control de las bandas criminales hasta la incursión en la política nacional, pasando por la regulación de ciertas actividades económicas.

Su entrada a las ciudades se da por lo general  a través de los barrios marginales, donde la presencia del Estado es endeble y la prestación de los servicios públicos es insuficiente.
Con esto las autodefensas ganan la legitimidad suficiente para organizar a las comunidades: dan directrices políticas a algunos líderes de acción comunal, conforman grupos de vigilancia con jóvenes, deciden pleitos, regulan ciertos aspectos morales del barrio.

 Para lavar el dinero también han incursionado en la economía lícita. Sobre todo cómo árbitros de aquellos sectores que por estar entre lo legal y lo informal necesitan de alguien fuerte que haga cumplir los contratos. El máximo nivel de infiltración en las ciudades aparece cuando logran corromper a algunos funcionarios judiciales, de seguridad o del gobierno local. Llegando al corazón del poder 'los señores de la guerra' garantizan impunidad para sus negocios, información de primera mano útil para su protección e influencia sobre decisiones políticas que los afecten.

Esta penetración no es fácil. Pero la han ido logrando -por lo menos en las localidades y crecientemente a nivel regional- al mejor estilo de los barones electorales tradicionales, pero apoyándose en el poder de intimidación que les dan las armas.
Colombia está sufriendo un silencioso revolcón político. Las élites tradicionales de varias regiones vienen siendo reemplazadas desde hace unos cinco años por nuevos barones electorales respaldados por las autodefensas. "Los señores de la guerra, como nuevas élites locales, suplantaron a la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales".

3. La confrontación y marginamiento de la guerrilla bajo la etiqueta del narcoterrorismo

Con los ataques del 11 de septiembre se ha producido un giro en el  discurso de las políticas de seguridad de Estados Unidos y Colombia en clave de lucha antiterrorista. La estrategia que combina política de seguridad y política antinarcóticos adelantada por Uribe, sigue esta perspectiva y profundiza lo emprendido en el gobierno Pastrana a través del Plan Colombia para fortalecer las fuerzas armadas y la policía y lanzar un ambicioso programa de fumigación aérea de las plantaciones de coca. Esto ha redundado en una explicación de la situación colombiana en términos de “una amenaza narco-terrorista contra un Estado democrático”. [27]

La simbiosis narcotráfico- terrorismo se basa en dos supuestos fundamentales. En primer lugar, que el control de la oferta, esto es, de los cultivos ilícitos, es el medio más efectivo para acabar con el narcotráfico: “si no hay cultivos de drogas para cosechar, no podrán ingresar ni cocaína ni heroína a la cadena de distribución”.[28] En segundo lugar, que como los grupos armados dependen importantemente del negocio de la droga, si se lucha contra este y se elimina, las finanzas de estos grupos se verían mermadas y con esto su pie de fuerza, condición que facilitaría una eventual negociación.  

Si bien desde 1997, las FARC y el ELN figuran dentro del listado de organizaciones terroristas internacionales del Departamento de Estado norteamericano, y el 10 de septiembre de 2001 fueron incluidos los paramilitares, el nuevo enfoque de la política de seguridad simplifica peligrosamente las dimensiones de un conflicto de mas de cuarenta años y obstaculiza sus posibles salidas.

Este desconocimiento del conflicto ha sido visto con problemas en la comunidad internacional, tal como  lo reseñó el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia de 2004: "Esta nueva caracterización de la problemática existente desde hace varias décadas en el país puede prestarse a confusiones y problemas en varios campos, desde los datos estadísticos hasta las políticas públicas, incluyendo la aplicación con rigor del derecho internacional humanitario", señala el informe. La diferencia de términos utilizada por el gobierno aumentó las críticas, pues pocos entienden cómo el gobierno intenta convertir al paramilitarismo en delito político, mientras niega la existencia del "conflicto".

Los acercamientos entre el Gobierno nacional y el ELN han estado hasta el momento marcados por la incertidumbre y la inestabilidad. Si bien el ELN ha mantenido contactos persistentes con los últimos tres gobiernos, hasta el momento no se ha logrado formalizar un proceso de diálogo con ninguno de ellos. Por ello, pareciera haber la sensación de que con el ELN se han hecho muchas negociaciones que nunca han dado ningún resultado: la realidad es que nunca se ha dado un proceso de diálogo formal entre Gobierno Nacional y ELN, a diferencia de otras organizaciones guerrilleras que sí han tenido varias experiencias en ese sentido.[29]

Por lo anterior, podríamos decir que si las cosas funcionan en estos nuevos acercamientos, por primera vez tendríamos la experiencia de tener al ELN sentado en una mesa de conversaciones con una delegación del Gobierno Nacional. No obstante una  atmósfera de escepticismo rodea no solo a  analistas y ciudadanos sino también a la dirigencia del ELN.

El ELN ha expuesto en dos documentos los obstáculos que impiden llegar a un proceso de paz con el actual gobierno, y la importancia de adelantar un proceso de consultas con sectores de la sociedad colombiana a propósito de los mismos. Entre estos destacan (completar)

CONCLUSION

La relación entre conflicto y narcotráfico merece ser estimada en el contexto amplio de un conflicto armado histórico y no en los términos simplistas de una amenaza narcoterrorista. Así, la situación deja de resolverse en los términos propuestos por la actual administración si se tiene en cuenta que,  tanto en el caso de las FARC como en el del ELN, el dinero obtenido por la droga todavía parece ser más un medio para conseguir un fin y no un fin en si mismo.

La ideología política, si bien más débil y ambigua que antes, define las metas estratégicas del ELN y probablemente también las de las FARC, por consiguiente, incluso si se les cortan los altos ingresos por droga del pasado, todo parece indicar que el conflicto puede seguir.  La estrategia de Bogotá y Washington de combatir los grupos armados como narcoterroristas, por útil que sea para fines propagandísticos, simplifica en exceso la situación y propicia un enfoque tan autolimitante que se vuelve contraproducente. Se requiere una estrategia de seguridad efectiva que debilite las opciones militares de los grupos armados, pero también se necesita un programa de desarrollo social y económico de amplio alcance que menoscabe su argumentación ideológica y, por ende, ayude a generar un contexto en el que se puedas poner fin al conflicto.

Con lo anterior no desconocemos que las posibilidades de poner fin al conflicto en Colombia aumentarían considerablemente si se diera solución el problema de la droga,  solución que en nuestro concepto no se reduce a un control de la oferta, como lo aducen las actuales políticas antinarcóticos sino que debe enfocarse también a la demanda creciente de drogas en los grandes centros de consumo en Estados Unidos y Europa.

Los obstáculos presentados en el actual proceso con las AUC, deben servir de experiencia para futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en claro que el narcotráfico, como los crímenes atroces, no es materia de negociación, si es que se quiere lograr un proceso apegado a los principios del Estado de derecho. En segundo lugar, que debe darse un debate que aclare las condiciones bajo las cuales un grupo armado ilegal puede llegar a ser considerado con estatus político, de tal forma que, ni se desconozcan las reivindicaciones políticas e ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la formalización del paramilitarismo como  actividad política

Con respecto a la relación entre elites y narcotráfico baste decir en este escrito que gran parte del mantenimiento y perpetuación del fenómeno del narcotráfico en Colombia se explica en su posibilidad de obtener el respaldo y/o agenciamiento de algunas elites políticas, armadas y sociales cuya naturaleza es preciso describir en un trabajo futuro. Pero además merece la pena preguntarse si las dinámicas subyacentes a las organizaciones narcotraficantes, y las cúpulas guerrilleras  y paramilitares, su capacidad para hacer resonancia en el sistema político, transmitir, integrar y representar intereses, no puede hacerlos susceptibles de ser analizados como élites o, siguiendo la lógica del establisment, como contraélites.

BIBLIOGRAFIA

·         CASTAÑO, Carlos. “La verdad de las AUC ante la comunidad internacional y los EEUU”, en Las verdaderas intenciones de los paramilitares. Corporación Observatorio para la Paz, Bogotá: 2002 pp. 343- 348

·         CONTRALORÍA DELEGADA para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad La Gestión de la Reforma Agraria y el proceso de incautación y extinción de bienes rurales. http://semana2.terra.com.co/imagesSemana/documentos/Bienesruralesforofinal11_20050614.doc. Consultada el

• DUNCAN, Gustavo. Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra. Documento Cede, Universidad de los Andes. ENERO DE 2005. Edición electrónica http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf. Consultado el 12 de Octubre de 2005.

·         FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana. Número 18, Junio 24 de 2005.

·         FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA.  El poder paramilitar, Bogotá,  2005.

·         GARCÍA Villegas, Mauricio Contrarreforma Agraria, en Revista Semana, Bogotá, Julio 03  de 2005.

·         HUMAN RIGHTS WATCH.  Las  apariencias  engañan. La desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Agosto de 2005. Vol. 17, Nº3 ( B)

·         HUMAN RIGHTS WATCH. Proyecto deja intactas las estructuras paramilitares. Junio 15 de 2005.

·         Informe de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC). República de Colombia. 24 de Febrero de 2005. pp. 7-8

·         INTERNACIONAL Crisis Group. Guerra y Droga en Colombia. Informe sobre América Latina Nº 11 del 27 de enero de 2005

·         LEY DE JUSTICIA, PAZ Y REPARACION, en Gaceta del Congreso. Año XIV, N° 390. Bogotá, D.C., Martes 21 de junio de 2005.

·         MEDINA Gallego, Carlos. El neoliberalismo, la cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia
febrero 2001. http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/neolib.htm . Consultado Octubre 12 de 2005

·         MINISTERIO de Defensa. “El narcotráfico, una amenaza para la seguridad nacional”, Bogotá: noviembre de 2000.

·         OFICINA de las Naciones Unidas contra la droga y el delito ( UNODC), “ Colombia: Coca Cultivation Survey 2003”, Viena: junio de 2004

·         RENSSEALER Lee II, “ Colombia: Insurgency Inc., prepared for Internal Conflict 1998- 1025, citado en Thoumi, El Imperio de la Droga, Opc

·         REVISTA SEMANA. “Revelaciones explosivas”, en Revista Semana, Nº 25 de septiembre.

·         THOUMI, Francisco. El Imperio de la droga. Narcotráfico, Economía y Sociedad en los Andes. Bogotá: Editorial Planeta, 2002.

·         URIBE, Sergio. “Los cultivos ilícitos en Colombia. Evaluación: extensión, técnicas y tecnologías para la producción y rendimientos y magnitud de la industria”, en Thoumi, Francisco (comp). Drogas Ilícitas en Colombia: su impacto económico, político y social, Bogotá: Dirección Nacional de Estupefacientes, PNUD y Planeta, 1997.

TOMADO DE: http://www.docentes.unal.edu.co/gprodriguezm/docs/ELITES%20CONFLICTO%20Y%20NARCOTRAFICO%20EN%20COLOMBIA.doc