MÉXICO: HACIA
-
Eduardo Correa Senior
1.
El asenso de la criminalidad ligada el
narcotráfico
Si en algún aspecto vital de la vida nacional mexicana se observó un claro
fracaso de la política foxista[1]
fue en el tema del narcotráfico. En
los últimos dos años de ese gobierno el conjunto de la sociedad mexicana pudo
observar, entre la consternación y el extrañamiento,
fue que la violencia ligada al este fenómeno, producto de lo que el
gobierno de los Estados Unidos definió estratégicamente desde hace más de tres
décadas como “Guerra contra las drogas”, se tornaba, por primera vez, en eso, en
una guerra. Hubo días entre el 2005 y el 2006 en que se presentaron más
homicidios en México por esta condición que en la guerra de Irak. Largos
tiroteos en las calles de distintas ciudades, incluyendo los dos puertos
turísticos de Acapulco y Zihuatanejo; asesinato de policías; el secuestro y
tortura de los encargados de la vigilancia en cárceles de alta seguridad por
parte de comandos paramilitares; los videos con hombres torturados, donde uno de
ellos termina siendo ultimado frente a las cámaras de televisión, que por alguna
clase de “inexplicable” razón tuvo acceso al crimen antes que las mismas
autoridades; la macabra colocación de cabezas cercenadas frente a las estaciones
de policía, con avisos de “para que aprendan a respetar”; asesinatos con
evidentes signos de tortura; levantones
o secuestros, matanzas... Y toda esta violencia ligada directamente al
narcotráfico. Públicamente se sabe
que es así, no gracias a los informes de la inteligencia oficial, que no hacen
más que corroborar lo evidente, sino por el tipo de armas –privativas y de uso
exclusivo del ejército -, por la magnitud de los operativos que suponen estas
actuaciones y por sus mensajes explícitos e implícitos dejados en los escenarios
de sus actuaciones.
La fuerza del narcotráfico, expresada
en su capacidad para ejercer la violencia, fue, al final del gobierno de Fox,
mayor que nunca antes en este país.
Lo que sucedió con el DC-9 de
Fue entonces que se inicio el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), con una
muy dudosa legitimidad debido a un proceso electoral poco pulcro y transparente.
Y este irrumpe en la escena política con un proyecto que aparentemente lo
presentaría, nacional e internacionalmente, como un presidente fuerte, de
decisiones rápidas, contundentes y que, enfrentando directamente el tema de la
violencia, le permitiría ganar esa ansiada legitimidad en un tiempo muy breve.
Es más, se trató de un proyecto político que “mataba dos pájaros de un mismo
tiro”, porque adicionalmente mostraba su decisión de “reprimir con todo” si las
condiciones de gobernabilidad se llegaran a afectar muy seriamente. Y ese
proyecto político fue militarizar el país; apoyarse en lo militar para aparentar
fortaleza.
Ø
En lo cuantitativo
Para algunos analistas los primeros años de la administración Fox demostraban
que los diseños de una política de mayor coordinación interinstitucional y de un
esfuerzo con mayor carga represiva podría arrojar datos de mejoramiento pausado
pero efectivo en su control contra el narcotráfico. La detención de algunos de
los jefes más importantes y reconocidos de estas organizaciones fueron
presentados como un producto palpable y contundente de su éxito. Pero desde el
comienzos del 2004 la situación cambio radicalmente en contra. Hubo lugares,
como Nuevo Laredo (Ciudad fronteriza con Estados Unidos al este de México), con
350 mil habitantes, donde la situación se tornó realmente alarmante, llegando a
convertirse en la vanguardia de la tasa de
homicidios más alta de cualquier ciudad occidental, con 180 en el 2005 y
duplicando esta cifra en el promedio de lo que corrió en el 2006. Solamente en
el 2005, ligado a condiciones del
narcotráfico, se llegaron a contabilizar un poco más de 2000 homicidios en
todo en territorio nacional. En el 2006 la sumatoria de violencia fue mayor en
un 15%. A manera de ejemplo, se exponen en una gráfica la comparación de cuatro
ciudades donde tiene actualmente el
narcotráfico una competencia muy dura por el dominio de estas plazas.
TASAS DE
HOMICIDIOS EN CUATRO CIUDADES MEXICANAS
Gráfica Nº 1. Movimiento de la tasa de homicidios en ciudades conflicto por la
disputa territorial.[3]
En lo que lleva la administración de Calderón no hay un solo indicio de que esté
disminuyendo el tráfico de “drogas” y, por el contrario, la violencia ha
aumentado en su extensión territorial, cuantitativa y como producto de la
actuación misma de los militares. La militarización no produjo los rápidos
resultados que esta administración esperaba.
Ø
En lo cualitativo
La sevicia con la que se llevan a cabo muchos de los homicidios del
narcotráfico tuvo la clara intención
de producir un efecto de miedo sobre los adversarios y de demostrar al Estado y
a la sociedad en su conjunto la decisión y fuerza de su actuación.
El ataque a uno de los oficiales de la guardia presidencial a la salida del
Distrito Federal con una bazuca, para luego abatirlo con cientos de disparos
adicionales de fusil; la toma de la cárcel en Michoacán para liberar a algunos
de los miembros de la propia organización o el ataque reiterado a una cárcel
municipal, con fusiles, granadas y bazucas cerca de Villahermosa, Tabasco, actos
ocurridos entre el 2004 y 2005, no dejan de mostrar la magnitud de los comandos
y su capacidad de accionar coordinado.
El haber asesinado a varios de los comandantes de la policía local de Nuevo
Laredo o de Ciudad Juárez, en Acapulco, Monterrey o en Campeche no sólo muestra
que cualquier ciudadano se halla en la mayor indefección frente a virulencia de
las acciones por las que estos grupos opten, sino y fundamentalmente, que están
operando con la clara intensión de desafiar al Estado y de demostrarle a la
sociedad en su conjunto que el monopolio de la violencia ya no lo ejercen más
las instituciones que legitima y legalmente la pueden ostentar.
Por otra parte, si las primeras guerras privadas entre estas organizaciones se
inician en los primeros meses de 2004, en el Estado de Tamaulipas, en un tiempo
relativamente breve se ha observado su expansión a Guerrero, Chuhuahua, Baja
California, Distrito Federal, Michoacán, Estado de México, Quintana Roo,
Campeche y Tabasco, lo que puede estar indicando un proceso de reclutamiento y
entrenamiento con el claro propósito de reproducirse y poder garantizar su
expansión comercial y militar.
Ø
En el impacto social mediático
Es paradójico que en el mismo inicio
de esta exposición retome el uso que han querido hacer los medios de
comunicación sobre estos eventos. Resaltar la violencia y colocarla en primer
plano tiene una función: crear miedo social y argumentar la necesidad de una
mayor inversión en seguridad por parte del Estado. Esta campaña mediática lleva
a gobernantes y gobernados a entrar en la dinámica de suponer que la condición
necesaria para “enfrentar” al
narcotráfico será la de aumentar el poder represivo de las instituciones
encargadas de llevar a cabo esta guerra
en el territorio mexicano. Y si bien la militarización no es una estrategia que
se originó con la administración de Calderón, pero que si se reforzó y se
fortaleció en inversión cuantitativa y de crecimiento en logística con Fox, pero
que tiene su punto de partida desde lo heredado por la administración de Ernesto
Zedillo[4].
Si el narcotráfico se pudiera leer
aisladamente del conjunto integral de lo que viene socavando a la sociedad
mexicana en particular, independientemente de lo que en este aspecto viene
ocurriendo en los Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, en las
sociedades de Europa y en general del conjunto del sistema mundo, ciertamente
habría que hacer un análisis limitado a lo que viene ocurriendo con el sistema
de seguridad nacional en México. Tal vez habría que responsabilizar entonces,
exclusivamente, a alguna de las instituciones de seguridad:
Por ejemplo la cocaína, se siembra en un lugar, se pude procesar en otro, pero
es el transporte el que supone un negocio de enormes proporciones
y, al final de todas estas fases, es generador de un volumen de capital
que para nada es inocuo. Pero que, además, es en la venta callejera, en las
ciudades del gran capital mundial, preponderantemente las de Estados Unidos,
para ventaja de su sistema financiero, donde se produce y reproducen las mayores
acumulaciones de este capital ilícito[5].
El dinero es después repartido en cientos o miles de cuentas, en “paraísos
fiscales” y eventualmente puede regresar a México, masivamente para comprar
parte de
La pregunta aquí es ¿por qué a este sistema global le interesa presentarnos una
situación de caos frente a la seguridad social?
El antrax en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 se presentó
como un enemigo oculto que podía atacar en cualquier momento, a cualquier
ciudadano. De allí al allanamiento, al espionaje sobre cualquier hogar, sobre su
correo, su teléfono, su computadora, a la detención arbitraria, a la
desaparición forzada, al fusilamiento callejero, sin fórmula previa ni sentencia
de juicio, el encarcelamiento en calabozo de aislamiento, también sin juicio,
como actualmente ocurre en Guantánamo o cualquiera de las cárceles siniestras de
Y la guerra también es información. Basta recordar el más común de todos los
teóricos de la información en la guerra: Gobless. Y ese papel lo está cumpliendo
muy puntualmente y con toda prontitud y eficiencia la prensa electrónica y
escrita del país bajo la lógica de un “narcotráfico” en guerra.
Pero la contrapartida es que no se trata tan sólo de una burda manipulación. Las
transmisiones de prensa se construyen sobre una parte de la realidad constituida
ciertamente de terror. Y esa parte es precisamente el ruido a gran volumen de la
violencia que resuena en los oídos de todos y que tiene su punto de resonancia
amplificada en el narcotráfico.
2.
¿Por qué culminó el sexenio foxista con este incremento de violencia?
Varias son las hipótesis que se mueven para tratar de explicar porque ha
ocurrido este estallido de violencia en estos dos últimos años.
Ø
Economía ilícita y violencia
En primer lugar hay que reconocer que toda la economía ilícita, por su
naturaleza marginal al Estado de derecho, debe apoyarse en el ejercicio directo
de la violencia. Allí donde el Estado no puede intervenir como mediador y
garante del intercambio mercantil esta se convierte en la fianza de hecho de un
convenio, cualquiera que sea su índole. Los negocios en estos escenarios se
garantizan con la propia vida. El que no cumple un contrato debe pagar “a
fuerza”. Es desde aquí que el Estado comienza a perder el monopolio de la
violencia. Y por lo tanto, es desde esta pérdida que el Estado inicia de manera
simultánea su propia disolución, la de la ley y la de las instituciones.
La violencia, como medida de última instancia, obliga a la conformación de
organizaciones armadas para ejercer la coerción necesaria, para hacer cumplir
los contratos, para mantener “a raya” a la competencia y para disciplinar y
subordinar a los propios colaboradores de la organización. Por ello el empleo de
la violencia se ejerce sin contemplaciones frente a la traición y quien hace uso
sin temor de ella asciende de rango. Y esta es por lo tanto la razón de base
para la relación entre violencia y
narcotráfico. Pero es esta condición la que da origen a la violencia y no el
negocio o mercado de la droga
en particular.
Por supuesto el narcotráfico no es la
única forma de economía ilícita históricamente constituida y estructurada en al
región. Y todo tráfico de ilícitos se acompaña de la organización con
disposición de violencia. Entonces, lo que ocurre con este nuevo componente de
dicha economía es que suma más violencia. En realidad la multiplica
geométricamente, porque los recursos económicos que proporciona este particular
negocio ilícito permite la conformación de organizaciones con un armamento cada
vez con mayor capacidad de fuego. Un armamento y una capacidad logística que
puede ser adquirido, en el caso mexicano, directamente y con relativa facilidad
desde la frontera de los Estados Unidos[6],
generando así un creciente y no menos importante negocio para esa economía
ilícita y por lo tanto para el jugoso
lavado de dinero que ingresa, igualmente, al mismo sector financiero, a
Ø
Cambio en la correlación de fuerzas
Pero el aspecto central de esta nueva etapa de la historia del
narcotráfico en México, con esta
oleada de violencia, tal vez se deba a un cambio estructural de la correlación
de fuerzas entre las organizaciones que controlan el transporte, la seguridad
del movimiento y mercadeo a gran escala para los Estados Unidos, de la
mariguana, los opiáceos, las anfetamina y, en lo primordial, de la cocaína.
Nuevo Laredo fue la primera plaza de confrontación entre las organizaciones del
Pacífico mexicano (Sinaloa y Juárez), contra una de las más poderosas
organizaciones de la otra costa, la del Golfo de México.
Ese cambio de correlación de fuerzas se debe a la aparición de los “Z”, un
comando ultra especializado, formado en los Estados Unidos, entrenado para
formar parte de los Grupos Aereomóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), en el
Fuerte Bragg (Carolina del Norte) y el Fuerte Benning (Georgia), entre mediados
y finales de los 90. Dicho entrenamiento formó este super comando con la
disposición de manejo de sofisticados equipos de espionaje y con capacidad para
infiltrar, corromper y hacerle inteligencia a las organizaciones de seguridad y
de la misma inteligencia del Estado mexicano. Para combatir el
narcotráfico en literales condiciones
de guerra; con capacidad para actuar bajo enorme presión como un solo grupo, de
forma coordinada, haciendo uso de sistemas de comunicación costosos,
sofisticados y con armamento de asalto.
Ø
Cambio del partido en el poder
Otra posible causa fue el cambio de gobierno o el triunfo de la derecha, con su
alternancia de poder del PRI al PAN. Como dice Luis Astorga[7],
bajo el PRI, la policía y las instituciones de inteligencia –particularmente
Entonces el cumplimiento de los contratos se tuvo que definir en el terreno de
la violencia, incluyendo a la policía misma que ahora, bajo una administración
que pretendía acabar de un día para otro con la corrupción, llegó fue para
alterar un orden precariamente establecido y sensible a cualquier variación de
poder. Un poder directamente proporcional a la capacidad de fuego.
Ø
La corrupción desproporcionada
Hay analistas que suponen que la base de la corrupción de la policía mexicana y
latinoamericana estriba en sus muy bajos salarios. Y no cabe duda que aquí hay
una explicación que sugiere la sensata medida de aumentar el nivel económico y
social del representante callejero de la ley. Pero, ese comando Z fue entrenado
para tener la más alta moral y capacidad de combate y, por lo tanto, de seguro
su salario debió haber sido bastante mayor que el del policía común. Hay que
entender entonces, que las proporciones de dinero que mueve el “pago de
servicios” por parte del narcotráfico
son desproporcionadas con respecto a cualquier aumento salarial.
Habría que agregar que cuando un negociante de este calibre
–el narcotraficante- se sienta en la mesa de negociación tiene siempre una
doble oferta en juego para su interlocutor: un pago exorbitante y la amenaza de
la muerte si no acepta plegarse a los intereses del señor del poder, de la
fuerza y del dinero. Una amenaza que no es sólo personal sino que se hace
extensiva para toda familia del representante de la ley, que, para ese momento
ya está identificada en número y en rutinas cotidianas. Y una vez aceptado el
primer pago ya no hay retorno posible. La traición es cobrada con creces de
dolor físico y psicológico. El terror es el sustento del poder, por base y
fundamento, en el ámbito de la coerción. Es la capacidad de infringir castigo,
lo que asegura en última instancia, el manejo del poder a través de la
violencia. Un poder que viene envuelto en papel de billetes de alta
denominación.
Se trata pues de un dilema en el que se somete a la autoridad del Estado, entre
hacerse un poco más rico del punto de partida personal que se tiene, o morir. El
dilema no es el del prisionero, quien debe optar por escapar sólo o hacerlo, por
solidaridad, con un compañero, en condiciones de mayor riesgo. Aquí, en el
dilema del representante estatal, la toma de decisión inicial no parece muy
difícil: o te vuelves rico o lo pierdes todo.
En realidad no hay salida.
Pero que las cifras por el “pago de servicios” deben de ser por sí solas muy
atrayentes lo confirman los Z. Ellos no podían ser sujetos de amenaza. Aunque,
como se explica más adelante no se debe descartar la hipótesis de que ellos
estén trabajando en una perspectiva política mucho más compleja, a varias bandas
y, dónde pueden seguir respondiendo a un mando militar que diseña y planifica
desde más allá de las fronteras.
3.
Las coyunturas
Si las dos últimas condiciones causales de la “nueva” violencia arriba
mencionadas tienen aspectos coyunturales, estas afectan las condiciones en que
se ha venido estructurando el
narcotráfico a largo plazo. Hay sin embargo otros aspectos que han alterado
nacional e internacionalmente su funcionamiento “normal” y que lo han colocado
en el terreno de la explosividad y la violencia sin pausa.
Ø
La fractura del “narcotráfico”
La primera de estas condiciones fue el asesinato del hermano de Joaquín
El Chapo
Guzmán, el 31 de diciembre de 2004. Este personaje “El chapo”, es hoy por
hoy la cabeza más visible, el mito vivo del “narcotráfico” en México. Para
entonces ya había escapado El Chapo
de la cárcel (enero de 2001), demostrando con este mismo acto un enorme poderío
económico y logístico para lograrlo o una debilidad del Estado Mexicano para
retenerlo, lo que es la misma moneda por su reverso.
Durante este mismo período fue cuando cayo, asesinado por
Pero al ser encarcelado Benjamín Arellano se pudo realizar un encuentro entre
este y Osiel Cárdenas, quién ya llevaba un poco más de tiempo en la cárcel de
máxima seguridad de
Esta confrontación acabó cualquier mediación posible. Si antes la policía servía
de garante de paz entre las organizaciones, por su propia fuerza, por su mayor
capacidad en el ejercicio de la violencia, ahora el más poderoso tendría que
demostrarlo, aún por encima de esta barrera de contención. Fue entonces cuando
los policías mismos se convirtieron en objetivo militar, en objetivo central de
la guerra. “Para que aprendan a respetar”.
Ø
Lo internacional: La guerra preventiva, de alta intensidad, en cualquier parte.
El 11 de septiembre de 2001 marcó una fecha para la humanidad, no tanto por “el
ataque” a las Torres Gemelas, cómo por la definición de guerra que dio el país
más poderoso de la historia humana al mundo y su vecino directo, México. A
partir de entonces se dio inicio a una nueva estrategia de poder mundial: la
guerra preventiva. Una guerra que se haría en todas partes y cuando así lo
convinieran los asociados internos del gobierno de los Estados Unidos. Una
decisión unilateral y en aras de prevenir cualquier nuevo “ataque”. El
narcotráfico no quedó fuera de esta
definición. Desde entonces se generalizó el término acuñado como
narcoterrorismo.
El narcoterrorismo permitió que en
Colombia se estableciera conceptual y políticamente una relación entre la
histórica lucha de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
acertada o no su política, con esta definición. Hoy el gobierno de los Estados
Unidos ofrece cifras millonarias, al más clásico estilo del viejo y salvaje
Oeste estadounidense, en proceso de conquista y colonización, por las cabezas
del secretariado de esta organización, vivos o muertos.
Con ese pretexto aumentaron los secuestros de personas en todo Latinoamérica,
con la complicidad de las autoridades locales, para ser llevados a las cárceles
de los Estados Unidos, sin fórmula de juicio, ni trámite de extradición alguna.
En Guatemala se llevaron a un maestro de velero en el lago Atitlán. Era de
origen Catalán, español, y estaba casado con una mujer australiana. Su hija
tenía 5 o 6 años. Las dos tuvieron que guardar silencio, hacer acopio de todos
los ahorros de la vida y tratar de viajar a Estados Unidos para ver si les
permitían visitarlo y saber, con un poco más de claridad, cuales eran los cargos
y cómo se habría de llevar el proceso. Nunca les dieron la visa. No hubo lugar
donde presentar una demanda a un atropello de esta índole. El estigma de haber
negociado alguna vez con marihuana lo había perseguido hasta un territorio
lejano, supuestamente soberano, y cuando su trabajo era radicalmente diferente.
En cualquier otra parte del mundo, 12 años habría sido una magnitud suficiente
de tiempo para que el juicio
caducara.
Nunca antes se había observado una cadena de secuestros, literales, por parte de
un Estado a su acomodo y arbitrariedad, violando las normas más elementales del
derecho internacional y del Estado de derecho de la nación donde se comete
semejante atropello.
Esto está pasando en todas partes del mundo. Los presos ocultos de
Poseer droga ilícita convierte a cualquier persona, automáticamente, de manera
potencial, en narcoterrorista. Nadie
garantiza que no le haya sido “sembrada”.
Cosas peores han ocurrido con la definición de “guerra preventiva”, como la
invasión a Irak bajo el pretexto de unas “armas de destrucción masiva”, que
nunca existieron. O con su punto de partida, el terrorismo, como el bombardeo e
invasión de Israel sobre el Líbano y Palestina.
Este es el contexto. El pretexto para invadirlo todo son las drogas que ellos
mismos definieron como “ilícitas”: poner sus policías en los aeropuerto de la
región, “pinchar” teléfonos, colocar sus radares en selvas ajenas, aumentar las
bases militares en todo América Latina, enviar comandos especiales, hacer
patrullaje sobre aguas y cielos de todos los países de la región, escuchar
cualquier comunicación telefónica con ayuda de sus aviones “awacs”, producir
entrenamiento sobre todas las fuerzas represivas de la región – convirtiéndolas
en camufladas fuerzas cipayos-, mirar los mensajes cibernéticos de quien quieran
producir “narcocasetes” para desprestigiar presidentes o destapar ollas
podridas, como las del partido en el poder y sus vínculos con la “mafia” china.
La “guerra contra las drogas” adquiere otra dimensión desde entonces. Si bien
desde el final de la “Guerra fría” el
narcotráfico se había utilizado como el enemigo que reemplazó al “fantasma
del comunismo”, cumpliendo la función de crear un enemigo común necesario para
tratar de mantener la unidad ideológica, política y militar regional –americana
al menos-, a partir del 11, 09, 01, la laxa “guerra contra las drogas”, que
había introducido Richard Nixon, adquiere otra dimensión.
La pregunta, siempre, es por qué lo Estados Unidos está construyendo una
estrategia de guerra incresendo hacia
la región. Y las razones son muchas: los tratados de libre comercio, TLCAN o el
ALCA, que significan mercado para su producción a costa de las industrias
nacionales y sobretodo de la producción agropecuaria regional y en favor de sus
industrias y de la agricultura de sus corporaciones; América Latina fue
convertida en exportadora neta de capital, vía deuda externa, desregulación
financiera para el libre retorno de las inversiones extranjeras y pago de
regalías, llegando en la última década a la cifra de 2 billones, 400 mil
millones de dólares[9];
los procesos de privatización, que no son otra cosa que acumulación de capital
por despojo de lo común –lo que ocurriera en los orígenes mismos de la
acumulación primitiva de capital, a sangre y fuego, contra los campesinos en
Europa; la desregulación laboral, lo que ha significado la pérdida de
condiciones laborales alcanzadas en un período muy largo de luchas obreras
nacionales e internacionales, con el propósito de hacer viable los proyectos de
la maquila regional. En conjunto, lo que se conoce como las medidas de ajuste
estructural, neoliberalismo o “Consenso de Washington”, que implican una guerra
contra estos pueblos. Mientras ellos imponen sus medidas para acumular capital
la región produce una espiral de acumulación de pobreza por despojo. Y para
lograr esta acumulación forzada y a la brava, es necesaria una estrategia de
guerra. Una guerra de recolonización. Una guerra donde el nombre, la legitimidad
con la que se hace y se seguirá haciendo, en una escalada creciente, no es lo de
menos. Y esta se ha recubierto del manto de “guerra contra las drogas”, de
guerra al narcoterrorismo, donde la
justificación parece tan obvia, tan necesaria, que hasta los gobiernos populares
y revolucionarios de la región entran a jugar a partir de la definición del
prohibicionismo en una lista de “drogas” que fue identificada unilateralmente
por los Estados Unidos.
Lo que esta en movimiento es una guerra de posiciones, donde ellos vienen
colocando desde hace tiempo sus ejércitos en la región, en sus bases militares,
que se siguen construyendo cada vez más. Ya se acumula un número muy superior
(28 o 29) de estas a las que existieron durante toda la “Guerra Fría”. Una
guerra de posiciones donde ellos avanzan cada año colocando cada vez más
tecnología militar, sistemas de información múltiple, aparatos de control
informativo y logístico. Esta guerra donde los ejércitos y policías de la
región, gracias un intenso, largo y permanente programa de entrenamiento, se han
venido convirtiendo en la “quinta columna”, en ejércitos cipayos. Es una
estrategia espacialmente calculada y cronológicamente ejecutada para la
contención popular.
Dentro de esa estrategia, debilitar el Estado, disminuir su capacidad de ejercer
su derecho sobre su territorio y su población, restarle autoridad frente a sus
fuerzas represivas, hace parte de los procesos que permiten rasgar soberanía con
mayor facilidad. La corrupción de las instituciones es una forma para producir
ese debilitamiento. El prohibicionismo a ultranza de las drogas ilegalizadas por
Estados Unidos ha sido un procedimiento largamente probado en la
generación de corrupción.
Otro de los sostenes de esa misma estrategia de debilitamiento social y Estatal
es la criminalización de la protesta. Lo lógica de la “guerra contra las drogas”
permite, como desde los tiempos de Raúl Haya de
Sin embargo, la
naturaleza del narcotráfico y de las políticas utilizadas para combatirlo
muestra que México no puede lograr esta tarea por sí mismo. El gobierno de
Estados Unidos debe compartir la responsabilidad con México de eliminar la
violencia y corrupción por dos razones fundamentales: primero, la cocaína, la
heroína, la marihuana y las anfetaminas son traficadas en México para satisfacer
la demanda estadounidense, la cual permanece constante y, en algunos casos,
parece estar incrementándose. En segundo lugar, y principalmente, Estados Unidos
fue quien tomó la decisión de prohibir dichas drogas, una estrategia que con
toda probabilidad mantiene el consumo de drogas a nivel más bajo que si
existiera algún tipo de legalización, pero al costo de crear un gran mercado
negro donde la violencia y la corrupción son el
modus operandi[10].
¿Más “ayuda”? ¿De la misma?
4.
Del Prohibicionismo y otras historias
En 1991
Las restricciones, cuando no existía el prohibicionismo, estuvieron dadas en
relación con los fines de sus usos, el momento en que pueden usarse y quienes
pueden hacer uso de ellas. Generalmente su empleo está asociado con rituales y
ceremoniales religiosos y de salud. La restricción generalmente está definida
por el chaman o sacerdote quien realiza el ceremonial. Y fue precisamente la
iglesia católica, en algunas partes, la primera en llegar prohibir y tornar
estos rituales en clandestinos. Era una competencia inadmisible en su
construcción social de la realidad.
A finales del siglo XIX, cuando el disfrute hedonista y las justificaciones
curativas de la cocaína estaban ya generalizadas en occidente, en que las
asociaciones médicas y las compañías farmacéuticas, construidas sobre las
ideologías moralizantes de los grupos religiosos más conservadores, por razones
obviamente económicas (pues son ellos los que pretenden la exclusividad en la
tutela del cuerpo y mente de sus clientes), las que iniciaron la construcción de
una racionalidad y el empuje político prohibicionista. Y fueron ellos mismos los
que iniciaron una campaña en los medios y en el Congreso de los Estados Unidos
hasta lograr, la primera ley prohibicionista conocida como la ley Harrison o
Harrison Narcotic Act (1914)[13].
Sobra decir que no cambio para nada los hábitos de consumo ya establecidos,
entre otras razones, porque algunas de estas drogas se continuaron produciendo
en forma industrial, como fue el caso de la cocaína en el Perú[14].
Pero igual ocurrió con el opio y el
haschisch, que se siguieron obteniendo en grandes cantidades en el mercado
internacional.
Lo que resulta verdaderamente asombroso es que ese prohibicionismo se haya
impuesto al mundo desde el final de
El prohibicionismo lo único que logró desde entonces fue que el comercio se
tornara clandestino; que los precios se elevaran de manera exorbitante; que el
negocio quedara en manos de organizaciones criminales; que la calidad de los
productos quedara a la buena voluntad del vendedor callejero; que los
laboratorios mantuvieran y aumentaran en ciertos momentos de la historia las
magnitudes de sus ventas de los precursores químicos para la fabricación de las
drogas prohibidas; que los laboratorios de Alemania, Suiza y Estados Unidos
fueran los que definieran los marcos legales, por la vía de los hechos, de los
psicotrópicos; que el sector financiero, a través de sus vínculos con el sistema
de bancos con secretos legal y oficial para sus clientes, generara la mayor
concentración del capital acumulado del intercambio ilícito; y que fuera
creciendo una burocracia estatal encargada de ejecutar el control y la sanción a
estos criminales en serie, a la vez que se promocionaban sobre la racionalidad
de que las bandas criminales cada vez tenían más recursos que los que invertía
el Estado en su control. En síntesis, el
narcotráfico en su conjunto tiene su raíz más directa y profunda en el
prohibicionismo que impuso los Estados Unidos para el mundo.
Y es desde ese prohibicionismo que se crea toda una economía criminal, cuyo
punto de partida es el consumo, la demanda de drogas, sobretodo, desde Estados
Unidos. La segunda dimensión[16]
económica es una enorme magnitud de capital invertido en producción, seguridad,
laboratorios, medios de transporte y corrupción para que las drogas, finalmente,
lleguen a su destino. La tercera dimensión está en las enormes ganancias que
deja el negocio y que se reinvierten sobre la misma sociedad y las economías
nacionales, generando un poder concomitante con esta magnitud. Una cuarta
dimensión la constituye el lavado
internacional de esos dineros y que termina por concentrarse en el sistema
financiero internacional, inicialmente en forma de “paraísos fiscales”, bolsas
de valores, bonos del Tesoro, o cualquiera de los terrenos especulativos que
ofrece el sector. La quinta dimensión la constituyen
esos proyectos ligados a las grandes inversiones bancarias, proyectos de
finca raíz de gran envergadura, compra de empresas o de bancos mismos,
demandantes de abundante liquidez y que suelen alterar visiblemente la fisonomía
de áreas rurales y urbanas en forma de megaproyectos. La sexta dimensión la
constituyen los empleos que en diferentes sectores genera esta economía y que va
desde los campesinos que siembran las plantas, hasta los jefes de policía y
políticos cómplices, quienes terminan recibiendo un cheque mensual y siendo
parte de la nómina, al igual que los químicos, los transportistas, los pilotos,
los mecánicos, los sicarios y hasta los decoradores que se benefician de la
riqueza de los narcotraficantes.
Tampoco son pocos los empleos indirectos que la presencia del capital ligado al
narcotráfico produce y que pueden ir
desde los promotores de la prevención y los profesionales de la rehabilitación,
pasando por los encargados de la represión y la burocracia concomitante, para
terminar en toda la gama de profesionales que se benefician de la demanda de
servicios de este capital.
Al final, como dice Marcos Kaplan[17],
“la narco economía se vuelve en
realidad decisiva; genera e irriga recursos, pero también crea o modifica
relaciones de dominación y explotación, de servidumbre o de semiesclavitud,
respecto de los campesinos productores, los pequeños agentes de distribución o
los consumidores... la narco economía
distorsiona a los actores y a los procesos socioeconómicos, sus motivaciones,
actividades y resultados... modifica fuerzas y estructuras, clases e
instituciones de la sociedad” ... y la naturaleza misma, deforestando
directamente para sembrar o sufriendo los embates de la fumigación más
irracional de que se tenga memoria en toda la historia humana, con imponderables
y permanentes daños ecológicos de dimensiones verdaderamente catastróficas.
5.
El Narcotráfico y el Estado
Los efectos del narcotráfico sobre el
Estado y en general sobre la vida política de las naciones son contundentes. Las
estrategias de influencia explícita e intencional de las organizaciones
dedicadas al narcotráfico han sido
múltiples y muy variadas.
En algunos casos, como en Colombia, Perú y Bolivia, en aras de su propia
protección o como una simple extensión y ampliación de un poder económico
extraordinario, lo que les permitía suponer el ingreso directo a la
participación política institucional, estas organizaciones y sus jefes se
lanzaron a la abierta campaña política. Incluso llegaron a formar sus propios
partidos políticos, con su propia plataforma. En la mayoría de los casos
financian las campañas de los políticos tradicionales, como una forma de
comprometerlos con su propia seguridad y la de su proyecto económico. De esta
manera terminan también por infiltrase en el Estado mismo, afectando su propia
soberanía, autoridad y rectoría de mandato constitucional.
Por otro lado suelen desarrollar obras de servicio social de gran envergadura
para sectores populares, que les terminan sirviendo de colchón protector, de
agentes de información, de infiltración y de servicios más oscuros. En estas
actividades el narcotráfico acaba por
reemplazar las funciones del Estado mismo, ofreciendo recreación, deporte,
salud, vivienda, telefonía, electricidad... y hasta sustanciales mejoras a la
iglesia del lugar. En cierta forma finaliza convirtiéndose
en una institución para-Estatal.
Luego está la esfera de la corrupción. En su ejercicio son los reyes nacionales.
Nadie tiene la capacidad para infringir la ley tanto y pasar impunemente por
encima de cualquier sanción, salvo por el costo mismo de la corrupción. Su nivel
de afectación puede ser cualquiera. En otros países, distintos a México, ha
llegado hasta la presidencia misma. Aunque con la historia del chino Zhenli Ye
Gon, del dinero del PAN, decomisado en una de las grandes mansiones del señorial
barrio de Las Lomas ya ha sembrado la duda en el mismo México. En otros momentos
mexicanos la corrupción, producto del negocio de las
drogas, también propuso y dispuso de
gobernaciones y hasta nuestros días estos vínculos han mantenido expresiones y
sospechas desde Quintana Roo hasta Nuevo León y Baja California, pasando por
Jalisco o Veracruz. Los sobornos no son sólo para los gobernadores, sino también
y sobretodo para los jefes de la policía local. Pero también pueden ser para los
generales del Estado Mayor. Basta con recordar la historia de General Gutiérrez
Rebollo. Pero igual ocurre con los jueces, los directores de las cárceles, la
totalidad de los guardias de un penal y en general con cualquier servicio
institucional Estatal que ellos requieran. No en balde sus crímenes y fechorías
quedan la mayor parte de las veces en la mayor impunidad. Es por esto también
que la violencia se enseñorea frente a la sociedad. Ella puede nacer en los
intereses y capacidad de la delincuencia organizada, pero termina por asimilarse
socialmente como un mecanismo real de hacerse justicia, de hacer cumplir los
pactos. Parte de la extensión y generalización de violencia tiene este origen.
Es en este sentido que el narcotráfico
favorece el incremento de la delincuencia y la impunidad. El Massiosare de
La pérdida de la eficacia y la validez de la ley y de la norma llegan a
ilegitimarla, al mismo tiempo que lo ilegal se torna razonable y necesario. Es
el momento de hipervalorización de la agresividad, de la violencia, del
ejercicio de la justicia privada. La posibilidad de los ejércitos paramilitares,
de los escuadrones de la muerte, están a la vista. Primero para acabar a los
otros violentos, después para acabar con los que protestan y de allí al
exterminio de campesinos, dirigentes, activistas, trabajadores sindicalizados,
intelectuales, académicos, militantes sociales, representantes y defensores de
los Derechos Humanos, no pasará mucho tiempo. En última instancia esa
paramilitarización de la sociedad terminará por apuntar a todo lo que huela a
oposición. Así fue en El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala... Así sigue
pasando en Colombia, donde el Estado en el conjunto de sus instituciones se
paramilitariza. Las elecciones las
ganan ellos de manera aplastante. Y entonces el Senado y
El Estado ingresa en una condición de crisis profunda, en el que su
debilitamiento, por su corrupción e impotencia, se reciclan en un círculo
vicioso creciente de justicia inoperante y de violencia en permanente aumento.
Frente a la disminución y real empequeñecimiento del Estado, de su poder
político de persuasión, de su ejercicio de la autoridad y del poder central de
una sociedad, la democracia es una mascarada de cinismo que se extiende por
todos los rincones sociales.
Parte de los escuadrones de la muerte
tienen su origen en estos ejércitos privados que se fueron conformando en
Colombia. Durante la administración Fox ya dejó como herencia de su gobierno a
México estos escuadrones. En un principio son los Z, pero tras ellos se camuflan
otro conjunto de actores paramilitares con objetivos más políticos que
económicos. “Las aves azules” que son grandes escuadrones o comandos
paramilitares en entrenamiento y que comienzan a aparecer en el Estado de
Querétaro son un ejemplo de esto.
Adicionalmente, la corrupción conlleva a una pérdida de los valores éticos y
morales fundamentales para la convivencia en sociedad. La impunidad campea y el
paso a la justicia privada inicia paralelamente su propio crecimiento. Al
combinarse lo anterior con el sobredimensionamiento del crimen mediatizado y
cotidiano, se produce una pérdida por el respeto a la vida misma: “si lo mataron
a sangre fría es porque alguna cuenta pendiente tenía con los malos...” Esa
acumulación del escándalo sangriento va amortiguando los golpes, creando un
colchón de insensibilización en la sociedad, un cierto acostumbramiento a lo que
debiera consternar. Lo escandaloso del crimen, de la masacre y del asesinato se
torna en parte de la vida cotidiana.
Tal vez la mayor gravedad situacional está en la distorsión Estatal, que en su
desesperación por tratar de controlar el
narcotráfico, que termina por multiplicar la violación a los Derechos
Humanos y con ello mismo el Estado de Derecho: lo que da razón a su propia
existencia como Leviatán acordado por la sociedad. Se normaliza la tortura para
extraer información que pueda dar con las cabezas de una de las organizaciones;
cuando se cree estar frente a una de esas cabezas se dispara primero y se
pregunta después; se encarcela por sospecha o información no comprobada. Se
endurece la legislación de una manera tal, que combinada con las prácticas
anteriores y el manejo mediático que termina por inspirar un fundamentalismo,
una cierta cruzada religiosa, y se termina por arribar a situaciones de peligro
para la existencia misma y efectiva vigencia de los Derechos Humanos. El
deterioro del Estado de Derecho se torna abismal. Lo que se pone en duda es
precisamente la pretensión de la existencia y de real vigencia de un Estado de
Derecho.
6.
El Ejército del para- Estado, el paramilitarismo
Los Zeta (Z) no son un producto “casual”. Es decir, no es simplemente un grupo
militar desviado que, como diría Álvaro Obregón, “no pudo aguantar un cañonazo
de 50 mil”. Los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFE) fueron
entrenados en Estados Unidos y fueron los únicos que tuvieron en su totalidad
esta condición, porque
Pero lo que hay que saber es que si México fue el único país que recibió todo el
entrenamiento especial en el territorio de los Estados Unidos por este “prurito”
constitucional, este programa de ninguna manera fue exclusivo. Obsérvese en la
tabla Nº 1 algunos ejemplos de estos programas en el conjunto latinoamericano:
Tabla Nº 1. Ejemplos de unidades militares y policiales antidroga creadas con el apoyo estadounidense[18]
Fuerzas armadas |
Policía |
Ø
Bolivia: Fuerzas de Tarea Diablos Verdes y Diablos Negros del ejército,
Fuerza de tarea Diablos Azules de
|
Ø Bolivia: Fuerza Especial de lucha contra el Narcotráfico (FELCN).
Ø
Colombia: Dirección Antinarcóticos (Dirane.
Ø
República Dominicana: Dirección Nacional de Control de Drogas.
Ø
Ecuador: Dirección Nacional Antinarcoóticos (DNA).
Ø
Guatemala: Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN), ahora
Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos (SAIA).
Ø
División de Narcóticos de
Ø
Paraguay: Secretaría Nacional Antidroga (Senad).
Ø
Perú: Dirección Nacional Antidrogas Dinandro) de
|
Por otro lado, hay que saber que de todas las ayudas recibidas con estos
propósitos de conformar comandos espaciales por parte de los Estados Unidos,
México es el segundo país en recibir
“ayuda militar” después de Colombia, que a su vez es el país que más
ayuda militar recibe en el mundo después de Israel e Irak. Esa ayuda que recibe
Colombia, vale la pena recordarlo, hace parte del Plan Colombia, primero y de
El “Plan México”, como una reproducción del “Plan Colombia” ya es una realidad,
aunque los funcionarios de Calderón pretendan negarlo. Está presente en la
magnitud de la “ayuda” militar, de inteligencia, de asesorías, de presencia de
sus grupos de inteligencia, en la entrega de equipos especiales, armamento y
sobretodo en el entrenamiento especializado. Como el de los GAFES. Es decir,
como el de “los Z”. Ver tabla 2.
No. |
Porcentaje
|
Cantidad |
Objetivo |
1 |
29% |
50
millones |
Financiamiento social |
2 |
29% |
50
millones |
Tecnología de control del narcotráfico |
3 |
24% |
40
millones |
Profesionalización y entrenamiento |
4 |
12% |
20
millones |
Entrenamiento de jueces y fiscales |
5 |
6% |
10
millones |
Anticorrupción
|
Plan de inversiones del Acta de Alianza para un Vecino Próspero y Seguro
Fuente:
elfinanciero.com.mx / 18 junio 2007
Se dice que el entrenamiento en represión será solo para la policía. Igual se
dijo en Colombia. Durante el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) sólo se
invirtió en policía antinarcóticos; durante el gobierno de Andrés Pastrana
(1998-2002) se hicieron las inversiones del Plan Colombia para el ejército, pero
ésta institución no podía actuar en control público ni los recursos
proporcionados por el gobierno de Estados Unidos podían emplearse en la lucha
contra los rebeldes en armas. Después del 11 de septiembre del 2001, las
restricciones de acabaron.
Por otro lado hay que valorar lo que a ocurrido con los “Z”: ¿Qué puede
significar que un comando altamente especializado se le haya “salido del huacal”
a los dos gobiernos, el de Estados Unidos, porque fue este país el que lo
entrenó y a México, porque es aquí donde están sus mandos naturales?
Primero, que ha surgido una organización altamente estructurada, jerarquizada y
de muy alta eficiencia, con una enorme capacidad de ejercer la violencia y que
está “fuera de control”. Segundo que su formación en inteligencia, el acceso a
la más alta tecnología de infiltración informática y la capacidad de fuego de la
que dispone, la coloca en un terreno militar equivalente al de la mejor
guerrilla, pero, por supuesto, no con la intensión derrocar el Estado, sí no de
la construcción de un poder capaz de enfrentar a las otras organizaciones del
narcotráfico y, si llegara a ser
necesario, desafiar las fuerzas represivas del Estado. Y decir guerrilla aquí
significa una organización militar totalmente camuflada entre la población. Una
organización, que ha diferencia de las anteriores de los
narcos, no pretende hacer ostentación
del dinero con la compra de varias casas de enorme lujo en una misma colonia; ni
hacer grandes fiestas donde se presenten sus artistas predilectos y donde
asistan los personajes de la vida política y social de la localidad. Ellos están
entrenados para vivir en las condiciones más precarias y hacen uso de la fuerza
para construir más poder. El dinero está es en función de garantizar y hacer
crecer ese poder. Los mayores gastos se invierten en equipos, logística,
corrupción, inteligencia, entrenamiento de nuevos cuadros, adquisición
permanente de nuevas armas. Es la racionalidad de la guerra.
De quienes se han formado en y para la guerra.
Tercero, significa que si esta organización proviene de haber sido una fuerza
militar de Estado, puede ser identificada como una fuerza para-militar. Que
políticamente hoy actúa con el criterio liberal mercantilista, ilegal, pero con
mucha más legitimidad[20],[21]
en ciertos sectores y regiones de México, de lo que suponen quienes legislan y
construyen la argumentación y la racionalidad prohibicionista.
Lo cierto es que estos aparatos militares, con gran capacidad de acción, hoy se
hallan enfrentados en una guerra por las plazas principales, tanto de
aprovisionamiento de los estupefacientes ilegales, como de salida para los
Estados Unidos, en menor medida, por los mercados locales de
narcomenudeo y también por razones
muy poderosas de venganzas personales. También en esto tienen cierta aprobación
y legitimidad. Como cuando las autoridades locales o nacionales aceptan que
estos crímenes ocurran, “porque de esta manera ellos mismos se están acabando
entre si”[22].
No sólo los legitiman, sino que constituye una manera de minimizar la pérdida de
gobernabilidad, de la autonomía y de la rectoría del
Estado. Es una legitimación de la pérdida del Estado de Derecho. Así, por
ejemplo, el gobernador del Estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores dijo:
“La gente de Tamaulipas que se porta bien no tiene nada que temer a menos de que
esté vinculada al narcotráfico”[23];
la policía de Tijuana: “los narcos se
están matando entre ellos, eso es bueno. El único problema es que lo están
haciendo a plena luz del día”[24];
o la del alcalde de la misma ciudad, Jorge Hank, quien afirmó: “Cualquier
ciudadano honesto no tiene porqué preocuparse”[25].
La sociedad mexicana misma se va acostumbrando, de igual forma como ocurrió en
Colombia. Estas formas de aprobación, implícitas y explícitas, no sólo son
disolutivas del Estado, sino que traen aparejado el inicio de un
paramiliatarismo con otras intenciones: el del asesinato y la desaparición
forzada, tal y como se inició en el Cono Sur en la década de los 70, en Centro
América en la década de los 80 y en Colombia desde finales de los 80 hasta
nuestros días. Entonces ya no necesita ser la misma organización, pero su propia
clandestinidad les impide aclarar que los crímenes por los que se le irá
responsabilizando no son suyos. Es el momento en que otras fuerzas, con otros
propósitos políticos, pueden actuar en la mayor impunidad. Ni siquiera serán
identificados, menos perseguidos y aún menos, juzgados. Se entra en la sociedad
de la impunidad total.
En el cono sur fueron los militares quienes directamente se constituyeron ellos
mismos en escuadrones de la muerte.
El problema con esta fórmula político- militar, fue que con el retorno de
gobiernos cada vez más democráticos, regresa también el pasado, para reconstruir
memoria y pasar cuenta de cobro. La estrategia paramilitar encubre los crímenes
más atroces tras la fachada de “la guerra de las drogas” y habiéndolos cometido
parte del mismo aparato represivo del Estado, se le responsabiliza a cualquiera
de los grupos del narcotráfico.
Después de esto nunca se aclara el crimen y la sociedad lo percibe como el de
alguien que tenía una “deuda pendiente”.
El paramiliatarismo es una estrategia militar de contención a la protesta y el
levantamiento popular. Comienza por la propaganda. La sociedad lo observa sin
barreras en sus formas de actuación más descarnadas. Al principio es una guerra
exclusivamente entre ellos, los guerreros del
narcotráfico. Sorpresivamente se pasa
a acciones de “limpieza social”, donde los que caen son los “desechables”, es
decir, los niños de la calle, las prostitutas, los “travestis”, los “ñeros” que
deambulan o los jefes de pandillas, los “maras”...
Pero después siguen los periodistas, los académicos del pensamiento crítico, los
sindicalistas, los dirigentes campesinos, estudiantiles, populares. Se trata de
legitimar para después golpear sistemática e implacablemente al conjunto de las
organizaciones de la sociedad civil que pudieran generar formas de poder en un
momento de coyuntura nacional difícil. Tal y como la que se viene presentando en
estos días de la defensa de la democracia en México, por la defensa de unas
elecciones limpias.
El asesinato a los periodistas implanta la autocensura por el miedo. En pocos
días es la sociedad entera la que se paraliza por el miedo. La gente no resiste
más, se encierra, se aísla, se rompe el tejido social desde las raíces. Este es
objetivo final de esta estrategia.
El presidente Fox no sólo dejó la presidencia con varios “focos rojos” en el
territorio nacional, sino que la ausencia de unas elecciones limpias,
trasparentes y sin imparcialidad estatal crea claras condiciones de
ingobernabilidad. Coyunturas como esta fueron condicionantes de la espiral de
violencia que potencio la guerra civil nunca declarada en Colombia.
En México, como en el país suramericano, existen varios grupos paramilitares. En
un principio allá estuvieron dispersos en diversas zonas del territorio
nacional. Así están hoy aquí. Adicionalmente hay una “guerra sucia” que se quedó
sin lavar, en que los responsables de la misma quedaron en la más absoluta
impunidad. El ejemplo de que se puede cometer cualquier crimen sin que haya
persecución legal, ni sanción alguna, sirve de acicate para repetir la logística
del mismo accionar criminal. Lo que ocurrió en el 2006, último año de la
administración foxista, en San Salvador Atenco, puede ser el comienzo de este
macabro proyecto en ciernes. Es una política contra todo el pueblo, contra
cualquiera, por el sólo hecho de estar ahí, vivir ahí, exactamente donde llegan
las fuerzas represivas, secuestran, golpean, violan, torturan e inventan cargos.
Entre los nuevos grupos está apareciendo aquel del “Yunque” en el Estado de
Querétaro que se autodenomina “ave azul”, compuesto por unos 200 muchachos,
“blanquitos y güeritos”, que suben a las montañas “para prepararse a pelear
contra los rojillos que les quieren quitar lo que el Estado les ha dado”[26].
Estos o “los Negros” o cualquiera de estos grupos ya existentes, pueden actuar
bajo el manto de que se trató de un enfrentamiento entre grupos de
narcotraficantes. La sociedad ya está
lista para legitimar, los medios para justificar y el Estado para mantener la
impunidad. La indefección ciudadana entra en el terreno del terror.
7.
Conclusión: lo que tenemos que aprender y proponer
Cuando Vicente Fox (2000-2006) inició su administración presidencial sabía que
el narcotráfico estaba creciendo, que
había que utilizar toda la capacidad del Estado mexicano para tratar de
detenerlo e incluso apuntar a acabarlo. Para esto aumentó el presupuesto
destinado a este objetivo en varios cientos de millones de dólares en el
conjunto de las instituciones encargadas de su control, desde la marina, pasando
por el ejército y terminando en todas las fuerzas policiacas que pudieran tener
algún potencial control del este “flagelo social”.
En realidad no fue “pasando” por el ejército. Este se convirtió en su ficha
clave. Una parte de su estrategia, lo central de su política, fue tratar de que
todas las fuerzas de inteligencia y represivas funcionaran de manera coordinada.
Para ello había que centralizar la información y los programas de acción
conjunta. Esto lo llevaría a cabo
Pero no fue esta la clave para resolver el problema planteado. La solución no
está en la simple coordinación de las fuerzas represivas nacionales, ni aunque
sea el ejército el que tenga en control de la batuta.
La administración Fox en aras de un “mejor equipo, entrenamiento y herramientas
de investigación” hizo una inversión en una mayor cantidad de buques, en mayor
sofisticación de armamento, de avionetas para fumigar, de lanchas rápidas para
perseguir, de helicópteros para llevar a cabo mejores persecuciones “en
caliente”, en mejores sistemas de observación y registro, en mayor cantidad de
inteligencia en aras de un mejor control de la corrupción y finalmente la
conformación de comandos especiales, como los “Z”. Lo mismo y más se está
proyectando como la estrategia político-militar de Calderón (2006-2012). Pero
además ya sacó a ese ejército a las calles y carreteras del país, más equipado y
mejor armado que nunca.
Los resultados vistos por la sociedad mexicana muestran que la política de
control por vía represiva lo que está produciendo es una disminución seria de la
capacidad Estatal para defender los Derechos Humanos y el mismo Estado de
Derecho.
Tal vez la clave no esté en reforzar más la burocracia de control represivo. Tal
vez sea el momento de creer que los estudios que se han realizado en educación y
tratamiento y que ya han demostrado una eficiencia terminal hasta 10 veces
superior por cada peso invertido a lo gastado en control. “En 1994 el
corporativo RAND encontró que para la reducción del consumo de cocaína, el
tratamiento entre consumidores frecuentes es 23 veces más efectivo que la
erradicación de la cosecha de la “droga” u otros esfuerzos dirigidos a atacar la
oferta, 11 veces más eficiente que la prohibición, y tres veces más eficaz que
imponer sentencias mínimas obligatorias”[27].
Si México logra demostrar en su propia población que es posible reducir la
demanda de “drogas” prohibidas a través de la implantación de programas de
prevención y tratamientos de alta calidad, por vía educativa y de terapias
seriamente investigadas y apoyadas desde el Estado, podrá asistir a todos los
foros que, año tras año, se realizan en distintas partes del mundo con una clara
política alterna frente al narcotráfico.
Una política que no puede seguir siendo la mecánica absurda y a ultranza del
prohibicionismo que imponen los Estados Unidos, cada vez por razones más claras
y distintas a las del uso de estupefacientes que ellos definen como moralmente
negativos y que si enferman y matan en buena medida es precisamente porque son
los vendedores callejeros quienes marcan la calidad de
los mismos.
[1]
Vicente Fox fue presidente de México por el Partido Acción Nacional
(PAN) en alternancia con el Partido de
[2] Ravelo, Ricardo. El DC-9 aterrizo en Barranquilla. Proceso, 20 de agosto 2006, Nº 1555, pags. 34-38.
[3] Fuente: Arturo Arango y Crisitna Lara, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad, A.C. En:
Freeman.
Estado Bajo Asalto:
Washington Office on Latin America (WOLA). Junio 2006.
[4]
Correa, Eduardo.
Tesis Estudios Latinoamericanos UNAM, 2006. Pag. 199-212.
[5].Ibid. Pag. 60. En ella se señala que mientras en las selvas colombianas, peruanas o Bolivianas el kilo de cocaína tiene un valor de unos mil dólares, en las calles de cualquier ciudad estadounidense su valor alcanza un precio entre los 100 y 125 dólares el gramo. Es decir que entre su punto de producción y el mercado al detal se produce una acumulación mayor al mil por ciento.
[6] Oakland, Ross. Border no barrier to weaponery. The Toronto Star. 24 de abril de 2006. En Freeman, Laurie.
Estado bajo Asalto: la
narcoviolencia y corrupción en México.
Informe especial de
Washington para asuntos latinoamericanos., WOLA, Junio 2006.
[7] Astorga, Luis. El Tráfico de Fármacos Ilícitos en México: Organizaciones de Traficantes, Corrupción y
Violencia. Presentado en conferencia de WOLA Drogas y Democracia en México: El Impacto del
Narcotráfico y de las políticas antidroga, Ciudad de México, 21 de junio del 2005.
[8] Freeman, Laurie. Op. Cit. pag. 5
[9]
Saxe-Fernandez, John. Estado Unidos: el nacionalismo económico.
Economía.
[10] Freeman, Laurie. Op. Cit. Pag. 2. No cabe duda que la postura de los textos de WOLA sobre el tema han
sido muy progresistas en general, pero resulta que al final siguen sosteniendo un prohibicionismo en el que
se fundamenta precisamente el intervencionismo creciente que vienen sufriendo los países de la región. El
prohibicionismo es una política legitimadora de ese intervencionismo. Hay que mirar a fondo que una
alternativa de salud y educación podrían terminar por disminuir el consumo de estos estupefacientes muy
por debajo de la línea base que se sostiene con la inútil política actual de represión. WOLA sostiene esta
postura en general, pero es fácil caer en contradicción si también sostiene la misma política que su
gobierno ha venido incrementando y aplicando desde los tiempos de Nixon y Reagan. ¿Más ayuda, de la
misma, por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque estos países no pueden sólos?
[11] Kaplan, Marcos. Droga y Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México D.F.,
1991.
[12]
Ibid. pag. 8.
[13]
Correa Senior, Eduardo. Op. Cit. pag. 15-20.
[14]
Gootemberg, Paul. Constructing cocaine
(prohibitions) in Perú, 1910-1950. En: Gootemberg, Paul Cocaine.
Global Histories.
[15] Boville de Luca de Tena, Belén. La guerra de la cocaína. –Drogas, Geoplitica y medio ambiente- Madrid,
Temas de Debate, 2000. Pags. 43-50.
[16] Kaplan, Marcos. Op. Cit. pags. 16 y 17.
[17] Ibid, pag- 19.
[18] Isacson, Adam. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la “guerra contra las drogas”. En:
Youngers, Coletta y Rosin, Eileen
(editoras) Drogas y Democracia en
América Latina. El impacto de la
Política de Estados Unidos. WOLA, Washington, Biblos, Buenos Aíres, 2005, pag. .43.
[19] Ibid. pag. 59.
[20]
Astorga, Luis. El
narcotraficante en México,
[21] Perea, Carlos Mario. En conversaciones largas que he podido realizar con este investigador profundo de
relaciones entre
juventud y violencia de
cómo los estupefacientes ilícitos no sólo son aceptados como mercancía de consumo establecido para los
fines de semana, como vehículo para conseguir dinero, sino que también está estrechamente relacionado
con estructuras sociales de poder y de prestigio.
[23]
Tobar, Hector.
In a City of
Freeman, Laurie. Op. Cit. pag. 15.
[24]
Marosi, Richard.
2005. En: Freeman, Laurie. Ibid.
[25] Ibid
[26] Hernandez, Luis Guillermo. ¿Adiestra el “Yunque” “Aves Azules”. Diario Monitor. Lunes 28 de 2006.
[27] Rydell, C. Peter y Evernham, Susan S. Controling Cocaine: Supply Versus Demand Programas. (Santa
Monica, CA: Centro
RAND para
Op. Cit. pag. 22.