MÉXICO: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO PARAMILITAR

-LA POLÍTICA CONTRA EL NARCOTRÁFICO-

 

 

Eduardo Correa Senior

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

 

 

1.      El asenso de la criminalidad ligada el narcotráfico

 

Si en algún aspecto vital de la vida nacional mexicana se observó un claro fracaso de la política foxista[1] fue en el tema del narcotráfico. En los últimos dos años de ese gobierno el conjunto de la sociedad mexicana pudo observar, entre la consternación y el extrañamiento,  fue que la violencia ligada al este fenómeno, producto de lo que el gobierno de los Estados Unidos definió estratégicamente desde hace más de tres décadas como “Guerra contra las drogas”, se tornaba, por primera vez, en eso, en una guerra. Hubo días entre el 2005 y el 2006 en que se presentaron más homicidios en México por esta condición que en la guerra de Irak. Largos tiroteos en las calles de distintas ciudades, incluyendo los dos puertos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo; asesinato de policías; el secuestro y tortura de los encargados de la vigilancia en cárceles de alta seguridad por parte de comandos paramilitares; los videos con hombres torturados, donde uno de ellos termina siendo ultimado frente a las cámaras de televisión, que por alguna clase de “inexplicable” razón tuvo acceso al crimen antes que las mismas autoridades; la macabra colocación de cabezas cercenadas frente a las estaciones de policía, con avisos de “para que aprendan a respetar”; asesinatos con evidentes signos de tortura; levantones o secuestros, matanzas... Y toda esta violencia ligada directamente al narcotráfico. Públicamente se sabe que es así, no gracias a los informes de la inteligencia oficial, que no hacen más que corroborar lo evidente, sino por el tipo de armas –privativas y de uso exclusivo del ejército -, por la magnitud de los operativos que suponen estas actuaciones y por sus mensajes explícitos e implícitos dejados en los escenarios de sus actuaciones.

 

La fuerza del narcotráfico, expresada en su capacidad para ejercer la violencia, fue, al final del gobierno de Fox, mayor que nunca antes en este país.

 

Lo que sucedió con el DC-9 de la Comisión Nacional del Agua en Ciudad del Carmen, Campeche –en la península de Yucatán, geografía de privilegio para la entrada de la cocaína proveniente de Colombia y en general de Sudamérica-  , el 10 de abril de 2006, en que fue hallado con más de 5 toneladas de cocaína, provenientes de Barranquilla y no de Caracas como originalmente se especuló[2], sumado al intento de protección del avión para mantener su carga oculta por parte de agentes de la PFP, es indicativo del grado de penetración de las organizaciones en instituciones del Estado y del fracaso definitivo de la administración foxista a este respecto. Ni se detuvo la corrupción en este tema, como prometió que sería posible en su campaña, ni tampoco logró disminuir el trasiego de la cocaína por el territorio nacional. Por el contrario, todo parece indicar que, como la violencia, el tráfico también aumentó: para mover más logística y armas; desarrollar grupos de defensa militar más poderosos; por la presencia cada vez más notoria de grupos y organizaciones de mexicanos negociando la cocaína directamente en territorio colombiano y peruano, se necesita, y es porque, se está más directamente en control de un mayor número de eslabones o dimensiones del negocio de “importación y exportación” de la cocaína.

 

Fue entonces que se inicio el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), con una muy dudosa legitimidad debido a un proceso electoral poco pulcro y transparente. Y este irrumpe en la escena política con un proyecto que aparentemente lo presentaría, nacional e internacionalmente, como un presidente fuerte, de decisiones rápidas, contundentes y que, enfrentando directamente el tema de la violencia, le permitiría ganar esa ansiada legitimidad en un tiempo muy breve. Es más, se trató de un proyecto político que “mataba dos pájaros de un mismo tiro”, porque adicionalmente mostraba su decisión de “reprimir con todo” si las condiciones de gobernabilidad se llegaran a afectar muy seriamente. Y ese proyecto político fue militarizar el país; apoyarse en lo militar para aparentar fortaleza.

 

Ø      En lo cuantitativo

 

Para algunos analistas los primeros años de la administración Fox demostraban que los diseños de una política de mayor coordinación interinstitucional y de un esfuerzo con mayor carga represiva podría arrojar datos de mejoramiento pausado pero efectivo en su control contra el narcotráfico. La detención de algunos de los jefes más importantes y reconocidos de estas organizaciones fueron presentados como un producto palpable y contundente de su éxito. Pero desde el comienzos del 2004 la situación cambio radicalmente en contra. Hubo lugares, como Nuevo Laredo (Ciudad fronteriza con Estados Unidos al este de México), con 350 mil habitantes, donde la situación se tornó realmente alarmante, llegando a convertirse en la vanguardia de la tasa de  homicidios más alta de cualquier ciudad occidental, con 180 en el 2005 y duplicando esta cifra en el promedio de lo que corrió en el 2006. Solamente en el 2005, ligado a condiciones del narcotráfico, se llegaron a contabilizar un poco más de 2000 homicidios en todo en territorio nacional. En el 2006 la sumatoria de violencia fue mayor en un 15%. A manera de ejemplo, se exponen en una gráfica la comparación de cuatro ciudades donde tiene actualmente el narcotráfico una competencia muy dura por el dominio de estas plazas.

 


TASAS DE HOMICIDIOS EN CUATRO CIUDADES MEXICANAS

 

Gráfica Nº 1. Movimiento de la tasa de homicidios en ciudades conflicto por la disputa territorial.[3]

 

En lo que lleva la administración de Calderón no hay un solo indicio de que esté disminuyendo el tráfico de “drogas” y, por el contrario, la violencia ha aumentado en su extensión territorial, cuantitativa y como producto de la actuación misma de los militares. La militarización no produjo los rápidos resultados que esta administración esperaba.

 

Ø      En lo cualitativo

 

La sevicia con la que se llevan a cabo muchos de los homicidios del narcotráfico tuvo la clara intención de producir un efecto de miedo sobre los adversarios y de demostrar al Estado y a la sociedad en su conjunto la decisión y fuerza de su actuación.

 

El ataque a uno de los oficiales de la guardia presidencial a la salida del Distrito Federal con una bazuca, para luego abatirlo con cientos de disparos adicionales de fusil; la toma de la cárcel en Michoacán para liberar a algunos de los miembros de la propia organización o el ataque reiterado a una cárcel municipal, con fusiles, granadas y bazucas cerca de Villahermosa, Tabasco, actos ocurridos entre el 2004 y 2005, no dejan de mostrar la magnitud de los comandos y su capacidad de accionar coordinado.

 

El haber asesinado a varios de los comandantes de la policía local de Nuevo Laredo o de Ciudad Juárez, en Acapulco, Monterrey o en Campeche no sólo muestra que cualquier ciudadano se halla en la mayor indefección frente a virulencia de las acciones por las que estos grupos opten, sino y fundamentalmente, que están operando con la clara intensión de desafiar al Estado y de demostrarle a la sociedad en su conjunto que el monopolio de la violencia ya no lo ejercen más las instituciones que legitima y legalmente la pueden ostentar.

 

Por otra parte, si las primeras guerras privadas entre estas organizaciones se inician en los primeros meses de 2004, en el Estado de Tamaulipas, en un tiempo relativamente breve se ha observado su expansión a Guerrero, Chuhuahua, Baja California, Distrito Federal, Michoacán, Estado de México, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, lo que puede estar indicando un proceso de reclutamiento y entrenamiento con el claro propósito de reproducirse y poder garantizar su expansión comercial y militar.

 

Ø      En el impacto social mediático

 

Es paradójico que en el mismo inicio  de esta exposición retome el uso que han querido hacer los medios de comunicación sobre estos eventos. Resaltar la violencia y colocarla en primer plano tiene una función: crear miedo social y argumentar la necesidad de una mayor inversión en seguridad por parte del Estado. Esta campaña mediática lleva a gobernantes y gobernados a entrar en la dinámica de suponer que la condición necesaria para “enfrentar” al narcotráfico será la de aumentar el poder represivo de las instituciones encargadas de llevar a cabo esta guerra en el territorio mexicano. Y si bien la militarización no es una estrategia que se originó con la administración de Calderón, pero que si se reforzó y se fortaleció en inversión cuantitativa y de crecimiento en logística con Fox, pero que tiene su punto de partida desde lo heredado por la administración de Ernesto Zedillo[4].

 

Si el narcotráfico se pudiera leer aisladamente del conjunto integral de lo que viene socavando a la sociedad mexicana en particular, independientemente de lo que en este aspecto viene ocurriendo en los Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, en las sociedades de Europa y en general del conjunto del sistema mundo, ciertamente habría que hacer un análisis limitado a lo que viene ocurriendo con el sistema de seguridad nacional en México. Tal vez habría que responsabilizar entonces, exclusivamente, a alguna de las instituciones de seguridad: la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva (PFP), la Procuraduría General de la Nación o eventualmente a la Secretaría de Defensa. Pero la imbricación del tema con otras condiciones políticas y económicas siempre obliga a “mirar más allá de las fronteras”. Más, cuando el tema es precisamente el del narcotráfico. Uno que exactamente ha servido para “evidenciar” y legitimar el concepto y su uso en el término de globalización, justamente porque se trata de una criminalidad que rompe fronteras.

 

Por ejemplo la cocaína, se siembra en un lugar, se pude procesar en otro, pero es el transporte el que supone un negocio de enormes proporciones  y, al final de todas estas fases, es generador de un volumen de capital que para nada es inocuo. Pero que, además, es en la venta callejera, en las ciudades del gran capital mundial, preponderantemente las de Estados Unidos, para ventaja de su sistema financiero, donde se produce y reproducen las mayores acumulaciones de este capital ilícito[5]. El dinero es después repartido en cientos o miles de cuentas, en “paraísos fiscales” y eventualmente puede regresar a México, masivamente para comprar parte de la Banca Nacional.

 

La pregunta aquí es ¿por qué a este sistema global le interesa presentarnos una situación de caos frente a la seguridad social?

 

El antrax en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 se presentó como un enemigo oculto que podía atacar en cualquier momento, a cualquier ciudadano. De allí al allanamiento, al espionaje sobre cualquier hogar, sobre su correo, su teléfono, su computadora, a la detención arbitraria, a la desaparición forzada, al fusilamiento callejero, sin fórmula previa ni sentencia de juicio, el encarcelamiento en calabozo de aislamiento, también sin juicio, como actualmente ocurre en Guantánamo o cualquiera de las cárceles siniestras de la CIA, en apartados territorios del mundo occidental, no hay sino un paso. Uno muy pequeño para un mundo que se anuncia como: “estamos en guerra. En “guerra contra las drogas”. En guerra contra el narcoterrorismo. Es por esto que se termina justificando y legitimando que hay que militarizar la sociedad, en todas partes del mundo: en el mundo árabe, en Asia, Europa, Estados Unidos, Colombia o México.

 

Y la guerra también es información. Basta recordar el más común de todos los teóricos de la información en la guerra: Gobless. Y ese papel lo está cumpliendo muy puntualmente y con toda prontitud y eficiencia la prensa electrónica y escrita del país bajo la lógica de un “narcotráfico” en guerra.

 

Pero la contrapartida es que no se trata tan sólo de una burda manipulación. Las transmisiones de prensa se construyen sobre una parte de la realidad constituida ciertamente de terror. Y esa parte es precisamente el ruido a gran volumen de la violencia que resuena en los oídos de todos y que tiene su punto de resonancia amplificada en el narcotráfico.

 

 

2.      ¿Por qué culminó el sexenio foxista con este incremento de violencia?

 

Varias son las hipótesis que se mueven para tratar de explicar porque ha ocurrido este estallido de violencia en estos dos últimos años.

 

Ø      Economía ilícita y violencia

 

En primer lugar hay que reconocer que toda la economía ilícita, por su naturaleza marginal al Estado de derecho, debe apoyarse en el ejercicio directo de la violencia. Allí donde el Estado no puede intervenir como mediador y garante del intercambio mercantil esta se convierte en la fianza de hecho de un convenio, cualquiera que sea su índole. Los negocios en estos escenarios se garantizan con la propia vida. El que no cumple un contrato debe pagar “a fuerza”. Es desde aquí que el Estado comienza a perder el monopolio de la violencia. Y por lo tanto, es desde esta pérdida que el Estado inicia de manera simultánea su propia disolución, la de la ley y la de las instituciones.

 

La violencia, como medida de última instancia, obliga a la conformación de organizaciones armadas para ejercer la coerción necesaria, para hacer cumplir los contratos, para mantener “a raya” a la competencia y para disciplinar y subordinar a los propios colaboradores de la organización. Por ello el empleo de la violencia se ejerce sin contemplaciones frente a la traición y quien hace uso sin temor de ella asciende de rango. Y esta es por lo tanto la razón de base para la relación entre violencia y narcotráfico. Pero es esta condición la que da origen a la violencia y no el  negocio o mercado de la droga en particular.

 

Por supuesto el narcotráfico no es la única forma de economía ilícita históricamente constituida y estructurada en al región. Y todo tráfico de ilícitos se acompaña de la organización con disposición de violencia. Entonces, lo que ocurre con este nuevo componente de dicha economía es que suma más violencia. En realidad la multiplica geométricamente, porque los recursos económicos que proporciona este particular negocio ilícito permite la conformación de organizaciones con un armamento cada vez con mayor capacidad de fuego. Un armamento y una capacidad logística que puede ser adquirido, en el caso mexicano, directamente y con relativa facilidad desde la frontera de los Estados Unidos[6], generando así un creciente y no menos importante negocio para esa economía ilícita y por lo tanto para el jugoso lavado de dinero que ingresa, igualmente, al mismo sector financiero, a la Banca de los Estados Unidos.

 

 

 

 

 

Ø      Cambio en la correlación de fuerzas

 

Pero el aspecto central de esta nueva etapa de la historia del narcotráfico en México, con esta oleada de violencia, tal vez se deba a un cambio estructural de la correlación de fuerzas entre las organizaciones que controlan el transporte, la seguridad del movimiento y mercadeo a gran escala para los Estados Unidos, de la mariguana, los opiáceos, las anfetamina y, en lo primordial, de la cocaína.

 

Nuevo Laredo fue la primera plaza de confrontación entre las organizaciones del Pacífico mexicano (Sinaloa y Juárez), contra una de las más poderosas organizaciones de la otra costa, la del Golfo de México.

 

Ese cambio de correlación de fuerzas se debe a la aparición de los “Z”, un comando ultra especializado, formado en los Estados Unidos, entrenado para formar parte de los Grupos Aereomóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), en el Fuerte Bragg (Carolina del Norte) y el Fuerte Benning (Georgia), entre mediados y finales de los 90. Dicho entrenamiento formó este super comando con la disposición de manejo de sofisticados equipos de espionaje y con capacidad para infiltrar, corromper y hacerle inteligencia a las organizaciones de seguridad y de la misma inteligencia del Estado mexicano. Para combatir el narcotráfico en literales condiciones de guerra; con capacidad para actuar bajo enorme presión como un solo grupo, de forma coordinada, haciendo uso de sistemas de comunicación costosos, sofisticados y con armamento de asalto.

 

Ø      Cambio del partido en el poder

 

Otra posible causa fue el cambio de gobierno o el triunfo de la derecha, con su alternancia de poder del PRI al PAN. Como dice Luis Astorga[7], bajo el PRI, la policía y las instituciones de inteligencia –particularmente la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF)- controlaban, regulaban y contenían a las organizaciones del narcotráfico. A la vez que los protegían y mediaban en las negociaciones y conflictos entre estos, cobraban fuertes sumas de dinero por permitir las operaciones necesarias para que el negocio pudiera funcionar adecuadamente. Pero, con la salida del PRI de las esferas del poder federal nacional, las reglas del juego fueron cambiando de manera cada vez más abrupta.

 

Entonces el cumplimiento de los contratos se tuvo que definir en el terreno de la violencia, incluyendo a la policía misma que ahora, bajo una administración que pretendía acabar de un día para otro con la corrupción, llegó fue para alterar un orden precariamente establecido y sensible a cualquier variación de poder. Un poder directamente proporcional a la capacidad de fuego.

 

Ø      La corrupción desproporcionada

 

Hay analistas que suponen que la base de la corrupción de la policía mexicana y latinoamericana estriba en sus muy bajos salarios. Y no cabe duda que aquí hay una explicación que sugiere la sensata medida de aumentar el nivel económico y social del representante callejero de la ley. Pero, ese comando Z fue entrenado para tener la más alta moral y capacidad de combate y, por lo tanto, de seguro su salario debió haber sido bastante mayor que el del policía común. Hay que entender entonces, que las proporciones de dinero que mueve el “pago de servicios” por parte del narcotráfico son desproporcionadas con respecto a cualquier aumento salarial.

 

Habría que agregar que cuando un negociante de este calibre –el narcotraficante- se sienta en la mesa de negociación tiene siempre una doble oferta en juego para su interlocutor: un pago exorbitante y la amenaza de la muerte si no acepta plegarse a los intereses del señor del poder, de la fuerza y del dinero. Una amenaza que no es sólo personal sino que se hace extensiva para toda familia del representante de la ley, que, para ese momento ya está identificada en número y en rutinas cotidianas. Y una vez aceptado el primer pago ya no hay retorno posible. La traición es cobrada con creces de dolor físico y psicológico. El terror es el sustento del poder, por base y fundamento, en el ámbito de la coerción. Es la capacidad de infringir castigo, lo que asegura en última instancia, el manejo del poder a través de la violencia. Un poder que viene envuelto en papel de billetes de alta denominación.

 

Se trata pues de un dilema en el que se somete a la autoridad del Estado, entre hacerse un poco más rico del punto de partida personal que se tiene, o morir. El dilema no es el del prisionero, quien debe optar por escapar sólo o hacerlo, por solidaridad, con un compañero, en condiciones de mayor riesgo. Aquí, en el dilema del representante estatal, la toma de decisión inicial no parece muy difícil: o te vuelves rico o lo pierdes todo.  En realidad no hay salida.

 

Pero que las cifras por el “pago de servicios” deben de ser por sí solas muy atrayentes lo confirman los Z. Ellos no podían ser sujetos de amenaza. Aunque, como se explica más adelante no se debe descartar la hipótesis de que ellos estén trabajando en una perspectiva política mucho más compleja, a varias bandas y, dónde pueden seguir respondiendo a un mando militar que diseña y planifica desde más allá de las fronteras.

 

3.      Las coyunturas

 

Si las dos últimas condiciones causales de la “nueva” violencia arriba mencionadas tienen aspectos coyunturales, estas afectan las condiciones en que se ha venido estructurando el narcotráfico a largo plazo. Hay sin embargo otros aspectos que han alterado nacional e internacionalmente su funcionamiento “normal” y que lo han colocado en el terreno de la explosividad y la violencia sin pausa.

 

Ø      La fractura del “narcotráfico”

 

La primera de estas condiciones fue el asesinato del hermano de Joaquín El Chapo  Guzmán, el 31 de diciembre de 2004. Este personaje “El chapo”, es hoy por hoy la cabeza más visible, el mito vivo del “narcotráfico” en México. Para entonces ya había escapado El Chapo de la cárcel (enero de 2001), demostrando con este mismo acto un enorme poderío económico y logístico para lograrlo o una debilidad del Estado Mexicano para retenerlo, lo que es la misma moneda por su reverso.

 

Durante este mismo período fue cuando cayo, asesinado por la Policía en Culiacán, Ramón Arellano Félix –uno de los jefes de la organización de Tijuana- y al poco tiempo es encarcelado su hermano Benjamín. La debilidad de esta organización ya había dado pie a los primeros brotes de violencia, en una clara disputa por la plaza de Tijuana, donde originalmente ellos se habían hecho fuertes.

 

Pero al ser encarcelado Benjamín Arellano se pudo realizar un encuentro entre este y Osiel Cárdenas, quién ya llevaba un poco más de tiempo en la cárcel de máxima seguridad de la Palma. Hay un vídeo que muestra un encuentro de estas dos personas y otros narcotraficantes con el director de la institución en una franca y abierta conversación. Esto ocurrió a principios de diciembre de 2004. Es decir, pocos días antes del asesinato del hermano del “Chapo” Guzmán, en esa misma cárcel. Después vino esta andanada de violencia que parece no terminar hasta nuestros días[8]. Una violencia que tuvo entonces un claro detonador de venganza y de demostración de que organización tenía más fuerza, “inteligencia” y capacidad de fuego.

 

Esta confrontación acabó cualquier mediación posible. Si antes la policía servía de garante de paz entre las organizaciones, por su propia fuerza, por su mayor capacidad en el ejercicio de la violencia, ahora el más poderoso tendría que demostrarlo, aún por encima de esta barrera de contención. Fue entonces cuando los policías mismos se convirtieron en objetivo militar, en objetivo central de la guerra. “Para que aprendan a respetar”.

 

Ø      Lo internacional: La guerra preventiva, de alta intensidad, en cualquier parte.

 

El 11 de septiembre de 2001 marcó una fecha para la humanidad, no tanto por “el ataque” a las Torres Gemelas, cómo por la definición de guerra que dio el país más poderoso de la historia humana al mundo y su vecino directo, México. A partir de entonces se dio inicio a una nueva estrategia de poder mundial: la guerra preventiva. Una guerra que se haría en todas partes y cuando así lo convinieran los asociados internos del gobierno de los Estados Unidos. Una decisión unilateral y en aras de prevenir cualquier nuevo “ataque”. El narcotráfico no quedó fuera de esta definición. Desde entonces se generalizó el término acuñado como narcoterrorismo.

 

El narcoterrorismo permitió que en Colombia se estableciera conceptual y políticamente una relación entre la histórica lucha de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acertada o no su política, con esta definición. Hoy el gobierno de los Estados Unidos ofrece cifras millonarias, al más clásico estilo del viejo y salvaje Oeste estadounidense, en proceso de conquista y colonización, por las cabezas del secretariado de esta organización, vivos o muertos.

 

Con ese pretexto aumentaron los secuestros de personas en todo Latinoamérica, con la complicidad de las autoridades locales, para ser llevados a las cárceles de los Estados Unidos, sin fórmula de juicio, ni trámite de extradición alguna.

 

En Guatemala se llevaron a un maestro de velero en el lago Atitlán. Era de origen Catalán, español, y estaba casado con una mujer australiana. Su hija tenía 5 o 6 años. Las dos tuvieron que guardar silencio, hacer acopio de todos los ahorros de la vida y tratar de viajar a Estados Unidos para ver si les permitían visitarlo y saber, con un poco más de claridad, cuales eran los cargos y cómo se habría de llevar el proceso. Nunca les dieron la visa. No hubo lugar donde presentar una demanda a un atropello de esta índole. El estigma de haber negociado alguna vez con marihuana lo había perseguido hasta un territorio lejano, supuestamente soberano, y cuando su trabajo era radicalmente diferente. En cualquier otra parte del mundo, 12 años habría sido una magnitud suficiente de tiempo para que el juicio  caducara.

 

Nunca antes se había observado una cadena de secuestros, literales, por parte de un Estado a su acomodo y arbitrariedad, violando las normas más elementales del derecho internacional y del Estado de derecho de la nación donde se comete semejante atropello.

 

Esto está pasando en todas partes del mundo. Los presos ocultos de la CIA no son solamente de Afganistán e Irak.

 

Poseer droga ilícita convierte a cualquier persona, automáticamente, de manera potencial, en narcoterrorista. Nadie garantiza que no le haya sido “sembrada”.

 

Cosas peores han ocurrido con la definición de “guerra preventiva”, como la invasión a Irak bajo el pretexto de unas “armas de destrucción masiva”, que nunca existieron. O con su punto de partida, el terrorismo, como el bombardeo e invasión de Israel sobre el Líbano y Palestina.

 

Este es el contexto. El pretexto para invadirlo todo son las drogas que ellos mismos definieron como “ilícitas”: poner sus policías en los aeropuerto de la región, “pinchar” teléfonos, colocar sus radares en selvas ajenas, aumentar las bases militares en todo América Latina, enviar comandos especiales, hacer patrullaje sobre aguas y cielos de todos los países de la región, escuchar cualquier comunicación telefónica con ayuda de sus aviones “awacs”, producir entrenamiento sobre todas las fuerzas represivas de la región – convirtiéndolas en camufladas fuerzas cipayos-, mirar los mensajes cibernéticos de quien quieran producir “narcocasetes” para desprestigiar presidentes o destapar ollas podridas, como las del partido en el poder y sus vínculos con la “mafia” china.

 

La “guerra contra las drogas” adquiere otra dimensión desde entonces. Si bien desde el final de la “Guerra fría” el narcotráfico se había utilizado como el enemigo que reemplazó al “fantasma del comunismo”, cumpliendo la función de crear un enemigo común necesario para tratar de mantener la unidad ideológica, política y militar regional –americana al menos-, a partir del 11, 09, 01, la laxa “guerra contra las drogas”, que había introducido Richard Nixon, adquiere otra dimensión.

 

La pregunta, siempre, es por qué lo Estados Unidos está construyendo una estrategia de guerra incresendo hacia la región. Y las razones son muchas: los tratados de libre comercio, TLCAN o el ALCA, que significan mercado para su producción a costa de las industrias nacionales y sobretodo de la producción agropecuaria regional y en favor de sus industrias y de la agricultura de sus corporaciones; América Latina fue convertida en exportadora neta de capital, vía deuda externa, desregulación financiera para el libre retorno de las inversiones extranjeras y pago de regalías, llegando en la última década a la cifra de 2 billones, 400 mil millones de dólares[9]; los procesos de privatización, que no son otra cosa que acumulación de capital por despojo de lo común –lo que ocurriera en los orígenes mismos de la acumulación primitiva de capital, a sangre y fuego, contra los campesinos en Europa; la desregulación laboral, lo que ha significado la pérdida de condiciones laborales alcanzadas en un período muy largo de luchas obreras nacionales e internacionales, con el propósito de hacer viable los proyectos de la maquila regional. En conjunto, lo que se conoce como las medidas de ajuste estructural, neoliberalismo o “Consenso de Washington”, que implican una guerra contra estos pueblos. Mientras ellos imponen sus medidas para acumular capital la región produce una espiral de acumulación de pobreza por despojo. Y para lograr esta acumulación forzada y a la brava, es necesaria una estrategia de guerra. Una guerra de recolonización. Una guerra donde el nombre, la legitimidad con la que se hace y se seguirá haciendo, en una escalada creciente, no es lo de menos. Y esta se ha recubierto del manto de “guerra contra las drogas”, de guerra al narcoterrorismo, donde la justificación parece tan obvia, tan necesaria, que hasta los gobiernos populares y revolucionarios de la región entran a jugar a partir de la definición del prohibicionismo en una lista de “drogas” que fue identificada unilateralmente por los Estados Unidos. 

 

Lo que esta en movimiento es una guerra de posiciones, donde ellos vienen colocando desde hace tiempo sus ejércitos en la región, en sus bases militares, que se siguen construyendo cada vez más. Ya se acumula un número muy superior (28 o 29) de estas a las que existieron durante toda la “Guerra Fría”. Una guerra de posiciones donde ellos avanzan cada año colocando cada vez más tecnología militar, sistemas de información múltiple, aparatos de control informativo y logístico. Esta guerra donde los ejércitos y policías de la región, gracias un intenso, largo y permanente programa de entrenamiento, se han venido convirtiendo en la “quinta columna”, en ejércitos cipayos. Es una estrategia espacialmente calculada y cronológicamente ejecutada para la contención popular.

 

Dentro de esa estrategia, debilitar el Estado, disminuir su capacidad de ejercer su derecho sobre su territorio y su población, restarle autoridad frente a sus fuerzas represivas, hace parte de los procesos que permiten rasgar soberanía con mayor facilidad. La corrupción de las instituciones es una forma para producir ese debilitamiento. El prohibicionismo a ultranza de las drogas ilegalizadas por  Estados Unidos ha sido un procedimiento largamente probado en la generación de corrupción.

 

Otro de los sostenes de esa misma estrategia de debilitamiento social y Estatal es la criminalización de la protesta. Lo lógica de la “guerra contra las drogas” permite, como desde los tiempos de Raúl Haya de la Torre, el gran dirigente del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana- establecido en Perú por Raúl Haya de la Torre, fue fundado en México en 1924-), partido anti-imperialista peruano, encarcelar, perseguir y si es necesario, asesinar en nombre de la lucha contra el consumo de estupefacientes. Y, al mismo tiempo, necesariamente, el Estado pierde legitimidad. Entran ellos, los mandos extranjeros, como mediadores, pretendiendo ser salvadores frente a una conflictividad social que ellos mismos generaron con su política prohibicionista:

 

Sin embargo, la naturaleza del narcotráfico y de las políticas utilizadas para combatirlo muestra que México no puede lograr esta tarea por sí mismo. El gobierno de Estados Unidos debe compartir la responsabilidad con México de eliminar la violencia y corrupción por dos razones fundamentales: primero, la cocaína, la heroína, la marihuana y las anfetaminas son traficadas en México para satisfacer la demanda estadounidense, la cual permanece constante y, en algunos casos, parece estar incrementándose. En segundo lugar, y principalmente, Estados Unidos fue quien tomó la decisión de prohibir dichas drogas, una estrategia que con toda probabilidad mantiene el consumo de drogas a nivel más bajo que si existiera algún tipo de legalización, pero al costo de crear un gran mercado negro donde la violencia y la corrupción son el modus operandi[10].

 

¿Más “ayuda”? ¿De la misma?

 

4.      Del Prohibicionismo y otras historias

 

En 1991 la Comisión Nacional de Derechos Humanos encargó a Marcos Kaplan, entonces investigador y profesor de la UNAM, para que hiciese una investigación que estableciera las posibles relaciones entre narcotráfico y Derechos Humanos, el cual titulo: “Droga y Derechos Humanos”[11].  Desde su inicio Kaplan plantea que “la adicción y el tráfico de drogas son problemas recientes. El uso de estimulantes sedantes y narcóticos es, sin embargo una constante antropológica e histórica de milenios, con gran diversidad de manifestaciones en un sin número de sociedades... (en las) que ha predominado la libertad para su producción, consumo y tráfico”[12].

 

Las restricciones, cuando no existía el prohibicionismo, estuvieron dadas en relación con los fines de sus usos, el momento en que pueden usarse y quienes pueden hacer uso de ellas. Generalmente su empleo está asociado con rituales y ceremoniales religiosos y de salud. La restricción generalmente está definida por el chaman o sacerdote quien realiza el ceremonial. Y fue precisamente la iglesia católica, en algunas partes, la primera en llegar prohibir y tornar estos rituales en clandestinos. Era una competencia inadmisible en su construcción social de la realidad.

 

 

A finales del siglo XIX, cuando el disfrute hedonista y las justificaciones curativas de la cocaína estaban ya generalizadas en occidente, en que las asociaciones médicas y las compañías farmacéuticas, construidas sobre las ideologías moralizantes de los grupos religiosos más conservadores, por razones obviamente económicas (pues son ellos los que pretenden la exclusividad en la tutela del cuerpo y mente de sus clientes), las que iniciaron la construcción de una racionalidad y el empuje político prohibicionista. Y fueron ellos mismos los que iniciaron una campaña en los medios y en el Congreso de los Estados Unidos hasta lograr, la primera ley prohibicionista conocida como la ley Harrison o Harrison Narcotic Act (1914)[13].

 

Sobra decir que no cambio para nada los hábitos de consumo ya establecidos, entre otras razones, porque algunas de estas drogas se continuaron produciendo en forma industrial, como fue el caso de la cocaína en el Perú[14]. Pero igual ocurrió  con el opio y el haschisch, que se siguieron obteniendo en grandes cantidades en el mercado internacional.

 

Lo que resulta verdaderamente asombroso es que ese prohibicionismo se haya impuesto al mundo desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando en el pacto de Versalles, además de precisar las responsabilidades de Alemania en esta guerra y de los pagos a que quedaba sometida, así como del propósito de crear una Liga de las Naciones para construir una normatividad internacional común, así como un espacio para resolver pacíficamente los conflictos internacionales, quedó un agregado, impuesto por los Estados Unidos, donde se prohibían un conjunto de estupefacientes. Cuando una nación quería adherirse al Pacto o a la Liga de las Naciones, automáticamente aceptaba la lista de drogas prohibidas[15].  Esta postura, que había sido planteada por este gobierno en las Conferencias Internacionales sobre el Opio, en la Haya (1911, 1913, 1914), sin mucho éxito, logra incorporarla como componente central del primer organismo internacional y termina reforzando dicho proyecto político en las Convenciones de Ginebra (1925, 1931, 1936). De allí en adelante las sustancias psicotrópicas legales se producen y comercializan exclusivamente en y desde los laboratorios químico farmacéuticos de Estados Unidos, Alemania y Suiza. Son sustancias sintéticas con propiedades sedantes, somníferas y estimulantes, análogas a las drogas estigmatizadas y prohibidas; pero esas sí son legales.

 

El prohibicionismo lo único que logró desde entonces fue que el comercio se tornara clandestino; que los precios se elevaran de manera exorbitante; que el negocio quedara en manos de organizaciones criminales; que la calidad de los productos quedara a la buena voluntad del vendedor callejero; que los laboratorios mantuvieran y aumentaran en ciertos momentos de la historia las magnitudes de sus ventas de los precursores químicos para la fabricación de las drogas prohibidas; que los laboratorios de Alemania, Suiza y Estados Unidos fueran los que definieran los marcos legales, por la vía de los hechos, de los psicotrópicos; que el sector financiero, a través de sus vínculos con el sistema de bancos con secretos legal y oficial para sus clientes, generara la mayor concentración del capital acumulado del intercambio ilícito; y que fuera creciendo una burocracia estatal encargada de ejecutar el control y la sanción a estos criminales en serie, a la vez que se promocionaban sobre la racionalidad de que las bandas criminales cada vez tenían más recursos que los que invertía el Estado en su control. En síntesis, el narcotráfico en su conjunto tiene su raíz más directa y profunda en el prohibicionismo que impuso los Estados Unidos para el mundo.

 

Y es desde ese prohibicionismo que se crea toda una economía criminal, cuyo punto de partida es el consumo, la demanda de drogas, sobretodo, desde Estados Unidos. La segunda dimensión[16] económica es una enorme magnitud de capital invertido en producción, seguridad, laboratorios, medios de transporte y corrupción para que las drogas, finalmente, lleguen a su destino. La tercera dimensión está en las enormes ganancias que deja el negocio y que se reinvierten sobre la misma sociedad y las economías nacionales, generando un poder concomitante con esta magnitud. Una cuarta dimensión la constituye el lavado internacional de esos dineros y que termina por concentrarse en el sistema financiero internacional, inicialmente en forma de “paraísos fiscales”, bolsas de valores, bonos del Tesoro, o cualquiera de los terrenos especulativos que ofrece el sector. La quinta dimensión la constituyen  esos proyectos ligados a las grandes inversiones bancarias, proyectos de finca raíz de gran envergadura, compra de empresas o de bancos mismos, demandantes de abundante liquidez y que suelen alterar visiblemente la fisonomía de áreas rurales y urbanas en forma de megaproyectos. La sexta dimensión la constituyen los empleos que en diferentes sectores genera esta economía y que va desde los campesinos que siembran las plantas, hasta los jefes de policía y políticos cómplices, quienes terminan recibiendo un cheque mensual y siendo parte de la nómina, al igual que los químicos, los transportistas, los pilotos, los mecánicos, los sicarios y hasta los decoradores que se benefician de la riqueza de los narcotraficantes.

 

Tampoco son pocos los empleos indirectos que la presencia del capital ligado al narcotráfico produce y que pueden ir desde los promotores de la prevención y los profesionales de la rehabilitación, pasando por los encargados de la represión y la burocracia concomitante, para terminar en toda la gama de profesionales que se benefician de la demanda de servicios de este capital.

 

Al final, como dice Marcos Kaplan[17], “la narco economía se vuelve en realidad decisiva; genera e irriga recursos, pero también crea o modifica relaciones de dominación y explotación, de servidumbre o de semiesclavitud, respecto de los campesinos productores, los pequeños agentes de distribución o los consumidores... la narco economía distorsiona a los actores y a los procesos socioeconómicos, sus motivaciones, actividades y resultados... modifica fuerzas y estructuras, clases e instituciones de la sociedad” ... y la naturaleza misma, deforestando directamente para sembrar o sufriendo los embates de la fumigación más irracional de que se tenga memoria en toda la historia humana, con imponderables y permanentes daños ecológicos de dimensiones verdaderamente catastróficas.

 

5.      El Narcotráfico y el Estado

 

Los efectos del narcotráfico sobre el Estado y en general sobre la vida política de las naciones son contundentes. Las estrategias de influencia explícita e intencional de las organizaciones dedicadas al narcotráfico han sido múltiples y muy variadas.

 

En algunos casos, como en Colombia, Perú y Bolivia, en aras de su propia protección o como una simple extensión y ampliación de un poder económico extraordinario, lo que les permitía suponer el ingreso directo a la participación política institucional, estas organizaciones y sus jefes se lanzaron a la abierta campaña política. Incluso llegaron a formar sus propios partidos políticos, con su propia plataforma. En la mayoría de los casos financian las campañas de los políticos tradicionales, como una forma de comprometerlos con su propia seguridad y la de su proyecto económico. De esta manera terminan también por infiltrase en el Estado mismo, afectando su propia soberanía, autoridad y rectoría de mandato constitucional.

 

Por otro lado suelen desarrollar obras de servicio social de gran envergadura para sectores populares, que les terminan sirviendo de colchón protector, de agentes de información, de infiltración y de servicios más oscuros. En estas actividades el narcotráfico acaba por reemplazar las funciones del Estado mismo, ofreciendo recreación, deporte, salud, vivienda, telefonía, electricidad... y hasta sustanciales mejoras a la iglesia del lugar. En cierta forma finaliza convirtiéndose  en una institución para-Estatal.

 

Luego está la esfera de la corrupción. En su ejercicio son los reyes nacionales. Nadie tiene la capacidad para infringir la ley tanto y pasar impunemente por encima de cualquier sanción, salvo por el costo mismo de la corrupción. Su nivel de afectación puede ser cualquiera. En otros países, distintos a México, ha llegado hasta la presidencia misma. Aunque con la historia del chino Zhenli Ye Gon, del dinero del PAN, decomisado en una de las grandes mansiones del señorial barrio de Las Lomas ya ha sembrado la duda en el mismo México. En otros momentos mexicanos la corrupción, producto del negocio de las drogas, también propuso y dispuso de gobernaciones y hasta nuestros días estos vínculos han mantenido expresiones y sospechas desde Quintana Roo hasta Nuevo León y Baja California, pasando por Jalisco o Veracruz. Los sobornos no son sólo para los gobernadores, sino también y sobretodo para los jefes de la policía local. Pero también pueden ser para los generales del Estado Mayor. Basta con recordar la historia de General Gutiérrez Rebollo. Pero igual ocurre con los jueces, los directores de las cárceles, la totalidad de los guardias de un penal y en general con cualquier servicio institucional Estatal que ellos requieran. No en balde sus crímenes y fechorías quedan la mayor parte de las veces en la mayor impunidad. Es por esto también que la violencia se enseñorea frente a la sociedad. Ella puede nacer en los intereses y capacidad de la delincuencia organizada, pero termina por asimilarse socialmente como un mecanismo real de hacerse justicia, de hacer cumplir los pactos. Parte de la extensión y generalización de violencia tiene este origen. Es en este sentido que el narcotráfico favorece el incremento de la delincuencia y la impunidad. El Massiosare de La Jornada reportó como en Nuevo Laredo quienes querían la protección y permisibilidad de los Z, les servían determinadas horas al día como informantes. El pago era la autorización de esta tenebrosa organización para que sus informantes pudieran asaltar supermercados o pequeñas tiendas de autoservicio. Esta es tan sólo una de sus expresiones de poder.

 

La pérdida de la eficacia y la validez de la ley y de la norma llegan a ilegitimarla, al mismo tiempo que lo ilegal se torna razonable y necesario. Es el momento de hipervalorización de la agresividad, de la violencia, del ejercicio de la justicia privada. La posibilidad de los ejércitos paramilitares, de los escuadrones de la muerte, están a la vista. Primero para acabar a los otros violentos, después para acabar con los que protestan y de allí al exterminio de campesinos, dirigentes, activistas, trabajadores sindicalizados, intelectuales, académicos, militantes sociales, representantes y defensores de los Derechos Humanos, no pasará mucho tiempo. En última instancia esa paramilitarización de la sociedad terminará por apuntar a todo lo que huela a oposición. Así fue en El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala... Así sigue pasando en Colombia, donde el Estado en el conjunto de sus instituciones se paramilitariza. Las elecciones las ganan ellos de manera aplastante. Y entonces el Senado y la Cámara de Representantes en un porcentaje mayoritario son suyos. Representa sus intereses. Pero la Presidencia de la República también. La Fiscalía se torna en un ente activo para encubrir los crímenes y asesinatos más atroces y cuando se gasta políticamente, porque es imposible encubrir más lo que se torna escandaloso, nombran a ese Fiscal, Camilo Osorio, embajador de Colombia en México, para que asesore al gobierno de Calderón.

 

El Estado ingresa en una condición de crisis profunda, en el que su debilitamiento, por su corrupción e impotencia, se reciclan en un círculo vicioso creciente de justicia inoperante y de violencia en permanente aumento. Frente a la disminución y real empequeñecimiento del Estado, de su poder político de persuasión, de su ejercicio de la autoridad y del poder central de una sociedad, la democracia es una mascarada de cinismo que se extiende por todos los rincones sociales.

 

Parte de los escuadrones de la muerte tienen su origen en estos ejércitos privados que se fueron conformando en Colombia. Durante la administración Fox ya dejó como herencia de su gobierno a México estos escuadrones. En un principio son los Z, pero tras ellos se camuflan otro conjunto de actores paramilitares con objetivos más políticos que económicos. “Las aves azules” que son grandes escuadrones o comandos paramilitares en entrenamiento y que comienzan a aparecer en el Estado de Querétaro son un ejemplo de esto.

 

Adicionalmente, la corrupción conlleva a una pérdida de los valores éticos y morales fundamentales para la convivencia en sociedad. La impunidad campea y el paso a la justicia privada inicia paralelamente su propio crecimiento. Al combinarse lo anterior con el sobredimensionamiento del crimen mediatizado y cotidiano, se produce una pérdida por el respeto a la vida misma: “si lo mataron a sangre fría es porque alguna cuenta pendiente tenía con los malos...” Esa acumulación del escándalo sangriento va amortiguando los golpes, creando un colchón de insensibilización en la sociedad, un cierto acostumbramiento a lo que debiera consternar. Lo escandaloso del crimen, de la masacre y del asesinato se torna en parte de la vida cotidiana.

 

Tal vez la mayor gravedad situacional está en la distorsión Estatal, que en su desesperación por tratar de controlar el narcotráfico, que termina por multiplicar la violación a los Derechos Humanos y con ello mismo el Estado de Derecho: lo que da razón a su propia existencia como Leviatán acordado por la sociedad. Se normaliza la tortura para extraer información que pueda dar con las cabezas de una de las organizaciones; cuando se cree estar frente a una de esas cabezas se dispara primero y se pregunta después; se encarcela por sospecha o información no comprobada. Se endurece la legislación de una manera tal, que combinada con las prácticas anteriores y el manejo mediático que termina por inspirar un fundamentalismo, una cierta cruzada religiosa, y se termina por arribar a situaciones de peligro para la existencia misma y efectiva vigencia de los Derechos Humanos. El deterioro del Estado de Derecho se torna abismal. Lo que se pone en duda es precisamente la pretensión de la existencia y de real vigencia de un Estado de Derecho.

 

6.      El Ejército del para- Estado, el paramilitarismo

 

Los Zeta (Z) no son un producto “casual”. Es decir, no es simplemente un grupo militar desviado que, como diría Álvaro Obregón, “no pudo aguantar un cañonazo de 50 mil”. Los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFE) fueron entrenados en Estados Unidos y fueron los únicos que tuvieron en su totalidad esta condición, porque la Constitución mexicana impide que ingresen fuerzas extranjeras sobre el territorio nacional. Una ley que bien interpretada lo que busca no es sólo la protección del territorio y su soberanía, sino impedir que bajo ninguna circunstancia quede el ejército mexicano bajo el mando y autoridad del gobierno extranjero. Pero entonces habría que preguntarse si el entrenamiento militar en general lo que busca no es establecer precisamente un “control ciego”, una obediencia sin lugar a cuestionamiento o crítica alguna bajo una estructura de mando, de un mando militar extranjero justamente. Que desde el principio estuvo violándose el espíritu de la Constitución cuando desde el gobierno de Ernesto Zedillo se acepto la conformación de estos grupos del más sofisticado entrenamiento en inteligencia, logística y capacidad de manejo de armas del mayor impacto convencional militar.

 

Pero lo que hay que saber es que si México fue el único país que recibió todo el entrenamiento especial en el territorio de los Estados Unidos por este “prurito” constitucional, este programa de ninguna manera fue exclusivo. Obsérvese en la tabla Nº 1 algunos ejemplos de estos programas en el conjunto latinoamericano:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1. Ejemplos de unidades militares y policiales antidroga creadas con el apoyo estadounidense[18]

 

Fuerzas armadas

Policía

Ø      Bolivia: Fuerzas de Tarea Diablos Verdes y Diablos Negros del ejército, Fuerza de tarea Diablos Azules de la Armada, Fuerza de Tarea Diablos Rojos de la Fuerza Aérea.

Ø      Colombia: Primera Brigada contra el Narcotráfico del ejército, Brigada Fluvial de la Armada.

Ø      México: Grupos Aereomóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (GANFE).

Ø      Bolivia: Fuerza Especial de lucha contra el Narcotráfico (FELCN).

Ø      Colombia: Dirección Antinarcóticos (Dirane.

Ø      República Dominicana: Dirección Nacional de Control de Drogas.

Ø      Ecuador: Dirección Nacional Antinarcoóticos (DNA).

Ø      Guatemala: Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN), ahora Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos (SAIA).

Ø      División de Narcóticos de la Fuerza de Policía de Jamaica.

Ø      Paraguay: Secretaría Nacional Antidroga (Senad).

Ø      Perú: Dirección Nacional Antidrogas Dinandro) de la Policía Nacional del Perú

 

 

Por otro lado, hay que saber que de todas las ayudas recibidas con estos propósitos de conformar comandos espaciales por parte de los Estados Unidos, México es el segundo país en recibir  “ayuda militar” después de Colombia, que a su vez es el país que más ayuda militar recibe en el mundo después de Israel e Irak. Esa ayuda que recibe Colombia, vale la pena recordarlo, hace parte del Plan Colombia, primero y de la Iniciativa Regional Andina, ahora. Un proyecto estratégico con claras intenciones colonialistas (“protección de las fuentes y transporte del petróleo, con presencia directa de los Boinas Verdes, comando antiguerrillero especializado y anti-insurgente). Entre 1997 y 2001 Colombia recibió cerca de 277 millones de dólares, mientras que México recibió cerca de 103 millones de dólares, seguido de Perú que a su vez recibió 52 millones de dólares[19]. Entre el 2001 y 2005 Colombia recibió más de 4 mil millones de dólares. En el mismo lapso de tiempo, 20 veces más de dinero. Un proyecto estratégico militar de gran envergadura.

 

El “Plan México”, como una reproducción del “Plan Colombia” ya es una realidad, aunque los funcionarios de Calderón pretendan negarlo. Está presente en la magnitud de la “ayuda” militar, de inteligencia, de asesorías, de presencia de sus grupos de inteligencia, en la entrega de equipos especiales, armamento y sobretodo en el entrenamiento especializado. Como el de los GAFES. Es decir, como el de “los Z”.  Ver tabla 2.

 

No.

Porcentaje

Cantidad

Objetivo

1

29%

50 millones

Financiamiento social

2

29%

50 millones

Tecnología de control del narcotráfico

3

24%

40 millones

Profesionalización y entrenamiento

4

12%

20 millones

Entrenamiento de jueces y fiscales

5

6%

10 millones

Anticorrupción

 

Plan de inversiones del Acta de Alianza para un Vecino Próspero y Seguro

Fuente: elfinanciero.com.mx / 18 junio 2007

 

Se dice que el entrenamiento en represión será solo para la policía. Igual se dijo en Colombia. Durante el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) sólo se invirtió en policía antinarcóticos; durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se hicieron las inversiones del Plan Colombia para el ejército, pero ésta institución no podía actuar en control público ni los recursos proporcionados por el gobierno de Estados Unidos podían emplearse en la lucha contra los rebeldes en armas. Después del 11 de septiembre del 2001, las restricciones de acabaron.

 

Por otro lado hay que valorar lo que a ocurrido con los “Z”: ¿Qué puede significar que un comando altamente especializado se le haya “salido del huacal” a los dos gobiernos, el de Estados Unidos, porque fue este país el que lo entrenó y a México, porque es aquí donde están sus mandos naturales?

 

Primero, que ha surgido una organización altamente estructurada, jerarquizada y de muy alta eficiencia, con una enorme capacidad de ejercer la violencia y que está “fuera de control”. Segundo que su formación en inteligencia, el acceso a la más alta tecnología de infiltración informática y la capacidad de fuego de la que dispone, la coloca en un terreno militar equivalente al de la mejor guerrilla, pero, por supuesto, no con la intensión derrocar el Estado, sí no de la construcción de un poder capaz de enfrentar a las otras organizaciones del narcotráfico y, si llegara a ser necesario, desafiar las fuerzas represivas del Estado. Y decir guerrilla aquí significa una organización militar totalmente camuflada entre la población. Una organización, que ha diferencia de las anteriores de los narcos, no pretende hacer ostentación del dinero con la compra de varias casas de enorme lujo en una misma colonia; ni hacer grandes fiestas donde se presenten sus artistas predilectos y donde asistan los personajes de la vida política y social de la localidad. Ellos están entrenados para vivir en las condiciones más precarias y hacen uso de la fuerza para construir más poder. El dinero está es en función de garantizar y hacer crecer ese poder. Los mayores gastos se invierten en equipos, logística, corrupción, inteligencia, entrenamiento de nuevos cuadros, adquisición permanente de nuevas armas. Es la racionalidad de la guerra.  De quienes se han formado en y para la guerra.

 

Tercero, significa que si esta organización proviene de haber sido una fuerza militar de Estado, puede ser identificada como una fuerza para-militar. Que políticamente hoy actúa con el criterio liberal mercantilista, ilegal, pero con mucha más legitimidad[20],[21] en ciertos sectores y regiones de México, de lo que suponen quienes legislan y construyen la argumentación y la racionalidad prohibicionista.

 

Lo cierto es que estos aparatos militares, con gran capacidad de acción, hoy se hallan enfrentados en una guerra por las plazas principales, tanto de aprovisionamiento de los estupefacientes ilegales, como de salida para los Estados Unidos, en menor medida, por los mercados locales de narcomenudeo y también por razones muy poderosas de venganzas personales. También en esto tienen cierta aprobación y legitimidad. Como cuando las autoridades locales o nacionales aceptan que estos crímenes ocurran, “porque de esta manera ellos mismos se están acabando entre si”[22]. No sólo los legitiman, sino que constituye una manera de minimizar la pérdida de gobernabilidad, de la autonomía y de la rectoría del  Estado. Es una legitimación de la pérdida del Estado de Derecho. Así, por ejemplo, el gobernador del Estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores dijo: “La gente de Tamaulipas que se porta bien no tiene nada que temer a menos de que esté vinculada al narcotráfico”[23]; la policía de Tijuana: “los narcos se están matando entre ellos, eso es bueno. El único problema es que lo están haciendo a plena luz del día”[24]; o la del alcalde de la misma ciudad, Jorge Hank, quien afirmó: “Cualquier ciudadano honesto no tiene porqué preocuparse”[25].

 

La sociedad mexicana misma se va acostumbrando, de igual forma como ocurrió en Colombia. Estas formas de aprobación, implícitas y explícitas, no sólo son disolutivas del Estado, sino que traen aparejado el inicio de un paramiliatarismo con otras intenciones: el del asesinato y la desaparición forzada, tal y como se inició en el Cono Sur en la década de los 70, en Centro América en la década de los 80 y en Colombia desde finales de los 80 hasta nuestros días. Entonces ya no necesita ser la misma organización, pero su propia clandestinidad les impide aclarar que los crímenes por los que se le irá responsabilizando no son suyos. Es el momento en que otras fuerzas, con otros propósitos políticos, pueden actuar en la mayor impunidad. Ni siquiera serán identificados, menos perseguidos y aún menos, juzgados. Se entra en la sociedad de la impunidad total.

 

En el cono sur fueron los militares quienes directamente se constituyeron ellos mismos en escuadrones de la muerte. El problema con esta fórmula político- militar, fue que con el retorno de gobiernos cada vez más democráticos, regresa también el pasado, para reconstruir memoria y pasar cuenta de cobro. La estrategia paramilitar encubre los crímenes más atroces tras la fachada de “la guerra de las drogas” y habiéndolos cometido parte del mismo aparato represivo del Estado, se le responsabiliza a cualquiera de los grupos del narcotráfico. Después de esto nunca se aclara el crimen y la sociedad lo percibe como el de alguien que tenía una “deuda pendiente”.

 

El paramiliatarismo es una estrategia militar de contención a la protesta y el levantamiento popular. Comienza por la propaganda. La sociedad lo observa sin barreras en sus formas de actuación más descarnadas. Al principio es una guerra exclusivamente entre ellos, los guerreros del narcotráfico. Sorpresivamente se pasa a acciones de “limpieza social”, donde los que caen son los “desechables”, es decir, los niños de la calle, las prostitutas, los “travestis”, los “ñeros” que deambulan o los jefes de pandillas, los “maras”...

 

Pero después siguen los periodistas, los académicos del pensamiento crítico, los sindicalistas, los dirigentes campesinos, estudiantiles, populares. Se trata de legitimar para después golpear sistemática e implacablemente al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que pudieran generar formas de poder en un momento de coyuntura nacional difícil. Tal y como la que se viene presentando en estos días de la defensa de la democracia en México, por la defensa de unas elecciones limpias.

 

El asesinato a los periodistas implanta la autocensura por el miedo. En pocos días es la sociedad entera la que se paraliza por el miedo. La gente no resiste más, se encierra, se aísla, se rompe el tejido social desde las raíces. Este es objetivo final de esta estrategia.

 

El presidente Fox no sólo dejó la presidencia con varios “focos rojos” en el territorio nacional, sino que la ausencia de unas elecciones limpias, trasparentes y sin imparcialidad estatal crea claras condiciones de ingobernabilidad. Coyunturas como esta fueron condicionantes de la espiral de violencia que potencio la guerra civil nunca declarada en Colombia.

 

En México, como en el país suramericano, existen varios grupos paramilitares. En un principio allá estuvieron dispersos en diversas zonas del territorio nacional. Así están hoy aquí. Adicionalmente hay una “guerra sucia” que se quedó sin lavar, en que los responsables de la misma quedaron en la más absoluta impunidad. El ejemplo de que se puede cometer cualquier crimen sin que haya persecución legal, ni sanción alguna, sirve de acicate para repetir la logística del mismo accionar criminal. Lo que ocurrió en el 2006, último año de la administración foxista, en San Salvador Atenco, puede ser el comienzo de este macabro proyecto en ciernes. Es una política contra todo el pueblo, contra cualquiera, por el sólo hecho de estar ahí, vivir ahí, exactamente donde llegan las fuerzas represivas, secuestran, golpean, violan, torturan e inventan cargos.

 

Entre los nuevos grupos está apareciendo aquel del “Yunque” en el Estado de Querétaro que se autodenomina “ave azul”, compuesto por unos 200 muchachos, “blanquitos y güeritos”, que suben a las montañas “para prepararse a pelear contra los rojillos que les quieren quitar lo que el Estado les ha dado”[26]. Estos o “los Negros” o cualquiera de estos grupos ya existentes, pueden actuar bajo el manto de que se trató de un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes. La sociedad ya está lista para legitimar, los medios para justificar y el Estado para mantener la impunidad. La indefección ciudadana entra en el terreno del terror.

 

7.      Conclusión: lo que tenemos que aprender y proponer

 

Cuando Vicente Fox (2000-2006) inició su administración presidencial sabía que el narcotráfico estaba creciendo, que había que utilizar toda la capacidad del Estado mexicano para tratar de detenerlo e incluso apuntar a acabarlo. Para esto aumentó el presupuesto destinado a este objetivo en varios cientos de millones de dólares en el conjunto de las instituciones encargadas de su control, desde la marina, pasando por el ejército y terminando en todas las fuerzas policiacas que pudieran tener algún potencial control del este “flagelo social”.

 

En realidad no fue “pasando” por el ejército. Este se convirtió en su ficha clave. Una parte de su estrategia, lo central de su política, fue tratar de que todas las fuerzas de inteligencia y represivas funcionaran de manera coordinada. Para ello había que centralizar la información y los programas de acción conjunta. Esto lo llevaría a cabo la Secretaría de Defensa con el apoyo directo de todas las demás instituciones. Y de la Secretaría de Defensa, la institución privilegiada en recursos y mando, fue el ejército. Esta fue la razón por la que fue nombrado un general, Macedo de la Concha, en el PGR. Un dimensionamiento de poder que generó fricciones con otras instituciones, como la Marina, Aduanas e incluso al interior mismo de la PGR y los enfrentamientos no dejaron de ocurrir durante todo el sexenio.

 

Pero no fue esta la clave para resolver el problema planteado. La solución no está en la simple coordinación de las fuerzas represivas nacionales, ni aunque sea el ejército el que tenga en control de la batuta.

 

La administración Fox en aras de un “mejor equipo, entrenamiento y herramientas de investigación” hizo una inversión en una mayor cantidad de buques, en mayor sofisticación de armamento, de avionetas para fumigar, de lanchas rápidas para perseguir, de helicópteros para llevar a cabo mejores persecuciones “en caliente”, en mejores sistemas de observación y registro, en mayor cantidad de inteligencia en aras de un mejor control de la corrupción y finalmente la conformación de comandos especiales, como los “Z”. Lo mismo y más se está proyectando como la estrategia político-militar de Calderón (2006-2012). Pero además ya sacó a ese ejército a las calles y carreteras del país, más equipado y mejor armado que nunca.

 

Los resultados vistos por la sociedad mexicana muestran que la política de control por vía represiva lo que está produciendo es una disminución seria de la capacidad Estatal para defender los Derechos Humanos y el mismo Estado de Derecho.

 

Tal vez la clave no esté en reforzar más la burocracia de control represivo. Tal vez sea el momento de creer que los estudios que se han realizado en educación y tratamiento y que ya han demostrado una eficiencia terminal hasta 10 veces superior por cada peso invertido a lo gastado en control. “En 1994 el corporativo RAND encontró que para la reducción del consumo de cocaína, el tratamiento entre consumidores frecuentes es 23 veces más efectivo que la erradicación de la cosecha de la “droga” u otros esfuerzos dirigidos a atacar la oferta, 11 veces más eficiente que la prohibición, y tres veces más eficaz que imponer sentencias mínimas obligatorias”[27].

 

Si México logra demostrar en su propia población que es posible reducir la demanda de “drogas” prohibidas a través de la implantación de programas de prevención y tratamientos de alta calidad, por vía educativa y de terapias seriamente investigadas y apoyadas desde el Estado, podrá asistir a todos los foros que, año tras año, se realizan en distintas partes del mundo con una clara política alterna frente al narcotráfico. Una política que no puede seguir siendo la mecánica absurda y a ultranza del prohibicionismo que imponen los Estados Unidos, cada vez por razones más claras y distintas a las del uso de estupefacientes que ellos definen como moralmente negativos y que si enferman y matan en buena medida es precisamente porque son los vendedores callejeros quienes marcan la calidad de  los mismos.

 

 

 



[1] Vicente Fox fue presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN) en alternancia con el Partido de la Revolución Institucional (PRI) entre el 2000-2006

[2] Ravelo, Ricardo. El DC-9 aterrizo en Barranquilla. Proceso, 20 de agosto 2006, Nº 1555, pags. 34-38.

[3] Fuente: Arturo Arango y Crisitna Lara, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad, A.C. En: 

     Freeman. Estado Bajo Asalto: La Narcoviolencia y Corrupción en México. Un informe Especial de

     Washington Office on Latin America (WOLA). Junio 2006. 

[4] Correa, Eduardo. La Política de los Estados Unidos hacia América Latina en el Tema del Narcotráfico.

        Tesis Estudios Latinoamericanos UNAM, 2006. Pag. 199-212.

[5].Ibid. Pag. 60.  En ella se señala que mientras en las selvas colombianas, peruanas o Bolivianas el kilo de cocaína tiene un valor de unos mil dólares, en las calles de cualquier ciudad estadounidense su valor alcanza un precio entre los 100 y 125 dólares el gramo. Es decir que entre su punto de  producción y el mercado al detal se produce una acumulación mayor al mil por ciento.

[6] Oakland, Ross. Border no barrier to weaponery. The Toronto Star. 24 de abril de 2006. En  Freeman, Laurie.

       Estado bajo Asalto: la narcoviolencia y corrupción en México. Informe especial de la Oficina en

       Washington para asuntos latinoamericanos., WOLA,  Junio 2006.

[7] Astorga, Luis. El Tráfico de Fármacos Ilícitos en México: Organizaciones de Traficantes, Corrupción y   

     Violencia. Presentado en conferencia de WOLA  Drogas y Democracia en México: El Impacto del

     Narcotráfico y de las políticas antidroga, Ciudad de México, 21 de junio del 2005.

[8] Freeman, Laurie. Op. Cit. pag. 5

[9] Saxe-Fernandez, John. Estado Unidos: el nacionalismo económico. La Jornada, 13 de junio de 2002.

      Economía.

[10] Freeman, Laurie. Op. Cit. Pag. 2. No cabe duda que la postura de los textos de WOLA sobre el tema han

    sido muy progresistas en general, pero resulta que al final  siguen sosteniendo un prohibicionismo en el que

     se fundamenta precisamente el intervencionismo creciente que vienen sufriendo los países de la región. El

     prohibicionismo es una política legitimadora de ese intervencionismo. Hay que mirar a fondo que una

     alternativa de salud y educación podrían terminar por disminuir el consumo de estos estupefacientes muy

     por debajo de la línea base que se sostiene con la inútil política actual de represión. WOLA sostiene esta

     postura en general, pero es fácil caer en contradicción si también sostiene la misma política que su

     gobierno ha venido incrementando y aplicando desde los tiempos de Nixon y Reagan. ¿Más ayuda, de la

     misma, por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque estos países no pueden sólos?

[11] Kaplan, Marcos. Droga y Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México D.F.,

       1991.

[12] Ibid. pag. 8.

[13] Correa Senior, Eduardo. Op. Cit. pag. 15-20.

[14] Gootemberg, Paul. Constructing cocaine (prohibitions) in Perú, 1910-1950. En: Gootemberg, Paul Cocaine.

     Global Histories. New York, Routledge, 1999. Pags. 63-72.

[15] Boville de Luca de Tena, Belén. La guerra de la cocaína. –Drogas, Geoplitica y medio ambiente- Madrid,

     Temas de Debate, 2000. Pags. 43-50.

[16] Kaplan, Marcos. Op. Cit. pags. 16 y 17.

[17] Ibid, pag- 19.

[18] Isacson, Adam. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la “guerra contra las drogas”.  En:

       Youngers, Coletta y Rosin, Eileen (editoras) Drogas y Democracia en América Latina. El impacto de la

       Política de Estados Unidos. WOLA, Washington, Biblos, Buenos Aíres, 2005, pag. .43.

[19] Ibid. pag. 59.

[20] Astorga, Luis.  El narcotraficante en México,

[21] Perea, Carlos Mario. En conversaciones largas que he podido realizar con este investigador profundo de

     relaciones entre juventud y violencia de la Universidad Nacional del Colombia y el ITAM me ha detallado

     cómo los estupefacientes ilícitos no sólo son aceptados como mercancía de consumo establecido para los

     fines de semana, como vehículo para conseguir dinero, sino que también está estrechamente relacionado 

     con estructuras sociales de poder y de prestigio.

 

[23] Tobar, Hector. In a City of Killings, Silence is Golden. The Los Angeles Times, 22 de mayo del 2005. En:

     Freeman, Laurie. Op. Cit. pag. 15.

[24] Marosi, Richard. Tijuana Awash in Wave of Violent Crime. The Dallas Morning News, 1 de diciembre del

     2005. En: Freeman, Laurie. Ibid.

 

[25] Ibid

[26] Hernandez, Luis Guillermo. ¿Adiestra el “Yunque” “Aves Azules”. Diario Monitor. Lunes 28 de 2006.

[27] Rydell, C. Peter y Evernham, Susan S. Controling Cocaine: Supply Versus Demand Programas. (Santa

     Monica, CA: Centro RAND para la Investigación de Políticas de Drogas, 1994). En: Freeman, Laurie.

     Op. Cit. pag. 22.

 

Tomado de http://desarrollo.uacm.edu.mx/sitios/dh_sem_segpublica/docs/M%C3%89XICo,__narcotrafico_y_paramilitarizaci%C3%B3n.doc