ACTA DE PLENARIA 169 DEL 18 DE MAYO DE 2005
Presidencia de los honorables Representantes, Zulema del Carmen Jattin Corrales, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y Jorge Carmelo Pérez Alvarado.
Legislatura del 20 de julio de 2004 - 20 de junio de 2005
Número 169 de la sesión ordinaria del día miércoles 18 de mayo de 2005
Presidencia de los honorables Representantes, Zulema del Carmen Jattin Corrales, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y Jorge Carmelo Pérez Alvarado.
En Bogotá, D. C., sede constitucional del Congreso de la República, a los 18 días del mes de mayo de 2005, abriendo el registro a las 11:13 a.m., e iniciando a las 12:05 p.m., se reunieron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, los honorables Representantes que adelante se indican con el fin de sesionar de conformidad con el mandato constitucional y legal.
La Presidencia de la Corporación dispuso que los honorables Representantes se registraran con el fin de establecer el quórum reglamentario, petición que fue cumplida, con el siguiente resultado:
Asistentes:
18-05-05-11:13
Amín Hernando Jaime
Arango Angel Héctor
Arango Torres Fabio
Arenas Prada Miguel
Ashton Giraldo Alvaro
Ortiz Lara Etanislao
Arias Mora Ricardo
Benedetti Armando
Berrío Torres Manuel
Bes aile Fayad Musa
Caballero C. Jorge L.
Caropresse M. Manuel
Gutiérrez J. Adriana
Ceballos Arévalo Sandra
Celis Carrillo Bernabé
Celis Gutiérrez Carlos A.
Casabianca P. Jorge
Zabala de L. Jesusita
Córdoba L. Francisco
Crissien B. Eduardo
Cuervo Valencia Carlos
Diazgranados Sergio
Durán Barrera Jaime
Dussán López Luis E.
Elejalde A. Ramón
Enríquez R. Manuel
Sorza Saltaren Oscar
Flórez Rivera José L.
Flórez Vélez Omar
Gamarra S. José Rosario
Giraldo Jorge Homero
González M. Jaime
Gutiérrez C. Nancy Patricia
Jattin Corral Zulema
Jiménez Tamayo Luis
Jozame Amar Tony
Martínez R. Rosmery
Maya Ponce Luis Edmundo
Mesa Arango Ernesto
Montes A. Reginaldo
Pareja G. Francisco
Parody D¿Echeona Gina
Pérez Alvarez Jorge
Piedrahíta C. Carlos
Pinillos A. Clara
Ramírez U. Jorge E.
López Dorado Jorge O.
Rivera F. Guillermo
Lanzziano M. Gustavo
Sanguino Soto Luis F.
Santos M. Guillermo
Serrano Morales Luis
Silva Amín Zamir Eduardo
Silva Meche Jorge J.
Soto Jaramillo Carlos
Tapasco Triviño Dixon
Torres M. Edgar E.
Uribe B. María Teresa
Rangel Sossa Miguel
Hernández Díaz Efrén
Vargas Castro Javier
Vargas Moreno Luis E.
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis
Velásquez Cardona Jhon
Velásquez S. Sandra
Vélez Mesa William
Espinosa Arrieta G.
Viana Guerrero Germán
Wilchez Carreño Oscar
Zambrano E. Bérner
Acosta Osio Alonso
Almario R. Luis Fernando
Alvarez H. Tania
Arboleda Palacios Oscar
Baquero Soler Omar A.
Benito-Revollo Muriel
Campo Escobar Alfonso
Canal Albán Jaime E.
Cuello Baute Alfredo
Delgado B. Jorge
Devia Arias Javier R.
Cruz Romero José
Enríquez Maya Eduardo
Gallardo A. Julio
Díaz Contreras Jairo
Garciaherreros Jorge
Gutiérrez José Gonzalo
Hoyos Villegas Juan
Hurtado Cano Juan
Ibarra Obando Luis J.
Jiménez Salazar Pedro
Leguizamón Roa Marco
León L. Buenaventura
Mejía G. José Albeiro
Moreno G. Araminta
Bravo Realpe Oscar F.
Paz Ospina Marino
Pedraza Ortega Telésforo
Pérez Pineda Oscar D.
Piamba Castro José
Raad Hernández Elías
Ramírez Ramírez Pedro
Rodríguez S. Milton
Galvis L. Guillermo
Tamayo Tamayo Fernando
Torres B. Hernando
Valencia Duque Antonio
Arenas G. Pedro J.
Almendra V. Lorenzo
Borja Díaz Wilson A.
Fandiño Cantillo Edgar
Navas Talero Germán
Ortiz Palacios Wellington
Pardo Rodríguez Pedro
Petro Urrego Gustavo
Silva Gómez Venus A.
Sinisterra Erminsul
Zárrate Osorio Hugo
Registro manual:
Sánchez Arteaga Fredy Ignacio
González Brito Wílmer David
Cuéllar Luis Antonio
Mora Rozo José Antonio
Díaz Matéus Iván
González Villa Carlos Julio
García Valencia Jesús Ignacio
Feris Chadid Jorge Luis
Benjumea Acosta Octavio
Valencia Franco Luz Piedad
Imbett Bermúdez José María
Herrera Cely José Manuel
Aguirre Muñoz Germán
Moreno Ramírez Betty Esperanza
Torrado García María Consuelo
Urrutia Ocoró María Isabel
Velásquez Suárez Germán
Zuluaga Díaz Carlos Alberto
Salas Moisés Luis Enrique
Amador Campos Rafael
Arcila Córdoba José Luis
Monsalvo Gnecco Luis Alberto
Avendaño Lopera Pompilio
López Maya Alexánder
Bermúdez Sánchez José Ignacio
Arias Hoyos Rocío
Mejía Urrea César Augusto
Angel Barco Enrique Emilio
Quintero Marín Carlos Arturo
Duque García Luis Fernando
Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando
Ortega Rojas William
Jaimes Ochoa Adalberto
Alvarez Montenegro Javier Tato
Vives Pérez Joaquín José
Negret Mosquera César
Olano Becerra Plinio Edilberto
Pineda García Eleonora María
Char Navas David
Chavarro Cuéllar Carlos Ramiro
Camacho W. Roberto
Gerléin Echeverría Jorge
Total Representantes que se registraron manualmente:
Cuarenta y dos (42)
Representantes que no asistieron con excusa:
Villamizar Afanador Alirio
Cervantes Varelo Jaime
Alfonso García Juan de Dios
Castro Gómez Santiago (Comisión Exterior)
Martínez Fernández Jairo de Jesús
Total Representantes con excusa:
Cinco (5)
Representantes que no asistieron sin excusa:
Cero (0)
Transcripción de las excusas presentadas por los honorables Representantes a la Cámara por su inasistencia a la Sesión Plenaria de la fecha.
Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2005
Doctora
ZULEMA JATTIN CORRALES
Presidenta
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Excusa inasistencia sesión plenaria del día 18 de mayo de 2005.
Apreciada doctora Jattin:
Respetuosamente solicito a sus señoría se sirva excusarme por la inasistencia a la sesión plenaria el día 18 de mayo, ya que por aprobación de proposición del 23 de noviembre del 2004, la cual anexo, se me autorizó la realización del foro "Cira Infantas" en la ciudad de Barranca-bermeja.
La excusa que presento se fundamenta en el artículo 90 de la Ley 5a de 1992.
Con sentimientos de consideración y aprecio.
Alirio Villamizar Afanador,
Representante a
la Cámara,
departamento de Santander.
Proposición número 116 de 2004
(aprobada noviembre 23)
Se solicita a la Plenaria de la Cámara autorizar la relación de un foro sobre el proyecto de explotación petrolera Cira-Infantas, para realizarlo en el ciudad de Barrancabermeja Santander el próximo 31 de marzo de 2005.
A este evento se invitarán el Ministro de Minas y Energía, al Presidente de Ecopetrol, a la Defensoría del Pueblo, al Contralor General de la República y se invitarán a representantes de las empresas y de la comunidad, para que se analice y debata los beneficios en generación de empleo, incremento de regalías para los municipios y el departamento, y la inversión social.
Igualmente conocer por parte de la comunidad y autoridades municipales los riesgos y posible reubicación de más de 200 familias, del sector donde se perforaron más de 600 pozos petroleros con una inversión total de más de US$500 millones.
Este foro será transmitido por Señal Colombia.
Alirio Villamizar.
Noviembre 23 de 2004.
* * *
Bogotá, D. C., mayo 18 de 2005.
Doctor
ANGELINO LIZCANO RIVERA
Secretario General
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Cordial saludo:
Atendiendo precisas instrucciones del honorable Representante doctor Jaime Cervantes Varelo y de conformidad con el artículo 90 de la Ley 5a de 1992 y de las Resoluciones 1121 y 1871 de 2004, estando dentro del término legal, me permito presentar excusa por su no asistencia a la sesión plenaria del día de hoy 17 y 18 de mayo y la que pueda programarse para el día 19, debido a problemas de salud, debidamente certificado por Salucoop EPS con incapacidad de tres (3) días a partir del martes 17 de abril.
Anexo a la presente copia de la incapacidad como soporte legal requerido.
Cordialmente,
Pedro Gabriel Mendivil Guzmán,
Asesor Unidad de Trabajo Legislativo
Salucoop.
Incapacidad No. 901010000002104
Fecha: 2005/05/17
Paciente c.c. 8758294
Jaime Cervantes Varelo
Nivel Salarial 1
Fecha inicial: 5/17/2005
Fecha final Inc. 5/19/2005
Días incapacidad: 3
Edad Gestacional: 0
Nro. Inc. Anterior: 0
Nueva:
Tipo incapacidad: Ambulatoria no quirúr-gica.
Concepto incapacidad.
Observaciones.
Estado incapacidad.
Enfermedad General.
Sin liquidar.
Diagnóstico:
B309 Conjuntivitis viral, sin otra especi-ficación
Médico: Miguelina Gómez
Registro Médico: 3178
* * *
Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2005
Doctora
ZULEMA JATTIN
Presidenta
Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Cordial saludo:
Para este miércoles 18 de mayo de 2005, la Asociación de Periodistas de Barranca-bermeja y la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes han programado la realización de un evento en el Corregimiento El Centro de Barrancabermeja, desde las 9:00 de la mañana, denominado "Foro la Cira-Infantas", cuyo objetivo es establecer la información y los alcances del proyecto de Campos Maduros que adelanta Ecopetrol en esta zona del país.
La actividad contará con la presencia de altos funcionarios del Gobierno nacional. De mi parte, haré la presentación de una ponencia, aspecto por el cual presento mis excusas al no poder asistir a la sesión plenaria de este día.
Cordialmente,
Juan de Dios Alfonso García,
Representante a
la Cámara,
departamento de Santander
c.c. Secretario General.
Archivo.
* * *
Bucaramanga, 12 de mayo de 2005
Representante a la Cámara
JUAN DE DIOS ALFONSO GARCIA
Barrancabermeja
El objetivo de esta comunicación es invitarle para que nos acompañe en la realiza ción del foro "Cira-Infantas" que se llevará a cabo el 18 de mayo a las 9 de la mañana en el Club de Mares del corregimiento El Centro en Barrancabermeja.
La realización del evento fue aprobada por la Cámara de Representantes el 23 de noviembre de 2004, mediante una proposición que como congresista, presenté. El objetivo de esta actividad es "Analizar y debatir los beneficios en generación de empleo, incremento de regalías para los municipios y el departamento y la inversión social. Igualmente conocer por parte de la comunidad y autoridades municipales los riesgos y posible reubicación de más de 2.000 de familias, del sector donde se perforarán más de 600 pozos petroleros ...".
Al foro asistirán el Ministerio de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía Castro; el Presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich; el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra; el Defensor Nacional del Pueblo, Volmar Pérez; y los representantes de las autoridades, gremios, medios de comunicación y comunidades del puerto petrolero.
Con sentimiento de consideración y aprecio.
Alirio Villamizar Afanador,
Representante a la Cámara por Santander,
Comisión Quinta Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
* * *
Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2005
Doctora
ZULEMA JATTIN CORRALES
Presidenta
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Como es de su conocimiento a partir del pasado 24 de marzo del presente año me encuentro en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, cumpliendo con una invitación que me extendió la Fundación Ersenhower, a realizar un curso sobre "Organismos Multilaterales de Crédito o Mercados Emergentes y las Entidades del Gobierno Norteamericano" curso que va hasta el 19 de mayo de 2005.
Por tal razón, me permito anexar copia de la Resolución MD número 0392 del 14 de marzo de 2005, mediante la cual la Mesa Directiva me ha comisionado para asistir a este importante curso, para que sea tenida en cuenta en las llamadas a lista para las diferentes plenarias que se puedan realizar durante este lapso de tiempo y no incurrir en faltas.
Atentamente,
Santiago Castro Gómez,
Representante a la Cámara.
c.c. Secretario General.
RESOLUCION MD
NUMERO 0392
DE 2005
(marzo 14)
por el cual
se autoriza una Comisión
al Exterior.
La Mesa Directiva de la Cámara de la Representantes, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 5a de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 5a de 1992, faculta a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, autorizar Comisiones Oficiales de Congresistas fuera de la sede del Congreso siempre que no impliquen utilización de dineros del Erario;
Que mediante oficio de fecha 1º de julio de 2004, suscrito por la señora Adriana Basora de la Fundación Ersenhower, cursa invitación al honorable Representante Santiago Castro Gómez, para realizar un curso sobre "Organismos Multilaterales de Crédito o Mercados Emergentes y las Entidades del Gobierno Norteamericano" a realizarse en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, entre el período comprendido del 24 de marzo de 2003 al 19 de mayo de 2005;
Que el doctor Santiago Castro Gómez, Representante a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, mediante comunicación del 1º de marzo de 2005, solicita a la señora Presidenta de la Corporación doctora Zulema Jatti n Corrales, se le autorice la Comisión al Exterior, con el propósito de realizar un curso sobre "Organismos Multilaterales de Crédito o Mercados Emergentes y las Entidades del Gobierno Norteamericano" a realizarse en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, entre el período comprendido del 24 de marzo de 2005 al 19 de mayo de 2005;
Que como consecuencia de los considerandos anteriores, la Mesa Directiva considera importante comisionar al honorable Representante a la Cámara Santiago Castro Gómez, para desarrollar los objetivos propuestos, a realizarse entre los días 24 de marzo de 2005 al 19 de mayo de 2005, en Filadelfia, Estados Unidos;
Que en mérito de lo expuesto la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes,
RESUELVE:
Artículo 1°. Comisionar conforme a su solicitud y a las normas legales vigentes, al honorable Representante Santiago Castro Gómez, entre los días 24 de marzo de 2005 al 19 de mayo de 2005, con el propósito de realizar un curso sobre "Organismos Multilaterales de Crédito o Mercado Emergentes y las Entidades del Gobierno Norteamericano" a realizarse en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.
Artículo 2°. La asistencia por parte del honorable Representante comisionado en el artículo primero (1°) de la presente resolución, no implica erogación alguna del Erario de la Cámara de Representantes.
Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de marzo de 2005.
La Presidenta,
Zulma del C. Jattin Corrales.
La Primer Vicepresidente,
Carlos Alberto Zuluaga.
El Segundo Vicepresidente,
Jorge Carmelo Pérez Alvarado.
El Secretario General,
Angelino Lizcano Rivera.
* * *
Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2005
Señores
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
Subsecretario
Cámara de Representante
Ciudad
Respetados señores:
Por instrucciones del honorable Representante a la Cámara Jairo Martínez Fernández, me permito comunicar a ustedes que no podrá asistir a la Sesión Plenaria convocada para el día 17 y 18 del mes en curso ya que se encuentra delicado de salud y se estará realizando los respectivos chequeos médicos en la ciudad de Cartagena.
Solicito se sirva tener en cuenta la presente como excusa por inasistencia.
Cordialmente,
Federmán Centeno Mejía,
Asistente V,
Honorable
Representante
Martínez Fernández.
Transcripción de las excusas presentados por los funcionarios solicitados e invitados a la sesión plenaria de la fecha.
Procuraduría General de la Nación
Bogotá, mayo 17 de 2005
D. P. 0447
Doctor
ANGELINO LIZCANO RIVERA
Secretario General
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Me refiero a su oficio de fecha 4 de mayo del año en curso, en la que se me invita al debate según Proposición número 203 "infiltración de grupos paramilitares en las entidades guberna-mentales" el día 18 de mayo de 2005. Por compromisos previamente adquiridos con anterioridad como jefe del Ministerio Público no podré acompañadas a tan importante sesión, razón por la cual solicito se excuse mi presencia. No obstante y dada la importancia del tema, estaré atento a los resultados del debate.
Atentame nte,
Edgar José Maya Villazón,
Procurador General de la Nación.
* * *
Contraloria General
de la República
80111-1733
Bogotá, D. C., mayo 16 de 2005
Doctor
ANGELINO LIZCANO RIVERA
Secretario General
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado doctor Lizcano:
En nombre del señor Contralor General de la República, agradezco su amable invitación para asistir el día miércoles 18 de mayo de 2005 al debate sobre la infiltración de grupos paramilitares en las entidades gubernamentales.
Lamentablemente, el doctor Hernández Gamarra no puede asistir a tan importante evento, en razón a que en esta fecha estará cumpliendo compromisos programados con anterioridad fuera del país.
Por tal motivo, ha delegado al doctor Wilson Herrera Moreno, Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, quien será el encargado de asistir a tan importante debate.
Sea la oportunidad, para desearle los mejores éxitos en la realización del mismo.
Cordialmente,
María Inés Pantoja Ponce,
Secretaria Privada.
* * *
Corte Suprema de Justicia
PCSJ- No. 0517
Bogotá, D. C., 17 de mayo de 2005
Doctor
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
Secretario General (E.)
Cámara de Representantes
Ciudad
Apreciado doctor:
En atención a la comunicación de 6 de mayo de 2005, sobre "realización debate según Proposición número 203 de abril 13 de 2005", mediante la cual la señora Presidenta de la Cámara de Representantes, doctora Zulema Jattin Corrales, me invita por su digno conducto, a la sesión plenaria que se llevará a cabo el día miércoles 18 de mayo a partir de las 3:00 p.m., me permito informarle que lamentablemente por compromisos propios del cargo que debo atender, me impiden asistir, por lo que le ruego excusar mi ausencia.
Cordialmente,
Carlos Isaac Ander,
Presidente.
La Secretaría General informa que existe quórum decisorio.
La Presidencia ordena a la Secretaría General dar lectura al Orden del Día.
La Secretaría procede de conformidad.
ORDEN DEL DIA
para la Sesión Ordinaria del día miércoles 18 de mayo de 2005
Hora: 9:00 a. m.
I
Llamado a
lista y verificación
del quórum
II
Negocios
sustanciados
por la Presidencia
III
Citaciones
Proposición número 064 de 2004
(agosto 11)
Bogotá, D. C.,
La Bancada Liberal Uribista.
Solicita a la honorable Cámara de Represen-tantes para que en la plenaria se apruebe la transmisión por Señal Colombia del Foro sobre Ordenamiento Territorial, para el día jueves 2 de septiembre del presente año.
Asimismo, proponemos los siguientes debates de bancada para este semestre:
- Servicios públicos domiciliarios.
- Política de vivienda de interés social.
- Desplazamiento forzado.
Zulema Jattin Corrales.
Proposición Aditiva 144 de 2004
(noviembre 2)
Aditiva a la
Proposición número 064
de 2004
(agosto 11)
De conformidad con la Proposición número 064 del 11 de agosto de 2004, mediante la cual la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes aprobó la realización de unos debates de control político, entre los cuales se encuentra el debate sobre el desplazamiento forzado, cítese al señor Ministro del Interior y de Justicia y al señor Ministro de Defensa Nacional e invítese al señor Director de Planeación Nacional, al señor Consejero Presidencial para la Acción Social y al señor Defensor del Pueblo para que rindan un informe sobre la situación actual de la población desplazada en el país y cuáles son las acciones que las diversas instituciones del Estado vienen desarrollando para superar este flagelo, y de la misma manera remítase a cada uno de los funcionarios citados y/o invitados los cuestio-narios adjuntos para que sean resueltos en debida forma.
Presentada por: Luis Antonio Serrano M., Representante a la Cámara, Departamento del Caquetá; Zulema Jattin Corrales, Representante a la Cámara, Departamento de Córdoba.
Proposición número 144
Cuestionario
funcionarios citados
y/o invitados
Preguntas al Ministro del Interior y de Justicia:
1. ¿Es compatible la política de "seguridad democrática" con la prevención de las causas del desplazamiento forzado?
2. ¿Cree el Gobierno que el desplazamiento forzado es exclusivamente un problema de orden público que puede resolverse con una intensificación de las acciones del Estado contra los grupos armados al margen de la ley?
3. ¿Es viable promover el retorno de campesinos desplazados por la guerra interna en zonas en donde subsiste la confrontación, la amenaza y la ausencia del Estado?
4. ¿Puede el Gobierno otorgar garantías reales de retorno con justicia, reparación y consoli-dación económica a las familias desplazadas?
5. ¿Qué garantías ofrece el Gobierno a las Organizaciones No Gubernamentales, asocia-ciones de desplazados, iglesias y agencias de cooperación internacional que trabajan en Colombia en función de la población despla-zada?
6. ¿Ha considerado el Gobierno un trata-miento especial a la población desplazada para que ejerza plenamente el derecho a elegir y ser elegido, toda vez que los ciudadanos desplazados prácticamente están excluidos del censo electoral?
7. ¿Si el desplazamiento está desbordando la capacidad del Estado para atender a la población afectada, está generando un crecimiento desordenado de las ciudades, está desolando el campo y agudizando la crisis del sector rural, se ha considerado como parte de la solución la redistribución equitativa de la tierra en el marco de una superación del conflicto armado por la vía de un diálogo serio y una negociación con resultados entre el Gobierno y los grupos armados?
8. Si las fumigaciones mediante el procedimiento de aspersión aérea están afectando igualmente cultivos de uso lícito y provocando el desplazamiento forzado de los campesinos y colonos, ¿qué planes tiene el Gobierno para evitar el desplazamiento por causa de las fumigaciones?
9. ¿Qué planes diferentes a la fumigación se tienen proyectados para la erradicación de cultivos ilícitos?
10. Según la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, la política de atención a la población desplazada está constituida de una precaria capacidad institucional para imple-mentarla, ¿a qué motivos obedece este cuestionamiento?
11. En desarrollo al principio de la colaboración armónica que opera en materia administrativa, ¿qué política piensa implementar el ejecutivo si, según la sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004, es responsabilidad de todas las autoridades que manejan el tema del desplazamiento forzado en el país garantizar los derechos de la población desplazada y concurrir en buena forma para ello?
Luis Antonio Serrano Morales, Representante a la Cámara, Departamento de Caquetá.
Proposición número 144
Cuestionario
funcionarios citados
y/o invitados
Preguntas al Consejero Presidencial para la Acción Social:
1. ¿Cuál es la estadística del número de personas desplazadas desde cuando se llevan registros por parte de la RSS hasta la fecha? Discriminar año por año y de ser posible por grupos de población y por regiones.
2. ¿Cuál es el presupuesto de la Red de Solidaridad Social para atender a la población desplazada en Colombia, cuál es la proyección hacia el futuro y de dónde planea el Gobierno asignar mayores recursos para hacer frente a esta tragedia humanitaria?
3. ¿La cooperación internacional es subsidiaria y complementaria de la acción del Gobierno o está asumiendo la comunidad internacional la responsabilidad del Estado frente a la población desplazada?
4. ¿Se ha producido un incremento del número de personas desplazadas en Colombia como consecuencia de las medidas adoptadas dentro de la política de seguridad democrática, como por ejemplo el Plan Patriota? ¿Tiene el Gobierno planes de contingencia frente a las posibles situaciones de emergencia?
5. ¿Tiene la RSS una política de interlocución con las Organizaciones no Gubernamentales y demás expresiones de la sociedad civil que atienden, desde diversas áreas, el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia?
6. ¿Cuáles son las directrices de la RSS para la atención integral de la población en situación de desplazamiento (emergencia y posemer-gencia), para la protección y resarcimiento de los derechos violados, para la prevención de causas de desplazamiento y para la estabilización socio-económica de las personas afectadas?
7. ¿Considera la RSS que con una ayuda de tres meses una familia puede superar su condición de desplazado e integrarse armónica-mente a su sitio de llegada, en condiciones dignas y seguras?
8. ¿Los niños, niñas y jóvenes, así como las mujeres, la población indígena y afrocolombiana tienen una política diferencial en los planes de atención del Gobierno? ¿Considera la RSS que es necesario un programa de atención psicosocial de los niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento, a partir de la escuela como escenario de recuperación del trauma de la violencia y el desarraigo?
9. ¿Incluye la RSS a las personas desplazadas forzadamente por fumigaciones en zonas de cultivos de usos lícitos e ilícitos?
10. La violación sexual es una práctica generalizada en los conflictos armados, algunas mujeres y niñas desplazadas han padecido esta violencia ¿cuál es el registro y tratamiento instaurado por el Gobierno Nacional para superar el trauma de las víctimas?
11. ¿Cuál es el programa que se tiene para que la población desplazada se integre ciudadana y culturalmente, por vivir en una ciudad desconocida y hostil que no le ofrece condiciones favorables?
12. ¿Qué medidas se toman para solventar la triple discriminación que sufren algunos miembros de la población desplazada por ser mujeres, desplazadas y pertenecer a un grupo étnico?
13. ¿Considera el Gobierno Nacional que la utilización de recursos en las estrategias de recuperación social y económica satisface las expectativas generadas en la población desplazada con la puesta en marcha del componente social del Plan Colombia a través del Programa de Asistencia Humanitaria?
14. La atención de emergencia a la población desplazada, enmarcada dentro del Programa de Atención Humanitaria, que ofrece asistencia durante tres meses (prorrogables otros 3 meses) a las familias desplazadas registradas en la base de datos de la RSS, tiene pocas probabilidades de estabilización de las familias, generando malestar y zozobra en las mismas. ¿Qué programas paralelos se desarrollan o se planean desarrollar para ayudar al desplazado a integrarse a sus nuevas condiciones de vida, más allá de los 3 o 6 meses de ayuda?
15. Los departamentos con presencia de cultivos ilícitos y problemas de orden público al ser atendidos en el Plan Colombia focalizan sus recursos y proyectos en diferentes municipios ¿por qué en el Caquetá solo se ha atendido en una mínima parte el municipio de San Vicente del Caguán, dejando de lado otros municipios con alto índice de cultivos ilícitos y problemas de orden público? Esta crisis se agudiza por las dificultades en el desarrollo de los proyectos, debidas a la demora en los desembolsos por parte del organismo de gestión respectivo. Concluyendo que el método adoptado para la ejecución de los recursos, a través de la cuenta del FIP, no fue la más adecuada y generó atrasos en la realización de las obras. ¿Qué estrategia se tiene para solventar este problema que perjudica enormemente el departamento del Caquetá?
16. Dentro de la recuperación económica y social promovida por el Plan Colombia, ¿cuántas familias desplazadas han recibido apoyo económico correspondiente a los subsidios de nutrición y educación?
17. ¿Considera el Gobierno Nacional que la inserción económica de los desplazados, a partir de proyectos productivos, está en coordinación con las necesidades y políticas productivas del país y la región donde se localizan, aún cuando se aprecia que no existe una estrategia de estímulo a proyectos productivos con una visión de futuro, por la variedad de proyectos que se implementan en una misma zona?
18. Las obras de infraestructura son unas de las necesidades más sentidas en las regiones, especialmente en aquellas que tienen dificultades de orden público, causadas en su mayoría por la presencia de cultivos ilícitos. ¿Por qué se observa un alto número de contratos ejecutados en algunos departamentos, mostrando iniquidad, al compararse las inversiones efectuadas en el departamento del Caquetá, que igualmente tiene niveles comparables de pobreza y conflicto social?
Luis Antonio Serrano Morales, Representante a la Cámara, Departamento de Caquetá.
Proposición número 144
Cuestionario
funcionarios citados
y/o invitados
Preguntas al Director del Departamento Nacional de Planeación:
1. ¿Cuál es el presupuesto del Gobierno Nacional para atender a la población desplazada en Col ombia, cuál es la proyección hacia el futuro y de dónde planea el Gobierno asignar mayores recursos para hacer frente a esta tragedia humanitaria?
2. Si mediante el impuesto al patrimonio el Gobierno destinó 2.4 billones de pesos para la política de "seguridad democrática" ¿por qué no se destinan mayores fondos para la atención de la población desplazada, que ha venido creciendo en medio de la generalización de esta guerra?
3. ¿Asigna el Gobierno Nacional recursos para que los entes territoriales puedan desarrollar planes de atención, prevención y protección de las personas desplazadas, teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno social que afecta el territorio nacional?
4. ¿Destina el Gobierno recursos específicos para poblaciones indígenas y afrodescendientes en situación de riesgo de desplazamiento?
5. La firma del TLC puede provocar en las regiones más pobres del país una migración del campo a la ciudad como consecuencia del desestímulo de la producción agropecuaria, de los subsidios a la agricultura en Estados Unidos y de la liberalización de importaciones de productos manipulados genéticamente al mercado nacional. ¿Contempla el Gobierno estos riesgos de migraciones por empobrecimiento que se sumarían a la población desplazada por la violencia y las fumigaciones?
6. ¿Las políticas que adoptó el Ministerio de Educación Nacional para atender a la población escolar desplazada qué resultados han presentado?
7. ¿En el Programa Escuela y Desplazamiento del Ministerio de Educación Nacional, los subsidios focalizados en los municipios afectados cómo funcionan hoy día?
8. ¿Según la Corte Constitucional en Sentencia T-025 de 2004, las múltiples acciones desarrolladas por el Gobierno Nacional para garantizar los derechos a la población desplazada no han sido concordantes ni con la Ley 387 de 1997, ni con los decretos del propio ejecutivo, ni con las previsiones que el Conpes ha efectuado para la materia, como se puede justificar el incumplimiento de estas disposiciones legales?
9. ¿Según la sentencia antes descrita, si el gasto público es considerado prioritario para la población desplazada, una verdadera cuantifi-cación del esfuerzo presupuestal para garantizar una cobertura mínima a los desplazados?
10. ¿Según la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, existe un "Estado de Cosas Inconstitucionales" y sabiendo que el fenómeno del desplazamiento forzado es masivo, progresivo y permanente, el Gobierno Nacional ha estudiado la posibilidad de decretar un estado de excepción que mitigue en parte este flagelo?
11. Si el desplazamiento forzado ha sido catalogado por la Sentencia T-025 de 2004 como un verdadero Estado de Emergencia Social, una tragedia nacional, y no se tienen los recursos necesarios para cambiar dicha situación. ¿Qué posibilidades existen dentro de un Estado de Excepción para implementar un recaudo que pueda tratar este problema?
Luis Antonio Serrano Morales, Repre-sentante a la Cámara, Departamento de Caquetá.
Proposición número 144
Cuestionario
funcionarios citados
y/o invitados
Preguntas para el señor Ministro de Defensa Nacional:
1 ¿Es compatible la política de "seguridad democrática" con la prevención de las causas del desplazamiento forzado?
2. ¿Cree el Gobierno que el desplazamiento forzado es exclusivamente un problema de orden público que puede resolverse con una intensificación de las acciones del Estado contra los grupos armados al margen de la ley?
3. ¿Es viable promover el retorno de campesinos desplazados por la guerra interna en zonas en donde subsiste la confrontación, la amenaza y la ausencia del Estado?
4. ¿Puede el Gobierno otorgar garantías reales de retorno con justicia, reparación y consolidación económica a las familias desplazadas?
5. ¿Qué estrategia de carácter coordinado tienen las Fuerzas Militares con el señor Consejero Presidencial para la Acción Social, para que en el desarrollo de operaciones militares propias de la seguridad democrática caso Plan Patriota en el Caquetá, se prevenga un éxodo masivo de desplazados o se atiendan a los desplazados que se presenten como consecuencia del desarrollo de estas acciones?
Luis Antonio Serrano Morales, Representante a la Cámara, Departamento de Caquetá.
Proposición número 144
Cuestionario
funcionarios citados
y/o invitados
Preguntas para el señor Defensor del Pueblo:
1. El Estado debe promover la protección de las personas que se encuentran en condición de debilidad manifiesta (como es el caso de los desplazados) y la sociedad en su conjunto debe obrar de conformidad con su deber de actuar bajo el principio de solidaridad social; ambas conductas están previstas en la Constitución Política, pero los medios concretos para su realización están en la consolidación de las políticas públicas respectivas. Sírvase presentar una evaluación de la Política Pública en procesos de atención y restablecimiento de la población desplazada desde un enfoque de Derechos Humanos.
2. Según la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional se debe rediseñar la política de atención a la población desplazada. Por tal motivo, ¿cuáles cree que son los posibles obstáculos que impiden una atención adecuada de la población desplazada y que favorecen o agravan la vulneración de sus derechos?
Luis Antonio Serrano Morales, Representante a la Cámara, departamento de Caquetá.
Proposición número 256 de 2005
(mayo 4)
Propongo que se invite a la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del día miércoles 11 de mayo del año en curso a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, señora Louise Arbour, con ocasión de su visita a nuestro país.
Atentamente,
Wilson Alfonso Borja Díaz,
Representante a la Cámara por Bogotá.
Proposición número 203 de 2005
(abril 12)
Cítese al señor Ministro del Interior y de Justicia, para que en debate adelantado en esta plenaria, el día miércoles 18 de mayo de 2005, que será transmitido por la señal institucional de televisión, conteste al siguiente cuestionario:
1. ¿Qué información tiene ese Ministerio sobre la infiltración y control de los grupos paramilitares en las entidades gubernamentales del departamento de Sucre y sus municipios?
2. ¿Qué acciones ha realizado el Gobierno Nacional para deslindar el ejercicio de la política del accionar paramilitar en el departamento de Sucre y otras regiones del país?
3. ¿Cuál es la política del Gobierno para retirar a los funcionarios que han sido señalados en procesos como auspiciadores del paramili-tarismo?
Invítense a este debate al Presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia, al señor Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, al Contralor General de la República, al Gobernador del departamento de Sucre y al Alcalde de la ciudad de Sincelejo.
Presentada por Gustavo Petro U.
Bogotá, D. C., abril 12 de 2005.
IV
Lo que
propongan
los honorables Representantes
La Presidenta,
ZULEMA DEL CARMEN JATTIN CORRALES
El Primer Vicepresidente,
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DIAZ
El Segundo Vicepresidente,
JORGE CARMELO PEREZ ALVARADO
El Secretario General,
ANGELINO LIZCANO RIVERA
El Subsecretario General,
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO
La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Señor Presidente está leído el Orden del Día, puede someterlo a discusión y votación.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
En consideración el Orden del Día propuesto por la Mesa Directiva, sigue su discusión, ¿lo aprueba la Plenaria de la Cámara?
La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Ha sido aprobado, señor Presidente
Siguiente punto, Negocios sustanciados.
Cumpliendo instrucciones de la Mesa Directiva, me permito en este punto hacer el siguiente anuncio.
Se convoca a Plenaria de la Cámara de Representantes el día de mañana a las 8:00 de la mañana con los dos proyectos de acto legislativo que vamos a anunciar.
Proyecto de Acto Legislativo número 324 de 2005 Cámara, por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, y el Proyecto de Acto Legislativo número 320 de 2005 Cámara, por el cual se adiciona el parágrafo 1º del artículo 180 de la Constitución Política.
Anuncia la Presidenta a través de la Secretaría, que la Plenaria solo será de 8:00 a 11:00 de la mañana y a las 11:00 pueden empezar las comisiones constitucionales sus debates pertinentes.
Los proyectos que voy a anunciar son para el próximo martes, a las dos de la tarde:
Proyecto de ley número 101 de 2003 Cámara
Proyecto de ley número 150 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 093 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 05 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 061 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 209 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 274 de 2004 Cámara, 106 de 2003 Senado
Proyecto de ley número 07 de 2004 Cámara, 057 de 2003 Senado
Proyecto de ley número 143 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 074 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 134 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 264 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 140 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 236 de 2004 Cámara, 92 de 2003 Senado
Proyecto de ley número 242 de 2004 Cámara, 032 de 2003 Senado
Proyecto de ley número 247 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 160 de 2004 Cámara, 234 de 2004 Senado
Proyecto de ley número 012 de 2004 Cámara, 202 de 2004 Senado
Proyecto de ley número 265 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 194 de 2003 Cámara
Proyecto de ley número 076 de 2004 Cámara
Proyecto de ley número 296 de 2005 Cámara
Proyecto de ley número 293 de 2005 Cámara, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que constituyan de manera efectiva la consecución de la paz nacional, Ley de Justicia y Paz, acumulado a otros proyectos.
Proyecto de ley número 066 de 2004 Cámara, 119 de 2003 Senado
Proyecto de ley número 010 de 2004 Cámara, 145 de 2003 Senado
Proyecto de ley número 248 de 2004 Cámara, 088 de 2004 Senado
Señor Presidente, está cumplida la instrucción de la Mesa en el punto de Negocios Sustanciados, puede usted continuar con el Orden del Día en el debate citado previamente.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Damos un saludo muy especial al pueblo colombiano y los invitamos en el día de hoy dentro de los debates de control político que tiene la honorable Cámara de Representantes, a dos debates fundamentales.
El primer debate es sobre Desplazamiento Forzado y Crisis Humanitaria en Colombia, citado por los Representantes a la Cáma ra doctora Zulema Jattin, del departamento de Córdoba, y el doctor Luis Antonio Serrano, del departamento de Caquetá.
Y luego el debate sobre Política y Paramilita-rismo, citado por la Bancada del Polo Democrático, que cita el doctor Wilson Borja y el doctor Gustavo Petro.
Por lo tanto, vamos a iniciar estos dos debates trascendentales para el país, por eso le damos el uso de la palabra para que inicie el doctor Luis Antonio Serrano Morales, Representante a la Cámara por el Caquetá.
Señor Secretario ¿los Ministros se encuentran presentes?
La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Presidente, el señor Ministro de Defensa está presente, el señor Director de la Red de Solidaridad está presente, el Ministro del Interior viene llegando al Capitolio Nacional.
Palabras de la honorable Representante Tania Alvarez Hoyos:
Le pediría a su majestad que por favor los Ministros se ubiquen en los sitios que para ellos se ha designado, porque creo que la Moción de Censura no ha pasado porque no sé si es que cambiaron al Ministro de la Defensa, que el señor Secretario me dice que está aquí, no lo he visto, y no sé dónde está ubicado el Ministro.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Le solicitamos a los señores Mini stros que por favor se ubiquen en las respectivas curules que para el efecto están dispuestas; está el Ministro de Defensa, el señor Defensor del Pueblo y está el doctor Hoyos, de la Red de Solidaridad, y también está llegando el señor Ministro del Interior.
A las personas ajenas al debate y que no sean asesores de los congresistas, por favor para eso están las barras, le pido a los de la portería, ejercer los controles del caso.
Palabras del honorable Representante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Gracias señor Presidente. Queremos saludar especialmente a los colegas que nos están acompañando hoy en esta Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, y que han mostrado en un buen número, interés en el tema que nos ocupará hoy en este debate de Control Político, sobre el desplazamiento forzado, y que los citantes hemos denominado "Crisis Humani-taria"; un debate que hace alrededor de dos años veníamos proponiendo en la Plenaria de la Cámara de Representantes, y que infortuna-damente, por las diversas circunstancias, de las cuales tiene que ocuparse esta célula legislativa, había venido siendo pospuesto y que afortuna-damente en el día de hoy podemos presentar a los colombianos.
Queremos entonces reafirmar nuestra decisión, de que con este debate de control político pretendemos mostrar a los colegas y a la opinión nacional, la dificilísima y grave situación de crisis humanitaria que están viviendo alrededor de tres millones y medio de colombianos.
Damos inicio a este debate de control político con la doctora Zulema Jattin, con la emisión de un video al cual esperamos que presten ustedes atención.
Saludamos al señor Ministro de Defensa, al señor Ministro del Interior, al Director o al señor Consejero Presidencial para la Acción Social, al señor Defensor del Pueblo y al señor Director Nacional de Planeación, que son los funcionarios con quienes vamos a desarrollar este debate en el día de hoy.
Iniciamos entonces con la emisión del video que hemos preparado para el día de hoy.
(Presentación de video).
Intervención de la honorable Represen-tante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Más de treinta países en el mundo viven hoy conflictos armados internos. Somalia vive una guerra civil, Cachemira vive un conflicto religioso y en Rusia se vive una amenaza terrorista. En Colombia sin duda, no vivimos una guerra civil. En una guerra civil, los actores armados gozan de un amplio respaldo de sectores de la población.
En Colombia los actores armados no estatales, cometen delitos como masacres, secuestros, la utilización de minas antipersonales y el desplazamiento forzado. Esos delitos hacen que no gocen con el respaldo de la población colombiana y que hayan sufrido una grave degradación terrorista.
Que no vivamos una guerra civil, no significa que en Colombia no haya conflicto armado interno.
En Colombia honorables Representantes, colombianos y colombianas, señores Ministros del Gobierno, vivimos un conflicto armado interno cuyos actores armados no estatales han sufrido una profunda degradación terrorista; vivimos un conflicto armado interno no una guerra civil, pero tampoco una amenaza terrorista. No lo creen solamente los académicos y los colombianos y colombianas que viven el conflicto, lo cree también la opinión pública nacional.
En una encuesta publicada por el periódico "El Tiempo" realizada por Ian Hass, el 48.8% de los ciudadanos de este país creen que vivimos un conflicto armado interno, mientras que solo el 38% piensa como el Presidente Álvaro Uribe, que vivimos una amenaza terrorista.
De igual manera, en "El Espectador", en la semana del 8 al 14 de mayo, se realizó otra encuesta y le preguntaban a los colombianos ¿a qué atribuye usted la violencia que azota al país? El 78% dice que al conflicto armado interno que vivimos en nuestra patria.
Vivir un conflicto armado interno no hace imposible diálogos de paz. En Irlanda han avanzado con terroristas que han estado atormentando a su población. También pueden avanzar en Colombia, pero ¿por qué es tan importante que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tengan claro que hay un conflicto armado interno? Porque si no hay conflicto armado interno, tampoco hay desplazamiento forzado; si no hay conflicto armado interno negaríamos la mayor crisis humanitaria que ha vivido nuestro país: La tragedia del desplazamiento forzado que viven más de tres millones cuatrocientos setenta y dos mil colombianos. Negar la existencia del conflicto armado, como lo vamos a demostrar más adelante, es pretender que disminuya la cooperación internacional, que es la que ha salvado en parte la situación trágica de los desplazados y desplazadas de Colombia.
La Ley 387 de 1997, define qué es un desplazado, y asocia la salida de su localidad, de su casa, de su actividad productiva con varios elementos. Uno de ellos es, que ese desplaza-miento se produzca como resultado de varias situaciones, entre ellas el conflicto armado interno. Lo dice una ley de la República y lo dicen los documentos de Planeación Nacional, como el que nos enviaron de respuesta a los representantes citantes, en donde reiterados apartes dicen víctimas del conflicto armado interno.
Planeación Nacional es un órgano del Gobierno que cree que hay conflicto armado en nuestro país, como lo cree el 78% de los colombianos y gran parte de los congresistas en Colombia.
La crisis humanitaria es de proporciones incalculables. En este cuadro comparativo de la ONG, Codhes, y de la Consejería para la Acción Social, que era la Red de Solidaridad, vemos que más de tres millones cuatrocientos setenta y dos mil colombianos y colombianas viven hoy en situación de desplazamientos forzado; hombres, mujeres y niños de Colombia desplazados por el conflicto armado interno.
Lamentablemente esta tragedia, esta crisis humanitaria parece no importarle a altos funcionarios de la Presidencia de la Repúbl ica. Ellos, a través de una estrategia politiquera, han tratado a través de los medios de comunicación de amedrentar a quienes queremos realizar un debate de control político sobre la mayor crisis humanitaria que vivimos hoy en nuestro país.
Decir que el debate obedece a intereses burocráticos, es desconocer la tragedia de millones de colombianos y es también prueba suficiente de la indolencia de un gobierno que, desde el Palacio de Nariño, cree que los debates se realizan por presiones políticas y creen también que a través de los medios de comunicación, desinformados por ellos mismos, van a limitar la capacidad de control político del Congreso de Colombia.
Aquí estamos hoy, realizando este debate y mostrándole al país que el debate sobre la crisis humanitaria del desplazamiento forzado no obedece a presiones políticas; obedece al dolor de patria que nos produce a los citantes y a los congresistas, la mayor crisis humanitaria que ha vivido Colombia, que nos asemeja a países como Sudán y el Congo en Africa.
Es una crisis humanitaria crónica y sostenida. Entre 1999 y el año 2004, ochocientos sesenta y tres colombianos fueron desplazados diariamente de sus lugares. Por trimestre, más de setenta y siete mil fueron forzados a dejar sus lugares de origen por causa del conflicto armado interno.
Una crisis crónica y sostenida, que en al año 2004 tuvo un incremento del 38.52%, con relación al año anterior.
En Colombia hoy, setecientos ochenta y ocho municipios son receptores o expulsores de desplazados. Eso significa que el 70% del territorio nacional vive el desplazamiento forzado.
Los que reciben mayor población desplazada por la violencia, están obviamente en el sur del país: Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, San Juan de Arama, pero también en la costa norte de Colombia. También en Córdoba, en Montelíbano y Puerto Libertador se siente el conflicto armado y se llenan los barrios de personas en la pobreza y en la miseria, y se llenan las ciudades de personas desarraigadas.
Vamos a presentarles muy brevemente por qué las cifras no coinciden, por qué para la Red de Solidaridad hay menos desplazados y por qué para Codhes, que merece nuestro respeto, hay muchos más.
Palabras del honorable Representante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Como lo ha expresado la doctora Zulema, existen en Colombia alrededor de tres millones, cuatrocientos setenta y dos mil desplazados, según cifras de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Según las cifras de la Red de Solidaridad, el número de desplazados en Colombia es de alrededor de un millón, seiscientas cinco mil personas. Vamos a mostrar los indicadores de los últimos años, desde el año 2000, para decirles a ustedes amables colegas y señores televidentes, por qué para este debate nosotros hemos tomado las cifras de Codhes, que nos merecen mayor credibilidad, porque son más actualizadas y, como lo vamos a mostrar ahora y espero que ustedes entiendan esta situación, van al ritmo de que se están produciendo el desplazamiento mientras la Red de Solidaridad como la ley le permite al desplazado o le da un tiempo de un año para inscribirse en el registro de los desplazados, pues este registro de la Red de Solidaridad, digamos que normalmente va un año atrás de las cifras que realmente estamos afrontando.
Si miramos estas cifras, porque podríamos decir ¿por qué esa diferencia tan amplia? En primer lugar, porque las cifras de Codhes vienen de muchos años atrás que las del Gobierno a través de la Red de Solidaridad. Allí habría una primera diferencia, porque las cifras de Codhes corresponden a muchos más años de lo que tiene registrado la Red de Solidaridad.
Pero si miramos los últimos años, vamos a observar que las cifras prácticamente coinciden. Miramos por ejemplo el año 2000. Los datos de la Red de Solidaridad alrededor de 339 mil desplazados; según los datos de Codhes alrededor de 317 mil desplazados.
Vemos que en las cifras de 2000 apenas hay una diferencia del 7%.
En el año 2001, las cifras de la Red de Solidaridad incluso, al igual que en el año 2000, son superiores a las de Codhes, 371 mil desplazados, frente a 341 mil que expresan las cifras de Codhes.
En el año 2002 son prácticamente iguales las cifras: 411.894 desplazados, según los datos de la Red de Solidaridad, y 412.553, según las cifras de Codhes, la diferencia es mínima.
En el año 2003, nuevamente los datos de la Red de Solidaridad son ligeramente superiores a los datos de Codhes: 213 mil frente a 207 mil.
Y viene el año 2004, donde las cifras de la Red de Solidaridad, que nos fueron entregadas en el cuestionario que le enviamos al doctor Luis Alfonso Hoyos para sus respuestas respectivas, nos habla de una cifra de alrededor de 146.191 desplazados en el año 2004 en Colombia, frente a las cifras de Codhes que nos hablan de 287.581 desplazados.
¿Por qué la diferencia? Porque, y lo manifestaba hace unos momentos, los desplaza-dos en Colombia de conformidad con la ley tienen un año de plazo para hacer su registro en la Red de Solidaridad Social, o es decir el registro nacional de la población desplazada.
Esta cifra, con toda seguridad, en los próximos meses irá aumentando, la cifra oficial de la Red de Solidaridad Social, y estamos prácticamente seguros y convencidos que con el transcurrir de los meses de este año la cifra correspondiente al 2004, que entregará la Red de Solidaridad, será muy similar a la cifra de Codhes, como lo muestran las cifras de los años anteriores. Incluso, esta cifra que mostrábamos del año 2004, la de la Red de Solidaridad, de una manera amplia inferior a la cifras que entrega Codhes, han sido ya modificadas o ajustadas en las Red de Solidaridad y en este momento son superiores a las entregadas hace algunos meses.
En este cuadro podemos mostrar por ejemplo, lo que sucedió con las cifras del año 2002. En los primeros meses del 2003, la Red de Solidaridad Social entregaba una cifra muy por debajo de la que entregaba Codhes haci a marzo o abril del año 2003. La Red de Solidaridad hablaba de 170 mil desplazados durante el año 2002, y Codhes hablaba de alrededor de 412 mil desplazados, sin embargo, en los meses del 2003 esa cifra de la Red de Solidaridad se fue ajustando, como pueden observar en este cuadro: En abril hablábamos de esos 170 mil y ya en el 2004, las cifras consolidadas entregadas por la Red de Solidaridad Social de los desplazados del año 2002, son prácticamente iguales a las cifras de Codhes.
Por lo tanto teniendo este ejemplo en consideración, lo que nosotros podemos deducir es que son las cifras de Codhes las que están actualizadas y que nos merecen para nosotros la credibilidad para este debate que hoy estamos realizando en el seno del Congreso de la República.
Algunos colegas de varios departamentos del país nos han mostrado y nos han expresado su inquietud en torno al número de desplazados de cada una de sus regiones.
Los parlamentarios de Bogotá, por ejemplo, expresan cómo la Capital de la República recibe un amplísimo número de desplazados prove-nientes de la mayoría de las regiones de Colombia. Pues bien amigos, si esa preocupación le asiste a los habitantes de Bogotá, a los dirigentes de Bogotá, vamos a mostrarles cómo el problema del desplazamiento forzado, proporcionalmente al número de sus habitantes, es incluso muchísimo más grave que el que actualmente se vive en la ciudad de Bogotá.
Tomando las cifras de Codhes del año 2004, como las hemos tomado para los años anteriores y en cuyos años prácticamente coinciden con las de la Red de Solidaridad, el mayor número de desplazados en el año 2004, se produjo en el departamento de Antioquia, donde un poco más de 40 mil personas fueron desplazadas, es decir, el departamento de Antioquia fue receptor de ese número de desplazados.
En número de desplazados, la segunda región o la segunda población de Colombia que recibió el mayor número de desplazados, fue la ciudad de Bogotá, con 31.491 desplazados.
En tercer lugar en número de desplazados, esta el departamento del Caquetá, mi departa-mento, por eso nuestro interés en generar este debate sobre el tema del desplazamiento forzado.
El Caquetá, es la región del país, el departamento de Colombia que proporcional-mente al número de sus habitantes tiene el mayor número de desplazados en Colombia. En el año 2004 21.271 desplazados en el departamento del Caquetá, lo que convierte infortunadamente a este departamento, en la región de Colombia con el mayor número de desplazados por cada 100 mil habitantes; 4.670 desplazados por cada 100 mil habitantes, frente a 2.999 por ejemplo del Guaviare, que es el segundo departamento del país en esta tasa de desplazados por 100 mil habitantes, o el Putumayo que está en tercer lugar, y las otras regiones del país como Antioquia por ejemplo, que tiene una proporción de 718 desplazados por cada 100 mil habitantes, o la ciudad de Bogotá, 448 desplazados por cada 100 mil habitantes.
El problema lo estamos sufriendo práctica-mente en todas las regiones de Colombia, pero hay unas regiones, es lo que queremos señalar, que viven con mayor intensidad y con mayor problemática la situación del desplazamiento forzado.
Aquí en este cuadro podemos observar la intensidad y la afectación territorial en el año 2003, donde proporcionalmente como lo hemos expresado al número de sus habitantes, Guaviare, Putumayo y Caquetá se convierten en las tres primeras regiones de Colombia en número de desplazados por cada 100 mil habitantes. Allí están los primeros departamentos, la mitad de los departamentos del país y las tasas respectivas.
En el siguiente cuadro como lo estábamos expresando ahora, estamos mostrando la situación del año 2004 frente al problema del desplazamiento, convirtiéndose como les decía, el Caquetá en la región del país que tiene el mayor número de desplazados proporcional-mente a su población.
En el año 2004, 21.271 desplazados hubo en el departamento del Caquetá, frente a una población estimada del DANE de alrededor de 455 mil habitantes, lo que lo coloca con una tasa de 4.670 desplazados por cada 100 mil, muy superior por ejemplo a quien ocupa el segundo lugar que es el departamento del Guaviare.
En el año 2004, de acuerdo con las cifras que hemos presentado, el desplazamiento en Colombia aumentó comparativamente con el año 2003. Esto difiere de las cifras de la Red de Solidaridad, para quien el desplazamiento en el año 2004, d e acceso a sus cifras, fue menor que el de el año 2003, pero como lo hemos señalado en las diapositivas anteriores, lo que podemos concluir es que las cifras de Codhes nos merecen la credibilidad para nosotros tener la seguridad de que el desplazamiento forzado en el año 2004 fue superior al desplazamiento del 2003.
Hay unas condiciones que vamos a tratar más adelante, por ejemplo en el departamento del Caquetá, que fue uno de los interrogantes que le planteamos al señor Ministro de Defensa, al señor Ministro del Interior, a los demás funcionarios que hoy han sido citados a este debate, y es si la política de Seguridad Democrática es compatible con la prevención de las causas del desplazamiento forzado, y vamos a mostrar más adelante cómo el año pasado, el municipio de Cartagena del Chairá fue el municipio que tuvo un gran número de desplazados en el departamento del Caquetá, contribuyendo a que esa cifra en el 2004 fuera muy superior a la del año 2003.
Hay una situación que se viene viviendo en diversas regiones del país, sobre la cual los medios dan un amplio despliegue, pero la situación en el departamento del Caquetá en el presente año es crítica. Cuatro concejales del departamento del Caquetá han sido asesinados durante los meses de febrero, marzo y abril: Dos del municipio de San Vicente del Caguán y dos del municipio de Puerto Rico, Caquetá, vecino al municipio de San Vicente del Caguán. Por eso, todo el Concejo Municipal de San Vicente del Caguán está desplazado, se encuentran actualmente sesionando en la ciudad de Neiva, por la situación de inseguridad que estaban viviendo en su propio municipio.
El 1º de marzo fueron voladas unas torres de la red de transmisión de energía y el departamento del Caquetá estuvo casi una semana sin la prestación de ese servicio. Posteriormente fue volado un puente en la nueva carretera Florencia-Soasa, y lo que queremos es señalar que la situación en el presente año en el departamento del Caquetá es bastante crítica y el desplazamiento forzado continúa presentán-dose en nuestro departamento.
De acuerdo con estas cifras que hemos venido mostrando amigos, colegas de la Cámara de Representantes y señores televidentes, Colombia es el tercer país del mundo, luego de Sudan y la República Democrática del Congo, en número de desplazados y en afrontar esta inmensa tragedia que hoy están viviendo buena parte de los colombianos.
Queremos señalar entonces, que la magnitud del problema es mayor a la que a veces se entrega oficialmente; que en el año 2004 aumentó el desplazamiento forzado en Colombia, comparativamente con el 2003, y que a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo por diversas entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, estos esfuerzos son mínimos comparados con la magnitud de la tragedia y de las crisis humanitarias que están afrontando un buen número de colombianos.
Intervención de la honorable Represen-tante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Pero ¿quiénes son los desplazados? nos preguntamos los colombianos. Para el Gobierno Nacional, los desplazados son solo aquellos ciudadanos que se registran en las unidades de atención. Resulta que hay un enfoque diferencial para definir quiénes son los desplazados; un enfoque diferencial que lo define en varias categorías.
La primera, refugiados y asilados políticos...
Palabras del honorable Representante Omar Flórez Vélez:
Gracias señor Presidente, distinguidos colegas, básicamente es lo siguiente: le pediría a los citantes de este importante debate y a los funcionarios que han sido citados, que nos expliquen muy bien al presentar estas cifras si se trata de un desplazamiento urbano, rural o del exterior, es que tenemos una población grande en el exterior, que han sido desplazados, qué bueno que el Gobierno nos explique, y en ciudades grandes igualmente tenemos ese problema. Muchas gracias.
Continúa la honorable Representante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre el desplazamiento forzado:
Le agradezco al doctor Omar Flórez que nos deje hacer el debate, por favor, invoco a su cortesía parlamentaria.
Los desplazados para contestarle al doctor Omar, si permite que continuemos el debate, están definidos en distintas categorías, si uno quiere adoptar un enfoque diferencial para entender el problema de desplazamiento forzado en nuestro país. Para el Gobierno no es así, para el Gobierno solo es desplazado quien se registra con motivo de una acción determinada. Nosotros hemos definido varias categorías para hablar de desplazados.
La primera, refugiados o asilados políticos. Existen en nuestro país y están registrados en el año 2004, 9.452 colombianos y colombianas que solicitaron asilo político en países como Ecuador, Venezuela y Panamá, sin embargo, es claro para las ONG, que atienden el desplaza-miento forzado que tres de cada cuatro colombianos que salen al exterior, no se registran. Estaríamos hablando entonces en el año 2004 de alrededor de 25 mil colombianos y colombianas expulsados a otros países, en virtud del conflicto armado interno.
En Ecuador, por ejemplo, residen actualmente 360 mil colombianos que han salido de nuestras fronteras huyéndole al conflicto armado, sin embargo en la Cancillería solo se reconocieron alrededor de 7 mil ciudadanos, como solicitantes de refugio y asilo, ellos no están atendidos por el Gobierno Nacional.
Segunda categoría, los desplazados por la erradicación de cultivos ilícitos en nuestro país.
El Represente Serrano ha extraído ese cuadro importante que tiene de las respuestas dadas por el Gobierno Nacional a los citantes. En él reconoce el Gobierno que el Plan Patriota, por ejemplo, ha ocasionado desplazamientos forzados en nuestro país, al igual que la erradicación de los cultivos ilícitos.
Palabras del honorable Representante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Efectivamente este cuadro fue suministrado por la Presidencia de la República, por el programa de desplazados.
Aquí lo que queremos mostrar es, cómo a raíz de algunas de las acciones de la política de seguridad democrática, como es lógico en la confrontación, se generan un número de desplazados.
En el caso del departamento del Caquetá, en el año 2004 el número de desplazados aumentó proporcionalmente con el año 2003. En el año 2003, según las cifras que hemos venido repitiendo de Codhes, hubo en el departamento del Caquetá 14.117 desplazados, en el año 2004, 21.271, es decir, hubo un incremento bastante significativo, cercano al cincuenta por ciento en el departamento del Caquetá.
Y si examinamos las cifras por municipios, en el caso del departamento del Caquetá, tenemos por ejemplo, que el municipio de Cartagena del Chairá, en el año 99, hubo 123 desplazados, en el año 2000, no hubo desplazamientos en el municipio de Cartagena, igualmente en el año 2001, en el año 2002, se generaron 35 desplazados en Cartagena del Chairá, en el año 2003, no hubo desplazados, y en el año 2004, 3.565 desplazados en el municipio de Cartagena del Chairá. Estos desplazados se originaron a partir del segundo trimestre que es cuando se iniciaron las operaciones militares en el departamento del Caquetá.
Por eso nuestra inquietud señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, doctor Luis Alfonso Hoyos, en preguntarles si, paralelamente a estas acciones que se desarrollan en cumplimiento de la política de seguridad democrática, y cuando se van a desarrollar esas acciones en regiones como el departamento del Caquetá, existe paralelamente un plan para atender a las personas que lógicamente y con ocasión del desarrollo de estas operaciones se van a desplazar desde su sitio de origen en los campos del departamento del Caquetá, hacia las cabeceras municipales de Cartagena del Chairá o de nuestra capital, la ciudad de Florencia.
Las cifras nos demuestran, que con ocasión de esas acciones pues como es lógico, se ha generado un número importante de desplaza-dos en esas regiones, y lo que nosotros esperamos es que paralelamente al desarrollo de esas acciones, pues igualmente todo el sistema nacional de atención integral a la población desplazada, establezca unas acciones para atender a esas personas que con ocasión de esa confrontación se van a desplazar desde sus municipios.
La doctora Zulema hablaba hace unos instantes, a raíz de la inquietud planteada por el doctor Omar Flórez, sobre los tipos o las formas en que fundamentalmente los campesinos de Colombia y los colombianos pueden verse afectados en sus condiciones y en sus formas de vivir en cada una de las regiones de Colombia. Desplazados por la violencia, que lógicamente son el mayor número de desplazados en nuestra región; desplazados por las fumigaciones que también existen en las zonas donde existen mayores áreas de cultivos ilícitos, como es el caso del departamento del Caquetá, del Guaviare o del Putumayo; desplazados por las fumigaciones sobre los cuales vamos a presentar al final de este debate una propuesta de modificación a la Ley 387 de 1997, para que estos colombianos que con ocasión de esas acciones de fumigaciones en muchas regiones de Colombia, se han visto obligados también a desplazarse hacia algunas cabeceras municipales.
Pero hay otra forma de violación a los Derechos Humanos que se ha venido aplicando en los últimos meses o en los últimos años, y es el confinamiento. Aquí, como ustedes pueden observar, según Peter Grossert Representante de Colombia en el Programa Mundial de Alimentos, miembros de los grupos armados que hacen presencia en el departamento del Chocó mantienen cerca de 1.500 confinados a quienes les han impedido el acceso de alimentos, viéndose forzados a alimentarse de manera exclusiva de plátanos para evitar morir de hambre. Esto fue publicado en "El Colom-biano", el 21 de diciembre de 2004, pero solo es un ejemplo, para mostrarles a ustedes cómo también en diversas regiones de Colombia ahora se está acudiendo a este método del confina-miento, es decir, ya no forzar a la gente a desplazarse o que la gente se desplace por diversas circunstancias, sino que ahora también la presión o la obligación es que permanezcan en determinados lugares.
Igualmente hay otro informe sobre un confinamiento de 5.900 personas en el departamento del Chocó.
Igualmente como lo manifestaba el doctor Omar Flórez, existen los refugiados en los países vecinos a Colombia, cifras sobre las cuales hemos recibido bastante información, y últimamente también el desplazamiento intraurbano. Doctor Omar Flórez, Medellín por ejemplo, lo está sufriendo y es el desplazamiento de una zona, de algunas de las grandes ciudades a otra zona también por problemas fundamental-mente del conflicto que actualmente se vive en nuestro país.
Continúa la honorable Representante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre el desplazamiento forzado:
Quisiéramos que los señores citados nos prestaran atención, si los senadores que nos visitan lo permiten, porque queremos hacer énfasis en unas categorías del desplazamiento que para el Gobierno Nacional no existe. No existen refugiados y asilados, no existen desplazados por erradicación de cultivos ilícitos, no existen confinados, no existen desplazados intraurbanos, pero tampoco existen desplazados con un enfoque diferencial de género.
Y vean ustedes que de estas aterradoras cifras el 50.4% son mujeres y más del 48% niños y niñas. Para ellos no hay planes específicos de atención, ni para los confinados, ni para los desplazados intraurbanos, se niegan los desplazados por erradicación de cultivos y se niega también que los colombianos y colombianas que expulsamos con virtud del conflicto urbano hacia otros países sean desplazados .
Vamos a contarles ¿qué ha hecho el Gobierno Nacional y otras instituciones para atender esa grave crisis humanitaria? Estas han sido las respuestas institucionales.
A pesar de que el señor Consejero para la Acción Presidencial no pudo ver el video que transmitimos porque estaba ocupado, quiero contarle que ahí se mostraba una de las deficiencias mayores en la respuesta institucio-nal, que es la atención efectiva en lo que llama UAO, las unidades de atención a los desplazados, como no pudo verlo porque estaba ocupado, vamos a tener que repetírselo a los señores del Gobierno citados, son solo treinta segundos.
(Presentación de video).
Continúa la honorable Representante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre el desplazamiento forzado:
En la respuesta a este debate citado, encontramos respuestas interesantes. Nos dice la Presidencia de la República, a través de su Consejero, que solo el 50% de la población desplazada está afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Nos dice también que en el año 2004 se intervinieron 50 instituciones educativas, 50 de los 788 municipios que reciben población desplazada en nuestro país, y se dotaron con mobiliario 217. Solo 50 para atender el 70% del territorio nacional.
Nos contestan también que en el año 2004 Incora adjudicó 7 predios para atender a 198 familias. Las cifras nos demuestran que son cercanas a las 300 mil las familias desplazadas en el año 2004, y además nos dice, pero no, en 9 predios con extinción de dominio, atendimos a 74 familias.
Nos responde: En el año 2004 Finagro, a través del Banco Agrario adjudicó o aprobó 33 créditos. Fomipyme en el mismo año, 7 proyectos, y además se entregó asistencia alimentaria alrededor de 128 mil personas.
Y nos dicen: No puede haber enfoque diferencial, porque el registro único no tiene diferenciación entre aquellas víctimas del desplazamiento que también fueron víctimas de delitos como violaciones sexuales.
De pronto es una respuesta seria y responsable del encargado de atender el desplazamiento forzado, pero es una respuesta muy pobre doctor Hoyos y está extraída de su respuesta la citación nuestra. No sé si al Gobierno le parecerá, que atender 50 escuelas, adjudicar 7 predios, aprobar 33 créditos es la respuesta institucional que en un año amerita la mayor crisis humanitaria en la historia de Colombia.
Pero para otros temas, la consejería actúa de manera eficaz. En Bojayá por ejemplo, leí con sorpresa en un artículo de "El Tiempo" que de las 265 casas, solo hay construidas unas pocas, pero sin embargo está construido el polide-portivo. No sé ¿será que pretenden albergar a las familias en polideportivos? De pronto, esa es una de las respuestas institucionales del Gobierno Nacional a la crisis.
Y es muy coherente esa respuesta a Bojayá, con la respuesta que ha tenido la red, porque en el año 2004, mediante la Licitación número 10, la red licitó también la construcción de un polideportivo en Pensilvania, Caldas, municipio de donde es oriundo el señor Consejero Presidencial, muy loable, uno trabaja por su región. Me preocupa inmensamente que a la red le dé por los polideportivos, por qué no le da por las viviendas, por los proyectos productivos, por una atención de emergencia que de verd ad atienda las necesidades de una población vulnerable, o ¿esa inclinación por los polideportivos puede ser una inclinación para albergar a desplazados? Porque Pensilvania tiene muy pocos desplazados. Aparece reportada claro, después de la licitación, pero con muy pocos, y qué interesante sería que usted nos contara un poco más de esas respuestas institucionales, señor Consejero Presidencial.
Dice la Defensoría del Pueblo que hay varias causas de interposición de quejas. Una de ellas, es que le niegan a los desplazados consolidación y estabilización socioeconómica y atención de emergencia, y que hay irregularidades en el registro. Cerca del 83% de las quejas, según la Defensoría del Pueblo, obedecen a la negación de la atención y a las irregularidades en el registro. Conclusión: ¿Será que la Consejería de Acción Social busca que haya un subregistro de desplazados para disminuir su número y hacer menos grave la crisis humanitaria? Nos gustaría conocer su opinión, porque negarles la atención y negarles el registro es disminuir sustancialmente el número de desplazados en nuestro país; como no hay conflicto armado interno, tampoco hay desplazados por el conflicto, y también es efectiva la atención del Estado a los pocos que según el Gobierno había antes de implementar la política de seguridad democrática.
Nos gustaría que esas respuestas se dieran hoy en este debate. Las causas de interposición de quejas son de la Defensoría del Pueblo, no del Congreso de la República, entonces merecen toda la credibilidad para el Gobierno Nacional.
Caquetá la tierra de mi colega Luis Antonio Serrano, que proporcionalmente recibe el mayor número de desplazados, miren cómo le va de bien en Findeter en la atención de los proyectos registrados para atención a desplazados.
Representante Serrano.
Continúa el honorable Representante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre el desplazamiento forzado:
Gracias doctora Zulema.
Uno podría pensar que los recursos públicos deberían concentrarse en las zonas donde se vive con mayor intensidad las consecuencias del conflicto, y en este caso el fenómeno del desplazamiento forzado.
Hace algunos minutos mostrábamos cómo en el año 2004 hubo un importante incremento en el número de desplazados en el departamento de Caquetá, pero lamentablemente esta cifra no es la única que nos preocupa.
Tomamos los últimos 6 años, desde 1999 hasta el primer trimestre del 2005, y en el caso del Caquetá el número de desplazados es de alrededor de 62 mil personas, lo que nos da en estos 6 años una proporción de 13.337 desplazados por cada 100 mil habitantes, imagínense ustedes, el 13% de la población en los últimos 6 años, lo que coloca al Caquetá, no solamente en el 2004 sino durante estos 6 años, en el primer lugar en la tasa de desplazados por cada 100 mil habitantes.
Por eso hemos manifestado, doctor Luis Alfonso, a la doctora Victoria Eugenia Restrepo, Directora del programa de familias guarda-bosques, nuestra inquietud porque dicho programa no había entrado a operar en el departamento del Caquetá, departamento que sufre todas las consecuencias del conflicto: Presencia de grupos armados ilegales, presencia de cultivos ilícitos, desplazados, unos altísimos niveles de pobreza y desempleo, que lo que demanda es una mayor atención del Estado.
La doctora Victoria Eugenia Restrepo, ante unas inquietudes que le planteé, como la siguiente: las inversiones del componente social del Plan Colombia en el departamento del Caquetá durante los años 2000 a 2002. Esas cifras las he tomado doctor Luis Alfonso, de este documento de la Contraloría General de la República donde se hace evaluación a las inversiones del Plan Colombia.
En este documento lo que nos señala el señor Contralor es que durante los 3 años, 2000, 2001 y 2002 las inversiones en el programa obras para la paz del Plan Colombia, fueron de 849 millones en el departamento del Caquetá durante los tres años, comparado por ejemplo con una inversión de 32.365 millones en el departamento del Putumayo en el mismo lapso de tiempo. La pregunta es ¿cuál es el criterio para la asignación de esos recursos? Aquí en ningún momento estamos diciendo que se le recorten recursos a una región, pero por qué una desigualdad o una desproporción en la inversión de esos recursos. Cuadros, vuelvo y le repito doctor Luis Alfonso, suministrados por la Contraloría General de la República.
La doctora Victoria Eugenia me dice que estoy mal informado, que estoy equivocado y que esas cifras no corresponden a la realidad. Le transmito esa inquietud al señor Contralor General de la República para que se haga claridad sobre esas cifras.
Y lo que estamos viendo es que el departamento del Caquetá viene siendo sistemáticamente desconocido de la apropiación de recursos para la solución fundamentalmente de estos problemas del desplazamiento forzado y de inversiones, que esperaríamos que fueran mucho mayores a las actualmente ejecutadas.
Este es un cuadro solamente para mostrar cómo le va al departamento del Caquetá en la presentación de proyectos, en su aprobación, en su elegibilidad y en su ejecutoria. Podrán ustedes observar que la mayoría de los alcaldes, lógicamente no tienen el estímulo para la presentación de proyectos porque la mayoría de sus proyectos no llegan a feliz término. Con excepción de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, la mayor parte de los municipios del Caquetá acceden a muy pocos recursos del Estado.
Le reclamábamos a la doctora Victoria Eugenia la aplicación, como lo decía hace algunos minutos o la puesta en marcha del programa de familias guardabosques en el Caquetá. Nos parecía francamente inconcebible doctor Luis Alfonso, que el departamento del Caquetá, siendo el departamento que proporcio-nalmente tiene el mayor número de desplazados en el país, que tiene presencia de cultivos ilícitos, no pudiera acceder a los recursos del programa de familias guardabosques, que buscan esa erradicación manual de esos cultivos.
Usted nos responde y ella también, que el programa fue el año pasado inicialmente focalizado en cuatro municipios del departa-mento del Caquetá: En Valparaíso, en San Vicente del Caguán, en Cartagena del Chairá y Solano.
Se inició un proceso, donde posteriormente fue descartado el municipio de Solano, se avanzó con los otros tres municipios, pero al final el único municipio que pudo acceder a este programa en diciembre del año 2004, es decir hace apenas unos pocos meses, es el municipio de Valparaíso, en el departamento del Caquetá.
¿Por qué doctor esa discriminación con nuestro departamento, cuando uno esperaría que fuera uno de los departamentos que mayormente fuera beneficiado con la ejecución de recursos de este programa de familias guardabosques?
Pero lo que queremos también señalar en este debate, en cuanto a las respuestas institucionales se refiere, es que lógicamente que el Gobierno Nacional viene haciendo unos esfuerzos, viene aportando unos recursos, viene atendiendo unos requerimientos que posterior-mente vamos a mostrar cuál es la calidad de esa atención a quienes la reciben, de los desplazados de Colombia, a cuánto número de personas llega y cuál es la proporción en que se satisfacen esos requerimientos que esos desplazados presentan.
Pero hay una acción que nosotros considera-mos fundamental para que el Gobierno y el Estado colombiano en su conjunto hayan empezado digamos a tomar medidas fundamen-tales en lo que se refiere a la atención de este problema, y nos estamos refiriendo al pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Sentencia T-025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucional, en cuanto se refiere a todo este problema del desplazamiento forzado que hoy ocupa la atención de esta Cámara.
La Corte Constitucional ha planteado y ha ordenado al Gobierno Nacional la aplicación o la puesta en marcha de unas políticas para atender en debida forma el fenómeno del desplazamiento forzado. Una coherencia demanda la Corte Constitucional, entre las obligaciones constitucionales y legales y el esfuerzo presupuestal.
Aquí no podemos quedar satisfechos con el hecho de que se nos muestren unas cifras de atención a la población desplazada, que pueden parecer importantes, pero que dada la magnitud de la tragedia que, como hemos repetido varias veces, están viviendo millones de colombianos, son recursos insuficientes que apenas cubren una mínima parte de lo que sería una verdadera atención integral a los desplazados en Colombia.
Se ha ordenado elaborar un plan de acción, la obligación de adoptar y concluir las acciones encaminadas al goce efectivo de los mínimos de protección a los derechos de la población desplazada, la obligación de garantizar la participación de la población desplazada, porque como lo veremos más adelante, infortuna-damente el Consejo Nacional de Atención Integral a la población desplazada, hasta antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, muy pocas veces se había reunido: tres veces en el año 2001, y digamos que ha comenzado nuevamente a regularizar sus reuniones a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Continúa la honorable Representante Zulema Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Gracias a la Sentencia de la Corte Constitucio-nal, institución a la que deben agradecer los desplazados y desplazadas de nuestro país, el Gobierno Nacional expide el Plan Nacional de Atención a la población desplazada por la violencia; lo expiden en el año 2004 y obligados por la Corte detallan sus fases de atención, prevención y protección, atención humanitaria de emergencias, estabilización socioeconómica y redes de información.
Sorprendentemente, a estabilización socio económica se le designan el 8% de los recursos y a la atención humanitaria de emergencia un 35%. No sabemos entonces ¿cómo vamos a atender a los más de 3 millones 472 mil colombianos y colombianas afectados por el conflicto armado, con el 35% del Plan Nacional de Atención, o con el 85% para su estabilización? Esperemos que nos responda el Gobierno Nacional si el Plan Nacional cumple los requerimientos de la Sentencia de la Corte Constitucional.
La Corte obliga también a que nos definan cuánto es el esfuerzo presupuestal que se requiere para atender a los desplazados, y entonces, Planeación Nacional dice que son 4.8 billones de pesos. La Contraloría General señala que son 3.7 billones, pero que si no hay restitución efectiva de sus derechos a la tierra, esta cifra puede elevarse a 6.7 billones de pesos. Luego, Planeación Nacional cumple con la Sentencia de la Corte, dice cuál es el esfuerzo presupuestal que se requiere, y acto seguido las otras entidades del Gobierno Nacional dicen que no están los recursos y elaboran un Plan Nacional de Atención desfinanciado.
Esta es la inversión que ha venido haciendo Colombia para atender a sus desplazados en los últimos años; una inversión en los años 2000, 2001, 2002 y 2003, cambia en el 2004, gracias nuevamente a la Corte Constitucional.
Representante Serrano.
Continúa el honorable Representante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Efectivamente hemos revisado las cifras de las inversiones y de los recursos ejecutados por las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada.
Aquí estamos tomando las cifras del año 2000, 2001, 2002 y 2003. De conformidad con este cuadro la inversión en atención integral a la población desplazada durante estos cuatro años, fue de alrededor de 436 mil millones de pesos.
Una de las inquietudes que planteamos al Consejero Presidencial para la Acción Social es ¿si la cooperación internacional es subsidiaria y complementaria de la acción del Gobierno, o está asumiendo la Comunidad Internacional la responsabilidad del Estado frente a la población desplazada? El doctor Luis Alfonso nos expresa que la cooperación internacional en Colombia es complementaria de los recursos del Estado, tanto nacionales como territoriales en las distintas fases de atención.
Pues bien, como les señalaba en el cuadro anterior, las inversiones del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada que incluye, la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de la Protección Social, el Fondo de Inversiones para la Paz, el Incora, el Inurbe, el SENA, diversos ministerios, fue de alrededor de 436 mil millones.
Para este período 2000-2003, de acuerdo también a los cuadros y a las cifras que nos ha entregado la Contraloría General de la República, solamente para citar un ejemplo, en el año 2003, los recursos ejecutados en programas de inversión, solamente en programas de inversión para el sector defensa y seguridad, fueron de alrededor de 956 mil millones, lo que equivale a 2.19 veces lo que se ejecutó para la atención a la población desplazada en los cuatro años, de 2000 al 2003.
De esa inversión de 436 mil millones, el 84%, es decir, 365 mil millones fue realizado fundamentalmente por la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de la Protección Social, el Fondo de Inversiones para la Paz, Inurbe e Incóder.
Ahora, vamos a mirar cuál ha sido la inversión en ese mismo lapso de tiempo de la comunidad internacional.
De conformidad con el informe presentado por el señor Contralor General de la República, esa inversión y esos recursos de los organismos de cooperación internacional, ascienden a la cifra de 676 mil millones de pesos. Volvemos a preguntar ¿la cooperación internacional es subsidiaria de la acción del Estado o al revés? Las cifras parecerían señalar que ha sido hasta el momento mayor la inversión o la ejecución de recursos por parte de organismos de cooperación internacional, que por parte del propio Estado colombiano.
Toda esta inversión, esperamos que con este debate lógicamente pueda aumentarse de manera sustancial, este será un tema que tocaremos en los próximos minutos, cómo a raíz de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la inversión para el año 2005 y la inversión para el año 2006, para atención a la población desplazada aumenta de manera significativa, pero todavía está muy por debajo de los requerimientos y de los recursos necesarios para brindar una verdadera atención a la población.
De esa inversión que estábamos hablando, de 436 mil millones de las entidades del Sistema Nacional Atención Integral a la población desplazada y de los recursos de la comunidad internacional, de alrededor de 676 mil millones de pesos, según ese informe de la Contraloría, vamos a observar cuál es la calidad de la atención brindada a esa población desplazada.
La atención brindada en ese período de 2000 al 2003, por esas entidades que conforman el sistema de atención integral a la población desplazada, tuvo, según el Contralor General de la República un máximo cubrimiento pobla-cional del 30.9%, es decir, esos recursos apenas han alcanzado para atender alrededor del 30% de los desplazados, y de ese 30% que ha sido atendido por las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada, esos recursos en promedio cubrieron el 42% del costo calculado para brindar una atención integral a la población desplazada. Esto, según informe del señor Contralor General de la República.
La gestión institucional entonces se ha visto afectada, al decir de ese informe de la Contraloría, por la limitación de recursos que es lo que nosotros queremos señalar, hay una inversión que me imagino que el doctor Luis Alfonso Hoyos en su exposición la irá a presentar, de inversiones, de atenciones que se han venido presentando, pero los recursos son limitados frente a la magnitud y a la proporción de la tragedia que están viviendo millones de colombianos. Lo dice igualmente el Contralor: Esta gestión se ve afectada por esa limitación de recursos, la dificultad en realizar la evaluación y seguimiento de los diferentes programas y la poca cooperación interinstitucional y la deficiencia en los sistemas de información.
Aquí está el cuadro que de conformidad con el informe de la Contraloría General de la República ratifica lo que les hemos venido expresando: La inversión que apenas cubre el 30% de la población desplazada, la mayor parte de esa atención brindada por la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Inversiones para la Paz y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes han atendido la mayor parte de esa proporción de la población, es decir, el 28.7% de esa población desplazada, y todas las demás entidades el 2.2%.
Continúa la honorable Representante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Planeación Nacional nos dice que requiere de 4.8 billones para atender efectivamente a la población desplazada por la violencia. Para este año, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, están programados 557 mil millones de pesos, parte de ellos de la cooperación internacional. Con ello dice Planeación, se cubriría solo la cuarta parte de la población desplazada por la violencia.
El presupuesto del año 2005: 557 mil millones aproximadamente para atender la cuarta parte de la población.
A veces es bueno que los funcionarios del Gobierno se pongan de acuerdo antes de responderle al Congreso de la República para que ellos mismos no nos digan que con esos recursos solo atienden al 25% de la población desplazada por la violencia.
A veces también es importante entender qu e si no hay conflicto armado interno, no hay tragedia humanitaria ocasionada por el desplazamiento, tampoco va a haber cooperación internacional, entonces de dónde buscamos los más de 120 mil millones que este año va a aportar cooperación internacional a la atención de desplazados.
Esos recursos presupuestados para 2005 y 2006 tienen otro agravante, y es que también olvidaron decirnos que el Consejo de Ministros aprobó un recorte del 10% a toda la inversión, luego hay que restarles un poquito más de 50 mil millones, y tampoco nos dijeron que solo aprobaron de PAC el 40%, hasta octubre de este año, luego realmente los recursos que vamos a destinar para atención a desplazados no van a llegar siquiera a los 200 mil millones de pesos.
Recuerde señor Consejero que nosotros hablamos con el Ministro de Hacienda a veces, lo citamos a nuestras comisiones, conocemos el tema presupuestal del Gobierno. Pónganse de acuerdo para que 557 mil millones no sufran la reducción de la cooperación internacional, que cuando sepan que aquí no hay conflicto no van a portar; la reducción del 10% de la inversión y adicionalmente solamente se entregue un 40% del presupuesto del año 2005.
Representante Serrano, cuéntenos ¿cómo ha permitido la sentencia de la Corte que el Gobierno atienda a los desplazados de Colombia?
Retoma la palabra el honorable Represen-tante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Gracias doctora Zulema.
El tema del desplazamiento forzado ha sido una de nuestras grandes preocupaciones desde que llegamos al Congreso de la República, lógicamente porque nuestra región, el departa-mento del Caquetá, es una de las zonas que vive con mayor intensidad todas las consecuencias generadas por este fenómeno.
Queremos hoy señalar honorables colegas y amigos que nos observan a través de la televisión, que la magnitud de la tragedia que están viviendo alrededor de tres millones y medio de colombianos, demanda la atención de este Congreso de la República, del Estado colombiano, no solamente a nivel del Gobierno Nacional, de gobernadores, de alcaldes, de toda las entidades, de la comunidad en general para que verdaderamente podamos encaminarnos a brindar una atención integral que nos permita, que nos permita superar las causas del desplazamiento y que estos colombianos puedan incorporase a las actividades productivas de la región.
Durante los años anteriores algunas entidades, ONG, han manifestado tener poca interlocución, lo mismo la sociedad civil, con las entidades del Gobierno encargadas de prestar la atención a la población desplazada, sin embargo, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo que hemos podido ver es que hay una mayor acción del Estado, que se ha iniciado esa interlocución y de conformidad con el informe que nos ha presentado el doctor Luis Alfonso Hoyos, Consejero Presidencial para la acción social, en el año 2004, en tres ocasiones se reunieron o tuvieron esa interlocución con esas Organizaciones No Gubernamentales, en el año 2005 se han efectuado dos reuniones de esta naturaleza, para discutir y atender temas relacionados con la población desplazada.
Pero queremos señalar cuáles han sido las reuniones del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada; tres reuniones como lo mencionaba al comienzo de este debate, el 26 de enero de 2001, el 6 de febrero de 2001 y en mayo de 2001. Luego este Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada no se volvió a reunir, pero vino el pronunciamiento de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-025, de enero de 2004, Sala Tercera de Revisión de este organismo, y entonces ya se han reiniciado, luego de prácticamente tres años de no operar o de no reunirse este Consejo Nacional de atención integrada a la población desplazada, reuniones de septiembre de 2004, enero de 2005 y abril de 2005, que es la información que hemos recibido como respuesta al cuestionario.
Lo que podemos observar es, que esos pronunciamientos de la Corte Constitucional lógicamente han servido para que los organismos del Estado puedan programar, brindar, ejecutar un plan de acción integrar a la población desplazada y que ahora haya mayor preocupa-ción en la búsqueda de recursos necesarios para que este plan pueda ser ejecutado.
Lo que hemos querido mostrarles estimados colegas es, que el desplazamiento continúa generando una serie de dificultades en nuestro país, que el desplazamiento avanza, que todos los días es mayor el número de colombianos que infortunadamente ingresan a formar parte de esta población desplazada, con todas las consecuencias que ello genera para diversas regiones del país. Solamente en la ciudad de Florencia, capi tal del departamento del Caquetá, con una población de 150 mil habitantes aproximadamente, son cerca de 30 mil los habitantes de esa capital que son población desplazada, es decir, ya casi el 20% de la población de esta capital.
Por eso y con mucha razón el señor Alcalde de Florencia, el doctor Arnoldo Barrera ha demandado también del Gobierno Nacional el que se dé un mayor apoyo interinstitucional entre todas las entidades del Estado, porque lógicamente la magnitud del problema desborda las capacidades presupuestales técnicas y humanas para brindar una atención integral a una población de 30 mil habitantes, en una ciudad que cuenta con alrededor de 150 mil.
No queremos que internacionalmente se dé la impresión de que el fenómeno del desplaza-miento forzado se está superando en Colombia. Las cifras son contundentes y nos demuestran que ello no es así. El fenómeno se sigue presentando y de conformidad con las cifras de Codhes, en el año 2004 luego de que en el 2003 hubo un desaceleramiento del fenómeno, el fenómeno ha comenzado o se ha aumentado proporcionalmente con el 2003, y el primer trimestre del 2005 también nos demuestra que es superior al primer trimestre de 2004.
Requerimos entonces como les decía estimados colegas, una mayor atención de parte del Estado en todos sus niveles, pero también una mayor sensibilidad del Congreso de la República en la discusión de los presupuestos que aquí se definen, para que podamos entre todos buscar alternativas a esta situación.
Como todo debate, lógicamente vamos a terminar esta primera parte del mismo con la formulación o la presentación de algunas propuestas. Doctora Zulema.
Continúa la honorable Representante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
El 10% de la población de Cartagena es desplazada por la violencia. El 20% de la población de Florencia es producto del desplazamiento forzado. Montelíbano y Puerto Libertador en el sur de Córdoba, tienen más del 20% de su población afectada por el desplaza-miento.
Ellos hacen parte junto con un alto porcentaje de ciudadanos de Bogotá, de los más de 3.472.000 colombianos y colombianas afectados por el conflicto armado en nuestro país.
Si seguimos negando la existencia del conflicto armado, vamos a negar también la crisis humanitaria de los desplazados en Colombia y vamos a hacer que la comunidad internacional vuelva la espalda y la dirija a países donde sus gobiernos reconocen la tragedia nacional. Por eso nuestra primera propuesta es la realización de una conferencia internacional sobre desplazamiento forzado en Colombia y crisis humanitaria.
Por eso está aquí el señor Defensor del Pueblo para que él nos ayude a convocar una conferencia internacional en donde le digamos al mundo, que Colombia es el tercer país con desplaza-mientos internos y que la tragedia no ha disminuido, por el contrario ha aumentado en este trimestre con relación al año 2003; que los colombianos que buscan refugio y asilo en el exterior, los colombiano confinados por el conflicto armado, los desplazados intra urbanos, los desplazados por la violencia, los desplazados por la erradicación de cultivos ilícitos, existen hoy en nuestro país.
Nuestra segunda propuesta es una modifica-ción a la Ley 387 de 1997.
Continúa el honorable Representante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Como mencionábamos al comienzo de este debate, adicional a los desplazados que con ocasión de la situación de violencia se vienen presentando día a día en nuestro país, hay también un importante número de desplazados que se generan con ocasión del programa de fumigación de cultivos ilícitos.
Y queremos señalar cómo esos desplazados por la fumigación de cultivos ilícitos son también víctimas del proceso de violencia que se vive en nuestro país y del conflicto que estamos afrontando todos los colombianos.
En muchas ocasiones, esos campesinos de Colombia que no tienen otro medio de subsistencia, se ven forzados en algún momento a sembrar cultivos ilícitos para generar su propia subsistencia, pero en muchas ocasiones también son forzados por los grupos armados a producir o a la siembra de estos cultivos ilícitos. Si ello es así y muchos de ello son forzados a la siembra de cultivos ilícitos, pues son también unas víctimas del conflicto que deben recibir la atención de todos los programas que la ley establece para la atención a la población desplazada, y de todos los programas que se generan para la atención a esta población dentro del sistema nacional de atención integral a la población desplazada.
Creemos que es necesario una reforma de la Ley 387 de 1997 para que estos programas y estos beneficios contemplados en la ley puedan llegar también a esos ciudadanos que con ocasión de esa situación se ven forzados a desplazarse desde sus lugares de origen.
Pero igualmente, hemos visto cómo los recursos son insuficientes de conformidad con la magnitud del problema que estamos afrontando. Aquí los colombianos en los últimos años hemos hecho un inmenso esfuerzo para contribuir a la implantación y mantenimiento de la política de seguridad democrática, como recordarán los televidentes, los colombianos, el impuesto al patrimonio para contribuir a esa política generó un importante volumen de recursos que ha permitido poner en marcha y sostener esa política. Pues nosotros creemos que es el momento también de que los colombianos hagamos un esfuerzo para tratar de brindar una solución a esta crisis humanitaria que estamos afrontando, y es mediante la implantación de un impuesto humanitario; podría ser un impuesto al patrimonio, podría ser otra posibilidad que se pudiera generar dentro de las nuevas alternativas o dentro de la nueva propuesta que presentará el Gobierno el próximo año, de la reforma tributaria, para generar un impuesto específico para la atención a la población desplazada o podría ser también la que hemos señalado en el día de hoy, que sería darle destinación específica al impuesto, a las transacciones financieras, es decir, al impuesto del cuatro por mil, que inicialmente se creó para brindar una salida a la crisis de las entidades financieras y que nosotros creemos sería ahora un buen momento de que ese impuesto fuera fundamentalmente a generar recursos, para tratar de superar esa crisis humanitaria que viven los desplazados y que contribuyan estos recursos a brindar una atención integral a la población desplazada.
Pero igualmente creemos que debe ser mayor el compromiso de los entes territoriales, de alcaldes y gobernadores, frente al fenómeno del desplazamiento forzado. No podemos descargar esta obligación solamente en el Gobierno Nacional, en el Estado, los recursos del presupuesto nacional, sino que creemos que también en municipios y departamentos, fundamentalmente en aquellos donde se sufre con mayor rigor esta situación del desplaza-miento forzado, se pueda destinar un porcen taje específico de los recursos de municipios y departamentos, de los entes territoriales, para la atención integral a la población desplazada, mediante la modificación a la Ley 715 o el mecanismo jurídico que sea necesario para poder acceder a más recursos.
Continúa la honorable Representante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Hay una propuesta que depende solo de la voluntad política, y es la posibilidad del otorgamiento de una certificación provisional para que los desplazados puedan recibir la atención humanitaria de emergencia, mientras se les otorga la certificación definitiva.
Con el alto volumen de sus registros y de impedimentos para que se registren los desplazados, entendemos que los pocos que logran acceder al registro mientras se tramita su certificación quedan desprotegidos. Una certificación provisional permitiría que tuviesen una protección hasta tanto sea expedida la certificación que los acredite como desplazados por el conflicto armado interno.
Por último, los citantes vamos a presentar a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes, una proposición, para ponerla en consideración en cuanto escuchemos a los funcionarios del Gobierno y a los colegas que quieran intervenir.
Dice así: La Plenaria de la honorable Cámara de Representantes solicita a la Procuraduría General de la Nación, investigar disciplinaria-mente al señor Consejero Presidencial para la Acción Social, doctor Luis Alfonso Hoyos, por presuntas irregularidades en el incumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, por la omisión frente a los subregistros de la población desplazada por la violencia, por la negación a la atención humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la población desplazada en Colombia.
Alguien tiene que responderle a los más de tres millones de colombianos y no son las respuestas institucionales que hemos recibido, las que requieren quienes sufren hoy en las calles de Colombia.
Señor Secretario dejamos radicada en Secretaría la proposición. Señor Presidente, sírvase ponerla en consideración.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
En consideración la proposición presentada por la ponente del debate, la doctora Zulema ¿la aprueba la Plenaria de la Cámara?
Está en consideración.
La proposición va a lo último del debate, por lo tanto entonces sigue en el Orden del Día, los ministros y los citados.
A continuación tiene la palabra el señor Ministro del Interior, el señor Ministro de Defensa, el señor Director de la Red, el señor Defensor del Pueblo y el Director de Planeación, y a continuación van a intervenir los congresistas que están inscritos.
Palabras del señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega:
Señor Presidente, señores funcionarios, honorables Representantes, especialmente los honorables Representantes citantes a este debate.
Empiezo por decir lo que es obvio: Este es un tema de gran trascendencia para el país y para el Gobierno colombiano. Doctora Zulema, es difícil encontrar un tema que tenga discusión permanente en el seno del Consejo de Ministros, que el tema de desplazados.
Decía que es difícil encontrar un tema que genere mayor solidaridad en el trabajo que el tema del desplazamiento interno de nuestro país.
Vivimos permanentemente preocupados, bajo el liderazgo del señor Presidente, atendiendo las necesidades de la población desplazada. Lo primero que nos debemos preguntar honorables Representantes y la audiencia general de Colombia, es por qué existe el desplazamiento, porque la presentación que se hace es como si fuera culpa del Gobierno colombiano o del Congreso o de las instituciones.
El desplazamiento existe en nuestro país porque hay unos grupos terroristas que a través de muchos años y a lo largo y ancho del país se han dedicado a hostigar a la sociedad colombiana. Eso ha sido permanentemente apreciado por la comunidad nacional e internacional, esa es la causa del desplazamiento.
No me parece conveniente enjuiciar a un Gobierno que está haciendo precisamente lo necesario para evitar el desplazamiento. Hay una política seria en esa materia, claro, falta muchísimo por hacer, hay escasez de recursos, pero que lo entiendan los colombianos: el desplazamiento lo causan las organizaciones armadas al margen de la ley. Ellos son los culpables de esto. Inclusive, si es que existe, que no estoy seguro de ello, el desplazamiento que se presenta en razón a la siembra de cultivos ilícitos, y dice el Representante Serrano que seguramente por las fumigaciones ha habido algunos desplazamientos. ¿Todo eso es culpa de quién? de los narcotraficantes, de las autodefensas ilegítimas, de las organizaciones guerrilleras que se han dedicado a sembrar en todo el país. Eso es lo primero que tenemos que tener absolutamente claro.
Y qué hace el Gobierno. Todo lo que le corresponde y lo vamos a analizar con las intervenciones que van a hacer los funcionarios del actual Gobierno.
Primero, para que no haya desplazamiento, especialmente rural, se requiere seguridad. ¿Será que el país no tiene la certeza que este Gobierno ha hecho en seguridad hasta lo imposible? Muchos de estos temas nos lo va a presentar hoy el señor Ministro de Defensa, nosotros hablaremos algo sobre el particular, pero nadie puede decir que el Gobierno colombiano actual no ha tenido como meta principal la seguridad democrática, precisamente para evitar el desplazamiento, y entonces se hacen afirmaciones en el sentido de que el Gobierno no hace lo suficiente en materia de desplazamiento.
Y no es por la Sentencia de la Corte Constitucional. Zulema me hace caras y quiere hacerme reír, pero la cosa es muy seria. No es por la sentencia de la Corte Constitucional. En el plan de desarrollo, que se presenta al inicio del Gobierno, se incluyó como tema fundamental en la ley aprobada en el año 2003, presentada en el 2002, el tema del desplazamiento. No necesitábamos que se nos estuviera empujando para tratar el tema. Los presupuestos que se han asignado no tienen antecedentes, durante 10 años, cerca de 900 mil millones de pesos se invirtieron en el tema del desplazamiento en Colombia.
El presupuesto de dos años, no solamente de la Red de Solidaridad, sino de toda la institucionalidad que apoya el tema del desplazamiento, es de un billón de pesos. En dos años en materia presupuestal, se está cobijando una suma parecida o se está abarcando una suma parecida a la de tantos años.
Y los otros programas que el doctor Hoyos va a presentar, muestran a las claras que no es un gobierno de brazos cruzados en este tema. Quinientas mil familias en acción, que es un programa que ha sido señalado mundialmente como programa ejemplo, no lo inició este gobierno, es una política de Estado, se continúo porque venía del anterior gobierno y venía bien desarrollado, pero se aumentó y multiplicó varias veces. Allí, cien familias en acción para los desplazados.
Se han doblado las unidades de orientación en las ciudades para las personas desplazadas que allí llegan. La atención humanitaria está llegando a setenta mil familias, se han reconstruido ciento ochenta municipios, dándole respuestas a las comunidades localmente, para evitar precisamente el desplazamiento y para que se queden en sus terruños.
Reconstrucción de cerca de seis mil viviendas, en fin, podría extenderme mucho en materia de cifras, en cuanto a la atención a la población desplazada, pero quiero que sea el doctor Hoyos, el responsable integral de la política, quien la dé y señale con claridad, cuál es la tarea.
Y para que hablemos de una vez de la proposición, no creo que a él le corresponda hacerlo, como Ministro del Interior quiero dar fe de que este funcionario es excelente, dedicado de tiempo completo, trabaja de seis de la mañana a once de la noche, es una locura, está contagiado del trabajar, trabajar, del Presidente, en e xceso, no me parece que amerite la discusión de una proposición para que sea investigado, cuando uno lo ve en esos consejos de ministros explicando la gestión que se hace en esa materia.
Una cosa es que debatamos la política, que se nos ayude a corregir los errores, y otra cosa es que se enjuicie a los funcionarios por faltas de trabajo ¡qué dedicación la de él y la de su equipo!
Este es un tema, el que voy a tratar ahora, que no pensé que correspondía a este debate.
Dice la doctora Zulema en un planteamiento muy inteligente, como todo lo de ella, que aquí sí hay conflicto armado. Y el Gobierno dice que no hay conflicto armado, y que si no hay conflicto armado, entonces no hay desplazados. No, hagamos claridad sobre el particular.
No he podido entender y se lo quiero preguntar a la comunidad nacional y a los parlamentarios, cuál es el empeño de sostener que hay conflicto armado en Colombia. Muchos me dicen con una frecuencia inusitada, la política de orden público la dirige el gobierno colombiano, en eso sí, lo apoyamos, entonces, el gobierno dice: Bueno aquí no hay conflicto armado, por varias razones, en eso sí no lo acompañamos, dónde está la solidaridad con el Gobierno colombiano en esta materia. Eso sucede en el resto del mundo; cualquiera que sea la diferencia política, en España, allá no hablan de conflicto armado, veía el jueves Baltasar, recientemente, un hombre de izquierda, en una entrevista del periódico "El Espectador" diciendo en España no hay conflicto armado y en Colombia tampoco, esas son bandas terroristas y así hay que tratarlas nacional e internacionalmente. Lo mismo sucede en distintos ámbitos. ¿Será que los ingleses se ponen en esa discusión? En eso se unifican. En este momento, todo el Parlamento, la Cámara de Diputados española, está precisamente señalando que la banda terrorista ETA, con todas esas condiciones que tiene, es susceptible que negocie con ella el gobierno, como ustedes saben de inclinación socialista, llamémoslo un gobierno de centro izquierda, pero saben muy bien que pueden negociar con una banda terrorista y lo autoriza el Congreso, el equivalente. No es cierto, que porque no haya conflicto armado, uno no puede negociar con estas organizaciones.
¿Cuál es la razón política del Gobierno? En eso deberíamos tener la solidaridad de todo el mundo, de la gente de derecha, de izquierda, de centro, de todos. Estas organizaciones básicamente atacan a la sociedad, le inflingen un daño, tienen una gran repercusión interna-ciona l, eran recibidos por todos los países europeos, como ustedes lo saben, tenían una especie de embajadas alternas. Nos correspondía de alguna manera estigmatizarlos, no seguir permitiendo que tuvieran esa audiencia formidable en el mundo entero. No son contraparte del Gobierno dentro de un conflicto armado o ante la existencia de un conflicto armado, se requiere la solidaridad del Congreso entre otras cosas, para que les cierren la frontera, pero no, aquí nos empecinamos, si son miembros o parte de un conflicto armado ¿Por qué? Porque no son solidarios con esa posición, para que ninguna embajada del mundo o ningún país del mundo los reciba en esa condición, y sepan que no van a tener acceso a intermediaciones internacionales para compra de armas y nada que se parezca.
Allí tiene que haber solidaridad, y entre otras cosas lo que más importante me parece a mí, general, es que acabamos con esa estigmatiza-ción, tratándolos como terroristas, con el prurito de la neutralidad de la sociedad. Esta sociedad no puede ser neutral, ninguno de nosotros puede ser neutral con estas organizaciones terroristas. Si hay un conflicto armado, uno toma parte, porque hay una importante porción de la población que está con los terroristas, y eso no sucede en Colombia ¿dónde está el partido político de esas organizaciones terrorista? ¿Dónde está la población que se moviliza con ellos? Son acciones eminentemente terroristas qué bueno que haya solidaridad y yo se la pido y se la reclamo al Congreso de la República y a la sociedad toda, estigmaticémoslos. Así como estamos haciéndolo con los traquetos, con los mafiosos, hagámoslo con los terroristas, pero no nos volvamos algunos los defensores del conflicto armado.
Y acabemos con la neutralidad; que no haya un colombiano que no esté involucrado con las guerrillas, que no los señale como terroristas. Nada de neutralidad. Si es que los que padecen el ataque permanente ¿quiénes son? Pues la sociedad colombiana, la sociedad civil, políticamente es el mensaje, lo demás casi que es secundario.
Pero hablemos de ello ¿será que eso sería una situación independiente de Colombia? Todos los países que han padecido esta condición, tienen una situación parecida o menos importante que la de Colombia, como la inglesa, la legislación española, la chilena, Argentina, los clasifican como terroristas, y situaciones similares como la de Colombia, así los señalan. Por ejemplo, la legislación inglesa es muy clara: cualquier expresión terrorista para conseguir éxitos políticos, religiosos o de cualquier otra índole, son terroristas, no se ponen con esta disquisición santanderista colombiana, si hay o no conflicto armado: son terroristas y punto. Y han negociado con ellos y tienen acceso a la acción humanitaria, la Cruz Roja Internacional, las Organizaciones de Derechos Humanos, todas ellas. Pero no, aquí en Colombia nos tenemos que empecinar en ese tema.
Una democracia bien fundamentada como la colombiana, con todos los errores que aquí se presentan, los defectos presupuestales, las angustias del día a día, la pobreza, tiene abierto los horizontes para quien quiera participar en política, Representante a la Cámara, Senador, Alcalde, personas de la izquierda, de la derecha, de cualquier movimiento ¿será que requieren las armas para poder hacer acciones de esta naturaleza? No, no tiene justificación el conflicto armado en la profundización de la democracia que estamos viviendo en Colombia.
Pero si se quiere tocar un poco el tema jurídico, el Protocolo II de Ginebra, que se adicionó a los acuerdos de Ginebra del año 1949, cuando habla de conflicto armado, dice con mucha precisión, honorables Represen-tantes, entre otras cosas para que me ayuden a convencer a los otros y a los que no están aquí y a la audiencia general, de que aquí no hay conflicto armado. Dice lo siguiente: Que se desarrolle en el territorio de una alta parte contratante, Colombia, entre sus fuerzas armadas legítimas y las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal, y aquí viene lo importante, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y que les permita aplicar el presente protocolo.
Le pregunto a los miembros de la Cámara ¿el ELN o la Farc, para mencionarlos a ellos, tienen la posibilidad de mantener operaciones sostenidas en cualquier sitio del territorio colombiano? Y entonces oye uno los medios y algunas personas que dicen: ¿Cómo, y en el Cauca recientemente no hicieron varios ataques a varias poblaciones?, Miren ese dominio sobre Toribío ¿será que esa es una acción sostenida militarmente, como lo exige el Protocolo? Atacaron a Toribío y al medio día del día siguiente, estaba el Presidente de la República en la Plaza de Toribío, y del Ministerio fuimos a los dos días, y de otros Ministerios ¿esa es una operación sostenida militarmente, controlando un territorio? No, esas se llaman operaciones ocasionales contra la sociedad civil, y se repliegan. No pueden tener control del territorio, donde va llegando la fuerza pública, salen corriendo, y ustedes lo saben, se mueven de un sitio a otro, no pueden tener operaciones sostenidas. Y lo que es más grave y tiene que haber disponibilidad de estas organizaciones, de aplicar el presente protocolo, y qué dice el Protocolo ¿será que hay disponibilidad de aplicarlo por parte de esas organizaciones? No puede haber atentados contra la vida, la salud, la integridad física o mental de las personas, en particular, homicidio y tratos crueles ¿será que estas organizaciones no hacen toda esa cantidad de atrocidades? ¿Pueden ellos reclamar, y no lo hacen, ser parte del conflicto armado?
Pero algunos congresistas y algunos miembros de la sociedad, no, sí, que les queremos dar el estatus de beligerancia a través del conflicto armado, cuando ellos mismos dicen que no están en capacidad de cumplir las c osas elementales del Protocolo.
La toma de rehenes, proscrita por el Protocolo II, ellos dicen nosotros financiamos nuestra guerra con toma de rehenes y ¿qué?, ah bueno, entonces no pueden ser parte del conflicto armado de acuerdo con el Protocolo que adicionó los Convenios de Ginebra, y entonces muchos dicen, sí hay conflicto armado ¿y los rehenes?
No puede haber acto de terrorismo en una situación de conflicto armado, tiene que haber disponibilidad de la organización a no hacerlo. Los castigos colectivos no se permiten, ¡qué tal! las pescas milagrosas y las atrocidades que hacen con los diputados del Valle, con los policías, etc., el pillaje. Eso es parte de la idiosincrasia de la guerrilla colombiana; la esclavitud y la trata de esclavos.
Todos los días hablo con algún reinsertado que tenemos en los programas de reinserción; es esclavitud pura a la que someten a esos muchachos. Ayer hablaba con una señora y con sus hijos, desde los doce años sometidos a esta esclavitud; los llevan a los 9, a los 12 años los llaman algo así como los cachorros para entrenarlos, esa es la esclavitud contemporánea, totalmente señalada en el protocolo. Amenazas de realizar esos actos terroristas y les puedo seguir leyendo. Los niños menores de 15 años no serán reclutados por las fuerzas irregulares ¿dónde está la disponibilidad de ellos para clasificar en esta designación de conflicto armado?
Serán autorizados a recibir socorros individuales o colectivos, la población civil y militares, no permiten la vacunación ni de los seres humanos ni del ganado.
Las personas que estén retenidas deben ser autorizadas para enviar y recibir cartas y ser visitados por la Cruz Roja Internacional. Las cárceles colombianas sí son visitadas por la Cruz Roja Internacional, permanentemente ando en diálogo con ellos, las cárceles de ellos, entre comillas, que son campos miserables de concentración ¿pueden ser visitados por la Cruz Roja Internacional? Señor Defensor del Pueblo ¿a usted lo reciben por allá? ¿Les permiten mandar tarjetas postales y escribirse? Conozco centenares de secuestrados cuyas familias vienen a hablar conmigo, a decirme cómo hago para tener una prueba de sobrevivencia, no les permiten. Ah, pero hay que empecinarse en decir que sí hay conflicto armado.
No se pondrá en peligro la salud ni la integridad física o mental, mediante ninguna acción y omisión.
Ustedes saben muy bien cómo los tratan, aquí seguramente hay personas que estuvieron secuestradas y saben muy bien de qué calidad es el trato.
No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto a una persona declarada culpable, sin que tenga un juicio. Ayer nada más me decía un guerrillero cómo le habían obligado, para tener la confianza del jefe, a fusilar a su amigo porque se robó una porción pequeña de la tienda donde tenían los alimentos, sin juicio y sin nada lo fusilaron.
Me cuentan de un terrible guerrillero cuyo nombre no doy aquí para que no siga persiguiéndome, cómo delante de los amigos de la cuadrilla lo llama, lo acusa y le pega un tiro en la frente. Esos sí son miembros del conflicto armado de acuerdo con los Protocolos de Ginebra, no lo son, son unos terroristas espantosos, y le pido al Congreso de la República la solidaridad en esta materia, entre otras cosas, para que internacionalmente los estigmaticen ¿cuál es la razón de algunos miembros del Congreso de pedir que sí haya conflicto armado? ¿Para poder negociar con ellos? No, negociamos con ellos, negocia la comunidad internacional ¿Para que reciban atención humanitaria? No, la reciben, entonces ¿para qué? ¿para perturbar al Gobierno colombiano? Creo que se perturba es a la sociedad.
De tal manera, quiero insistirles que en Colombia la razón por la cual no hay conflicto armado es jurídica, pero más que todo es política, es de unidad nacional, es de seguridad contra estos bárbaros. Reclamo la seguridad del Congreso de Colombia en esa materia, para hacer procesos de paz, ahí los adelantamos, los hemos adelantado siempre. No necesitamos ninguna declaración en ese sentido.
Entonces salen a veces con algunas discusiones: es que el Código Penal establece el conflicto armado, no, es que las leyes las pueden establecer, pero ustedes saben y aquí hay muchos penalistas, que el delito se comete es con una ocasión, es coyuntural. El hecho que se diga si se comete ese delito con ocasión del conflicto armado se recibe tal pena, pero eso no implica que legalmente Colombia entra en un conflicto armado, o cuando se menciona la trata de personas, entonces en Colombia hay trata de personas, no. Nadie ha pensado en que no sigan vigentes los artículos del Código Penal sobre conflicto armado, es una manera de aumentar la pena; el juez ya independientemente decid e, si este hombre obró ocasionalmente bajo el criterio del conflicto armado y le dobla la pena por ejemplo, por secuestro. Pero el hecho que esté tipificado no quiere decir entonces que Colombia está en conflicto armado, y que tenemos que derogarlo, lo mismo que con otro tipo de delitos.
Jurídicamente, ni penalmente ni de ninguna manera nos conviene el tema de seguir defendiendo el conflicto armado. Que unas páginas web, entre otras cosas la del Ministerio del Interior, me da hasta pena decirles, mencione el conflicto armado sí, porque esa ha sido la terminología usual, lo que le estamos pidiendo a la sociedad colombiana es que la prescribamos de nuestro lenguaje, les digamos terroristas como lo hacen los europeos, pero eso nos da campo para limitar entre otras cosas la posibilidad de que algún gobierno extranjero diga, como allá hay conflicto armado que es una división de las partes de esa sociedad, yo sí le financio la guerra, yo sí le vendo unas armas. Si son terroristas, no hay manera.
Les pido que mediten sobre el particular, porque la verdad es que no se hace a fondo una meditación sobre el tema que es crucial para la sociedad colombiana.
A veces estoy en discurso y hablo del conflicto armado y tengo que pedir excusas porque sé que la locuacidad no le permite a uno medir esa frase, y además anduve mucho tiempo hablando con guerrilleros y siempre he hablado de conflicto armado, pero llegó la hora que digamos no: Amenaza terrorista y unámonos todos los colombianos para ver si le ganamos.
Volvamos al tema de desplazados, pero es que resulta que Zulema empezó con ese tema y me vi en la obligación de hacer esa aclaración.
Hay muchísimas acciones para evitar el desplazamiento; militares, las que ustedes quieran. El hecho de haber llegado a 180 municipios donde no había policía, no es luchar en la prevención del desplazamiento. Han caído verticalmente los ataques a las poblaciones, eso evita el desplazamiento.
El hecho de estar en un proceso de paz con las autodefensas, cómo ha evitado el desplaza-miento. Pero ¿por qué estamos en un proceso de paz con las autodefensas? le pregunto a la ciudadanía que nos está viendo por el ojo de esa Cámara. Por una cosa elemental: Le dimos de baja a mil cien miembros de las autodefensas, y allá seguramente Mancuso y ellos nos están mirando y ellos lo saben. Los perseguimos con fiereza, y a los que no le jalan al cese de hostilidades, vamos detrás de ellos.
Y para anticiparme al debate del doctor Petro, estamos persiguiendo a todos los paramilitares que quieren meterse en la cosa política. En el Proyecto de Justicia y Paz, no puede ser beneficiario de la ley quien siga constriñendo las libertades públicas, perteneciendo a una organización armada de estas: O sigue en el monte o sigue en la civilidad, pero nada de estar presionando a los civiles en el acceso político y en sus aspiraciones.
Y van a oír el avance social. Ese billón de pesos se está utilizando con una gran pulcritud, para ver cómo atendemos las distintas necesidades. No sé si valga la pena, habiendo tenido recientemente dos debates sobre la fumigación, entre otras cosas ayer tuve 4 debates y hoy 5, modérense con las citaciones a los ministros: Cinco debates hoy. Eso es preocupante, y a veces me pregunto ¿y los Ministros entonces cómo atienden semejante necesidades? Pero aquí estoy muy a gusto, no se preocupen, pero hagamos un cambio de reglamento, para que a un ministro se le cite máximo a un debate por día.
La fumigación doctor Serrano, usted mencionaba que estaba causando desplazamiento. Hice ayer o antes de ayer en unos de esos debates, una exposición muy grande sobre la fumigación. Ese problema nos está corroyendo y es una de las causas grandes, digo el del narcotráfico, del desplazamiento; financia a las fuerzas irregulares. Ese sí que es una causa del desplazamiento. Hay que acabar con el narcotráfico ¿será que este Gobierno no está luchando contra el narcotráfico, haciendo extradiciones como nunca, incautándoles bienes como nunca, repartiendo las tierras de vocación agrícola entre los desplazados y los campesinos pobres y los reinsertados?
Les he repetido varias veces que el año pasado decomisamos cuatro veces y media los bienes incautados, se decomisaron 180 toneladas de coca y la fumigación, 136 mil hectáreas se fumigaron, y hay que seguir.
Hubo 165 mil hectáreas en Colombia, ya vamos con 72 mil. Ese es un avance estupendo, pero hay que fumigar varias veces la misma tierra porque vuelve y crece la mata, son 4 cosechas al año. Por eso habiendo 80 mil hectáreas tiene uno que fumigar tanto, y además porque en siembras nuevas hay el 63%. Usted va y fumiga las tierras permanentes donde hay coca, y el 62 y 63% aparece inmediatamente nuevas sie mbras, entonces hay que ir a fumigar allá; 93% de rendimiento, es decir, logramos erradicar, entre comillas, porque eso después a la larga vuelve y crece, 122 mil hectáreas. Bajamos las que había en un número importante, 40 mil, y logramos frenar el crecimiento en otras tantas o en muchas más.
Y entonces hay unos desconocedores de las matemáticas, y hacen unos cálculos elementales y dicen: Si fumigó 136 mil hectáreas y solamente disminuyó en 12 mil, cada hectárea le vale tanto, qué horror, qué gasto tan grande. No, se evita el crecimiento y se reduce lo que existe, sino estaríamos en 2 ó 300 mil hectáreas: están creciendo ahora infortunadamente las hectáreas en Bolivia y Perú.
Pero el Gobierno se cuida, que no le haga daño a la población y a la ecología. Hay unos estudios contratados con la Universidad Nacional, con instituciones al interior del país, y entonces nos dicen, no, eso no, eso son algunas universidades oficiales o amigos del Gobierno, busquen una entidad internacional. Y llamamos a la OEA, a la CICAD, que es un organismo autónomo, la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, y que lo paguen terceros países que no nosotros, y contratan un estudio a mi manera de ver muy serio, llamaron a 100 consultores internacionales, ningún colombiano, ni nada que se le parezca, ni gringo para que no digan que era por interés de ese aliado tan importante que tenemos en la lucha del narcotráfico; vinieron canadienses, españoles, ingleses, etc., escogieron las 10 mejores hojas de vida y terminaron en 5 expertos, y entregaron el estudio después de un año de trabajo en campo y estudiando toda la bibliografía, y resulta que no es peligroso para la salud, casi que se puede uno bañar con glifosato; el 10%, de todas maneras es un chiste después de eso, pero el 10% del glifosato utilizado en Colombia es para los cultivos ilícitos, el 90 lo utiliza la agricultura tradicional, en el Valle del Cauca, quienes venimos de allá, sabemos lo que es eso, todas las siembras para su maduración de caña reciben glifosato, y entonces se mira a la población, había expertos en salud, las mujeres que quieren quedar embarazadas se demoran en quedar embarazadas por el glifosato, resulta que donde hay glifosato no se presentaba eso, sí en otras regiones, yo intuitivamente pensé que era por el cansancio de las parejas, pero no por el glifosato, no hay deterioro de las corrientes de agua, al sistema ecológico en general. Qué estudio tan bien presentado. Obviamente ya empezó la descalificación de unos profesores locales.
Tiene el Gobierno Colombiano la certeza por certificaciones internacionales, por este estudio por lo que ha señalado el departamento de Estado de los Estados Unidos, por las condiciones del Glifosato y la mezcla, que no es perjudicial para la salud ni para la ecología, entonces los vamos a seguir usando.
No hemos entrado a los Parques Nacionales, pero el Parque de La Macarena, a quien le guste el tema ecológico, tenía 1.150 hectáreas de coca y hoy tiene 2.700 en un año y medio ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos?, no, pero hemos montado un sistema de erradicación manual que lo dirige el doctor Hoyos, en colaboración con el Ministerio y otras entidades, para ver cuántas hectáreas logramos erradicar manual-mente; el año pasado se habían erradicado 2.000, ya vamos en 4.500 este año, y la meta de pronto doctor Zamir, es llegar a 30 mil hectáreas o más.
Y lo otro con erradicación por aspersión, pero la aspersión va a seguir de la misma manera; llevamos 78 mil hectáreas asperjadas contra 56 mil del año pasado; vamos batiendo el récord de la historia de Colombia, que fue el año pasado, cuando asperjamos 136 mil hectáreas, no produce desplazamiento, es a donde yo quería llegar: el desplazamiento lo producen los bárbaros esos.
Sí, no se reunía el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, no sé por qué, pero el Plan de Desarrollo y el accionar del Ministerio y de las otras organizaciones decidió reunirlo, no solamente por la invitación de la Corte Constitucional. Aquí hay muchos ciudadanos que hacemos la tarea sin esperar que la Corte Constitucional nos lo ordene; llevamos cinco reuniones el año pasado y vamos para tres más, también estamos en reuniones permanentes en ese análisis ¿qué hace ese Consejo? ¿Cómo está integrado? Ministro de la Protección Social, Ministro de Defensa, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Alto Comisionado, el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Alto Consejero para la Acción Social, el Ministerio del Interior, el Ministro de Hacienda, Ministro de Agricultura, Comercio, Medio Ambiente, es decir, estamos todos allí, viendo a ver cómo coordinamos la acción a favor de los desplazados ¿cómo se va a decir aquí que no estamos haciendo bien la tarea?
Y lo que ha hecho ese Consejo es bastante importante, con decirle que ya creo que convencimos a la Corte Constitucional que se está haciendo lo humanamente imposible en esa materia.
Estamos adelantando unos programas muy importantes en materia de descentralización de la política pública de Derechos Humanos, llegando a los 32 departamentos; mitad de esos departamentos la Vicepresidencia, mitad nosotros trabajando con las comunidades.
Atención a las comunidades en riesgo. Esto tiene que ver mucho con el desplazamiento doctora Zulema. Tiene que ver mucho con el desplazamiento esta tarea que estamos haciendo en atención a las comunidades en riesgo, entre otras cosas, para que no se desplacen, en 10 departamentos y 10 comunidades con mucho riesgo, 5 las atiende la Vicepresidencia y cinco las atendemos nosotros en el Ministerio del Interior; podría mencionárselas pero sé que el tiempo apremia y no es conveniente.
El sistema de municipios seguros, lo estamos adelantando con la Policía Nacional; 450 municipios. La Asesoría de la Universidad de George Town, el Ministerio del Interior; 450 municipios, llegándoles cómo debe ser los sistemas de prevención, ante un ataque, qué hacen, cómo se reúnen, cómo coordinan con el DAS, la Policía y la Fuerza Pública en General.
Una explicación larga ameritaría que la hiciéramos sobre el tema de alertas tempranas, que está funcionando, pero con este agobio que me tiene el hombre del reloj, solamente les menciono que en este momento tenemos 37 alertas tempranas. El año pasado recibimos 90 informes de riesgo, le hemos estado haciendo el seguimiento, se hace la clasificación, se decide qué acción tomar, un consejo de Seguridad Local, 65 Consejos de Seguridad, una acción de protección a una comunidad, presencia de la fuerza pública, y cuando requiere que quede pendiente la alerta temprana, queda y se le hacen otras de seguimiento.
La Defensoría del Pueblo envía la alerta temprana y se reúne el Comité Interinstitucional de Alerta Temprana.
Aquí hay muchos beneficiarios del Sistema de Protección que maneja el doctor Rafael Bustamante en el Ministerio del Interior; protección de los Derechos Humanos, dirigido a las poblaciones en riesgo, especialmente de líderes sindicales, por ejemplo, líderes de organizaciones de desplazados. Tenemos en protección a 73, líderes de organizaciones de Derechos Humanos, ex alcaldes, etc. En el cuatrienio anterior, gastamos más de cuarenta mil millones de pesos, más la ayuda que recibimos de la AID; qué trabajo tan importante con las poblaciones indígenas, pero ahí sí que los agobiaría.
Estamos llegando con el Sisbén a todos los indígenas, estamos haciendo el Programa de Etnoeducación, 130 mil muchachos en este programa, las transferencias cerca de 90 mil millones a las poblaciones indígenas. Estamos metidos en el tema indígena, lo máximo que podemos, siete consejos de seguridad acabamos de hacer con estas poblaciones, todo eso orientado para evitar el desplazamiento, y muchas acciones más.
Entonces le pregunto al Congreso de la República ¿merece algún funcionario del Gobierno ser investigado por no estar trabajando en este tema, o más bien merece la solidaridad del pueblo colombiano y del Congreso, porque con la escasez de recursos hacemos lo que podemos, en cada uno de los Ministerios? Sobre las acciones del Ministerio sí que me podría extender pero no lo puedo hacer.
De tal manera que espero haber contestado satisfactoriamente sus inquietudes doctor Serrano y doctora Zulema. Estamos prestos a seguir trabajando en esta dirección, aconséjenos, pero no den tanto palo innecesario, porque lo que se está haciendo aquí va en serio en beneficio del país y de la población desplazada. Muchas gracias señor Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Jorge Carmelo Pérez):
Palabras del honorable Representante Venus Albeiro Silva Gómez:
Gracias Presidente. Es para preguntarle dos cosas pues para tener las reglas de juego claras en este debate ¿cuánto tiempo le van a dar a las personas del Gobierno y cuánto tiempo nos van a dar a los parlamentarios? Y si ponemos una hora fija para comenzar el otro debate, así sea a las seis de la tarde, siete de la noche, pero que sepamos hasta cuánto tiempo va, así tanto el Gobierno sabe cuánto tiempo puede hablar y los congresistas también. Gracias Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Jorge Carmelo Pérez):
Para los funcionarios del Gobierno hemos dispuesto que quince minutos y se pueden ampliar a veinte, infortunadamente el doctor Sabas se nos extendió un poco en la intervención pero vamos a tratar de ser estrictos con el tiempo con los demás funcionarios.
Palabras del señor Ministro de Defensa, doctor Jorge Alberto Uribe Echavarría:
Señor Presidente, señores citantes, doctora Zulema Jattin, doctor Luis Antonio Serrano, honorables Representantes, muy buenas tardes.
Antes de entrar a los temas que les quiero tratar, quisiera después de escuchar las palabras de mi colega, el doctor Sabas, simplemente decirles que soy totalmente solidario y no podría expresar en una forma más clara y más completa la solicitud que él ha hecho, de que no legitimemos los criminales que vienen azotando a la patria y a todos los colombianos con esta discusión del conflicto armado o no conflicto armado.
Son unos grupos criminales alimentados por la droga que ratifican su característica terrorista con los actos diarios. No sé hoy qué hayan podido utilizar para ratificar que son unos terroristas, ayer lo hicieron con un pobre caballo, antier con un niño, hace cuatro o cinco días con una señora, o sea, no he conocido un grupo que en una forma tan clara, tan contundente, tan ratificada día tras día, mes tras mes, año por año, le dice a la sociedad colombiana y al mundo entero, somos terroristas, somos organizaciones criminales y nosotros aquí en la discusión de que ¿será este un conflicto armado, o no será un conflicto armado? Por amor a Dios, no los legitimemos con esa discusión: doctor Sabas, soy totalmente solidario con sus palabras.
Honorables Representantes, para mí esta es una oportunidad para, en una forma lo más corta posible, decirles que el actuar, la acción de la fuerza pública no solo no es un factor de desplazamiento, sino que es todo lo contrario. Si no fuera por el actuar de la fuerza pública Colombiana hoy, estas cifras que tuvieron a bien mostrarnos, serían muchísimo más grandes, serían muchísimo más graves. Es claro, que son las organizaciones narcoterroristas, Farc, ELN, las autodefensas, las que generan en un altísimo grado, el desplazamiento, el derramamiento de sangre, el sufrimiento, el miedo, el dolor del pueblo colombiano. Ellos todos, con ese común denominador del dinero mal habido, del dinero que produce esa maldición que le trajo a la patria hace 30 años la presencia de la droga en nuestro territorio y en el corazón de nuestra sociedad.
¿Cuál era el cuadro a fines del año 2002? Teníamos 168 municipios sin policía, número que iba además en crecimiento. Teníamos más de 200 alcaldes, entre comillas, despachando desde lugares diferentes a aquellos para los cuales habían sido elegidos.
Era diario la toma guerrillera presentada en forma dramática en todos los medios de comunicación, las ordas de campesinos e indígenas en procesos de desplazamiento por todo el país, muchos de ellos bajo la sombra precisamente de los desplazamientos, como subproducto de la droga y del negocio maldito de la droga.
Vino entonces el Presidente Álvaro Uribe, con su política de defensa y seguridad democrática, que tiene en su nombre mismo, seguridad democrática, la almendra de lo que es de verdad, que es una política de seguridad democrática, porque es para todos los colombianos, los que le apoyan y los que no le apoyan, los del campo y los de la ciudad, los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres; es una política que busca la seguridad de la totalidad del pueblo colombiano.
Se empezó con el fortalecimiento de la fuerza pública mediando aquellos pasos osados que se dieron en el ámbito de lo tributario: el impuesto al patrimonio.
Vino el proceso de fortalecimiento, no solo económico sino estructural, y más que todo, el moral a nuestra fuerza pública que volvió a reganar fortaleza, agresividad en el sentido positivo de la palabra, para empezar por el reganar el control territorial de la Nación.
Esas cabeceras municipales que habían perdido la presencia de sus alcaldes, a febrero del año pasado lo habían reganado en su totalidad, y no solo teníamos esos 1.098 municipios con presencia permanente de la fuerza pública, sino que además se agregaron hasta hoy 400 corregimientos más de la patria con presencia de nuestra fuerza pública, con presencia de nuestra policía.
Todos esos procesos de creación de batallones, seis hasta ahora de alta montaña, los emcars, los grupos de carabineros, las brigadas móviles, todo esto buscó precisamente ir a aquellos lugares que por dejárselos en manos de los grupos narcoterroristas estaban permitiendo el flujo casi libre y tranquilo a lo ancho y largo del territorio nacional, precisamente generando esas cifras de desplazamiento que acabábamos de ver hace un rato.
Se han hecho profundas modificaciones al interior, no solo del Ministerio de Defensa sino de la fuerza pública. Se han venido poniendo en marcha programas que estaban algunos elaborados por Ministros anteriores y adminis-traciones anteriores, otros por la Ministra anterior, y sin sentido de propiedad u orgullo con ello, sin celo ninguno, estamos en un profundo proceso de cambio. Nada menos hoy ahora en la tarde, tengo una reunión con veintitantos oficiales que van a programas de capacitación en temas de Derechos Humanos a Suecia; van a estar en la Universidad de Ubzala por tres semanas. Es la segunda vez que van.
En el día de ayer tuve oportunidad de reunirme con parte de la misión americana y una de las cosas que analizábamos con más orgullo, es el hecho de que no hay ningún otro ejército o fuerza pública en el mundo hoy de país parecido a nosotros, que haya pasado por programas de capacitación en derechos humanos más de 100 mil, óigase bien, más de 100 mil hombres y mujeres de esa fuerza pública.
Venimos trabajando y ahora tendrán oportunidad de escuchar la presentación central por parte del doctor Luis Alfonso Hoyos, de lo que se está haciendo en la Red de Solidaridad y en otros brazos de la Red de Solidaridad, y menciono uno del cual estoy muy orgulloso de ver el papel que estamos cumpliendo de consuno con la Red de Solidaridad Social, cual es la acción conjunta de acción integral que nos está dando presencia en esas poblaciones que como Caruru, como Miraflores, hemos reganado, como el Araracuara que visité ayer o como el Quibdó que visité ayer, donde no solamente están llegando nuestros hombres de uniforme sino que concomitantemente están llegando las enfermeras, los profesores, la ayuda solidaria, las brigadas de salud, las brigadas de educación, la presencia que da verdadera gobernabilidad.
Esos 108 consejos de seguridad que hemos realizado con el Presidente, quiero decirles son consejos de seguridad distintos a los consejos comunitarios que han contado con la presencia del primer magistrado, en los que nos zambullimos con los oficiales que comandan en esa sociedad a la que visitamos pueblo o departamento, para analizar con gobernador, con alcalde, a veces con presencia de algunos de ustedes honorables Representantes, a mirar el detalle de qué es lo que está ocurriendo es sus poblaciones, para no hablar los 30 ó 40 más que hemos hecho, sin la presencia del Presidente desde que llegué.
Allí se analizan a fondo las situaciones y todas las decisiones que se toman son para traer la tranquilidad y seguridad que precisamente evitan ese desplazamiento.
Cuando uno mira los fenómenos de un Miraflores, una pequeña población perdida en la selva, que casi nació con el negocio de la droga, está hoy encontrando de nuevo su camino, saliendo de vivir de la droga y empezando a sacar productos de otra naturaleza, teniendo sus campesinos, regresando a la actividad normal de producir queso o producir cualquier otro producto agrícola.
Hemos tenido casos como Peñas Coloradas, donde sí hubo un desplazamiento total de la comunidad y fue un desplazamiento total de la comunidad precisamente porque fue ordenado por las Farc, con la fuerza de las armas y con la fuerza de la amenaza y la extorsión, pero de resto, en todos los lugares del Estado hay gente regresando a sus comunidades.
Hemos acompañado 142 retornos masivos, en los cuales 70 mil personas han vuelto a sus hogares, han vuelto a sus lares.
El desplazamiento ha caído un 46% del año 2002 al año 2003, y cayó un 28% en número del 2003 al 2004; de 420 mil desplazados hace dos años y medio, hemos bajado a 142 mil.
Sé que son cifras intolerables, en Colombia no debería haber un solo desplazado, pero principio tienen las cosas, y valga la pena, ya no es principio, ya es un momento, ya es una inercia, que si continuamos trabajando en este y los próximos gobiernos vamos a lograr que todos los colombianos puedan vivir donde quieran vivir sin temor, sin amenaza.
Hoy, a pesar de los traspiés, a pesar de los problemas, la iniciativa es nuestra; a pesar de Toribío, a pesar de los otros hechos que podemos registrar en el presente año, la iniciativa hoy la tiene la fuerza pública, y lo estamos demostrando todos los días. Cada avance que logramos en la seguridad contribuye al afianzamiento de la gente a su terruño, a sus lares, a sus casas, a sus pueblos. Y valga la pena decirles, que desde los últimos cuatro o cinco consejos de seguridad con o sin el Presidente, en las últimas tres semanas sin excepción ninguna, e incluyo a Quibdó anteayer e incluyo también a Araracuara ayer, hay a pesar de todo un aumento en la sensación de seguridad de estas comunidades.
Díganos si no es una mejora en todos los índices que producen o dejan de producir desplazamiento, cuando podemos contarle al país que entre el año 2003 y el 2004 pasamos de 28.837 homicidios a 20.167. Esos 8 mil y tantos de diferencia hoy son seres que viven, comen, ríen, lloran, y que en otras circunstancias estarían enterrados.
Díganos si no ese 52% de caída en los índices de secuestros en los últimos doce meses, comparado con los doce meses anteriores, ese 55% de caída en los retenes masivos en nuestras carreteras y la baja en el hurto, en la piratería, en los asaltos a pueblos, atentados, en fin, y díganos si no, aquellos de nosotros que tenemos hijos en edad ya de buscar su futuro, recordemos hace, tres, cuatro cinco años, quién no tenía un hijo que se graduaba de universidad y estaba buscando si era España o era México o era Canadá o era Australia o era Estados Unidos. Hoy el cuadro es muy distinto: Esos muchachos y muchachas en su gran mayoría quieren permanecer acá, no quieren ser desplazados internacionales.
Todo esto además, se está haciendo con el mayor espíritu de transparencia, aceptando los errores con entereza, prefiriendo estar coloraditos un rato y no optar por la palidez el resto de la vida. Lo estamos haciendo además con oportunidad, no es sino que escuchen hoy las noticias, donde comandantes nuestros hablarán de algunos errores, de algunas fallas, pero somos nosotros quienes nos estamos presentando la paz del país. Además, lo estamos haciendo en un espíritu de unión dentro de las fuerzas como no lo había habido en muchísimo tiempo; estamos trabajando dentro de la cúpula con una gran unión, a pesar de las voluntades que existen dentro y fuera para tratar de resquebrajar esa unión.
Y todo ello se está haciendo en un ambiente de cambio. Hoy esos vientos de cambio en la fuerza pública colombiana son razón de orgullo para ustedes señores congresistas, son razón de orgullo para el país. Hoy los jóvenes de espíritu no necesariamente los de edad, estamos de moda en la fuerza pública colombiana, y hablo de esos mayores, esos capitanes, de esos generales que hoy están buscando con avidez el cambio.
No quiero quitarle el espacio al doctor Luis Alfonso, a todos los demás y a esa lista larga de ustedes señores honorables Representantes, pero termino diciéndoles que hay razones para ser optimistas, y le pido a Dios que no perdamos el camino, y no le dediquemos nuestro tiempo a unas cosas que en realidad deberíamos más bien dejarlas de lado, para dedicarle el tiempo a las cosas de más fondo, como las fórmulas para llegar a un cero de desplazamiento, y esas son precisamente de las fórmulas de las cuales el doctor Luis Alfonso Hoyos, que creo me sigue en la palabra, habrá de hablarles.
Señoras y señores, muchas gracias.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Palabras del honorable Representante Wilson Alfonso Borja Díaz:
Presidente, hasta ahora la intervención de los Ministros ni fu, ni fa sobre lo que aquí han planteado los compañeros que han citado al debate. Si nosotros vamos a seguir aceptando que se venga a hablar por las ramas, ni siquiera por las ramas, a hablar de otras cosas, estamos fregados.
Espero que esta intervención se haga con base a las inquietudes que han planteado los dos compañeros que citaron el debate.
Y una segunda cosa Presidente que es muy importante. Por lo planteado aquí por Zulema Jattin, es que el señor Hoyos le diga al país, a esos ciudadanos que están allá, por qué fue que perdió la investidura como Senador, que se lo diga al país para que el país sepa cómo Uribe lo nombró como Director de la Red de Solidaridad para que por lo menos trate de defenderse ante el país.
Palabras del doctor Luis Alfonso Hoyos, Gerente de la Red de Solidaridad Social:
Muchas gracias por la invitación.
Quiero agradecerle a la Cámara que haya acogido la propuesta de los Representantes Zulema Jattin y Luis Antonio Serrano, para hablar de este tema.
Como aquí hay que ser concretos, voy a hablar en cinco puntos. En primer lugar, vamos a hablar de la magnitud del problema.
En segundo lugar, de los temas en los que hay avances, porque los hay.
En tercer lugar, de los temas donde no hay avances, porque también es evidente que hay temas donde no hay avances; creo que uno de los ejemplos que nos ha dado el Presidente de la República es mostrar lo que funciona y lo que no funciona, es parte fundamental del debate, y escenarios como estos son fundamentales para poder avanzar en ese sentido.
En cuarto lugar, los retos fundamentales, las tareas que tenemos ahora.
Y en quinto lugar, me voy a referir puntualmente a los comentarios, a las observaciones, a las sugerencias de la Representante Zulema Jattin y del Representante Luis Antonio Serrano. Allí encuentro unas sugerencias perfectamente válidas, encuentro otros puntos donde hay unas divergencias profundas, encuentro otras donde la información no es coincidente, pero creo que este es un espacio muy bueno para hacerlo, y obviamente Representante Borja hablaré de los dos puntos que usted ha mencionado, con el mayor gusto. Este ha sido mi escenario natural, aquí estuve hace quince años, y entre siete y once años estuve en el Senado de la República, creo que con mucha emoción, con mucho orgullo, con mucho trabajo patriótico en los grupos independientes a los cuales he representado.
Primer punto el de la magnitud ¿es el tema del desplazamiento grave en Colombia? Claro que lo es.
Se posesionó el Presidente de la República el 7 de agosto del 2002. La primera visita a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, les dijo, en Colombia tenemos un problema humanitario grave, y lo mencionó como ustedes lo sabían, cerca de 200 municipios sin la policía, más de 2 millones de desplazados, 200 pueblos destruidos, 7 mil viviendas destruidas y el problema avanzando y creciendo. Y había medidas de los Gobiernos, claro, los últimos 3, 4 Gobiernos han tenido medidas en esta materia, pero era claro que eran insuficientes.
Por eso el Presidente les dijo, pedimos apoyo internacional, porque este tema es muy grande.
A continuación presentó a este Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, y por primera vez en la historia del país, aunque el desplazamiento como aquí se ha referido y como bien lo ha registrado Codhes, una institución que quiero referir aquí con quien tenemos diferencias, pero a quien respetamos y con quien trabajamos permanentemente y hacemos debates impor-tantes, a pesar de esas diferencias ningún Gobierno había incluido como prioridad en su plan de desarrollo este tema, y lo incluyó y lo propuso aquí al Congreso, y el Congreso aceptó convertirlo en prioridad, y por eso una de las tareas que el Presidente definió en la reorganización del Estado es, evitemos duplicidades, pongamos a funcionar este sistema y entreguemos otras responsabilidades para no sobrecargar a las entidades.
Esa fue la razón por la cual en las entidades sociales de Presidencia hicimos traslado de varios programas con recursos y todo, a otras entidades del Estado, solo para mencionar de paso; el programa de los viejitos o de Revivir, atendíamos 60 mil viejitos entre 150 municipios, se entregó a Bienestar Familiar, con los recursos que teníamos en el momento 22 mil millones de pesos y con recursos que ustedes aprobaron aquí, hoy lo tienen en 170 mil, más el programa nuevo que viene con 400 mil; entregamos la pequeña parte que nos correspondía del programa indígena al Ministerio del Interior, y la pequeña parte del programa que nos correspondía en atención a la discapacidad al Ministerio de la Protección Social.
En segundo lugar, se definió aumentar los recursos y ustedes lo saben muy bien, aquí lo decía la Representante Zulema Jattin, hay problemas fiscales, claro, se congelan parte de los recursos, también, el PAC, es decir, el Plan Anual de Caja, no permite entregar todos los recursos y ustedes lo saben muy bien, es un tema que debaten aquí en sus conversaciones con el Ministro de Hacienda y los debates que hacen, pero a pesar de eso y en medio de las restricciones, entre las pocas entidades que tuvieron aumento sustancial de recurso están las que tengo que regentar, y para crecimiento fundamental en los programas de reconstrucción de vivienda, reconstrucción de municipios y atención al desplazamiento, son, Representante Zulema Jattin, Representante Luis Antonio Serrano, demás Representantes, suficientes los recursos, obvio que no, ustedes lo han mostrado, pero es muy importante ver cuándo un tema se convierte en prioridad, cuando como bien lo decía el Ministro del Interior, estamos en dos años, en 2005 y 2006 invirtiendo un billón de pesos, insuficiente frente al faltante de 4 millones 800 mil, pero un billón es lo que ha invertido el país, todas las instituciones en 10 años. Por eso e s muy importante ver las magnitudes y creo que lo enriquecedor de estos debates es ver qué funciona y qué no funciona para poder tener mejores propuestas, para analizar cada uno de los elementos traídos a colación.
Y para terminar este primer punto, sobre las magnitudes, le quiero hacer una anotación a la Representante Zulema y al Representante Serrano. Ustedes presentaron un cuadro, estamos completamente de acuerdo. Cuando ustedes señalan que hay una diferencia entre las cifras de la Red y Codhes y también con las de la Cruz Roja, claro que las hay, porque es que una cosa es la estimación de lo que hay de personas desplazadas y otras las que se registran, y jamás ha dicho la Red de Solidaridad ni ninguna entidad que los únicos desplazados son aquellos que se registran; eso sería un tema de ingenuidad, no permitiría generar políticas públicas.
Por eso como ustedes lo han visto, en la Red, tenemos dos tareas. Una, que es el registro punto a punto, donde cada persona se identifica y dice, Pedro Jiménez de Santuario, Antioquia, con su señora y sus hijos ha llegado de Santuario a Medellín o a Bogotá y toma el registro y lo anota. Ese es el registro.
Pero tenemos también el sistema estimado de desplazamiento que nos significa, además de los que no se registran, en cuánto están, y por eso como lo dijo el propio Presidente de la República en el año 2002, cuando presentó aquí el Plan de Desarrollo, cuando estuvo en New York, dijo aquí hay entre 2 ó 3 millones de desplazados en los últimos años en el país, eso es obvio, y como consecuencia dijo, aquí la discusión es por cifras.
Sí, tenemos algunas diferencias en metodo-logía con Codhes, o con el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero el tema no es ese, el problema es grave, gravísimo, venía creciendo, claro que sí. En la década de los ochenta teníamos promedio de 50, 80 y 100 mil, a fines de los noventa, fue creciendo más y llegamos a los picos de 2000 al 2002, 330, 350, y el año más crítico que fue el 2002, 420 mil nuevos desplazados.
Entonces, el tema no es cuál es la cifra exacta, es grave, sí, está entre 2 y 3 millones de personas, sí, cuántas hay registradas, 1 millón 500 mil.
Pero aquí le quiero señalar en el mejor sentido, una contradicción con lo que usted señala Zulema. usted dice: Será que al Director de la Red le interesa el subregistro para que no dé la atención a tanta gente. Creo que aquí estamos trabajando todos por interés por este país. Hay diferencias personales, pero si así fuera las cifras que ustedes presentaron ahí no serían ciertas.
Usted dijo aquí, veamos la diferencia de las cifras y Luis Antonio Serrano muy juicioso como siempre, muestra los cuadros y muestra cómo año a año las cifras terminan acercándose a la de Codhes y de la Red; eso es porque hay buen registro. La prueba es la siguiente: Nos posesionamos el 7 de agosto del año 2002, ¿sabe usted cuántos habían registrado?, ahí lo mostraron en el cuadro, algo más de 500 mil, y ¿sabe cuántos tenemos hoy registrados? Estamos llegando a 1 millón, 600 mil, es decir que el esfuerzo que hemos hecho de registro es tan grande y, como usted sabe muy bien lo dijimos en la respuesta, montamos brigadas para poder buscar a la gente en todo el país, que hemos registrado en dos años y medio desplazados de los últimos 6 años, y por eso pasamos de 500 mil a 1 millón, 600 mil, precisamente porque una de las labores del Estado tiene que ser buscar a la gente para garantizar derechos.
Los recursos no siempre son suficientes, es claro, pero ese esfuerzo sistemático que hemos hecho, reconocido por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y aquí está el Presidente de Codhes, lo acabo de ver, a Jorge Rojas, con muchas diferencias que tengamos pero creo que lo han dicho ellos, se ha hecho un esfuerzo significativo y enorme, y si alguna entidad ha hecho un esfuerzo grande ha sido esta.
Segundo punto y tercero de una vez. Hay avances y ahí no hay avances, es cierto. Hay temas con avances sustanciales, claro que sí, y hay temas donde casi no hay avances o son mínimos, también es cierto, y se los digo porque está todo el país para poderlo ver.
En qué hay avances sustanciales. Tuvimos una mejoría significativa del registro, claro que sí. Tuvimos una mejoría sustancial en atención humanitaria de emergencia, claro, usted vio lo que pasaba en las UAOS, trece UAOS hace 2 años y medio, solo 9 funcionando bien, las multiplicamos a 26 y vamos para 30 antes del 30 de junio, las UAOS son unidades que montamos con las alcaldías, con la Defensoría, la Procuraduría, Bienestar Familiar, el Sena y otras entidades en las ciudades más críticas del país, para dar una mejor atención, para que se reúnan hoy y alguien diga, no la Red de Solidaridad, alcaldías y gobernaciones y las demás entidades que tienen que participar, por eso mejoró el flujo de información y atención.
También en la atención humanitaria de emergencia, lo dijo muy juiciosamente usted Representante Zulema. Hace dos años y medio teníamos la atención humanitaria en los casos de desplazamientos masivos, era casi del 95%, pero en el individual no era sino del 30%, cerca de 60 mil familias en colas que atendimos ahora, 70 mil familias en cola gracias a la multiplicación del presupuesto de la Red para desplazados por 8, a la sola Red el tema de desplazados, por eso pasó de 25 mil a 198 mil millones, solo el tema básico de desplazamiento en esta entidad, sin contar lo que pasa en el resto.
Pasó además, y ustedes lo vieron en los recientes episodios, antes de 24 horas la primera entidad, y eso hay que reconocerlo, la gente arriesgando la vida, con entusiasmo, con amor, son 1.100 personas que trabajan en estas 4 entidades que tengo que regentar, éramos 1.600 hace 3 años, con 500 menos, la mayoría con 10 y 15 años de trabajo, porque vienen desde la época de PNR, y uno ve ese entusiasmo y ese compromiso, ustedes vieron lo de Toribío, fue el ataque el jueves y llegamos el viernes con el Presidente, y ahí estaba la fuerza pública y nuestro equipo allá atendiendo; vio lo que pasó en el Norte del Cauca, lo que pasó en Bojayá, lo que pasó en la Sierra Nevada, estamos llegando sin excepción en 24 horas, incluyendo cuando hay tema de fumigaciones.
Usted acaba de mencionar algunos de Caquetá, de mi departamento de Caldas en un municipio vecino, Samaná, antes de 24 horas llegamos.
Y en qué más avanzamos. El Gobierno anterior firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, una carta de entendimiento. La Cruz Roja tiene un mandato autónomo e independiente, y esa carta de entendimiento la logramos mantener y ampliar, y eso nos permite hoy que estemos logrando atender más del 95% de la asistencia humanitaria en las primeras semanas, no en los 8 meses, ni en el año, ni en los dos años, ni nunca, entonces ahí hay avances importantes.
También hay avances en el Programa de Seguridad Alimentaria, en los dos: En el que montamos en convenio con departamentos y municipios hoy con 450 municipios, que cubre a 1.100 mil campesinos, creo que uno de los programas más acreditados hoy en el país, en recursos de cofinanciación con la FAO, con los comités de cafeteros, con la iglesia, con pastoral social, y que está permitiendo que la gente produzca para su autoconsumo. Es un programa importante y un avance significativo.
Y también avanzamos en el Régimen de Salud y en Educación. Usted decía Representante Zulema, una cifra que es cierta y la tomaba de los datos que le di, que al hacer la evaluación en el 2004 se encontró que solo el 50% de los desplazados tenían acceso a salud, toda la razón. Eso lo encontramos, pero usted también vio el estudio porque aquí lo mencionó Luis Antonio, de hace 2 años, el que hicieron PMA y CICR, ustedes lo citaron ahí, el del año 2001, el 76% no tenía ningún acceso a salud. Entonces hubo un avance importante en ese sentido, dentro de la ampliación aprobada por ustedes que permitió pasar de 10 millones a 15 millones, 600 mil colombianos en el Régimen Subsidiado de Salud, hubo una aplicación importante pero hubo otro hecho adicional: El Ministro de la Protección nos entregó 100 mil cupos adicionales el año pasado y 100 mil este año, para los municipios con más desplazados sin cofinanciación de los municipios ¿eso alcanza? No alcanza todavía, pero si usted ve, bajamos de un descubrimiento del 73% a uno del 50% y este año deberíamos estar mucho más abajo del 30%. Lo ideal es la universalidad, a eso es a lo que tenemos que llegar.
Aquí está cursando un proyecto de ley en las Comisiones Séptimas, para que logremos en dos años pasar no solo de 15 a 600 sino a 22 millones de colombianos en Sisbén 1 y 2 con el Régimen Subsidiado de Salud, pero es que de dónde veníamos; ustedes lo saben muy bien y por eso paso rápidamente. Diez millones de colombianos pobres y son salud hace 2 años y medio, hoy son 5 millones, 600 mil y serán 17 millones al terminar este año ¿Esfuerzo de quién? Del Gobierno Nacional, del Fosyga, por aprobación que hizo este Congreso y de cofinanciación con alcaldes y gobernadores.
El Contralor acaba de decir hace dos semanas, hay 14 millones de colombianos que no están en el régimen contributivo ni en el régimen subsidiado, eso es claro, eso muestra la magnitud de la pobreza todavía en Colombia, pero es que había 5 millones 600 mil que hace dos años no lo tenían, no les parece muy significativo que en solo 2 años y medio hayamos hecho más que en los 15 años anteriores. Y en el tema de educación dicen lo mismo, claro que sí, y sí hay una deserción importante entre desplazados, son más propensos los desplazados a ser afectados en ese sentido.
Y se entregaron nuevos cupos, usted lo vio en el informe, 113 mil cupos adicionales nos entregó el Ministerio de Educación el año pasado para los municipios más afectados por el desplazamiento por recepción, y muchos de ellos tuvieron el cupo y no pudieron ir por problema de plata, razón por la cual, como también lo decía el Ministro Sabas, cuando hicimos la evaluación para el nuevo reto decidimos incluir para este segundo semestre a 100 mil familias desplazadas, en familias en acción, pero de eso hablo en el último punto.
En qué más hay avances. En la operación prolongada de socorro. El Presidente le hizo el llamado a los organismos de cooperación y vinieron, el plan mundial de alimentos dijo podemos multiplicar la operación en Colombia, y como usted lo sabe y lo vio, en la operación que estaba para 4 años la hicimos en 2 años, y son recursos cofinanciados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Red, y llegamos a 300 mil colombianos desplazados más, tanto es así, que el pasado 1º de mayo empezó una nueva operación por 2 años que va a cubrir a 500 mil; cofinanciación 50%. El Gobierno colombiano, Red y Bienestar con PMA, de dónde recibe el PMA los recursos, de los principales donantes. Entonces, ahí hay avances importantes.
Y hay en otros temas, ya lo dijo también el Ministro, 180 pueblos reconstruidos, sí señores, pueblos que destruyó la guerrilla o destruyeron los paramilitares, escuelas, colegios y centros de salud, en licitaciones hechas todas públicas; desde el 7 de agosto que llegamos no hay una sola contratación bajo mi responsabilidad que se haya hecho a dedo, todas públicas y todas en internet, y 6 mil viviendas reconstruidas, y ahí están en todo el país en los 83 municipios que las hemos entregado, y nos enorgullece que una cola que tenía 10 años la hayamos hecho en 2 años y medio.
Y encontramos otra cola más. Cuando hay un atentado terrorista, hay un pequeño apoyo que entrega el Gobierno colombiano de 2 salarios mínimos, 700 mil pesos a los afectados, ustedes saben muy bien cuál era la cola, 4 mil familias en tres años, en año y medio nos pusimos al día, y hoy hay un atentado y ya no nos gastamos 4 meses, estamos entregándolo en el mes siguiente. Tuvimos el 15 de abril el atentado en Toribío, la semana siguiente a todos los que fueron afectados, los 2 salarios mínimos, y esa semana siguiente empezó la reparación.
Sabe usted que dentro de 15 días vamos a Toribío a entregar la reparación de la escuela, del centro de salud y de las 200 casas con daños menores, quedan faltando las 25 de destrucción total, claro, esas las asume Fonvivienda, pero ya tiene los recursos y los ha adjudicado. Entonces ahí hay avances importantes.
Pero, dónde no hay avances substanciales, porque hay algunas cosas, pero no son significativos, usted Zulema lo dijo muy claramente, en lo que tiene que ver con el restablecimiento, estamos de acuerdo, no le contradigo absolutamente nada esa conclusión, y eso tiene que ver con el tema de tierras, con el tema de vivienda a pesar del esfuerzo, y sobre el tema de ingresos. Hago una salvedad en el tema de vivienda: gracias a esta Cámara y al Senado, logramos apropiar más recursos que nunca en la historia. Lo que pasa es que eso todavía es poquito frente al drama.
Pero miren ustedes señores Representantes lo que pasó aquí en diciembre, cuando les hicimos la propuesta de adición. En los últimos diez años para población desplazada, en vivienda urbana se habían entregado tres mil millones de pesos; en diciembre asignamos 100 mil, es decir, treinta y tres veces más que lo que había pasado antes. La pregunta es, y la hace Zulema Jattin con toda razón, pero es que la demanda insatisfecha es de setecientos mil millones en esa materia, y si ve la demanda completa insatisfecha en el país es mucho más, porque según los estudios de Planeación, son más de un millón de viviendas las que faltan en términos cuantitativos y cerca de un millón con deterioro de condiciones de vida y necesidades de saneamiento básico, o sea casi dos millones, eso falta mucho más.
Ustedes saben lo que ha pasado desde hace algunos años con la Ley 546. Cada año se asigna para vivienda urbana y rural en este país, 150 mil millones, 120 mil para vivienda urbana y 30 mil para vivienda rural, qué gran esfuerzo, pues en solo diciembre entregamos 100 mil para población desplazada, y ahora tenemos en la convocatoria de junio, 40 mil más, y en rural que no había, estamos entregando 20 mil ahora, con el Banco Agrario, y 10 mil con la Federación de Cafeteros, que son 10 mil más, otras 20 mil. Se preguntarán ustedes ¿es suficiente? Ustedes saben la respuesta, claro que no es suficiente, pero es bueno ver de dónde venimos, porque pasar de 3 mil millones a 100 mil millones, y tener 40 mil adicionales ahora, y que los recursos que estamos entregando este año sean más que todos los que hay para los programas regulares de vivienda, creo que es una magnitud que hay que apreciar. Ojalá tuviéramos mejores condiciones fiscales, pero hay un avance significativo que mostró la decisión política del Presidente al presentar el Plan de Desarrollo, de ustedes al aprobarlo y al hacer la adición para entregar más recursos.
Ahora bien, de una forma irónica, Zulema Jattin y Luis Antonio Serrano decían, que parecía casi ridículo la entrega de tierras, y tienen razón, es que tienen razón, lo que hemos entregado en tierras es muy poquito, cuándo hemos dicho que estamos contentos con eso, y que entregamos una finquita y la Bombay allá en Caquetá, y la otra en Puerto Salgar, y la otra en el norte del Valle, y las que vienen ahora, eso es todavía muy poquito, eso es absolutamente ridículo, tiene toda la razón. Por eso saben ustedes que en el Consejo de Política Económica y Social, Planeación Nacional desde el año pasado dijo: Todas las tierras que tienen extinción de dominio, y hay cerca de dos billones de pesos, y gracias a la ley que ustedes aprobaron del proceso de extinción es mucho más rápido, que quienes tengan vocación agrícola, van a ir por este camino, y ustedes saben que viene un montón en camino. Recientemente aquí en una de las comisiones se habló del tema, y estuvo el Ministro del Interior, el Ministro de Agricultura y el Director de Estupefacientes, y ustedes vieron la magnitud de las tierras que vienen ahí.
Eso es un tema importante y significativo. Pero ¿podemos decir hoy que hemos hecho mucho en materia de tierras? No, la verdad es que no, se ha recuperado una parte, porque la fuerza pública ha vuelto y por eso creo que también es bueno señalar que hay avances, cuando la policía regresa a 168 municipios y la gente puede volver.
¿En qué más no tenemos avances? En generación de ingresos, sí, hoy estamos llegando como lo decían en algunos programas entre el 8 y 15 por ciento, qué maravilla, antes era el 3, pero Zulema, tiene usted razón, es muy poquito que en generación de ingresos sigamos entre el 8 y el 15 por ciento, muy poquito, eso está clarísimo.
Entonces, en síntesis, para terminar el segundo y tercer punto: Hay avances en ciertas materias importantes, hay otros tres puntos en donde no hay avances, claro que sí.
En síntesis, hay avances: 180 pueblos reconstruidos, seis mil viviendas reconstruidas, al día el apoyo de dos salarios mínimos, atención humanitaria de emergencia, 70 mil familias, pasamos de 13 UAOS a 26, de 3 mil millones de viviendas urbanas a 100 mil millones de pesos el año pasado y 40 mil adicionales ahora, el programa de seguridad alimentaria con el primer millón, cien mil campesinos.
Ya hay avances en tierras, de acuerdo, suscribo con ustedes Zulema y Luis Antonio el reclamo al Gobierno y al país que hemos hecho muy poquito en tierras, espero que podamos hacer mucho mejor, pero tienen ustedes toda la razón, cuando las cosas son así, hay que reconocerlas y decirlas, y avances también en registro, avance en materia de educación y de salud.
Ahora ¿cuáles son los grandes retos? Hacemos un monitoreo permanente. Desde que se montó el Plan de Desarrollo, montamos un sistema de monitoreo que nos permitió ir poniendo cada programa al día. Bajo mi responsabilidad hoy hay 22 programas, de los cuales ya tengo 19 al día.
La Contraloría General de la República que hace tres años no fenecía las cuentas de la Red, por segundo año consecutivo, feneció las de Plan Colombia, las de Red, las de ACSE.
Con la Contaduría General de la República hicimos saneamiento contable, todos los hallazgos, la inmensa mayoría de los hallazgos resueltos, y no hay hallazgos ni fiscales, ni penales, ni disciplinarios, solo administrativos, y un plan de mejoría que es significativo.
Entonces, muy importante que avance eso, pero no tenemos al día el tema de restable-cimiento económico con desplazados, claro ¿qué sigue a continuación? Lo primero: Como ustedes ya lo saben, lo sabe todo el país, el Presidente les dijo a ustedes que el 20 de julio tenía que tener varios programas nuevos y aquí viene a rendirles cuentas: Montar el programa de viejitos, de nuevos, de 400 mil con una comida diaria, el Programa de Juan Luis Londoño de la Cuesta, que empezó a funcionar en el país, y el 20 de julio tiene que estar con los 400 mil. Pues bien, los estudios me mostraban que había cerca de 60 mil viejitos desplazados con más de 65 años, o con más de 50 en incapacidad o indígenas; todos ellos quedan incluidos en ese programa. Si ustedes saben de alguno que no quede incluido, nos lo pueden decir, porque a veces como ustedes han señalado, las cifras no son perfectas, los registros no funcionan bien, pero de los 400 mil, los 60 mil viejitos desplazados quedan cubiertos ahí, que no nos quede faltando ninguno.
Segundo, los nuevos recursos de vivienda. La nueva asignación que se hace en las próximas semanas de 40 mil millones, y quién hace la asignación, el Ministerio de Vivienda, con los registros que existen y con las reglas que existen.
¿Qué viene además? Los 20 mil millones en vivienda rural, que los entregamos con el Banco Agrario, y los 20 mil con la Federación de Cafeteros, 10 mil de la Federación y 10 mil nuestros para desplazados retornados en zonas cafeteras.
¿Y qué más viene ahora? Las nuevas cien mil familias en acción. Usted y yo tuvimos un día una discusión Zulema, porque me dijo, qué gracia tiene que ustedes digan que 340 mil familias en acción, si las empezó el anterior gobierno, es que empezó el anterior gobierno el programa y nos gustó, y es muy bueno y lleva no más cuatro ciclos pagados, pero fue muy bueno, y por eso lo ampliamos, y ese programa se acababa el año pasado, y lo decidimos mantener, y este Congreso le dio la aprobación, y va hasta el 2006 ya, y ha funcionado tanto que el Banco Mundial y Planeación Nacional que ha hecho unos estudios muy serios, han recomendado que se extienda este programa, y por eso este semestre lo estamos extendiendo a 400 mil familias, y en el segundo semestre a 500 mil ¿con qué diferencia? Que de las 300 mil familias que tenemos desplazadas, vamos a meter de una vez 100 mil en familias en acción, y usted sabe que familias en acción son para familias que tienen niños o hijos menores de 18 años, un subsidio para alimentación y para que puedan ir a la escuela. Porque el tema no es sólo que tengan el cupo, usted tiene razón, hay muchos cupos que se entregan y no está la plata, ese programa está con plata, organizado y está todo funcionando antes de terminar este año.
Nada más el pasado día de la madre, el domingo 8 de mayo, estuvimos a las nueve de la mañana y tuvimos que hacer el evento en la Plaza de Toros de Cartagena, porque incluimos a toda la población estrato uno, del Posón, casi todos, como usted lo decía, desplazados, en el programa, y el domingo día de la madre, el Presidente quiso que celebráramos en esta zona y nos fuimos para Quibdó, siete mil mujeres, la mayoría desplazadas incluyendo a sus niños, 18 mil niños en el programa, pero incluyendo no es con el discurso, ya empezaron los pagos, y estamos pagando 42 mil millones de pesos cada dos meses y en diciembre tienen que estar 500 mil familias en acción y un millón de niños; un programa sin antecedentes en el país, y que tiene que seguir, que lleguemos a los dos millones de personas en el programa de seguridad alimentaria. Ya lo mostró un estudio de la Federación de Cafeteros y de Agricultura, están aumentando entre dos y tres millones de pesos los ingresos de los pequeños agricultores de siembra, es una cosa lógica. Cuando uno tiene un pedazo de tierra y manos y está en el trópico no se puede morir de hambre, si tiene el 70% del costo de producción que es la mano de obra y la tierra. Por eso ese programa tan bonito, reconocido internacionalmente, lo que consiste es en una cosa muy sencilla: Nos aliamos con los alcaldes, los gobernadores, los comités de cafeteros o de ganaderos, la Iglesia, las ONG, y la Red, ponemos plata que no manejamos nosotros, le entregamos a un operador en el cual la región tenga confianza, normalmente la Federación de Cafeteros o iglesia, y empiezan a entregar vereda por vereda, y la gente de pancoger.
Y no escogemos el programa nosotros, en el Cauca Representante Negret, los indígenas por ejemplo están sembrando Quinua, en la región cafetera, siembran fríjol y maíz, ñame, yuca en otras partes, y el programa creo que ese es parte del éxito, y la gente se ahorra parte del ingreso, porque es que en Colombia mucha gente dejó de sembrar para el autoconsumo, cuando vino la bonanza legal o ilegal, la cafetera, la papicultora, la marimbera, la coquera; la gente ha vuelto a descubrir que tiene al pié con sus manos y con la tierra, mucho cómo ayudarse, y este es un tema de corresponsabilidad ya funcionando.
¿Y qué viene ahora? El desarrollo de la operación que acabamos de firmar con el Plan Mundial de Alimentos; 90 millones de dólares para atender a 500 mil desplazados y niños en estos dos años, están los recursos de la Red y de Bienestar Familiar, falta que acaben de llegar los de la Cooperación Internacional.
Y por último, para responder los temas puntuales ¿qué más nos tiene que faltar? Lo que ustedes han dicho: más recursos, claro que sí, Zulema y Luis Antonio y señores Represen-tantes, más recursos, pero ustedes tienen que verlo muy bien aquí dentro del estudio del presupuesto, cómo vamos logrando.
Planeación señaló que para poderles dar una respuesta integral a los 3 millones de desplazados que hay en el país, necesitamos casi cinco billones de pesos. Se acaba de apropiar el primer billón de pesos, pero faltan cuatro billones, eso es claro. En la medida en que más crezca la economía, y más gente podamos incorporar en los programas de educación y de salud, pues mejor, porque nos va ayudando a resolver el problema, pero nos falta plata para tierras; entre más avance la extinción de dominio, mejor; entre más recursos pueda tener el Incoder mejor, temas que ustedes discuten aquí con Hacienda, pero nos falta.
Nos falta más para vivienda, sí. En vivienda se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero nos falta, perfectamente y para generación de ingresos.
Para terminar, algunos comentarios sobre las anotaciones que han hecho ustedes señores Representantes, reiterándoles el agradecimiento por traer un tema que es sensible y que es fundamental para el país. El desplazamiento ha sido causado por los paramilitares y los guerrilleros de Colombia, porque no ha habido seguridad democrática en Colombia, porque se paseaban como Pedro por su casa por 200 municipios del país, porque habían sacado a la policía, y hacían los que les daba la gana, y por su financiación con el narcotráfico.
Por eso es fundamental para el desplaza-miento, para evitarlo, que la fuerza pública cubra todo el país, y que retomemos la institucionalidad en todas partes.
Entonces, vamos a punto por punto ¿atendemos solo los registrados en las UAOS? No, porque atendemos prevención y con los programas con PMA, y con los recursos del gobierno estamos atendiendo en seguridad alimentaria campesinos en riesgo de desplaza-miento, registrados y no registrados.
Segundo, Representante Luis Antonio Serrano, sí tenemos preferencias y la más grande de todas con razón, en su departamento. El próximo sábado en compañía suya, del Representante Almario y de la fuerza pública, vamos al segundo acto, porque hemos entregado 60 mil millones de pesos adicionales solo para el Caquetá por este tema. Hace cuatro semanas estuvimos en Cartagena del Chairá, usted lo dijo muy afectado, sí señor, hace nueve años las Farc destruyeron el puesto de policía, la alcaldía, la Caja Agraria del momento, y tuvo un desplazamiento gigantesco, y se llenó de coca de las Farc; lo que hicimos hace tres semanas fue entregar la nueva estación de policía, los nuevos colegios, los nuevos hogares de bienestar, el nuevo Banco Agrario funcionando, falta mucho Representante Serrano, y vamos el sábado para San Vicente del Caguán a entregar una serie de obras: escuelas, más cubrimiento en salud, más en educación, la biblioteca que nos donó la embajada de Estados Unidos y otro montón de obras ¿falta mucho? Claro que sí.
Y por eso, su departamento recibió un refuerzo para familias en acción, y se abrió hace 20 días el Banco Agrario, y en la semana siguiente empezó la inscripción de 2.500 familias en acción en Cartagena del Chairá, y en el Paujil, como usted bien lo señaló, muy afectado, nace familias en acción, y en el tema de familias guarda bosques, 800 familias en Valparaíso.
Y usted lo señaló muy bien: Estaban también incluidos Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, no alcanzaron a quedar por ciertas circunstancias que usted bien conoce, pero ahí vamos adelante con esos programas.
Y la reconstrucción. Hay desplazamiento allá grave, claro, por eso montamos la UAO en Florencia, por eso la operación prolongada de socorro que está en 9 departamentos se acaba de ampliar a 18, incluyendo el departamento de Caquetá.
Por eso, como lo hicimos hace 3 semanas con toda la fuerza pública, dejamos constancia de un hecho: Hace dos años y medio encontramos 13 de los 16 pueblos de Caquetá sin jueces y sin fiscales, sin hacer bulla. En ese trabajo que hicimos organizadamente hoy los 16 pueblos de Caquetá tienen los jueces en todos los pueblos del departamento y en todos se montó el Bienestar y el Sena, falta mucho Representante Serrano usted tiene toda la razón. Por eso su conclusión final Representante Serrano es que se han hecho esfuerzos, hay trabajos significa-tivos pero son todavía insuficientes, no le puedo decir que no, completamente de acuerdo.
El tema de la tutela. Les tengo que decir, qué bueno que se haya presentado la tutela. La tutela nos sirvió para que alcaldes y gobernaciones y algunas instituciones del orden nacional entendieran que este tema era fundamental. Así como espero que este debate que se está haciendo en esta Plenaria convocada por la Representante Zulema Jattin y el Representante Luis Antonio Serrano, permita poner esto en el primer plano de prioridades nacionales, porque es que si por algo ha sufrido Colombia, como consecuencia del narcotráfico y de que guerrilleros y paramilitares hayan hecho durante tanto tiempo lo que le dio las gana, no solo es en los 200 pueblos destruidos, es también en los tres millones de desplazados, víctimas e durante muchos años de la falta de acción del Estado, de la indiferencia en las grandes capitales, porque la gente que más sufrió fue la de las zonas rurales y la más pobres.
Entonces ¿la tutela fue útil? Sí, fue útil.
Hemos visto una reacción de alcaldías y de gobernaciones, sí, de muchas entidades, usted me dirá que por qué el Ministro del Interior dijo que no actuamos por ese mandato; por una razón: Porque cuando llegó el Presidente Uribe y les presentó el Plan de Desarrollo, dijo que el tema del desplazamiento por primera vez lo vamos a incluir en las prioridades nacionales, y así se dijo, y por eso nos multiplicaron el presupuesto desde ese año.
Acuérdese usted de que nos habían dejado en el presupuesto para ese año, 20 mil millones, y en la primera adición nos dieron 70 mil, solicitud del Gobierno ese año, y viene subiendo y por eso estamos en lo que estamos, entonces ha sido muy útil esa sentencia de tutela.
Y finalmente hay un tema que ustedes conocen muy bien. El tema del desplazamiento no es sólo de desplazamiento. Si ustedes ven en qué temas tenemos avances; hay avances en materia de seguridad, en materia de emergencia, en materia de seguridad alimentaria, en materia de reconstrucción de vivienda, de reconstrucción de municipios, pero tenemos pocos avances en materia de ingresos, de generación de entrega de tierras y parcialmente en materia de vivienda.
Eso significa que está relacionado con el tema de la pobreza. Por eso es fundamental, para poder darle una mucho mejor respuesta y más rápida a esta materia, que sigamos avanzando en ese esfuerzo que están haciendo los territorios, el Gobierno Nacional y el Congreso, en la universalización de los servicios de educación y de salud, porque eso nos resuelve parte de los problemas que sufren los desplazados.
Y ustedes conocen las cifras mejor que yo. Los dos gobiernos que en la historia de Colombia más cupos educativos han creado, crearon cada uno 400 mil. Las cifras son oficiales, las conocen ustedes y han estado en los informes entregados a este Congreso.
El informe del Presidente Samper y el Gobierno del Presidente Pastrana, cada uno hizo un esfuerzo que permitió 400 mil cupos nuevos en materia educativa, qué maravilla, pero todavía nos quedan faltando mucho más. Con el esfuerzo de ustedes y de las alcaldías y gobernaciones y el liderazgo de esa extraor-dinaria Ministra, Cecilia María Vélez, 1 millón, 100 mil cupos nuevos llevamos en educación, y el año entrante debemos tener 1 millón, 500 mil, falta otro paquete, nos quedarán faltando 500 mil, pero Colombia tiene que dar rápidamente ese salto, porque si tenemos esa universalidad con el apoyo de programas como familias en acción, que como les conté en diciembre va a tener 500 mil familias, eso nos ayuda a resolver problemas de pobreza.
Y el segundo, en temas de salud: 10 millones de colombianos en el Régimen Subsidiado de Salud hace dos años y medio, 15 millones, 600 mil hoy y han crecido en cerca de 3 millones los que están en el régimen contributivo. Entre más crezca la economía más gente se paga de su bolsillo el régimen contributivo y más ayuda en el Fosyga para poder subsidiar régimen subsidiado.
Ustedes están aquí haciendo un trabajo muy importante con el Ministro de la Protección Social para que pasemos a la universalidad, que es un elemento que tiene que ver mucho con esto.
Representante Wilson Borja, quiero darle una respuesta porque se la merece usted y todo el país obviamente. Estoy en la vida pública, siempre he estado en movimientos indepen-dientes, con mucho de sus amigos nos hemos encontrado en muchas partes, porque sabe que hacemos parte de fuerzas que nacimos en la descentralización, con mucha ponderación, con mucho respeto, trabajando básicamente con comunidades, insistimos mucho en algo que a la gente le parece ridículo pero para nosotros es fundamental, es el crecimiento personal; trabajar mucho en el crecimiento, en el amor, ese no es un tema de nuestra prédica, sino que trabajamos que sea de nuestra práctica, trabajar mucho con la humildad, por eso trabajé siempre en el Movimiento Actitud Renovadora, Movimiento Independiente, y usted dice ¿por qué no le explica al Presidente por qué perdió la investidura?
Esta entidad que me condecoró a pesar de ser parte de la oposición del Gobierno de Samper, porque creo que hice un trabajo ponderado, lo sabe muy bien. usted sabe muy bien que hubo un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, y la solicitud por parte de la Procuraduría General que revisaron un fallo. Pero le recuerdo: Cuando estuve en el Senado cuatro años, de 1994 a 1998, no sólo tenía las 10 personas de Unidad Legislativa, sino que de mi bolsillo pagaba 4 más, y una de las personas que trabajaba conmigo en la Unidad de Trabajo Legislativo me pidió permiso para salir al exterior y le di el permiso, y usted sabe cuántas personas trabajan aquí en las oficinas de ustedes, hay espacio para tres o cuatro. Yo pagaba una oficina adicional para que trabajaran y como les pasa a todos ustedes, hay gente que trabaja por fuera. Esta persona que salió hizo su trabajo normalmente y decretaron pérdida de investidura porque el permiso lo había dado el Senador y no la Comisión de Personal del Senado de la República o de la Cámara. Lo que se evidenció después, es que ese permiso la Comisión lo da a los funcionarios de planta de Senado y de Cámara, no a los de la Unidad de Trabajo Legislativo. Por eso la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, y lo digo porque cuando está en juego el tema respeto a todo el mundo, las diferencias políticas, sé que hay diferencias personales, políticas, pero hay un tema que sí es sagrado; yo que vengo de un pequeño pueblo de clase media, ese pueblo que tanto quiero como Pensilvania, le puedo decir ahí está.
Por eso la Procuraduría le dijo al Consejo de Estado: Ustedes acusaron a Luis Alfonso Hoyos, lo acusaron allá, y ustedes saben muy bien en la campaña de la Gobernación de Caldas, dizque porque se había quedado con la plata de una funcionaria. El día que yo me quede con la plata de alguien no pongo la cara ni aquí ni en ninguna parte, no merezco estar en ninguna parte. Eso obviamente lo desvirtuaron porque era absolutamente fácil de desvirtuar.
Lo que dijo el Consejo de Estado es, en algo que no era la acusación, es que le di un permiso a un funcionario y el permiso lo daba la junta de personal, y por eso el Consejo de Estado recibió el reclamo del Procurador, ahí está hace dos años pidiendo la revisión, espero que algún día pueda revisarlo, y ya la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, no solo absolvió sino que dijo las conductas fueron absolutamente diligentes e impolutas, absolutamente.
Y segundo, le dijo el Consejo de Estado, cómo le parece que cuando una persona va a salir de la sede del Congreso el permiso lo da la Junta de personal, si es un funcionario del Congreso, si trabaja con el Congresista lo da el Congresista, así fue, por eso lo puedo decir y puedo salir por todas partes, y usted y yo Representante Borja podemos tener diferencias, pero respeto su ideología, respeto mucho todo el tr abajo, aquí hay algunas de las personas con quienes discuto, Gustavo Petro, que tiene un debate ahora, tenemos profundas diferencias, y eso no hace que no respetemos el trabajo uno de otro, pero creo que en ese tema y usted pide una explicación, usted no lo conocía: lo doy.
Señor Presidente aquí estoy a disposición para las preguntas que haya que responder después de que intervenga el resto del Gobierno.
Gracias Representante Zulema y Represen-tante Serrano por este debate, espero que avancemos, creo que vale la pena que haya más recursos sí, creo que vale la pena que tengamos más apoyo para vivienda y tierra, sí, y lo que ustedes crean que tenemos que corregir estamos listos, y si quieren pedir investigaciones bienvenidas, a nosotros bienvenida la investiga-ción que quiera, entre otras, ustedes saben que el seguimiento a la tutela lo hacen la Procuraduría y la Defensoría, entre otras, para sorpresa suya Zulema, óigalo bien, CICR, ARNUR y otras entidades que usted va a ver dicen: si alguna entidad ha hecho un esfuerzo serio en esta materia, es esa que regento ¡qué bueno que lo digan los otros! Muchas gracias a ustedes.
Intervención de la honorable Represen-tante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
De manera muy breve señor Presidente.
Honorables colegas: Acabamos de asistir al país de las maravillas, todo funciona maravillo-samente: vivienda, salud, educación, algunas pequeñas cosas hay que corregir.
Créame señor Consejero Presidencial que debo vivir en otro país diferente al suyo. De pronto Pensilvania Caldas queda muy lejos de Lorica, Córdoba y no percibimos igual los logros importantes de este país de las maravillas donde vivimos.
Celebro que haya mencionado todas las ejecutorias del Gobierno, en régimen subsidiado de Salud, en vivienda, en educación, pero creo que al señor Consejero encargado de los desplazados le toca ba precisar en atención a desplazados, porque los subsidios de vivienda son para todos los colombianos; el régimen subsidiado es para todos los pobres de Colombia en estrato uno y dos, hasta donde sé; en familias en acción igual se priorizan los estratos más pobres de la población, no todo es para desplazamiento forzado, y uno puede entender que el Ministro Sabas incurra de pronto en imprecisiones o en vaguedades en algunos puntos, pero no el señor Consejero Presidencial encargado de atención a los desplazados.
Reconozco sin embargo su buena voluntad y el interés en que podamos trabajar juntos algún día, Congreso de la República y Gobierno Nacional, para atender el problema de los desplazados.
Y quisiera señalarle que fue este Congreso el que incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo la atención a desplazados; que fue este Congreso el que incluyó en la Ley de Presupuesto General de la Nación los recursos para atender a los desplazados; que ha sido este Congreso el que ha insistido en la atención a esa población vulnerable.
Y por último, pedirle al señor Defensor que nos explique ¿por qué le dan tantas quejas sobres sus registros de población desplazada a la Defensoría? y ¿por qué se niega la atención humanitaria de emergencia y la de estabilidad socioeconómica? Gracias señor Presidente.
Palabras del señor Defensor del Pueblo, doctor Vólmar Pérez:
Señores Miembros de la Comisión de la Mesa, señores Ministros de Despacho, señores Representantes citantes, doctora Zulema Jattin y Luis Alfonso Serrano, honorables Miembros de la Cámara de Representantes: sea lo primero agradecer la cordial invitación que se nos hiciera para formular en el día de hoy algunas inquietudes, comentarios, observaciones y reflexiones sobre el fenómeno del desplaza-miento forzado por la violencia que, a mi juicio, constituye de manera incontrastable una de las manifestaciones más agudas de los niveles de degradación a que infortunadamente ha venido llegando el conflicto colombiano, y que desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo acaso constituya también la fuente primigenia, la fuente primaria de violaciones masivas tanto al derecho de los Derechos Humanos, como de inflaciones al Derecho Internacional Humani-tario.
Las propias estadísticas oficiales y las que maneja las Organizaciones No Gubernamentales defensoras de Derechos Humanos y las que son el producto de las propias indagaciones de la Defensoría del Pueblo, dan cuenta del dramatismo que significa para Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia.
Y a ese respecto quiero congratular a los Representantes citantes por el cuidado que tuvieron en la preparación de su exposición a la largo de la tarde de hoy, porque encuentro que auscultaron las distintas fuentes, tanto estatales como de los organismos no gubernamentales, defensores de Derechos Humanos, que se han ocupado de indagar y de profundizar en las causas, en la etiología y en la necesidad de encontrarle soluciones oportunas y satisfactorias al drama de los desplazados por la violencia.
Pero ahí honorables Representantes comien-za, a mi juicio, el desfase que desde tiempo atrás ha venido presentándose entre la oferta estatal para prodigarles atención integral a los grupos poblacionales de desplazados y la realidad que demanda su atención.
De acuerdo con los datos que maneja la Red de Solidaridad Social que es, como es suficientemente conocido de todos, el organismo del Estado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Atención al fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia, desde el año de 1995 hasta la fecha o hasta el 2004 más exactamente, tenemos un acumulado cercano a 1 millón, 560 mil desplazados por la violencia, pero de acuerdo con la organización no gubernamental conocida como Codhes, en Colombia ese acumulado histórico es cercano a los 3 millones, 400 mil desplazados, y de acuerdo con las bases de datos que maneja la Defensoría del Pueblo, el volumen del desplazamiento forzado podría oscilar entre los 2 millones y los 3 millones de desplazados.
Y ¿qué sucede entonces honorables Repre-sentantes? Que se apropian recursos para proporcionarle atención a 1 millón, 560 mil desplazados por la violencia y la realidad demuestra que esa cifra es verdaderamente superior. Entendemos que cuando hacemos referencia al 1 millón, 560 mil desplazados, pues evidentemente estamos refiriéndonos a los desplazados que ya figuran en el registro nacional de atención a los desplazados por la violencia, que también coordina y administra la Red de Solidaridad Social.
Pero, resulta entonces, como queda dicho, se apropian recursos para atender un volumen determinado de desplazados, y resulta que de acuerd o con las verificaciones y con la atención que también le proporcionan los organismos que hacemos parte del Ministerio Público, de acuerdo con los mandatos que nos han sido confiados y con las responsabilidades que nos han sido asignadas en el marco de la Ley 387 de 1997, nosotros concurrimos al esfuerzo también de recaudar las declaraciones que es el procedimiento que se exige para efectos de que los desplazados puedan adelantar el trámite correspondiente ante la Red de Solidaridad Social, dentro del propósito, como es conocido de todos, de poder ser incorporados al registro nacional y en consecuencia poder acceder de acuerdo con ello a la oferta social del Estado.
Esa realidad en nuestra opinión, significa que de pronto el tratamiento del fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia ha desbordado desde tiempo atrás la capacidad del Estado para afrontarla. Se han hecho esfuerzos muy importantes, que es necesario reconocer en este debate, pero también hay deficiencias y hay debilidades en la política estatal de atención a los desplazados por la violencia.
La primera aproximación que se hizo desde el punto de vista de la necesidad de formular un diagnóstico sobre la realidad del drama de los desplazados por la violencia, se recoge en la Ley 387 de 1997, expedida por el Congreso de la República en el año de 1997, desde luego, pero queremos destacar que esa ley es de iniciativa parlamentaria y a su elaboración concurrieron distintas entidades, que recuerde, la Agencia del Sistema de Naciones Unidas, especializada en el fenómeno de los desplaza-mientos internos y de aquellos desplazados que huyéndole a la violencia también cruzan las fronteras de las hermanas repúblicas, y que al hacerlo pues naturalmente quedan sujetos al derecho internacional para los refugiados.
Al hacer un cotejo entre ese instrumento legal, la Ley 387 de 1997, e instrumentos similares en el mundo, encontramos que difícilmente podría uno disponer de un instrumento que se ocupa de una manera tan objetiva de diagnosticar el drama de los desplazados por la violencia.
La Ley 387 divide en un conjunto de etapas la manera de atender integralmente a los desplazados, como aquí se ha enunciado, a lo largo de las distintas exposiciones, principal-mente por los Representantes citantes, como son la política de prevención del desplazamiento, la política de atención humanitaria de emergencia, la política del retorno, la política de reubicación y la política de estabilización socioeconómica.
El desplazamiento forz ado se presenta inexorablemente cuando falla la política de prevención del Estado; de suerte entonces, que cuando falla la política de prevención del Estado se presenta el desplazamiento, y a partir de ahí comienza lo que al tenor de la Ley 387 de 1997 se conoce como atención humanitaria de emergencia. A ese respecto, quiero con la mayor responsabilidad y objetividad destacar los esfuerzos importantes que ha venido adelan-tando el equipo de la Red de Solidaridad Social, a propósito de la atención que ha venido prodigándoseles y proporcionándoseles a los grupos poblacionales de desplazados; creo que ha habido un avance consistente, un avance importante que merece el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, pero que de la misma manera se registran deficiencias en la atención de los desplazados individuales.
Los desplazados individuales son aquellos desplazados silenciosos, son aquellos desplaza-dos que no tienen quién hable por ellos, como los defensores de derechos humanos, como los dirigentes agrarios, como los líderes sociales, como los maestros, como los miembros del sindicalismo colombiano. Esos desplazados individuales no salen en los medios de comunicación y por consiguiente el impacto que genera en la sociedad su desplazamiento no es mayor.
De manera, entonces, que entratándose de la atención que debe proporcionárseles de la misma manera a los desplazados individuales, hay deficiencias que es necesario superar, tal como hemos tenido ocasión y oportunidad de expresárselo al señor Gerente de la Red de Solidaridad Social, y en los distintos informes que hemos venido, en asocio de la Procuraduría General de la Nación, presentándole a la Corte Constitucional en desarrollo de las recomen-daciones recogidas en la Sentencia T-027 del año 2004.
De manera entonces, que es necesario señor Gerente de la Red de Solidaridad Social redoblar esfuerzos, para efectos de proporcionarles también atención oportuna a los desplazados individuales, y a esa circunstancia muy probablemente esté vinculado el tema que de manera recurrente ha sido objeto de atención en este debate, que es lo relacionado con el tema del subregistro.
Entendemos que hay un procedimiento que es necesario atender y que necesariamente hay que cumplir, y que se están haciendo esfuerzos conjuntos para superar las deficiencias y las fallas que se habían presentado en el proceso de la recepción de las declaraciones por parte de los desplazados individuales, como de los grupos poblacionales de desplazados.
En este momen to, si mi memoria no me es infiel, tenemos alrededor de 26, 27 oficinas de atención y de orientación a los desplazados. Ello significa un esfuerzo que es necesario destacar y reconocer, porque es precisamente a través de estas oficinas en las distintas regiones en donde se concentran los grupos poblacionales de desplazados, en donde hay oportunidad de ofrecerles atención y orientación a los desplazados y de informarles cuáles son las responsabilidades que le asisten al Estado Colombiano en el marco de las previsiones de la Ley 387 de 1997, cuáles son los derechos que les asisten y al mismo tiempo cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus deberes.
De manera, entonces, que es necesario avanzar de manera consistente también en la necesidad de proporcionarles atención oportuna y eficaz a los desplazados individuales y a la defensoría en sus distintas regiones. En las oficinas regionales y seccionales nos llegan de manera permanente quejas que tienen que ver con la falta de atención oportuna a los desplazados individuales por la violencia.
De manera que la etapa de atención humanitaria de emergencia está prevista para tres meses, prorrogable para tres meses más, surtido lo cual viene a considerarse la posibilidad del retorno de los desplazados, que está vinculado necesariamente a la política de seguridad del Estado.
De acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y de acuerdo con los principios que han sido proclamados por el Sistema de Naciones Unidas, los principios rectores para atender a los desplazados por la violencia, tenemos que decir hoy que los desplazados, que los grupos poblacionales de desplazados solo pueden retornar a los lugares y regiones de donde fueron expulsados por obra de la violencia, en condiciones de voluntariedad, en condiciones de seguridad y en condiciones de dignidad.
Lamentablemente, de acuerdo con los propios documentos oficiales, sólo se tiene previsto el retorno de 30 mil familias, que es el equivalente en términos aproximados a 150 mil personas, y si tenemos más de un millón quinientos mil desplazados registrados, eso es el equivalente más o menos al orden del 10%. Entonces, los desplazados no están retornando a aquellas zonas geográficas, a aquellas regiones de donde fueron, huyéndole a la dinámica de la confrontación, expulsados muchas veces, en la mayor parte de los casos, con sus núcleos familiares.
Cuando no es posible, por razones de orden público o las condiciones de seguridad, propiciar los procesos de retorno, se impo ne entonces la etapa conocida como reubicación, y ahí es donde en mi opinión comienzan también la debilidad y las fallas notorias en la política estatal de atención a los desplazados por la violencia, y entonces hay necesidad de proporcionarles en el proceso de reubicación, ya se trate de desplazados urbanos o de desplazados que vienen de los campos de Colombia, oferta urbana de vivienda urbana u oferta de vivienda rural.
Registramos con complacencia que a fines del año pasado, tal como lo ha revelado el doctor Luis Alfonso Hoyos, Gerente de la Red de Solidaridad Social, y los Representantes citantes, que si hubieran apropiado 100 mil millones de pesos; hemos sido informados de que esta suma se va a incrementar en 20 mil o 40 mil millones de pesos más, lo cual significa a todas luces un avance importante. Pero encontramos, haciendo una evaluación muy estricta, muy rigurosa y muy cuidadosa de los informes que la Red de Solidaridad le ha venido reportando a la Corte Constitucional que, del año de 1997, óigase bien, al año 2004, solo se han otorgado 28.295 subsidios de vivienda urbana.
Al mismo tiempo tenemos que poner de presente, que de ese volumen, que de ese universo de los 28.295 subsidios, en el año 2004 fueron concedidos u otorgados 22.451 subsidios de vivienda urbana. En el lapso de ocho años nos parece que es francamente insuficiente el esfuerzo que se ha hecho en todo lo atinente a la oferta de vivienda urbana, así lo hemos venido expresando, lo hemos venido manifestando en los distintos informes que le han sido presentados a la Corte Constitucional y en los distintos escenarios donde hemos tenido oportunidad de compartir reflexiones con los representantes de la Red de Solidaridad Social.
De la misma manera, en el tema de vivienda rural tenemos que decir que desde el año de 1997 al año 2004 solo se han otorgado 5.048 subsidios. En el término de ocho años solo se han concedido 5.048 subsidios para adquisición de vivienda y arrendamiento.
Creemos que las cifras hablan por sí solas y que así como destacamos el esfuerzo del equipo de la Red de Solidaridad Social, en cuanto tiene que ver con la atención humanitaria de emergencia, creemos que los esfuerzos de otras entidades u organismos del Estado, particular-mente los que tienen que ver con el tema de vivienda urbana y rural, no han hecho los mismos esfuerzos.
Del mismo modo, el hoy Incóder, que reemplazó al antiguo Incora, para el año 2005, y me corregirán los funcionarios representantes de las distintas entidades, sólo apropió recursos cercanos a los 3 mil millones.
Palabras del honorable Representante Omar Armando Baquero Soler:
Gracias Presidente. Me parece muy impor-tante lo que está diciendo el señor Defensor del Pueblo. Le pido a la Presidencia que ordene silencio en la sala, que las personas que están en la parte de atrás, que desean conversar sobre otros temas que son diferentes, nos dejen escuchar lo que está diciendo el señor Defensor, y de otra parte pedirle al señor del sonido para que se permita que se escuche suficientemente la palabra del señor Defensor.
Es en ese sentido, le pido que se ordene hacer silencio en este recinto, porque lo que está diciendo el señor Defensor del Pueblo es muy importante y no dejan escuchar.
Continúa el señor Defensor del Pueblo, doctor Vólmar Pérez:
Gracias señor Presidente. Me piden los representantes citantes que les recuerde la cifra que acabamos de revelar sobre el tema de vivienda urbana y de vivienda rural. Hemos dicho que desde 1997 hasta diciembre del año 2004, se han otorgado 28.298 subsidios para el tema de vivienda urbana, de los cuales ósea de 28.295 subsidios en el año 2004 se concedieron 22.451 subsidios. Eso significa a todas luces que la oferta de vivienda urbana acusa unos altos niveles de debilidad, pero reconocemos y destacamos el esfuerzo que se ha venido adelantando como quiera que en el 2004, de esos 28.295, en ocho años, en el año 2004 se otorgaron 22.451 subsidios.
En lo que hace relación con la oferta de vivienda rural y en el término de ocho años, vale decir desde 1997 hasta diciembre del 2004, se otorgaron 5.048 subsidios para adquisición de vivienda y arrendamiento. Ustedes dirán: Bueno y esas cifras de dónde salieron. Esas cifras están recogidas en los distintos informes que en el momento correspondiente le fueron presentados a la Corte Constitucional.
De otra parte, en lo que respecta al proceso de adjud icación de los predios rurales, tenemos que desde 1997 hasta la fecha, solo han sido adjudicados 7 predios rurales, que es el equivalente a 198 familias, y también han sido adjudicados por razón de extinción de dominio alrededor de 9 predios, que a su turno son el equivalente a 74 familias. Si sumamos esas dos cifras, ello nos daría que hasta la fecha solo se le han adjudicado tierras a 272 familias, y si verificamos los recursos presupuestales que fueron apropiados para el año 2005, me corregirán los representantes de las entidades del Estado, encuentro que solo se apropiaron 3.037 millones de pesos, lo cual es una suma francamente insuficiente.
De manera, entonces, que subrayó una vez más, destacó los esfuerzos en cuanto al tema relacionado con la atención humanitaria de emergencia, han habido avances importantes desde el punto de vista presupuestal, conozco los esfuerzos del señor representante de la Red de Solidaridad Social, pero así como destaco sus esfuerzos no destacó la diligencia de otros funcionarios del Estado, particularmente de los representantes del sector agropecuario.
Finalmente señor Presidente, creo en la necesidad de introducirle ajustes sustantivos a la Ley 387 de 1997.
Cuando ustedes tuvieron la honra de elegirme en esta Plenaria como Defensor del Pueblo, uno de los compromisos que asumimos en aquel momento fue el de impulsar la posibilidad de preparar un proyecto de ley. Hemos avanzado en ese propósito, la Ley 387 de 1997 es de iniciativa parlamentaria, por consiguiente entonces para ajustar la ley sólo procedería el mecanismo de preparar un proyecto de ley que bien puede ser prohijado por los representantes citantes, en asocio de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Paz, pero veo que los representantes citantes se han compenetrado de mejor manera con esta problemática, de suyo tan compleja y que requiere el concurso decidido, solidario y entusiasta del Congreso de la República para hacerle frente a esta, que pudiera llamar, tragedia nacional.
Por consiguiente entonces, es necesario preparar esa propuesta y que los representantes citantes y quienes a bien tengan prohijar una iniciativa de esas características, podamos trabajar con empeño y con denuedo en la elaboración de una iniciativa legislativa de esas características, que nos permita remover algunos de los obstáculos y de las talanqueras que nosotros hemos venido identificando en la Ley 387 de 1997, especialmente en los trámites que deben surtirse ante las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a los Desplazados por la Violencia.
Y para concluir señor Presidente, cuando hablamos del drama de los desplazados por la violencia, hablamos de una problemática vinculada ineluctablemente a violaciones sistemáticas, tanto a los derechos humanos como de infracciones al derecho internacional humanitario, y por ello no podemos justificar que las autoridades del sector agropecuario les proporcionen a los desplazados por la violencia el mismo tratamiento que existe en los programas ordinarios para los campesinos sin tierra. Naturalmente que a los campesinos sin tierra hay que continuar ofreciéndoles el mismo tratamiento y por qué no decirlo redoblar esfuerzos, incrementar los esfuerzos, los recursos presupuestales para garantizar una mejor atención, pero cuando hablamos de desplazados por la violencia, lo reiteramos una vez más, hablamos de una problemática vinculada al derecho de los Derechos Humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, y de acuerdo con los organismos defensores de derechos humanos de todo el mundo, allí hablamos de responsabilidades estatales.
No admite justificación que, en el tema relacionado con la oferta de vivienda rural, particularmente en oferta de tierras, las autoridades del sector agropecuario les sigan haciendo exigible a los desplazados por la violencia, a los verdaderos desplazados por la violencia, el 30% que también se les exige a los campesinos sin tierra. El Estado les subsidia el 70%, pero también se les hace exigible ese 30%, que cuando hablamos de verdaderos desplazados por la violencia, hablamos de verdaderos desarraigados, hablamos de campesinos colombianos que quedaron en la orfandad, que quedaron expósitos, que tuvieron que abandonar sus tierras, y por ello en algunos de los procesos de reubicación hemos encontrado que esas tierras no les han podido ser adjudicadas, porque se les hace exigible ese 30% y ellos no tienen con qué hacerlo efectivo, y al no adjudicarles las tierras pues evidentemente comienza todo un calvario porque entonces los desplazados no pueden acceder a créditos productivos, no pueden impulsar proyectos productivos, y por consiguiente los mecanismos que les permitirían garantizar su sostenibilidad hacia el futuro, están encontrando en esas fallas y deficiencias unos obstáculos que es necesario remover a la mayor brevedad posible, y creo que el escenario más apropiado es el de introducirle esos ajustes a la Ley 387 de 1997.
Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias a todos por su atención.
Palabras del honorable Representante Luis Antonio Serrano Morales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Gracias señor Presidente. Como están culminando las intervenciones de los funciona-rios, quiero precisar que lamentablemente la mayoría no se centró en r esolver las inquietudes que hemos planteado, y todavía estamos a la espera de que se nos dé respuesta a las mismas.
El señor Ministro del Interior centró su exposición en tratar de demostrar que en Colombia no hay conflicto armado, ante las aseveraciones de la Presidenta de la Cámara, doctora Zulema, y creo que aquí no hemos venido a un debate para determinar si hay o no hay conflicto armado en Colombia, lo que hemos convocado y hemos citado es a un debate sobre el tema del desplazamiento. Igual, si hay o no hay conflicto, lo que estamos demandando es una mayor atención al fenómeno del desplaza-miento, unos mayores esfuerzos presupuestales, técnicos y humanos, porque la atención que se viene brindado es francamente insuficiente para la magnitud del problema.
Igual nos ha ocurrido con el señor Ministro de Defensa; nos ha entregado unas cifras sobre los resultados de la política de seguridad democrática que aquí en nuestra exposición no hemos cuestionado, que indudablemente ha obtenido algunos logros pero lo que hemos convocado hoy y quiero volver a insistir es al tema y al problema del desplazamiento forzado y cuáles son las posibilidades financieras, económicas, técnicas, del Estado en todos sus niveles para dar respuesta a esta situación.
Creo que el señor Defensor del Pueblo ha sido claro en varias situaciones, el doctor Luis Alfonso Hoyos nos ha entregado unas cifras sobre la gestión que se viene haciendo a través de la Consejería Presidencial para la acción social, a través de la Red de Solidaridad. Lo dijimos en nuestra exposición, reconocemos el esfuerzo que se viene haciendo a través de estas entidades, pero aquí lo que queremos dejar claro es que la magnitud del problema del desplazamiento forzado en Colombia es de tal nivel y de tal envergadura, que es una verdadera tragedia humanitaria para más de 3 millones de colombianos que estamos ante una verdadera crisis humanitaria, que demanda un mayor esfuerzo, una mayor atención, no solamente del Gobierno y del Estado, también de este Congreso de la República, y nosotros así lo hemos demandado desde hace ya algún tiempo.
En el año 2002 señor Presidente, cuando apenas iniciábamos nuestro trabajo en el Congreso de la República y cuando el Gobierno Nacional propuso la creación del impuesto a la seguridad democrática, presentamos una proposición que fue aprobada por la Plenaria de la Cámara, y decíamos: En defensa de los derechos fundamentales y de sus instituciones democráticas, el Gobierno Nacional decretó el Estado de Conmoción Interior, con base en el cual impuso un tributo al patrimonio de los colombianos, con el propósito de preservar la seguridad democrática, esperando recaudar por este concepto la suma de 2 billones de pesos según estimaciones oficiales.
Se solicita al Gobierno, porque según otras estimaciones del Congreso de la República esta cifra podría superarse, que en la eventualidad, como efectivamente sucedió, de superarse el monto previsto, el excedente sobre los dos billones de pesos se destine a la recuperación de la infraestructura física destruida con ocasión de los actos violentos generados por los grupos al margen de la ley, así como a la atención integral del fenómeno al desplazamiento forzado presentado por la misma causa.
Esta proposición fue aprobada por la Plenaria de la Cámara, infortunadamente no tuvo eco en el Gobierno Nacional, para que ese excedente de los 2 billones se hubiera destinado desde aquel entonces a la atención de la población desplazada.
Pero el señor Defensor ha dado unas cifras. Sólo para mencionar el tema de los subsidios de vivienda, nos hablaba de 28.298 subsidios para los desplazados en el período de 1997 al 2004, pero de esos 28 mil, 22 mil corresponden al año 2004 ¿cómo no pensar nosotros que ese esfuerzo mayor se debe precisamente a los pronuncia-mientos de la Corte Constitucional? Es precisamente a partir del año 2004 donde reconocemos que el Gobierno ha venido haciendo unos mayores esfuerzos, donde para el año 2005 y 2006, como lo expresó el doctor Luis Alfonso Hoyos, se ha destinado una suma un poco superior al billón de pesos, todavía muy por debajo de la cifra requerida.
Concluyo, señor Presidente, porque como es lógico esperamos la intervención de los compañeros de la Cámara, repitiendo las palabras que expresó el señor Defensor del Pueblo, he tomado algunas de sus frases. Las cifras hablan por sí solas, dijo el señor Defensor del Pueblo, la atención es marcada y francamente insuficiente, reconociendo el esfuerzo que se viene haciendo a través del Gobierno.
Eso mismo creo que nos dio a entender el doctor Luis Alfonso Hoyos; nos entrega unas cifras del esfuerzo que se viene haciendo pero igualmente reconoce que todavía ese esfuerzo es mínimo. Por eso nosotros esperábamos escuchar de los funcionarios del Gobierno cuáles son sus respuestas y sus opiniones en torno a las propuestas que aquí presentamos, por ejemplo, en torno al impuesto humanitario que hemos propuesto o en torno a darle la destinación específica al impuesto del cuatro por mil a las transacciones financieras o a la realización de la conferencia internacional para tratar el tema del desplazamiento forzado en Colombia, que merece especial atención de toda la comunidad colombiana, así como de la comunidad internacional.
El señor Defensor ha manifestado su anuencia con la propuesta que hemos hecho de una reforma a la Ley 387 de 1997. Esperamos doctor Vólmar que nos acompañe usted en este propósito de proceder a la reforma de la Ley 387, con el concurso de diferentes entidades, de la Defensoría, del Congreso de la República, de la Consejería Presidencial para la Acción Social y además de las Organizaciones No Guberna-mentales que trabajan en el tema del despla-zamiento.
Por lo tanto, estamos a la espera todavía de las respuestas del Gobierno Nacional frente a las propuestas y a las iniciativas que aquí hemos presentado. Muchas gracias.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Solicito a la Plenaria ¿aprueba en sesión permanente?
La Secretaría General informa (doctor Jesús Alfonso Rodríguez):
Así lo aprueba señor Presidente.
Intervención del señor Director de Planeación Nacional, doctor Santiago Montenegro:
Gracias señor Presidente. Soy un damnificado del micrófono, entonces me tengo que poner en esta posición para hacer mi intervención.
Quiero comenzar diciendo que también lamento que al comenzar este debate no se haya hablado de los causantes principales del desplazamiento.
Quiero unirme a lo que dijo el Ministro del Interior, porque creo que todos los que estamos en este magno recinto, en este símbolo de la democracia como es el Congreso Nacional, todos podemos tener diferencias ideológicas, nos pueden separar muchas cosas, pero todos estamos en la misma orilla de la democracia, y creo que ustedes también estarán de acuerdo en que aquí hay unos grupos violentos, terroristas, que han decidido hacer política acabando con la vida de otros contrincantes, que si están en la política democrática y que son ellos y solo ellos los causantes principales del desplazamiento.
Lamento que no se haya hecho y quiero enfatizar ese punto. Que se ha hablado de otras cosas más allá de las preguntas directas que así se han hecho, por supuesto, es que tenemos que hablar de esas cosas, porque si bien hay una causa principal del desplazamiento, también hay una serie de políticas que directa o indirectamente afectan el desplazamiento, y por eso tenemos que hablar de esas causas.
Por eso hay que hablar de seguridad democrática, porque si estamos de acuerdo en ese diagnóstico, tenemos también que estar de acuerdo en que las políticas de la seguridad democrática, en la medida en que han reducido significativamente los índices de violencia, también son una explicación del quiebre de la tendencia del desplazamiento en Colombia y de otras políticas.
Habiendo dicho eso entonces, quiero hacer referencia a la que considero es la principal pregunta del cuestionario. No puedo respon-derlas todas por la brevedad del tiempo.
La Corte Constitucional, en su Sentencia T-025 de 2004, ordenó al Departamento Nacional de Planeación fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal necesario para cumplir con la política encaminada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados. Y después en el auto del 27 de abril de 2004, consideró que esa estimación presupuestal podía ser ajustada a medida que se mejoraba y se precisaba la información de la realidad del problema del desplazamiento.
De acuerdo con lo que ordenó la Corte entonces, el Departamento Nacional de Planeación hizo ese ejercicio de estimación, de cuánto sería el esfuerzo presupuestal necesario para atender a la población desplazada.
Moción de orden del honorable Represen-tante Luis Fernando Duque:
Gracias señor Presidente. El que tiene que respetar es el señor Director de Planeación, porque aquí está es en la Plenaria de la Cámara y usted está acostumbrado en las comisiones y en todas partes, no señor, sujétese y si le van a hacer una interpelación le pide la venia a la Presidencia, pero es que usted está aquí es en la Cámara de Representantes, y en eso nosotros tenemos que tener solidaridad de cuerpo ¡qué tal que aquí un funcionario venga a regañar!, y es que ya no solamente cogió la costumbre de regañar en las comisiones, de mandar callar, sino también aquí en la Plenaria. No señor, guarde compostura, que a usted sí le corresponde como funcionario del Gobierno.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Solicito al Director de Planeación que por favor continúe con su exposición y entre todos vamos a tratar de que el debate se termine de la mejor buena voluntad y de la mejor forma que todos queremos.
Continúa el señor Director Nacional de Planeación, doctor Santiago Montenegro:
Gracias señor Presidente. Es así entonces como el Departamento Nacional de Planeación estimó un monto de 4.5 billones, cifra que se ha venido ajustando tal cual lo permite el auto de la Corte, a medida que se decanta la información de las distintas entidades.
Esta aproximación tuvo en cuenta una serie de variables: La normativa existente para la población desplazada, la información suminis-trada por la Red de Solidaridad Social, los datos entregados por las entidades responsables de la ejecución de la política relacionadas con este tema, y en cumplimiento de ese mandato y haciendo un esfuerzo presupuestal enorme, como aquí se ha reconocido por quienes han intervenido, se asignaron unas partidas presupuestales que ascienden, para el período 2005-2006, a 791 mil millones de pesos, de los cuales en la vigencia del 2005 corresponden a 476 mil millones, las asignaciones las tienen ustedes en l os cuadros correspondientes en las respuestas, y para el año 2006 a 314 mil millones.
Obviamente, cuando esta cifra que asciende casi a 800 mil millones a un billón con lo que se había hecho antes, parece corta y es corta con respecto a ese estimativo inicial, pero a medida que se va atendiendo en términos de flujos anuales nos podemos ir retrasando a lo largo del tiempo, de lo que se había acumulado de los años anteriores, sin embargo, esto no es suficiente, porque tenemos que hacer las proyecciones hacia el futuro.
Hacia el futuro estamos próximos a presentar un documento CONPES, en donde se va a definir este cronograma y estas asignaciones hacia los próximos años.
A nivel central, va a haber un documento que contenga la dimensión presupuestal para las acciones definidas en el plan de acción para la población desplazada, la priorización de la inversión hacia estos grupos y una definición de criterios adicionales para la consecución de recursos de diversas fuentes, que permitan cumplir con estos requisitos.
Pero también se requiere un esfuerzo a nivel territorial. Vamos entonces y estamos ya elaborando ese documento, a presentar un CONPES social que indique criterios para el acceso preferencial de la población desplazada inscrita en el sistema único de registro, a los planes y programas de inversión social de los entes territoriales.
El problema es de una gran magnitud, que necesitamos aunar esfuerzos, la Nación y los entes territoriales para cumplir con esos propósitos.
Para terminar entonces, quiero decir dos cosas. Es claro que el problema del desplaza-miento venía aumentando a lo largo de los años. Es claro también que hacia el año 2001, 2002, hubo un quiebre, y que a partir de entonces, el desplazamiento, medido por unas cifras o medido con otras cifras, ha ido cayendo. Por supuesto que falta muchísimo, como lo dijo claramente Luis Alfonso Hoyos, por supuesto que no estamos satisfechos, pero también es claro que se dio ese quiebre de tendencia y que el desplazamiento hoy es significativamente inferior con el pico que se hizo, que se logró hacia alrededor del año 2002.
Pero estas cifras hay que verlas no solo con relación a ese pico. Hay que hacer otro ejercicio que aquí no se ha hecho y que quiero mencionarlo. Si hubiéramos seguido con la tendencia que venía antes de 2002, y hubiéramos proyectado ese desplazamiento, tendríamos de acuerdo con estas cifras unas 122 mil familias desplazadas por año.
El pico de 2002 fue 92 mil, y hoy tenemos 37 mil, entonces eso hay que ponerlo también en ese contexto, de acuerdo con la tendencia que traíamos. Y como tenemos que hablar de tendencia para esta variable, pero también para otras, porque esos quiebres se han dado también en términos de seguridad y en variables de la economía, quiero terminar diciendo esto. Ese menor desplazamiento es consecuencia de muchas cosas, pero en particular de lo siguiente: De que tenemos, gracias a la política de seguridad democrática, la tasa de secuestro más baja en 10 años; tenemos la tasa de homicidios óigase bien, más baja en 19 años, la más baja desde el año 1986. Cuando llegamos al gobierno había 158 municipios sin presencia de la fuerza pública, hoy todos esos municipios tienen presencia de la fuerza pública; porque hay más confianza y seguridad, tenemos la tasa de inversión más alta en seis años, y porque hay inversión y más confianza en los últimos dos años, la economía experimentó la tasa de crecimiento más alta en diez años; tenemos también las tasas de interés más bajas desde 1992; tenemos las tasas de inflación más bajas en 37 años, lo mencionó el doctor Hoyos; tenemos el incremento en la cobertura educativa, en educación básica y media, más alta que haya hecho gobierno alguno; tenemos un incremento en el régimen contributivo de salud de cinco millones, en el régimen subsidiado de salud de cinco millones, tres millones de incremento en el régimen contributivo.
Por todas esas cosas se quebró también la tendencia que traía la pobreza en Colombia, que había logrado un pico en el año 2002, llegando al 59%, está en el 52%.
Doctora Zulema, no estamos contentos, más de la mitad de los colombianos, siguen siendo pobres, pero quebramos esa tendencia, y por todas estas razones, la pobreza ha bajado y esperamos que siga bajando en los próximos años.
Creo que este debate hay que ponerlo en ese contexto, y quiero terminar diciendo y aplaudiendo y reconociendo públicamente aquí en el Congreso, pero también ante la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo, la labor desempeñada por Luis Alfonso Hoyos. Para todos los miembros del gobierno, ha sido muy grato, muy provechoso trabajar con un funcionario de las dimensiones de Luis Alfonso Hoyos. Muchas gracias, seño r Presidente.
Palabras del honorable Representante Wilson Alfonso Borja Díaz:
Gracias Presidente. Para hablar de desplaza-mientos tendríamos que tener aquí tres fuentes que son las fundamentales en el país. Una es la de la Red de Seguridad Social, que ahora la vamos a discriminar completamente, para mostrar que lo que se hace en el Senado, también se hace en la Red. Segundo, la de la Conferencia Episcopal, el RUD, y tres la de Codhes.
No nos vamos a referir ni a la del RUD, ni nos vamos a referir a la de Codhes, vamos a referirnos a las cifras de la red, resulta que de acuerdo con eso y con esa información de la red, 17 departamentos en Colombia tienen desplazados, y en eso coinciden con nosotros, 363 municipios en Colombia han recibido desplazados. En lo que no coinciden es en las cifras, y ¿por qué no se coincide en las cifras? Miren las cifras de la Red, en su informe de junio de 2004, 1¿474.972 desplazados. En el informe de marzo de este año, 1¿423.955, reducido. La pregunta es ¿por qué? Pues muy sencillo: Los señores de la Red, por vía administrativa, han sacado desplazados.
No sé si es que serán ya empresarios, microempresarios o algo así.
La siguiente cifra: De junio a diciembre del año pasado, 31.431 desplazados los han sacado. De ellos, 22.625 de 1999, y 8.800 de 2000, y tienen en este momento en estudio 70 mil, que quieren sacar.
Esas son las cifras de lo que está pasando con la red, y ¿por qué los sacan? No, los sacan administrativamente. Me imagino que aquí deben explicar por qué, son empresarios, microempresarios o algo así, porque no habría otra razón para sacarlos.
Pero igualmente ¿qué sucede también con el problema de las cifras? Otro temita de ese documento que voy a dejar aquí. El rechazo a los desplazados.
Solo en el Chocó, fueron rechazados el 54% de los que presentaron documentos para ser desplazados, y en Bogotá, que asume el 52% de los desplazados en el país, el 46% fueron rechazados. Por eso es el problema de las cifras, y ¿qué es lo que pasa doctor Hoyos? Lo que hay que decirle al país, que fue lo que no dijo usted, es que usted perdió su investidura como Senador, que es uno de los actos contra la corrupción que más se hace en el país, por haber violado el numeral cuarto del artículo 296 de la Ley 5ª, que nos rige a los Congresistas, o sea por indebida destinación de dineros públicos, porque usted lo que no le dijo al país, así como no le dice estas cuentas de los desplazados, es que usted le dio permiso a su asistente, pero además certificaba que estaba trabajando. Por eso fue que lo sancionaron, y por eso fue que perdió la investidura, no por otro, y esto está en la investigación que metió el doctor Carlos Gaviria, Senador de la República, en la Comisión de Acusación, contra el Presidente de la República por haberlo nombrado a usted. Y van creo que más de 40 congresistas que han perdido su investidura y ninguno de ellos ha sido nombrado. Eso es lo que sucede, y por eso usted le está mintiendo al país, cuando no le da esos datos.
Quiero terminar señor Presidente con dos cosas muy rápidamente. Lo que preocupa es la desfachatez del señor Director de Planeación Nacional, que le dije para que corrigiera y le dijera al país, y no lo dijo, le recordaba las cifras: 4.8 billones de pesos señor Montenegro, se necesitan para esos desplazados, y no dicho únicamente por nosotros, sino por el mismo comité que mira esto y por Planeación, son los que faltan ¿saben cuánto están aportando, para este año? Quinientos setenta y cinco mil millones de pesos, repartidos entre el millón cuatrocientos y pico, daría 373 mil millones por cada uno de los que tiene el doctor Hoyos ahí.
Y si aquí hubiese seguridad democrática ¿por qué es que en el primer trimestre han pedido asilo 2.160 personas colombianas de los desplazados y de la gente que ha pedido en Ecuador y en el resto de países? Al país hay que darle las cifras, y lo que no ha hecho aquí, ni el Ministro del Interior, ni el Ministro de Defensa, ni Hoyos ni el señor Montenegro, es darle las cifras reales que aquí plantearon los compañeros, y qué es lo que está pasando. Esa es la discusión de fondo.
Señor Montenegro, usted lo que está acostumbrado es a repartir un billón de pesos, por eso se lo echó la Corte abajo, como lo hizo en el Plan Nacional de Desarrollo, para comprar conciencia. Eso no es lo que queremos aquí, lo que queremos es información porque eso fue lo que usted hizo con el Plan Nacional de Desarrollo y infortunadamente no hay ninguna figura penal que le prometí, si no eso lo hubiéramos hecho hace mucho rato. Gracias Presidente.
Palabras del honorable Representante Venus Albeiro Silva Gómez:
Gracias Presidente. Trataremos de correr justamente porque entendemos que el otro debate es supremamente importante, el del paramili-tarismo y la política, y queremos todas las garantías en ese debate.
En Bogotá el desplazamiento es una tragedia humanitaria. De los 3 millones de desplazados a nivel del país, 1 millón, 2000 mil se ubican en Bogotá, y la tasa sigue aumentando, y estas cifras las tenemos gracias a la ONG Codhes, porque de lo contrario no tendríamos estos datos y no podríamos saber, por ejemplo, que en el último trimestre del 2005 más de 8 mil desplazados han llegado a Bogotá; que en el 2004 llegaron 40 mil desplazados a Bogotá, y en este trimestre ya van 8 mil desplazados que siguen llegando a Bogotá, de los 40 mil desplazados que hay en el trimestre del 2005 en todo el país. Y uno se pregunta ¿qué está haciendo el Gobierno? Y obviamente los causantes son el binomio de la muerte, los grupos al margen de la ley, los paramilitares que ya tendremos el debate y todo lo que causa, y obviamente la guerrilla, vinculados con el otro que es el narcotráfico.
En Bogotá este fenómeno sí que es duro, porque Bogotá es una ciudad solo receptora, y a Luis Alfonso le consta que Bogotá no expulsa. Luis Alfonso Hoyos nos podría decir de Bogotá cuánta gente retorna a su sitio de origen, nadie, y por qué es una ciudad solo receptora y no expulsora, por ejemplo, a Florencia llegan los desplazados pero como no encuentran ninguna alternativa siguen para Neiva, los de Neiva siguen para Melgar y de Melgar llegan a Bogotá, y llegan a Altos de Cazucá, específicamente a lo que nosotros hemos llamado la frontera del dolor (Bosa, Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, Kennedy y Usme) y ahí se nos genera toda la problemática que tenemos en Bogotá.
Y tienen las estadísticas, y por qué se genera, que Zulema en su buen debate no nos lo dijo, porque se genera el desplazamiento, quiénes lo generan, pues nada más que la fuerza pública, el 19, 16% las fuerzas militares, 3% la policía nacional, la guerrilla el 26%, los paramilitares el 35%, lo que quiere decir que el campo de concentración de Ralito está muy bien. Y nos llega a concluir que la seguridad democrática ha fallado, y los ponentes del debate el doctor Serrano, muy bueno doctor Serrano y la doctora Zulema, me pueden decir si son mentira estas cifras. Así como fueron a otras cifras, estos son los generadores, sumados al narcotráfico, del desplazamiento en el país, y esto lo sabe el Gobierno y lo sabe la Red y lo sabe Planeación y lo sabe el Ministerio del Interior, saben dónde está la enfermedad, saben dónde hay qu e atacar y siguen invirtiendo la plata en la seguridad democrática y ahora en el Plan Patriota: 18 mil hombres para el plan patriota en las selvas colombianas, con la idea de coger un trofeo de guerra, que es la cabeza de algunos de los guerrilleros, eso está bien, y poderlo mostrar para así salvar la reelección. Están invirtiendo una cantidad de plata solo detrás de un trofeo de guerra, como en los tiempos bizantinos, para poder mostrar la cabeza de alguien y salvar su reelección.
No, si fracasa la seguridad democrática compañeros del Gobierno, lo que hay que comenzar a hacer es seguridad ciudadana, porque quiénes somos las victimas, pues los bogotanos ¿cuál ciudad puede recibir en un año 40 mil desplazados, en un trimestre 8 mil desplazados? pues rompe el esquema de planeación, de inversión de cualquier ciudad y por eso en Bogotá se ha aumentado la prostitución, por eso se ha aumentado la violencia, por eso se han aumentado los vendedores informarles.
Esa es la causa real. Los asesinatos de jóvenes es por toda esa cantidad que está llegando a aumentar nuestras localidades del sur, los cordones de miseria y las necesidades sociales.
Por eso nosotros sí le queríamos decir que este debate no puede ser retórica compañeros del Gobierno, tiene que haber soluciones, tiene que haber compromisos y bueno que nos digan, es que para mí ellos siempre son compañeros; ellos cumplen una función que es la función de la derecha, pero ellos saben que están afectando al país y que si este Gobierno, yo sé que se ponen bravos cuando decimos que no hay política social, pero queda demostrado que no tienen política de desplazamiento, no tienen ninguna política real de desplazamiento. El hecho de darles unos pasajes a unos compañeros desplazados para que regresen a las regiones, no es solución, no, que les den un mercadito, no es solución, eso se llama beneficencia, que les den unos tres meses de arriendo no es la solución, hay que crear planes productivos, hay que crear una política de desplazamiento nacional. Creo que Zulema lo planteaba muy bien en las conclusiones de su debate y en alternativa.
Entonces, obviamente que este tema tiene una relación tan directa con el siguiente debate de paramilitarismo y la política, seguimos diciendo que obviamente es el conflicto armado el que está generando todos estos problemas, pues nos afectan a los bogotanos y nos afectan porque nos han aumentado el desempleo, porque nos ha aumentado la tragedia humanitaria que estamos viviendo en las localidades de Bogotá.
Me gustaría que el Gobierno me diga qué va a hacer, si es claro que no tienen política de desplazamiento, no tienen alternativas, que nos dijeran hoy aquí qué van a hacer a partir de acá y que no sigan invirtiendo la plata en la seguridad democrática, sino en la inversión social. Gracias Presidente.
Palabras del honorable Representante Luis Fernando Almario Rojas:
Gracias señor Presidente. En primer lugar felicitar a los citantes, a la doctora Zulema, al doctor Serrano, ya que es muy importante este debate, especialmente con un tema muy complejo, y creo que lo más importante es saber la magnitud del problema. Bien lo decía el doctor Luis Alfonso Hoyos ¿cuántos son los desplazados? ¿Cuánto vale atenderlos? Y ¿cuáles son las causas del desplazamiento en Colombia?
Hay diferentes cifras, hablemos de 2.5 millones, como para hacer un pequeño análisis; 2.5 millones desplazados, en una atención primaria, un millón de pesos, en un proyecto productivo 3 millones de pesos, en un auxilio de vivienda 2 millones de pesos para una familia de 4 miembros, estaríamos hablando de 15 billones de pesos para atender a los desplazados.
Igualmente queremos que se haga inversión en nuestras regiones, en infraestructura, en proyectos productivos, en subsidio a las víctimas, proyectos sociales, en fin todo lo que tiene que ver con atención a las familias desplazadas; 16 billones de pesos se necesitan en este momento para atender a los desplazados.
En el presupuesto pongamos un billón de pesos, solamente quiere el doctor Luis Alfonso Hoyos un billón de pesos, y creo que el Congreso ha hecho esfuerzos, el Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos, pero la plata es mucha, y 500 mil millones o 1 billón es bastante, pero ante este problema la verdad que no alcanza, y en esto creo que el doctor Luis Alfonso Hoyos no puede hacer milagros, y creo que el doctor Luis Alfonso Hoyos tiene más acierto que fallas, porque con el 10% de un presupuesto es muy difícil tener contentos a todos y especialmente atender a la población desplazada.
Por eso no voy a votar la proposición de la doctora Zulema, con mucho respeto, porque creo que el doctor Luis Alfonso Hoyos está haciendo milagros, podemos decirlo así, para t ratar de atender a la población desplazada y necesita nuestro apoyo, necesita una política de desplazados donde logremos por ejemplo, cuánto necesitamos, esa plata, 5 mil millones de dólares, la Contraloría habla de 3 mil millones de dólares, la red habla de mil quinientos millones de dólares, lo que decía hace unos momentos algún Representante, para disminuir el desplazamiento, pero para atender el desplazamiento y para que no siga, pues necesitamos la seguridad democrática.
En el presupuesto nacional de este año tenemos 4 mil millones de dólares, 11 billones de pesos, y dicen que necesitamos aumentarlo, porque si no tenemos la seguridad de que la gente pueda regresar a sus regiones, el desplazamiento continúa.
Pero igualmente necesitamos el fortaleci-miento de las economías locales para ganarle la guerra al narcotráfico, que es lo que de alguna manera está alimentando todo el problema en Colombia. Para eso creo que necesitaríamos por lo menos otros 5 mil millones de dólares.
Y a esto es lo que llamo la reparación a las regiones.
En el proyecto que vamos a discutir, de Justicia y Paz, tenemos que manifestar que nos gusta reparación a las víctimas individualmente y colectiva, pero necesitamos ante todo una reparación a las regiones, porque todos estos problemas de conflicto se dan por la falta de presencia del Estado, porque no hay oportuni-dades, y necesitamos hacer desarrollo para que desaparezca el conflicto en nuestras regiones apartadas de la patria.
Hablando del Caquetá, necesitamos reactivar la economía del departamento y les quiero contar que allí se está haciendo un gran esfuerzo, con agenda retrospectiva, con agenda unitaria, agenda interna, pero necesitamos la cooperación internacional.
No entendemos que Caquetá quede por fuera de la cooperación internacional, como igualmente en proyectos como la familia guardabosques, pero el gobernador, los alcaldes, los parlamentarios hemos ido a Presidencia de la República, a la acción social, a la Red y nos ha atendido y hoy ya está siendo prioridad el Caquetá para estos proyectos.
Los problemas son muchos y necesitamos bastante. Cualquier inversión nos parece poco. Claro, si hay un proyecto limitado a nivel nacional, un presupuesto limitado a nivel nacional, habrá un presupuesto limitado para nuestras regiones, pero no podemos decir que no se han hecho esfuerzos. Fíjese en Caquetá: 7. 900 en el programa de familia en acción se están atendiendo en el departamento; jóvenes en acción con el Programa Fondo Emprender del Sena se está adelantando; se ha incrementado considerablemente el régimen subsidiado, aumento de cobertura educativa, atención a la tercera edad; igualmente en la reforma agraria tenemos hoy un proyecto de 2 mil millones, cuando se les está entregando a 200 desplazados la tierra sin pedirles nada a cambio, ni el 30% anterior, simplemente la cantidad de la tierra con un proyecto productivo con créditos blandos de 7 mil 500 millones; infraestructura, vías, energía. Estamos en este momento con muy buenas posibilidades hacia el futuro.
Pero lógicamente, bastantes recursos pero no son suficientes, necesitamos más y por eso es necesario hacer un esfuerzo como lo decía el Director Nacional de Planeación entre Nación, comunidad internacional, departamentos y municipios, y ahí estamos tratando de que Planeación Nacional nos ayude. Hay la mayor disposición del doctor Santiago Montenegro para esos documentos Conpes que usted está anunciando en política social, que llegue a nuestras regiones, lo estamos necesitando y de alguna manera en el departamento hay recursos que se están haciendo a nivel de cooperación internacional, pero es necesario señor Director de la Red de Seguridad Social, clarificar aún más especialmente los operadores. Si ustedes han puesto atención, estamos en eso para que se edifiquen los proyectos y tener el ejemplo de la ARD que hace una socialización con los gobernadores, con los alcaldes y con las comunidades.
En fin, creo que es muy difícil venir a que de un momento a otro solucionemos el problema de los desplazados, es muy complejo, pero necesitamos que en el presupuesto nacional el Congreso de la República, hagamos los esfuerzos y pidamos crédito si es necesario, pero son muchos los recursos tanto en la parte de atención al desplazado, 5 mil millones de dólares, 15 billones de pesos aproximadamente, y por lo menos otro tanto para hacer la reparación regional.
El día que logremos que nuestros campesinos tengan opciones valederas, se acaba eso de fumigar, sembrar, volver a fumigar, volver a sembrar, eso no da resultado; necesitamos opciones lícitas y de esa manera acabamos con el narcotráfico, acabamos de esta manera también con quienes financian los grupos armados ilegales y evitamos el desplazamiento. Es una política integral, estructural lo que estamos necesitando en Colombia, y de esa manera podemos buscar una solución definitiva y encontrar la paz.
Creo que el doctor Luis Alfonso Hoyos está haciendo esfuerzos grandes, vemos las cifras, vemos adelantos, claro, con ese presupuesto no lo va a hacer todo pero sí necesitamos apoyar al Gobierno Nacional porque por lo menos tiene la intención de colaborar con nuestra tierra. Ahí lo estaremos acompañando el próximo sábado en San Vicente del Caguán donde se van a entregar obras por 13 mil millones de pesos, muy importante, aquel municipio que lo dio todo por la paz y que después ha tenido todas las represalias por parte de los grupos armados ilegales; más presencia, allí vamos a encontrar más necesidades, todos, el Congreso, el Gobierno, toda la sociedad, la gente de bien luchando para que logremos que el conflicto o el enfrentamiento o el terrorismo acabe nuestro país y podamos de verdad tener opciones lícitas y buscar paz e igualmente que no haya desplazamiento. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Bérner León Zambrano Erazo:
Gracias Presidente. Creo que este debate fue citado hace dos años con la Bancada Uribista, hoy dos años después lógicamente no pierde la vigencia doctora Zulema, doctor Serrano, los problemas siguen, las dificultades en unas regiones se incrementan, y creo que hay unos departamentos y unas regiones que ameritan mayor atención que otros.
Lógicamente el desplazamiento, creo conocer junto con ustedes las causas, el motivo, por qué se produce, el enfrentamiento en que se vive en las regiones con grupos alzados en armas, de la insurgencia, la misma fuerza pública, el mismo paramilitarismo, la misma situación de la siembra de coca o de amapola, del narcotráfico, y de la misma pobreza que se vive en los campos también.
Aquí lo que tenemos que hacer es afrontar con la verdad la situación. Para nadie es desconocida la crisis en que se vive, eso no lo podemos discutir. En nuestra mente solo se quedan los 3 millones 400 mil, o los 2 millones según la Red, en fin, y creo que ese no puede ser el factor de discusión, como tampoco puede ser si es conflicto interno o si es el terrorismo, en fin, vivimos una situación difícil y es ver cómo es que la vamos a afrontar.
Uno se podría preguntar y ¿por qué según unos datos doctor Hoyos, en departamentos como el Chocó, al 58% se le negó el registro, o en Norte de Santander, al 51% se le negó la posibilidad de que se re gistren, para que tengan posibilidades al acceso de estas ayudas humanitarias, o en promedio el 27% no han tenido la posibilidad de registrarse? Y ahí vamos a encontrar unas diferencias significativas, pero no podemos desconocer, que es falso, que se venga disminuyendo el desplazamiento, eso no es cierto.
Las cifras y a uno le llama la atención de mirar cómo se ha venido del 2002 incrementando al 2001, al 2002, en el 2003 se produce una baja, hay que reconocerla, tanto por el informe que da la Red como también por el informe que da la Consultoría de Derechos Humanos, ahí se produce una disminución importante que se le tiene que reconocer, pero luego se produce un incremento, en el 2004, y ahí es donde la red ya no reconoce ese incremento; como también se produce un incremento en el 2005, que la red tampoco lo reconoce.
Tengo un ejemplo y esa es la constancia que rápidamente por el tiempo que me da señor Presidente de los cinco minutos, quiero dejar, es que le pongamos doctor Hoyos, señor Ministro de Defensa, y Ministro del Interior, junto con el paisano nuestro el doctor Santiago, que le pongamos muchísima atención al departamento de Nariño. Allá no se es ajeno a lo que viene ocurriendo: En el 99 teníamos 4.500 desplaza-dos, y ahí se viene un incremento, y en el 2002, 14.057 desplazados, en el 2003 baja a 9.000 y en el 2004 vuelve y se incrementa, y en el primer trimestre del 2005 nuevamente se incrementa y vamos según la proyección a tener 16.000 desplazados en el 2005.
Pero ¿por qué hay que tenerle cuidado a Nariño? Porque Nariño es estratégico para esta clase de fenómenos que se pueden presentar para la misma guerrilla, llámese Farc o los elenos o llámese paramilitarismo.
No quisiera dar la cifra aquí de cómo Nariño el problema que tiene de la siembra de cultivos ilícitos, que hace un año nos decían en un consejo que teníamos 15.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y van fumigando creo 70 mil hectáreas, y eso no es cierto, y los datos vuelven y no coinciden, pero el problema existe, Nariño tiene fronteras, tiene Costas, tenemos salida al mar, tenemos montañas, pero no hagamos que estas potencialidades las utilice la delincuencia, que las utilice la insurgencia. Hagamos todo lo contrario, que estas potencialidades que tiene Nariño se vuelvan en la búsqueda de un desarrollo para la región, pero eso lo logramos con inversión, eso lo logramos solucionando el problema de los desplazados pero también pensando en el futuro, pensando que así como estas gentes han vuelto a Nariño estratégico, que el Gobierno lo vuelva estratégico, pero para el desarrollo, que pensemos en la Costa Pacífica, que pensemos en esas regiones de la cordillera.
Quisiera dejar esa constancia, de que así como se incrementa ese desplazamiento en todo el país, Nariño tampoco es ajeno a ello, pero amerita a que aparte de tener en cuenta el desplazamiento de la gente, también le empecemos a colocar fuertes inversiones en esta región, en las regiones que mayores dificultades van a tener hacia el futuro. Muchas gracias Presidente.
Palabras del honorable Representante Omar Armando Baquero Soler:
Gracias Presidente. En primer lugar, debo celebrar que después de dos años se haya hecho este debate que me parece muy importante, felicitar a los citantes por el trabajo que hicieron, que muestra la cruda realidad de lo que está viviendo nuestro país en cuanto hace relación a la problemática del desplazado.
Aquí se ha hecho una radiografía clara de cuál es el problema que tenemos en el país y ahora nos queda como congresistas y a las autoridades gubernamentales, llámense del orden nacional, del orden departamental o municipal, el trabajo para que cada día tengamos menos desplazados señor Ministro, que no obedece solamente a los problemas que hay del terrorismo o de la guerrilla o del paramilitarismo, sino desplazados forzados también por la misma acción del diario vivir, dada la falta de políticas claras de apoyo en nuestro país al sector agropecuario, a la gente del campo.
Si nosotros revisamos la historia de nuestro país, hacia las décadas del 50 y el 60, la mayor población de nuestro país era la población del sector rural, pero poco a poco por falta de apoyo al sector rural, se han venido desplazando los campesinos, los agricultores, los ganaderos hacia los centros, a engrosar la problemática de las grandes ciudades, a aumentar los problemas sociales de los cuales han hablado varios de los compañeros.
Por eso esa cifra que nos dan de cerca de 4 millones de desplazados, más exactamente 3 millones 472 mil desplazados, es una cifra alarmante, si nosotros miramos cuál es el total de la población colombiana y cuál es la población activamente trabajadora o la población activa del país.
En el caso de mi departamento, tengo una gran preocupación con las cifras, doctor Serrano y doctora Zulema, aun cuando ustedes presentan unas estadísticas que son acordes con lo que dice allí, creo que 11 mil desplazados en el Meta es muy poquito.
Nosotros venimos de padecer graves problemas por haber aportado a la paz de nuestro país, permitiendo que tres de los municipios de nuestro departamento fueran escogidos como la zona de despeje o la zona de las conversaciones en el anterior gobierno, y eso motivó que se presentaran muchos problemas en la región, y uno de esos graves problemas fue el del desplazamiento: hoy la población desplazada es muy superior a las cifras que aquí se presentan y por eso merecen toda la atención al respecto.
Vemos cómo algunas cifras vienen disminuyéndose, vemos cómo las cifras de desplazados en razón a los cultivos ilícitos, han pasado del 2002, de más de 400 mil desplazados a 137 mil, y eso es una muestra de que se está trabajando en ese sentido.
Nos preocupa la radiografía que han presentado los congresistas, nos preocupa que aún tengamos más del 50% de los desplazados sin acceso al Sistema de Seguridad Social, eso es serio, es grave.
Me agrada la sinceridad del señor Director de la Red de Solidaridad, el doctor Alfonso Hoyos, cuando dice que solo se han expresado cifras que ya habían sido expuestas desde luego por los congresistas, que cuando solo se han otorgado 33 créditos para los desplazados, solo se han hecho siete proyectos para 750 personas a través de Fomipyme, que solo se ha dado atención a 128 mil personas, atención y asistencia alimentaria, que eso es insuficiente y eso está claro y es bueno ser franco y aceptar la realidad de las cosas.
Pero creo que debemos mirar desde el Congreso de la República y pedirle de manera muy especial al Gobierno Nacional, que hay voluntad de trabajo por parte de la Red de Solidaridad, pero sin recursos no se puede hacer absolutamente nada; que es un momento oportuno, cuando se está elaborando el Presupuesto General de la República para el próximo año, para que allí, en la Dirección Nacional de Planeación, doctor Montenegro y usted que ha expresado que conoce la situación, miremos cómo la parte presupuestal para atender a los desplazados sea incrementada y no que venga solamente en un discurso bonito doctor Montenegro, sino que sea un hecho, que sea una realidad; que revisemos cómo es que se está ejecutando el gasto público, cómo sigue el gasto en materia burocrática, cómo siguen las nóminas parale las aquí en los diferentes ministerios, y entonces miremos de dónde podemos sacar recursos para tratar de llegar a esa partida que usted ha expresado y que todos conocemos que es alarmante y que se necesita para atender a toda la población desplazada.
No es posible y aquí lo ha dicho el doctor Serrano y en eso estoy totalmente de acuerdo, que las autoridades del sector agropecuario les den el mismo tratamiento a los desplazados que a un campesino común y corriente. Es necesario que haya unos tratamientos especiales en materia de entrega de tierras, en materia de otorgamiento de créditos y otras cosas similares.
Algo importante. Señor Director de Planeación, para que lo conversen con el señor Ministro de Hacienda: Los excedentes de los dos billones que era la aspiración de recaudar dentro del programa del nuevo impuesto para la seguridad democrática, esos los podemos utilizar en políticas de atención a los desplazados.
¿Qué va a pasar con relación al TLC? Que es una pregunta que no respondió aquí ninguno de los citados, me parece que eso es algo que debe respondernos en los momentos siguientes por parte de los funcionarios citados.
Al señor Defensor del Pueblo, me agrada la forma como está orientando esta política de atención a los desplazados y por eso el informe que él ha presentado me parece que es crudo y también está haciendo lo que puede de acuerdo con los recursos que tiene la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, si bien es cierto que felicito a los citantes por la exposición que han hecho, por lo que han tratado, no estoy de acuerdo con la proposición que han presentado, lo quiero decir de una vez, y pido que esa proposición sea votada nominalmente y que no estoy de acuerdo, porque la Contraloría General de la República le ha fenecido la cuenta general del tesoro al informe que ha presentado la Red de Solidaridad, y eso ya es un buen síntoma; yo pertenecí a la Comisión Legal de Cuentas y son pocas las instituciones del Estado, han ido en aumento, las que presentan un estado de cuentas claras, y en ese sentido que tenga el visto bueno de la Contaduría General de la República y de la Contraloría General de la República, me hace creer que las cosas allí desde el punto de vista administrativo están funcionando bien, por eso no voy a firmar esa proposición y pido que se vote nominalmente.
Creo que el señor Director de la Red está haciendo lo que puede con los recursos que tiene y es nuestro trabajo, y sí debemos nosotros llamar la atención a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda para que se revise de dónde vamos a sacar los recursos para aplicar mayor partida presupuestal en el año 2005.
Palabras del honorable Representante Hugo Ernesto Zárrate Osorio:
Gracias Presidente. Creo que cualquier observador desprevenido, después de analizar las cifras de Codhes y los detalles presentados por los citantes a quienes felicito, puede hacer una afirmación con un juicio absolutamente claro y hacer una afirmación de bulto, y es la siguiente: Doctor Hoyos, creo que gravísima crisis humanitaria del desplazamiento forzado, termina siendo el punto de quiebre de la política de seguridad democrática del Gobierno; dijéramos que es el mayor mentís de esa política por tres consideraciones que podíamos hacer de acuerdo con este debate, doctor Hoyos.
Primero, para estar hablando de dos millones y medio de desplazados, es porque sencillamente la política de seguridad democrática no ha dado resultados en la defensa de la vida, honra y bienes de la gente humilde, de los pobres de Colombia, porque los desplazados son miles de humildes campesinos de la zona rural y de los municipios más pequeños de Colombia; los desplazados no son los banqueros, los desplazados no son los altos ejecutivos de las multinacionales ni los altos ejecutivos del gobierno, ni de las distintas entidades públicas y privadas que desde Bogotá dirigen este país: son los más humildes de Colombia, esos son los desplazados.
Segundo, la cifra que trae Codhes es absolutamente clara. En los últimos siete años ha habido un promedio de 310.680 personas por año desplazadas en Colombia, y este promedio no se ha quebrado, se ha intensificado, por eso ellos mismos traen el dato de que cada día de este primer trimestre del 2005 se han desplazado forzadamente 688 personas diariamente.
De manera, que nos alegramos señor Director de Planeación con que se hayan disminuido los secuestros. ¡Cómo no nos vamos a alegrar por eso! Pero esta cifra del desplazamiento definitivamente es un mentís para la política de seguridad democrática.
Y hay otra cifra y esa sí es bien curiosa, y es lo siguiente. El desplazamiento de estos humildes campesinos de la zona rural y de los pequeños municipios de Colombia, se ha intensificado y proviene de las zonas donde hace presencia con mayor intensidad el Ejército. Lo que quiere decir, y esto tiene que ver con lo que decía el Ministro.
Señor Ministro: No crea que la diferenciación en el diagnóstico de la violencia en Colombia de un conflicto armado a un terrorismo, es una simple diferenciación semántica. La diferen-ciación es una diferenciación que tiene implicaciones militares, políticas, económicas, sociales, nacional e internacionalmente como esta. Claro, en la concepción del Gobierno de que hay es terrorismo en Colombia y no un conflicto armado interno, es nada menos y nada más que la simplificación del conflicto de la violencia. Con esa simplificación entonces, hacen una estrategia bipolar de estado adversario y la sociedad civil la ubican en una zona gris, donde los que no estén de acuerdo con el Gobierno o les haya tocado que pagar vacuna a la guerrilla, por falta de defensa del Estado, lo califican inmediatamente como cómplice o auxiliador de la guerrilla. Y por eso esa gran política de detenciones masivas, donde han capturado doce mil personas, de las cuales han tenido que soltar más de once mil, o sea, que fuera de la crisis humanitaria por el desplaza-miento, ese concepto que a usted le parece caprichoso, nos ha conducido también a una crisis humanitaria de garantías procesales de libertades públicas, contra gente humilde, contra sindicalistas y contra gentes dirigentes y líderes de la oposición política democrática. Muchas gracias, señor Presidente.
Palabras del honorable Representante Oscar Darío Pérez Pineda:
Muchas gracias señor Presidente. Debo comenzar celebrando este debate, celebrando la investigación y el análisis sereno y profundo que han hecho los citantes. Hay que felicitar a la doctora Zulema y al doctor Serrano, pero también debo indicar, que pocos funcionarios he visto tan respetuosos como lo es el doctor Santiago Montenegro. La verdad es que quiero entender que ese pequeño percance no obedece más que a una falta de comunicación y un buen entendido.
Aquí estamos hablando del desplazamiento forzado y siempre lo ubicamos o lo conectamos con la violencia, pero el desplazamiento también es forzado por otra multiplicidad de causas: La pobreza, la falta de oportunidades, la falta de educación superior, la insalubridad, la falta de empleo, la falta de inversión en las provincias y en los pueblos de Colombia, son también una de las causas que motivan, que propician el desplazamiento forzado.
Y en eso me asiste una gran preocupación.
Antioquia, señor Presidente yo le pido que me ayude con un poco de más condiciones porque no soy capaz de concentrarme así señor Presidente.
La verdad es que Antioquia, según las cifras que mostró el doctor Serrano, es el departamento que lleva la bandera infeliz y vergonzosa del mayor número de desplazados en Colombia. No es la Capital de la República, como de pronto se ha mencionado, es mi departamento, y algunos ligeramente señalan a Antioquia como un departamento rico, les quiero decir que según el último estudio de Planeación, después del Valle de Aburrá, Antioquia es el departamento más pobre de Colombia. Y no veo allí las optimistas cifras, y además lo merecen de las propuestas y de las inversiones que se vienen haciendo en otros departamentos de Colombia.
Quisiera pedirles también a los funcionarios nacionales que se quiten de la cabeza esa prevención de que Antioquia es un departamento que todo lo puede hacer con sus recursos. Eso no es cierto, y creo que hay una famélica inversión, si la vamos a mirar frente a las necesidades y a la desproporción de nuestra problemática; es el departamento de mayor número de desplazados en Colombia, y vuelvo y repito, no solamente desplazados por esa condición de la violencia, sino por las otras medidas o las otras causas del desplazamiento.
También estoy de acuerdo con las cifras, a pesar de que hay fuentes diferentes. El Codhes se alimenta de unas fuentes de información estadística, pero por esa razón no puedo despreciar las cifras que nos acaba de entregar la Red de Solidaridad, que nos acaba de entregar Planeación Nacional.
Veo un quiebre en la tendencia, un quiebre apreciable. Las cifras que nos dieron los citantes dicen que el número de desplazados del 2002 de 380.158, pasó a 187.573 en el 2003. Tengo que creerle a los citantes, y además eso es corroborado con el informe de la evolución del desplazamiento forzado en Colombia, de Planeación Nacional, que dice que el número de familias desplazadas cayó un 46%, en el 2003, frente al 2002, y un 24% 2004 frente al 2003, y se estima que con eso se evitó el desplazamiento de 84 mil familias.
Creo que esas son cosas que también hay que reconocer y en cierta forma hay que ponderar.
Por esa razón tampoco coincido y estoy de acuerdo con el doctor Omar Armando Baquero, de pedir investigaciones por falta de acción de una entidad que, hasta donde el doctor Hoyos explicó aquí, creo que hay un gran esfuerzo, un monumental esfuerzo, seguramente insuficiente, los recursos no alcanzaran, nos faltarán muchas más posibilidades fiscales, pero veo una política, una intención, una decisión del Gobierno Nacional en esa materia. Por eso quisiera ponderar de cierta manera esto.
Las propuestas de los ponentes algunas son muy posibles y creo que lo debemos hacer, y la propuesta de la conferencia internacional, claro, pero le voy a contar a esta Cámara y a este Congreso, que las conferencias internacionales para que puedan asistir los Congresistas tenemos que hacerlas en Colombia. Cómo le parece que Naciones Unidas, el Congreso Interparla-mentario, decretó en Naciones Unidas un debate sobre la violencia en Colombia, en Washington y ningún Congresista de Colombia pudo asistir, porque el rubro de desplazamientos en este Congreso está proscrito.
Igualmente la reforma a la Ley 387 de 1997, me parece pertinente. Lo del cuatro por mil, me parece que hay que analizarlo a la luz de las rentas con destinación específica, pero bienvenido sea.
Los presupuestos territoriales, claro, los municipios y los departamentos también se tienen que pellizcar, porque el problema del desplazamiento no es solamente nacional, también es un problema local y también es un problema de inversiones locales.
Y la modificación de la Ley 715 en recursos para salud y educación y saneamiento básico y agua potable también hay que hacerla.
Y finalmente señor Presidente, sé que Bogotá ha sido un receptor de muchas de las problemáticas nacionales, eso es cierto, y sabemos que aquí hay mucha concentración de los desplazados buscando oportunidades, pero también creo que aquí algún día tendremos que ev aluar, al menos en las noticias de hoy, lo que los indigentes de Cali y Medellín están diciendo, que los montaron en unos buses para trasladarlos allá. Ojalá no estén modificando las estadísticas por esa vía. Muchas gracias, señor Presidente.
Palabras del honorable Representante Carlos Enrique Soto Jaramillo:
Gracias Presidente. Un reconocimiento para los citantes.
Lo primero que hay que decir es que aquí hay tres actores fundamentales, como ya lo han dicho, que es el narcotráfico, el paramilitarismo y la subversión, causantes del desplazamiento en Colombia.
Lo segundo es que el desplazamiento si es traumático, voluntario, pues obviamente que es una tragedia si es forzoso, y eso no lo podemos desconocer.
Lo tercero que me parece de vital importancia, es que aquí se han hecho unos muy buenos esfuerzos, ha habido un rezago del pasado, de gobiernos anteriores, de todo este proceso de desplazamiento, y además de eso que no solamente es un rezago del desplazamiento, sino que también la misma política que ha asumido este Gobierno conduce a que los que estaban en municipios donde se cultivaba la coca y otros estupefacientes, pues se han desplazado.
El señor Ministro manifestaba de la satisfacción de acuerdo con su informe, de que ya se ha llegado a los 200 municipios y hay que hacerle un reconocimiento al esfuerzo del Gobierno Nacional, a este Congreso que ha acompañado sin duda alguna las políticas que se han desarrollado en estos últimos 3 años.
Bienvenida la institucionalidad, a los diferentes municipios señor Ministro de Defensa, bienvenida la policía y los Jueces, pero tenemos que caer en cuenta de una cosa fundamental: El desplazamiento esencialmente no se da desde las cabeceras municipales, desde la parte urbana, el desplazamiento básicamente, como ya lo han anotado, se da en este país desde el campo, donde se han incubado los problemas de subversión y de narcotráfico en todos estos años que nosotros llevamos en este país de padecerlos.
Por lo consiguiente señor Ministro y señores funcionarios, tenemos que arreciar. Si bien es cierto hemos hecho una política importante, tenemos que arreciar para llegar al campo. No podemos seguir solamente expresándoles en los informes a la sociedad Colombiana, que llegamos a las cabeceras municipales, que estamos reconstruyendo precisamente la destrucción de los alzados en armas, tenemos que decirles que le estamos brindando una verdadera seguridad al campo colombiano, que les estamos llevando también programas institucionales a los campesinos, para que puedan producir sanamente, para que puedan ayudar, como lo han hecho a través de toda la historia, a la construcción de este país.
Eso es fundamental, de otra manera nosotros no podemos solucionar el problema del desplazamiento.
El señor funcionario, el doctor Hoyos y los demás, podrían tener la maquinita para emitir el dinero y ni siquiera así es posible solucionar el problema del desplazamiento, si no hay una política de fondo, una política integral, porque el desplazamiento no es solamente por el conflicto armado o por los problemas de terrorismo en este país; el desplazamiento es por otras razones fundamentales.
En nuestro departamento concretamente, doctor Alfonso Hoyos y demás funcionarios, necesitamos llegar no solamente con la autoridad a Quinchía, a Pueblo Rico, a Mistrató y a los demás municipios, necesitamos llegar con programas de tipo social, porque si ustedes cogen las estadísticas se podrán dar cuenta fácilmente que no solamente aumentó dramáti-camente el desplazamiento en estos últimos años, en el 2004, sino que la tendencia del 2005 es de igual manera dramática.
Programas sociales, institucionales, necesita-mos allí en estos departamentos que integran el Eje Cafetero, pero que también han sido un apalancamiento como tantas veces lo he dicho para la economía del país.
Y por último, pienso que hemos escuchado con respeto una sustentación de la política con los pocos recursos que ha tenido el funcionario y los diferentes funcionarios, pues no creo razonable, respetando los conceptos diferentes, que el mejor aporte sea mandarlo a que se le i nvestigue en las Procuraduría, cuando lo que tenemos que hacer es colocarnos la camiseta todos, para optimizar el tiempo y los recursos tanto humanos como económicos, para sacar este país adelante. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Jorge Carmelo Pérez Alvarado:
Gracias señor Presidente. La verdad es que tenemos que felicitar a los dos citantes, por haber traído a la Plenaria un poco tarde este tema, pero de indispensable análisis para el futuro de nuestra región y de nuestro departamento.
Quiero referirme al tema del departamento del Meta, al cual represento en este Congreso. La verdad es que de acuerdo con la estadística que nos presentó el doctor Serrano, doctor Oscar Darío Pérez, proporcionalmente los departa-mentos de nuestra región son los departamentos que tienen mayor afectación con el desplaza-miento forzado.
Esto quiere decir que la región de la Amazonia y la región de la Orinoquia son las regiones líderes del desplazamiento en Colombia, y así lo manifiesta la estadística que nos trajeron en la tarde hoy, donde el departamento del Meta ocupa el octavo lugar, pero de los diez primeros departamentos, en la relación que se nos presentó en el día de hoy, seis departamentos son de la Orinoquia, dos de la Amazonia y uno de la Costa Atlántica, que es La Guajira. Están en su orden: En primer lugar, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Casanare. Guajira, Vaupés, Arauca, Meta en el octavo, y Guainía en el noveno.
Y la verdad es que el departamento del Meta, con 758.316 habitantes, es un departamento que está sufriendo con rigor el flagelo del desplazamiento. Desde 1996 en el departamento del Meta se está presentando este fenómeno como receptor y como expulsor. De acuerdo con la estadística que tengo de la Red de Solidaridad Social, desde 1996 hasta el 2005, han llegado al departamento del Meta, 11.434 familias desplazadas; estadísticas preocupantes, si tenemos en cuenta que cada familia se compone mínimo de cinco miembros y nos da un número real de desplazados de 57.170.
De igual forma han salido del departamento del Meta, por situaciones de violencia y pobreza en calidad de desplazados, 11.409 hogares, lo que significa 57.045 personas, desde el año 1996. De sde luego que esta estadística no corresponde a la presentada por los colegas del Codhes, porque de acuerdo con esta estadística, en el solo año 2004, doctor Serrano, gracias a sus cifras, tuvimos 11.545 familias desplazadas, para un total de 55.725 personas, o sea en el solo año 2004 tuvimos el desplazamiento total de 1996 al 2005, lo que quiere decir que las cifras que tenemos no corresponden a la realidad.
Desde luego, que el año pico de mayor desplazamiento en el Meta fue el año 2002, debido a la terminación de la zona de distensión, como lo manifestaba aquí el doctor Baquero mi colega de bancada. El municipio de más entrada de desplazados es Villavicencio, doctor Serrano y doctora Zulema, con un total de 7.834 familias, para 39.170 personas. Este dato, desde luego, no es igual al que ustedes nos han manifestado pero es preocupante, de los cuales en salud, nosotros estamos por debajo del promedio nacional que se manifestaba de parte del Gobierno Nacional, donde se decía que el 50% de las familias desplazadas estaban atendidas en salud, y doctora Zulema quiero decirle que en el departamento del Meta, solamente el 30% de las familias desplazadas, o sea 3.430 familias, de las 11.434, están cubiertas por una ARS, lo que quiere decir que tenemos 8.003 familias sin ningún cubrimiento.
De igual forma, en educación no es la excepción. Se ha hecho un esfuerzo grande por parte de los rectores, pero hay cantidad de niños y niñas desplazados que no han podido acceder a la educación en el departamento del Meta.
En el tema de la vivienda, sí que es peor. En Villavicencio que es la capital y que es la de mayor recepción, tenemos los desplazados ubicados en un 90% en unos barrios que son asentamiento subnormales, tales como La Reliquia, La Nora, Santa Fe, Brisas del Guatiquía, Villa Hermosa, donde se registran, señor Director de la Red, el 90% de los desplazados. Y necesitamos que el Gobierno Nacional como producto de este debate, haga un plan de choque para poder contrarrestar este flagelo que aqueja al departamento del Meta y al país.
Tenemos que implementar el presupuesto para el acceso a las tierras. Necesitamos que las tierras incautadas al narcotráfico pasen de una vez por todas, que en el departamento del Meta son bastantes, a las personas que han sido desplazadas y que tienen origen en los sectores agrícolas.
Los municipios y el departamento han hecho esfuerzos muy tímidos para resolver este problema, pero entendemos la situación por cuanto no cuentan con los recursos para atend er este grave flagelo, entonces necesitamos que el Gobierno Nacional de alguna manera le dé la mano a los municipios y a los departamentos en este propósito.
Quiero leerles otras cifras del departamento del Meta. Por ejemplo, en El Calvario, tenemos que en el 2005 acumulado, 1 mil, 061 familias.
En el municipio de Vista Hermosa, que fue un municipio de zona de despeje, 1 mil 373 hogares desplazados.
En Mapiripán, donde se produjo la masacre, 1 mil, 558 hogares.
En Puerto Lleras, 599 hogares.
En Mesetas, 769 hogares.
Todos estos municipios que hacen parte o están muy cercanos a la zona de distensión.
Entonces queridos amigos, quiero felicitarlos y manifestarle al Gobierno que por ejemplo, los comités que se establecieron en el Decreto 2569 no están funcionando en el departamento del Meta, y que tenemos en total desamparo a estas personas que son colombianos y que hacen parte de nuestro territorio. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Germán Navas Talero:
Procuraré ser breve Presidente, como lo he sido siempre.
Quiero referirme a dos cosas: Al caso de Bogotá y de cómo se fabrica un desplazado.
En el caso de Bogotá, no es aplicable porque no he visto nada de lo que aquí se ha dicho. No quiero decirle mentiroso a ninguno de los funcionarios, pero Bogotá está inundada, saturada de desplazados, y no vemos solución ninguna.
Con injusticias aberrantes doctores, como la que me aconteció el otro día en la zona de Teusaquillo, una de las más golpeadas con este fenómeno, se me acerca un desplazado con su letrero y su niño, y dice doctor Navas, es injusto lo que están haciendo, el que me desplazó a mí, está con casa, carro y beca en Teusaquillo, y yo desplazado estoy muriéndome de hambre, víctima de la persecución oficial. En eso tienen razón. Bogotá necesita una solución inmediata para los miles de miles de desplazados que tenemos y para el problema de los reinsertados también, que han entrado ya en conflicto en Bogotá.
En Bogotá hay un conflicto entre desplazados y reinsertados, y ustedes no lo pueden dejar crecer, y según me dice el Distrito Especial, es poca la ayuda que ustedes les están dando a Bogotá para el caso de los desplazados.
Y quiero contarle al país y a ustedes, cómo se fabrica un desplazado. Lo he tomado de este documento que a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara llegó en el día de hoy, firmado por el sacerdote Javier Giraldo, y le pido al Presidente la venia para leer este informe que tiene página y media. Dice:
18 de marzo de 2003.
Fue gravemente herida y luego fallecida la menor de tres años de edad, Mildred Dayana David Tuberquia, en la vereda La Cristalina del corregimiento de San José de Apartadó, como consecuencia de disparos de armas de fuego del largo alcance, realizados por miembros del ejército nacional.
La pequeña fue ultimada cuando se encontraba en los brazos de su abuela, no obstante suplicarles a lo s militares que no dispararan.
Siendo las 10:30, el padre de la menor, Conrado David, dos hijas suyas, de 3 y 5 años de edad, junto con la abuela de estas, Alba Rosas David, regresaban de su lugar de trabajo a la vivienda. En el trayecto, Conrado se adelantó y detrás venían caminando la abuela cargando a Mildred y la otra pequeña caminando. En el recorrido Conrado se encontró con personal del ejército que de inmediato lo retuvo, lo tiraron al suelo, y lo obligaron a quitarse las botas. Le preguntaban por la guerrilla, que si se encontraba en el sector, este les manifestaba que no había visto nada, que por allí no andaban, sin embargo lo amenazaban.
Conrado les advertía que por ahí no había presencia guerrillera, que las únicas personas que venían caminando por el sector eran su madre y sus dos hijas pequeñas. Minutos después escuchó los disparos que segarían la vida a una de sus hijas.
La abuela que venía caminando a escasa distancia de Conrado, se encontró de frente con tres soldados que le apuntaron con sus fusiles. Ella les suplicó que no fueran a disparar, que ella venía sola con sus dos pequeñas nietas, no obstante los ruegos angustiosos, los soldados hirieron a Mildred, a quien ella traía en sus brazos.
De inmediato un soldado le retiró a la niña y se pusieron por comunicación por radio buscando hacer llegar hasta el lugar un helicóptero, el cual nunca llegó.
Pasada hora y media, emprendieron el descenso hacia el caserío de San José, a donde llegaron dos horas después, allí se encontraba la ambulancia esperándolos, pero la pequeña había muerto en el camino.
Varios soldados siguieron a Conrado David hacia el Hospital, donde le practicaron la necropsia a Mildred, posteriormente un Juez Penal Militar le tomó declaración sobre los hechos asumiendo el conocimiento de la investigación penal. Por su parte el ejército mantuvo retenida a la abuela en inmediaciones del caserío de San José, insistiéndole que debía de declarar que la muerte de la niña se había producido debido a un enfrentamiento con la guerrilla, a lo cual se negó de manera contundente, porque los hechos no sucedieron como lo afirmaban los uniformados.
Más tarde se hizo presente el mismo Juez Penal Militar a tomarle declaración, solo hasta altas horas de la noche pudieron recuperar el cuerpo de la menor para llevar a cabo el entierro.
Según boletín de prensa de la Brigada 17, la muerte de la menor Mildred Dayana David se presentó como producto de un enfrentamiento sostenido con la insurgencia, y la investigación por esos hechos está siendo adelantada por la Justicia Penal Militar.
El viernes 4 de abril de 2003, la familia de la menor Mildred, que se encuentra desplazada de su lugar de habitación, luego del asesinato de su hija por efectivos del ejército, arrimó a su vivienda ubicada en la vereda de La Cristalina, en busca de utensilios y ropa, así como para verificar el estado de sus cultivos, y se encontró con que la misma había sido asaltada. Les fueron robados los víveres, utensilios de cocina, ollas, platos, etc., quemadas sus camas y colchones.
En la vivienda se encontró en un almanaque, un escrito que decía: Si quieren recuperar los víveres llámenos al Batallón 26 que se los traemos, pero con plomo hijueputas, y pongámonos una cita para pelear hijueputas.
Así comenzó el desplazamiento de una familia colombiana, y así han comenzado miles y miles, y el Estado no hace nada. Muchas gracias.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Jorge Carmelo Pérez):
Palabras del honorable Representante Miguel Angel Rangel:
Gracias Presidente. Definitivamente este es un tema importante, y en el tiempo en el que se ha desarrollado este debate se ha hablado de las incoherencias de muchas cifras de diferentes fuentes. Hoy que el pueblo colombiano está siguiendo este debate, y m e pregunto a quién le creen los colombianos sobre la cifra de los desplazados. Y esta crónica que se ha convertido en la metáfora del ajedrez, en una ficha, en un determinado sitio y después en otra; así ha sido la vorágine de miles de colombianos que han sido desterrados de su territorio por el conflicto armado, por los intereses de los grupos armados al margen de la ley. Pero ¿quién le responde a esos huérfanos, a esos niños, a esas viudas que deambulan de día y de noche por muchos lugares del territorio colombiano?
Claro, las cifras son interesantes para la formulación de una política pública sobre el desarrollo y la atención de los desplazados en Colombia; del resto, creo que solo se han convertido en un elemento distractor de los diarios, de la discusión sobre cifras y cifras, pero la realidad es otra. La realidad es que hombres, mujeres, niños que han abandonado, que han sido desplazados de un territorio rural donde vivían humanamente, deambulan por otros territorios y han sido condenados a la miseria, a la pobreza extrema. Y qué responder ante estas personas, qué responsabilidad le cabe al Estado colombiano sobre esos niños.
Qué lástima que a este debate no haya sido invitada la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio de Agricultura, que le cabe mucha responsabilidad, porque en la política de retorno que se ha establecido a muchas regiones, muchos han tenido que abandonar nuevamente.
El departamento que represento, al departa-mento de Bolívar, de acuerdo con las cifras no sé de cuál fuente, es uno de los departamentos con mayor índice de desplazados, igual que la ciudad de Cartagena. Hoy los Montes de María, el Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, y he escuchado de la inversión de más de un billón de pesos para la atención de muchas zonas de Colombia.
Quiero preguntar al señor Director de la Red, si conoce en San Jacinto, qué es Patio Grande. Patio Grande es una población desplazada, integrada por más de 40 familias, y he escuchado en la tarde de hoy al Gobierno sobre las inversiones en vivienda, no sé si a eso se le pueda llamar vivienda, 39 palomares que allí construyeron en unas casuchas de madera o de cartón ¿acaso esa es la inversión que necesitan esos hombres? ¿Acaso esa es la inversión que necesitan estos niños? ¿Acaso esa es la inversión que requieren miles de compatriotas, que fugitivos decidieron refugiarse en el miedo para no correr la suerte de sus amigos, de sus hermanos, de sus padres, de sus hijos?
Hoy esos fugitivos del miedo habitan los campos de refugiados más grandes en la historia de Colombia. Por ello la ONU ha establecido que esta catástrofe humanitaria, la primera en occidente y la tercera después de Africa, es grave, es una catástrofe de hombres de carne y hueso.
Aquí qué importan las cifras, qué importan las estadísticas, si a esos hombres y mujeres de carne y hueso que aparecen registrados en las diferentes estadísticas, están padeciendo la miseria, la pobreza, el abandono; esos desplazados virtuales, esos desplazados que solamente existen en lo poco que les ha quedado, lo perdieron todo, lo único que les ha quedado es su memoria, una memoria para recordar un pasado infame en que los hemos condenado por muchos años de conflicto, por muchos años de guerra.
A los desplazados poco les importa, creo yo, si hay conflicto o no, lo interesante es que hay una catástrofe humanitaria que debemos atender.
Quiero me permitan formular unos interro-gantes ¿tiene el Gobierno la estadística sobre la situación social? ¿Cómo ha avanzado esa inversión en la recuperación humana? Esto es un problema humano ¿Cuál es la situación económica? ¿Cómo han avanzado? ¿Dónde viven? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde estudian?
Y registro con complacencia el tema de la ampliación del régimen subsidiado de salud, pero en mi departamento, en Cartagena, existen los desplazados, los de los carnés del régimen subsidiado de salud, porque la red pública está moribunda, porque a pesar de que tienen carné, no hay quién los atienda, se acabó el Hospital Universitario, está en estado comatoso la Clínica Enrique de la Vega, entonces, pregunto ¿para qué tener un carné si no hay quién atienda esta gente? Se están muriendo, y por ello los registros estadísticos demuestran que en Cartagena mueren más de 27 personas al mes, por falta de atención, en lo que ha denominado el paseo de la muerte.
Quiero preguntar ¿qué responsabilidad o quién responde por la salud mental de las víctimas, por esa salud mental de los niños que vieron matar a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos? Tendremos una deuda histórica con esa población infantil desplazada por la violencia, que no sé si está registrada en las estadísticas que aquí ha presentado el Gobierno y los citantes a este debate ¿cuál es la función de control y seguimiento que se está desarrollando para que estas personas desplazadas, y que luego de haber retornado, no vuelvan a diferentes sitios de Colombia? ¿Por qué no integrar un equipo doctor Hoyos, donde se anexe el Director Nac ional de Invías, el Ministerio de Transporte?
Quiero decirles que estos desplazados que han retornado algunos a su lugar de origen, tienen que salir porque les ubican unas casuchas y porque no tienen las vías para sacar los productos. Hoy en el Carmen de Bolívar, donde su economía subsiste del aguacate, se está perdiendo, porque la red terciaria está deteriorada. Lo mismo en San Juan, en San Jacinto y en todos los municipios del departamento de Bolívar y el resto del país. Entre tanto, a un se está definiendo una fórmula matemática que multiplicado por 3 millones de pesos, le den 50 millones de pesos para construir una red terciaria. Si esto no lo integramos, los desplazados seguirán deambulando por las calles de Colombia; estos, los fugitivos del medio, los que han perdido todo y que aún conservan su memoria. Gracias.
Palabras del honorable Representante Ubéimar Delgado Blandón:
Gracias señor Presidente. De Hans Kelsen, la teoría pura del derecho nos enseña claramente que la culpa se define como lo imprevisible de lo previsible; lo imprevisto pudiéndose prever.
Respetando la decisión del Estado de intervenir las empresas, quiero llamar la atención del señor Ministro del Interior, del señor Ministro de la Protección Social, porque hay una empresa en el Valle que fue intervenida y tiene 5 mil, 600 empleos directos, de 4 a 5 mil indirectos, que llevan a 10 mil hogares, 10 mil familias de los municipios de Toro, la Unión, Roldadillo, Bolívar, Sarzal, la Victoria; 30 mil seres humanos que dependen de esas empresas.
Me estoy refiriendo a la Empresa Grajales, que es una empresa que si no le damos la atención debida, van a quedar 5 mil, 600 obreros sin empleo. Esa empresa ha recibido desplaza-dos. En esos municipios no hay desempleo y si lo hay es en una mínima parte, porque allí el empleo dignifica al ser humano y lo hace útil a la sociedad.
Y allí en esa Empresa Grajales, que tiene colegios, que tiene hospitales, que le ha servido a esa región, el Gobierno está bien que le intervenga, sus motivos tendrá, pero no pueden dejar desprotegido al Valle del Cauca, porque va a haber más desempleados, va a haber mas violencia. El Norte del Valle tiene muchos desplazados, motivados p or la violencia, por el conflicto que todo el país conoce.
No voy a pontificar sobre eso, porque el Estado lo sabe, el Gobierno lo sabe, el país lo sabe, los medios de comunicación lo saben.
Vuelvo a la frase, al pensamiento del Hans Kelsen, la culpa es lo imprevisible de lo previsible. Dicho de otras palabras, lo previsto pudiéndose prever.
El Estado no sé si tiene un plan B, para esa intervención de esas empresas Grajales. Allí hay 5 mil, 600 empleados, cada empleado depende de una familia o una familia depende de un empleado, póngalo por 5, y le da 25 mil personas, sin contar los empleos indirectos. Allí va a haber un problema grave de desplazados, y ese tema que no vaya a ser un problema para más adelante venir a hablar de los desplazados que dejaron esos municipios de la Empresa Grajales.
Quiero llamar la atención de este Congreso. El Valle del Cauca ha sufrido mucho, el norte del Valle ha sufrido mucho, hay más de mil personas que han muerto en el Norte del Valle, y a eso le quitamos la única fuente de empleo, la única industria del norte del Valle que es la industria de la uva, del vino ¡ojo con eso!
Ojalá el Ministro del Interior, a esa buena labor que ha venido desarrollando la Red de Solidaridad Nacional, porque de verdad, así como hay que decir las cosas malas, también hay que decir que la Red de Solidaridad viene haciendo una buena labor en todo el país; ya los puntos negativos los han dicho, pero a ese problema que no se le venga otro problema más a la Red de Solidaridad del Valle del Cauca y Nacional, doctor Luis Alfonso Hoyos, porque ese problema del Valle es gravísimo. Donde esas empresas no continúen, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de darle continuidad a esas empresas, no solamente para garantizar la estabilidad laboral de esas 5 mil, 600 familias, que es la industria de la uva más importante de Colombia, sino los empleos indirectos, y para prevenir la violencia que generaría esas 30 mil personas desempleadas, 5 mil, 600 empleos directos, más de 5 mil empleos indirectos.
Dejo esa constancia histórica, en este tema de desplazados, que no pese sobre la conciencia del Gobierno, un Plan B, lo previsible, prever qué puede pasar si no le dan goberna bilidad a esas empresas Grajales, que tanto desarrollo y empleo y civismo le dieron al norte del Valle del Cauca.
Palabras del honorable Representante Gustavo Petro Urrego:
No le haría ningún bien a la Plenaria de la Cámara, dado que el debate es relaciones entre paramilitarismo y miembros de la clase política, aplazar el debate.
Creo que a ninguno, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre este tema, le convendría que se aplazara el debate. Hice un acuerdo con la Presidenta de la Mesa, estamos juiciosos esperando, me parece en mi opinión que usted debería limitar más el tiempo de exposición a tres minutos, pero aún, si usted hace las cuentas se dará cuenta que podemos estar comenzando el debate a las siete de la noche, y en esa medida me parece que es pertinente hacerlo.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Jorge Carmelo Pérez):
Correcto doctor Petro, entonces vamos a limitar el tiempo a tres minutos para poder continuar una vez terminemos este, con el debate que está programado por parte del doctor Petro.
Palabras del honorable Representante Jorge Luis Caballero Caballero:
El país está expectante del debate, todos los colombianos queremos el debate, por eso le pedimos a usted en calidad de Presidente, que otorgue las garantías para que el debate se haga a la hora que se debe hacer y que el país conozca la realidad de lo que se plantea en el día de hoy.
Palabras del honorable Representante Albeiro Mejía:
Gracias señor Presidente. En primer lugar, quiero felicitar a los honorables Representantes, la doctora Zulema Jattin y el doctor Antonio Serrano, por haber organizado este debate tan importante, con altura, donde no nos alcanzaron a mostrar la realidad del país, de los desplazados, porque qué bueno doctor Serrano y doctora Zulema, que hubiéramos presentado ese video, mostrando la realidad de los desplazados que se encuentran en este momento en los semáforos, los desplazados que se encuentran en este momento deambulando por las calles de todo el país, porque tenemos la presencia de ellos en todos los municipios y grandes ciudades de nuestra querida patria.
Pero a muy buena hora se hace este debate, reconociendo el inmenso trabajo que ha venido realizando el doctor Luis Alfonso Hoyos, frente a la Red de Solidaridad Social, y que tampoco es meritorio para usted que la Plenaria de la Cámara tenga que aprobar una proposición para correr a la Procuraduría Nacional para que se le abra a usted una investigación.
Quiero decirle doctor Luis Alfonso, que no comparto que esa proposición sea votada en la Plenaria de la Cámara, porque reconozco en usted el trabajo que ha hecho en bien del país; un trabajo que es reconocido, especialmente en mi departamento del Guaviare, donde la presencia de la Red de Solidaridad y todos sus programas se han sentido, y fuéramos injustos el no reconocerle su trabajo a usted y al señor Presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez.
Pero sí hay falencias, y tenemos que manifestarlas para mejorar. Tenemos que decirlo porque este es el recinto de la democracia, y tenemos que dar a conocer a los colombianos lo que está sucediendo con nuestros desplazados, y no es solamente hablar de los desplazados de 2004, es hablar de los desplazados de hace muchos años que están concentrados en las grandes capitales y que aún no se les ha podido resolver la situación de vivienda ni la situación de salud, ni la situación de educación.
Pienso que sobre este tema hay que profundizar doctor Luis Alfonso, y como estamos con tan corto tiempo, a continuación voy a presentar una proposición para mejorar la situación de los desplazados en Colombia, que la voy a dejar en Secretaría.
Permítanme antes de terminar hacerle un llamado al señor Director, Luis Alfonso Hoyos, porque estamos preocupados con las familias guardabosques en nuestro departamento del Guaviare. A ellos se les ha venido pagando bimestralmente. Hace dos meses, a 600 familias se les dejó de pagar por parte del Gobierno Nacional a estas familias que se acogieron a este programa de familias guardabosques, y en este momento se ha generado una crisis y no lo permita mi Dios, va a haber un desplazamiento masivo de estas familias.
Palabras del honorable Representante Edmundo Maya Ponce:
Gracias señor Presidente, un saludo para los señores ministros y demás funcionarios del Gobierno.
Debo reconocer honorables Representantes y amigos colombianos que nos acompañan en este debate, que los indicadores que nos ha presentado la doctora Zulema, Presidenta de esta Corporación, y el doctor Luis Antonio Serrano, son indicadores que nos dejan con muchas preocupaciones, pero también debo reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional para avanzar en la búsqueda de solución a los desplazados.
Hay que reconocer por ejemplo, que los programas de seguridad democrática nos han dado un avance en el dominio del territorio, sin embargo quisiera hacer una reflexión nacional para tratar el tema de mi departamento.
El departamento del Putumayo, como los departamentos amazónicos, es de los que mayor número de desplazados, según los indicadores de las tres fuentes que aquí se han mencionado, tenemos. Es el caso del departamento del Putumayo, que actualmente tiene 32 mil, 586 desplazados, sin contar las personas que nos se registran. Esto indica que es aproximadamente el 10% de la población del territorio; desplazamiento que se concentra en la ciudad de Mocoa, con 12 mil desplazados y Puerto Asís 9 mil, 300.
Quisiera pedirle al doctor Hoyos que, a pesar del informe que dio, me deja preocupado porque en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Uribe, habla sobre restablecimiento de la población desplazada como un proceso que debe culminar generando condiciones, que permitan a las personas contar con alternativas para rehacer integralmente su proyecto de vida.
De los 3 millones, 400 mil desplazados ¿cuál es el porcentaje que ha restablecido su proyecto de vida? Y otra pregunta doctor Hoyos, en el departamento del Putumayo nosotros la verdad es que no encontramos indicadores que satisfagan en términos del esquema de subsidio de vivienda, titulación de tierras y el apoyo a proyectos productivos. Sobre ello demando la atención, y para terminar quiero manifestar que la Amazonía reclama mayor atención, porque es donde se está reflejando todo el desplaza-miento a consecuencia de las causas objetivas que lo originan.
También quiero manifestarles que no estoy de acuerdo con la proposición, porque reconozco que el Gobierno Nacional ha avanzado en la búsqueda de soluciones y que desde el Congreso y el Gobierno nos toca hacer mayores esfuerzos para atender con programas específicos a esta población. Gracias señor Presidente.
Palabras del honorable Representante César Laureano Negret Mosquera:
Presidente muchas gracias. Este debate que a buena hora convocó Zulema Jattin y el doctor Serrano, refleja el fracaso de las políticas públicas de las dos últimas generaciones; la pobreza es el mayor dinami-zador del desplazamiento.
No sé a quién le vamos a echar la culpa de nuestros males, cuando hagamos la paz. Todos los males de Colombia, hoy tienen como responsables a la guerrilla. El día que hagamos la paz, nos vamos a complicar en el momento de atribuir la responsabilidad.
La Corte Constitucional en algún momento va a tener que fallar también de acuerdo con los ingresos del país. No puede seguir fallando sobre el presupuesto, sin tener ningún control sobre él, ni ningún conocimiento.
El conflicto colombiano históricamente se ha dado sobre la tierra, pero la tierra que es inmune a tributarla doctor Hoyos, cuando hablamos de impuestos a la tierra aquí ocurre la mayor dispersión del quórum, porque nadie quiere gravar la tierra.
Este Congreso tiene que entender que necesitamos recursos, y recursos son impuestos, pero nosotros hemos sido pródigos en conceder exenciones tributarias. Sobre el país hoy pende, como un acto de generosidad insostenible, que las utilidades de las grandes empresas del país no pagan impuestos. En el año 1953 pagaban impuesto, pero hoy hay un conglomerado de empresas que no tributan. Por eso tenemos desplazados sin cómo atenderlos.
El próximo año vamos a tener que avocar una reforma tributaria, no solamente para desplazados sino también para financiar el gasto militar.
De modo, que aquí si vamos a acusar a alguien, tenemos que acusarnos varios: Congreso, generoso y dadivoso en exenciones tributarias; impuestos que no se pueden tocar, como el impuesto a la tierra para controlar el latifundio. El día que la tierra tribute lo que tiene que tributar, haremos la reforma agraria.
De modo, que felicito la Presidenta por haber tenido la independencia y el valor de hacer este debate, pero si vamos a acusar e ir a la Procuraduría, tenemos que incluir muchos más nombres. Muchas gracias.
Intervención de la honorable Represen-tante María Isabel Urrutia Ocoró:
Gracias señor Presidente. Se ha venido diciendo que este u otro departamento es el más desplazado, pero para mí como Representante de las comunidades negras, y lamentablemente estamos en las tierras más ricas de este país y como decía el compañero Negret, se han venido haciendo exenciones y nos han dado ese infortunio que a nuestra población, tanto indígena como negra, los desplazan y luego siembran la palma africana como sustitución de bosques.
Para nosotros como representantes de las comunidades negras, es preocupante que hay una deuda histórica que tiene el Estado colombiano con los negros, pero a pesar de tener esa deuda, encontramos que todavía, a pesar de 154 años de la evolución de la esclavitud, seguimos avocados a un flagelo más grande que es el de la violación, el del desplazamiento forzado; solamente podemos mirar hoy lo que pasó con Bojayá, y hace 3 años esa población está esperando qu e el Gobierno Nacional llegue a donde ellos.
También estamos esperando como represen-tantes de las comunidades negras, que se cumpla en esa parte legislativa en el Plan de Desarrollo Nacional, donde habían políticas para las comunidades negras, y hasta hoy Planeación Nacional ni el Gobierno Nacional han atendido a esta población.
Por eso quiero llamar la atención del Gobierno, de los congresistas, para que en el próximo presupuesto nacional se hagan los linderos y se presenten recursos para que no se sigan haciendo documentos Conpes, sin dinero para las comunidades negras que son las menos favorecidas y las más desplazadas, y las que sufren todo el flagelo por encontrarse donde quieren hacer los mega proyectos de este país, olvidándose que también nosotros somos colombianos y necesitamos la mano del Estado.
Y quiero pedirle a los actores armados, que basta de seguir matando a nuestros coterráneos, hermanos negros. Quiero solidarizarme con las familias de Buenaventura, el cual todavía existen 12 muchachos perdidos y la masacre de los 12 jóvenes que hace más de 20 días sucedió en Buenaventura, y que siguen habiendo esas masacres con nuestras comunidades.
Por eso quiero llamar a los actores armados para que por favor, después de estos 154 años de la evolución de la esclavitud, por favor nos saquen del conflicto armado. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Guillermo Antonio Santos Marín:
Gracias Presidente. Qué tema tan complejo para abordarlo en tan corto tiempo. La verdad que hablar de los desplazados, de la violencia en Colombia, así al Ministro no le guste que hablemos de violencia o de conflicto interno, pero es un hecho claro y preciso.
Me parece que cuando manejamos cifras de 3 millones de colombianos desplazados por esta violencia, y hablamos de un déficit tan grande en la parte presupuestal, porque quedó claro que para poder enfrentar el tema de lo s desplazados en Colombia se requieren cerca de 4 billones de pesos, y que el presupuesto que tiene el Gobierno Nacional está muy por debajo del billón de pesos, entonces cómo pretender afrontar una situación tan complicada. Y lo único que se nos ocurre en este Congreso es hablar de más impuestos para los colombianos.
No es esa la salida. Me parece que el tema de los desplazados en Colombia, representa un problema de carácter nacional. Este es un tema en el que tenemos que meternos todos los colombianos, y no es bueno que desde ya estemos anunciando, que la única salida es crear un nuevo impuesto. Por qué no hablar del tema de reducir el gasto público, para poder enfrentar este drama.
Pero me asombra y me deja completamente fuera de base, los pronunciamientos que hace el señor Ministro del Interior, porque este es un tema que reclama una acción efectiva del Estado.
La respuesta que dio el señor Director de la Red, me parece que se aproxima en parte a la realidad, pero no podemos venir a tratar de engatusar a este Congreso y al pueblo colombiano, con unas respuestas totalmente rebuscadas, como es el caso del señor Ministro del Interior. Gastamos cuarenta minutos señor Presidente, tratando de convencer a esta Cámara de Representantes, de que en Colombia no hay conflicto armado, cuando lo que queríamos oír del vocero del Presidente de los colombianos, en el Ministerio de la política es, cuáles son los programas y proyectos que tiene el Gobierno Nacional para enfrentar ese problema.
No puedo dejar pasar inadvertida una situación que pasa en mi departamento. Ibagué, la ciudad capital del Tolima, tiene hoy cerca de 50 mil desplazados, y esta es una bomba de tiempo, y no podemos frente a un drama, como el que vivimos en Ibagué por desplazados, por desempleo, por miseria, que el señor Ministro venga a tratar de darnos una salida política y no enfrente el tema que nosotros estamos reclamando.
Señor Director de la Red, nosotros lo queremos ver en Villa del Sol, en Ibagué, en donde hay un asentamiento que tiene más de 3 mil a 4 mil familias de los diferentes municipios del departamento del Tolima. Allá hay huérfanos, hay mujeres que quedaron viudas, hay un problema de hambre, y queremos reclamar la presencia, como lo ha hecho en otros lugares del país, de la Red de Solidaridad.
Palabras del honorable Representante Jorge Casabianca Prada:
Gracias señor Presidente. Ante todo quiero felicitar a la doctora Zulema y a Antonio Serrano, por traer al debate este tema tan importante que infortunadamente fue aplazado o, por qué no decirlo, desplazado durante 2 años.
El problema del desplazamiento es dramático. Si retomamos cifras de la misma Red de Solidaridad, el 48% de los desplazados son niños y niñas. Esto quiere decir que de los 3 millones, 200 mil desplazados, 1 millón, 536 mil, es población menor de 18 años, niños y niñas que deambulan por las calles y para los cuales el Estado no tiene una política creíble que mitigue este problema.
Tenemos entonces el 7% de nuestros niños sin ningún futuro, solo con la esperanza que le da la calle, la delincuencia, la prostitución, la droga, la cárcel, y quién sabe qué otros males.
Mi pregunta es ¿qué política sería implemen-tada por el Estado para afrontar este problema? ¿Cuánto dinero del que se le incauta a los actores armados culpables del desplazamiento, se reinvierte en esta población? ¿Qué quiere decir de las mujeres desplazadas? Según el informe de la misma Red de Solidaridad, el 50% de los desplazados son mujeres, lo cual incide en el aumento de la población femenina en condiciones de pobreza; aumento de la misma población de mujeres que se convierten en jefes de hogar; viudas cuyo único camino es llegar a las ciudades sin ningún rumbo; más de 1 millón, 600 mil mujeres están hoy en situación de desplazamiento.
Hay que hacer un alto en el camino y reflexionar. El Gobierno debe responderle a la población, a la sociedad seriamente por las políticas públicas que mejoren esta situación. ¿Dónde están los programas? ¿Dónde están los hogares de paso? ¿Cómo educamos el 1 millón, 500 mil niños desplazados?
Y a la ciudadanía decirles que nos pongamos la mano en el corazón y nos solidaricemos. El problema es de todos.
Nuestro departamento del Tolima está sufriendo un problema muy grave, como le decía el doctor Santos. De verdad que, viendo cifras del mismo, de la misma Red de Solidaridad, tenemos más de 50 mil personas desplazadas en Ibagué, de los mimos municipios de Ataco, Chaparral, Natagaima, Planadas, Prado, Río Blanco, San Antonio, entre otros, como Dolores, Alpujarra, Ortega, Planadas, Prado, Purificación, Saldaña, Roncesvalles y Coyaima.
Quiero que reflexionemos y ojalá todos pensemos en darle solución a este problema, sobre todo el Gobierno Nacional. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Luis Enrique Dussán:
Gracias Presidente. Conciente que la problemática de desplazamiento en mi departamento también es muy grave, no voy a referirme a ella en particular, sino en términos generales a nivel nacional, porque obviamente es muy crítica para todo el país.
Compartir con algunos que ya han esbozado la causa, como lo decía también el Gobierno, hay que partir de ese punto; la causa es de violencia, es de narcotráfico, y en la medida en que avancemos en la política de seguridad democrática, es claro que de esa manera estamos dando una solución de fondo a la problemática de la población desplazada.
Pero quisiera hacer algunas apreciaciones concretas: El retorno. Quisiera tener un poquito más de precisión por parte del Gobierno Nacional, en qué ha avanzado la política de retorno, porque creo que la solución está más por ahí.
No le encuentro sentido a que se haga una amplia atención a la población desplazada en las zonas urbanas, cuando la mayoría de los desplazados en Colombia son rurales, y en ese sentido tenemos que insistir en el retorno o hacer la estabilización socioeconómica en áreas rurales fundamentalmente.
Quisiera llamar la atención sobre ese tema y que el Gob ierno Nacional se expresara al respecto.
Por otra parte, creo que hay un vacío en cuanto a lo que sucede después de que se hace la atención humanitaria inmediata, que son 3 o 6 meses. De ahí a que haya un retorno, a que haya la estabilización socioeconómica, no hay atención por parte del Estado y creo que es muy grave. Creo que es lo que estamos viendo en todas las calles, en los semáforos, en los puentes, en las vías; esa población no tiene una consideración especial, y aquí quiero traer a colación el Decreto 2007 de 2001, y lo digo porque hice parte de quienes elaboraron ese decreto como funcionario del Gobierno pasado. Allí había un planteamiento de la ubicación temporal o transitoria de población desplazada en zonas rurales, para que estén en su medio natural, que es lo rural, con programas de explotación agropecuaria.
También quisiera saber por parte del Gobierno, qué avance ha habido en la aplicación de este decreto en ese sentido.
Por otra parte, el decreto también planteaba la protección de las zonas de posible desplaza-miento o de desplazamiento inminente o aquellas donde acababa de ocurrir el desplazamiento. A través de las declaratorias de zonas de desplazamiento, que es muy importante, porque es la protección de las tierras de las personas que van a ser o son desplazadas. En ese sentido creo que también nos ha faltado información por parte del Gobierno, de qué aplicación se le ha dado a ese tema que es fundamental, porque si bien se hace el desplazamiento, esas tierras deben protegerse para garantizar el retorno de las familias o en ultimas para que pasen a manos del Estado y sean intercambiadas por tierras en otras zonas del país.
Igualmente sobre el tratamiento diferencial que se planteaba en ese decreto, de acuerdo con el tipo de titulación de propiedad o de tenencia que tuviera el desplazado, quisiera saber también la aplicación de ese decreto.
Palabras del honorable Representante Carlos Ignacio Cuervo Valencia:
Gracias señor Presidente. Es claro que el fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia es una de las causas más graves, producto de la amenaza permanente, reiterada, de carácter terrorista que se vive en Colombia; agravada indudablemente por las condiciones de pobreza.
Se ha dicho cuál es la población más vulnerable en estos términos, y infortuna-damente son aquellas de más bajo nivel educativo, los más pobres, como he señalado, recayendo probablemente sobre la población indígena, sobre la afro colombiana de la que hablaba María Isabel Urrutia, sobre las personas menores de 18 años, y principalmente muchas de ellas madres o mujeres, muchas de ellas madres cabezas de familia.
Pero es importante señalar que aquella mezcla explosiva que se ha señalado de narcotraficantes, unido a las autodefensas, a la guerrilla, es una de las causas fundamentales, y simplemente aclarar que cuando se señala a la fuerza pública, de manera alguna se puede admitir que de manera intencional la fuerza pública quiere generar desplazamientos en Colombia, aunque tampoco se puede desconocer que producto de los enfrentamientos de la fuerza pública con estas organizaciones armadas ilegítimas al margen de la ley, pues producen infortunadamente estas concentraciones, principalmente en las grandes ciudades buscando unas mejores oportunidades.
Se ha señalado el esfuerzo importante que se ha hecho en términos de presupuesto; un billón de pesos para atender parte de estas necesidades, reconocido por todos que no ha sido suficiente.
Quiero terminar aduciendo, porque igual-mente la ONU ha sido clara en "que Colombia cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de protección y asistencia a los desplazados internos", Siendo así, pues mi llamado obviamente tiene que ser felicitando de antemano a la doctora Zulema y al doctor Antonio, por su debate, si es un problema sostenido, reiterado, la solución no es separando un funcionario de su cargo, máxime cuando hay importantes avances reconocidos por los distintos actores. Más bien de una manera propositiva, les sugiero a cada uno de ellos que comencemos a trabajar para reformar la ley vigente y la estructura de las instituciones, para que comiencen a trabajar de una manera eficaz.
Dado las coberturas que hoy tiene la Red de Solidaridad, prefiero hacerme al lado de las familias desplazadas que han recibido atención, hacerme al lado de los guardabosques que han recibido igualmente estas posibilidades a través de la Red de Solidaridad, de los hogares, del mejoramiento de vivienda rural que se ha logrado a través de ello. Creo que son hechos tozudos, importantes, y por eso no creo conveniente, no votaré la proposición para que entonces por el incumplimiento de la sentencia, que entre otras cosas la han hecho, no solamente diríamos en cabeza del doctor Hoyos, sino ha sido reiterada porque no es la única sentencia que al respecto se ha mencionado.
Las omisiones por sus registros de la población desplazada, pues allí hay fenómenos como que la gente no se quiere registrar para que no la sigan persiguiendo y matando.
El tema de la negación de la atención humanitaria de emergencias, recordemos que estas son obligaciones de medio y no de resultado. El fenómeno paramilitar, el fenómeno de desplazamiento, el fenómeno de la subversión y el narcotráfico no se va a acabar de la noche a la mañana. Gracias.
Palabras del honorable Representante Jhon Jairo Velásquez:
Gracias Presidente. El problema central del día de hoy en el debate es el desplazamiento, pero esto tiene unas causas y tiene también unas consecuencias importantes.
Un conflicto armado donde todos los días caen, y se hace la francachela de parte del Gobierno porque murieron tantos guerrilleros, o porque murieron tantos paramilitares, o la francachela la hacen los paramilitares, porque cayeron tantos guerrilleros o tantos del Gobierno, o la guerrilla hace lo mismo, no tiene cuando acabar si no tomamos conciencia de que cada uno de esos que están cayendo son hermanos, son de nosotros, son colombianos, sea el lugar geográfico donde ellos estén cayendo.
Hay unas consecuencias interminables en el tema del desplazamiento: hambre, miseria, disminución en la educación con calidad.
Porque no podemos hablar solamente de cobertura de lo que todos los días nos habla la señora Ministra de Educación, pero donde está la calidad de la educación, de crecimiento en la atención en salud, receso laboral, todo lo que nos lleva a una cosa de la cual nunca se ocupa el ejecutivo, porque nunca lo escuchamos hablar de la seguridad ciudadana.
¿Qué está pasando en las ciudades? ¿Qué está pasando en los barrios de nuestras ciudades? ¿Qué está pasando en los centros? Cuando ayer en todos los medios de comunicación vemos el descaro de la inseguridad que hay en cada una de las ciudades de nuestro país, cuando se atreven a robarse un cajero automático en el centro de un municipio.
Y todo eso nos lleva a algo. Por causa de razones tales, como esas detenciones masivas, de las cuales no podemos nosotros substraernos: En Córdoba (Quindío), en Villa Hermosa (Tolima), en Calamar (Guaviare), en Becerril (Cesar), en Cartagena del Chairá, en Quipile, en Queremal, en Cisneros, en Florencia, y en Quinchía, mi departamento, cuando acabamos de aprobar en el Congreso de la República algo tan importante como es la agilización de la justicia, y los amigos de Quinchía, Risaralda, fueron detenidos hace 20 meses. Se presenta de acuerdo con la ley, el recurso de apelación, que la ley tiene claro, que no debe demorar más de 15 días, y los amigos del municipio de Quinchía, Risaralda, llevan 20 meses y 12 meses, 6 meses después de haber presentado el recurso de apelación.
¿Cómo quiere el Gobierno Nacional que haya paz, que haya tranquilidad, y que la gente de un municipio de estos no se siga desplazando? En un principio salían 20, 30, 40 personas, y hoy ese municipio de Risaralda, abandonado por el Estado, tiene, si mucho, un 20% de los habitantes, porque todos han tenido que abandonar esa localidad por causa de la violencia. Gracias Presidente.
Palabras del honorable Representante Jaime Ernesto Canal Albán:
Muchas gracias señor Presidente. No tenía previsto intervenir en este debate. Quiero es rechazar de manera enérgica el procedimiento del respetable honorable Representante Navas Talero, quien ha traído una declaración enviada por el padre Javier Giraldo, quien con la ex Alcaldesa Gloria Cuartas no me inspiran la más mínima confianza. Este par de personalidades se han empecinado en calumniar al ejército nacional, y no me inspiran confianza, ni inspiran la confianza de ningún colombiano, porque no han sido capaces de ir a la Fiscalía a hacer las denuncias correspondientes.
Este no es el procedimiento. El Congreso de la República no puede prestarse para enlodar el nombre de nuestro ejército nacional, inst itución a la que le debemos la poca o mucha democracia que tengamos en este país.
Quiero manifestar también al pueblo colombiano, que como legislador en ejercicio y como general en uso de buen retiro, seré el primero, si algunos de los miembros de las fuerzas militares ha enlodado su nombre, ofendiendo al género humano, en este tipo de crímenes que también ofenden al género, al honor militar, en buscar que se castigue de manera ejemplar. Repito, son los jueces y son los investigadores los que deben hablarle al país de lo que está sucediendo en San José de Apartadó. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Alexánder López Maya:
Presidente un debate tardío pero poniéndose en su justo momento.
La gran preocupación, y lo hablaba con los citantes al debate, con quienes comparto integralmente las propuestas que hacen, me lleva a reflexionar en lo siguiente: He escuchado a más de 20 compañeros nuestros, casi que en la posición de desplazados, y casi que solicitando o pidiéndole al gobierno una u otra cosa, cuando en la práctica es este Congreso Nacional, y hay que advertírselo al país, en gran parte el responsable de que se tomen medidas para atender la problemática de los desplazados o no.
Si bien es cierto aquí hay un Plan Nacional de Desarrollo, hecho por un Gobierno Nacional, que en poca o mínima parte atiende el problema de más de 3 millones de colombianos, es obligación constitucional y legal de este Congreso Nacional tomar las decisiones a fin de evitar, prevenir y atender el problema que hoy se ha esbozado de cara al país.
Eso es absolutamente claro y el pueblo colombiano ya sabe a la saciedad del problema, los orígenes de esto es un conflicto armado, que unos quieran decir que no es conflicto armado, es producto de una guerra generalizada que se vive en Colombia, llámese terrorista, política, como se llame, pero ahí está el problema. Y naturalmente es sumado, producto de un modelo económico absolutamente antisocial que perdura y prevalece con el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Este Congreso, el que reclama la doctora Zulema, en el que reclaman todos los compañeros atención a los desplazados, permanentemente vota leyes y presupuestos y medidas en favor de la banca nacional, transnacional, es más, el mayor beneficiado en los últimos tres años de este Gobierno es el sector financiero; 18 billones de pesos en utilidades al sector financiero, y aquí estamos mendigando por cinco billones de pesos para atender la población desplazada.
Invito de manera clara a que esa definición política que cada uno debemos tener cuando de cara al país a estas Cámaras queremos mostrarle nuestro mensaje, es a que cambiemos de actitud política, y que a partir de hoy, en una decisión que se tiene que tomar, tenemos un presupuesto en discusión en este momento en nuestras manos, cambiemos la correlación.
La política de guerra del Presidente Uribe ha costado más de 32 billones de pesos, en estos tres años. Cambiemos esa correlación de guerra, de favorecimiento al sector financiero, al sector transnacional, y destinemos las políticas de inversión social, uno, a atender el problema de los desplazados y, dos, hacia atender la verdadera problemática social que vive el país.
La decisión no está en el Gobierno, la decisión está aquí en nosotros mismos, en quienes legislamos, en quienes tomamos las decisiones para las regiones. De eso se trata.
Muchos vienen a lamentarse, vienen a quejarse de su problemática de desplazados en cada una de las regiones, y también lo haría y lo hago permanentemente, pero aquí se pueden tomar decisiones políticas gruesas para atender naturalmente un problema que es social, pero el Congreso Nacional tiene la responsabilidad política y la facultad de hacerlo; hagámoslo por el bien no solamente de los desplazados, sino por el drama social y de miseria que vive el pueblo colombiano en general.
Palabras del honorable Representante Wellington Ortiz Palacio:
Gracias señor Presidente. Un saludo a los Ministros y a los funcionarios del Gobierno, y felicitar a los colegas que han citado a este debate.
Vengo escuchando que hay en el país unos departamentos donde tienen la mayoría de desplazados, pero pienso que estos desplazados son los más pobres de Colombia, y por ende, si son los más pobres de Colombia, sería los negros de Colombia.
Entonces, como Representante de las comunidades negras, veo que no se ha hecho un estudio importante para determinar ¿qué cantidad de desplazados hay de negros en el país? Y como son los más pobres, creo que son los que más están sufriendo y los que más están padeciendo este flagelo.
Considero que el Gobierno tiene que atender a unos sectores especiales, como son los sectores en estos momentos del Cordón del Pacífico, que tiene dificultades porque las personas que habían estado trabajando con esto de la droga en los departamentos del Putumayo y del Caquetá, se han desplazado a las zonas de Nariño y propiamente al sur, o sea, que esta población negra es la que está sufriendo la dificultad.
Es una petición al Ministro para que ver que se le pueda dar garantías a esta población y no termine desplazando más a los negros de esta zona.
También quiero hacerle una invitación, doctor Hoyos, porque me mandaron de Villavicencio, la comuna La Reliquia, donde hay casi 10 mil familias que están desplazadas, entonces, para que atienda a estas familias que se encuentran en Villavicencio, en La Reliquia; este es un barrio donde hay una cantidad de desplazados. Muchas gracias.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Jorge Carmelo Pérez):
Gracias honorable Representante y comparto esa última afirmación que en La Reliquia en Villavicencio, se encuentra un gran número de desplazados y apoyamos la invitación.
Palabras del honorable Representante Alvaro Ashton Giraldo:
Gracias Presidente. Sin duda que este es un tema importante y trascendente para nuestro país, que infortunadamente el Gobierno Nacional en cabeza del señor Ministro Sabas Pretelt de la Vega y el señor Ministro de Defensa, no entendieron la filosofía y el alcance de este debate. Pareciera, cuando uno los escuchaba, que estaban hablando de un tema completamente distinto al tema de los desplazados, y lo digo con elementos de juicio y con convicción de que este es un tema que hay que ponerle mucha atención.
Imagínense ustedes, por ejemplo, que en el departamento del Atlántico en el municipio de Soledad, de Malambo, de Puerto Colombia, de Galapa, Sabana Larga, hay no menos de 700 mil desplazados, que infortunadamente todos no están registrados en la Red de Solidaridad por unas razones obvias, y esto hace que el sistema general de participación, que le corresponde al municipio de Soledad o a la ciudad de Barranquilla, o al municipio de Malambo, con ese mismo Sistema General de Participaciones, con las transferencias que el Gobierno Nacional le asigna a esos municipios, tienen que atender a nivel de educación y salud a esas familias desplazadas, mientras que en los municipios en donde se originó el desplazamiento hay excedentes del sistema general de participación.
No busco de ninguna manera que se le castigue a los municipios en donde se originó el desplazamiento, sino que haya equidad y justicia social a efectos de que los recursos de educación y salud sean compatibles en el mejoramiento de la calidad y atienda la cobertura.
Y es muy importante ese tema, que no se ha tenido en consideración en esta discusión, y por ello se hace necesario que en el momento que tengamos que estudiar la cobertura en salud y educación de estos departamentos y de estos municipios, se tenga en cuenta el nivel de desplazados a efectos de incrementar el sistema general de participaciones, y poder atender de mejor manera a estos desplazados.
El otro elemento de juicio que tocó con lujo de detalles el señor Defensor del Pueblo, es el de los desplazados individuales. Quiero preguntar ¿cuál ha sido la propuesta del Gobierno o la inversión o la apropiación presupuestal del Gobierno en materia de vivienda urbana y vivienda rural, a efectos de atender a esos desplazados individuales, que no son como bien lo decía el señor Defensor del Pueblo los que aparecen en los medios de comunicación, son los que t ienen que ocultar su identidad para evitar dificultades y consecuencias que en este proceso de desplazamiento forzado se afectan a cada uno de sus familiares o miembros de su unidad familiar? Todas estas consideraciones nos están indicando que el Gobierno Nacional debe hacer un replanteamiento de la política en materia de desplazamiento.
Invito al señor Director de la Red de Solidaridad, del cual profeso un buen concepto y sé que es un excelente profesional, a que examinemos conjuntamente estos aspectos y pueda usted sacar la cara como la ha venido sacando, en nombre del Gobierno Nacional, y reitero sé que el Gobierno del Presidente Uribe ha venido haciendo esfuerzos ingentes en estos aspectos. No soy partidario de muchas de sus políticas, pero soy consciente del esfuerzo que se ha hecho.
Por ello entiendo que no está representado este Gobierno en cabeza del Ministro del Interior y de Justicia y del Ministro de Defensa, quienes no conocen el tema y por ello de pronto no actúan con la profundidad y con la contundencia, porque son personas que no se preparan, que no estudian, que no conocen el tema y hacen quedar muy mal de pronto los alcances que el gobierno ha podido alcanzar en materia de inversión para desplazamientos y para desplazados.
Por ello, reitero una vez más que sea necesario un estudio a fondo del problema del sistema general de participaciones para poder atender de mejor manera a los desplazados en educación y salud, así como en materia de vivienda, en cuanto al esfuerzo. Miren ustedes que Incóder en el presupuesto nacional, apenas apropió 3 mil millones; con ellos no alcanza ni siquiera para conseguir el metro cuadrado en los cementerios de Colombia para sepultar a los desplazados por la violencia en este país. Gracias Presidente.
Intervención de la honorable Represen-tante Tania Alvarez Hoyos:
Gracias señor Presidente. La verdad es importante al escuchar las cifras que han expuesto el Director de Planeación, el Ministerio del Interior, la Red de Solidaridad, donde ninguna de estas cifras se cruzan, cada uno tiene un fórmula totalmente diferente. Vemos cómo en su informe el Defensor del Pueblo controvierte esas mismas cifras, pero quiero que avancemos más allá.
No se trata de manejar solamente números, se trata de manejar una realidad de los colombianos que está allí todos los días. No se trata en este Congreso de firmar una proposición en contra o a favor del gobierno, el pueblo colombiano es el mejor personaje, es la mejor oportunidad que tienen de valorar la gestión del Gobierno Nacional.
Tenemos por ejemplo, que Colombia ocupa uno de los primeros lugares en el tema de desplazados en el mundo.
En el Valle del Cauca, las mujeres tienen el 53% de desplazamiento, y aquí no se ha tocado otro de los flagelos que se vive con el tema del desplazamiento, como es la violación que se hace a las mujeres y a los niños desplazados de este país.
Quiero llamar la atención al Gobierno y al doctor Hoyos. Aquí no se trata de ajusticiar a un solo funcionario, se trata es de unir los esfuerzos de todos los estamentos, porque cuando estamos hablando de TLC también estamos compro-metiendo una producción, una economía de un país, y si los campos nuestros están abandonados ¿quién va a producir? ¿Quién va a sostener la cuota internacional para manejar esos acuerdos en ese TLC?
Tenemos que hacer una política no solamente de mano firme, de seguridad democrática, sino que ya es hora y estamos dispuestos en el Congreso de la República, a coadyuvar para que también haya inversión social en el país, y que este flagelo de desplazados se disminuya.
Quiero invitar también al señor Ministro del Interior a una gran realidad que tenemos los vallecaucanos. Hoy se estaba reuniendo el Alcalde de Bogotá, con el Secretario de Gobierno de Santiago de Cali, donde hay desplazamiento de aquellas personas que fueron sacadas y expulsadas del sector del cartucho, que están llegando y han llegado a la ciudad de Santiago de Cali.
Usted Ministro del Interior, que dice que tiene a Cali en su corazón, le llamo la atención para que enfrente este problema, para que nos ayude a los vallecaucanos a solucionarlo. No le demos más rienda suelta a estos problemas sociales que se están convirtiendo en un gran bomerang para todo el país.
Lo que dijo el Parlamentario Ubéimar Delgado: Está bien que haya intervención del Gobierno de este Estado con su mano firme, a empresas manejadas por el narcotráfico, pero también necesitamos de manera pronta y oportuna que se haga una administración de esos bienes y no el deterioro, como se han presentado para que no haya más desplazamiento de la gente del norte del Valle y sobre todo se aumente el desempleo y la miseria que está en el Valle y está en el país.
Quiero invitarlo señor Ministro para unirnos con el Ministro de Agricultura, porque tenemos que darle también elementos y herramientas para que nuestro campesino vuelva al campo, educación para que realmente ellos tengan la seguridad, la protección del Estado, que se le pueda dar ante todo esos recursos, esa orientación. No solamente es de cuestión económica, necesitamos también apoyo psicológico y sociológico para que nuestros desplazados regresen a sus parcelas. Nuestros campesinos se enseñaron a ser jornaleros, no están administrando bien sus parcelas, se han dedicado a trabajar en la tierra del vecino, y es allí donde considero que tenemos que unir esfuerzos no solamente de la red, porque no se trata de ir a llevar plata a cada región del país y no se trata de decir que ha hecho tantas viviendas.
El tema de Bojayá es un tema que está caliente y que todavía persiste, un municipio lejano del Chocó, pero ya hemos visto en las intervenciones de nuestros parlamentarios que no se trata de llegar al sitio más lejano del país, sino que tenemos este flagelo en los municipios y en las capitales de nuestros departamentos, que necesitan que todos nos rodeemos para que saquemos adelante este país con la ayuda de todos, y que no se trata de firmar una u otra proposición para ayudar o acoger al Gobierno, sino que son los colombianos los que estamos viviendo esta realidad, y que aquí en el Congreso estamos dispuestos a rodear a las instituciones para que saquemos adelante al país. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Edgar Eulises Torres Murillo:
Gracias señor Presidente. Los invitados especiales a este debate y los honorables Representantes que me han antecedido en el uso de la palabra, en su mayoría han hecho el diagnóstico de la situación por la que atraviesa el desplazado, mujeres, niños, más de 3 millones 200 mil personas desplazados en el territorio nacional.
Quiero llamar la atención, que gran parte de los desplazados de este país son afrocolom-bianos. Gran parte de los desplazados de este país, los que ha habido en el pasado y en épocas recientes, provienen de la Costa Pacífica, del Chocó, de Nariño, del Cauca y del Valle.
Nuestro territorio aún se está disputando por parte de las fuerzas insurgentes, y eso hace que la situación sea verdaderamente compleja, y se agrava más la situación nuestra porque gran parte de esos desplazados, casi la totalidad, son personas pobres de los estratos bajos, son personas con los indicadores más altos de pobreza y de marginalidad.
Creo que no todo es negativo. Si comparamos el desplazamiento forzado que sucedió en el pasado y que se está realizando ahora con la política de seguridad democrática que ha funcionado, tenemos que decir que hemos avanzado de manera significativa.
Pero quiero decir que este Congreso, esta Cámara de Representantes, tienen necesaria-mente que legislar y dejar reflejado en esas leyes, en el Presupuesto General de la Nación, acciones concretas.
De alguna manera es delicado, creo que se ha avanzado, se han tomado acciones importantes. Creo que como conclusión de este debate, el Presupuesto General de la Nación debe verse reflejado en el aumento de las partidas para la atención de la población desplazada.
En el caso concreto de Bojayá, en donde el año pasado con el Gobierno se apropiaron recursos por más de 10 mil millones de pesos, creo que son acciones concretas suficientes para resolver en el corto plazo los problemas de desplazamiento y de atención a esta gente que de alguna manera el país y el mundo saben lo que allí sucedió.
Necesitamos acciones rápidas y concretas del Gobierno Nacional que tiendan a remediar el problema que ha sucedido con los afrocolom-bianos desplazados. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Juan Hurtado Cano:< /o:p>
Gracias señor Presidente. Solamente quería recabar en un punto fundamental, que me ha parecido es el tema central del desplazamiento en Colombia.
El desplazamiento en Colombia básica y fundamentalmente se ha dado porque el Estado colombiano durante muchas décadas, ha vivido de espaldas al sector rural, con falta de apoyo en crédito a los campesinos, falta de vías de comunicación, en fin, falta de vivienda rural, que en ese frente falló el Estado durante muchísimos años, dedicando una mayor cantidad de acciones presupuestales a fortalecer programas de vivienda urbana, lo que generó el desplazamiento de mucha gente aspirando a tener una vivienda digna y propia en los grandes centros urbanos, y dejando el sector rural absolutamente abandonado.
También soy de los que defiendo todos los segmentos y las etnias, por ejemplo en mi departamento de Risaralda nuestros hermanos, a los afrodescendientes, las negritudes en Santa Cecilia, por donde nos va a pasar la vía al mar, que es la gran vía del desarrollo futuro de Colombia con el puerto en Tribugá, que lo tiene planteado el Presidente Uribe en el Manifiesto Democrático, que va ser el esquema que le va a dar la posibilidad a los Tratados de Libre Comercio para poder sacar la gran producción nacional; ligada a ese proyecto gigantesco que en 70 años dejaron de hacer los gobiernos como el Túnel de la Línea, que se está haciendo.
Este es un problema de falta de desarrollo, pero el Estado y este Congreso le vamos a tener que dedicar recursos a la compra de tierras para adjudicárselas a los que quieren trabajarla.
He defendido programas del sector agrope-cuario y por eso le he dicho al Ministro de Agricultura, que con todo su equipo, en compañía del doctor Luis Alfonso Hoyos, de la Red de Solidaridad, que valga decirlo, en estos dos años se han invertido 2 billones de pesos en desplazamiento en Colombia, mientras que en diez años se destinó solamente un billón de pesos en administraciones anteriores. Eso nos está indicando de la inmensa preocupación que este Gobierno ha tenido para meramente con el éxito de su política de seguridad democrática, que la seguiremos acompañando, trabajar por el tema de los desplazados y el sector rural, al que este Congreso le tiene que aprobar presupuestos contundentes y claros para arreglar problemas sociales, dirigidos siempre al sector rural y campesino que ha sido abandonado por el Estado colombiano.
De tal manera señor Presidente, que vamos a seguir apoyando esta política del Gobierno, creo que no todo lo que se ha hecho en solución para el desplazamiento en este Gobierno es malo. Aquí son muchos los aportes que se han logrado concebir por la voluntad política de una integración de la Red de Solidaridad con todas las oficinas y los ministerios, para resolver problemas estructurales que no son de ahora, sino que vienen desde hace 50 años. Muchas gracias.
Palabras del honorable Representante Luis Eduardo Vargas:
Gracias señor Presidente. Después de haber escuchado las diferentes intervenciones que han hecho mis colegas sobre la problemática del desplazamiento en Colombia, donde las causas más protuberantes de este fenómeno son la guerrilla, el paramilitarismo, el abandono desde hace mucho tiempo por parte de los gobiernos nacionales al campo, y que ahora con el TLC causará todavía mucho más desplaza-miento, pues este sector va a ser uno de los más perjudicados en esta materia.
Y es que a mi región, Cartagena, todos los días con el cuento de que es un remanso de paz, llegan tres y cuatro familias, buscando la solución con el empleo, la vivienda, la educación, la salud, y donde no hay presupuesto que alcance para poder solucionar estas necesidades primarias.
Pienso que ya han habido los suficientes diagnósticos, estudios, análisis, foros y seminarios sobre el problema del desplaza-miento, pero vemos que todos los días como una bola de nieve, crece, crece y crece. Esto quiere decir que no se le ha dado una solución a fondo e integral al problema, y es por eso que todos los días vemos en los cascos urbanos cómo la violencia urbana y la inseguridad van tomándose las ciudades.
En Cartagena, para decir donde conozco, asaltaron la casa de la mamá del alcalde, se robaron la camioneta del primer mandatario, demostrando con esto la inseguridad que está viviendo nuestra región.
A manera de conclusión de mi intervención, presento una proposición para que se integre una Comisión In stitucional, integrada por miembros de la Cámara y el Gobierno Nacional, para que se diseñe un anteproyecto de ley integral para el desplazado, que contemple la atención sicológica, la educación, salud, readaptación, inversión social, capacitación y demás, para aliviar la situación de estos colombianos.
En esta deben participar el Director de la Red de Solidaridad, el Ministro del Interior y todos aquellos que tienen que ver con esta proble-mática. Muchas gracias.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Le pido al doctor Luis Eduardo que por escrito pase la propuesta de la conformación de la Comisión a la Secretaría.
Palabras del honorable Representante Alfredo Cuello Baute:
Gracias señor Presidente. Quiero agregar algo a lo que ya el doctor Juan Hurtado había expresado hace unos minutos; que aquí hay dos causantes del desplazamiento, adicionales a la guerrilla y al paramilitarismo, que son a los únicos que culpan. Causa desplazamiento el Estado, cuando por 50 años ha venido cuestionando las oportunidades de trabajo en el campo; causa desplazamiento cuando hace reforma agraria en las peores tierras del país o cuando acaba con los programas de electrifica-ción rural, dándole posibilidad a los campesinos de tener luz en sus pueblos, o cuando acaba con los presupuestos para seguir construyendo distritos de riego o cuando no ejecuta programas de saneamiento básico en el sector rural; o como hace Telecom, que abandona su presencia en todos los sectores rurales, porque un campesino que llega a la ciudad, no se devuelve al campo a vivir sin luz, tomando agua estancada, haciendo sus necesidades en el monte, incomunicado con su familia, y además de eso sin empleo.
Y hay un causante de desplazamiento, más grave aún que las políticas del Estado, y son los industriales y sus infames políticas de comercialización e importación de productos agropecuarios, que hace que en masa más campesinos todos los días tengan que ir a la ciudad.
Causan desplazamiento los industriales del algodón, los textileros, cuando tiene 4 mil, 200 toneladas en el Cesar que no les da la gana de comprar. Acaban con los miles de empleos que produce el algodón, enviando a sus trabajadores a engrosar las filas de los desplazados a la ciudad.
Causan también desplazamiento los industriales del maíz, los industriales de la avicultura que prefieren importar y no comprar tan solo el 10% del total que consumen, que es la cosecha de maíz que produce Colombia.
Lo mismo que aquellos industriales, que después de promocionar el cultivo de la yuca industrial, dejan 15 mil toneladas en Córdoba represadas, porque prefieren que se arruinen los campesinos y se desplacen a la ciudad en vez de contribuir a la paz de este Estado.
Lo mismo pasa con los industriales del arroz, los industriales de la leche y todos aquellos que han venido acabando de manera real el campo colombiano.
Quiero concluir doctor Hoyos, diciéndole que el programa RESA que usted está elaborando, no soluciona el problema de los campesinos. No es un problema de cultivo de pan coger, es un problema de comercialización, porque será mejor para un campesino toda la vida, pedir monedas en un semáforo, que quedarse parado en el portón de un industrial esperando a que le compren su cosecha y mirando cómo pierde sus centavos. Muchas gracias, señor Presidente.
Palabras del honorable Representante Luis Antonio Cuéllar:
Gracias señor Presidente. Señores Represen-tantes, me he reservado para intervenir por primera vez en esta Cámara, para hacer un resumen breve sobre las conclusiones a las cuales puedo llegar.
En primer lugar, agradecer a la doctora Zulema Jattin y a su compañero Luis Antonio Serrano, por la oportunidad que con esta proposición de citar a los más altos y distinguidos miembros de l gabinete del señor Presidente Uribe Vélez, de escuchar y hacer un balance sobre el problema más grave que tiene el país, como es el éxodo de los campesinos en busca de paz, que no de otra cosa porque el país no estaba preparado para esta emergencia que se está viviendo.
El éxodo de los campesinos trae padres de familia, que no saben sino cultivar la tierra, al lado de su esposa y sus hijos, que tampoco están preparados para vivir en las ciudades, y unos hijos que van creciendo sin alfabeto expuestos, para no morir de hambre, a formar pandillas delictivas.
Este éxodo trae entonces consigo la desocupación de ese padre de familia, de esa madre de familia, el hambre, el analfabetismo y desde luego crece el cinturón de ignorancia y de miseria, la prostitución y los delitos contra la propiedad.
El Estado seguramente no está en todos los lugares en condiciones de resolver el problema, por eso estoy de acuerdo con quienes me han antecedido en el derecho a la palabra, para pedir que haya una educación con calidad, para que ese niño que tuvo que huir con su padre para buscar la manera de defender su vida, tenga por lo menos acceso al alfabeto y al idioma, a una educación calificada.
Pero ya veremos también que de la mano es necesario una reforma agraria para poderle dar a estos campesinos que saben cultivar, la oportunidad de ocuparlos en su éxodo.
Es necesario fomentar la producción cooperativa para que los campesinos puedan unirse y explotar la tierra. En esto tenemos que provocar nosotros al interior del legislativo de Colombia, una reforma que permita el uso de la tierra ociosa, que lo tenemos en el Valle del Cauca, porque la tierra se ha concentrado generalmente en los que han hecho la ruina de este país con el narcotráfico, buscar la manera de una reforma agraria para entrar a expropiar esos terrenos y entregárselos a las gentes que saben trabajar.
Palabras del honorable Representante Etanislao Ortiz:
Gracias señor Presidente. Un saludo muy especial para los ministros y funcionarios del Estado y a mis colegas Representantes, y quiero felicitar a los citantes a este debate, a la doctora Zulema Jattin y al doctor Antonio Serrano, porque considero que este es un tema muy importante para nuestro país, y en las condiciones actuales que estamos viviendo, de conformidad con el objetivo fundamental del desarrollo que es crear un ambiente propicio para que el ser humano pueda disfrutar de una vida prolongada, saludable y creativa.
Pero esto que parece ser una verdad obvia, con frecuencia se olvida por los afanes de acumular bienes de consumos y riquezas financieras, pero el problema del desplazamiento en Colombia, un aspecto fundamental es el desprecio sistemático y generalizado por los derechos humanos, que a lo largo de muchos años ha generado la situación que estamos viviendo.
Además, este es un país muy excluyente y es un país de regiones, y no estamos legislando realmente para las características y connota-ciones que tiene este país, y que en este momento todos somos culpables de la situación que estamos viviendo los colombianos.
Considero que el gran problema es el modelo económico que se ha desarrollado y que estamos viviendo. Considero que nosotros debemos construir un modelo económico que nos permita alcanzar altos niveles de competitividad, para que el Estado vía impuesto pueda tener unos ingresos para que pueda hacer una inversión pública y pueda invertir en gasto público, de lo contrario no se va a solucionar en Colombia el problema de desplazamiento, porque cada día esto se va aumentando y esto va creciendo en una progresión exponencial.
Los recursos que se tienen para resolver estas dificultades, de acuerdo con el dato de la Red, el presupuesto para el año 2005 es de 212.900 millones de pesos y se necesitan 4 billones de pesos para solucionar el problema del desplazamiento en Colombia.
Quiero hacer un llamado a la opinión nacional, es que la Ley 387 hay que reformarla y tenemos que legislar en torno de la realidad en que estamos viviendo, porque de lo contrario como congresistas y legisladores también hacemos parte del problema y debemos hacer parte de la solución. Muchas gracias.
Palabras de la honorable Representante Zulema del Carmen Jattin Corrales, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Vamos a hacer un recuento de las propuestas que presentamos a consideración de la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes.
En primer lugar, hemos solicitado el apoyo de la Defensoría del Pueblo y de las Organiza-ciones No Gubernamentales para realizar una Conferencia Internacional sobre el Desplaza-miento Forzado en nuestro país, la más grave crisis humanitaria que hemos vivido los colombianos, que nos convierte en el tercer país del mundo en desplazamiento interno forzado.
Vamos también a trabajar junto con la Plenaria de la Cámara de Representantes, una modificación de la Ley 387 de 1997 buscando que se establezca como desplazados a aquellas personas que han sido desplazadas por la erradicación de los cultivos ilícitos, no porque creamos estar a favor de esos cultivos, al contrario creemos que es importante su erradicación, sino porque buscamos proteger a los ciudadanos y ciudadanas afectados por esas políticas.
Vamos a trabajar también la destinación de los recursos que se recaudan por el cuatro por mil, para la atención humanitaria de los desplazados por la violencia. Esperamos recibir el respaldo de la Cámara para disminuirlo, y que podamos destinar un tres por mil a la atención de la población desplazada. Ese impuesto que en sus orígenes se destinó a salvar al sistema financiero en Colombia, podría tener ahora un carácter comunitario.
De igual manera, queremos reiterarle al señor Consejero Presidencial la necesidad de una certificación provisional que le permita a los desplazados en Colombia contar con la atención humanitaria de emergencia, mientras se les otorga el certificado definitivo.
Por último, la proposición que fue radicada en Secretaría queremos los citantes dejarla a manera de constancia para que sea enviada por la Secretaría de la Cámara a la Procuraduría General de la Nación para su trámite pertinente.
Agradecemos a nuestros colegas por el interés despertado en la atención necesaria a los más de 3 millones 400 mil colombianos y colombianas, a su estado por el conflicto armado interno.
Agradecemos también a los señores del Gobierno que nos han acompañado en este debate, aunque sus respuestas no nos dejan satisfechos, y agradecemos especialmente a los ciudadanos colombianos que nos ven y que han entendido con nosotros que la crisis humanitaria cubre el 70% de nuestro país, afecta mayoritaria-mente a mujeres a niños y niñas y nos compete solucionarla a todos los colombianos y colombianas.
Palabras del honorable Representante Antonio Serrano, citante del debate sobre desplazamiento forzado:
Gracias señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer el interés de los colegas de esta Cámara en el tema del desplazamiento forzado.
Creo que es uno de los debates de control político que ha contado con la asistencia de un mayor número de representantes, eso nos está indicando el interés que el Congreso de la República tiene en brindar alternativas de solución a esta bravísima crisis humanitaria que afecta a la mayor parte del territorio colombiano, y a un buen número de compatriotas de diferentes regiones del país.
Diría que como conclusión de este debate, podemos definir una serie de situaciones. En primer lugar, no podemos tapar el sol con las manos. Hay una situación de crisis humanitaria en Colombia, como lo demuestran las intervenciones de los colegas, las intervenciones de los citantes y del propio Gobierno Nacional.
El doctor Luis Alfonso Hoyos ha reconocido que la situación del desplazamiento forzado en Colombia es de gran magnitud, que es un problema grave que tenemos que afrontar entre las diferentes instancias del Estado, incluido el Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales, el propio Congreso de la República, la comunidad internacional y ojalá todos los colombianos.
Aquí él ha señalado también cómo se ha avanzado en algunos temas, pero también ha sido sincero en reconocer las deficiencias en otras, de los temas que nos ocupan para una atención integral a la población desplazada.
Quiero hacer claridad sobre un punto. Una de nuestras conclusiones es, que no es cierto que el fenómeno del desplazamiento haya cedido en el año 2004. Lo reconocemos en el año 2003, donde coinciden las cifras tanto de la Red de Solidaridad Social como de Codhes, pero como la mostramos en el debate, a medida que van transcurriendo los meses de este año, estamos seguros que esas cifras de la Red de Solidaridad se irán ajustando, y que al final del presente año lo que lamentablemente nos van a mostrar es que nuevamente en el año 2004, el fenómeno del desplazamiento en Colombia ha aumentado, y que el primer trimestre del año 2005 igualmente nos muestra esa tendencia.
Reconozco, como lo expresé en muchos de los puntos de mi intervención, que el Gobierno viene haciendo unos esfuerzos. He venido acompañando al gobierno en el Congreso de la República, hemos venido acompañando los esfuerzos del gobierno por tratar de solucionar los principales problemas que aquejan a este país, entre esos el del desplazamiento forzado, pero no estoy satisfecho, doctor Almario, con las soluciones que hasta el momento se han brindado. Demando y reclamo una mayor inversión para el departamento del Caquetá, mayores recursos para la atención a la población desplazada de nuestro departamento y de todos los departamentos del país o de todas las regiones de Colombia.
Creo que lo que hemos podido demostrar en este debate en el día de hoy, es que el problema del desplazamiento forzado es de una magnitud tal que requiere el esfuerzo y el concurso del Gobierno Nacional, a través de la Red de Solidaridad, con todo el esfuerzo que viene desarrollando, pero igualmente el concurso del Congreso de la República en todas las propuestas que hoy presentamos a consideración de esta Cámara legislativa.
La conferencia internacional sobre el desplazamiento forzado en Colombia, ya durante el transcurso de este debate, hemos recibido comunicaciones en el sentido de brindar apoyo para la realización de esta conferencia internacional.
La reforma de la Ley 387 de 1997, el señor Defensor del Pueblo aquí lo ha expresado: Nos vamos a reunir con la Defensoría para evaluar cuáles se rían las posibles reformas a la Ley 387, dentro de las cuales no cabe la menor duda estaría la de que la Red de Solidaridad y las diferentes instancias del Estado puedan brindar una atención también a los desplazados, con ocasión de las fumigaciones o del programa de fumigación; que se puedan brindar para estos campesinos otras alternativas, como la de la radicación manual, como la del programa de familias guardabosques.
Doctor Luis Alfonso, usted lo ha dicho: El Caquetá entró a ser parte de este programa de familias guarda bosques apenas en diciembre del año anterior. Esperamos que otros municipios de nuestro departamento puedan entrar a formar parte de este programa.
El impuesto humanitario, lo hemos visto. Se requieren mayores recursos, hay un esfuerzo importante en el año 2005 y en el año 2006.
La propuesta de darle destinación específica al impuesto del cuatro por mil, sobre el cual el gobierno ha manifestado su interés en desmontarlo, pues bien esta es una oportunidad para que se mantenga, si es necesario para rebajar al tres por mil por ejemplo, pero que esos recursos tengan destinación específica para la atención a la población desplazada.
Igualmente la necesidad de que los entes territoriales destinen una parte un porcentaje de sus recursos para la atención a la población desplazada. Le había pedido a la doctora Zulema, que la proposición que ella había presentado la retirara para que se pudiera dar inicio al otro debate que tienen preparado algunos colegas. No la acompañé en esa proposición, pero la doctora Zulema ha expresado su decisión, en el sentido de que esta proposición quede como una constancia y que sea remitida a las instancias respectivas.
Nuevamente reitero que entre todos tenemos que hacer un mayor esfuerzo del que hasta ahora se ha venido haciendo, reconocemos el interés y el esfuerzo del doctor Luis Alfonso Hoyos y de otras instancias del gobierno, pero con esa vitalidad que usted ha demostrado en el día de hoy, hagamos un mayor esfuerzo, redoblemos los esfuerzos. Aquí vamos a contar seguramente con el concurso del Congreso de la República, de otras instancias de carácter internacional, de otros sectores de la población colombiana para que ojalá empecemos a superar el problema del desplazamiento y brindar una verdadera atención integral a la población desplazada en Colombia. Gracias señor Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Hay una proposición del doctor José Albeiro Mejía y el doctor Juan Hurtado, esa proposición se leerá en el día de mañana. Hay otra proposición para conformar una subcomisión, que es potestativo de la Mesa Directiva, doctor Luis Eduardo, eso lo haremos y la Mesa Directiva dará a conocer la Comisión que se nombra para tal efecto como bien lo pide usted. Y hay una constancia que deja un grupo de congresistas, las constancias no se discuten, por lo tanto las vamos a leer, pero nadie va a discutir una constancia.
Señor Secretario lea la constancia.
Palabras del honorable Representante Jorge Luis Caballero Caballero:
Presidente, me parece inadecuado lo que usted está haciendo, porque al Gobierno no lo puede censurar y darle una limitación de cinco minutos y ponerlo a responder en otra oportunidad.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
El doctor Hoyos está diciendo que lo hace en 5 minutos.
Palabras del honorable Representante Jorge Luis Caballero Caballero:
Los que estamos asistiendo a este debate, estamos interesados también en conocer cuáles son las respuestas que se le han formulado al doctor Hoyos.
Tengo el mayor interés de que el otro debate se adelante, pero también tengo interés en escuchar las respuestas y no salir del paso señor Vicepresidente, deje que el Gobierno explique cómo debe hacerlo, con la responsabilidad que le corresponde para que presente, como debe presentarlo, unas respuestas precisas y no a la carrera.
Palabras del doctor Luis Alfonso Hoyos, Director de la Red de Solidaridad:
Esto es muy breve para que puedan seguir con el otro debate.
Quiero agradecer nuevamente a los incitantes al debate, a la Representante Zulema Jattin y al Representante Luis Antonio Serrano.
Hemos tomado atenta nota de las 32 intervenciones, creo que hay unas conclusiones claras, el problema es grave, hay un esfuerzo muy importante que está haciendo el Gobierno, hemos tenido un respaldo del Congreso, hay avances en ciertas materias y hay otras donde no tenemos avances suficientes, tema específico de tierras. Por eso estamos encantados de trabajar con la comisión que ustedes han designado, para poder avanzar en los ajustes a la ley.
Quiero agradecerle muy especialmente a la Defensoría que ha sido tan crítica en esta materia, que haya reconocido el enorme esfuerzo que ha hecho la entidad que regento y el trabajo que hemos venido haciendo conjuntamente. Creo que eso también alienta porque es bueno, y como ustedes lo han señalado, mostrar lo bueno y lo malo. Así que nos reunimos con ustedes cuando quieran, seguimos trabajando en todo el país, y quiero recordar lo que dijo el Representante Negret: esto es con plata. Pasamos de un billón en 10 años a un billón en 2 años, el esfuerzo gigantesco porque nunca se había hecho; más recursos que nunca y más esfuerzos que nunca, pero todavía se requiere más.
Aquí habrá una discusión del presupuesto, aquí habrá unas propuestas adicionales, lo ha dicho el Director de Planeación Nacional, hay unas propuestas de nuevas partidas y estaremos trabajando con ustedes para que eso se dé, y como siempre atentos personal o colectivamente para estar en la Plenaria, en las comisiones y con ustedes y gracias por los aportes que hemos reci bido.
Palabras del honorable Representante Manuel Enríquez Rosero:
Gracias señor Presidente. Honorables Representantes, voy a quitarles tres minutos antes de iniciar este nuevo debate. En el día de ayer se reunió la bancada del nuevo partido, quien a la cabeza de su Presidente, el Senador Oscar Iván Zuluaga, había venido en los últimos días haciendo esfuerzos para la conformación de un solo partido, sin embargo, en vista de que eso no fue posible, se ha suscrito la siguiente declaración del nuevo partido.
El nuevo partido es el resultado de la reforma política de 2003, lo inspiran cuatro premisas fundamentales: Defensa del Estado Comuni-tario, la Paz y la Seguridad Democrática, eje central de la visión del Estado del Presidente Álvaro Uribe Vélez, pluralismo ideológico para dar espacio a colombianos de origen liberal, conservador, izquierda democrática indepen-diente, fortalecimiento regional como base para la instauración de políticas públicas regionales, renovación política para abrir espacios a muchos colombianos que aspiran a participar en política.
Segundo. Las elecciones regionales nos posesionaron como una realidad política...
Presidente le pediría a los honorables Representantes, así como nosotros hemos tenido la paciencia y la tolerancia de escuchar todas las intervenciones de los diferentes movimientos y partidos, les pido tres minutos para leer esta declaración que es muy importante para un grupo importante de parlamentarios que tiene asiento en esta Cámara de Representantes.
Palabras del honorable Representante Alfonso Campo Escobar:
Gracias señor Presidente. Con todo el aprecio y el respeto que uno tiene que tener por los colegas, este ha sido un debate anunciado desde hace mucho tiempo, el debate anterior lo hemos escuchado con el juicio, la responsabilidad, la determinación que nos caracteriza como congresistas, y lo mínimo que podemos pedir por p arte de la Mesa Directiva es que si hay un debate como dicen de suprema importancia y trascendencia, se le dé celeridad a este debate.
Con todo el respeto y el cariño que hay por el Representante Rosero, ya usted tendrá la oportunidad en esta misma Plenaria o en algún momento en los medios de comunicación de exponer su gran propuesta y su gran proyecto de gobierno, tratando que lleguen muchos más congresistas a él.
Así que señor Presidente, cumpla estricta-mente con el Orden del Día.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Teníamos la mejor sana intención doctor Manuel Enríquez en que se leyera la constancia, la Mesa Directiva le dará la oportunidad en un canal.
Lea señor Secretario el artículo 105 de la Ley 5ª.
La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Con mucho gusto Presidente.
Artículo 105 de la Ley 5ª de 1992. Intervenciones escritas. No se permite la lectura de discursos escritos, esto no excluye las notas o apuntamientos tomados para auxiliar la memoria, ni los informes o exposiciones con que los autores de los proyectos la acompañen.
Esta leído el artículo pertinente.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Como los ponentes del debate que a continuación se inicia, han llegado a un entendimiento para el Orden del Día, le damos el uso de la palabra al doctor Gustavo Petro, durante 20 minutos, para que haga su intervención, pero queremos antes de que inicie recordarle a los Representantes a la Cámara que mañana jueves a las 8:00 a.m. hay sesión plenaria, y les pedimos la asistencia cumplida, porque a las 11:00 empiezan las Comisiones Primeras de Cámara y Senado a sesionar para unos temas importantes.
Palabras del honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
Voy a recomendarle primero a la Presidencia de no interrumpir mi intervención. Sé que va a ser dura.
Segundo, pedirles a los ciudadanos que en este momento nos están escuchando y viendo, que si tiene niños al lado va a haber unas imágenes muy fuertes al final de mi intervención de videos, y les recomendaría alejar a los niños de la pantalla del televisor.
En tercer lugar, expresarle a la Mesa mi preocupación porque ya se está suspendiendo la señal en algunos municipios de Sucre, específicamente el de Sampués, no sabemos exactamente la causa, pero me parece que sería terrible que la ciudadanía de Sucre no pudiera observar este debate.
Están transmitiendo en el Canal Institucional un partido de fútbol, en Sampués, por ahora.
Este debate sobre las relaciones entre la clase política y el paramilitarismo. Sé que este tipo de datos que voy a presentar aquí, son desespe-ranzadores para la ciudadanía, eso me afecta incluso porque los ciudadanos quisieran informaciones positivas, pero quiero decirle a los ciudadanos que sepan, sobre todo los ciudadanos que viven bajo dictadura en Colombia, bajo dictaduras locales, bajo el poder mafioso, son varios millones de colombianos, que algunos nos están escuchando, que sepan que estoy absolutamente convencido que la batalla pacífica por la democracia va a triunfar en Colombia, a pesar de todo, que vamos a ganar y que vamos a hacer que el Estado Social de Derecho y la plena garantía de los derechos ciudadanos y las libertades estén en todo el territorio nacional, esa que es la base de una verdadera política de seguridad democrática.
No tiene sentido, ni un proceso de paz, ni una política de seguridad, si se construyen sobre la base de negar los derechos y las libertades de los ciudadanos en cualquier territorio de la Nación; un proceso de paz solamente puede consistir en el restablecimiento de la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos, no de los actores armados. Y en este sentido quiero mostrar el caso de Sucre, como un caso típico, no como la excepción, no como si lo que pasa en Sucre no pasa en el resto del país, sino que es una investigación minuciosa que nos puede mostrar en qué consiste el poder mafioso y las dictaduras locales, por qué los constituyentes se equivo-caron cuando creyeron que a través de la Asamblea de 1991, se estaba construyendo un pacto nacional que iba a ser la entrada a la paz verdadera del país, y olvidaron que el poder real de Colombia no está en Bogotá, no está en el poder nacional, que la Nación es una abstracción, y que el poder real es el poder local, y que mientras la Constitución planteaba un programa democrático para todos los ciudadanos, el poder local real iba pasando a manos de las mafias, y las mafias vieron en la Constitución un enemigo absoluto.
El gran conflicto hoy en el país, es el conflicto entre el Estado de Derecho y los poderes mafiosos locales.
Los poderes mafiosos locales son una articulación entre elites económicas, dirigentes políticos y delincuentes convertidos en comandantes manejando ejércitos privados.
Esa fusión mafiosa tiene un objetivo: Controlar por la vía del terror, del estilo de muerte, a la sociedad sobre la cual se asienta. Eliminan todas las diferencias de todo tipo: política, religiosa. Y ese control social totalitario dictatorial, tiene también un objetivo: el enriquecimiento ilícito, la depredación, la captación de los recursos públicos, los recursos naturales, las tierras y la cocaína.
Y ese es el poder mafioso que está avanzando en Colombia, y que en el Gobierno de Uribe ha avanzado espectacularmente, y de poder local, poco a poco se ha venido articulando la mesa de Santa Fe de Ralito, permitió una unificación de esos poderes locales mafiosos, de cara a conquistar el país y a derrotar definitivamente la democracia en Colombia.
Sucre ¿qué elementos de prueba? No voy a decir ninguna afirmación que sea de carácter personal, todas están sustentadas en diversas evidencias. Una, el proyecto ya archivado, el proceso ya archivado en la Procuraduría, sobre la masacre de Chengue.
Dos, informes, resultados operacionales de las fuerzas militares de Colombia, específica-mente de la armada, situada en el departamento de Sucre.
Tres, videos y grabaciones.
Y entonces empezamos.
Antecedentes del paramilitarismo en Sucre. Los antecedentes del paramilitarismo en Sucre, datan de 1997. Obviamente estaban al lado de una región controlada por paramilitares, como el departamento de Córdoba, pero hay una reunión, según declaración de un testigo paramilitar, a la justicia colombiana. El testigo perteneciente al paramilitarismo se llama Jairo Antonio Castillo Peralta, ex escolta de un personaje que ahora analizaremos, Joaquín García, ganadero del departamento de Sucre.
El confiesa que estuvo presente siendo escolta, de una reunión que se realizó en una finca denominada "Las Canarias" de propiedad de Miguel Nule Amin, y que en esa finca se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el señor Rudolf Panta, ciudadano alemán, tesorero de los paramilitares en ese momento en Sucre, asesinado después, el Senador Alvaro García Romero, el señor Salomón Feris Chadid, alias "cero ocho" el señor Salvador Arana Sus, el señor Eduardo Covo, administrador de la finca, "Las Melenas" hoy, en ese entonces no se conocía, alias "Diego Vecino", el señor Joaquín García, el propietario de la finca, Miguel Nule Amín, un Mayor Barrero, un Mayor Parra, de la Sijín y el Comandante de la Policía de Sucre, Enciso Barón. Esos son los datos que arroja el testigo paramilitar.
Parece que allí en esa reunión, según él, decidieron conformar grupos paramilitares autónomos, en la región de Sucre.
Castillo Peralta es un testimonio que se debe desechar, más adelante en esta intervención veremos si el testimonio de Castillo Peralta se debe rechazar.
Después de esa presunta reunión, y en el año 1997, vienen las elecciones territoriales. En el departamento de Sucre se enfrentan dos candidatos poderosos: el señor Julio Morris Taboada, candidato apoyado por Alvaro García Romero y Salvador Arana, que es el tesorero de esa campaña, después fue el Gerente de Asalud de esa administración, y el señor Edgard Martínez Romero.
El día de las elecciones después de que se hace el conteo, el ganador es Edgar Martínez Romero. Y suceden varias cosas.
Vamos a leer aquí un pedazo de un testimonio también de Castillo Peralta, escolta de Joaquín, sobre qué pasa el día de las elecciones, y esa noche qué sucede.
Aquí se informa, en este documento de la Procuraduría, que una vez se pierden las elecciones, el señor Alvaro García, para apoyar a Morris y Miguel Nule Amín, entonces le dijo, es la parte de la declaración, vamos a leerla con cuidado, dice que el señor Álvaro José García Romero, pues entró en una especie de cólera esa noche, fue a la Registraduría, hizo algunos actos violentos, el DAS le quitó la escolta normal, el señor Joaquín García, viéndolo sin escoltas, le mandó sus propios escoltas, y allí fue el señor Peralta Castillo a escoltar al señor Alvaro García, y a partir de allí se enteró de varias reuniones que hubo después de la fecha de elecciones.
Según estos testimonios y los voy a leer exactamente, dice: Álvaro se había portado con una patanería en la Registraduría y le habían quitado la protección. Yo le presté la seguridad por ese día hasta que le mandaran su protección, como así fue que en la casa de Alvaro García desayuné, que queda en el barrio Venecia, y ahí de una vez se reunieron Álvaro y Joaquín, y como Joaquín le había prestado dinero a Álvaro para apoya r a Morris y Miguel Nule Amín, entonces le dijo Alvaro a Joaquín García, que la única manera para salvar a Morris, era matando a esa muchacha de San Onofre, que tenía el electorado clasificado antes de llegar a la Registraduría.
Inmediatamente Joaquín García llamó a Salomón Feris Chadid, y le dijo que habían diez terneros a la mano, que eran diez millones de pesos, para que se pusiera en contacto con el grupo de San Onofre manejado por Danilo, y que hicieran el trabajo de matar a esa muchacha, y que podían pasar por el Edificio Cristalina, tercer piso, al apartamento de Joaquín García, que queda en el barrio La Ford, donde queda la sede Celcaribe, frente al restaurante Casa Grande, que hicieran esa vuelta, que les tenía los diez millones y que él respondía por Alvaro, que porque ese trabajo lo necesitábamos urgente. No me acuerdo exactamente si fue al otro día o a los dos días que efectivamente mataron a la muchacha. Lo único que si sé, es que el trabajo le quedó bueno y bien triunfado, porque días después el mismo Joaquín García me llamó que fuera a la casa de él. Cuando llegué a su casa, estaba Alvaro García, Salvador Arana, Alberto Acuña, y me dijeron cuidado de lo que pasó le va a decir a alguno, y Álvaro me dijo: se que no tienes casa, cuenta con ella, te la voy a regalar, todavía la estoy esperando.
La muchacha se llama Georgina Narváez, era jurado de votación, en un corregimiento de San Onofre, perteneciente al grupo del candidato ganador, el señor Edgar Martínez. Fue asesinada el 19 de noviembre de 1997, y lo que sucedió en ese corregimiento, es que se cambiaron los datos electorales. Y a partir de ese cambio los datos electorales en donde ella era testigo de que se habían cambiado fraudulentamente, por eso la mataron, apareció como triunfador posteriormente en los escrutinios el señor Morris.
Aún hay más denuncias del señor Jairo Antonio Castillo Peralta, escolta de este grupo. El habla que después, ya ganadas las elecciones, entre comillas, por el señor Morris, se hizo una reunión en el restaurante Carbón de Palo de Sincelejo. Allí según él, asistieron, vamos a buscar la reunión de Carbón de Palo, los hermanos Pedraza, todos jefes paramilitares de la zona, el señor Salvador Arana Sus, Joaquín García, los alcaldes de Guaranda, Samuel Valencia, y municipio de Sucre, Sucre, Miguel Navarro, saliente en ese momento y el entrante Angel Villarreal. Siguieron hablando de conformar un grupo, esta vez en la zona de La Mojana y Bajo Cauca, debidamente equipado militarmente, y hablaron de cómo financiarlo.
Aquí en la declaración que rinde este testigo, esta vez ante la Fiscalía, el señor Castillo Peralta menciona todos los nombres del grupo paramilitar y menciona cómo se iba a financiar.
Voy a leer el pedazo de la financiación: llegaron a hablar de los impuestos del municipio. Arana dice que por qué vamos a pagar por este municipio sesenta millones de pesos. Propone llegar a un acuerdo para conformar un grupo de confianza, un grupo bueno que sea manejado por nuestras manos. Los jefes del grupo le dijeron que era una buena idea y que era mejor continuar en un grupo manejado por ellos mismos. Acordaron dar sesenta millones para dotar a quince o doce muchachos bien dotados con uniformes, morrales y fusiles, para conformar un grupo de autodefensas.
Hasta a mí me propusieron si yo podía manejarles la parte militar, yo les dije que no, porque yo era muy conocido en la región, y que no quería problema. Eso me lo propuso el doctor Arana, entonces Joaquín García le preguntó a Arana que de dónde iban a sacar la plata, Arana le contestó que como el Alcalde estaba ahí y era nuestro, él les iba a colaborar con eso. Ahí fue que empezaron los contratos y a mandar plata, constancia de eso tengo una copia de un cheque por valor de 17 millones, 281 mil, 393, pesos perteneciente a la cuenta del ingeniero Octavio Otero, y la esposa del Ingeniero fue el que giró el cheque.
Me dio el cheque y yo lo cobré. Entonces llegaron los señores Pedraza al parqueadero y se llevaron la plata, y ahora en la actualidad está operando el mismo grupo en La Mojana.
Esta es la primera evidencia para saber si este testigo, pues es un hombre loco o es alguien a quien hay que prestarle cuidado como a Popeye.
Y tenemos copia del cheque. Efectivamente, ese cheque que observan ustedes en su pantalla fue girado por el municipio de Sucre, por 17 millones, 281 mil, 393 pesos, y el receptor como consta en el banco, es el señor Castillo Peralta. Efectivamente este señor recibió un dinero que sale de un contrato, vamos a ver el contrato, sale de un contrato para construir unas obras públicas en el municipio de Sucre, por 23 millones de pesos algo así, exactamente por 23 millones, 248 mil, 257, es el anticipo del 50%, contrato: Terraplén Sucre-Sucre, quitados todos los impuestos y gastos de legalización, publicación, póliza, transporte, etc., impuestos, le quitan 5 millones, 966 mil, 864 y queda disponible para el contratista la cifra de 17 millones, 281 mil, 393 pesos que, como consta en el recibo del banco, Bancoop en ese entonces, fue entregado finalmente al señor testigo Castillo Peralta, miembro del paramilitarismo, y según él entregado a los hermanos Pedraza para comprar fúsiles y otros elementos militares para dotar el grupo paramilitar de La Mojana. Estos son los antecedentes.
¿Qué pasó con estos grupos posteriormente al año 1998? Hemos visto que tuvieron algún uso, no en el combate contra la guerrilla, y aquí tengo que aclarar algo. En este estudio, y esta es una visión personal que va mostrando cómo se van implicando diferentes dueños de fincas tradicionales del departamento de Sucre y políticos, con el paramilitarismo, hay una realidad, dentro de los dueños de las fincas, y es que han sido o habían sido amenazados, secuestrados, extorsionados por la guerrilla. Ese es un dato que hay que tener en cuenta, para completar esta verdad del análisis del crecimiento del poder mafioso.
De una manera u otra, una élite económica en la región, ante la amenaza de la guerrilla, le vende el alma al diablo, y decide iniciar un proceso de construcción de unos grupos que terminaron siendo peores que la enfermedad, y ¿por qué digo que peores que la enfermedad? Veamos este tema de la masacre de Macallepo, y vamos a mirar creo, los mapas antes que nada para darnos cuenta, sobre todo los que no han vivido en esa región, de qué estoy hablando.
Estamos hablando de la región casi limítrofe entre Sucre y Bolívar, muchos colombianos usan, este es Sincelejo aquí, esta carretera va hacia San Onofre, San Onofre es un municipio clave en esta investigación, y esta carretera la cogen muchos colombianos porque por ahí van hacia Cartagena, y ahí está el mar, el Golfo de Morrosquillo, las playas hermosas y una de las principales salidas de cocaína hacia afuera.
De la carretera hacia al mar, pues obviamente son grandes haciendas planas y de la carretera hacía el sur son los denominados Montes de María, una región montañosa, Macallepo está acá, es decir, de San Onofre un poco hacía el sur, ya en los Montes de María. Los Montes de María eran considerados zonas guerrilleras, mientras el paramilitarismo estaba en la costa exportando cocaína. Macallepo es una de las primeras masacres, no es la primera exacta-mente, aquí está Macallepo y aquí está Chengue.
Vamos a ver qué pasa en Macallepo: 15 campesinos son asesinados el día 16 de octubre del año 2000, por miembros de grupos paramilitares a garrote, piedra y machete. No se les dispara, se les destruye las cabezas con piedras y se les descuartiza con machetes. La fecha exacta es el 16 de octubre del año 2000. Aquí viene una segunda evidencia, que ya no sale del testigo paramilitar Castillo Peralta, sino que es de otra fuente diferente; es una grabación, vamos a intentar pasarla y escucharla, y es la grabación entre el señor Senador de la República Alvaro García Romero y el señor Joaquín García, que ya hemos mencionado anteriormente.
Esa grabación fue presentada públicamente en Colombia, este no es un invento nuevo, ni una chiva nueva, esta fue publicada por la Revista Semana el 31 de mayo del año 2002, y también por la Revista Cambio.
(Presentación de grabación).
Cinta grabación.
18 y 55 horas,
Servicio Internet marque 4...
No se entiende la continuación de grabación.
Lo que pasa es que Nule quiere meter la tropa en la finca, y la idea no es meter la tropa a la finca, la idea es meter la tropa en la parte de atrás, por el lado del Aguacate, por el lado de Pajonalito, por esos sectores, me entiende...
Continúa el honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
Por favor devuélvela, pasemos la trascripción al mismo tiempo, porque de lo contrario no vamos a entender qué está diciendo, porque además en el lenguaje del Senador, ahí va, entonces ahora si por favor la grabación.
(Presentación de grabación).
La siguiente grabación se registró el día 6 de octubre del año 2000, a eso de las 18 y 55 horas.
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Persona 1: ...Yo no sé si Nule ha hablado contigo, lo que pasa es que Nule quiere meter las tropas allá a la finca, la idea no es meter la tropa a la finca, la idea es meter la tropa en la parte de atrás¿ por el lado del Aguacate, por el lado de Pajonalito, por esos sectores, me entiende¿
Persona 2: Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy, pero es fácil tomarla en diez días.
Persona 1: La verdad es que nos interesa que la tropa la metan por allá, no que la estén metiendo dos días y la saquen pa¿acá afuera¿
Persona 2: Esa propuesta la puede hacer el Gobernador, ¡oye!
Persona 1: Bueno, ojalá me ayudes tú en eso viejo, porque¿
Persona 2: Eso dalo por un hecho.
Persona 1: La situación allá es grave. Me comuniqué con los amigos estos míos, y ellos siempre con la disculpa de esos manes verdes¿ Yo no sé si ese man verde no hay forma de tocarlo como pa¿que se abra¿
O sea, que se haga el loco a ver si está gente funciona¿
Lo que pasa es que estos tipos hay que ver cómo se controlan y que se metan pero pa¿allá arriba hermano.
Persona 2: El hijo es el que ha venido hablando conmigo, Aníbal, y Aníbal ya le comentó al padre que acaba de hablar conmigo, y el padre esperaba la llamada tuya anoche, me acaba de decir Aníbal.
Persona 1: Ah pero como tú no me dijiste nada¿
Persona 2: Es que Aníbal me dijo las cosas pero como yo no estaba apurado, pensaba que usted estaba organizado¿ entonces esa vaina la tenía con el tapón.
Bueno Álvaro, no hay problema, yo hago eso...
Está aquí conmigo¿
Continúa el honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
La grabación además de nombrar a las personas conocidas, Alvaro y Joaquín Nule, habla del traslado de unas tropas hacia el lado de Pajonalito y del Aguacatal. Pajonalito es el sitio donde hoy se descubrieron las tropas comunes, está en la vía, y Aguacatal también en la vía hacía Macallepo-San Onofre-Macallepo, ya subiendo los Montes de María.
Estas grabaciones lo que están diciendo es que hay un man ve rde, que está impidiendo mover las tropas hacia Macallepo, pues un man verde, por la fecha en que se hace la grabación, es el Coronel Rodolfo Palomino. El Coronel de la Policía Rodolfo Palomino había detenido el avance del paramilitarismo en Sucre, y hubo precisamente para la fecha de la grabación, la fecha de grabación es el 6 de octubre del año 2000, 10 días antes de la matanza de Macallepo, hubo un cambio y fue trasladado y fue remplazado por el Coronel Norman Arango.
El man verde que Joaquín le pide cambiar a Alvaro el Senador, es el Coronel de la Policía de Sucre, y efectivamente logra el cambio. Cuando le entrevistan públicamente al Senador Álvaro José, él reconoce que efectivamente esa grabación corresponde a una conversación tenida entre él y Joaquín García, lo dicen los medios de comunicación en la Revista Semana, el 31 de mayo del 2002, una año después, más de un año después de los hechos, le preguntan cuál es la fecha de la conversación, y él dice exactamente esa conversación fue, le voy a decir hace cuánto tiempo, cerca de 2 años, es decir en el año 2000, año en que ocurrió la masacre de Macallepo, pero después él se rectifica, porque él sabe qué significa esa grabación, 10 días antes de la masacre de Macallepo cuando Joaquín está diciendo precisamente que sus amigos van para Macallepo y que el man verde se los está impidiendo, entonces el Senador Alvaro le dice a la Revista Semana, abre comillas, con toda seguridad yo la tuve, la conversación con Joaquín García, pero fue un año después, en octubre del 2001, como lo dijo a Caracol Radio, durante la entrevista del 5 de junio, esto significaría que la grabación no tendría relación con la masacre. La grabación fue hecha 10 días antes de la matanza de Macallepo, o como dice el Senador García, fue hecha un año después de la matanza de Macallepo y por tanto nada tenía que ver con las frases que tuvieran que ver con la masacre.
Pues hay una declaración, esta vez ya no del testigo paramilitar, sino de un oficial de la policía, el Teniente Sergio Tovar Pulido, hecha el 1º de agosto del año 2001, en el proceso 960 de la Unidad de Derechos Humanos, él es el Comandante de la Sijín del departamento de Sucre, y está aquí presente, está aquí con nosotros, ya no es oficial de la Policía, Norman lo persiguió hasta lograrlo sacar de la Policía.
El Teniente Sergio Tovar, dice en su declaración a la Fiscalía, recuerdo también que el Capitán me mencionó, se refiere al capitán de la Policía, Caballero, me mencionó que una de las personas, recuerdo una cinta magnetofónica que el Capitán Caballero me entregó en el mes de octubre del año 2000, no en el año 2001, como dice el Senador Álvaro José García, la cual había sido obtenida a través del control del espacio electromagnético por la CIPOL, entidad que el Capitán dirigía, y que según el Capitán esta voz pertenece al parecer al Senador Alvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macallepo a comienzos del mes de octubre.
Dicha cinta la anexo a la presente diligencia.
Y entre otras cosas, dice: Como esta prueba me fue entregada por el Capitán en el mes de octubre, recién pasados los hechos de Macallepo, se le dio una copia a la doctora Elba Beatriz Silva, quien estuvo en Sucre adelantando esta investigación. La doctora Elba Beatriz Silva es la actual Directora de la Sección de Derechos Humanos de la Fiscalía General, que estuvo en Sucre en ese entonces.
El Teniente hace otra aseveración terrible para esta investigación: Recuerdo también que el Capitán me mencionó que una de las personas patrocinadoras, también es el actual Gobernador del departamento de Sucre, señor Salvador Arana Sus. Este ciudadano según el capitán, patrocinó un homicidio colectivo en un Barrio Camilo Torres de Sincelejo, donde fueron asesinadas 5 personas en el mes de septiembre del año 2000.
¿Cómo puede correlacionarse una informa-ción de un testigo paramilitar, con unas declaraciones de oficiales de la policía, con unas grabaciones y pensar que ahí no pasa nada? ¿Qué hizo Elba Beatriz de la Fiscalía con la grabación? ¿Qué pasó con la investigación?
Sigamos, porque unos días después, unos meses después, el 17 de enero del año 2001, por la misma vía sobre los Montes de María, acercándose a Bolívar, sucede otra masacre: La Masacre de Chengue, 17 de enero del año 2001, son las fiestas de corraleja en Sincelejo, han cambiado el jefe de la policía, está Norman Arango, como Comandante de la Policía de Sucre.
El 17 de enero del año 2001 los paramilitares sacaron de sus casas a los pobladores del corregimiento de Chengue en los Montes de María, y los obligaron a reunirse en el parque, donde asesinaron a 25 personas con golpes y con armas cortopunzantes a quienes acusaron de cooperar con la guerrilla. Dos personas más fueron obligadas a acompañar a los paramilitares en su huida de Chengue y sus cadáveres fueron hallados dos horas después.
¿Dónde queda Chengue? Vamos a ver el mapa de Chengue, por favor, pue s ya lo conocíamos, otra vez, aquí qué tenemos, no alcanzo a leer, aquí está Chengue, aquí están los batallones, en límites entre Sucre y Bolívar. Este es el camino¿
El mapa de Chengue, este es el territorio ¿cómo sucede esta matanza? ¿Qué es lo que pasa? Según las confesiones de otros paramili-tares, el señor Baldiris, aquí tenemos la confesión, y varias informaciones de la Policía de San Onofre ¿qué sucedió? Los paramilitares salen de una finca que se denomina, Finca El Palmar, es pegada a Sucre, cerca al mar. Allí el administrador de la Finca es Edgard Cobos, hoy Alias Diego Vecino, en Santa Fe de Ralito. De allí salen varios camiones llenos de paramili-tares, pasan por el municipio de San Onofre, a las siete y media de la noche, se encuentran con la Policía de San Onofre, porque están haciendo una especie de retén en la carretera. La Policía les grita, se gritan entre sí según las confesiones de los paramilitares, se dan cuenta quienes son unos y otros, sigamos con el mapa por favor, y los camiones siguen por la carretera en dirección a Sincelejo.
Ha habido alertas tempranas de la Defensoría que creen que va haber una matanza en esta Región de Chalá, hacia Ovejas, pero los camiones no van hacia allá, sino que se separan, vuelven por Pajonalito, se quedan en el Aguacatal, salen caminando los paramilitares hasta Macallepo y se dirigen hasta Chengue, caminando, a donde llegan a las once y media de la noche. Esperan hasta las cuatro de la madrugada y hacen la matanza el 17 de enero.
¿Qué sucede en la investigación de la Procuraduría? Que en los libros de la Policía se borran las informaciones del paso de los paramilitares, a las siete y media en San Onofre, y se pone como hora las once y media de la noche. Y efectivamente a las once y media de la noche hay comunicaciones probadas entre la Policía y la Armada de la Infantería de Marina, localizada en esta región, a las once y media la Policía le informa a la Armada, y los comandantes de la Armada dan orden de colocar retenes sobre toda esta región donde creen que va a haber la matanza; los paramilitares ya estaban en Chengue y en la madrugada hicieron la matanza.
Lo interesante de la investigación de la Procuraduría, es que mientras está demostrado en la investigación de la Procuraduría que los paramilitares salen a las siete y media, pasan por San Onofre, se encuentran con la Policía, salen hacia Macallepo y después hacia Chengue, y solo la policía informa hacia la media noche a la armada, los únicos que han sido sancionados por la masacre de Chengue son los de la armada. No hubo sanción ni a los jefes de la policía de San Onofre, ni hubo sanción al comandante de la policía de Sucre, señor Norman Arango, que para la hora estaba en fiestas de corraleja en Sincelejo, tomando, y no tomó medidas para cuidar a la población, nin guna población de Sucre. No se toman medidas sobre el Senador, no se toman medidas sobre Joaquín García, no se toman medidas sobre ninguno de los acusados por las declaraciones que reúne la Procuraduría, y que he venido mencionando poco a poco. No se sanciona ni siquiera un cabo de la Policía en San Onofre cuando vieron pasar los paramilitares a las siete y media de la noche, y los únicos sancionados son un General y unos Coroneles de la Armada, que fueron los únicos que intentaron actuar contra la matanza de Chengue.
¿Por qué la Procuraduría atacó a los militares que no tuvieron la culpa y dejó por fuera de cualquier tipo de sanción o investigación toda esta serie de declaraciones, cuyos apartes les estoy leyendo? ¿Por qué, si estaba probado que el Senador García había cambiado la policía tras unas afirmaciones del señor Joaquín García para entrar paramilitares hacia Macallepo? ¿Por qué, después de que se dan cuenta de que hay testigos de paramilitares que confiesan, no solamente la hora del paso, sino que han estado en reuniones en donde políticos y paramilitares organizan el paramilitarismo? ¿Por qué, después de que en esas investigaciones aparece con nombre propio el asesinato de una señora, simplemente jurado de una mesa de votación? ¿Por qué después de tantas informaciones, los únicos que son sancionados son las personas que nunca son mencionadas en la investigación, los comandantes de la armada, que para la fecha de los hechos son los únicos que se mueven?
Pues yo tengo una apreciación, y es que no son sancionados, nadie más, porque si se hubieran sancionado otros, los que había que sancionar son miembros del Congreso de la República y no los militares que, entre otras cosas, sancionar a un militar es bien recibido por las Organizaciones No Gubernamentales de carácter internacional y se podría tapar la realidad de lo que estaba pasando en el departamento de Sucre.
Antonio Valdiris es la persona que nos comenta que efectivamente pasaron a las siete y media ¿Quién es Antonio Valdiris Tirado? Antonio Valdiris Tirado es un paramilitar que confiesa ante la Fiscalía el nueve de febrero del año 2001, y dice: A las siete de la noche llegaron tres camiones, nos embarcamos y salimos hacia San Onofre, pasamos por todo el centro y encontramos a la policía a las afueras de San Onofre, como el que viene para Sincelejo, le empezaron a gritar palabras para que nos dispararan, para que nosotros les quitáramos los fusiles, pero no pasó nada. Entramos a una finca, esa finca se llama no recuerdo el nombre, recogimos al resto de la gente, esa finca se llama Las Melenas, después allanada y ahora les comento que pasa en Las Melenas.
Recogimos el resto de la gente, centramos hacia Macallepo hasta la entrada del pueblo, etc., etc., y después comenta cómo hicieron la Masacre.
Ya voy a terminar Presidente.
Es una confesión de un paramilitar diciendo que pasaron a las siete. Si pasaron a las siete y media y la policía solo informó a la armada hasta las once y media ¿por qué no hay sanción contra la policía? y ¿por qué se sanciona a los que fueron informados ya cuando los paramili-tares estaban en Chengue?
Pero aquí hay otro testimonio. José Feliciano Yepes, paramilitar también. Esta persona es muy interesante, porque José Feliciano Yepes en el mes de enero, 20 de enero, día de corralejas en Sincelejo, del año 2001, rinde testimonio ante la Fiscalía General, y en ese testimonio dice lo siguiente: En la finca El Palmar, ubicada en la vía del Rincón del Mar, San Onofre, nos recogieron en un camión 600 y nos desplazamos, y vuelve y relata cómo entran a Chengue, y vuelve e informa que fue a las siete y media de la noche, pero además el señor dice lo siguiente: Después de la pesebrera, bajando unos 100 metros.
Le están preguntando: Dígale al despacho la ubicación más o menos de la Finca El Palmar, donde se encuentran personas enterradas. Estoy hablando del año 2001, dice: Después de la pesebrera, bajando unos 100 metros en donde se presta la guardia, hay un árbol grande de comején, al pie de ese árbol hay unas personas enterradas y a mano izquierda, siguiendo hacia delante como a 300 metros, después de una puerta, hay más personas enterradas, los paramilitares que se encargan de enterrar a las personas son los alias Macallepo, el Flaco Mateo y El Paisa, y los otros que están detenidos, El Diablo y Félix.
Diga al despacho cómo es la forma que le ciegan las vidas a las personas que entierran en dicha finca: De dos formas, una de ella es, los cogen los amarran de pies y manos y les dan un tiro en la cabeza, después los pican con machete descuartizados, y la otra forma es, los atan de pies y manos y los degollan y después los pican y los descuartizan.
En el año 2001 la Fiscalía sabía dónde estaban las fosas comunes, sabían dónde estaban las fosas comunes en la Hacienda El Palmar, lo había declarado José Feliciano Yepes, y lo que dicen, además de que aquí nombra una serie de personas de la fuerza pública, cómplices, lo que dice sobre Valdiris y sobre Yepes y sobre Castillo P eralta, la justicia colombiana en manos de unos fiscales, con nombre propio, regionales, es que como son paramilitares y asesinos no hay que tenerles en cuenta la declaración, por eso es que los políticos están libres.
Claro, no es la misma tesis de Popeye con Santofimio, Popeye también es un asesino y peor que estos, pero a Popeye si le hacen caso y cogen a Santofimio. A estos se les dice que son confesiones de los paramilitares, cuando hablo de muertes no me gustan las risas, las confesiones de los paramilitares cuando sindican a los políticos, estos fiscales dicen: como son paramilitares y asesinos entonces no son válidas las declaraciones, y dicen, porque fueron a mirar si habían fosas y buscaron en los sitios que no eran, en el proceso judicial, dicen fíjense, esto corrobora, el que no se encuentran las fosas, que son testigos que no son válidos.
¿Qué decimos hoy cuando las fosas se han encontrado o se están encontrando? ¿Qué pasa con las sindicaciones de estos que denunciaron las fosas, a los cuales se les decía, los fiscales, que estaban diciendo mentiras, cuando acusaron a los políticos que he mencionado aquí en el día de hoy? ¿Son no creíbles cuando las fosas han aparecido en estos meses, cuando era cierto que estaban en Pajonalito y cuando es absolutamente cierto que estaban en la hacienda El Palmar, y que allí hay decenas de cadáveres, hasta ahora 60, y hablan algunos de 500 y otros de 3 mil? ¿Qué pasó con la fiscal Yolanda Paternina, que es la fiscal que estaba haciendo el proceso en los primeros meses, después de la matanza de Chengue? Fue asesinada el 29 de agosto del año 2001.
Y hay un problema en estas declaraciones. El declarante Castillo Peralta había avisado que la iban a matar. El señor Castillo Peralta, del que después dicen que es un loco porque ha acusado al Senador y al Gobernador, y le dicen que no es confiable el señor Castillo Peralta había, vamos a encontrarla aquí, anunciado previamente que a esa señora, y se lo dijo de frente a ella, dice, aquí está la firma de Yolanda Paternina Negrete, es una declaración pues obviamente ante la Fiscalía, le dice: Así doctoras que a ustedes les quiero sugerir que se cuiden porque no se les haga extraño que les hagan algo. Y la mataron.
Después este testigo dice quién la mató o quién ordenó su asesinato y es un político, y dice este testigo quién es el que le envió la razón de que la iban a matar, entre el político y él, el paramilitar y el testigo, o sea el mediador o el que mandan, el mensajero, lo matan.
Y a este testigo le pasan hechos extraños, a Castillo Peralta, lo intentan matar también, le pegan varios tiros, le tratan de cambiar las declaraciones que ha dado acusando a los políticos.
Llega un fax de la Procuraduría Regional con su firma, diciendo que todo lo que ha dicho es mentira, y el problema es que cuando llega el fax de la Procuraduría a la Fiscalía, él está en ese preciso momento por coincidencia rindiendo declaración ante la Fiscalía, diciendo todo lo contrarío a lo del fax, con formato de la Procuraduría, dice.
Pero además le pasan otras cosas extrañas. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el que tenía que investigar al gobernador por competencia y al senador, el señor Andrés Ramírez Moncayo, que después fue Vicefiscal, que después fue fiscal, que después salió por el escándalo de las toallas, y que hoy a pesar del escándalo de las toallas es Magistrado ad hoc de la Corte Suprema de Justicia, ejerce presiones sobre el testigo Jairo Antonio Castillo Peralta, diciéndole que no declare contra el Gobernador Salvador Arana Sus.
Y aquí está la declaración del testigo denunciando el papel del fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole que no declare, actual Magistrado ad hoc de la Corte Suprema de Justicia.
Y la pregunta es ¿qué le pasa a la Fiscalía entonces ante estos procesos? Y hay una respuesta. La Secretaria General actual de la Fiscalía General de la Nación, aquí tengo el nombre, pero lo he refundido, es la sobrina del senador Alvaro José García Romero, la señora Judith Morantes García. Pero me pregunto, un proceso de estos desde el año 2001, no estamos hablando de ayer, desde el año 2001, uno, acusando a un Senador, yo no digo que de pronto sea cierto, no voy a ser el juez, pero con unos instrumentos de investigación públicos de la justicia colombiana, ¿cómo es que el Fiscal General, el señor Camilo Osorio, sabiendo que está sindicado el Senador de paramilitarismo, ni más ni menos, de asesinatos, de concierto para delinquir, de mafia, nombra la sobrina como secretaria general de la Fiscalia? Explíquenme en qué país vivo, y su fiscal ante la Corte Suprema, el que tiene el deber de investigar, trata de inducir al testigo principal para que no declare.
Ahora se ha vuelto esto un sancocho, pero bueno.
Ahora van ustedes a observar un video y este es el final de la exposición. Este es otro testimonio completamente aparte de las grabaciones de los paramilitares que confiesan, es un video del primer creo, o casi uno de los primeros consejos comunitarios del Presidente Álvaro Uribe Vélez, es el 1º de febrero del año 2003, yo quisiera que presentaran el video por favor...
Presentación de video:
Soy el Alcalde de El Roble, para los que no me conocen, soy el Alcalde de El Roble, suspendido, suspendido por una sola razón, injusta, porque en el primer encuentro o conversatorio que tuvimos en el Bajún, yo fui capaz de denunciar al señor Gobernador del Departamento de Sucre, y me lo termina de cobrar la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir: ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte, porque el año pasado hubo una confabulación del Director del DAS con los enemigos políticos míos del departamento de Sucre, y fueron a sacarme de la casa para matarme, después que el director del DAS, el cual denuncié en todas las instancias legales, había después que el Director del DAS había elaborado un informe macabro de inteligencia donde decía que yo pertenecía a la guerrilla y le estaba suministrando drogas, víveres a la guerrilla del ELN en el municipio de El Roble, cuando los presuntos medicamentos eran los que les daba, en un programa que atendemos en El Roble, a los ancianos, a las personas de la tercera edad; y los víveres para la misma gente.
Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar, ahora viene el otro paso repito y es que a mi me van a matar.
Señor Presidente en tercer lugar le voy a pedir una cosa: que usted, vea lo que le digo es una vida, soy un mandatario, soy una persona, además de una persona, un alcalde, usted medie, usted medie para que los procesos míos los saquen de aquí porque también hay otra cosa: Ahí vi al doctor Eddie Morris, Gobernador del departamento de Sucre, al cual yo vencí en proceso jurídico y logré, porque yo lideré el proceso de creación del municipio del Roble, que hice que lo creara a la fuerza, con una tutela que le imputé en el Tribunal Administrativo de Sucre. Se está riendo porque él tiene mucho que ver mucho con mi suspensión.
Y le voy a decir cuál es la alianza macabra que existe, la conexión que existe Gobernación, hablo Morris, Arana, Tatiana Moreno ex Procuradora de aquí, Vic eprocurador General de la Nación, se llama Carlos Arturo Gómez Pavajeau, porque lo sé, porque lo sé...
Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez:
A ver señor Alcalde, hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo, con el mayor gusto y es nuestro deber, la denuncia que usted ha formulado, le voy a pedir a la doctora que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía.
Alcalde de El Roble:
Cuando la doctora Tatiana Moreno era Procuradora, era amiga de parranda del doctor Morris, eso lo sabe todo el mundo aquí, el doctor Carlos Arturo Pavajeau, que entre otras cosas se especializó con ella y la trajo aquí y luego se la llevó, tiene la conexión incluso telefónica que solamente es llamarla y decirle Tatiana muéveme esta ficha porque no me interesa, y eso se está haciendo.
Continúa el honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
Ese es Norman Arango, actual diplomático colombiano nombrado por el Presidente Uribe. El Gobernador Arana también es diplomático colombiano nombrado por el Presidente Uribe, él, en Chile, lo hizo después de las denuncias de Tito el alcalde del Roble, el Ministro me responde que no tiene información de lo de Sucre en su despacho, miren ¿Para qué sirven los consejos comunitarios? ¿Cómo es posible que un Presidente de la República, me pregunto yo Ministro y esa es una pregunta para usted, después de que recibe una denuncia de esas, de que un señor dice que lo van a asesinar, y nombra a Arana, Norman Arango, la Procura-duría Regional, con algún enlace en la nacional, cómo es que nombra a esas personas diplomá-ticas? Pues ya sé que nombró al hijo de Santofimio, pero aquí, porque a Tito lo mataron después de ese consejo comunitario.
Dice, RCN radio, 11 de abril d e 2003, el Alcalde del municipio de El Roble, Eduardo Díaz Salgado, fue hallado muerto ayer en una zona rural de la región, luego de haber sido secuestrado el pasado sábado. El cuerpo de Díaz Salgado fue encontrado con varios disparos en una zona despoblada de la carretera entre Sampués y Sincelejo. El funcionario fue retenido por desconocidos cuando salía de su domicilio, el sábado pasado, denunció su esposa.
Una crónica de una muerte anunciada delante de un Presidente de la República y él dice quiénes y esos quienes son los que han venido denunciando desde el año 2001 en la Fiscalía, por Dios, es que no sale ningún nombre que no sea de los que ya venimos repitiendo aquí de diversas fuentes. Claro, a cada fuente se le puede decir que es un loco, y decir que no sirve o comprarlo, con billete, como ya ha venido pasando doctora Benito, claro que sí, pero este es un señor que lo denunció ante el Presidente de la República, hizo los nombres, puso los nombres, los nombres concuerdan con otros testimonios, fue asesinado, era el único alcalde de vía alterna, mi movimiento político en toda la Costa Atlántica, el único, y lo mataron, y el Presidente ¿qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país, en vez de hacer lo que debería hacer ¿qué es eso, señor Ministro del Interior? Explíqueme ¿Eso se llama decencia? ¿Eso se llama inteligencia? ¿Qué es? ¿Es cinismo? Porque estas cosas siguen más adelante: Tatiana Moreno la Procuradora Regional es la misma jefe de la oficina desde donde salen los faxes a la Fiscalía, tratando falsamente de desmentir el testimonio de Castillo Peralta.
Entre otras, aquí está un formato, este es un formato de la Procuraduría en donde está la rectificación del testimonio Castillo Peralta hecha, diciendo que todo lo que ha dicho antes es mentiras y no tiene firma, y está con sello y membrete de la Procuraduría Regional. ¿Quién la hizo? ¿Cómo es que llega por fax a la Fiscalía cuando el testigo está dando la declaración en la Fiscalía, por fax de la Procuraduría Regional su propio, con su firma, desmentido cuando él está hablando con la Fiscal Paternina? ¿Cuál es el papel de Tatiana Moreno? ¿Lo que decía el Alcalde de El Roble, que vivía en reuniones con los alcaldes de San Onofre y era amiga del señor Arana?
Finalmente, llegan los militares y allanan, los señores de la armada, los informes operativos de la infantería de marina, y aquí están todos, los tengo, no los debería tener pero todos estos son los resultados operacionales realizados contra las AUC en Bolívar y Sucre, de la infantería de marina, no lo digo yo, lo dicen ellos, y a nadie se le puede ocurrir quizás, que hay alguna mafia entre Petro y los militares para hacer este debate.
Y ¿qué pasa en estos operativos de allanamiento? Pues allanan las haciendas, El Palmar, La Tingua, Las Melenas, donde se ha venido descubriendo que son las bases del paramilitarismo, y ¿qué encuentran? En una casi cogen al señor Mercado Pelufo, alias Cadena, Jefe paramilitar ya en ese momento, pero no es el jefe, el jefe es Diego Vecino o quizás quienes fundaron el paramilitarismo en Sucre. ¿Qué encuentran? Pues aquí están los informes: encuentran una relación de donantes o extorsionados, no la voy a mencionar aquí, la ha mencionado la prensa y hacen un análisis sobre lo que está pasando en el departamento de Sucre, y van mencionando los nombres de quienes consideran son los aliados del paramilitarismo: Jorge Blanco Fuentes, actual Alcalde de San Onofre, es quien al parecer entregó los diferentes documentos encontrados en el vehículo de alias Cadena, como son estado de cartera, municipios de Bolívar y Sucre, nóminas, empleados, supernominarios, toda la nómina de los paramilitares, aquí está de Sucre que, entre otras, José Feliciano Yepes, del que ya hablé, del que habló de las fosas y efectivamente las fosas se encontraron. Ministro ¿Dónde esta José Feliciano Yepes? Es un testigo de la Fiscalía, ha declarado, ha confesado, es una confesión, ustedes que le tienen tanto miedo a la confesión obligada a los paramilitares, yo entiendo ya por qué. ¿Por qué en el proyecto de la ley de justicia y reparación no quieren que los beneficios a los paramilitares sean entregados a cambio de su declaración formal, su confesión? Yo entiendo, aquí se nota qué es lo que pasa ¿dónde esta José Feliciano Yepes? Aquí se entregó, aquí declaró, aquí testimonió, era un testigo de la Fiscalía ¿dónde está hoy? Yo le quiero decir dónde esta hoy Ministro: está en una cárcel de Caracas, era uno de los paramilitares que entraron a Caracas a matar no sé a quién, pero los detuvieron, y el Director del DAS, por algún funcionario del DAS, dijo que no había antecedentes penales de ninguno de los capturados en Caracas.
¿Esa es la seriedad de nuestro Estado? ¿Cómo es que un testigo aquí con cédula, con huella, con su cédula, cogido en Caracas otra vez, reincidiendo en el paramilitarismo, el DAS dice que no tiene antecedentes? Me pueden explicar ¿Querían engañar a Chávez o qué? ¿O decirle a RCN que siga diciendo presuntos? José Feliciano Yepes no es un presunto ex partícipe de la matanza de Chengue, confeso, testigo de la Fiscalía y aparece reincidiendo en Caracas ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es eso? Con su cédula está allá en Caracas preso, y todavía le siguen diciendo al mundo que hay unos muchachitos presos y que eso es uno de los engaños. ¿Cómo es posible? yo no lo entiendo, usted debería decírmelo Ministro del Interior. ¿Por qué el DAS dice que no tiene antecedentes, si es autor de la masacre del Chengue? Y aquí está probado y desde el año 2001, no ahora.
Bueno, estos documentos hablan de ellos, todos: Luis Angel Peña, personero de San Onofre, fue uno de loe miembros que intercedió ante las tropas para evitar la captura de la señora Mery del Carmen Ayala Bertel, compañera sentimental de alias Cadena.
Nelson Stand Berrío, de San Oonofre, Sucre, Presidente de la Asamblea Municipal, posee vínculos directos con el sujeto alias Cadena, el cual los apoya en la parte política y les ofrece estos cargos a cambio de realizar las actividades que él ordene. Al igual que el señor Luis Angel Cadena, en el desarrollo de esta operación, trató de intervenir con el fin de impedir que se capturara a la señora Mery del Carmen Bertel, compañera sentimental del sujeto alias Cadena.
Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, ex Alcalde de San Oonofre, junto con los señores Nelson Stand Berrío y Luis Angel Peña, trató de intervenir en el desarrollo de la operación con el fin de impedir que se capturara a la señora Mery del Carmen Bertel, compañera ya sabemos de quien. Y más y más políticos del departamento de Sucre, del municipio de San Onofre.
Y en esa finca El Palmar, ese administrador ¿quién era? Pues es este sujeto que aquí les voy a mostrar, creo que esta ahí, este, ya voy a acabar ya no tengo sino un minuto, tranquilo, en donde esta tú nombre, a bueno ya ahora tienes el momento de la réplica, Eduard Cobos Téllez...
El acuerdo que hicimos era que hablamos 2 y los que se mencionaran entonces tenían el derecho de la réplica, ese es el acuerdo, yo confió en mi palabra, así que la doctora puede tener el uso de la palabra, yo después voy a volver a hablar, vale, me concede ese derecho.
Eduard Cobos Téllez, el administrador de la finca El Palmar, en donde están las fosas que se están descubriendo, que desde 1997 según el inicio de mi intervención, ya era el fundador del grupo paramilitar.
Alias Diego Vecino, está en Santa Fe de Ralito, jefe directo de alias Cadena y responsable de los embarques de droga que salen del Golfo de Morrosquillo, Tolú, El Rincón y Verrugas.
Su hermano es funcionario público, como se llama el hermano, ya aquí está, Jhon Cobos Téllez, Secretario General de la Corporación CBS, Doctora Zulema, qué significa exacta-mente, La Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge de Córdoba, tiene bajo su dirección el programa de reforestación con desmovilizados del paramilitarismo; amigo del Presidente Álvaro Uribe Vélez.
El Programa de la reforestación y la palma africana lo va a tratar el doctor Zárrate, vamos a dar una información interesantísima sobre el programa de palma africana que tanto se defiende desde el Gobierno, y su vínculo con el paramilitarismo.
Aquí termina mi intervención con un video. El video es la matanza de Chengue. Vamos a presentarlo y termino mi exposición doctora y puede seguir el siguiente, y después escuchamos las réplicas, y después voy a hablar solo 3 minutos, pero ya entre los compañeros parlamentarios de acuerdo con las réplicas, entonces presentemos el video, por favor.
(Presentación de video).
Intervención del honorable Representante Wilson Alfonso Borja Díaz:
Gracias Presidente. Vamos a hacer una exposición que no es nueva en el país, y no es nueva porque afortunadamente los medios de comunicación en Colombia vienen haciendo una serie de denuncias permanentemente. Lo que vamos a mostrar nosotros, es que esas denuncias aparentemente deshilvanadas obedecen a un proceso, denuncias que además se están dando en este país a raíz de la discusión de un proyecto que ustedes llaman Justicia y Paz, señor Ministro.
No es por otra cosa. Es a raíz de esas discusiones que han salido esas denuncias. Mi exposición entonces tampoco señala nombres, señala lo que la prensa está diciendo y me voy a permitir señora Presidenta leer eso que la prensa dice en una estructura que he organizado que se llama "La Política y el Proselitismo Armado", porque considero que aquí en este proceso se están violando dos partes fundamen-tales de la Constitución Colombiana. La primera se refiere a la democracia, cuando hablamos de República, hablamos de democracia participati-va y pluralista, y nosotros consideramos que es importante que todos los colombianos tengan acceso a ella y no lo que se está pensando.
Pero además, cuando hablamos de participati-va, entendemos que eso nació con la Constitución de 1991, porque la Constitución de 1986, lo que aquí nos planteaba era la democracia directa y representativa. Y aparece este concepto de participativa que nosotros creemos, se viola.
Y el segundo aspecto tiene que ver con el poder popular, recogido en el artículo tercero de la Constitución; poder popular que al igual que el anterior concepto, plantea la idea de soberanía popular y que se corresponde indudablemente con la idea de democracia.
Esos dos aspectos recogidos en la Carta Constitucional de 1991, creemos nosotros se están perdiendo, como el Estado de Derecho que aquí se planteó, y eso es lo que vamos a mostrar.
Antes de ello, miremos unos antecedentes: En 1985, a instancia de un proceso de paz, tratando de acallar miles de guerras, se hizo un acuerdo con las Farc, y nació la Unión Patriótica, que tenía como finalidad dar participación política a esos actores armados a través de ese acuerdo. Y eso nos remonta a la discusión que vamos a tener, creo que la semana entrante del proyecto, en mi criterio, mal llamado de justicia y paz.
¿Qué sucedió con ello? Lo convirtieron en el brazo político de las Farc, y sus dirigentes fueron asesinados en un número de más de 3 mil. Hoy, que no pudimos hacerlo señora Presidenta, en el debate de los desplazados, muchos perseguidos bajo el concepto de auxiliadores de la guerrilla, miles de detenidos en este país, y sueltos unos a la hora y otros a los seis meses, sin ninguna posibilidad de que quedaran como lo habían señalado.
Y esto lo planteo como antecedente, porque este pasaje tan importante, en nuestro criterio, de la historia colombiana, es olvidado hoy por los sectores políticos que levantaron sus voces en rechazo al proselitismo armado, que fue real por parte de la guerrilla y todavía se ejerce en muchos municipios, allá en las montañas y en la selva, pero que sus voces no se oyen.
Frente a este tema que ocupa el debate, miremos algunas manifestaciones de ese fenómeno del proselitismo armado.
El proselitismo armado intimida al elector y distorsiona la participación, distorsion a la democracia, en tanto que es la fuerza y no las ideas y los argumentos, los que se impone en este proceso electoral.
Basta recordar lo siguiente, que está en el libro de la vida de Mancuso, que le dice a la periodista Glenda Martínez, que dice Mancuso: "Apunto lo más alto, a tener voz y voto en el Congreso. El trabajo fue intenso.
En una singular mezcla de fusiles, uniformes camuflados y retórica política, hicieron manifestaciones, reunieron a alcaldes, conceja-les y pobladores en kioskos y escuelas en las zonas rurales, a lo largo de la Costa Atlántica, hasta llegar al Catatumbo, en el Norte de Santander. Se apersonaron de la campaña de congresistas veteranos, que terminaron electos con su apoyo, y cumplieron parcialmente su ambición de tener el 30% de participación en el Congreso". Mancuso, Su Vida, página 134.
Segundo. El proselitismo armado ejerce indebida presión sobre los ciudadanos y utiliza la propaganda para ello.
Miremos qué ha dicho la prensa al respecto. El ex Senador Antonio Guerra de la Espriella, aseguró que sí hubo incidencia de los paramilitares en la región del Golfo de Morrosquillo, y fui uno de los damnificados. No pude hacer campaña allá, ordenaron borrar todos los murales donde estuviera el nombre de Antonio Guerra para el Senado (Semana, edición 1.202) la de esta semana.
Hace algunos días pobladores del bajo cauca antioqueño, Caucasia, Nechí, El Bagre y Tarazá, asistieron a un par de reuniones en la zona precedida por la Representante a la Cámara Rocío Arias. Lo que llamó la atención es, que al lado de Arias siempre estuvo Ramiro Cuco Vanoy, Jefe del Bloque Minero de las Autodefensas Unidas de Colombia, que está concentrado en Santa Fe de Ralito. Por eso mismos días, miembros desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, llevaron a la Comuna Nororiental de Medellín, cuatro mil cuadernos escolares con la foto de Rocío Arias en compañía del jefe para Diego Maurillo Bejarano, "Don Berna" y el desmovilizado Jovany Marín El Tiempo" 28 de abril.
Tercero. El proselitismo armado constriñe la voluntad popular, y aquí hay todo el aspecto de San Onofre, Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena", acusado de todo lo q ue ustedes vieron aquí, dice Semana, que es impensable triunfar en política sin el consentimiento de Cadena (Semana, edición 1.202).
Pero no queda ahí. Los datos electorales sacados en "El Tiempo" hace más un año del Magdalena, pero lo que saca la Revista Semana, Joaquín Vives, el año pasado, dice Semana, había denunciado que la Asociación de Políticos y las AUC, habían secuestrado la democracia.
En el Cerro de San Antonio, por ejemplo, donde mataron al Alcalde en 1999, y Vives había sacado cuatro mil siete votos en las elecciones de 1998, en las de 2002, sacó solo ocho, mientras el gobernador Jorge Luis Caballero, obtuvo el 93% de la votación, y en El Piñón el 97%. Jorge Luis dijo, entre otras cosas, esos votos no eran de Joaquín Vives, sino de mi hermano José Ignacio Caballero, que era su segundo renglón (Semana, mayo 16).
Otro fenómeno es el caso del Representante José Gamarra, quien también barrió con votaciones cercanas al 90% del municipio donde hace presencia el Grupo Pivijay del Bloque Norte.
Y ahí salen otras sorpresas, que todos las conocen, la de Dief Maloof, Salomón, que también tuvieron la posibilidad de rectificar en Semana.
Y en el Cesar el G-8, y el G-11, donde aparecen compañeros como Jorge Enrique Ramírez y Miguel Angel Durán, y el Senador Alvaro Araújo.
Coincide también la férrea defensa del proyecto de ley que beneficia a los financiadores. Preocupante.
Cuarto. El proselitismo armado adelanta una fuerte depuración política. Las autodefensas, dice la misma prensa, entraron a la región el 22 de noviembre de 2000, asesinaron a más de 60 personas en Nueva Venecia, municipio de Sitio Nuevo, lo que provocó el desplazamiento de unos cuatro mil habitantes hacia la cabecera municipal y los municipios vecinos. Como suele suceder, su llegada disparó la tasa de homicidio s entre 1999 y 2004; asesinaron los alcaldes, ex Alcaldes de El Banco, Cerro Antonio, Retén, Zona Bananera, etc.
De esta manera dieron paso a un nuevo ordenamiento político que favorecieron y protegieron.
En fin, podíamos relacionar aquí la matanza de los 178 alcaldes de la Unión Patriótica y de otros movimientos.
Quinto. El proselitismo armado confeso y denunciado por los medio de comunicación en las negociaciones de garantía para el libre ejercicio de la política, dice: Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, del Bloque Central Bolívar, aseguró que Trujillo es uno de los autores intelectuales de la muerte del congresista, ocurrida el 18 de marzo, según Báez, tanto González Grisales asesinado, nuestro compañe-ro, como Trujillo inculpado, mantenían contacto con él y le pidieron mediar en el conflicto político que se vive en Aguadas.
Sexto. El proselitismo armado atenta contra la legitimidad del Estado. El Presidente Uribe dijo claramente, que no habían límites para el accionar de la justicia y del Ejecutivo en toda su disponibilidad en la zona de Ralito, pero fuimos sorprendidos cuando el Presidente dijo esto: "El Presidente autoriza indagación en Ralito: el Presidente Álvaro Uribe autoriza ayer en Manizales al Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, para que una comisión de ese organismo se desplace hasta Santa Fe de Ralito para recibir testimonio de algunos paramilitares, en la investigación que se sigue por el asesinato del Congresista Oscar González". Había que pedir permiso para entrar.
Séptimo. El proselitismo armado, como mecanismo de acceder a las corporaciones, tiene y a cualquiera de los servidores públicos puede generar impedimentos, dice la prensa.
Jorge Feris, cuyo fortín electoral es Sincelejo, afirma que su lunar es su hermano 08, paramilitar hoy desmovilizado, ha dicho que aunque no tiene nexo con el grupo armado de su hermano se va a declarar impedido para votar la Ley de Justicia y Paz para evitarse un impasse.
Se sabe que Feris fue compañero de fórmula de Alvaro García Romero, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto apoyo a las autodefensas. (Semana, 1.201 página 39).
Octavo. El proselitismo armado produce igualmente clientelismo armado por el manejo del patrocinio de las entidades públicas y su presupuesto. Todos conocemos lo que ha hecho el Gobierno, lo que hizo en La Guajira, pero miremos un solo párrafo por lo menos: Las principales pesquisas indicaron que habían nexos de los paramilitares con algunos alcaldes, secretarios de salud y de hacienda, gerentes de hospitales y dueños de droguerías, y después la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el Gobernador de Casanare, Miguel Angel Pérez. Nueve alcaldes del departamento declararon que las autodefensas de Martín Llano los habían obligado a firmar la minuta de un contrato con la ARS, Tairona.
Y sigue lo de La Guajira, en fin, todo lo que conocemos nosotros ha sucedido con ellos.
Noveno. El proselitismo armado igualmente niega el libre juego democrático e impone candidatos únicos.
Dice la prensa: En el Magdalena en las elecciones para alcaldes de 2000, 14 municipios, de los 29 que tiene el departamento, registraron candidatos únicos a la alcaldía y listas únicas para concejo, durante las elecciones de 2003.
En este departamento donde tradicionalmente había una cerrada disputa para cada cargo, un solo candidato arrasó con la votación para Senado y otro para Cámara en 22 municipios, y se postuló un solo contendor para la gobernación (Semana, 1.199, página 72).
O la victoria contundente de personas con escasa o nula trayectoria política, como Eleonora Pineda, en Córdoba, una defensora acérrima y verraca además, tanto ella como Rocío de la negociación de Ralito. En varios lugares la gente votó bajo supervisión de los paramilitares, por eso en esas regiones no sorprendió a nadie cuando el Jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, se ufanó, semanas después de las elecciones al Congreso, de tener una representación política en el capitolio, 30% (Semana, 1202, página 72).
Décimo. ¿El proselitismo armado conducirá a que solo haya un candidato único a la Presidencia de la República, aunque sea expedido un estatuto de garantías?
Conclusión. No cabe duda que estamos ante un paraestado bajo la mirada complacente de algunos sectores del sector público, que aspiran a sacar rédito. Esto tiene que ser investigado, indudablemente, por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, pero fundamentalmente por la Corte Suprema de Justicia.
Señora Presidenta, termino esto leyendo una carta que sale en la revista Cambio, de esta semana: El monstruo paramilitar. En relación con la columna de Mauricio Vargas Bloque de Búsqueda, el tiempo transcurre y ese monstruo del paramilitarismo está controlando con el miedo toda la vida de los ciudadanos en muchas regiones del país, con la total complacencia de todo tipo de autoridad y de los entes gubernamentales. Josia Emilio Peralta, de Medellín, además paisano del Presidente.
Quiero dejar este documento señora Presidenta, porque termino con una proposición: esto que está aquí y con el derecho que tienen los compañeros a su defensa, como lo hicimos el año pasado cuando presentamos una proposición de que la Mesa Directiva de la Cámara enviara a la Corte Suprema de Justicia y solicitara las investigaciones pertinentes, volvemos a insistir en ellos, agregado además, por lo que planteaba el compañero Caballero, de que se investigara también si en este Congreso hay congresista que son de la guerrilla. Gracias Presidenta.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
Gracias Representante Borja. Vamos entonces tal como se habían definido las reglas para este debate, a dar el uso de la palabra a quienes han ido pidiendo mociones de réplica.
Intervención de la honorable Represen-tante Muriel Benito-Revollo Balseiro:
Gracias señora Presidenta. No quisiera en este momento hacer uso de la réplica porque quiero esperar la intervención nuevamente del doctor Gustavo Petro, pero si me gustaría en algunos términos hablar de lo que ha sido la violencia en Sucre.
Creo que este debate se ha quedado corto. Este es un debate a penas a medias, porque es que el departamento de Sucre tiene más de 30 años de vivir en la violencia. El departamento de Sucre ha padecido el abandono del Estado, ha sufrido el olvido. La población de Sucre ha padecido la histórica pobreza a que ha estado sometido, y el abandono del campo por las políticas estatales.
Además de todo eso, le sumamos los más de 30 años de violencia que ha padecido nuestro departamento.
La economía de nuestro departamento depende del sector agrícola y ganadero, y la extensión del departamento de Sucre es de 10 mil 350 kilómetros cuadrados, de los cuales el 99% es rural. Entonces, quisiera recordarles por qué es que no me parece justo que aquí solamente hablemos de un fenómeno, de unos de los actores del conflicto en el departamento de Sucre.
Aquí hemos tenido presencia de todos los actores del conflicto. El departamento de Sucre, que su población mayormente es rural, en su campo ha albergado no solamente a las autodefensas, sino a las guerrillas del ELN, del EPL, de las Farc, del M-19.
No me parece justo ni me parece serio ni responsable, que busquemos responsables de la violencia en Sucre y que endilguemos esa responsabilidad a uno o a otro sector; me parece que este análisis debe ser más profundo, debe partir de la ausencia total del Estado, del olvido en que nos ha tenido, y el olvido no ha sido solamente en la parte social, que creo que hoy nos disputamos el último lugar junto con Chocó en pobreza, miseria y olvido.
Ese olvido no solamente ha sido en lo social; ha sido en el as pecto de las fuerzas militares y en el aspecto de los organismos de seguridad en el aspecto policivo, no han garantizado hasta hoy o antes la seguridad de los bienes de los ciudadanos, tal como dice la Constitución de 1986 y de 1991, y quiero recordarles además que no solamente ha sido olvidado el ciudadano común y corriente, nos hemos sentido desamparados los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, los funcionarios públicos, los campesinos; todos absolutamente todos en el departamento de Sucre, hemos llorado nuestros muertos y no hemos sentido la presencia del Estado, a excepción de pronto de este Gobierno que con su política de seguridad democrática hemos comenzado a sentir y a ver de pronto una luz en el túnel, y hemos visto un gobierno comprometido con adelantar un proceso de paz, con desarmar a más de 15 mil hombres.
Tal vez el doctor Gustavo Petro no tuvo en cuenta todas estas apreciaciones, me parece más fructífero un debate en donde hagamos sentir la falta, el abandono, el olvido que ha tenido Sucre del Estado. Han dejado a las autoridades solas, han dejado al ciudadano solo, ha tocado a cada uno de los ciudadanos del departamento de Sucre acomodarse a la ley que imperaba en el momento, han volteado los ojos hacia otro lado.
Quisiera de verdad que hiciéramos una reflexión, y quisiera invitar a Gustavo que ha sido un hombre que tuvo la suerte de poder disfrutar del perdón de todos los colombianos, Gustavo es un hombre que incursionó en algún grupo de guerrilla en su pasado, sin embargo, eso no es lo que venimos a discutir aquí; quiero invitarlo a que reflexione y a que en vez de estar a través de su espíritu, de su resentimiento, estar lanzando dardos de odio, lance dardos de paz y de tranquilidad. Este país no resiste más, este país necesita hombres de paz comprometidos con un verdadero cambio y que debe convertirse en un embajador de la paz de este país, porque él puede dar el mejor testimonio de lo que tienen los colombianos, y es de haber perdonado y de haberle permitido que ostente una curul en este Congreso de la República.
Quisiera aprovechar para decirle que he mirado en las diapositivas que presentó y pues con base en unos informes de inteligencia, no sé si son de inteligencia porque si son de inteligencia, pues la verdad que me preocupa muchísimo como están los organismos de inteligencia de este país, en donde dicen de alguna forma que he apoyado los grupos de paramilitares en el departamento de Sucre.
Quiero recordarle señor Gustavo Petro y a toda la audiencia de este, de este canal, que recientemente acabo de incursionar en la política de Sucre, hace tres años, y que vengo de una familia política, y que de verdad me parecen preocupantes y tendenciosas algunas afirma-ciones que de pronto no las ha hecho verbalmente, pero las ha hecho a través de l as diapositivas, y que a partir de hoy pone mi vida en peligro, porque todos conocemos que este país está polarizado, este país hay que tratar de mantener la calma, de mantener la reflexión, de no incentivar más la violencia. La violencia no solamente se incentiva a través de las armas, se incentiva también a través de las palabras y a través de nuestras intervenciones en este recinto.
Les pido por favor que seamos más cuidadosos, que seamos más responsables por la seguridad no solamente de nuestros colegas, sino de todos los ciudadanos del departamento de Sucre y del país que estamos cansados de tanta violencia. Gracias señora Presidenta.
Palabras del honorable Representante Jorge Luis Caballero Caballero:
Gracias Presidenta. De verdad que luego de escuchar pacientemente y con mucha expecta-tiva el debate que se programó en el día de hoy, queda uno estupefacto de que se violente de esa manera el Estado de Derecho, y que aquí se vengan a presentar al Congreso de la República unas declaraciones sacadas de unos procesos que han surtido su trámite y que no se traiga a consideración del Congreso todo el proceso que se viene adelantando.
Yo por lo menos tengo que felicitar al doctor Petro, porque es un hombre que tiene gallardía y verraquera y da la cara y presenta debates como el que presentó en el día de hoy, que aún cuando no comparto, porque no se compadece del respeto al ordenamiento jurídico colombiano, en donde la plena prueba no puede estar determinada por un testimonio, en donde la decisión de los fiscales, la decisión de los organismos de control deben ser el producto de todo un acervo probatorio que se recoge dentro de un proceso, pero aquí extrañamente se han traído unas pruebas, unas declaraciones y no se han traído los argumentos que en su momento esgrimieron quienes participaron en dichos procesos.
Pero por lo menos usted doctor Petro se dedicó a investigar y le quiero reconocer eso.
Lo que sí me parece vergonzoso, es que un hombre que no ha podido vencer el rencor y el deseo de la venganza, como lo es el Represen-tante Borja, se venga a amparar en un artículo de prensa y no tenga la gallardía de salir de aquí, sin la investidura parlamentaria, a poner las d enuncias correspondientes, y simplemente utilice como organismo el de decirle a la Secretaría de la Cámara que envíe copias a la Corte Suprema de Justicia. Lo conmino a usted, de cara al país, que salga a donde los medios de prensa y diga que tiene pruebas de lo que usted ha afirmado, diferentes a unas informaciones tendenciosas, calumniosas, ignominiosas que han dado los medios de prensa y que además no han sabido reconocer las explicaciones que en su momento hemos dado quienes hemos sido aludidos en ellas.
Pero lo único bueno que escuché de su declaración, fue que definió cuál era el propósito de ella. El propósito de ella no es otro, sino deslegitimar al Gobierno del Presidente Uribe, deslegitimar la seguridad democrática, decir que ella está basada sobre pilares del paramilitarismo en Colombia.
Esta es una campaña, óigase bien colegas, inspirada por el mamertismo internacional para deslegitimar una acción de gobierno, como la que viene desarrollando el Presidente Uribe en Colombia; de unas personas que además no son generosas con el país, de unas personas a quien el país le dio la oportunidad de volver a la legitimidad. Imagínense que aquí, yo llegara a traer los procesos en donde debe estar mencionado el comandante Petro cuando era guerrillero, y no sé si en algunos estará el Comandante Borja.
Lo que quiero decir es, que no se puede de ninguna manera violentar la dignidad de los compañeros y colegas en el Congreso, sobre la base de unos resultados electorales.
Y les quiero decir a ustedes, honorables parlamentarios, amigos de acabar con el proceso de paz en Colombia, amigos de que en Colombia no lleguemos a la reconciliación, egoístas, maniqueos, que quieren engañar a la opinión pública diciendo que son demócratas, cuando en realidad lo que están conspirando es en que el país pueda alcanzar la paz que tanto anhelan los colombianos.
Y le quiero decir a Colombia, y a ustedes compañeros, que lo que he sido es víctima del terrorismo. En enero del 2002, cuando adelantaba mi campaña para la Cámara de Representantes, mi comando político fue dinamitado en un acto reconocido públicamente por las autodefensas, y me tocó llorar, óigase bien, al lado de la tumba de líderes importantes de mi movimiento político, porque las verdades se dicen a medias en este país.
La señora de Revista Semana no dice que el alcalde muerto en el municipio del Cerro era mi primo hermano, en el año 1999. No se dice que Manuel y Octavio Alvarez Caballero, formaban parte de mi movimiento político. Eso no se dice.
No se dice que Andrés Palmera Anaya, un líder importante del municipio de Ariguarí, de mi movimiento político, fue asesinado por terroristas. Tampoco se dice, que Ser Jesús Abendaño Miranda, igualmente alcalde de la zona bananera, fue asesinado vilmente siendo de mi grupo político.
Tampoco se dice que el doctor Salgado Parody, alcalde electo del municipio de Sabayán, fue asesinado siendo miembros de mi grupo político. Ni tampoco se dice aquí que el doctor Hernán Navarro Manga, ex alcalde del municipio de Sitio Nuevo, y quien formaba parte de mi unidad de apoyo legislativo, fue asesinado también por terroristas.
Yo he sido víctima, como actor político, de la violencia política en Colombia. Y no soy una persona que salí de la nada, ni que a mí me hubiesen inventado los paramilitares para elegirme congresista.
En 1986, cuando tenía apenas 21 años, en ese amor que mis antepasados me inculcaron por la política, fui concejal en el municipio de El Piñón. Ese municipio al que usted dice y al que usted alude en que saqué el 90% de los votos, ahí nací yo, en ese municipio hice acueducto, hice alcantarillado, cuando fui gobernador, hice escuelas, puse la luz, y por qué no puedo yo sacar esos votos. Mientras usted, doctor Borja, en el Sumapaz, que es una región reconocida como guerrillera, sacó el 98% de los votos. Eso no lo dice la Revista Semana y no se lo dice usted a Colombia, y sin embargo, yo le voy a conceder el beneficio de la duda doctor Borja, yo no digo que esos votos se los haya puesto la guerrilla, porque yo no voy a faltarle al respeto a la gente y a los ciudadanos de bien de Sumapaz.
Porque aquí se está estigmatizando a la gente del Magdalena, no es a los políticos del Magdalena, porque lo que ustedes están aludiendo es una conjura, en donde participaron todas las fuerzas del Estado, y no es posible que uno pueda poner de acuerdo con la Fiscalía, a la Procuraduría, al Ejército, a la Policía, al DAS, a la Sijín, a todos los organismos, para establecer un plan macabro como el que ustedes nos están aquí tratando de inculcar.
Ustedes nos están poniendo en la picota pública, ustedes nos están ubicando en el ojo del huracán; es la vida de nosotros la que ustedes han puesto en peligro, irresponsablemente doctor Borja porque no tiene ninguna prueba.
En 1988, a los 23 años, fui elegido nuevamente concejal del municipio de El Piñón. En 1990, fui diputado a la Asamblea del departamento del Magdalena. En 1992 y en 1993 fui Secretario de Educación del departa-mento del Magdalena. En 1994, postulé mi nombre para la gobernación del departamento del Magdalena, tenía 26 años, era la renovación política del departamento. Resulta ser que en ese momento imperaba el cacique de la época, el doctor Pinedo Vidal, y allí un grupo de jóvenes en los que se destacan algunos miembros de esta Corporación, como el doctor Alfonso Campo, como el doctor Joaquín Vives, como el doctor Juan Carlos Vives, Micael Cotes y otros más, decidieron revelarse contra ese gamonalis-mo de la época en el departamento del Magdalena, y fui ungido con 159 mil votos de magdalenenses, cuando ustedes mandaban en el Magdalena; cuando el Magdalena estaba lleno de guerrilleros, óigase bien, y nadie dijo aquí que a Caballero lo eligió la guerrilla en ese momento. Es un fenómeno, es un conflicto que degeneró en terrorismo, el que existe en mi departamento.
En 1994, antes de ser elegido, voté por el doctor Joaquín José Vives Pérez al Congreso de la República. Y hay que decir una cosa, porque las palabras se las lleva el viento, en la vida no es lo que uno diga sino cómo se comporte. Fue mi gobierno, un gobierno que respetó la democracia; un gobierno que le dio participación a los sectores de izquierda, para citar un ejemplo: el doctor Carlos Caicedo Omar, hoy rector de la Universidad del Magdalena, un ex militante de la corriente de Renovación Socialista, desmovilizado, fue nombrado por mi gobierno, Jefe de Asuntos Sociales, después Secretario Privado del Gobernador y después Rector de la Universidad del Magdalena. Y personas reconocidas de la izquierda, de las que usted habló de la UP, como el doctor Edgar Rey Sinín, Director del Instituto de Cultura y Secretario de Educación del departamento del Magdalena, en mi gobierno.
Y durante los tres años de mi administración, usted que es sindicalista, el Sindicato de Educadores del Magdalena manejó la Secretaría de Educación del departamento. Respeté a todos y cada uno de los actores de la política en mi departamento.
Señora Presidenta, le quiero agradecer que en la misma manera como fue respetado el uso de la palabra al doctor Petro, igualmente me lo respeten.
Y a lo que más me dediqué y de pronto por lo que fui más criticado por sectores específicos de la capital del Magdalena, Santa Marta, como era un hombre de provincia, es que tenía que esmerarme por cumplirle a la provincia. Y es así como a lo largo y ancho de los municipios ribereños, fui llegando con obras importantes, acueductos, alcantarillados, vías, electrificación. Eso me granjeó la esperanza y el agradecimiento de muchos sectores ubicados a lo largo de la ribera de mi departamento.
Pero si revisamos para controvertir sus argumentos, cuál fue mi votación en el departamento del Magdalena en esos municipios a que usted hace alusión, tengo que decirle que esos 4 mil, 7, votos de los que usted habló, que sé que no tienen idea, sino que simplemente lo leyó en la Revista Semana, que los puso el doctor J. Vives, los puso porque tenía una fórmula que fue elegida en el 98 con mi hermano José Ignacio Caballero como su segundo renglón.
Es que nosotros no aparecimos en la política del Magdalena cuando aparecieron los paramilitares. Eso sí quiero que quede absolutamente claro en este Congreso.
Y hay que remontarse a ver la participación de toda una serie de personas que en mi municipio engalanaron el recinto del Congreso. Es así como congresistas de la talla de Salvador Villa Carbonell, tío, Ricardo Villa Salcedo, de izquierda, primo mío, Enrique Caballero Lafaurie, tío, Enrique Caballero Aduén, primo, Carlos Caballero Cormane, quien fue vilmente asesinado por la guerrilla de las Farc, primo, José Ignacio Caballero Caballero, hermano, Antonio Caballero Lafourie, abuelo, José Caballero Lafaurie, padre, Margarita Caballero de Caballero, madre.
Le podría aceptar doctor Petro y doctor Borja, que me hagan un debate como cacique político, ese se los acepto, pero también le demuestro con actuaciones en mi vida pública, el porqué esa gente del Magdalena reconoce mi trabajo y vota por mí. No veo porque una persona que pone una votación como la que puso a la gobernación del Magdalena, no pueda sacar 65 mil votos a la Cámara de Representantes. Es que usted no sabe y se lo vuelvo a repetir, que yo nací en el municipio de El Piñón, y que el municipio de El Cerro, que no debe saber dónde queda, es vecino del municipio de El Piñón y fue un municipio al que le hice acueducto y alcantarillado.
Entonces, infórmese doctor Borja antes de difamar de los compañeros, y si vamos a la lista de Cámara, mi segundo renglón el doctor Pedro Peñaloza Londoño, oriundo de Plato, una persona que ante la caída desgraciada, porque hay que decirlo así, del doctor Pomárico, siendo su contrincante político de toda la vida, recogió el rechazo de la población por ese hecho que enlutó la política del departamento del Magdalena.
Y mi tercer renglón, por qué eso no lo dicen, nada más se remiten a los votos de los municipios ribereños, pero no dicen que en el municipio de Fundación, donde hay mayoría de guerrilla, Jorge Caballero ganó las elecciones porque su tercer renglón era una persona oriunda del municipio de Fundación. Y por qué sacó la mejor votación en Aracataca y en la zona bananera, que son zonas de guerrilla, porque su cuarto renglón era una persona de la zona bananera. Por esa sencilla razón.
Por qué el doctor J. Vives es mayoritario en Santa Marta y es mayoritario en Ciénaga, porque su segundo renglón era de Ciénaga y porque el es oriundo de Santa Marta. Me he dedicado a sacar unos resultados de la ciudad de Bogotá: con sorpresa observo la votación suya en el Sumapaz, doctor Borja; de una votación de 229, sacó 220 votos usted, y los demás 9 votos, en una zona donde todos los colombianos sabemos que está la guerrilla. Pero no voy a presuponer que usted hizo pacto con la guerrilla, yo lo voy a respetar y no voy a entrar en esa suposición.
Tengo que entender que el doctor Venus Albeiro Silva, oriundo de Bosa, tiene que ser mayoritario en Bosa, sacó el 40% de sus votos en Bosa. Eso es normal doctor Venus, eso es normal ¿cómo no va a ser normal que el municipio que me vio nacer yo saque la mayoría de los votos?
Y si vamos donde el doctor Borja, encontra-mos que en las zonas donde yo podría hilar delgado y decir que están las milicias urbanas de las Farc y el ELN, fue donde usted sacó los votos doctor Borja, y sin embargo lo respeto y no se lo digo. Creo que hay que hilar delgado y decir que esos votos se los puso la guerrilla. A mi no me puede parecer sospechoso que el doctor Borja haya sacado el 98% de los votos en la zona 1 del Sumapaz, ni me parece sospechoso que en todo Sumapaz haya sacado el 85%, y los medios no recogen eso, porque los medios, hay que decirlo, así están auspiciando esa campaña mamerta de desinstitucionalización del Gobierno colombiano, porque aquí en Colombia hay unos lacayos de Chávez, apátridas por cierto, que quieren implantar el movimiento bolivariano en Colombia, y que están haciendo el mandado; hay que decirlo ciertamente: están haciendo el mandado de tratar de traer a Colombia esa doctrina marxista, leninista, que hemos rechazado los colombianos públicamente, y en todas las encuestas aparece el reconocimiento popular.
Ahora se han inventado la teoría de que no van a llevar candidato para desinstitucionalizar al Gobierno. No, salgan a convencer a los colombianos con su argumento de izquierda. Es que creo, se lo digo con todo respeto doctor Borja, que la gente que votó en Sumapaz por usted, no es porque usted sea guerrillero, sino porque simpatizan con sus ideas de izquierda, usted no puede impedirle que voten por usted o si el señor Popeye, para citar al doctor Petro, estuviera en la calle y no estuviera preso, porque las fuerzas del Estado no lo hubiesen capturado, y decidiese votar por usted que está en un tarjetón y cuyo voto es secreto, cómo se lo impediría usted.
Entonces, amigos de Colombia, el Magdalena es víctima del terrorismo. Somos una región donde se dieron espectáculos como 500 reses degolladas por la guerrilla, donde se volaron fincas, donde hubo una participación muy activa en masacres. Es que veo que solamente se investigan las masacres que de alguna manera se sugiere que cometan las autodefensas, y creo que debemos ser lo suficientemente objetivos; hay que hacer una revisión en el país de las violaciones permanentes del derecho interna-cional humanitario, pero creo y estoy convenci-do, como los demás colombianos, que solo a través de un proceso de paz, como el que está empeñado el Presidente Uribe, que no debe ser solamente con las autodefensas, sino con las guerrillas colombianas, óigase bien, es lo que puede sacar a Colombia del baño de sangre, de la violación permanente, de todas estas actividades de los grupos al margen de la ley.
Invitaría a los colegas de la oposición y del Gobierno, a que más bien hiciéramos una reflexión en el sentido de cómo podemos contribuir sin afanes electorales. Entiendo la preocupación que le genera a la oposición un Presidente con 72% de popularidad, pero no entiendo que entremos a ponerle palos en la rueda al proceso de paz, simplemente con intereses electorales. Muchas gracias.
Intervención de la honorable Represen-tante Rocío Arias Hoyos:
Muchas gracias señora Presidenta. Saludar al Ministro del Interior, a la Mesa Directiva y a todos los compañeros.
Este debate me parece muy importante porque se hace de cara al país y de algún modo quienes hemos si do señalados, quienes nuestra imagen ha sido enlodada y mancillada por algunos medios de comunicación, inclusive doctor Petro lo felicito así de pronto no comparta su pensamiento, ni sus ideas, ni todo lo expuesto en este importante debate, me gusta su forma de hacerlo, me gusta cuando usted le da la cara a la Plenaria, me gusta cuando usted le habla con franqueza al país y cuando usted deja sentado un precedente de lo que usted cree que está pasando y lo que de algún modo usted cree que son unas irregularidades que están ocurriendo en muchas regiones del país, inspirado por los mismos rumores que aquí se hacen en el Congreso de la República, de esos compañeros que soterradamente se esconden, nos critican, que no dan la cara, que forman parte de esos corrillos que se hacen, donde se atreven a enlodar el nombre de muchos compañeros que con muchas ganas, con mucho optimismo, con mucho compromiso con el país, defendemos este proceso de paz y cualquier otro que se pueda adelantar en nuestro país, con cualquier otro actor armado ilegal. Entonces doctor Petro, de algún modo lo felicito por esa valentía, ya que no la tienen otros que hablan en los diferentes medios de comunicación, que hacen alarde de su pulcritud, de su honestidad. No le quiero aquí tirar agua sucia de los muchos compañeros, pero blanco es, gallina lo pone, y no tengo necesidad de nombrarlos, de decir quiénes son; mucha pena les debería dar. Siento sus miradas acusadoras, he sentido de algún modo su antipatía, su resentimiento, por participar en un proceso de paz, pero créanme que ustedes no son mejores que nosotros, ustedes simplemente podrían ser esa manzana podrida que están ayudando a corromper y que no ayudan para nada en este proceso de paz.
Pero bueno déjemelo de ese lado.
También doctor Petro le quiero decir que con esos señalamientos son peligrosos, usted de algún modo ha puesto una lápida en el cuello a muchas de las personas que hemos señalado aquí como auxiliadores o como de tener nexos políticos con las autodefensas; están poniendo en entredicho nuestro buen nombre, el nombre de nuestras familias, de nuestros hijos, como en el caso mío. Ya a mis hijos en el colegio también los tienen estigmatizados, sé que para el próximo año los tengo que sacar del país porque se me va a presentar una gran dificultad al poderlos entrar al colegio, a que mi hija pueda ingresar a la universidad, simplemente como una universi-taria tranquila y pasar desapercibida. No solo es nuestro buen nombre, sino el nombre de nuestras familias.
Doctor Borja, le voy a hacer un llamado de atención y le digo que usted no fue estudioso como el doctor Petro. usted simplemente se limitó a leer unos informes de prensa, y le faltaron. Le cuento que faltaron, porque había mucho más que decir, había más tela que cortar, y usted aquí si le tengo que criticar que no se informó bien, no se dató bien como se dice en la jerga periodística. usted se refirió a unos informes de prensa emitidos por unos importantes medios de comunicación que, entre otra cosas, no faltaron a la verdad. Yo si estuve en la región del Bajo Cauca, con el Comandante Cuco , quien forma parte del proceso de paz de negociación y que está sentado en Santa Fe de Ralito. Y le cuento, él salió con un permiso del Gobierno Nacional a preparar una eventual desmovilización del bloque mineros; él salió a reunirse con sus tropas, salió también a hablar con las comunidades y recibí invitaciones de muchas comunidades: Del sector de los ganaderos, de los comerciantes que estaban inquietos sin saber qué iba a pasar con esa región, después de que las autodefensas se desmovilizaran, qué iba a pasar con esos desmovilizados del proceso de paz.
Claro que estuve con él, vivo en la región del bajo Cauca, era mi obligación acompañarlo, así como he venido acompañando este proceso de paz y no me escondí. Allí también estuvieron varios medios de comunicación, y el Coman-dante Cuco Vanoy estuvo acompañado por los organismos de control del Estado; allí estuvo la fuerza pública, estuvo el Ejército, estuvo la Policía y estuvo el DAS. No veo nada de ilícito en esa actuación.
Le cuento que mis actuaciones en el proceso de paz han sido públicas, no necesito esconderme, ni necesito ir a Ralito por la puerta de atrás, entro por la puerta de enfrente, donde me ven, donde Colombia, el país y el mundo sabe qué estoy haciendo en relación con ese proceso de paz.
Mire que hay una gran diferencia en esa suspicacia que usted quiere crearle a los medios de comunicación y a la misma Plenaria del Congreso y al país; está poniendo en entredicho mi actuación pulcra y transparente frente al proceso de paz.
Entonces, hay que estudiar, hay que datarse para poder verdaderamente hacer un cuestiona-miento serio, creíble y que tenga algún tipo de lógica y algún tipo de sentido.
En el segundo señalamiento que usted me hace, critica que por qué he salido en unos cuadernos donde está el Comandante Adolfo Paz, también sentado allí en Santa Fe de Ralito y donde está el ex Comandante Giovanni Marín, hoy desmovilizado, es miembro del Bloque Cacique Nutíbara. Sí, salí, y no solo saldré esa vez sino todas las veces que me pidan salir en esos cuadernos, pero lastimosamente no se me consultó. Lo dije jocosamente frente a un medio de comunicación: Mire, donde me hubieran dicho, había sacado otra fotografía mejor. No me dio pena, ni me da pena, ni siento vergüenza.
Le refresco la memoria, que allí en el Caguán muchos congresistas, muchos Senadores importantes de este país, muchos personajes de la vida pública nacional y quienes hoy critican este proceso de paz, salían en el Caguán, y no precisamente hablando de la paz, salían tomando Whisky, abrazados con el Mono Jojoy, con Tirofijo, hasta un Presidente en campaña lo hizo, y eso no se criticó, allí no se dijo nada, nada pasó, todas estas situaciones pasaron desapercibidas por la prensa nacional e internacional.
No vamos muy lejos, ustedes lo recuerdan, cuando una importante funcionaria del Gobierno Departamental de Bogotá, propuso llevar al Museo Nacional la toalla de Tirofijo: No se dijo nada, nadie dijo nada, silenciosos. Lo que pasa es que las críticas del proceso de paz y de quienes se oponen para que ese proceso tan importante para la construcción de la paz nacional, fracase, y en cualquier situación tranquila, desapercibida, sin un tinte político le quieren enmarcar un tinte político y una situación comprometedora a quienes hemos venido acompañando este proceso de paz.
A mí no me da miedo. Asumo el costo político y jurídico de mis actuaciones frente al proceso de paz, porque han sido claras, transparentes, han sido de cara al país.
Entonces frente a eso hay dos grandes diferencias, frente a lo que usted quiso decir aquí, frente a lo que usted quiso replegar sobre mi actuación en el proceso de paz y sobre esas dos participaciones que de algún modo son transparentes. Sí. Los desmovilizados sacaron unos cuadernos, pero no hace 15 días ni un mes, como usted lo citó, esa citación no fue suya, esa citación la hizo una mujer enferma, que anda con un gran resentimiento en contra de todos los colombianos y todas las colombianas que queremos la paz, no voy a decir tampoco quién es, no me voy a desgastar nombrando esos personajes que para mí no tienen ningún tipo de importancia. Esos cuadernos se sacaron en el mes de diciembre, la Corporación Democracia que es lo que aglutina, lo que quedó de ese proceso del Bloque Cacique Nutíbara, hoy conformados por todos sus desmovilizados, la sacaron como un homenaje a la paz, a la tranquilidad que se vive en las diferentes Comunas de Medellín. Por eso salí allí con Giovanni Marín y no solo salí allí, va a ser mi fórmula para la Cámara de Representantes, siempre y cuando la ley, la democracia y la Constitución lo permitan; si ellos dicen otra cosa, entonces se hará otra cosa distinta, entre tanto, no me avergüenza esa situación, por el contrario, me gusta estar apoyando este proceso de paz, porque creo que en Colombia se tienen que abrir espacios para la paz; no solo con las autodefensas sino con todos los actores armados ilegales. Y qué bueno, que esos que son críticos del proceso de paz, que de algún modo y no voy a hacer señalamientos, ellos saben quienes son, también tienen acercamientos a los otros actores armados ilegales como la Farc y el ELN, los persuadan para que participen en el proceso de paz. Ahí está el Gobierno generoso del Presidente Álvaro Uribe Vélez, le ha dado la oportunida d a la guerrilla de las Farc, le ha dado la oportunidad a la guerrilla del ELN, le ha abierto un espacio a las autodefensas, que estos últimos han tomado ese espacio para sacar adelante este proceso de paz, es otra cosa, de pronto por el acompaña-miento de quienes hemos estado cerca a este proceso de paz, persuadiéndolos.
Y doctor Borja, se le olvidó a usted otro episodio bochornoso en relación con mi participación en este proceso de paz. Un testigo pagado, no sé por quiénes, ni por qué grupos, ni por qué sectores políticos, tratan también de enlodar mi imagen y se filtran las declaraciones de la Fiscalía, pero las declaraciones que ese testigo dice en contra mía, falsas calumnias, habla de apartamentos y de propiedades que supuestamente el señor Miguel Arroyave tenía a mi nombre, o que me tenía para mi trabajo legislativo. Todo mundo sabe que el vehículo en que me desplazo es del Congreso. Doctora Zulema, a usted le he reclamado que me arregle el vehículo, usted muy bien lo sabe, no tengo otro, tengo ese vehículo, todo el mundo sabe dónde vivo desde que llegué a Bogotá, lo pago con mi tarjeta de crédito, la propiedad de Caucasia la hemos tenido de todos los años, es una herencia familiar, entonces ahí no caben señalamientos.
Y lo más preocupante, es que la misma declaración del testigo, que finalmente dice y la voy a leer para que el país la conozca, dice así, el señor Andrés de Jesús Vélez que está pagado por alguien o que está siendo de algún modo manipulado, no sé por quién, dice finalmente: Para mí resulta hasta penoso evidenciarme en la mentira en frente de las personas que están en este despacho, pero debo insistir, que si conocieran las condiciones de un adicto en consumo, seguramente no les causaría risa sino lástima por mí, al verme en esta situación mitomaníaca. Mire, un loco, una persona alcohólica, un enfermo mental, pero a eso vuelven y le hacen el juego los enemigos del proceso de paz y muestran a la opinión pública las declaraciones de un mitómano, de un adicto en consumo, de un alcohólico, y no muestran pues verdaderamente lo que le da claridad a esta declaración de este testigo que miente.
Fui a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Corte, no hay nada en contra de Rocío Arias ni de mi participación en el proceso de paz; lo que hay es un gran desprestigio por quienes no quieren que el proceso avance o por quienes ven en Rocío Arias una enemiga política, pero pienso que hay espacio para todos.
Y por último, la mayor votación mía no la saqué en el Bajo Cauca, yo también saqué una votación muy importante en las Comunas de Medellín, y paradójicamente la votación más alta de mi región no fue para mí, fue para otro Representante a la Cámara y otro Senador se llevó también la votación más grande de la región; no fue la de Rocío Arias Hoyos.
Entonces, es importante que en estos debates públicos, donde se pone en entredicho el buen nombre de quienes hemos venido trabajando desinteresadamente por el país y por el proceso de paz, por quienes hemos tenido grandeza frente a la situación de miles y miles de colombianos, se quiere enlodar y mancillar nuestro buen nombre.
Doctor Borja, le invitaría a que estudiara, a que antes de hacer este tipo de denuncias y de declaraciones, pues mirar a ver qué hay detrás de todo esto y simplemente no se limite a hacer o a tomar como evidencias lo que publican los diferentes medios de comunicación, de pronto de una manera acertada o de pronto de una manera equivocada, simplemente de las publicaciones que hacen los medios de comunicación de los personajes públicos del país, y dentro de esos están nuestros compañeros, los congresistas.
Doctor Petro, finalmente vuelvo y lo felicito, ojalá que este debate se profundice y quienes hemos sido de algún modo señalados, pues podamos hacer claridad de esas acusaciones que hoy injustamente se nos hacen, simplemente por vivir en una región donde hay autodefensas o simplemente nosotros también podríamos hacer un gran debate y dedicarnos a señalar a muchos de los compañeros que lastimosamente viven en regiones donde hay presencia e influencia de las guerrillas, y donde créame que jamás habrán esos cuestionamientos.
Respeto el Congreso de la República, respeto a mis compañeros y nunca he dudado de la transparencia en su ejercicio legislativo, todo el Congreso de la República me merece un gran respeto. Muchas gracias, señora Presidenta.
Palabras del honorable Representante José Rosario Gamarra Sierra:
Gracias Presidenta. Quiero referirme un poco a la mención que tuvo el doctor Wilson Borja, por qué saqué tantos votos en el municipio de Pivijay, quiero decirle un poquito de historia al doctor Wilson Borja, al país, a la prensa.
El municipio de Pivijay es un municipi o que quiere a su gente, es un municipio que tiene un derecho de pertenencia con su gente. El municipio de Pivijay, en épocas anteriores, tuvo Senador como lo decía Jorge Luis Caballero, el doctor Carlos Caballero Cormane, tuvo dos Representantes a la Cámara, como José Herrera y el hermano Mérido Herrera.
El municipio de Pivijay ha querido su gente. Fui diputado del departamento de Magdalena en el período 1995-1997, saqué la votación más alta del departamento del Magdalena, la votación más alta de la Costa Atlántica y la segunda votación más alta del país, me ganó el Directorio Liberal de Antioquia, saqué casi 20 mil votos, sin llevar prácticamente segundo y tercer renglón y casi sin visitar los pueblos de mi departamento, porque tenía un problema. Me retiré después cuando se terminó mi período, no participé en política, pero en el año 2002 la gente del gremio de donde provengo, el gremio ganadero, el gremio de los agricultores, el gremio del campo, donde nací, nací en el municipio de Pivijay, exactamente en una finca.
Los voy a ubicar para aquellos que conocen, un pueblecito cercano que se llama Flores de María, ahí la famosa canción de Juancho Polo, Alicia Adorada, ahí nací yo, por eso les vengo a contar que pertenezco como a 8 municipios del departamento del Magdalena, que me tienen como su hijo. Nací en el municipio de Pivijay, y mis padres, cuando tenía como un mes de nacido, se trasladaron al municipio de Ariguaní, y les decía a mis electores yo pertenezco a 8 ó 10 municipios del departamento del Magdalena, yo sí soy un verdadero provinciano del departamento del Magdalena.
Y cuando puse mi nombre a consideración de los electores del departamento del Magdalena, quiero contarles que la clase política del Magdalena, tenía el 40% de estar presa, y otras partes también los estaban investigando, de los cinco congresistas, Representantes a la Cámara, habían dos presos, había una crisis.
Entonces les vengo contando, nací en el municipio de Pivijay, desde muy temprano me llevaron para el municipio de Ariguaní, y van dos municipios a los cuales tengo acceso. Ahí en este municipio hay un corregimiento que se llama sabana de San Angel, hoy municipio, que se segregó del municipio de Ariguaní y el municipio de Pivijay. Aprendí mis primeras letras, ahí gateé, ahí caminé. Mi segundo renglón es del municipio de Chibolo, ex alcalde de este municipio, el doctor Gustavo Orozco Jarava, catalogado como uno de los mejores alcaldes del departamento del Magdalena en su época, sacó una gran votación en ese municipio; mi tercer renglón el doctor Virgilio Torres, del municipio de Remolino, ex alcalde, hizo una gran labor, hoy ostenta una curul en la Asamblea Departamental del Magdalena.
Entonces, por qué tenemos que extrañarnos si uno saca una votación importante dentro de los municipios. No creo que esto sea óbice para que luego nos vengan a catalogar que uno tiene nexos con grupos al margen de la ley.
Recuerdo que en el año 98, mi amigo Jota Vives, no siendo del municipio de Pivijay, sacó siete mil y pico de votos, que se los puso, que se los ayudó a poner la gente de Pivijay, como César Caballero Sierra que era diputado en este momento y pertenecía a su grupo, entonces, esos votos por qué son buenos antes y ahora son malos, yo no creo.
Tengo, tuve una votación importante en el municipio de Fundación, porque viví en el municipio de Fundación, y para más señas, me la paso en esos municipios, mi campaña la hice en todos estos municipios, corregimiento por corregimiento, vereda por vereda, donde nunca había ido un parlamentario a pedir unos votos, simplemente de la capital del Magdalena, de allá nos mandaban las tulas de plata y nos ponían a pelear. Nuestra gente se dio cuenta que ese no era el procedimiento para sacar la región adelante, nos ponían a pelear un grupo en un carro, dándole rejo al otro grupo, y el progreso, el desarrollo para nuestro municipio dónde está. Eso lo entendió la gente de la región, de los diferentes municipios del departamento del Magdalena, y vio que los hijos de ahí de la misma región tenían aspiraciones, que tenemos credibilidad, que tenemos credibilidad en la región, por eso nos apoyaron, por eso nos eligieron, por eso estamos en el Congreso de la República, y al ver que las propuestas que les estábamos haciendo, con unos proyectos macros para el departamento del Magdalena, cuando estuvo el Presidente Uribe en el municipio de Pivijay, cuando estuvo el Presidente Uribe en el municipio de Ariguaní, que fueron los únicos municipios que pudo visitar porque la ola de violencia que existía en el departamento y en la costa, cuando le pusieron una bomba en Barranquilla, no pudo visitar los demás municipios de nuestro departamento, le decíamos: Presidente Uribe, el anhelo de los magdalenenses es la infraestructura vial del departamento; el anhelo de los magdalenenses es la masificación del gas natural domiciliario, y mire, ahí está la licitación para el plan vial para el departamento del Magdalena, de la carretera Fundación-Pivijay, y en el sur del departamento, ahí están los recursos conseguidos para el gas natural domiciliario para los diferentes municipios, empezando por Palermo, pasando por Sitio Nuevo, pasando por Guáimaro, llegando a Remolino, pasando a Guáimaro y llegando a Salamina. No llegan los otros recursos a los demás municipios, a mi municipio Pivijay y al municipio el Piñón donde nació Jorge Luis Caballero, porque no alcanza, pero el compro-miso del Presidente Uribe es llevar el gas natural domiciliario, compromiso que tiene con el Magdalena y la clase dirigente y su Gobernador, es llevar el gas natural domiciliario a todos los municipios, a todos los pueblos del departamento del Magdalena.
Entonces, la gente del Magdalena hoy sí está viendo por qué quería el cambio y se está viendo el cambio. Nosotros en la provincia, en nuestros pueblos, tenemos que ser benefactores, ahí no se veía la mano del Estado. Cuando se va a construir una iglesia en cualquier corregimiento, recurren a uno, para que uno les dé una cuotita, que uno le entregue por una rifa. Cuando se va a construir un camino ahí recurren, y por eso es que nos tienen aprecio, nos quieren, pero los electores del departamento del Magdalena, los habitantes, aprendieron que hay que tener sentido de pertenencia con su gente, y por eso están apoyando a su propia gente de su misma región, porque si la embarran es con la de la misma región, no con los de afuera.
Eso es lo que queremos. Y por eso le decía yo a la Revista Semana, que me preguntaban que si me iba a declarar impedido para el Proyecto de Ley de Justicia, Paz y Reparación, les decía que no, porque no tenía ningún motivo, porque a mí no me han apoyado los paramilitares para llegar al Congreso de la República, como tampoco me apoyaron los paramilitares ni la guerrilla para llegar a la Asamblea del Departamento del Magdalena.
Uno tiene que tener credibilidad, no he tenido de pronto antepasados que hayan sido políticos, y creo que soy uno de los primeros que estoy incursionando, tuve un tío por allá que fue concejal, que ha sido contralor, por sus propios medios, pero me pregunto ¿será un pecado llegar de estos pueblos olvidados del departa-mento del Magdalena al Congreso de la República? Todo lo del pobre no es robado, tenemos nuestros méritos para llegar al Congreso de la República, tenemos nuestros méritos para estar aquí en el Capitolio y luchar por los intereses de nuestra región, porque si nosotros no luchamos, nadie va a luchar por nosotros. Y tengan la seguridad que me vuelvo a lanzar en el próximo período para el Congreso de la República y tengo la seguridad que voy a sacar más votos, porque les he dicho, no me lanzo sino hacen la carretera Fundación-Pivijay, y no me lanzo si no construyen el gas natural domiciliario de los diferentes municipios, y como sé que se va a construir, porque ya leí la licitación, porque se que sé va a construir porque ya la UN me pasó para Ecogás, para que se firme el convenio con Promigás y Gas del Caribe, porque nuestra región donde no llegaban funcionarios, si están llegando, nosotros hemos llevado a Pivjjay, al Peñón, a Iriguany, los diferentes funcionarios de la Nación para que palpen, para que miren los problemas que tenemos y se han solucionado muchos.
Eso es la elección del departamento del Magdalena. Los políticos son de moda, los que están arriba hoy, mañana están abajo, y así sucesivamente, y el pueblo va aprendiendo que es con credibilidad, que es con obras. Los alcaldes de nuestra región, vienen aquí a Bogotá, y aquí les tenemos los carros y aquí les tenemos todo, aquí vamos a los ministerios con ellos para buscar el desarrollo, para buscar gestionar los proyectos de nuestra región. Y tengan la seguridad, como lo dije anteriormente , en el próximo período no voy a sacar cincuenta mil votos, sino más.
Y a cargo de quién estaba la Registraduría Departamental del Magdalena, José Gamarra Sierra no le interesa, no preguntó ni siquiera quiénes eran los registradores municipales, ni mucho menos iba a preguntar quiénes eran los jurados de la Mesa, entonces ¿cómo hacemos?
Y por eso no estoy de acuerdo, y se lo voy a pedir a mis amigos que están en la Comisión Primera, ese artículo que dice: Que después del 70% de la votación en determinado pueblo, tienen que anularse ¿por qué se van a anular? Me pregunto, un corregimiento como Flores de María donde prácticamente nací, donde votan más de quinientas personas, que ahora mismo se les acaba de llevar la luz eléctrica, ustedes creen que van a votar por otro, ahí votan el 150% por José Gamarra Sierra, y ¿por qué van anular esos votos? ¿Por qué van anular los votos de otros corregimientos donde tengo cercanía? Porque vivo en mi finca, vivo en esos pueblos, paso el ferry y me pongo, ahí donde venden las comidas, a almorzar, a desayunar con la gente, a untarme de pueblo, estar con el pueblo. No hay una fiesta de un pueblo de esos, que uno no esté aportando, y que uno no esté ayudando. Nosotros hemos ayudado a construir iglesias, hemos ayudado a construir puentes, hemos ayudado a construir carreteras, entonces ¿por qué nuestra gente no puede votar por nosotros? No.
Por eso les doy mi explicación. Y me faltó, porque Pivijay debió votar el 100 x 100%, no siquiera el ochenta y pico, el 90% que dice la revista, ha debido votar más porcentaje, y creo que en la próxima campaña lo va a hacer. Muchas gracias, señor Presidente.
Palabras del honorable Representante Alfonso Campo Escobar:
Señor Presidente, ha sido reiterado por parte de los que manejan la Mesa Directiva de olvidarse de mi apellido, mi apellido es Campo Escobar y le voy a anunciar para que no se le olvide jamás señor Presidente con todo el cariño y el aprecio que le tengo, por qué hago énfasis en esto, Campo, porque Alfonso Campo viene con mucho orgullo y con mucho honor de la cuna del que firmara la Constitución de 1986, del General José María Campo Serrano. Eso me da grandeza. Hoy les quiero decir que soy además nieto de Antonio Escobar Camargo, uno de los hombres más importantes que tuvo el Magdalena, Ministro, Estadista, el que escribió El Salón de los Virreyes, y señor Presidente hoy los quiero con el cariño de siempre, para decírselo señor Presidente honrar con mi presencia en este Congreso, aunque pare zca inmodesto señores parlamentarios. La verdad es que quiero hacerles explicación señor Presidente con el cariño, con el respeto y con todo lo que sé que usted representa para esta Corporación, y se lo quiero dejar y extender a todos y a cada uno de los miembros de la Mesa Directiva. La próxima vez que un miembro de la Mesa Directiva se olvide de dónde vengo, les daré una clase de historia como la que hoy dio el doctor Caballero de historia del Magdalena, porque un poquito más tarde voy a decir algunas cosas que el doctor Caballero en su excelente, magistral intervención, quiero reconocerlo públicamente, se olvidó que en ese momento yo era Presidente de la Asamblea del Magdalena, era godo, ayudando y contribuyendo con ese desarrollo.
No se preocupe señor Presidente, eso es para que jamás se le olvide de dónde vengo, para que jamás a este Congreso, a mis amigos, a quienes quiero con aprecio y digo a quien estoy representando, represento orgullosamente al Partido Conservador que me ha elegido dos veces Congresista y que me ha elegido dos veces diputado, y que tuve una derrota electoral en el departamento del Magdalena, cuando era más joven que el señor Jorge Luis Caballero Caballero.
Permítame rebosar eso de lo que me jacto y que es mi grandeza, que ha sido mi familia como lo hizo un parlamentario. Eso es lo que nosotros venimos a demostrar, y la conclusión de todo esto señor Presidente, de todo lo que le he querido decir, por su lapsus, porque lo entiendo así, no ha sido de ninguna manera la forma de ofender, es el resultado de una clase política del Magdalena que hoy ha dicho lo que es en su esencia, en su convicción, pero mucho más grande señor Presidente, en su tradición. Gracias.
Palabras del honorable Representante Hugo Ernesto Zárrate Osorio:
Gracias señor Presidente. Voy a cambiar de tercio porque no me voy a referir a los crímenes de lesa humanidad que hemos denunciado, no solamente acá sino en más de 10 debates que hemos hecho en los últimos dos años, no sin antes hacer una rectificación frente al pueblo colombiano.
Decir que el Polo Democrático Independiente, cuando ejercita su derecho a hacer control político, y más en este caso concreto del día de hoy, paramilitarismo y política, no busca llegar a lo que han querido conducirlo los últimos parlamentarios que han intervenido y han hecho uso de la palabra, al falso dilema de si el Polo Democrático es amigo de la guerrilla y enemigo del paramilitarismo.
Ese es un falso dilema. Quiero decirlo de manera categórica: El Polo Democrático rechaza rotundamente todas las formas de violencia, no hacemos acepción de delitos por su origen o por sus autores, y por supuesto que los parlamentarios que han hecho uso de la réplica tienen su derecho de hacerlo, pero este no es un problema dijéramos de honestidad ni de honor. El Polo Democrático cuando hace un ejercicio como el de hoy, lo hace en ejercicio de su propia lucha política, que es la de que se le diga al país la verdad, la de luchar por los valores éticos de una sociedad; porque en este país en vez de impunidad haya castigo, verdad, justicia, reparación; porque a la gente no se le confundan los conceptos ni se le malinterpreten las realidades.
El fenómeno paramilitar, la estructura paramilitar que vive Colombia desde hace muchos años, hoy en este preciso debate, Gustavo Petro ha demostrado con indicios, con testimonios, pero ni más faltaba que el Congreso sea juez. Aquí el juez es la opinión pública, y aquí no necesitamos la prueba reina ni la plena prueba, porque la plena prueba son las miles de masacres y de asesinatos que se han cometido contra las gentes humildes de la patria, ante la indiferencia del Estado colombiano.
Esa es la prueba reina de las injusticias de un país virtual para el Gobierno, en virtud del cual el Estado de Derecho son códigos y leyes muertas y escritas, pero abajo está la realidad, el país real, que es el de San José de Apartadó por ejemplo; como esta mañana demostramos más de 315 hechos atroces de crímenes de lesa humanidad, contra miles de humildes campe-sinos de esa región chocoana y antioqueña del país.
Y aquí se preguntaban que la justicia decida, pues por eso es que traemos aquí al control político estas denuncias, porque la denuncia en Colombia no opera, ya lo demostraba Petro, con todos esos indicios, testimonios de un ex oficial de la Policía y de varios ex paramilitares, y dónde quedan los responsables.
De manera que la lucha del Polo no es para favorecer a nadie, a ningún grupo guerrillero ni a ningún delincuente, es porque en este país haya justicia y haya verdad para su pueblo.
Hecha esa aclaración, voy a referirme a los crímenes que este fenómeno paramilitar, este tejido paramilitar en que vive la República, que no es solamente político militar sino económico y social, me voy a referir al tema económico, que son crímenes contra el medio ambiente y contra la ecología y contra la posibilidad futura de la sostenibilidad económica de muchas generaciones; las generaciones futuras que vendrán después de nosotros, y es cómo este fenómeno paramilitar, en lo económico, coincide exactamente con un programa del Gobierno Nacional, como motor de desarrollo, que es el cultivo de la palma africana, y cómo con este derrotero económico se están cometiendo los crímenes más graves en una zona que representa una de las poquísimas zonas importantes de la biodiversidad del mundo. Esto es un atentado ecológico contra el patrimonio de los recursos naturales de Colombia y del mundo.
Y voy a comenzar por una cita del comandante paramilitar alias Rodrigo o Doble Cero, quien fuera jefe del Bloque Metro de las Autodefensas, hasta el momento en que sus compañeros lo asesinaron en la Costa Atlántica; declaró en El Tiempo del 1º de septiembre de 2003, que los proyectos de palma africana en el sur del Eje Bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria y corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras y el dinero supuestamente prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacen parte de una cadena de lavado de dinero del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia.
Así mismo, el diario Washington Post, publicó el 20 de septiembre de 2003 un artículo titulado "Cese al fuego se convierte en apropiación de tierras". En el que se señalaba "Aquí en el Urabá, región al noroccidente de Colombia, elementos de las AUC han estado tomando ventaja del estado de caos de los registros locales de las tierras, para acaparar algunas de las fincas más ricas del área.
La región es el centro de la floreciente industria de aceite de palma subsidiada por el Gobierno, como un motor de desarrollo económico. Detrás de la mayoría de ventas forzadas de tierra, las cuales dicen los funcionarios oficiales pueden exceder los 10 mil acres este año, está el Bloque Ermes Cárdenas de las AUC.
El Comandante del Grupo José Alfredo Berrío, cuyo nombre de guerra es El Alemán, se retiró de las conversaciones de paz con el Gobierno más temprano este año, pero todavía se reporta a Castaño".
Esto es en el 2003.
¿Cuáles son los crímenes entonces ambientales contra afrodescendientes del Bajo Atrato, la Nación y la humanidad?
Esta es la zona, exactamente esta zona del Chocó y es lo siguiente: Especies forestales y faunísticas destruidas o amenazadas por la intervención de las compañías palmicultoras en el bosque húmedo tropical de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, según el Incóder, el 95% de la palma se encuentra sembrada de manera ilegal en los territorios colectivos de las comunidades.
Asimismo se prepara una siembra de cerca de 22 mil 121 hectáreas y la adecuación de 4 mil, 10 hectáreas.
En la Cuenca del río Curvaradó, aproximadamente 26 especies forestales se encuentran extintas, entre ellas 12 especies maderables para la construcción, 8 especies medicinales y 5 especies para colorantes, así mismo cerca de 28 especies faunísticas han sido eliminadas y su hábitat completamente destruido.
Por su parte, se encuentran en serio peligro cerca de 54 especies forestales, de las cuales 34 especies son de productos maderables y 15 son especies de productos comestibles, únicamente en la Cuenca del Río Jiguamandó.
En el caso de la fauna, se han visto afectadas cerca de 68 especies con hábitat en las aguas y los suelos de la cuenca. Es de especial mención que estas cuencas se encuentran ubicadas en las zonas de reserva forestal del Pacífico, creada la Ley 4ª de 1959 para la protección de las aguas y la vida silvestre de estos especiales y frágiles ecosistemas que constituyen la región con mayor biodiversidad en plantas en el planeta según las Naciones Unidas.
Los recursos hidrobiológicos y de los suelos de propiedad colectiva y de la Nación, alteradas por la explotación intensiva de palma africana, se calculó el área de la que se han construido vías en 20, 25 hectáreas, teniendo en cuenta el ancho de las vías de 5,5 metros y longitud de 36 mil, 819 metros. En el caso de las zanjas de drenaje del área, se calculó entre 138 y 184 hectáreas, con base en que las zonas de drenaje presentan en general un ancho de 2 metros y frecuencia pr omedio entre 150 y 200 metros.
Se removieron entre 2 millones 772 mil, 333 y 3 millones 696 mil, 444 metros cúbicos de tierra. En fin, si nos vamos a las hectáreas sembradas, tumbando bosque tropical húmedo, patrimonio de la humanidad, tenemos que decir que allí se ha tumbado el bosque y se han sembrado aproximadamente 30 mil hectáreas, que son las 30 mil hectáreas de bosques y concentraciones vegetales, que han cedido su lugar a este monocultivo, disminuyendo la capacidad de los suelos para albergar las cerca de 60 especies forestales que tienen allí su ambiente propicio.
Lo increíble señor Ministro, qué pesar que no esté el Ministro de Agricultura y la Ministra de Medio Ambiente, ya dije que el Incóder ha afirmado en un documento que este cultivo de palma africana, tumbando todos estos bosques, son cultivos ilícitos que violan la biodiversidad y el ecosistema de toda la zona.
Lo ha dicho el Incóder por escrito, sin embargo, miremos cómo es la financiación con dineros públicos del daño al medio ambiente en el Bajo Atrato. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su documento: Política para el Desarrollo de la Palma de Aceite en Colombia 2002-2020, ha fijado entre otros los siguientes incentivos a los cultivos de palma: incentivo del ICR, líneas financieras al largo plazo, cobertura de riesgos, investigación genética y agronómica, alianza al sector productivo, sector privado, proyectos producti-vos financiados por el Plan Colombia.
¿Cómo quisieran los arroceros o los cultivadores de cereales que les dieran todos estos incentivos? En el caso del Bajo Atrato, según la Defensoría del Pueblo, en el documento Aprovechamiento Forestal y Derechos Humanos en la Cuenca del Río Cacarica, Chocó, esta iniciativa ha contado con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas los Ministerios de Agricultura y Desarrollo, el Banco Agrario, Finagro, el Fondo de Inversiones para la Paz, y el citado proyecto, -esto lo dice la Defensoría del Pueblo- se inició con 750 hectáreas a las que se vinculan 16 usuarios de Río Sucio, Pajirá y Mutatá, objetivo del Banco Agrario dentro del Programa de Oferta Agropecuaria, Proagro, con un crédito en síntesis, de 2 mil, 476 millones de pesos.
Pregunta uno Ministro, para que le cuente al Ministro de Agricultura, póngame cuidado, que no estoy hablando de vidas humanas, pero si estoy hablando del futuro, de nuestras generaciones, y sobre todo a la Ministra de Desarrollo ¿cómo se explica uno, que el Incóder por escrito diga, que todas estas hectáreas sembradas de palma africana, patrocinadas por el paramilitarismo en esa zona, tumbando 30 mil hectáreas de bosque húmedo tropical, la mayor biodiversidad de la tierra? Esa región tiene 120 mil hectáreas aproximadamente, ya tumbaron 30 mil. ¿Cómo se explica uno que el mismo Gobierno, el mismo Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, financien, estimulen, presten, hagan créditos, recursos del tesoro público para que cometan ese crimen ecológico contra la humanidad y contra el pueblo colombiano? ¿Cómo se explica que para eso si hay plata?
Un modelo económico del que claramente se benefician y participan las estructuras paramilitares, tal y como lo afirma Miguel Arroyave, Comandante del Bloque Centauros en una entrevista del periódico El Espectador, semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2004 "Las autodefensas viven de lo que hay en las regiones bajo su influencia. Es por eso que, analizando esta dinámica, iniciamos un proceso de transformación en las mismas zonas. Por ejemplo, en los llanos orientales estamos sembrando palma africana".
¿Cómo se ha apropiado el paramilitarismo de las tierras? A través de diferentes figuras, de estafas, de intimidaciones, de figuras como el de contratos de usufructo, actas de compromiso donde intervienen generales de la República, acuerdos facilitados por funcionarios públicos y la apropiación ilegal de títulos individuales, falsedades en documentos públicos y privados y suplantación de personas, acuerdos de transacción de los que participan funcionarios públicos, miembros de las fuerzas militares, en fin.
Si a alguien le queda duda de que la estructura paramilitar es un tejido de intimidación militar, política, económica, social, con la anuencia del Estado, con la financiación del Estado para tumbar bosques y para sembrar palma africana, pues basta mirar estas cifras.
Y para que no haya ninguna duda, para que no nos otorguen el beneficio de la duda, aunque no lo necesitamos, le pido que usted señora Presidenta que designe, y es una proposición, una comisión de parlamentarios, cuerpo diplomático, Vicepresidente de la República, Procurador General de la Nación, a los señores Ministros del Interior, Defensa, Agricultura y Desarrollo, Medio Ambiente, Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la Nación, que verifique estas denuncias y hagan seguimiento al Estado en las medidas para resolver los ilícitos comprobados. O sea, propongo es que viajemos a la zona, comprobemos cómo siguen todas esas maquinarias, buldózeres, retro escavadoras, ejército paramilitar y Ejército Colombiano, vigilando toda la zona y patrocinando todas estas expropiaciones a través de falsedades de documentos públicos y privados; que vayamos a la zona y comprobemos lo que aquí estamos afirmand o.
Finalmente mi querido Gustavo Petro, no se preocupe usted, que más vale el poder de la verdad que el poder sin la verdad. Muchas gracias, señora Presidenta.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
Gracias Representante Zárrate. Nos acompa-ña en el recinto de la Cámara de Representantes, el Senador Alvaro García, quien me ha pedido intervenir.
Palabras del honorable Senador Alvaro García Romero:
Muchas gracias señora Presidenta. Señor Ministro, señores Representantes: En el curso de esta tarde estaba muy pendiente de este debate. Lo que nunca pensé es que las palabras del doctor Petro, me llegaran hasta lo más hondo de mis sentimientos, porque en realidad no puedo comulgar con ninguno de los hechos, y además los rechazo como conducta que he tenido en toda mi vida.
Me conocen muchos congresistas, muchos industriales en este país, y saben que lo que ha dicho el doctor Petro es una solemne calumnia y una novela más que tiene incrustada en su mente.
Pienso dos cosas. Una, que las personas que le han informado en mi departamento sobre mi conducta en los últimos 15, 20 años, le han informado mal, o me da pena señor Petro tener que decirle que usted ha estado, como decimos los costeños y en el vocabulario que usted utiliza cuando se refería a lo que mostraba en la pantalla, usted ha sido fletado por alguien en el país que seguramente me estima demasiado.
Llevo haciendo política en Colombia durante muchos años. He tenido amigos y contradictores, pero la realidad es que nunca pensé que por un complejo de inferioridad que le noté al doc tor Petro en las comisiones económicas, donde él lee demasiado y quiere imponer condiciones, nosotros en las comisiones económicas en forma silenciosa, pues no estábamos de acuerdo en muchos de sus artículos, de sus apartes, ahí noté un enfriamiento de las relaciones mías con el doctor Petro.
Posteriormente, el doctor Petro ha ido a mi departamento, pues sé que ha sido bien recibido, y sé también que conserva una gran relación personal con todos mis contradictores políticos. Eso a mí no me incomoda, lo que me incomoda es el montaje que ha querido hacer en forma brutal contra Alvaro García Romero, cuando usted manifestaba que en Sampués se había ido la señal, a mi también me llamaron doctor Petro, porque la mejor propaganda que usted me puede hacer en mi departamento, es hablar mal de Alvaro García Romero, porque mi departamento me conoce, sabe cuál ha sido mi conducta, sabe cuáles han sido mis errores y sabe cuáles son mis cualidades.
Usted hablaba del poder parroquial. Sí es cierto, me he dedicado al departamento de Sucre a conservar en todos los municipios del departamento una relación personal importante, no perteneciendo a ningún partido, pero tampoco interviniendo cuando las asambleas liberales se reúnen o se reúnen las asambleas conservadoras. Y también quiero decirle a usted doctor Petro, que con su sector, el Polo Democrático, he hecho grandes alianzas en el departamento de Sucre, y cuando ganó el doctor Erik Morris la gobernación, el sector del Polo Democrático en su departamento me apoyó en esa elección. A ellos les debe usted preguntar, si he sido yo autor intelectual de sus hechos, porque ellos le podrán aconsejar y decirle qué significa Alvaro García Romero en el departamento de Sucre.
Las alianzas las he hecho con el Partido Conservador y con los sectores liberales de mi departamento, y me siento orgulloso doctor Petro, que esa señal haya llegado a mi departamento porque estoy totalmente conven-cido de que cada día crecerá la audiencia y cada día mejoraré la votación en el departamento de Sucre.
Esa fue la introducción.
Tengo 28 años de estar ejerciendo esta función de congresista. En los últimos diez años hay gente que va a los cócteles y no saben que Alvaro García Romero es Senador de la República, porque me lo han dicho; la realidad de que vivo en mi departamento pendiente de mi electorado, y hago algunas funciones puntuales en Bogotá. Pero sí quiero decirle que me he ganado la envidia de gente de mi departamento y de gente acomplejada, como el doctor Petro, porque el doctor Petro es un tipo sumamente inteligente, capaz, no hay libro que no se lea, no hay libro que no produzca una pluma en cualquier parte del mundo para que el doctor Petro se lo lea.
Pero volviendo al grano porque la realidad es que no quiero aburrirlos, podría hablar por mucho tiempo, pero más bien quiero concre-tarme en algunos hechos.
El doctor Petro ha hablado por la prensa, por la radio, y hoy aquí en la Cámara de Representantes, como aquí casi todo el mundo va para el Senado, he escuchado, entonces es la razón por la cual me equivoqué un poco, sobre dos testigos, porque así lo hizo saber personalmente por Noticias Uno, así lo ha hecho saber en El Espectador, así lo ha hecho saber en El Tiempo, tengo que manifestarle que tiene usted una muy buena influencia en el campo periodístico, seguramente es más simpático que yo, soy una persona que no estoy renovando la foto en los periódicos, doctor Petro, no porque este de retirada, es porque usted y yo no nos parecemos.
Pero hablando de los dos testigos doctor Petro, usted dice que hay un testigo que se llama Jairo Peralta y hay otro testigo que se llama Sergio Tovar. Estando viendo la televisión, manifestaba que Sergio Tovar estaba en el recinto, entiendo que usted lo invitó a esta sesión, pues para poder terminar con el tema de los dos testigos, porque no los voy a cansar, le pediría a la Cámara y le pediría a la Presidenta de la Cámara que en una sesión informal escuchemos cinco minutos a Sergio Tovar, para que explique cuál es la razón por la cual el doctor Petro lo invitó a esta reunión, y sigo con el uso de la palabra.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
¿Quiere la plenaria de la Corporación declarar sesión informal para escuchar al señor Tovar?
La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Así lo quiere Presidenta.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
Representante Gustavo Petro ¿está ese testigo de su debate presente en el recinto?
Responde el honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
Puedo hablar igual Presidente, no he invitado al señor Sergio Tovar aquí, me disculpa el Senador.
Palabras del señor Sergio Tovar:
Yo estoy invitado por el Senador Petro, uno de sus asesores me llamó ayer por teléfono, me dejó un teléfono donde me ubicara y me invitaba a una sesión, y ahí lo pueden comprobar a la entrada del recinto, es el motivo por el cual yo estoy acá o si no yo no estaría acá.
Palabras del honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
Bueno, yo no he invitado al señor Sergio Tovar a este recinto, los invitados están en la proposición que es el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General de la Nación, y el Secretario no me dejará engañar, ahí no aparece el señor Sergio Tovar.
Así que dejo claro que el señor Sergio Tovar no esta aquí porque yo lo haya invitado, no está en la invitación oficial de la proposición, el único citado es el Ministro del Interior que entre otras no he podido escucharlo, y los invitados allí aparece una lista quier o que el Secretario la lea para que quede constancia de a quiénes invite según mi proposición.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
La Plenaria declaró en sesión informal, vamos a escuchar entonces al señor Sergio Tovar e inmediatamente reanudaremos la sesión formal honorables Representantes.
Palabras del señor Sergio Tovar:
Señora Presidenta, señores Representantes, señores Senadores, buenas noches.
Me encuentro acá presente porque recibí a lo largo del último mes una serie de llamadas a mi casa de parte del doctor Augusto Rodríguez, asesor del doctor Gustavo Petro, en las cuales me dejo un número telefónico, me han ubicado en mi residencia para que me presente y rinda una serie de declaraciones, aseveraciones y afirmaciones en contra del senador García y un ganadero García, que no lo conozco, y estoy acá poniendo la cara al país.
Agradezco a la Corporación que me hubiera permitido estos minutos, donde quiero hacer unas claridades a unas situaciones. La primera, no soy testigo estrella en ningún proceso de nadie, como ha salido el Noticiero Noticias Uno a decirlo.
En dos ocasiones ha pasado la misma situación. Yo tengo una familia, tengo una imagen y en ningún momento he sido testigo de nadie en contra ningún proceso. Lo único que hice fue, con mi función de policía judicial, cuando era el Teniente de la Sijín, de Sucre, entregar un indicio que me fue elaborado por la seccional de inteligencia al mando del Capitán Caballero; me entregaron ese casete, el cual le fue entregado a la señora Fiscal que adelantaba el proceso de instrucción en ese momento, por los hechos de Macallepo, Sucre.
Si ustedes escucharon al doctor Petro, muchas de las afirmaciones que dice el doctor son ciertas, muchos elementos que dice el doctor Petro son ciertos, pero cuando ustedes escuchan lo que dice Sergio Tovar ante el señor Fiscal que adelantó la instrucción de ese proceso, se está trabajando bajo los supuestos de presuntamente, yo jamás he dicho que el señor García o que el Ganadero García al que no conozco tampoco, sea paramilitar o que tenga pruebas contra los señores que son paramilitares o le colaboraron a los paramilitares. Si yo hubiese tenido esas pruebas, lo hubiese hecho, como hice contra el hermano del doctor Edgar Martínez Romero, ex Gobernador de Sucre, ex Alcalde de Sincelejo, quien dio unas pautas y cometió un delito y fue judicializado y colocado a disposición de la Fiscalía de Sucre.
Señores, créanme, mi familia, mi integridad, me siento completamente perseguido por esas personas que me están buscando en mi casa, me están llamando continuamente, y tengo una imagen, soy trabajador independiente, la misma seguridad de mi familia, quién me la está respondiendo. Si decía la doctora Muriel, que hasta aquí la vengo a conocer, que ella teme por su vida, qué puedo sentir yo.
El doctor Petro muy precisamente lo decía, el Coronel Norman Arango me hizo retirar de la institución Policía Nacional por una persecución que adelantó en contra mía. En este momento yo temo por mi vida, porque cualquier persona puede atentar contra mi y van a decir que fue el Senador o el ganadero García, y cualquiera puede atentar contra mi.
Además, quiero que ustedes sepan la verdad con respecto al famoso casete. La Revista Semana, que aquí incluso me la acabó de facilitar el doctor Petro, no está completa la grabación. Tengo copia del informe de inteligencia que en su momento me fue entregado, en donde está la grabación completa, son tres páginas, en la Revista Semana hace alusión a dos páginas, son tres páginas en total señores.
Lo que más llama la atención de la grabación, y por eso pienso que la Fiscalía no lo ha tomado como un elemento material de prueba, que permita iniciar un proceso judicial contundente y concluyente contra las personas que supuestamente se mencionan, están haciendo una coordinación de un delito y una masacre, obedece a los siguientes aspectos: Cuando a mí me es entregado el casete soy funcionario de policía, soy el jefe de la Sijín, la grabación la escuchó en compañía del señor Capitán, que me la entrega y del señor Coronel, a las seis y quince minutos de la tarde, supuestamente acababa de ser cogida la grabación a través del control del espacio electromagnético.
Si ustedes observan por favor la señora Presidenta, la hora de la trascripción son las seis y cincuenta y cinco de la tarde, es decir, se transcribió un casete, se sometió a un análisis de voces, se hizo una trascripción. El señor Representante Canal sabe a qué me estoy refiriendo, es un proceso que lleva más de tres, cuatro horas, y no es posible que lo hubieran hecho en menos de una hora. Yo entregué una prueba aparentemente que tenía que ser sometida a verificación por la Fiscalía General de la Nación. Esa prueba infortunadamente la han cogido para ser leña de otra cosa completamente diferente, porque en presencia mía, el doctor Augusto Ramírez, asesor del doctor Petro, dijo que la intención era bloquear a la doctora Zuccardi, al Senador García y a otros Representantes para torpedearle procesos del Gobierno.
No quiero que me sigan por favor molestando, no quiero que me sigan presionando a que tenga que declarar contra alguien, lo único que quiero es que permitan que yo siga una vida normal; que si la Fiscalía encuentra mérito para investigar a alguien que lo investigue.
Además, cuando ustedes analizan y se dieron a la tarea de investigar y las personas que son de Sucre lo saben, esta referencia al hurto del tal ganado que hablan, de la finca del señor Miguel Nule, se presenta el 16 de febrero de 2000, porque ese día yo recibí en mi despacho, como jefe de la Sijín, al señor Miguel Angel Nule, que ese día lo conocí, y me enteré que era el familiar del doctor Guido Nule Amín. Lo primero que el señor me dice es, me robaron un ganado ¿qué hago? Le dije, instaure la denuncia por favor y se le da el trámite correspondiente a las autoridades para que comience la investigación.
Si ustedes observan el final de la conversa-ción, hace referencia a cosas completamente diferentes menos a una coordinación de una masacre. Están hablando de un ganado, y si el doctor permite ver la última parte de la grabación, está haciendo énfasis a una conversación diferente entre el señor García y un tal Nelson. Si usted la puede observar doctor, la última página, y eso no lo está mostrando la revista.
Lo único que les pido es que por favor mi familia les agradece que no me sigan llamando, no me sigan presionando, no me sigan prometiendo cosas, por favor no más; eso es lo que yo pido.
Muchas gracias a la Corporación.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
¿Quiere la Plenaria volver a la sesión formal?
La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Así lo quiere.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
Agradecemos al señor Tovar su intervención.
Palabras del honorable Senador Alvaro García Romero:
Ese es el primer testigo que ha presentado el doctor Petro, no solamente aquí en la Cámara de Representantes, y queda demostrado que Sergio Tovar vino a la Cámara invitado por ellos, queda demostrado que el señor Sergio Tovar ha sido perseguido por ellos para tratar de buscarle a esto una salida, y queda demostrado que, lo dijo a lo último, que le han ofrecido algunas cosas, no sé que le habrán ofrecido, pero él lo dijo aquí y está grabado.
Como el doctor Petro también en su intervención dijo que a todos los testigos los compraban, pues aquí queda demostrado que el que quiere torcer la verdad es el doctor Petro, según lo dijo el doctor Sergio Tovar.
Respecto a lo de Jairo Peralta Castillo. Esa es una apersona que se encuentra en el Canadá, que está cobijada por una ONG y que el doctor Petro le ha tomado un gran cariño, porque también lo tiene fletado para ver cómo se me perjudica políticamente.
Quiero que eso lo sepa la Cámara de Representantes, que lo sepa la audiencia de Bogotá, en mi departamento en forma particular les comento que eso es un refrito desde hace 10 años, y que todo el mundo sabe que es una persona que ha estado fletada para ver cómo se me persigue en forma insistente.
El doctor Petro mostraba algunos apartes de algunos negocios jurídicos que han sido fallado, unos hace 10 años, otro hace 8 años, otro hace 7 años, otro hace 6 años, y una persona de Sincelejo me llamó para informarme, que cuando el doctor Petro hablaba de Jairo Peralta Castillo sobre el tema de la Fiscal Yolanda Paternina, asesinada, en el cual Peralta Castillo le advertía que podían matarla cualquier día, para que el doctor Petro ponga a investigar a sus abogados, el mismo señor Peralta Castillo, meses antes de que muriera la Fiscal, había denunciado a la Fiscal porque consideraba que la Fiscal lo estaba presionando para que actuara contra algunas personas. Después de que murió la Fiscal se negó de esos hechos, y en los procesos de Jairo Peralta Castillo está el experticio que se hizo, donde se comprobó que las denuncias eran firmadas por él y no por otras personas.
El señor Peralta Castillo le ha formalizado denuncias en el país a mucha gente. La realidad es que lo que yo conozco de 5, 6 denuncias, en todas le han decretado falso testimonio.
El señor Petro me pone a mi como dueño de la Fiscalía General de la Nación. He visitado al Fiscal General de la Nación una sola vez, y también quiero decirles que no conozco a la señora Morantes García, que es Secretaría General de la Fiscalía. Ojalá que con la recomendación que usted me está haciendo, yo llegue donde esta señora, porque hay miles de García, pero esa es más pariente suya que mía, doctor Petro.
Y así puedo yo decirle a la Cámara de Representantes que todo lo que ha dicho el doctor Petro es un novelón, porque el doctor Petro sabe que en base a todo lo que él ha dicho en El Tiempo y en Noticias Uno, yo le he puesto dos denuncias al doctor Gustavo Petro, porque no voy a probar que soy un hombre honesto, el doctor Petro es el que tiene que probar que soy deshonesto.
Esa es la situación jurídica que se está viendo hoy aquí en el país respecto a lo que el doctor Petro ha dicho en forma particular mía.
Respecto al debate, considero que es un debate constructivo, el de los paramilitares. Lo que tengo que rechazar es el jueguito del doctor Petro, que encontró un papelito, pero que lo dice fulano, pero no sé si es cierto, y encontré otro papelito que lo dice zutano, pero no sé que es cierto, y donde involucra mi nombre.
Entonces, para que le quede claro a los congresistas: Ya denuncié al doctor Petro, por los hechos y las denuncias que el ha hecho en Noticias Uno, en El Espectador y en El Tiempo, y ahí nos vamos a ver los dos cara a cara, porque él tiene que probar que soy un hombre deshonesto.
Respecto a sus cuestiones personales, ya les digo, no le voy a hablar de su pasado, pero él es una persona que está acomplejada con Alvaro García, y eso que yo no participo en los debates en los que él, que es una lumbrera y que los hace muy bien, participa.
Muchas gracias doctor Petro por toda la propaganda que me ha hecho en el departamento de Sucre, y tenga usted la seguridad que voy a sacar más votos en las próximas elecciones, porque allá me conocen a mí pero también lo conocen a usted. Muchas gracias, señores Representantes.
Palabras del honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
Gracias señora Presidenta. No dudo que en zonas bajo control paramilitar los resultados electorales sean difíciles para nosotros, pero aquí está Augusto Rodríguez que puede hablar también, supongo que la Cámara querrá escucharlo. Lo que dice Augusto Rodríguez es que recibió ayer una llamada del señor Sergio Tovar, para venir aquí, no fue una invitación hecha por nosotros, él quería venir aquí, no sé para que, quizás para decir lo que dijo. Entiendo cuál era el objetivo de su venida Senador, lo entiendo muy bien, usted lo ha practicado durante este proceso, pero voy a repet ir lo que ya dije y que dijo el señor Sergio Tovar Pulido en su declaración ante la Fiscalía. Recuerdo una cinta magnetofónica que el Capitán Caballero me entregó en el mes de octubre del año 2000, la cual había sido obtenida a través del control del espacio electromagnético por la SIPOL, entidad que el Capitán dirigía, y según el Capitán y lo dije así con ese énfasis en mi debate, y según el Capitán esta voz pertenece al parecer al Senador Alvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macallepo a comienzos del mes de octubre.
Dicha cinta la anexo a la presente diligencia.
Sigue el señor Sergio Tovar: Recuerdo también que el Capitán me mencionó que una de las personas patrocinadores también es el actual Gobernador del departamento de Sucre, señor Salvador Arana Zus. Este ciudadano según el Capitán, patrocinó un homicidio colectivo en un barrio Camilo Torres de Sincelejo, donde fueron asesinadas 5 personas en el mes de septiembre del año 2000.
Y hay apartes que no leí, pero que ahora me atrevo a leer. Ante la Procuraduría el mismo señor Sergio Tovar, 6 de noviembre del año 2001 dice: En otra ocasión el Capitán Caballero Julián, me entregó una copia de una grabación en la que supuestamente un Senador de la República hablaba con un sujeto de las AUC, en la cual pedía que trasladaran al Coronel Palomino porque jodía mucho y no los dejaba trabajar, y nombraran a un Coronel que no los persiguiera y que los dejara, coincidencialmente al mes prácticamente llegó trasladado al departamento el señor Coronel Norman Arango Franco.
Con ello no estoy diciendo que el Coronel Norman fuera esa persona, pero a partir de su llegada sus resultados frente a la AUC se vinieron abajo.
Quiero dejar claro que si a mí o alguien de mi familia es víctima de desaparición o asesinato, responsabilizo a este señor Coronel Norman Arango y Julián Caballero, como responsables directos de esta situación.
La grabación a la que hice mención se encuentra en el Despacho 61 de la Fiscalía de Derechos Humanos y es el Despacho que adelanta el caso de Chengue.
Y finalmente, el mismo señor Sergio dice: Desea agregar algo más a la presente diligencia. Dice sí: Que si yo o alguien de mi familia es asesinado, desaparecido o herido responsabilizo única y exclusivamente al señor Coronel Norman Arango y Julián Caballero, ya que incluso el día 2 de octubre recibí una llamada a mi celular, del celular del Coronel Arango, número 7552025, la cual tomo como amenaza, ya que mi número es privado y no tengo ningún vínculo de amistad o tema que tratar con el mencionado Coronel, situación por la que denuncié inmediatamente en la Oficina al General Guillibert de la Policía General.
No siendo otro el objeto firma, y firma el señor Sergio Tovar.
El se ha sentido amenazado desde el momento en que hizo estas valientes declaraciones como oficial de la policía, hay que reconocerlo, aún en contra de sus superiores que al parecer, según el mismo, lo presionaban para que no dijese lo que dijo.
Ahora dice el señor Sergio Tovar: Que no sabe si esas grabaciones eran del señor Alvaro José García Romero, pero el Senador Alvaro García Romero así lo reconoció en la Revista Semana. El Senador reconoció la validez de la grabación, y dijo que se trataba de una grabación hecha un año después de la masacre de Macallepo, pero el mismo señor Sergio Tovar, en su informe, afirma en qué mes se hizo la grabación, en octubre del año 2000, 6 de octubre, 10 días antes de la matanza de Macallepo.
Pero yo no soy tan estúpido como para presionar a un testigo para que venga a declarar en contra, y si así hubiera sido lo hubiera invitado formalmente.
Entiendo por qué la doctora Benitorrevollo quería que él hablara, me sorprendí, supuse que hacía parte de la defensa, es válido que usted se defienda Senador, usted dice que me ha denunciado, es muy posible, ya me pasó con la infiltración, cuando hice la denuncia de la infiltración de los paramilitares en la Fiscalía. Hace ya varios años el señor Andrés Ramírez me denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia.
Es muy posible que termine muerto o preso, y usted siga siendo Senador de la República, es muy posible, así ya ha pasado. Usted decía, el país me conoce, Sucre me conoce, eso se lo escuché al Representante Pomárico, exacta-mente, pero es posible que usted no corra la suerte de Pomárico, usted es más poderoso, Pomárico tenía sus problemas pero no exactamente estos que he denunciado.
Usted es un hombre poderoso, sin la verdad, y es posible que pueda hacerme llevar a la cárcel. A mí no me asusta la cárcel, ya he estado en ella, y sé transformar la cárcel en una trinchera de lucha democrática.
El doctor Caballero insinuaba que qué pasaría si cogieran los expedientes en donde aparece mi nombre, pues yo si sé que pasaría: descubrirían que fui el mejor estudiante de la universidad, del colegio, descubrirían que fui un líder popular, que siendo del M-19 fui elegido por mi pueblo, que fui capturado en el barrio que construí, por ser del M-19 y no aparece una gota de sangre en ningún proceso en donde se me menciona, a pesar de ser del M-19.
Y fui a la cárcel y no les debo mi libertad, pagué mi condena como delincuente político por revelarme contra la Constitución de 1986 y el Frente Nacional, que no comparto ni compartiré jamás. Y supe qué es la lucha por la democracia y sé que puedo ir a la cárcel, sí, y usted puede seguir siendo Senador, con sus votos de Sucre, controlados, no libres. Mis votos son libres, puedo irme a la cárcel con mis votos libres, usted puede ser Senador con sus votos cautivos.
Pero si yo voy a la cárcel y usted sigue siendo Senador, este país se habrá perdido, porque eso solo significará que el poder mafioso ha triunfado en Colombia, y vuelvo y lo repito, y ese es un reto claro que sí, es un reto, y no es un reto entre los dos, este no es un problema personal: No me acompleja ser como usted, realmente no me acompleja ser como usted, no he soñado, ni siquiera tengo esa ligera sensación de soñar de ser como usted, pero puedo decir perfectamente, que este debate es para establecer dos caminos: O el país sigue por el camino, por el sendero de los poderes mafiosos que controlan la vida y muerte de los ciudadanos y las cosas públicas, o este país anda por el sendero del Estado Social de Derecho y los plenos derechos para los ciudadanos, esos que aparecen en las masacres de Chengue.
Si es lo primero, si este país va por el terreno del poder mafioso y la mafia conquista al país, y eso le llaman proceso de paz, pues indudablemente yo o moriré o estaré preso. Si es lo segundo, y este país logra conquistar la posibilidad de un verdadero Estado Social de Derecho, y en todos los rincones de Sucre la ciudadanía se libera de esas dictaduras locales a las que la han sometido, y la libertad llena todos los rincones del departamento de Sucre y de Colombia, tenga la seguridad que la suerte que usted me pronostíca será completamente inversa. Y yo no le deseo ningún mal a usted, ni quiero que esté preso, yo no quiero que usted esté preso, no quiero que esté preso Mancuso, ni Báez, ni toda esa gente, Diego Vecino, Cadena, a mí no me importa eso, no quiero que estén un día presos, no quiero que los maten, además, que no se maten entre sí, que las guerras entre paramilitares del Magdalena, que están cobrando vidas de un grupo y de otro grupo político que aquí se muestran como medallas, no quiero que eso le pase a ustedes, no. Lo que quiero es la verdad, creo que la verdad es fundamental para que Colombia pase a la democracia, la verdad. Y le digo a esos paramilitares, esos que dicen aquí, que se reúnen con usted, y otros, les digo a esos paramilitares: Si ustedes no quieren pasar un día en la cárcel, ni ser extraditados, bienvenido sea, pero a cambio de la más completa verdad, así nos duela, así tengamos que vernos las caras, con personas que no creíamos que estaban con ellos o que no habían hecho lo que pensábamos que habían hecho, pero que lo hicieron. La verdad es fundamental para que ese poder local mafioso, se transforme en un poder democrático. Así que invito a todos los muchachos y muchachas paramilitares y a los ciudadanos de Sucre, a que este es el inicio para que comiencen a hablar, como hizo el señor Sergio Tovar, sí, como hizo bajo el miedo, porque se nota que tenía el miedo y tiene el miedo y es natural, y lo respeto por el miedo que tiene por su familia, por lo que le ha tocado hacer, pero fue un hombre valiente y lo contó, en las declaraciones. Así como él, quiero que los ciudadanos de Sucre hablen, que los paramilitares hablen, que es el momento de la verdad y la verdad es el pilar fundamental de la paz, de la verdadera paz. Gracias señora Presidenta.
Palabras del honorable Representante Venus Albeiro Silva Gómez:
Gracias Presidenta. Casi nunca me gusta hablar desde aquí, me gusta hablar más desde mi curul, pero hoy en este tema tan importante pues es claro darle la cara a los compañeros y darles la cara a los colombianos.
Sé que aquí se han dicho muchas cosas y obviamente las pruebas y quienes tienen que comenzar a actuar desde este debate, y esa serían las conclusiones, es la Fiscalía General de la Nación y obviamente el Gobierno señor Ministro, porque este sí que es un tema nacional.
Y antes de comenzar con mi tema que es el paramilitarismo en Bogotá, porque claro que lo hay, y el doctor Caballero en una espectacular def ensa me nombraba diciendo que yo saqué el 40% de mis votos en Bosa, no doctor saqué el 52%, en Bosa, y por eso voy a hablar del paramilitarismo, porque me afecta y está afectando a Bosa y a toda la región sur de Bogotá.
Mientras estaban en toda la explicación y Gustavo estaba hablando, llamé al Presidente para decirle que ni siquiera aquí podemos tener seguridad. Ese señor Sergio Díaz, llegó y se sentó ahí al pié mío, y mientras estaba Gustavo hablando el hombre estaba hablando otro tema totalmente diferente, y decía ese es, y entre hablar porque cuando mostraron a Norman Naranjo, el Comandante Coronel, él fue Coronel en Bosa, fue Comandante de la Estación en Bosa durante mucho tiempo, yo dije, miren el Comandante Norman Arango, y el tipo dijo, que estaba ahí al pié mío, ahí sentado dijo: Uhm, ese tipo es una porquería, por eso es que estoy acá, por eso es que estoy apoyando a Gustavo Petro, y por eso es que vengo hoy a hablar, y voy a hablar y voy a entregar datos, y a medida que iban presentando, iba hablando, cuando presentaron algo que la doctora Revollo se paró sorprendida a pedir una réplica, decía: Ah, esa es la doctora Revollo, ve, yo no la conocía uhm, esa está implicada también, y así el tipo, cuando mostraron el último video, el tipo me contó ahí sentado, me dijo, yo le dije, cómo los asesinaron, y dijo: Los cogían, los sentaban y les pegaban un macetazo en la cabeza. Y le dije un macetazo es qué, dijo una vaina de esas, una maceta con las que pican piedras, textualmente me lo dijo ahí, y estoy hablando como parlamentario y estuvo sentado, le di un vaso de agua porque ni siquiera sabía quién era, y además asumí que era un testigo que traía Gustavo. Cuando Gustavo se ha negado para que un testigo de él hable, cuando Gustavo volvió y le pregunté, que por qué no lo ponía a hablar, es o no es verdad, y usted dijo, no sé, yo no lo invité, creo que está comprado.
Cuando después el señor pasa aquí, y dice eso, uno dice, oiga al lado de quién había estado.
Entonces Presidenta, es muy bueno que en el futuro le pongan cuidado a la puerta, porque estuvo sentado todo el tiempo, sin saber realmente quién era, y ahora sí, entraré en mi tema que es Bogotá.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
Representante Silva, para ingresar al Capitolio tiene que tener autorización de alguno de los congresistas o de alguno de sus asesores.
Retoma el honorable Representante Venus Albeiro Silva Gómez:
Ahí estuvo todo el tiempo sentado y no lo conocía, me contó lo que le acabo de decir, pero por eso le digo que este es un debate muy interesante y ojalá que hubiera estado el Fiscal General de la Nación, pues no se invitó, pero que hubiera estado acá, no vamos a decir que no vino porque no quiso, no, no lo invitamos o no lo invitaron en la proposición.
Lo que voy a decir de Bogotá, obviamente que es lo que se está diciendo en todo el país, y lo que se está diciendo internacionalmente, y es cómo la infiltración paramilitar viene haciendo mella en el Distrito Capital. Hay un libro como este que gira por España, que gira por muchos países de Europa y que gira en Colombia, escrito por Manuel Giraldo, Magil, Premio de Literatura Nacional en 1982, con una obra grandota que se llama Desconciertos del Desconcierto, y que era un novelista común y corriente, y que por comenzar a denunciar lo sacaron del país, y ahora está en Barcelona. Este libro se llama Crónica Oculta del Conflicto, y vienen antecedentes de todo lo que pasa en Bogotá, hasta el 2002.
Pero el otro día fui a Cali a un foro de teatro y me entregaron este periódico que lo publicaban en Cali, El País, y dice Los Tentáculos de los Paras en Bogotá, y obviamente pues hablan de ciudad Bolívar, de Bosa, Altos de Cazucá, y todo lo que nosotros hemos denunciado aquí, y este tema lo conoce el Ministro, le pasó lo de Teodolindo, se le aflojó el estomago, así dijo ayer en el Foro de CNN, que por eso era que Teodolindo no había podido votar la reelección.
Entonces, este tema de Bogotá sí lo conoce el Ministro Sabas y es un tema importantísimo para él, y el otro día en la audiencia de Derechos Humano nos lo reconoció.
Entonces, en Bogotá el fenómeno ha sido totalmente inverso a lo que pasa en las otras regiones del país, y a lo que pasa en Medellín, o sea, el fenómeno aquí fue totalmente inverso. Voy a tomar como ejemplo lo que pasa en Medellín, para después poder socializar en Bogotá, no quiero estigmatizar a los de Medellín, ni quiero decir nada contra los de Medellín, ni contra los políticos de Medellín, únicamente esta es la realidad, es lo que han demostrado los estudios, los videos, todo lo que se ha dicho después.
¿Cómo comienza el paramilitarismo urbano en Medellín? Comienza en tres fases.
La primera fase es la vinculación del paramilitarismo con algunos de los políticos, y ¿por qué se vinculan con los políticos? Porque los políticos de Medellín, estamos hablando de 1987, tenían unos grandes vínculos con el narcotráfico, entonces les queda muy fácil llegar y hacer esa presión los paramilitares a través de la clase política. Una vez que infiltran la clase política, y lo estamos viendo 16 años después, y lo está viendo en este momento la Fiscalía, ojalá que lo que estamos denunciando acá, de 16 años después, la Fiscalía no vaya a estar diciendo que teníamos la razón, y lo estamos viendo ahorita y con pruebas suficientes.
Entonces, esa primera fase es, los paramili-tares urbanos infiltrando la clase política de Medellín, que ya tenía nexos con el narcotráfico, y de eso se aprovechan.
La segunda fase es que, una vez que filtran los políticos, cogen toda la delincuencia de Medellín y la arman como tal, comienzan a hacer el boleteo, comienzan a hacer el lavado de activos y comienzan a sembrar el terror y el miedo.
Y la tercera es el empoderamiento económico, que es comenzar a manejar toda la economía informal y todo lo que pueden manejar a través de la vacuna, a través del secuestro y a través de todo el proceso.
Así fue el proceso paramilitar urbano en Medellín. En Bogotá, es totalmente contrario. En Bogotá llegan y comienzan a intentar manejar el poder económico, entonces llegan y comienzan a cobrar las cuentas de cobro de los Sanandresitos. Las cuentas de cobro en los Sanandresitos es, que como había mucha gente, tiene que haber alguien que le esté cobrando a todos los comerciantes, y hay comerciantes que no pagan, entonces los ajusticiaban, entonces, en este momento y habían muchos cobradores en Bogotá, entonces cuando llegan los paramilitares, montan la oficina, al que no paga ya saben lo que se hace, y listo, entonces comienzan, y después pasan a Corabasto, y comienzan a hacer el mismo proceso en Corabastos.
Esa es la primera fase de emporedamiento económico, que lo suman con los Hostales, los Moteles y el negocio de la gasolina. En Bogotá se meten en el negocio de la gasolina, infiltrando muchas bombas piratas en los barrios populares. Lo han denunciado también los concejales del distrito, cómo en muchos barrios de Bogotá habían bombas piratas donde se deduce que era la gasolina, se dice, que era la gasolina, bueno hay pruebas, que era la gasolina que se robaban en los poliductos que venían y las vendían en estas bombas a mucho más bajo precio, y eso genera un poder económico bien fuerte para ellos.
Y ahí hacen la segunda fase que es la fase mafiosa, la fase delincuencial, que es comenzar a coger todos los delincuentes reconocidos, o sea, ellos aquí no tienen milicia, sino comienzan a coger todos los delincuentes de los barrios, y los meten como si fuera su ejército, y entonces les pagan por vueltas, les pagan por mandado, por eso es que ha sido tan difícil para la policía poder capturar un grupo como tal, y comienzan a hacer la segunda fase que es el empoderamiento del miedo, el terror, el asesinato, el boleteo y todo lo que viene después en esta segunda fase.
Y obviamente, quiénes caen: Los jóvenes, los líderes sociales, los líderes comunales, que comienzan a denunciar o que se oponen a eso. Y ya tienen el poder económico, que en Bogotá está en las dos primeras fases, en el poder económico y el poder militar que siembra el terror y que comienzan a apoderarse de todas las zonas del sur de Bogotá; lo que nosotros llamamos la frontera del dolor, Altos de Cazucá, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y que es conocido y que es reconocido.
Entonces, ante esta problemática que es la que vienen haciendo en Bogotá, se llama el modelo Don Berna, que fue quien hizo ese modelo, que es el modelo de la mafia, el modelo del narcotráfico y la mafia metido a través del paramilitarismo en las ciudades, en el caso específico de Bogotá.
Obviamente, comenzamos a denunciar y al Ministro le consta y comenzamos a hablar y a decir y a mostrar y los medios todos hablan y los periódicos sacan y comienzan a darse cuenta del boleteo que están haciendo, sobre todo en los dos últimos años y en este último año. Me reúno el otro día con el Comisionado de Paz y le digo, mire, están matando una cantidad de jóvenes, usted por qué no intercede y habla en la mesa de Santa Fe de Ralito para ver qué pasa con el tema de Bogotá, y si paran estos asesinatos. Y él me dice, no, es que como no hay Proyecto de Justicia y Verdad, Justicia y Paz pues no se puede, por eso es tan urgente el Proyecto de Justicia y Paz. Y le digo, cómo no se va a poder, tiene que poderse si ellos están allá. Me dice, no, mire, y me cuenta cómo es el esquema; me di ce, es que en Bogotá opera el bloque Centauro y el bloque Centauro es de Arroyave y Arroyave ya no existe, pero antes de que se muriera Arroyave, Martín Llanos se le abrió, y creó el bloque Capital, y entonces Martín Llanos no está dentro de la Mesa de Santa Fe de Ralito. O sea, como quien dice, los bogotanos no tienen ninguna alternativa y tendremos que seguir esperando que sigan matando jóvenes, que sigan implementando, y este es un debate muy interesante para los compañeros de Bogotá.
No me voy a poner a pelear con los compañeros de acá, si es o no es, no, el tema es salir a pelear en las calles, el tema es salir a atacar el fenómeno, el tema es que el Gobierno entienda que tiene un problema que se le crece cada día más en las manos, que se le crece y se le crece, ese sí es el tema. Y ¿cómo atacamos la estructura paramilitar como tal?
Y entonces en esta que le digo del proceso de mafialización, el modelo Berna, en Bogotá encuentran un tipo que es comandante, que se llama El Chiqui, y al Chiqui lo coge la Fiscalía y lo acusa de 30 asesinatos, y el Chiqui dice no señor, yo cometí 134 asesinatos, y ahí está y salió y lo juzgaron, y comienza a decir dónde los cometió, y cuando usted se da cuenta en dónde los cometió, en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Altos de Cazucá; asesinatos que eran totalmente libres.
Y en estas dos primeras fases, ellos se han potenciado en el distrito.
Y viene la tercera, la infiltración de la clase política o la toma de la política bogotana para llegar al poder. Se dice que ya tienen un espacio y que seguramente en el 2006 lo estarán haciendo, entonces ya no van a venir a hablar que tenemos 30%, pueden salir hablar que tenemos el 50% compañeros bogotanos, y entonces van a llegar nuevos políticos, nuevos dirigentes bogotanos impuestos por la metralla, impuestos por el miedo, impuestos por el silencio, impuestos por la muerte; van a llegar seguramente a este Congreso. Si no lo logran hacer en el 2006, pues lo van hacer en el 2007 para el concejo, pero ya lo están haciendo.
Y el Gobierno Nacional dice, no, es que ese es un tema Distrital, entonces como es un tema Distrital, a ver que aquí sí me gusta que este es el tema candente y por eso se va hacer un reality de esos que hace el Presidente Uribe para la seguridad en Bogotá, porque además quedó probado que ni siquiera se defiende cuando es un caso de un asesinato, nosotros éramos bondadosos y decíamos que cumplía el 10% de las promesas.
Entonces Ministro, en el del tema de Bogotá, no pueden seguir diciendo que el tema es de seguridad bogotana, que es de la Administración Distrital y la Administración Distrital diciendo que es de los alcaldes locales, de los ediles y de las juntas de acción comunal. No señor, este es un problema nacional que está cruzado por el desplazamiento que usted también lo conoce, y en el desplazamiento además que en el pasado debate nos falto decir, que se está generando en Bogotá el desplazamiento urbano, o sea gente de la localidad de Bosa pasando a Suba, gente de Suba pasando a Kennedy, que es uno de los grandes fenómenos.
Entonces ¿qué le estamos pidiendo al Gobierno Nacional en este debate, a usted Ministro, al Presidente y obviamente al Fiscal? Que con las pruebas que tienen que hasta ahora no se ha dado la tercera fase, que es la relación de la clase política con los paramilitares en la ciudad, la podamos evitar, podamos comenzar a ponerle las diferentes alternativas para que esto no suceda y no tengamos que estar en 4 ó 5 años haciendo el mismo debate, pero no contra Sucre ni contra Córdoba, ni contra Magdalena, sino contra el Distrito Capital, contra la capital de los colombianos.
Por eso Ministro, es clarísimo que se pudiera declarar una emergencia social, económica para poder enfrentar el fenómeno paramilitar en Bogotá, no me ha puesto cuidado absolutamente para nada.
Senador ya trajiste el testigo ese, ya hiciste todo, déjame trabajar.
Ministro, a ver si podemos hacer alguna acción conjunta. Nosotros como decía Gustavo no vamos a salir a demostrar a uno, al otro no, nos interesa la capital, nos interesa que no nos la sigan cercando y que no siga la violencia, porque sabe ¿quiénes están cayendo? Los 600 jóvenes asesinados el año pasado, los 124 que van este año, se están apoderando y están vacunando en los paraderos, usted lo sabe, en las tiendas de barrio, y están acabando con el comercio informal y el pequeño comerciante, generando más desempleo y más violencia.
Por eso terminaría diciéndole Ministro, que es gravísimo demostrar que si la seguridad democrática no ha dado los resultados en Bogotá, implementemos una seguridad ciudadana, que cubra realmente a los ciudadanos y que comience a proteger a los ciudadanos como tal. Y lo má s grave de este modelo es el cambio de valores y el cambio del concepto cultural para los colombianos. Aquí ya se cree que hacer el mal es lo mejor que se puede hacer, porque si tú haces el mal, obtiene los beneficios del Estado y te beneficias con los recursos del Estado, pero si haces el bien, no.
Para terminar, me encontré un grafiti en una universidad bogotana, que lo pone a uno a pensar, y el grafitti decía: Para qué aprender tanto si no tenemos futuro. Supongo que era un joven, y otro debajo le escribía: ¿Será usted, porque yo ya invertí en tierras: Soy paramilitar?
Gracias Ministro y trabajemos realmente por frenar y que no se cumpla la tercera fase en Bogotá.
Palabras del honorable Senador Alvaro García Romero:
Señores Representantes, la realidad es que me preocupé mucho porque sé que el doctor Gustavo Petro, a quien le tengo que aprender muchas cosas, es el dueño de la verdad. Me fui al despacho de la Policía del Capitolio, y aquí hay una carta:
Policía Nacional
Estación del Congreso
Estimados señores.
Solicito a ustedes el ingreso de las siguientes personas a las Oficinas 511 y 516, del Edificio Nuevo del Congreso, durante el presente día: Sergio Tovar Pulido, entre otros, cédula de ciudadanía 79491698, y firma, esto habrá que mandarlo a Medicina Legal, Gustavo Petro.
Palabras del honorable Representante Gustavo Petro Urrego, citante del debate sobre paramilitarismo:
Es que el Senador no oyó o es que tengo que repetir 50 mil veces la misma cosa. Dije que el señor Tovar Sergio llamó ayer a mi oficina y pidió ingresar a esta Plenaria, no porque yo lo invite. Él llamó y no le niego eso a nadie, así que su prueba reina como la llama, no es nada más que la afirmación que ya hice: nosotros no llamamos al señor Sergio, no compramos al señor Sergio, porque su declaración del año 2001 que solo conozco ahora, la hizo libre y bajo juramento, y la leí aquí textualmente, y es del año 2001, hecha ante la Fiscalía y hecha ante la Procuraduría, y además habla de sus amenazas.
Si ese señor nos llamó ayer alguna razón tendría para llamarnos, aquí están los testigos de esa llamada, y simplemente nosotros que no somos gente descortés, permitimos que entrara, pero eso no significa que haya sido invitado por nosotros. El quiso entrar aquí y ahora entiendo cuál era su objetivo, pero de nuevo repito, a mi me parece el señor Sergio Tovar, testigo procesal contra el Senador Alvaro José García Romero, me parece una persona valiente que ha soportado presiones intensas, que quiso venir aquí, que quizás quiso hacer algo que no dijo en el proceso judicial bajo juramento, yo lo respeto, pero lo que ha dicho el Senador no es una prueba en contrario de lo que he dicho. Gracias señora Presidenta.
Palabras del honorable Representante Jaime Ernesto Canal Albán:
Muchas gracias señora Presidenta. Atenta-mente he escuchado todo el debate y aquí todos han esgrimido el que están diciendo la verdad.
El pueblo colombiano de los honorables y padres de la patria tiene que escuchar la verdad. Como soldado aprendí a decir la verdad y a respetar y a creerle al que dice la verdad. El Representante Petro se aferra a su verdad, y aquí el Senador García se aferra a su verdad. El Representante Petro con serias acusaciones al Fiscal, ha dicho que el Senador García tiene una familiar ocupando la Secretaría General o la Secretaria Privada, y el Senador García ha dicho que eso no es verdad. Le creeré de aquí en adelante o al Senador García o al Representante Petro, al que me diga la verdad y le diga la verdad al pueblo.
Invito al pueblo colombiano que le crea de aquí en adelante al de los dos que diga la verdad. Representante Petro, demuéstrenos que una familiar del Senador García está en la Fiscalía, y Senador García demuéstrenos que una familiar suya no es la Secretaria Privada, ni la Secretaria General de la Fiscalía. Muchas gracias, señora Presidenta.
Palabras del señor Ministro del Interior y de la Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega:
Señora Presidenta, honorables Represen-tantes, ciudadanos que nos escuchan: esta es la segunda intervención del Ministro del Interior en el día de hoy en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Tuvimos oportunidad de explicar en detalle por qué en Colombia no hay conflicto armado, precisamente porque son grupos terroristas que atacan a la sociedad civil y no nos dejan vivir tranquilos. No se les puede dar ningún estatus a ninguno de ellos.
Pero quiero resaltar que lo que hemos apreciado en esta segunda tanda del debate de hoy, personalmente me deja muy intranquilo. Tenemos que cuidar las presunciones, hay que partir del principio de la inocencia, más aún si es de los parlamentarios.
Recientemente en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, discutiendo las garantías o más específicamente el Código Electoral, hablábamos de la posibilidad de que se anularan credenciales para personas que en un determi-nado municipio recibiesen más del 70% de los votos o cualquier porcentaje.
Me opuse a esa propuesta. Es conocido por todos los colombianos que en algunos municipios, ponía el ejemplo del Valle del Cauca, los conservadores obtienen una amplísima mayoría, del 80 ó el 90%. En la cordillera que queda exactamente al frente, los liberales obtienen también un control en la votación de esas dimensiones. Hoy lo hacen en muchas regiones del país los independientes, de tal manera que me parece, que es bueno que no tengamos presunciones en ese sentido.
Ahora, las denuncias que aquí se han hecho, todas toman ya curso en la Fiscalía, tengan la certeza de que eso será así.
Comparto con los que aquí han intervenido, para decirles que el Gobierno está enterado de todo esto, no es ningún descubrimiento.
Cuando el Presidente Álvaro Uribe llegó al Gobierno sabía muy bien que la violencia se había enseñoreado de la mayoría de los pueblos, que las guerrillas hacían masacres permanentes, que las autodefensas lo mismo; por eso es la política de seguridad democrática.
Quiero que no quede la impresión en el país de que este Gobierno está de espectador ante las masacres que nos acaban de presentar. No me gustó que ese espectáculo deprimente se hubiese trasmitido en directo, porque hay niños viendo televisión, sí me gusta que se haya presentado en el seno de la Cámara de Representantes.
Pero eso lo hemos conocido los colombianos desde hace mucho tiempo, y cómo se han disminuido de una manera franca y permanente por el accionar de la política de seguridad democrática. Eso ya es un acto extraño; hace pocos años era la vida cotidiana de los colombianos.
De tal manera, que insinuar que el Gobierno está de espectador ante los accionares de los guerrilleros y de los paramilitares, es inad-misible.
¿Por qué los paramilitares han decidido firmar un acuerdo de paz? Lo decía hoy en otro de los debates: En este Gobierno se han capturado más de 9 mil 600 miembros de las Autodefensas y se le ha dado de baja a más de 1 mil 100. A mí me lo decía uno de ellos allá en Santa Fe de Ralito: Nosotros hacemos un acuerdo de paz o el Presidente Uribe militarmente nos va a acabar. ¿Será que eso es cohonestar el paramilitarismo?
Las guerrillas no han querido hacer un acuerdo de paz, por eso se les está persiguiendo con tanta decisión a lo largo y ancho del país, pero si desean un diálogo para hacer la paz, el Gobierno e stá listo.
Este proceso de paz doctor Borja, no es de mentiras. El fin principal es la desmovilización de estas organizaciones terroristas, es su condena ante la ciudadanía colombiana y el mundo. Por eso, para poder entrar como beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz que se está tramitando, tienen que garantizar el desmantelamiento de los grupos, tienen que entregar los bienes ilícitos, tienen que alejarse de cualquier actividad ilícita, no pueden constreñir al electorado, no pueden seguir participando en política de la manera miserable como lo han venido haciendo las guerrillas y las autodefensas, con las armas, intimidando a la gente; si lo hacen no son beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, se les aplica la ley penal sin ninguna disminución en la pena alternativa.
Ese es un verdadero proceso de paz.
Aquí tradicionalmente hubo perdón y olvido, ahora lo que hay es justicia en este nuevo proceso, y en el proyecto de ley así se establece: Son juzgados, son condenados, por narcotra-ficantes, si el delito lo hicieron con ocasión de su pertenencia al grupo. Si lo hicieron por fuera del grupo y tenían como objeto ser narcotra-ficantes, no pueden ser beneficiarios y se les condena por ese delito y no tienen rebaja de ninguna naturaleza en la pena.
Si cometieron ese delito y otros, como el secuestro y los delitos atroces, son beneficiarios de la ley y pueden recibir la pena alternativa, pero reciben la sentencia con la pena básica. Si se apartan de los compromisos de restitución, de reparación a la víctima, pagarán la pena básica establecida en la sentencia. Allí en la sentencia se les va a establecer la entrega de los bienes, la extinción de dominio sobre los bienes ilícitos, de tal manera que no se puede insinuar que el proceso de paz y el proyecto de ley de justicia y paz, tiene como objeto permitir que las autodefensas sigan en su actividad irregular, por el contrario.
Pero qué bueno haber adelantado la firma de los acuerdos con este grupo, con los distintos grupos. Fíjense ustedes, el Grupo Nutibara desmovilizó a 868 miembros; el Ortega 168, para 1 mil 036 miembros en el año 2003. Estos eran unos grupos criminales, han dejado las armas buscando la conciliación ciudadana.
En el 2004, ustedes lo saben, el grupo bananero, del Magdalena, el de Cundinamarca, el del Catatumbo, el Calima, 2 mil 624 desmovilizados, en el actual Gobierno, y los de ese año, Córdoba, la Mojana etc., 1 mil 160, para un total de 4 mil 820 hombres y mujeres que han dejado las armas de las autodefensas. Y dejaron las armas porque las entregaron, al Gobierno no se ha dejado poner conejo en esa dirección. Más de 6 mil armas entregaron, entre armas largas, armas cortas, granadas, explosivos, 105 fincas ya han entregado, 58 casas, locales etc.
Este es un proceso que va en serio, queremos la pacificación del país.
Pero lo que me duele, es la ideologización de la paz en Colombia. Lo he repetido varias veces: Si una banda se organiza para ir por una finca de un ganadero, de golpe tiene fines altruistas, piensa luchar contra los pobres, y si otra banda de las mismas características se defiende, esos son criminales comunes, merecen el infierno. No. El Gobierno lo que plantea con mucha claridad, es que deben estar en igualdad ante la ley, deben recibir el mismo castigo, deben tener el mismo delito de sedición los unos y los otros; a ninguno se le hace reconocimiento político, no dejan de ser extraditados por ser sediciosos; solamente se detiene un proceso de extradición porque la Ley 782 lo permite, cuando están en un proceso de paz serio, porque se suspenden las órdenes de captura.
De tal manera, que no hagamos esas confusiones y este proyecto va en serio hacia el desmantelamiento de estas organizaciones. Ojalá logremos involucrar a los miembros de la guerrilla en este proceso.
La pregunta era sobre el departamento de Sucre. El Comando Conjunto Operativo tiene 45 mil hombres cubriendo estos departamentos de la Costa y parte de Antioquia. Con un énfasis especial en el departamento de Sucre hay 1 mil 800 infantes de marina, 600 del Ejército, 700 de la Policía Nacional, y en esta zona de conflicto que mencionaba el doctor Petro, allá hay presencia. Por ejemplo, en San Onofre, 450 infantes de Marina, 60 del ejército, 50 de la policía, 25 del DAS, del CTI etc. Se está combatiendo, y los accionares de las tropas fueron los que descubrieron precisamente esas fosas comunes: 54 personas.
Y hemos ordenado la investigación y aprovecho este medio, para decirle a los comandantes de esos grupos que todavía no se han desmovilizado, que tienen que hacerlo, que la sociedad se los exige, que tienen que estar en los próximos desmovilizados. Hay 15 mil hombres todavía no desmovilizados de las autode fensas, dicen ellos, ya van casi 5 mil, la mayoría sin delitos atroces han entrado por el sistema de la Ley 782, que permite el indulto. Los que tienen delitos atroces están en Santa Fe de Ralito, esperando la ley para recibir las sentencias correspondientes y hacer reparación a las víctimas y pagar la pena alternativa, si no vuelven a reincidir.
Por ello exigimos a estos miembros de estas organizaciones, a algunos que están en Santa Fe de Ralito y de quienes se sospecha que están haciendo esas actividades denunciadas hoy, que se desmovilicen; quienes no lo han hecho en algunos departamentos, han sido perseguidos y capturados por las tropas colombianas.
Podría leer toda una relación del accionar tan enérgico de las tropas en este año contra las autodefensas. En enero 15, en Sincelejo se capturaron varios terroristas.
Enero 17, las tropas en San Onofre, desmantelaron campamentos para 50 terroristas, 10 trincheras.
En febrero 7, en San Onofre, tres campa-mentos para 20 terroristas, se le dio de baja a varios autodefensas.
En marzo 19, en abril 3, en abril 11, en abril 27. En mayo, se descubrieron las fosas.
Allí está la tropa actuando con todo doctor Petro, no estamos de espectadores en este Gobierno, contra las tropelías de los que no quieren aceptar lo que está establecido en el acuerdo de Santa Fe de Ralito y el acuerdo de Fátima, firmados en el año 2004.
Y vamos a seguir en esa dirección, a perseguirlos, a castigarlos, si están en el delito del narcotráfico y son solicitados, son extraditados, nadie puede caer de paracaidista en un proceso de paz de estos.
Me angustia que el tiempo esté tan cercano a las doce de la noche y tengo que suspender, porque quisiera hacer una intervención más profunda sobre el tema, pero quiero decirle algo: He preguntado por qué Salvador Arana fue a la Embajada de Chile, de agregado. No es el Embajador, fue gobernador de su departa-mento. Cuando a veces se hacen sindicaciones, dolorosas como la del alcalde que vimos aquí en el video, esas personas también quedan en una situación de indefensión tremenda, sobre todo si hay presunción de inocencia. Y quiero decirles que a la fecha, averigué en la Fiscalía, no hay ninguna investigación contra esta persona, cuando se le nombró, se revisaron todos los antecedentes judiciales. El Gobierno siempre procede así, cuando hace un nombramiento de esta naturaleza, muy amenazado sí estaba, un ex gobernador; muchas personas pertenecientes a la izquierda han sido sindicadas también y amenazadas, razón por la cual algunas ocasiones se ha colaborado y han estado en muchos consulados.
De tal manera, que hay que tener cuidado con estas presunciones, pero eso sí este Gobierno investiga cualquier denuncia, ninguna se queda al margen de la acción de la justicia colombiana, en cuanto de nosotros depende y de la Fiscalía, a quien le haremos presente todas las denuncias.
Les agradezco habernos escuchado a tan hora avanzada, los invito muy cordialmente a que mañana estén muy puntuales aquí por la mañana, para votar unos proyectos de gran trascendencia porque no se han portado muy bien.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
Señor Secretario, sírvase anunciar los dos proyectos de actos legislativos y los informes que vamos a estudiar mañana a las 8:00 a. m. en la Plenaria de la Cámara.
La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera):
Señora Presidente, los dos actos legislativos ya fueron anunciados, solamente me resta anunciar para mañana el informe de la comisión accidental determinado mediante la Resolución 0721 del 18 de mayo de 2005.
Dirección de la sesión por la Presidencia (doctora Zulema Jattin Corrales):
Agradecemos a los Representante a la Cámara que convocaron este importante debate, al señor Ministro del Interior, a la audiencia del todo el país y a todos los honorables Representantes a la Cámara por acompañarnos en este día de debates de control político.
Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8:00 a. m. en el entendido que a las 11:00 a.m. inician sesiones las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara.
Publicación de las proposiciones presenta-das en el transcurso de la sesión plenaria:
Proposición
Intégrese una subcomisión interinstitucional integrada por miembros de la Cámara designados por la Mesa Directiva y el Gobierno Nacional, donde lógicamente debe incluirse al Director de la Red de Solidaridad y demás para que se diseñe un proyecto de ley integral al desplazado que contemple atención psicológica, educación, salud, readaptación, inversión social, capacita-ción en microempresas y demás, es decir, atención real que alivie la situación dramática de estos colombianos desplazados.
Presentada por
Luis Eduardo Vargas M.,
Representante a la Cámara.
18-V-2005.
* * *
Publicación de las constancias presentadas para su publicación en el acta de la fecha:
EL DESPLAZAMIENTO SOSTENIDO
Existen tres fuentes de información sobre la población desplazada en Colombia, la base de datos gubernamental, administrada por la Red de Seguridad Social, RSS, el Sistema de Información de la Conferencia Episcopal Colombiana, RUT, y los datos del Consultorio para los Derechos Humanos y el Desplaza-miento, Codhes, una ONG. El sistema mantenido por CODHES está diseñado para mejorar la estimación de la magnitud del desplazamiento. Para este fin, identifica zonas donde está ocurriendo el desplazamiento, basándose en fuentes secundarias, incluyendo informes de prensa. Con base en lo anterior genera una muestra y ONG locales aplican una encuesta corta a los hogares seleccionados.
Los resultados del RUT provienen de encuestas relativamente detalladas a hogares desplazados que solicitan apoyo a cualquiera de las 3.764 parroquias de la Iglesia Católica. Este sistema se inició en 1997 es administrado por empleados de la Iglesia que reciben capacitación en esta materia, y tiene como objetivo identificar formas de apoyo a los hogares desplazados. Aunque la cobertura de este sistema de información es más limitado que el de la RSS, el sistema RUT actualmente cubre aproxima-damente 32.000 hogares rurales, por el gran número de parroquias se espera que no existen sesgos regionales (Ibáñez y Querubín 2003). Finalmente la credibilidad de Iglesia Católica puede reducir la posibilidad de desaciertos en el suministro de la información.
De acuerdo con las tendencias que muestra el desplazamiento en este período (primer trimestre de 2005) es posible concluir que la gente huye de las siguientes zonas del conflicto armado:
▪ Aquellos lugares en donde se despliega toda la ofensiva del Estado contra la guerrilla a través del Plan Patriota (Caquetá, Met a, Guaviare y Putumayo) y las operaciones militares Escudo (Norte de Santander y Arauca) Fortaleza (Norte de Santander), Resplandor y Espada (Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María), Zarandeo (Caquetá), Heliconia (La Hormiga, Putuma-yo) y Omega (Sur del Valle y Norte del Cauca).
▪ Las zonas de amplia presencia y dominio paramilitar (Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena Medio, norte del Tolima entre otros).
▪ Las zonas que registraron ataques de las FARC contra la Fuerza Pública y la población civil (Cauca, Nariño, Antioquia, entre otros).
▪ Los departamentos en donde se produje-ron detenciones masivas de ciudada-nos acusados de terrorismo (Meta, Tolima, Arauca y Putumayo, entre otros).
▪ Las regiones de fumigaciones aéreas (Nariño y Chocó), entre los más afectados).
El desplazamiento forzado siguió emergiendo como el punto débil de una política de seguridad del Gobierno que no es "para todos", porque no representa ningún alivio para miles de personas humildes de zonas rurales y pequeños municipios del país, que han sido desterrados y desarraigados, por responsabilidad de un Estado que no pudo o no quiso protegerlos o, lo que es peor, contribuyó a desplazarlos con sus políticas de guerra.
Para el primer trimestre de 2005, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, SISDHES, que opera CODHES, desde 1995, estima una población desplazada de 61.996 personas, es decir un 10% más frente al primer trimestre del año pasado (56.672), lo que ratifica la tendencia de una crisis humanitaria prolongada y sostenida en la que el desplazamiento sigue creciendo de manera alarmante, en este país real de la guerra.
Por lo menos 363 municipios de 32 departamentos del país recibieron en este período población desplazada, que incluye líderes socia les, concejales, sindicalistas, periodistas, campesinos e indígenas, comunidades afroco-lombianas, estudiantes, empleados públicos y, como siempre, mujeres, niños y niñas, que constituyen el mayor porcentaje de la gente que huye por la violencia en Colombia.
Esta es una realidad que, por supuesto, se puede desconocer para fines políticos de una eventual reelección presidencial o se puede asumir desde la sociedad civil para construir con creatividad soluciones ciertas y sostenibles desde los derechos humanos, la justicia, la paz y la democracia.
Por lo pronto, y para infortunio de Colombia y su gente, prevalece el país virtual y se intenta ocultar la otra realidad, con un alto costo en vidas humanas y presupuestos de guerra que nos conducen al mismo callejón sin salida de los últimos 40 años.
El primer paso para salir de este callejón es conocer lo que ocurre en las zonas de conflicto con la gente que padece la guerra y, en este sentido, CODHES presenta su informe trimestral correspondiente a enero-marzo de 2005, con cifras y mapas del desplazamiento, análisis de las tendencias del conflicto armado y de sus efectos sobre la población civil, la situación en las zonas de frontera, las políticas públicas a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional y las respuestas gubernamentales frente a la crisis humanitaria y de derechos humanos que persiste en el país.
LABORATORIOS DE GUERRA:
ZONAS DE EXPULSION
El primer trimestre de 2005 marca el comienzo del fin del repliegue de las FARC, en medio de una ofensiva sostenida del Gobierno contra esta guerrilla, con apoyo del Plan Colombia y un importante respaldo de opinión pública. Es también un período crítico para el proceso de diálogo entre las autodefensas y el Gobierno, enfrascados en un debate sobre el marco jurídico sin salidas claras en cuanto a las exigencias del Derecho Internacional de Verdad, Justicia y Reparación. En este trimestre, el desplazamiento forzado sigue respondiendo a las dinámicas de un conflicto armado que continúa, se extiende y se profundiza en diversas zonas del país.
1. Zona de profundización del conflicto en los territorios de la Costa Pacífica de los depart amentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, escenario de la intensificación de la confrontación entre Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas. Está en juego el control estratégico de corredores entre la zona costera y el centro y sur del país, una economía de la guerra asociada al tráfico de armas y drogas y las fumigaciones de cultivos de coca.
2. Zona de continuidad del conflicto en los departamentos de operación del Plan Patriota (Caquetá, Meta, Putumayo), en los departamentos de extensión del Plan Patriota (Norte de Santander y Arauca), en los departamentos del Cauca, Tolima y Huila, sometidos a los efectos perversos de la confrontación en el sur, en el Eje Cafetero y Norte del Valle, en donde confluyen guerrillas, paramilitares y carteles de la droga, Montes de María y Sierra Nevada de Santa Marta, regiones de fuerte disputa territorial.
3. Zona de expansión del conflicto en los departamentos de Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas, (orientalización del conflicto), hacia donde se trasladan cultivos de uso ilícito y se establecen nuevas zonas de retaguardia de las Farc, es decir, 339.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica y Orinoquia que garantizarían que este conflicto se prolongará tanto tiempo como lo imponga el entusiasmo bélico de las partes. Este mapa incompleto de la guerra irregular en Colombia sugiere una profundiza-ción del conflicto que puede agravarse en la medida en que el Gobierno está en la obligación de producir resultados ciertos y la guerrilla ha anunciado una ofensiva sostenida y con nuevas estrategias de combate.
4. Muchas de estas regiones se han convertido en teatros de operaciones o si se quiere en laboratorios de guerra en los que concurren y se enfrentan de modo diverso las prácticas de la guerra, golpeando principalmente a la población civil y erosionando sus derechos y garantías.
"Estas regiones se caracterizan, entre otras cosas, por la presencia histórica de grupos armados y por esta razón han sido focalizadas como epicentros para el desarrollo de las principales operaciones militares, dentro de la política de seguridad del Gobierno del Presidente Uribe Vélez. Es el caso de Arauca y Montes de María que fueron convertidas inicialmente en Zonas de "Rehabilitación". Y luego han sido escenarios emblemáticos de los programas de detención masiva y despliegue militar. Ocurre lo propio con el Plan Patriota en el sur del país y los respectivos dispositivos desplegados en la Sierra Nevada de Santa Marta, oriente antioqueño o Nariño. El presupuesto oficial es que la mayor presencia militar garantiza la seguridad, pero lo que ha ocurrido en la práctica, como lo muestran diversos informes, es que estos programas simplemente producen cambios en las dinámicas regionales del conflicto intensificando la crisis humanitaria, antes que aportar una solución real. Las guerrillas y los grupos paramilitares también focalizan a su modo estas regiones, despliegan nuevas estrategias, decretan paros armados, controles alimentarios.
GEOGRAFIA DEL DESPLAZAMIENTO Y DE LA CRISIS HUMANITARIA
Para el primer trimestre de 2005, las cifras de desplazamiento muestran la continuidad de una crisis humanitaria de carácter estructural en todo el territorio colombiano y un crecimiento preocupante de los indicadores en aquellas en las cuales se desarrollan las principales operaciones bélicas por parte del Estado, los grupos insurgentes y los grupos paramilitares. Desde el punto de vista de la intensidad del desplazamiento forzado en 2004 aparecieron en primer lugar las regiones de influencia del Plan Patriota (siendo caquetá el departamento más afectado dentro del área de influencia del Plan), la zona del oriente antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de Arauca y Catatumbo. Del mismo modo, el desplazamiento se produjo en zonas de conflicto entre grupos paramilitares como Casanare y La Guajira, mientras en departamentos como Bolívar, Sucre y Cesar, la tendencia es al asesinato selectivo pero sistemático de dirigentes cívicos y sociales.
Este panorama no cambia significativamente para 2005, pero en algunas de estas regiones se agudizan aún más los problemas. En efecto, los datos disponibles sobre desplazamiento forzado en el primer trimestre del año, indican que fueron desplazados por razones de violencia 61.996 personas en más de 363 municipios del país. El 36% de esta población (22.231 personas) está localizada en los primeros 50 municipios que registran las tasas más elevadas de desplazamiento en el mismo período. Este indicador discriminado regionalmente deja ver las zonas del país en las que se producen los principales hechos generadores de desplaza-miento forzado, así:.
1. Doce municipios del departamento del Meta se sitúan entre los cincuenta municipios de mayor tasa de desplazamiento en el país. El caso más grave se registró en la vereda de Puerto Toledo, en restricciones a la circulación, asesinatos selectivos, amenazas, reclutamiento, secuestros, desapariciones, presiones o control de los gobiernos territoriales, etc., según el caso. La jurisdicción del municipio de Puerto Rico que, con los municipios de Vista Hermosa y Puerto Lleras, componen un triángulo estratégico de presencia de cultivos de uso ilícitos, abastecimientos y movilización para diferentes actores armados en esta zona rural del departamento. Allí se produjo un éxodo de 1.422 personas, ante la presión de los combates realizados en desarrollo de la segunda fase del Plan Patriota del Sur de Colombia. También está antecedido por las amenazas de la guerrilla de las FARC, a la que se atribuye un atentado el 20 de febrero en el Hotel Acapulco. Del mismo modo el conflicto se profundiza con la creciente presencia de los grupos paramilitares y los enfrentamientos con grupos insurgentes en municipios como El Castillo, Mapiripán y San Juan de Arama. Al igual que Casanare, esta región también ha sido epicentro de disputas entre facciones paramilitares y las denuncias de la población señalan el desarrollo por parte del Estado de detenciones masivas, señalamientos indiscriminados por personal encapuchado a los campesinos como "auxiliares de la guerrilla", torturas a líderes sociales, señalamientos indiscriminados, retenes paramilitares, restric-ción de libre movilización, remesas e insumos agropecuarios de la guerrilla, entre otras prácticas. En síntesis el Meta aparece hoy como un teatro de operaciones que expulsa población en la medida en que se profundiza la guerra.
2. El segundo departamento que muestra una situación crítica es Nariño, que cuenta con seis municipios del corredor pacífico, con tasas críticas de desplazamiento (Barbacoas, Taminango, San Lorenzo, Policarpo, Tumaco, Los Andes), lo cual se explica por la intensificación de los procesos que se vienen desarrollando en la región en los últimos años. Por su topografía, Nariño se ha convertido en territorio de repliegue de las guerrillas ante la ofensiva del Plan Patriota. Del mismo modo es una región cada vez más afectada por la problemática de los cultivos ilícitos tras la fumigación masiva del departamento de Putumayo. Ante estas dinámicas, el Estado ha incrementado sustancialmente su presencia militar y ha extendido a Nariño los programas de fumigación masiva. Por su parte los grupos paramilitares tienen cada vez mayor presencia en múltiples regiones del departamento y la población denuncia la siembra forzada de cultivos de palma africana. Los casos de Guaitarilla y San Lorenzo, muestran la manera como los enfrentamientos armados, las economías ilícitas y la crisis humanitaria avanzan en forma vertiginosa en este departa-mento, que aparece cada vez más como un ejemplo paradigmático de las maneras como se reestructura espacialmente el conflicto en el sur de Colombia.
3. Tampoco cede la crisis humanitaria en el oriente antioqueño y la región de Urabá, como lo muestra la masacre de los miembros de las comunidades de paz de San José de Apartadó y su posterior desplazamiento. Cuatro (4) municipios de esta región registran elevadas tasas de desplazamiento, evidenciando una continuidad de la crisis que ha golpeado esta región como lo muestran los datos de desplazamiento de los últimos dos años. En este período se ha conocido un incremento sustancial de los campos minados y el confinamiento de poblaciones.
4. La segunda etapa del Plan Patriota ha presionado la extensión del conflicto hacia nuevos territorios y ha producido una diseminación de plantaciones de coca, procesos de colonización y migraciones hacia el oriente del país, específicamente los departamentos de Vaupés, Vichada, Guainía y Amazonas que comparten zona fronteriza con Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador. La nueva versión del Plan Patriota para Arauca, San tander y Norte de Santander, departamentos que también exhiben históricos registros críticos en materia de desplazamiento.
5. En la Costa Caribe las principales capitales continúan recibiendo población desplazada como consecuencia del creciente número de casos de amenazas y asesinatos selectivos ocurridos en las zonas rurales. En estas regiones de fuerte presencia paramilitar, las amenazas se ciernen sobre docentes, autoridades locales, líderes políticos y sociales en general, lo cual provoca el éxodo hacia Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Corozal, Cartagena, Ciénaga, ciudades que registran elevadas tasas de desplazamiento.
6. En el centro del país el desplazamiento afecta especialmente los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Boyacá.
7. Como ya se ha mencionado, el éxodo de Bojayá vuelve a situar al departamento de Chocó entre las regiones críticas en términos de conflicto y crisis humanitaria.
FRONTERAS:
CONTENCION
Y EXPANSION DEL CONFLICTO
Las zonas de frontera se están configurando como otra manifestación de fracaso de las políticas de seguridad, toda vez que son escenario de profundización y expansión de las acciones armadas, con la consiguiente afectación de la población civil y los efectos que genera en los países vecinos. Anuncio realizado recientemente por el Brigadier General Carlos Saavedra Sáenz, al periódico Vanguardia Liberal en el mes de marzo.
ORIENTALIZACION
Y PROLONGACION DE LA GUERRA INTERNA
La expansión del conflicto armado hacia el oriente del país que se refleja en el aumento de la confrontación entre Ejército y guerrilla de las FARC en la Orinoquia y Amazonia frontera con Venezuela, Brasil y Perú (departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas). Esta tendencia de orientalización del conflicto se inscribe en la reactivación de la ofensiva militar de las FARC desde diciembre de 2004 en todo el país, en respuesta a la política de seguridad democrática del Gobierno Uribe y a las estrategias de guerra de las Fuerzas Militares.
Los ataques a Inárida en marzo de este año por parte de las FARC y los combates sostenidos por casi una semana con el consecuente bloqueo en este municipio, dan cuenta de una nueva fase del conflicto en la zona, en el río Guaviare los combates se registran casi a diario. Esta región, que ha sido de presencia histórica de las FARC, es estratégica para el tráfico de drogas y de armas por los ríos hacia Venezuela, Brasil y Perú y recibe los efectos de las estrategias de seguridad nacional aplicadas en los departa-mentos vecinos (Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo), específicamente del Plan Patriota y del Plan Colombia en su componente de erradicación forzada por aspersión aérea.
Estos efectos son, traslado y concentración de cultivos de uso ilícitos, estrategias de guerra orientadas a garantizar el control del narcotráfico en el territorio (campos minados), desplaza-miento forzado, dinámicas propias de las radicalización de la guerra tales como el confinamiento y el reclutamiento forzado de jóvenes, estrategias de seguridad por parte del Estado basadas en restricciones a la movilidad y controles al ingreso y salida de alimentos, de recursos e insumos básicos como la gasolina.
Además, las características mencionadas indican que en los próximos meses esta zona podría convertirse en escenario de disputa entre FARC y grupos paramilitares, cuya presencia en los departamentos de Meta y Guaviare se amplió hacia los departamentos fronterizos de Vichada, Vaupés y Guainía, en donde la capacidad de control y presencia del Estado es precaria. Las comunidades indígenas de los municipios de Mitú y Carurú en Vaupés ya han alertado a las autoridades, organizaciones de derechos humanos y a la comunidad interna-cional, sobre posibles combates entre AUC y FARC en este departamento por el control del tráfico de armas y de drogas.
REPERCUSIONES DEL PLAN COLOMBIA EN EL SUR DEL PAIS
Continúa y se intensifica la confrontación armada entre guerrillas y Ejército en el Sur, departamentos de Nariño y Putumayo, en el marco de las operaciones militares del Plan Colombia. Un nuevo componente del conflicto es la confrontación entre guerrilla de las FARC y Bloque Sur de las AUC que operan en esta zona. La ofensiva militar de la guerrilla en estos departamentos se caracteriza por ataques a bienes protegidos de la población civil (principalmente infraestructura vial y energé-tica) y a puestos d el Ejército y la Policía e infraestructura petrolera, que se intensificaron durante el primer trimestre.
"Una medida clara en este sentido es la Resolución número 016, 30 de julio de 2004, por la cual se aumentan los controles para el transporte de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosén (petróleo) y se incluyen como sustancias químicas objeto de control administrativo ejercido por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Artículo 1°. Los vehículos que transporten gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y kerosén (petróleo), con destino a las estaciones de servicio automotriz y fluvial ubicadas en los departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Santander, Vaupés y Vichada; municipios de El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorema y Tibú del departamento de Norte de Santander; municipios de Barbacoas, Guapi, Ipiales, Policarpo, Ricaurte, Samaniego, Túquerres y Tumaco en el departamento de Nariño, deberán poseer:
1. Rótulos de identificación fijos o móviles para cada clase de precursor especial, ubicados en la parte lateral de la unidad de transporte y a una altura media que permita su lectura.
2. El logotipo o nombre de la empresa proveedora de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) o kerosén, visible en todas las caras de la unidad de transporte.
3. Un sistema de control satelital con GPS, a efectos de conocer su recorrido y ubicación en el momento en que se requiera".
Según Informe de Riesgo número 070 AI-04 del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, Defensoría delegada para la evaluación de riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado - Octubre 1° 2004. "Los habitantes informaron que el río Vaupés está bloqueado en tres distintos segmentos a lo largo del cauce por la Fuerza Pública, el frente Armado Ríos de las FARC y paramilitares del Bloque Centauro estacionados a 6 horas por esta vía; las condiciones complican la transportación desde y hacia las comunidades para el ingreso de víveres agudizando la crisis alimentaria".
NARIÑO: TIERRA DE NADIE
La confrontación armada entre guerrilla y Ejército es intensa en Nariño, principalmente Ricaurte, Olaya Herrera, El Tambo, El Charco. Estos municipios han visto el traslado de la economía de las drogas desde Putumayo y en este momento son escenario de aplicación intensiva de las fumigaciones y estrategias de erradicación forzada, así como operaciones militares en el marco del Plan Colombia (sobre todo en la costa pacífica, Tumaco, El Charco, Bocas de Satinga y alrededores). Los corredores utilizados por la guerrilla en la frontera de Cauca con Nariño, para transporte de armamento y de tropa permiten a este grupo mantener la ofensiva para no perder el control de estos territorios que se disputan a diario con la Fuerza Pública.
Por su parte, los paramilitares mantienen la estrategia de asesinatos selectivos, amenazas e intimidación contra la población civil como mecanismo para garantizar el control social, económico y político en zonas donde tienen una presencia consolidada y que podría verse debilitada a medida que avanza la fase de desmovilización de las AUC: Putumayo, Catatumbo, Chocó. Además, las acciones de la guerrilla en estas regiones pretenden arrebatarle el control territorial a los paramilitares y podría darse retaliaciones contra la población civil una vez se complete la desmovilización.
Como resultado surgen amenazas contra aproximadamente 80 personas y asesinatos selectivos a otras que denunciaron ante la Fiscalía las acciones de grupos paramilitares en el municipio de La Dorada en el departamento de Putumayo. Esta situación provocó el desplaza-miento de nueve familias, obligadas a buscar con el Ministerio del Interior mecanismos de protección ante la persecución paramilitar.
¿CUAL PROCESO DE PAZ?
En la región norte del país, no se advierte la anunciada pacificación que se esperaba luego de la desmovilización de los grupos paramilitares en el marco del proceso de conversaciones de Santa Fe de Ralito.
Algunos ejemplos:
1. En el mes de enero se presentaron combates en la región del Mamey, en la vertiente norte del macizo intertropical, jurisdicción del Distrito de Santa Marta, entre el frente 39 de las FARC y el bloque Tayrona de la AUC. Lo que ocasionó la muerte de 10 personas y el desplazamiento de campesinos e indígenas.
2. Dos nativos Wayúu fueron asesinados por presuntos paramilitares en el departamento de La Guajira, ya ascendió a once el número de miembros de esa etnia muertos de lo que va corrido el año 2005, a pesar de que la Presidencia de la República, la Defensoría y distintas organizaciones no gubernamentales habían realizado una misión conjunta para acordar mecanismos de protección y atención a la población indígena de esta zona.
3. Líderes sociales y activistas de derechos humanos se vieron obligados a salir de la ciudad de Barranquilla por persecución y amenazas de grupos paramilitares, que siguen controlando la ciudad.
ARAUCA: GUERRA SIN TREGUA
Las emboscadas de la guerrilla contra la Fuerza Pública, la persecución a líderes sociales y un ambiente de zozobra, mantienen la máxima tensión en el departamento de Arauca, zona limítrofe con Venezuela. El anunciado fortalecimiento institucional no se refleja en los organismos de control del Estado y se impone una amplia presencia militar sin que se logren resultados de conservación del orden público y protección de la ciudadanía. Las organizaciones de derechos humanos afirman que hay un plan para la desarticulación del movimiento social en el departamento a partir de la acusación generalizada de que estas expresiones de la sociedad local son apoyo logístico de la guerrilla.
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
EN CIFRAS
En el período comprendido entre el 1° de enero de 2005 y 31 de marzo de 2005, 6.549 personas fueron obligadas a desplazarse fo rzadamente para proteger sus vidas en los municipios fronterizos, lo que representa el 11% del total del desplazamiento del país (61.996 personas).
Para los departamentos de frontera el número de personas desplazadas asciende a 13.705. Las regiones más afectadas en su orden son: El Atrato (departamento del Chocó) donde se reportan 2.216 personas desplazadas, Medio y Bajo Putumayo con 1.219 personas, zona de influencia del Plan Patriota en Putumayo y Nariño, en donde se desplazaron 8.419 personas. Los 10 departamentos más afectados por el desplazamiento forzado en el país según tasa por cada 100 mil habitantes, son en orden de importancia: Guainía, Vaupés, Meta, Chocó, Caquetá, Vichada, Putumayo, Guaviare, Norte de Santander y Nariño. Esta situación ya indica que la población civil que habita en departa-mentos del oriente, es la más afectada por el conflicto y que los niveles de desatención de la crisis humanitaria frente a una precaria presencia estatal y bajos niveles de desarrollo socioeco-nómico, pueden empeorar la crisis social en la región.
Algunos ejemplos:
1. Desplazamiento de 8 familias del caserío Puerto San Salvador de Tame, Arauca, por incursión de la guerrilla FARC ocurrida el 1° de enero de 20051.
2. Desplazamiento de 17 familias procedentes de la vereda El Molino, comprensión rural de La Guajira, llegando a Ocaña.
3. Desplazamiento de 2.000 personas en el departamento del Chocó, afrocolombnianos de las comunidades de La Lola, Piedra Candela y Caimanero se desplazaron a lo largo del río Bojayá y se instalaron en Bellavista. Los habitantes de Piedra Candela ya habían tenido que desplazarse por enfrentamientos pasados y habían retornado en septiembre, asimismo, los habitantes de Caimanero también se habían desplazado en otra oportunidad.
4. Desplazamiento de 9 familias del municipio La Dorada, Putumayo.
¿CONTRA QUIEN ES LA GUERRA?
El primer trimestre de 2005 representó una tragedia para la población civil sometida a acciones directas o indirectas de la guerrilla, la Fuerza Pública, los paramilitares o los operativos de fumigación del Plan Colombia, con un dramático saldo de personas no combatientes muertas, heridas, desaparecidas, secuestradas, mutiladas y desplazadas. Cinco hechos son emblemáticos en la continuidad de la crisis humanitaria en este período:
● La masacre de ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó (febrero), que según la propia comunidad es responsabilidad del Ejército.
● Los anunciados ataques de las FARC al municipio de Toribío (alerta temprana en marzo).
● La agresión sistemática de los paramilitares contra la población en el departamento del Putumayo (enero y febrero).
● Las fumigaciones en el departamento de Caldas (marzo, abril) y la alerta de riesgo de ataques y desplazamiento en Bojayá, departa-mento del Chocó (febrero-marzo-abril).
En el primer caso, el Presidente Uribe, en vez de condenar la masacre y disponer medidas de protección, acusó a miembros de la comunidad de ser auxiliares de terrorismo y los presionó a apoyar a la Fuerza Pública que ingresó en su territorio desconociendo su derecho a la neutralidad, razón de ser de esta comunidad de paz. En estas circunstancias se produjo un nuevo desplazamiento de por lo menos 500 personas de esta comunidad. En San José de Apartadó se confirma que el debate sobre si existe o no un conflicto armado, si se reconoce la condición de civiles no combatientes o no, si es aplicable el derecho internacional humanitario o no, es más que un problema semántico, es una definición de vida o muerte para la gente en medio de la guerra.
▪ En el Norte del Cauca, las FARC hicieron caso omiso a la decisión de neutralidad y resistencia del pueblo Nasa y lanzaron el 16 de abril un ataque contra objetivos militares que destruyeron bienes protegidos y afectaron a la población civil, presionando el desplazamiento de más de 3.900 indígenas. Desde el mes de marzo las organizaciones sociales del Cauca habían advertido sobre el ataque. Los pueblos indígenas rechazan la guerra y se resisten a aceptarla en sus comunidades. Por eso reclaman que cesen los combates, que desmilitaricen su territorio y que vuelvan a conversar unos y otros para buscar salidad políticas negociadas al conflicto.
▪ En el departamento del Putumayo, los grupos paramilitares asesinaron el 16 de febrero al líder cívico José Hurtado, quien lideró la marcha contra las Autodefensas el 28 de enero en el municipio de La Dorada. A partir de este hecho los grupos paramilitares impusieron un régimen de terror contra la población civil y las autoridades locales que ha cobrado la vida de otras cinco personas entre quienes se encuentra la Fiscal que investigaba las denuncias en contra de los grupos paramilitares. En estas circunstan-cias se ha generado el desplazamiento de población hacia Nariño y Huila y, además, se incrementaron las solicitudes de asilo de colombianos y colombianas ante las autoridades del Ecuador. Los grupos paramilitares que operan en Putumayo advirtieron que no han firmado ningún acuerdo de cese de hostilidades, a pesar de la visita de la OEA al departamento del Putumayo, en el marco de su misión de verificación. Queda el interrogante sobre el impacto de la asistencia del Plan Colombia en la región frente a esta crítica situación de derechos humanos y frente al papel del Estado en su obligación de combatir a estos grupos.
▪ En el municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, las fumigaciones de cultivos de uso ilícito provocaron el desplaza-miento de más de 3.614 campesinos de los corregimientos de Florencia y San Diego. Las fumigaciones se iniciaron hacia el 13 de abril y los campesinos señalaron que son indiscriminadas, afectan cultivos de pancoger, animales domésticos y están provocando una crisis alimentaria y de salud en la zona.
▪ En el departamento del Chocó la Diócesis de Quibdó y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó advirtieron desde comienzos del año sobre la probabilidad de combates entre las FARC y las Autodefensas en la región de Bojayá y el peligro que se cierne sobre la población civil. Naciones Unidas a raíz de la misión realizada a la zona en el 2004 había encendido la alerta sobre la situación de riesgo de las comunidades indígenas de Bojayá. Las advertencias fueron ciertas y hoy hay más de 2.000 personas, entre comunidades afrocolom-bianas y pu eblos indígenas de la región, enfrentando un nuevo éxodo. Esta intensifica-ción del conflicto es el efecto de la disputa entre guerrilla y paramilitares por territorios donde se están concentrando los cultivos de uso ilícito y el control de corredores estratégicos para el transporte de drogas y de armas por el Litoral Pacífico.
LA VIDA NO VALE
NADA
Y LA GUERRA CUESTA MUCHO
Cada día transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2005, murieron dos miembros de la Fuerza Pública, es decir, alrededor de 180 colombianos pertenecientes al Ejército de Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, perdieron la vida en combates, ataques, emboscadas, hostigamientos y homicidios fuera de combate.
Entre tanto, en el mismo período fueron abatidos alrededor de 713 guerrilleros y paramilitares (o presuntos guerrilleros y paramilitares) por enfrentamientos entre estos grupos irregulares o por acciones de la Fuerza Pública contra ellos.
Nos referimos, pues, a por lo menos 893 presuntos combatientes muertos durante los primeros tres meses del año, un dato alarmante que, sin embargo, difiere de los informes del Ministerio de Defensa y de los "partes de guerra" de los grupos guerrilleros (estos últimos dan cuenta de cifras más altas de personas que perdieron la vida en el mismo período).
Pero el desangre no termina ahí. Por lo menos 144 civiles (concejales, alcaldes, ex alcaldes, maestros, estudiantes, campesinos, indígenas y sindicalistas, entre otros) cayeron en este mismo período en acciones atribuidas a las partes contendientes, bien sea por efectos colaterales o de manera premeditada, lo cual indica que, en total, durante los tres primeros meses del año 1.037 colombianos perdieron la vida en el marco del conflicto armado interno, es decir, más de 11 colombianos y colombianas cada 24 horas.
Una primera lectura de esta información indica que el promedio de edad de las víctimas, militares y civiles, es de 27 años, que son en su inmensa mayoría personas de origen humilde y que habitan, especialmente, en zonas rurales y pequeños municipios del país.
Son datos incompletos, porque hay casos de muertes asociadas a la guerra irregular que jamás son reportadas a las autoridades o los medios, pero que dan cuenta del impresionante costo humano de este conflicto armado, que no se detiene, no se supera, nadie gana y que, por el contrario, se prolonga, se expande y se profundiza en todo el país.
Entre tanto, crece el gasto militar en Colombia. Estados Unidos mantiene el modelo establecido en el Plan Colombia que significa un gasto militar de 1.6 millones de dólares, en promedio diario, es decir, alrededor de 3.690 millones de pesos para financiar asesores militares y civiles (1.400 en la actualidad), equipo bélico, fumigaciones y entrenamiento de tropas, entre otros rubros.
Cabe anotar que Colombia gasta en promedio 32.500 millones de pesos diarios en seguridad y defensa. Es decir, para los gobiernos de Colombia y Estados Unidos la guerra interna implica un gasto diario de 15.7 millones de dólares.
Por supuesto, empieza a surgir el interrogante sobre la sostenibilidad de este esfuerzo que distrae recursos del Presupuesto General de la Nación en detrimento de una necesaria y urgente inversión social y ubica la cooperación del Gobierno de Estados Unidos en una lógica militar que responde más a sus intereses estratégicos en la región que a las necesidades del país.
Entre tanto crecen las dudas en el Congreso de los Estados Unidos sobre la eficacia de la política de fumigaciones y de la asistencia militar, a partir de las declaraciones del ex jefe del Comando Sur, James Hill, quien sostuvo en junio de 2004 que la ayuda de su gobierno a Colombia no está pensada para hacer una guerra indefinida, sino para llevar a los grupos armados a una mesa de negociación antes de 2006. También, porque Naciones Unidas advirtió que Colombia mantiene cultivos de uso ilícito en una extensión de 165.000 hectáreas, es decir, las mismas que existían cuando se intensificaron las fumigaciones aéreas. Ahora resulta cierta la advertencia de diversos sectores de opinión en el sentido en que el Plan Colombia provocaría diseminación de cultivos de uso ilícito y fragmentación de carteles de la droga, en medio de un recrudecimiento de la guerra interna y un desbordamiento de la crisis humanitaria.
¿QUIÉN PAGA LA
CRISIS
HUMANITARIA?
Resulta paradójico que haya mucho apoyo para incrementar la guerra y, mientras tanto, la atención a la población desplazada depende más de la cooperación internacional que de la precaria inversión presupuestal.
En el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población desplazada, el Gobierno hace ingentes esfuerzos por demostrar que se atienden los requerimientos de la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional para resarcir los derechos de las personas en situación de desplazamiento.
En la primera reunión del Consejo de este año, realizada el 12 de enero, el Gobierno Nacional anunció recursos por 575 mil millones de pesos para atender una población estimada por el mismo Gobierno en 1.540.000, (alrededor de 373.376 pesos por persona en promedio) para los años 2004 y 2005. En la misma reunión, el Departamento Nacional de Planeación concluyó que para atender integralmente la misma población desplazada se requieren 4.8 billones de pesos.
Es decir, el Gobierno destina el 10% de los recursos que se necesitan para atender a la gente en situación de desplazamiento, mientras que espera conseguir en los precarios presupuestos de las gobernaciones y alcaldías y en la cooperación internacional los recursos complementarios para atender esta crisis humanitaria. Por un lado formula una política de guerra que genera desplazamiento y, por el otro, busca que los gobiernos locales y la comunidad internacional paguen los costos de la crisis que provoca.
Justamente, el debate en este primer trimestre se centró en la respuesta gubernamental al desplazamiento forzado a partir del seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco de la Sentencia T-025 de marzo de 2004. Esta fase demandó de los diferentes agentes de política pública la exigencia de ofrecer a la Corte Constitucional colombiana un referente de valoración a partir de las distintas apreciaciones en relación con el grado de satisfacción de las mencionadas órdenes.
Asimismo, en este período se expidió el Decreto 250 de 2005 o Plan Nacional de Atención, aprobado en la sesión del Congreso Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, CNAIPD, de 12 de enero de 2005.
"En la segunda reunión del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población desplazada, realizada el 4 de abril, el Gobierno informó que, sumando toda la inversión de las agencias oficiales, esta suma podría acercarse a 1.07 billones de pesos distribuidos así: 557 mil millones en 2005 y 518 mil millones en 2006, lo que implica que el déficit presupuestado por el propio Gobierno asciende a 3.73 billones de pesos. Sin embargo, no es clara la especificidad de estos recursos que, al parecer, se confunden con inversión social para poblaciones en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Así las cosas, es claro que la política pública requiere ajustes y reformulaciones institucionales y sociales que en síntesis deberán dirigirse a:
Hacer efectivo el compromiso del Gobierno colombiano respecto del esfuerzo presupuestal necesario para responder a la problemática; como quiera que, según la estimación realizada por el Departamento Nacional de Planeación, hasta el momento lo propuesto sólo se acerca al 10% del monto requerido. El Gobierno no tiene claridad sobre los recursos que podría obtener como aporte subsidiario de la cooperación internacional, especialmente por vía del Plan de Acción Humanitaria que sigue en proceso de ajuste entre el Sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno colombiano. En este sentido, tampoco se conoce un plan de contingencia en la eventualidad de que no se reciban los fondos esperados.
Resolver las dificultades que presentó el proceso de caracterización de la población, -problemas de cobertura, cruce de bases de datos de variado orden no necesariamente correlacionadas, e información segmentada e imprecisa sobre las ayudas efectivamente entregadas debido a la ausencia de sistemas de seguimiento en las instituciones que conforman el SNAIPDV-, habida cuenta que esta situación se tradujo en obstáculos para establecer el monto real del esfuerzo presupuestal e incluso en la integración de la información que el Gobierno presentó a la Corte Constitucional; y
Disponer de asignaciones presupuestales específicas para la atención a la población en situación de desplazamiento, pues salvo en los casos d e la Red de Solidaridad y el Ministerio de la Protección Social, las demás entidades adolecen de tal previsión. Tampoco se ha diseñado un plan que garantice que los entes territoriales reciban los recursos necesarios provenientes de la administración central y que a su vez aporten los recursos locales suficientes para la atención a la población en situación de desplazamiento.
Las transformaciones de la política generadas en la administración actual han desdibujado consecuciones significativas en el diseño y aplicación de la política como el reconocimiento explícito de la existencia del conflicto armado interno y la crisis humanitaria en tanto referentes de la política gubernamental; el enfoque diferencial, según el género, generación, etnia y discapacidad; y la necesidad de aplicación de criterios humanitarios en la atención, entre otros aspectos.
En la propuesta actual del Plan Nacional de Atención, se afirma que: "Las acciones concertadas (...) tienen como `única finalidad¿ atender la vulnerabilidad producida en la población afectada y no pretende resolver el problema estructural de la pobreza histórica".
Como bien señala ACNUR: "Es claro que el objetivo de la política de atención a la población desplazada no es la superación de la pobreza, pero sí debe estar encaminado al logro de soluciones duraderas y al restablecimiento (...) de los derechos vulnerados, elementos que van más allá de la atención de la vulnerabilidad".
EL PAIS VIRTUAL
En cuanto al desplazamiento forzado, el Gobierno prefiere la visión del país virtual y la política del avestruz. Parece que la decisión es disminuir la cifra de desplazamiento por la vía del rechazo, el desconocimiento o la invisibiliza-ción de la población desplazada. Por eso, aumenta en la Red de Solidaridad Social el porcentaje de rechazo de las personas que intentan registrar su condición de desplazadas que huyen del conflicto.
Así, en departamentos como el Chocó y Norte de Santander, el rechazo de solicitudes de registro alcanza el 54%, es decir, de cada cien personas que se acercan al Gobierno como desplazados en estos departam entos en donde es evidente la crisis humanitaria, sólo 46 acceden a la certificación de la Red. Igual situación ocurre en Bogotá, epicentro de la llegada de personas en situación de desplazamiento que alcanza el 52%. Otra forma de ocultar la realidad es desconociendo eventos de desplazamiento, como ocurrió en el Medio San Juan, otra vez el Chocó, con 600 personas desplazadas que jamás fueron consideradas por el Sistema Unico de Registro de la Red, a pesar de ser reconocidas por la Diócesis de Itsmina Tadó, por funcionarios de Naciones Unidas y por los propios delegados de la agencia gubernamental.
A todo esto se agrega que el Gobierno presenta de manera gradual las cifras de desplazamiento forzado. Así, con motivo de la reunión de la Mesa de Cooperantes en Cartagena el 3 de febrero, el Gobierno anunció ante el G-24 una reducción del 38% del desplazamiento entre 2003 y 2004 y presentó la cifra de 132.000 personas desplazadas el año pasado. Hoy el propio Director de la Red afirma que en el 2004 hubo 160.000 personas desplazadas, sin explicarle a la opinión pública que la cifra seguirá creciendo en la medida en que las personas tienen por ley hasta un año para registrar su condición ante las autoridades competentes. Es probable que antes de terminar este año, la cifra final de la RSS se acerque o supere la estimación de CODHES para 2004 de 287.581 personas desplazadas. Así ha ocurrido en los últimos cuatro años.
EL
DESPLAZAMIENTO
Y LAS POLITICAS DE TIERRAS
Colombia tiene una de las cifras más altas de desplazados internos en el mundo, lugar que comparte con Angola, Sudán, Afganistán e Irak, CODHES estima que la tierra abandonada por desplazados asciende a 4 millones de hectáreas, casi tres veces el área redistribuida por el Gobierno en sus programas de Reforma Agraria desde 1961 (Global IDP Project. 2003). El desplazamiento ha puesto en marcha una contrarreforma agraria de proporción masiva y es posible que favorezca una concentración significativa e improductiva de tierra en algunas regiones. La evidencia econométrica indica que una mayor iniquidad en la tenencia de tierra es uno de varios factores (junto con la presencia de riqueza mineral, escasa dotación de infraestructura pública y violencia dirigida) que aumenta de manera significativa el número de desplazados. Esto no sólo causa un sufrimiento humano incalculable, puesto que la tierra abandonada por los desplazados no es utilizada efectivamente por aquellos que toman la posesión, sino que ocasionan una disminución significativa en el uso productivo de la tierra.
Es más probable que propietarios de tierra sean desplazados forzosamente y que sufran más a causa del desplazamiento. El alto porcentaje (60%) de los hogares desplazados que dependían de la tierra como su principal sustento en su lugar de origen muestra que la tenencia de tierra aumenta la probabilidad de que el hogar sea desplazado forzosamente, tesis que ha sido confirmada por otros estudios. Esto sugiere que el deseo de establecer el control territorial es un elemento clave de la estrategia de guerra, tanto de la guerrilla, como de los paramilitares que utilizan violencia para desocupar territorios así obligando a su abandono por parte de la población. Individuos desplazados que previamente se ganaban la vida en actividades agropecuarias sufren más porque sus habilidades agrícolas son poco apreciadas en áreas urbanas o periurbanas a las que se desplazan. El impacto negativo del desplazamiento en los antiguos dueños de tierra se confirma por el mayor deseo de retorno a su sitio de origen y la mayor dificultad de encontrar empleo una vez desplazados.
El desplazamiento interno se ha vuelto más común y serio. La comparación de hogares que fueron desplazados entre 1999/2000 y 2001/2002 indica un aumento en el número de desplazados. La asistencia por parte del Gobierno, Iglesia y Organizaciones No Gubernamentales, ONG, y otras instancias, ahora llega a más de las dos terceras partes de los hogares incluidos en la muestra, comparada con apenas la mitad de los desplazados en el primer período. El desplazamiento se ha vuelto más reactivo y concentrado entre la población vulnerable. A su vez, el número de desplazados ha aumentado significativamente, con una mayor proporción de los hogares que han abandonado sus casas al recibir amenazas directas. Un marcado incremento en la proporción de hogares desplazados encabezados por mujeres o por agricultores empleados en sus sitios de origen, junto con una clara reducción en la proporción de hogares que encuentren empleo en el lugar de recepción, sugiere que se ha vuelto más grave el desplazamiento y que los motivos económicos juegan un papel mínimo en la decisión de desplazarse.
Se ha reconocido cada vez más la profunda relación entre los asuntos de la tierra y el desplazamiento forzado en Colombia. Esta relación surge por el control territorial, elemento clave de la estrategia de guerra tanto de las fuerzas guerrilleras como de los paramilitares en que la expulsión de los usuarios de la tierra se convierte en táctica de la lucha armada, con las trascendentales consecuencias en detrimento del bienestar y las opciones de vida para los hogares.
El Banco Mundial estima que para 1999/2000 el número de desplazados en Colombia ascendía a 1,8 millones lo que representa la cifra más alta del mundo en términos absolutos, lugar que comparte con la República Democrática del Congo, Afganistán, Angola e Irak (World Development Report, 2000/01). La Organización Internacional para las Migraciones, utilizando cifras más actualizadas, enfatiza que junto con Sudán y Congo, Colombia presenta la mayor cantidad de desplazados internos en el mundo. Entonces, la magnitud del desplazamiento hace que sea un tema difícil de ignorar (Arboleda y Correa, 2003).
De hecho, el desplazamiento está generando una "contrarreforma agraria" hacia una reconcentración de la tierra en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados en años recientes asciende a 4 millones de hectáreas (Global IDP Project, 2003), cifra que casi triplica la tierra redistribuida durante más de cuatro décadas de reforma agraria. Dado que es poco probable que la tierra abandonada sea empleada con fines productivos por los que toman posesión de ella, el desplazamiento también repercutirá en una reducción significativa de la productividad. Es más probable que los dueños o usuarios de la tierra sean desplazados, lo cual indicaría que los hogares rurales constituyan el mayor índice entre la población desplazada (Kirchoff e Ibáñez, 2001). Estos registros son aún más preocupantes, en razón a que sus habilidades agropecuarias son de poca utilidad en las áreas urbanas o peri urbanas a las que migran, lo que socava aún más el bienestar de hogares que anteriormente ganaban su sustento en actividades agropecuarias, y su grado de afectación es mayor que el de otros grupos de desplazados.
Bogotá, D. C., mayo de 2005.
Wilson Alfonso Borja Díaz,
Representante a la Cámara.
* * *
"El Tiempo"
Domingo 26 de septiembre de 2004
Págs. 1-9, 1-10
INFORME ESPECIAL
ESTRATEGIA /
Un proyecto militar y político desarrollado en menos de una década
El mapa de la influencia `para¿
Un vistazo al grado de inserción de los `paras¿ en varias regiones hasta el 2002, cuando se detuvo su expansión, arroja luces de cómo podrían ser la política y la sociedad en esos sitios en unos años.
El mapa paramilitar de hoy, casi dos años después de haber detenido su expansión territorial, puede pintarse, en líneas gruesas, con un control absoluto en vastos sectores del Caribe, Urabá y la parte central del río Magdalena; una dominación relativa en el nororiente y en comunas de Medellín; una ascendencia importante pero llena de pugnas en parte de los Llanos; una influencia incipiente en el Valle y Nariño, y una `tarea¿ inconclusa en las selvas del sur, sobre todo en Putumayo.
Observando el modelo de avance de las autodefensas desde mediados de los 90, ejecutado de modo idéntico en casi todas las zonas donde se propusieron llegar, es posible apreciar en qué fase de penetración se halla cada región.
"El panorama del grado de implantación paramilitar en cada sitio puede ser un indicio importante sobre cómo va a ser la política local en los próximos 10 años, en caso de que se firme la paz y se cumplan la desmovilización y el desarme-dice un analista del Gobierno que pide no revelar su nombre. Además, se puede intuir cómo será el modelo social y económico que terminará predominando en cada lugar".
En la fase del terror, que es la que marca la entrada de las autodefensas, parece no hallarse ningún punto del país en el momento. Esta etapa, caracterizada por grandes masacres generadoras de desplazamientos masivos, la repitieron en Honduras y Las Tangas antes de entrar a Urabá; la llevaron a Mapiripán en el 97, donde además usaron por primera vez la motosierra, como símbolo de su llegada al Meta; en el 98, para arribar a Barrancabermeja (Santander) quemaron a 32 personas que departían en un bazar en el barrio María Eugenia.
Según un reporte de la Policía, la última matanza de esas proporciones la cometieron los `paras¿ el 14 de abril de 2001, cuando asesinaron a 40 campesinos en El Naya (Cauca). Quizá por las presiones internacionales frente a esta práctica horrenda, o porque en los últimos dos años no se han producido grandes avanzadas sobre nuevos territorios, ningún municipio colombiano parece estar hoy en esta fase, aunque muchos estén sufriendo asesinatos selectivos.
Este tipo de crimen es, precisamente, una característica de la segunda fase, en la que se busca la consolidación militar y se empiezan a penetrar las estructuras sociales, políticas y económicas. Es el tiempo en que se eliminan a los opositores, en que se empiezan a imponer tributos a los comerciantes e industriales, y en que se presionan a alcaldes y líderes comunitarios para que entreguen recursos.
También, es la época de la compra de las tierras baratas que han dejado baldías los campesinos, luego del terror de las masacres.
Ejemplo de esta fase es el Meta. Allí hay evidencia de que Miguel Arroyave, comandante del `Bloque Centauros¿ abaleado esta semana, exigía el 5% de muchos contratos. El asesinato en agosto de Carlos Pérez Gómez, contratista de la Gobernación, por negarse a pagar la vacuna, puso en evidencia esa costumbre. Además, en la inspección Casibare, de Puerto Lleras, el jefe `para¿ tenía montado un centro de `cobro de impuestos¿ donde eran citados ganaderos y comerciantes, según la Fiscalía.
La tercera fase es la del trabajo comunitario. Los `paras¿ consiguen permear definitivamente a la dirigencia regional, las extorsiones dejan de ser la metodología básica de relación con el sector econ ómico y empiezan a montarse fundaciones y cooperativas para sacar adelante proyectos productivos y hacer gestión social.
También es clave conseguir el manejo de las universidades.
En esta etapa se puede ubicar a Cúcuta, al Eje Bananero, al norte de Antioquia y a Barranca-bermeja. En la primera ciudad, inclusive, las autodefensas consiguieron infiltrar la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía. Los alcaldes de Cúcuta y Barranca están presos por presuntos nexos con los `paras¿. De Urabá, Carlos Castaño llegó a reconocer que una empresa comunitaria exportaba banano a Canadá y Panamá.
"Lo sorprendente de estos modelos es su rapidez -dice un académico-. En menos de cinco años consiguen poner en funcionamiento iniciativas de verdad. Eso seduce a mucha gente necesitada, y más cuando lo que ven del lado guerrillero es que los proyectos revolucionarios están pensados a 40 y 50 años".
En la cuarta fase se puede hablar de dominación real de un territorio. Los índices de criminalidad bajan, la oposición prácticamente no existe y se consolida un proyecto político y social. Cesar, Magdalena y Córdoba son sus prototipos.
ASI ESTAN LAS COSAS
EN SIETE REGIONES
Córdoba
En la vereda Villanueva, de Tierralta, dicen que se encuentra la tumba de Fidel Castaño, fundador de las AUC. El pueblo lo admira y de su historia se habla en la escuela.
El control de Salvatore Mancuso en el sur del departamento es total. Distintos sectores de la sociedad defienden el discurso de las autode-fensas abiertamente. El diario local, El Meridiano, ha editorializado a su favor. Han mostrado a periodistas un hospital que dicen tener en Tierralta.
Córdoba es lugar de origen de Colombia Viva, movimiento en el que varios de sus miembros han manifestado respeto por la causa paramilitar. Eleonora Pineda, parlamentaria de este grupo, ha asumido cierta vocería política de las autodefensas en el actual proceso de paz.
Tierralta y Valencia pueden considerarse las capitales de las AUC. Contra ninguno de los alcaldes de estos pueblos existe investigación ni señalamiento judicial alguno. En el primer municipio el alcalde, Humberto Santos, de Colombia Viva, ganó la elección un día después de que los demás candidatos protestaron por presiones de las autodefensas. En Valencia, Negus Correa ganó como candidato único; lo mismo sucedió en las dos elecciones anteriores.
Sobre la Universidad de Córdoba se afirma que los `paras¿ tienen cierta influencia. El año pasado fue revelada en el Congreso una reunión sostenida entre el rector, Claudio Sánchez Parra, y miembros del Consejo Superior, con Salvatore Mancuso. El alto directivo niega cualquier vínculo.
En los 90 Fidel Castaño creó la Fundación por la Paz de Córdoba (Fundacor) a través de la cual donó tierras, dinero y ganado a ex guerrilleros del EPL para que armaran proyectos productivos. Hoy Funpazcor está en la lista Clinton.
Cúcuta
El año pasado el Presidente Uribe denunció la infiltración del paramilitarismo en la Policía, la Alcaldía y la Fiscalía de esta ciudad. Vino entonces una purga en esas tres instituciones. Sobre la anterior Directora Seccional de Fiscalías, Ana María Flórez (hoy fugitiva), pesa una orden de captura por concierto pa ra delinquir.
Una docena de funcionarios está presa, entre ellos Magally Moreno, secretaria de Flórez, y de quien las autoridades dicen es la novia de un alto comandante paramilitar, conocido como `El Gato¿. El 24 de junio fue capturado el alcalde, Ramiro Suárez Corzo, elegido por el movimiento Colombia Viva, por supuestos vínculos con las AUC.
Las muertes selectivas hicieron que desde el 2002, Cúcuta se convirtiera en la segunda ciudad más violenta del país después de Medellín. Aparte del negocio de la coca del Catatumbo, los `paras¿ se financian con la venta de combustible de contrabando, que controlan en toda la frontera de Norte de Santander.
Cesar
Hace dos años en una presentación del cantante ballenato Rafael Santos Díaz y el acordeonero Iván Zuleta, los artistas hicieron un saludo en verso para Jorge 40 y Omega, dos jefes `paras¿. Eso fue recogido en un disco pirata, y los cantantes explicaron que se trató de un papelito que alguien les pasó y que no sabían de quién estaban hablando.
Las autodefensas dominan toda la parte plana del Cesar y se les escapa parte de la Sierra Nevada y de Perijá. En este sitio tienen guerra por cultivos de coca con las FARC y el ELN.
Hernando Molina, actual gobernador, ganó las elecciones como candidato único, luego de que los otros dos aspirantes renunciaron por amenazas de la AUC.
Este año fue capturada la asesora de paz del departamento, María Victoria Barreneche, por supuestos vínculos con los `paras¿.
La Guajira
Wílder Ríos, alcalde de Riohacha, fue detenido el 2 de septiembre por presunta participación en el desvío de 148 millones del régimen subsidiado a los paramilitares. Seis miembros de su gabinete están detenidos con él.
Al respecto `Jorge 40¿, protestó. "Solo recibimos 5 millones de la plata de las ARS, Los políticos corruptos se quedaron con el resto", dijo.
A este hombre se le atribuye estar detrás de varios asesinatos selectivos que buscan sacar a los indígenas wayúu del manejo de los puertos naturales del norte por donde tradicionalmente han entrado armas y contrabando y salido coca. Ochocientos indígenas salieron desplazados hace dos meses, tras la muerte de ocho líderes.
`Jorge 40¿ asegura que no es cierto y que se trata de una guerra de bandas que quieren inculparlo a él.
Meta
El 22 de agosto pasado, los alcaldes de El Dorado y de El Castillo, el ex alcalde de Lejanías y el ex candidato a la gobernación, Euser Rondón publicaron una carta en este diario en la que, por primera vez en la historia funcionarios activos justificaban la presencia `para¿ en Meta y reconocían su labor en la pacificación y el desarrollo regional.
De Miguel Arroyave, jefe máximo del `Bloque Centauros¿, asesinado el lunes, se decía que le había comprado la franquicia a las autodefensas locales para montar un imperio paramilitar y coquero en Meta. Arroyave siempre lo negó.
El año pasado, él apoy ó la candidatura de Euser Rondón a la Gobernación, en un intento por empezar a infiltrar el poder departamental, luego de haber conseguido cierto control sobre administraciones municipales. Euser, asesinado hace dos semanas cerca de Bogotá, perdió los comicios. De Arroyave también se dice que extorsionaba a los comerciantes y ganaderos, y exigía un 5% de los contratos de la Gober-nación.
Magdalena
Aquí se presentó un raro fenómeno en las últimas elecciones parlamentarias. Dieb Malof, un barranquillero de Colombia Viva, que nunca había hecho política en Magdalena, obtuvo 40 mil votos en el departamento, y en municipios como Pivijay, Algarrobo, Ariguaní consiguió hasta el 90% del total de sufragios.
Votaciones casi absolutas también consiguieron los políticos locales Salomón Saade y Luis Vives, hoy Senadores, y los Representantes José Gamarra, Jorge Caballero y Alfonso Campo. Todos niegan que hayan habido presiones de grupos armados en sus elecciones. Lo mismo alega enfáticamente Trino Luna, de Colombia Viva, hoy gobernador, también candidato único. El en 2000 hubo seis candidaturas únicas para igual número de alcaldías.
Desde hace dos años, buena parte del comercio de Santa Marta está trabajando con los horarios que determinan las AUC. El control sobre el departamento es casi total. La jefatura la tiene `Jorge 40¿, a quien responsabilizan de buena parte de los 2.029 homicidios cometidos en el Magdalena de enero de 2001 a septiembre de 2003.
El año pasado quedaron en evidencia las presiones de las AUC sobre candidatos, con la muerte de Efraín Escalante, aspirante a la Alcaldía de Concordia, que no se quiso retirar a pesar de la orden de los `paras¿. Cinco asesinatos selectivos dentro de la Universidad del Magdalena sugieren que los `paras¿ han tratado de infiltrarla.
Medellín
El Bloque Cacique Nutibara (BCN) llegó a Medellín en el 2000 y se asentó en la Comuna 8. Tras dos años de una guerra contra bandas sicariales y contra el `Bloque Metro¿ se quedó con el control. Después de la Operación Orión de la Fuerza Pública contra las Farc en octubre de 2002, penetró la comuna 13 y la sojuzgó. Al mando de `Don Berna¿ o `Adolfo Paz¿, el BCN no solo hizo una labor militar sino un fuerte trabajo político con líderes en los barrios que se encargaban de realizar campañas de aseo y programas de vivienda.
El 25 de noviembre de 2003, 870 de sus integrantes se desmovilizaron. En abril pasado, en las elecciones a las Juntas de Acción Comunal varios de sus líderes ganaron en 30 barrios.
Anteayer el delegado de la Misión de Verificación de la OEA aseguró que presume las posibilidad de que exista una estructura parami-litar subyacente a la desmovilización. "Tenemos la presunción de que continúan las extorsiones y presión contra miembros de la comunidad", afirmó.
Miembros conocidos
Manuel Pirabán Garnica. "Jorge Pirata". (Bloque Centauros)
Meta: Acacías, Puerto Lleras, San Carlos de Guaroa, Cubarral, Granada, San Martín.
José A. Castro Molina. Alias "Botalón". (Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá).
Puerto Triunfo (Antioquia), Puerto Parra, Cimitarra, Puerto Olaya (Santander).
Rodrigo Mercado. "Rodrigo Cadena". (Bloque Norte).
Sucre: Tolú, Ovejas, Chalán, Sincelejo, Bolívar, Carmen, Mompox, María La Baja.
Armando A. Pérez. "Camilo". (F. La Ga-barra).
N. de Santander: Tibú, El Tarra, Sardinata, San Calixto, Cúcuta, Pamplona, Teorama.
Pedro O Guerrero C. "Dídier" (Frente Guaviare).
San José, Mapiripán, Puerto Concordia (Guaviare).
Luis Arnulfo Osorio Tuberquia. "Memín". (Frente Occidente Antioqueño).
Dabeiba, Peque, Ituango, Toledo, Frontino.
Héctor Germán Buitrago Parada. "Martín Llanos". (Autodefensas Campesinas del Casanare).
Monterrey y Tauramena.
Luis Eduardo Cifuentes Galindo. "Aguila". (Autodefensas Campesinas de Cundina-marca).
Yacopí, La Palma, Topaipí.
José Baldomero Linares. "Guillermo Torres". Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada).
Meta: Puerto Gaitán, Puerto López y parte de Vichada.
Sin identificar. "Francisco Tabares". (Autodefensas Sur del Cesar).
Aguachica, La Gloria, Gamarra, San Martín, La Gloria, Ocaña.
N.N. "Julián Bolívar". (Bloque Central Bolívar).
Sur de Bolívar: San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Arenales.
Guillermo Pérez Alzate. "Pablo Sevillano". (Bloque Libertadores del Sur).
Nariño: Tumaco, Barbacoas, Ipiales, Túquerres.
Carlos Hernando. "alias (Zancudo). Ministerio de Educación Nacional, que antes de cumplir un mes de mes de Ministerio de Educación.
Alexander Ulloa Donoso. "Maicol". (Frente Urbano del Bloque Libertadores del Sur).
Leyva y Pasto.
Luis Miguel Galvis Pérez. "Lucho Galvis". (Frente Compañero Carrillo - ACCU).
Bolívar: Achí, Tisquisio, Montecristo.
Sucre: San Marcos.
David Hernández Rojas. "39". (Frente Mártires del Valle de Upar).
Cesar: La Paz, Valledupar, San Diego, Copey, Becerril, Bosconia.
Gregorio Calderón Villabona. "El Peruano" (Zona Sur Caquetá).
Florencia, Curillo, Belén de los Andaquíes, Montañitas.
ALIANZA /
Ahora, capos se proclaman `paras¿
`Narcopaternidad¿ responsable
Hace 20 años, narcos de la talla de `El Mexicano¿ y Escobar asumieron la manutención `para¿.
La dependencia continúa y ha llegado al punto de borrar linderos entre unos y otros.
Es imposible abordar el tema del paramilita-rismo sin referirse a su alianza con el narcotráfico, su principal y fiel fuente de financiación, que ha mantenido viva a esta criatura por más de 20 años.
Incluso, a los `paras¿ se les ha identificado como el brazo armado rural de las grandes mafias y a estas, como la principal gasolina -por encima del boleteo y de la extorsión- de ese ejército de cerca de 13 mil hombres cuyo mantenimiento puede costar más de 22.500 millones de pesos mensuales, a razón de 1,5 millones por combatiente.
Y es que, con contadas excepciones -como las históricas autodefensas de San Juan Bosco Laverde y de San Vicente de Chucurí- todos los `paras¿, han terminado en manos de capos de la talla de Pablo Escobar o de Gonzalo Rodríguez Gacha, `El Mexicano¿ y hasta han combina do sus estrategias de guerra y de supervivencia.
Esa narcopaternidad, de la que no se han podido zafar, ha quedado en evidencia desde la primera generación de autodefensas del Magdalena Medio, el gran proyecto antisub-versivo del ex Congresista Pablo Guarín y de Gonzalo de Jesús Pérez.
Sus herederos -Ariel Otero y Henry Pérez, hijo de Gonzalo- terminaron aceptando el apoyo de `El Mexicano¿ y el de Escobar, luego de que sus arcas se agotaran tras su guerra frontal contra las Farc.
"Esto se convirtió en un gastadero de fondos y vidas (...) Nos tocó recibir donaciones grandes de nuevos ricos como Pablo (Escobar) y Rodríguez Gacha", le dijo Henry Pérez a un hombre cuyo testimonio recoge el libro Las verdaderas intenciones de los paramilitares, de la Corporación Observatorio para la Paz.
Pero el resultado de esa alianza no pudo ser peor para el paramilitarismo y para el país. Puerto Boyacá -la autoproclamada `primera capital antisubversiva del país¿ - y sus alrededores, aunque robustos militarmente, terminaron repletos de coca y de `cocinas¿. Y para 1986 eran el escondite de mafiosos, fenómeno que empezó a dividir a sus líderes. A esas alturas, la mafia ya había creado el grupo Muerte a Secuestradores (MAS) -tras el plagio de Nieves Ochoa, hermana de los confesos narcos Jorge y Fabio Ochoa- había empezado a exterminar a la Unión Patriótica e iniciaba su guerra contra el Estado. Todo con participación `para¿ y bajo órdenes narcas.
Guarín y Gonzalo de Jesús Pérez intentaron oponerse a la narcotización de su proyecto, pero no tuvieron tiempo para intentar siquiera reversar la metamorfosis.
Las vendetas
En noviembre de 1987 Guarín fue asesinado, al parecer por uno de sus escoltas. A Gonzalo de Jesús el turno le llegó en julio de 1991 y a los 12 días cayó Henry.
La autoría de los crímenes se le atribuyó a sus narcofinanciadores y específicamente a Escobar. Incluso se dice que eso llevó a Otero a dar información del capo. Lo cierto es que 30 días después de entregar sus armas al Estado, también él fue asesinado en Puerto Boyacá.
Para entonces las otras autodefensas -las actuales- lideradas por Fidel Castaño, también habían cedido a los coqueteos narcos. Empezaron por aceptar ser entrenadas por mercenarios que `El Mexicano¿ pagó. Y terminaron por aliarse con narcos ex socios o enemigos de Escobar -como Diego Murillo, `Berna¿- para exterminarlo a través de `Los Pepes¿ o Perseguidos por Pablo Escobar.
Pero estas han ido más allá. Han dejado que sus narcofinanciadores se autoproclamaran jefes `paras¿.
Por dar tan solo un ejemplo, ese es el caso de los señalados narcos del Norte del Valle Miguel y Víctor Manuel Mejía Múnera. Este último dice ser jefe del bloque Vencedores de Arauca, adscrito al bloque Norte que lidera Salvatore Mancuso.
Hoy, de los 13 miembros del llamado estado mayor negociador de las AUC -descontando a Miguel Arroyave, asesinado- 10 están o pedidos en extradición o incluidos en la lista de grandes narcotraficantes de Estados Unidos.
Y quienes manifestaron haberse opuesto a la narcotización -Carlos Castaño y Carlos García, `Doble Cero¿- corrieron un destino similar al de Guarín y al de los Pérez.
Al respecto Jacobo Arenas, cabeza de las Farc, dijo alguna vez que los `paras¿ no les preocupaban porque, finalmente, iban a terminar matándose entre ellos.
Pablo Guarín
Ariel Otero
Fidel Castaño
Diego Murillo
DD.HH. /
Recorrido por las cifras
3.650 días de horror
El viernes 18 de febrero de 2000 Oscar Antonio Meza Torres, de 29 años, fue arrastrado hasta una mesa de madera ubicada en el centro de la cancha de baloncesto del caserío de El Salado (Bolívar), acostado sobre ella y degollado, delante de todo el pueblo. Su nombre aparecía en la lista de `colaboradores de la guerrilla¿ que los paramilitares, que habían invadido el pueblo, llevaban consigo. Ese día, mataron a otras 39 personas, muchas de ellas sobre la misma mesa.
Una suerte similar han corrido, entre enero de 1994 y diciembre de 2003, decenas de miles de colombianos.
En esos 3.665 días, a los paramilitares se les atribuyen la mayoría de las 1.969 masacres que se registraron en el país y de sus 10.174 víctimas, así como innumerables crímenes.
Los datos son de la Defensoría del Pueblo de 1994 a 1999 (1.337 masacres y 6.535 víctimas), y del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en el tramo de 2000 a 2003 (632 masacre s y 3.639 víctimas).
Las cifras son muy diferentes: El Observa-torio las toma de la Policía, y la Defensoría tiene una base de recolección que incluye a organizaciones humanitarias. Mientras el primero registra, para 1998, 113 masacres y 677 víctimas, la segunda da cuenta de 235 masacres con 1.366 muertos.
El informe del Sistema de alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo Masacres ocurridas en Colombia 1998-1999, señala que en el año 98 los paramilitares ocasionaron el 48% del total de masacres, frente al 18% atribuido a la guerrilla. En 1999, año con el mayor número de masacres de la década, los paramilitares habrían sido los autores del 38%.
Esa década se caracteriza porque los grupos paramilitares empezaron a afianzarse como verdaderos `ejércitos¿.
La transformación de grupos dispersos en sólidas estructuras militares, con pretensiones de amplio control territorial va a incidir en la crisis humanitaria, ya que las autodefensas escogieron como armas, masacres, desapari-ciones y desplazamiento forzado.
En esta década hubo 6.370 desapariciones y, según datos de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), con respecto a los años anteriores, esta práctica se trepó, promediando más de 1.200 desapariciones entre el 2001 y el 2003. Los dos primeros años son de esplendor de la guerra `para¿ y el último es una muestra de que no todas las prácticas de guerra de las AUC han cedido.
En la década, el desplazamiento forzado, según la ONG Codhes, sumó 2.480.460 personas, de un total de 3.252.806 desplazados desde 1995 hasta hoy. El año pico, con 412.553 desplazados, fue el 2002, cuando se rompió el proceso de paz en El Caguán.
Cese de hostilidades
Las cifras sobre violaciones atribuidas a la tropa paramilitar comienzan a ceder desde el segundo semestre de 2002, tendencia que se mantiene hasta hoy, mientras la responsabilidad de las Farc en la autoría de masacres se dispara.
Hechos atribuidos a esa guerrilla, como los de Bojayá, en mayo de 2002, con 119 víctimas; el Nogal, en febrero de 2003, donde fueron asesinadas 32 personas; y Villa Magdalena, barrio vecino al aeropuerto de Neiva, así lo evidencian.
El cese de hostilidades (diciembre de 2002), que condujo el espacio de diálogo de Ralito, tuvo lugar poco después de la orden impartida por Carlos Castaño de ir abandonando la práctica de las masacres.
El Observatorio muestra que en lo relacionado con víctimas de masacres la tendencia a la baja se mantuvo en el 2003, así como la responsabili-dad de las autodefensas. Los homicidios de sindicalistas, por ejemplo, pasaron de 121 en el 2002 y a 52 en el 2003. La CUT también registra el descenso, aunque con cifras distintas (de 143 en el 2002 a 71 en el 2003). Según Fecode, los homicidios de los maestros también cayeron de 79 en el 2002 a 41 en el 2003.
El informe presentado por el Comisionado para la Paz en febrero de 2004 sobre el cese de hostilidades, mostró que luego de un año de vigencia los homicidios cometidos descendieron 44%, las masacres 59%, y el desplazamiento forzado 53%.
Frente a los indígenas, empero, la tendencia persiste. En el 2003 fueron asesinados 164, frente a 180 en el 2002. Según la Defensoría, los pueblos más afectados son los asentados en Tierralta (Córdoba), Atrato (Chocó), Sierra Nevada (Magdalena y Cesar), La Guajira, Cauca, Nariño y Caquetá. Todos con excepción del último, en zonas de influencia `para¿.
El Tiempo
Domingo 26 de septiembre de 2004
Págs. 1-10.
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Constancia
La Cámara de Representantes reconoce el trabajo y el esfuerzo que realiza la Red de Solidaridad en cabeza del doctor Luis Alfonso Hoyos, entidad que en los últimos años ha invertido en atención a desplazados y a población vulnerable mucho más que en los 10 últimos años anteriores. Dada la magnitud y la gravedad del problema de desplazamiento y de pobreza en Colombia, la Cámara de Representantes exhorta al Gobierno Nacional a la búsqueda de los recursos presupuestales y fiscales que generen equidad.
Respetuosamente sugiere al Gobierno Nacional poner en práctica la recomendación del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2001 de las Naciones Unidas, que propone un impuesto a los latifundios que sea directamente proporcional al tamaño del predio, e inversa-mente proporcional a la productividad del mismo, recursos que deberán destinarse a la Red de Solidaridad, para atención a la población vulnerable.
Elías Raad Hernández, Araminta Moreno G., Luis Jairo Ibarra, Oscar Darío Pérez, José Gerardo Piamba C., Guillermo Galvis L., José Elías Cruz R., Jaime Canal, dos firmas ilegibles).
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Proposición
La Plenaria de la honorable Cámara de Representante s solicita a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente al Asesor Presidencial para la Acción Social, doctor Luis Alfonso Hoyos por las presuntas irregularidades:
- Incumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.
- Omisión frente a los subregistros de la población desplazada por la violencia.
- Negación de la atención humanitaria de emergencia, y a la estabilización socioeco-nómica de la población desplazada en Colombia.
(Firma ilegible).
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LA POLITICA Y EL PROSELITISMO ARMADO
ALGUNAS CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
COLOMBIA ES UNA
REPUBLICA DEMOCRATICA, PARTICIPATIVA
Y PLURALISTA
Decir que la república es democrática, participativa y pluralista es en principio un gran pleonasmo. Las definiciones son tautológicas y si las realizamos encontraremos que para definir república tendremos que acudir a términos equivalentes y entre ellos estarán democracia, participación, pluralidad. Para explicar estos mismos términos ocurrirá otro tanto. No obstante, la aparente reiteración tiene algún sentido. Decir democrática entraña reconocer que la soberanía reside en el pueblo (no en la Nación), es decir, que el pueblo es el detentador de los poderes, es el fundamento de los mismos. Se habla de democracia participativa con motivo de la nueva Constitución. Se ha introducido un tercer tipo de democracia, pues tradicionalmente se reconocían la directa y la representativa.
La democracia participativa es una tentativa de mediación entre las dos nombradas. La primera la directa, caracterizaba las democracias antiguas (Grecia y Roma) y se distinguía por el ejercicio del poder por aquellos que eran ciudadanos, los ciudadanos se ocupaban de las cuestiones del manejo de lo público, de la ciudad, de la polis; era la libertad de los antiguos, se trataba de participar. La idea en la modernidad es retomada por Rousseau y hoy es de nuevo importante.
Con la complejización de la vida social, y la estatal por contumacia, la democracia directa se ha hecho imposible, a todas horas no pueden todos los ciudadanos estar tomando todas las decisiones importantes del Estado donde viven, y de su ciudad, y de su departamento y de su Estado, por ello se impone la necesidad de que profesionales de la política representen a los demás.
Pero en el decurso de la representación se ha visto la limitación de la figura, fundamental-mente porque no existe un nexo de responsa-bilidad entre los representantes y los representa-dos, y por ello, aquellos, se apartan de los intereses de estos y en últimas se desvirtúa la idea de la democracia y también la de la soberanía popular. Surge la tercería: Continúa la representación pero en casos importantes todo el pueblo puede entrar a tomar decisiones y para el efecto se establecen mecanismos de participación popular. La idea ha sido constituida como una de las variables, constantes, que recorren la expedición de toda la normatividad que surge en el país. La participación se entiende de diversas formas y a ellas se les abren espacios.
Podría pensarse este segmento desde la perspectiva de la democracia como principio fundamental y primordial. A su alrededor podía estructurarse toda la teoría de la Constitución. La idea contemporánea de Constitución, de república, de Estado pluralista, etc., se establecen a partir de la idea de la democracia. La democracia es en principio una forma de gobierno que responde a la pregunta cuántos gobiernan, con la respuesta todos gobiernan, contra las respuestas de pocos o de uno gobierna. La idea se desarrolla a partir de la detentación del poder e históricamente puede reconocerse así en el concepto de soberanía, aunque la discusión data de la antigüedad.
PODER POPULAR
El artículo 3° de la Carta Política establece el principio de la Soberanía popular. En correlación directa con el preámbulo, el canon 3 de la Carta establece la legitimidad política histórica actual como fundamento de la existencia del Estado y su forma, la social y democrática. La pregunta que se responde en este aparte es quién tiene el poder. Lo tiene el pueblo, la totalidad de los habitantes, por lo menos en teoría, porque tratándose de un ente complejo, es difícil su organización y por tanto el ejercicio del poder que posee. La idea de soberanía popular se corresponde con la idea de la democracia, en principio ejercida de forma directa, pero transformada en la democracia de corte representativo y lo que hemos venido llamando democracia participativa.
El ejercicio de ese poder existente en Colombia, que le pertenece al pueblo, se desarrolla de manera directa, de manera representativa y a través de la participación en los diferentes espacios abiertos para el efecto. Los poderes públicos, a través de las distintas denominaciones que reciben, representan el poder del pueblo. No obstante, la expresión más clara de esa soberanía es el poder constituyente y su resultado: La Carta Política de 1991. Son ellas dos las expresiones más caras, más importantes, que haya podido desarrollar el pueblo colombiano dentro de sus limitaciones, referidas a su atraso político, económico y social en el mundo, es decir, en consideración de lo que como pueblo ha sido capaz de obtener en su condición de ente inorgánico y desorganizado, pero lleno de esperanzas. Por lo anterior, es preciso señalar que los siguientes factores atentan contra su institucionalidad como sociedad y como Estado de Derecho.
ANTECEDENTES
En el pasado más próximo, los distintos sucesos políticos desarrollados en torno del anhelo por lograr la reconciliación nacional y la paz, luego de mil guerras, de mil intentos por consolidar la convivencia pacífica en medio de las grandes necesidades y desigualdades sociales, en 1985 a instancias de un proceso de paz particular, entre el Gobierno y las Farc se crea la Unión Patriótica, que tenía por finalidad posibilitar la participación en la arena política a miembros rebeldes desmovilizados conjunta-mente con sectores populares. Pero la estigmatización no se hizo esperar. Se acusó a esta organización de ser el brazo político de las Farc, y desde luego, de adelantar un "proselitis-mo armado", con lo cual se puso a todos sus miembros la lápida. Este señalamiento se convirtió en la justificación para su eliminación física. Como ahora lo es el señalamiento de ser "auxiliar de la guerrilla" para la liquidación y el encarcelamiento masivo d e líderes sociales. Y luego, de más de tres mil muertos tanto de sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas como de sus simpatizantes se frustró una tentativa de incorporar nuevas fuerzas al panorama político.
Recordar este pasaje es importante, porque muchos sectores políticos que levantaron voces de rechazo al proselitismo armado hoy guardan silencio frente al fenómeno que nos ocupa en este debate. Es de anotar que todos los muertos del llamado "proselitismo armado" fueron civiles desarmados ampliamente conocidos en los sectores en los cuales se movían.
Veamos algunas de las manifestaciones del fenómeno:
1. El proselitismo armado intimida al elector y distorsiona la participación, democracia en tanto, es la fuerza y no las ideas, los argumentos, los que deciden los resultados. El jefe paramilitar Mancuso le señala entre sus proezas a la periodista Glenda Martínez: La manera como se adelanta la campaña electoral en todos los territorios bajo su influencia. A los políticos favorecidos les quedará muy difícil continuar sosteniendo que fueron sus méritos propios los que permitieron sus altas votaciones y los compromisos adquiridos con sus patrocinadores y financiadores:
"Apunto lo más alto tener voz y voto en el Congreso. El trabajo fue intenso. En una singular mezcla de fusiles, uniformes camuflados y retórica política. Hicieron manifestaciones, reunieron alcaldes, concejales y pobladores en kioscos y escuelas de las zonas rurales a lo largo de la Costa Atlántica hasta llegar al Catatumbo, en Norte de Santander, se apersonaron de las campañas de congresistas veteranos, que terminaron electos con su apoyo (...) y cumplieron parcialmente su ambición de tener el 30% de participación en el Congreso". Mancuso, Su Vida. Pág. 134.
2. El proselitismo armado, ejerce indebida presión sobre los ciudadanos que aspiran a ejercer la política desde las corporaciones públicas: Y la propaganda que involucra a destacados jefes paramilitares es una especie de recordareis de quienes son para esas comunidades, la intimidación y el miedo.
"E1 ex Senador Antonio Guerra de la Espriella aseguró que `sí hubo incidencia de los paramilitares en la región del Golfo de Morrosquillo¿, y yo fui uno de los damnificados. Yo no pude hacer campaña allá. Ordenaron borrar todos los murales donde estuviera el nombre de Antonio Guerra para el Senado". Semana edición 1.202.
"Hace algunos días, pobladores del Bajo Cauca antioqueño, Caucasia, Nechí, El Bagre y Tarazá, asistieron a un par de reuniones en la zona presididas por la Representante a la Cámara Rocío Arias. (...) lo que llamó la atención es que al lado de Arias, siempre estuvo Ramiro `Cuco¿ Vanoy, jefe del Bloque Minero de las Autodefensas Unidas de Colombia, que está concentrado en Santa Fe de Ralito...". Por esos mismos días, miembros desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, llevaron a la Comuna Nororiental de Medellín 4.000 cuadernos escolares con la foto de Rocío Arias en compañía del Jefe para Diego Murillo Bejarano "Don Berna y el desmovilizado Giovanni Marín". El tiempo, 28 de abril, págs. 1-5.
3. El proselitismo armado, constriñe la voluntad popular como en el caso de San Onofre, ligado al nombre del célebre Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", el mismo acusado de múltiples crímenes, como las fosas comunes de la finca El Palmar y protegido en Ralito, ejerce como gran cacique de este municipio donde "es impensable triunfar en política sin el consentimiento de `Cadena¿". Semana, edición 1.202.
Los datos electorales son igualmente dicientes en zonas en donde la alta votación coincide con la influencia de bloques de autodefensa. Zonas en donde tradicionalmente la baja votación era la constante. Algunos datos llaman la atención:
"Joaquín Vives el año pasado había denunciado que "la Asociación de Políticos y las AUC habían secuestrado la democracia". En cerro de San Antonio, por ejemplo, donde mataron al alcalde en 1999 y Vives había sacado 4.007 votos en las elecciones de 1998, en las de 2002 sacó solo 8", mientras el ex Gobernador Jorge Luis Caballero obtuvo el 93% de la votación y en El Piñón el 97%. "Esos votos no eran de Joaquín Vives sino de mi hermano José Ignacio Caballero, que era su segundo renglón". Semana, mayo 16 de 2005. Es decir, los votos son una propiedad privada según estas afirmaciones.
Otro fenómeno político lo constituye el caso "del representante José Gamarra, quien también barrió con votaciones, cercanas al 90% en municipios donde hace presencia el grupo "Pivijay" del Bloque Norte". Semana, mayo 16, pág. 53.
Otras sorpresas son las relacionadas con los Senadores Dieb Maloof y Salomón Saade. Maloof, un barranquillero que jamás había hecho política en el Magdalena, según reseña El Tiempo, "obtuvo una votación cercana al 80%, como fruto de alianzas con oriundos de la zona"; Salomón Saade obtuvo votaciones de más de 90% en Tenerife, Pedraza, El Piñón y Concordia" y desde luego, tampoco conocían a sus financiadores.
"La presencia territorial (...) coincide con las dos zonas electorales en que se dividió el departamento (del Magdalena) en 2002: El G-8 conformado por los ocho municipios de la zona minera en el centro del Cesar, donde el Senador Mauricio Pimiento y el Representante Jorge Enrique Ramírez barrieron. El otro, el G-11, conformado por los municipios del sur del Cesar coinciden con los lugares donde el Representante Miguel Angel Durán y el Senador Alvaro Araújo sacaron grandes votaciones". Semana, mayo 16, pág. 53.
Coincide también la férrea defensa de los proyectos de ley que benefician a los financiadores, como el mal llamado de "Justicia y Paz".
4. El proselitismo armado, adelanta una suerte de depuración política macabra tal como lo señalara un documento oficial en relación con la presencia de los paramilitares en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Serranía del Perijá y la Ciénaga Grande del Magdalena:
"Las autodefensas entraron a la región matando, el 22 de noviembre de 2000 asesinaron a más de 60 personas en Nueva Venecia, municipio de Sitionuevo, lo que provocó el desplazamiento de unos 4.000 habitantes hacia la cabecera municipal y los municipios vecinos. Como suele suceder, su llegada disparó la tasa de homicidios (...) entre 1999 y 2004 asesinaron a los alcaldes o ex alcalde de El Banco, Cerro de San Antonio, Retén y Zona Bananera "de esta manera dieron paso a un nuevo orde namiento político que favoreciera y protegiera sus intereses, concluye un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República próximo a ser publicado". El frente "Jhon Jairo López, de Jorge 40, tiene actualmente presencia, según la Vicepresidencia, en 14 de los 23 municipios del Magdalena". Semana 1.202. Pág. 52.
Es importante para comprender el fenómeno, analizar con mucho detenimiento la página 1-9 del domingo 26 de septiembre de El Tiempo. Adjuntarla.
O la amenaza de la señora Emilce López, alias la gata, de lanzarse al Senado con sus 300.000 votos a partir de monopolizar el negocio del chance en gran parte de la costa y demás negocios. Cambio número 615.
5. El proselitismo armado, confeso y denunciado por los medios de comunicación es la negación de garantías para el libre ejercicio de la política y la libre expresión en las urnas de los ciudadanos.
"Iván Roberto Duque `alias Ernesto Báez¿ del bloque Central Bolívar, aseguró que Trujillo es uno de los autores intelectuales de la muerte del Congresista, ocurrida el 18 de marzo. Según Báez, tanto González Grisales (asesinado) como Trujillo (inculpado) mantenían contacto con él y le pidieron mediar en el conflicto político que se vive en Aguadas y que no creía que le fueran a hacer algo pasando por encima de mi" (El Tiempo), 27 de marzo, págs. 1.3 2005.
6. El proselitismo armado, atenta contra la legitimidad de las instituciones democráticas y sobre toda la estructura de poder. El Presidente Uribe sostuvo que en las zonas de concentración el Estado no tendría límites en su accionar, contrario de lo que se supone aconteció en El Caguán, pero a raíz de las declaraciones del jefe paramilitar Báez en relación con el asesinato del Representante González, los colombianos fuimos sorprendidos con una particular noticia:
"Presidente autoriza indagación en Ralito. El Presidente Álvaro Uribe autoriza ayer en Manizales al Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, para que una comisión de ese organismo se desplace hasta Santa Fe de Ralito para recibir testimonio de algunos paramilitares en la investigación que se sigue por el asesinato del Congresista Oscar González" El Tiempo domingo 3 de abril 2005 págs. 1.16.
7. El proselitismo armado, como mecanismo de acceder a las corporaciones y entidades públicas de Congresistas y demás servidores públicos podría generar impedimentos para participar en los trámites y decisiones en los cuales estén involucrados sus patrocinadores como es el caso de la ley de justicia y paz, en la de garantías y la reelección, puesto que hay conflicto de intereses.
"Jorge Feris, cuyo fortín electoral es Sincelejo afirma que `su lunar es su hermano 08, paramilitar hoy desmovilizado, ha dicho que `aunque no tiene nexos con el grupo armando de su hermano se va a declarar impedido para votar la ley de justicia y paz para evitar suspicacias¿.
Se sabe que Feris fue compañero de fórmula de Alvaro García Romero, quien está siendo investigado por la Corte suprema de Justicia por presunto apoyo a las autode-fensas¿ Semana 1.202 pág. 54, cuya familia está en el centro del escándalo por el manejo de unas acciones de la Sociedad Portuaria de Cartagena, que al decir de funcionarios de la Alcaldía `aquí lo que hubo fue un total concierto criminal¿ Semana 1.201 pág. 39. Una mezcla de negocios turbios y proselitismo armado.
8. El proselitismo armado, produce igualmente clientelismo armado, en tanto le permite recoger los frutos del patrocinio en las entidades públicas mediante la contratación administrativa, especialmente en la salud, la educación y desde luego, en las demás obras públicas, lo mismo que la protección a sus negocios ilegales. Tan evidente es la injerencia en las entidades públicas y en el manejo de dineros públicos que el Gobierno tuvo que intervenir y constatar lo que era un secreto a voces:
"Las principales pesquisas indicaron que habría nexos de los paramilitares con algunos alcaldes, secretarios de salud y de hacienda, gerentes de hospitales y dueños de droguerías (...) y después la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el Gobernador de Casanare Miguel Angel Pérez, nueve alcaldes de departamento declararon que las autodefensas de Martín Llanos los habían obligado afirmar la minuta de un contrato con la ARS Tayrona (...) a su vez, según investigadores del Gobierno, algunas ARS han contratado con droguerías y hospitales privados, bajo el control paramilitar". Semana, 1199. Pág. 72.
"Los casos de Wílder Antonio Ríos, Alcalde de Riohacha capturado en el 2004 por desviarles a las autodefensas fondos de salud; del ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez; aunque esté libre, fue acusado por la Fiscalía de concierto para delinquir por sus presuntos nexos con los paramilitares y el ex gobernador de Casanare Miguel Angel Pérez acusado por la Fiscalía por haber recibido 500 millones de pesos de las autodefensas, no son tan excepcionales".
"Su capacidad de incidir en lo político es enorme debido al sistema electoral colombiano, que le permite mediante el uso del clientelismo armado acceder a representaciones de poder importante en los cuerpos colegiados de la Nación y dominará los gobiernos locales de sus zonas de influencia. Los señores de la guerra, como nuevas élites locales, suplantaron a la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales, concluye un documento de la Universidad de los Andes, Cede".
9. El proselitismo armado, igualmente niega el libre juego democrático al imponer candidatos únicos mediante la intimidación y el retiro de los competidores mediante las amenazas y asesinatos. Candidatos únicos en alcaldías y gobernaciones; candidatos únicos para el Senado y la Cámara. Lista únicas para concejos y asambleas.
"En el Magdalena, en las elecciones para alcaldes de 2000, 14 municipios, de los 29 que tiene el departamento, registraron candidatos únicos a las alcaldías y listas únicas para concejo. Durante las elecciones de 2002 en este departamento, donde tradicionalmente había una cerrada disputa para cada cargo, un solo candidato arrasó con la votación para Senado y otra para Cámara en 22 municipios y se postuló un solo contendor para la gobernación. Semana 1199 pág. 72.
"O la victoria
contundente de personas con escasa o nula trayectoria política como Eleonora
Pineda en Córdoba, una defensora acérrima de la negociación de Ralito. En varios
lugares la gente votó bajo la supervisión de los paramilitares. Por eso, en esas
regiones no sorpre ndió a nadie cuando el jefe de las AUC Salvatore Mancuso se
ufanó semanas después de las elecciones al Congreso de tener una representación
política en el Capitolio del 30 por ciento" Semana 1202
pág. 72.
Una curiosidad: "Antes de llegar a Santa Fe de Ralito, el último caserío en el mapa es El Caramelo, el lugar de residencia de la representante Eleonora Pineda..." Mancuso Su vida. Pág. 138.
10. El proselitismo armado, conducirá a que solo haya un candidato único a la Presidencia de la República aunque sea expedido un estatuto de garantías.
Conclusión: El proselitismo armado aquí descrito y ampliamente divulgado es una realidad y una deformación. Sería necesario que los órganos de control, -Procuraduría y Contraloría- la Fiscalía, el poder electoral tomaran cartas en el asunto. Pero fundamentalmente la Corte Suprema de Justicia.
No cabe duda que estamos ante un paraestado bajo la mirada complaciente de algunos sectores políticos que aspiran a sacar réditos. Frente a esta realidad, la pregunta es ¿qué garantías electorales tienen y tendrán los partidos y movimientos desafectos al proyecto paramilitar y a la reelección del candidato Presidente?
Bogotá, D. C., mayo 18 de 2005.
Wilson Alfonso Borja Díaz,
Representante a la Cámara.
La sesión se l evanta a las 11:55 p. m.
La Presidenta,
ZULEMA DEL CARMEN JATTIN CORRALES
El Primer Vicepresidente,
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DIAZ
El Segundo Vicepresidente,
JORGE CARMELO PEREZ ALVARADO
El Secretario General,
ANGELINO LIZCANO RIVERA
El Subsecretario General,
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