HABLAN LOS DIABLOS

Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú. Escritos urgentes

 

Autores:

Hugo Cabieses - Baldomero Cáceres - Róger Rumrrill - Ricardo Soberón

 

Entrevistas con:

Nancy Obregón y Elsa Malpartida

 

 

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INDICE DEL LIBRO

 

Coca compleja, drogas y cocaleros en los Andes (Hugo Cabieses)

I. Entre la coca y la Coca Cola

II. Cifras de coca, cocaína y cocaleros en el Perú

III. Coca, drogas y debates en Viena

IV. "Desarrollo Alternativo", marchas cocaleras y propuestas alternativas en el Perú

V. Coca compleja y movimientos cocaleros en los Andes

 

Dos escritos sobre coca, drogas y siquiatría (Baldomero Cáceres)

I. Coca: tradición y promesa

II. Historia, prejuicios y versión siquiátrica del coqueo andino

 

La amazonía: la renta estratégica del siglo xxi o la tierra prometida (Róger Rumrrill)

I. Los ciclos económicos de la Amazonía

II. Los retos de la Amazonía en el nuevo milenio

III. La Amazonía: la renta estratégica del siglo XXI o la tierra prometida

 

Narcotráfico y derechos humanos (Ricardo Soberón)

I. Las drogas en el Perú en la época de la violencia (1980-2000)

II. Hacia un nuevo mapa del tráfico de drogas, 2004

 

Tres entrevistas a dos dirigentes cocaleras

 

I. "Nadie puede hablar de algo que no siente" (Nancy Obregón)

II. "No cambio la coca por nada" (Nancy Obregón)

III. "La marcha de la coca" (Elsa Malpartida)

 

 

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PRESENTACIÓN: ¿DE QUE DIABLO ESTAMOS HABLANDO?

 

Por: Mario Manzini

Movimiento Laicos América Latina – MLAL

 

Romper paradigmas, contrastar prejuicios, fun-damentar soluciones, plantear problemas: ¡así de sencillo! El libro que se presenta tiene, a nuestro entender, una vocación pedagógica. Es decir, explicitar, de forma clara y epistemo-lógicamente coherente, el estado de la cuestión en lo que se refiere a las políticas antidrogas. El problema principal es que existe un “pen-samiento único” en el tema de lucha a las dro-gas, que además tiene como objetivo principal defender los intereses geopolíticos y sociales in-ternos de un país en especial. Ya saben de quien estamos hablando; pero si es normal que un país quiera defender sus intereses, poco normal o imperdonable es que hay otros países que no quieren defender sus intereses o que, peor aún, prefieren defender los intereses ajenos y no los suyos.

 

América Latina en este sentido se encuentra en una posición estratégica muy delicada: es poseedora de recursos naturales apetecibles por las economías más ricas del planeta, o más necesitadas de estos recursos. Por lo tanto, su manejo - agua, energía, biodiversidad, cultura, entre otros – conlleva a tener una fuerte presión desde afuera, por parte de los países que quieren acceder a ellos, y desde adentro, de parte de los sectores sociales que a menudo presentan intere-ses contradictorios y fundamentan en ellos su anhelo de cambio. Por lo tanto existe un desafío muy grande para los gobiernos latinoameri-canos, para que estos recursos se conviertan en factor de desarrollo: casi nadie ha logrado que así sea.

 

La coca es uno de estos recursos, demonizada (por ahí andan los diablos) y mitificada; des-preciada y codiciada; odiada y reivindicada. Lo que quiere esta publicación es devolverle su es-tatus, reconocerle su dignidad (una planta es una planta), y reconocer el uso, medicinal, ritual, económico, etc., que otros seres humanos y gru-pos sociales, de diferentes épocas históricas, le han atribuido. Se trata de contribuir a un debate serio, y por seriedad entendemos ir al fondo de los problemas y encontrar so-luciones reales, no imaginarias, para resolverlos, respetando los derechos humanos y los derechos colectivos.

Nosotros no creemos en las batallas y en las guerras; tampoco en aquellas contra la pobreza, la corrupción, el hambre, las drogas. Creemos más bien que para solucionar las situaciones difíciles no es necesaria la fuerza, por ningún lado de que ella esté (todos los que la usan di-cen que es para erradicar el mal), sino, al contrario, dejar de usarla, para que los conflictos (como la pobreza, el hambre, la corrupción, la droga) sean absorbidos y desactivados por sus propias causas, por sus propias contradicciones.

 

Solo abrigamos la esperanza que al centro del debate esté la dignidad de las personas, de las comunidades, de los países y no oscuros intereses que, al final, han producidos miles de cruzadas, dejando un saldo de muchos abatidos en el terreno y unos tantos ganadores en los castillos.

 

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PRÓLOGO: DIABOLICAS VOCES DISONANTES

 

Por: Pien Metaal

Transnational Institute (TNI) Ámsterdam, Holanda

 

¿Hasta dónde es factible seguir creyendo sen-satamente que las actuales políticas de control de la oferta de drogas son eficaces y justas? Los gobiernos de los países productores - en este caso de los países andinos - están condenados por su propia impotencia, sirviendo la causa de una lucha antidroga sin cuestionamiento. Delei-tándose en las buenas relaciones con los Estados Unidos, sometiéndose a la vez a fuertes presio-nes ante la imposibilidad real de implementar las exigencias de la comunidad internacional. El panorama se ha hecho más complejo en los últi-mos años, debido a la peligrosa confusión entre el control del tráfico de drogas y la lucha contra el terrorismo. El Perú no ha escapado a este es-quema ‘narcoterrorista’ impulsado desde Wash-ington para el resto del mundo.

 

En la región andina abundan ejemplos de lo inú-til y perjudicial que demuestran ser las actuales políticas de control de drogas. Desde barcos pesqueros perforados por agentes antidroga en Ecuador; un gobierno "matón" del medio am-biente en Colombia; Bolivia con su herencia dolorosa de erradicación forzosa con muertos y heridos; hasta la peligrosa mezcla de fuerza autoritaria, intransparencia e intransigencia en el Perú, imponiendo silencio a las voces disonan-tes.

 

Washington, la Plaza de Armas, y el mundo entero están haciendo oídos sor-dos. El modelo aplicado hasta ahora se ha agotado, ya no sirve para más. No hay modelo único que valga para todo. La falta de imaginación y voluntad po-lítica para enfrentar los problemas de fondo, respaldada por un aparato burocrático militar construido para implementar las políticas de control de la oferta, con el supuesto noble fin de reducir los daños causados por el consumo y el crimen, hace exactamente lo contrario: induce a más desastres humanos, naturales, sociales y po-líticos. Si eso no fuera suficiente, además, se está destruyendo un recurso natural de alto valor medicinal y cultural, como es la hoja de coca.

 

En el caso del Perú, particularmente, el debate público está recluido con las ruinas preincaicas. La gente todavía parece no haberse puesto de acuerdo en la definición de ‘narcotraficante’. Mientras que cualquiera que aboga a favor de la coca puede ser tildado de narco, a los verda-deros narcos no hay quién se atreva a identi-ficarlos. Los medios de comunicación peruanos, que podrían ser una voz importante para dar a conocer hechos relevantes de la realidad perua-na y servir como medio de expresión de un de-bate serio sobre las drogas, a menudo se callan e incluso distorsionan la información.

 

Parecería que en el Perú estuviera prohibido cuestionar la manera como el gobierno desarro-lla sus políticas de control de drogas. En estos momentos se encuentran los únicos ejemplares en la biblioteca nacional peruana de un libro sobre la legislación peruana antidrogas cuya venta o distribución está prohibida.

Según los últimos datos de la ONU, los cultivos de uso ilícito se incrementaron, en el Perú, en un 14% en 2004. En el Alto Huallaga, el incre-mento llegó a ser de 24%. Pero, más preocu-pante que este aumento en sí mismo es que más de la mitad de los nuevos cultivos - 52% por ciento - se encuentran en “otros luga-res”, fuera de zonas tradicionalmente conocidas como de cultivo, lo que implica que se ha producido una intensa dispersión, y más desplazamientos, mu-chas veces hacia zonas ambientalmente vulne-rables.

 

Iniciativas de gobiernos locales, como el proyecto de ordenanza aprobado recientemente por unanimidad en el Cusco, deben servir como punto de partida para el diseño de políticas novedosas y pacificadoras. Esta iniciativa reconoce la producción tradicional y legal de la hoja de coca sin tope en determinados valles, y tiene como principal objetivo promover la industrialización de esta planta con fines medicinales, científicos, alimenticios, y para el chaccheo de la población. Valiosas iniciativas de empresarios para industrializar la hoja de coca también merecen apoyo; a cambio solo hay obstrucción de las autoridades.

 

Es tal el ambiente inquisitorial en el Perú res-pecto al debate sobre las drogas, que los autores de la obra aquí reseñada se han autodenominado ‘los diablos’. Se trata de figuras reconocidas en el escenario cocalero peruano, entre los cuales aparecen productores, pero también académicos y especialistas, estos últimos tan arrinconados y censurados como los mismos productores. El aporte de esta obra será sin duda de gran valor para dar inicio a un debate y una apertura que conduzca a la reforma de las políticas del control de drogas. Porque deben de ser posibles otras políticas de drogas, hasta en el Perú.

 

 

 

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SOBRE LOS DIABLOS

 

- Hugo Cabieses: Economista, licenciado en la Universidad del Pacífico, presidente de la Aso-ciación Civil Desarrollo Rural Integral Sus-tentable (DRIS), investigador del Foro Peruano de Relaciones Internacionales (FOPRI), inves-tigador asociado del Transnacional Institute (TNI) de Ámsterdam y asesor de organizaciones de productores agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú.

- Baldomero Cáceres: Psicólogo social, profesor jubilado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha sido desde 1977, con su inicial artículo “La Coca, el Mundo Andino y los Extirpadores de Idolatrías del s. XX” (recogido en América Indígena 4, 1978), un destacado promotor de la re-valorización del coqueo andino y de la hoja de coca. Mantiene una página Web Cocachasqui, en la cual, desde una posición antipsiquiátrica, extiende su defensa a otras plantas prohibidas.

- Elsa Malpartida: Hasta marzo del presente año fue secretaria de organización de la CONPACCP y es Presidenta de la Asociación de Productores Agro-pecuarios y de la Hoja de Coca del Alto Huallaga-Tingo María. Es hija de agricultores y nació hace 40 años en Huánuco, aunque vivió y estudió enfermería en Lima. Está casada y tiene dos hijas. Es dirigente cocalera desde los 27 años. Paralelamente se desempeña como ama de casa y se encarga de administrar su propia empresa de transporte de carga y pasajeros, que cubre la ruta Tingo María-Pucallpa-Aguaytía. Posee ganado y una pisci-granja, además de cultivos de café, naranjas y una hectárea de coca.

- Nancy Obregón Peralta: Es presidenta de la Asociación de Campesinos Cocaleros y produc-tores Agropecuarios "Saúl Guevara Díaz" de Puerto Pizana-Valle del Mishollo-La Pólvora-Tocache y subsecretaria general de la Confe-deración Nacional de Productores Agropecua-rios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Nació en Lima en 1972, pero sus padres son migrantes del departamento serrano de Abancay. Vivió en Lima, en el barrio popular San Juan de Miraflores y estudió Enfermería y Administración en la Fuerza Aérea del Perú. Emigró a la selva y allí conoció a su esposo, Fabio Chávez, un ex-policía, con quien tiene cinco hijos. Vive en el poblado Santa Rosa del Mishollo en el distrito de La Pólvora y se dedica al cultivo de cacao, yuca, naranjas, piñas y cocos, además de administrar un restaurante en el poblado y tener tres cuartos de hectárea de coca que vende en el centro de acopio de Puerto Pizana, autorizado por la ENACO. A sus 33 años es la dirigente cocalera más joven.

- Róger Rumrrill: Escritor y periodista especializado en Amazonía, nacido en Iquitos, a orillas del gran río Amazonas. Ha publicado 25 libros sobre Amazonía, en un abordaje múltiple desde la historia, el ensayo, la narración, el guión de cine, la poesía y el periodismo, un ase-dio lúcido y a la vez apasionado de la compleja y riquísima realidad amazónica. La problema-tica del narcotráfico es un tema que Rumrrill trabaja desde los setentas del siglo XX.

- Ricardo Soberón: Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima., M.A en Política Interna-cional Departamento de Estudios por la Paz, Universidad de Bradford, Inglaterra (1999). Anteriormente ha dirigido el Programa de Relaciones Civiles Militares en OTI (2001), ex asesor parlamentario y ha estado a cargo del Programa de Narcotráfico y Derechos Humanos en la Comisión Andina de Juristas. También es-tuvo a cargo del Programa de Fronteras de Consejería en Proyectos (PCS), en Colombia (2001/2003).

 

 

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“EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO NO ES

DE OFERTA SINO DE DEMANDA”

 

 

Entrevista de David Barrientos a: Hugo Cabieses Cubas

 

Fuente: Palestra, Portal de Asuntos Públicos de la PUCP, Julio 2005; http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=151&num=1

 

 

 

Síntesis: En esta entrevista el economista Hugo Cabieses, especialista en el tema de la hoja de coca, cuestiona la estrategia utilizada por el gobierno para dar fin a la comercialización ilícita de drogas. Además de mayores detalles sobre los tipos de mercado existentes para la hoja de coca, el entrevistado pone en tela de juicio las estadísticas utilizadas y afirma que es necesario atacar a los eslabones intermedios de la cadena comercializadora de drogas, es decir, a los que fabrican y comercializan el cloro-hidrato y la pasta básica de cocaína.

 

- David Barrientos/Palestra: La estrategia de erradicación de coca parte del supuesto siguiente: “a mayor cantidad de coca erradicada, menor narcotráfico”. ¿Cuán real es esta premisa? ¿Considera que una estrategia de erradicación de la coca tiene un impacto real en la disminución del narcotráfico?

- Hugo Cabieses: Creo que la hipótesis de la que parte esta estrategia es errada porque el pro-blema del tráfico ilícito de drogas no es funda-mentalmente un problema de oferta sino de demanda. Yo soy economista y a los econo-mistas nos enseñan que es la demanda la que determina la oferta, sobre todo en negocios de alto riesgo como éste. Y por lo tanto, cuando lo que estamos atacando es la oferta, en este caso la producción de droga, no estamos resolviendo el problema sino dispersándolo. Para ponerlo en concreto: la erradicación de coca tiene tres efec-tos. El primero es el “efecto globo”, es decir, los cultivos de coca se trasladan hacia otros países, zonas o departamentos en un mismo país. El segundo efecto es el “efecto mercurio”; uno echa una gotita de mercurio en la mesa y se dispersa. Esto es lo que está sucediendo: el narcotráfico se está dispersando. Y el tercer efecto es la posibilidad de que el narcotráfico se extienda hacia las fronteras. El resultado final es que no se resuelve el problema sino que se dis-persa.

- Si esta estrategia no está funcionando ¿cuál debería ser un nuevo enfoque?

- Lo que debe hacerse es atacar los eslabones intermedios de la cadena. Es decir, no a los agricultores que producen la hoja de coca, que es la materia prima del clorhidrato de cocaína y la pasta básica de cocaína; y tampoco a los consumidores, que son los pobladores, general-mente pobres, de los países del norte o de nuestros propios países; sino a los que trafican con recursos químicos para producir la pasta básica y la cocaína, a los que lavan el dinero proveniente de este enorme negocio, y a aque-llos que son sus “gerentes”. Se trata entonces de tener un buen sistema de información e inteli-gencia que ubique efectivamente a los respon-sables, y no optar por el camino más fácil que es reprimir a los consumidores y a los productores. Esto último, además, se realiza con una tesis absolutamente equivocada, que es la que tiene Estados Unidos, para quien es mejor matar a las abejas que están en el panal que a las millones que sobrevuelan en su propio territorio. Esto, en última instancia, no resuelve el problema sino lo complica (recordemos que de esta complicación viven muchísimos funcionarios y policías, y que Estados Unidos invierte cada año muchísimo dinero).

- ¿Ha fracasado Estados Unidos en la guerra contra las drogas?

- Bueno, los indicadores están ahí para seña-larlo. Cada año hay más cultivos, hay más pro-ducción y más consumo, hay más tráfico y más violencia, y también más falta de democracia asociada a la problemática de las drogas. No se está resolviendo el problema sino que se está complicando.

 

Problemas con las cifras

 

- Los resultados estadísticos con respecto a las zonas de cultivo de hoja de coca en el Perú, realizados tanto por el INEI como por las Naciones Unidas, han generado algunas reacciones. ¿Qué es lo que principalmente se les critica?

- En términos metodológicos, no cuestiono el estudio del INEI pues confío en la capacidad técnica del equipo que lo hizo. El problema es que se trata de un estudio incompleto, porque se concentra sólo en el consumo, cuando el asunto es más complejo. Los agricultores pidieron un estudio sobre cultivos, producción, comercio y consumo.

- ¿Y con respecto al estudio de las Naciones Unidas?

- Ellos usan sensores satelitales, aerofotografía y verificación de campo. Lo que pasa es que no se evalúa el efecto dispersión, sino que se evalúa qué cantidad de coca hay en determinada zona y se observa cómo evoluciona de un año a otro. De esta manera, se evalúa en la misma zona pe-ro no en aquéllas hacia donde la coca se ha tras-ladado. Ahora bien, ni la fotografía aérea ni los sensores satelitales pueden evaluar realmente el efecto dispersión, es decir, que la coca se vaya a las micro cuencas o que crezca debajo del fo-llaje. Eso no puede ser detectado por sensores satelitales ni por fotografías aéreas, se requeriría una verificación de campo. De otro lado, no se cruza la información con dos aspectos impor-tantes. Uno es la demografía. Es decir, es imposible que en un valle donde hay 50 mil personas se calcule 8 mil hectáreas de cultivo de coca. Cada hectárea de coca requiere la mano de obra de 1,5 a 2 personas. Esto quiere decir que se necesitarían 16 mil personas, lo cual es imposible demográficamente, ya que de 50 mil personas, sólo 10 mil son PEA, y no todos se dedican a la coca. En segundo término está el (aspecto) agronómico. Por ejemplo, en San Ga-bán no era posible - tal como lo dijo Devida - que se pasara de 465 hectáreas en 2003 a 3 800 hectáreas en 2004. Yo he estado en San Gabán y he revisado su estadística. El informe de la ONU habla de dos mil hectáreas, lo que tam-poco es posible, como lo es el pasar de un año a otro de una productividad de 400 kilos por hectárea - como la que existía hasta hace uno año en Cuzco - a 1 590 kilos por hectárea, que es lo que dice el informe de la ONU. El año 2003 se dijo que en la zona de la Convención, Yanatile, se producían al año 5 000 toneladas métricas. En 2004 se dice que hay 18 000 mil; esto tampoco es posible.

- ¿Cuán amplio es el mercado en el Perú para la comercialización de la hoja de coca?

- Hay quienes reconocen (que en el Perú exis-ten) hasta tres mercados: el legal, cuyo principal comprador es Enaco (Empresa Nacional de la Coca); otro ilegal que es el que va a la poza de maceración; y un tercero, que es el informal, de contrabando, que si bien desde el punto de vista de la comercialización es ilegal, desde el punto de vista del destino, es legal porque no va al trá-fico ilícito de drogas sino al consumo tradi-cional. Dirán que es la misma coca, pero no es así. La coca que va para la boca es diferente a la que va a la poza. La coca que va para la boca es verde, semi-seca, sin ningún tipo de fertili-zantes, y es más cara. Y la coca para la poza es negra, sucia, mal secada, y es más barata. Y existen incluso otros dos mercados: el mercado del trueque - que se encuentra en el mundo campesino –; y el que surge del pago por faenas comunales, que en realidad se basa en relaciones de reciprocidad.

- Entonces, si las estadísticas no son confiables, ¿cuál sería el mercado real para la hoja de coca?

- No sabemos cual es el mercado real de la hoja de coca. ¿Son las 9 mil toneladas métricas que dice el INEI que corresponde al consumo tradi-cional? No lo sabemos. Yo he hecho algunas encuestas en el valle del Monzón y la cuarta parte de la producción de coca es usada en el mismo valle, no para la poza de maceración sino para las faenas comunales y para el trueque. Probablemente ésa sea la proporción a nivel nacional: que la cuarta parte se va para el trueque y las faenas comunales (el cuarto y el quinto mercado identificado). Entonces estamos evaluando mal.

 

Una estrategia nacional contra las drogas

 

- ¿Qué necesitaría el Perú para afrontar el tema del tráfico ilícito de drogas?

- El Perú necesita una Política de Estado propia sobre el tema de las drogas y de la coca. Así podría dejar de aplicar la política de Estados Unidos sobre este tema. Una Política de Estado sobre drogas y coca es una política que esta-blece una estrategia integral de reducción de daños. Hablo de esto porque las drogas han acompañado al ser humano durante toda su historia y lo seguirá acompañado por muchos años más. Entonces lo que necesitamos no es una “estrategia de guerra” contra las drogas sino de “reducción de daños”, tanto desde la producción, el tráfico y el consumo.

- ¿En qué consistiría una “estrategia de re-ducción de daños” de parte de los produc-tores?

- Significa trabajar programas de desarrollo ru-ral sostenible y sustentable, que lleve a que los cultivos actuales disminuyan pero no por repre-sión sino porque las alternativas productivas son mejores que la alternativa producida por la coca. De esta manera, los mismos productores se con-vierten en fiscalizadores para que la coca no vaya al narcotráfico. Esta estrategia no la acepta Estados Unidos porque considera que los agri-cultores son narco-cultivadores, entonces son delincuentes y, por tanto, no es posible aliarse con ellos.

- En la actualidad, en el Ejecutivo se está gestando una “ley para la hoja de coca”…

- En primer lugar, me parece lamentable que recién ahora el Ejecutivo comience a discutir la posibilidad de una ley luego de cuatro años de gobierno. La exigencia de una nueva ley es he-cha por los agricultores desde que este gobierno comenzó, e incluso antes. El presidente Toledo tiene acuerdos firmados con los campesinos del Cuzco, Tingo María y también de Ayacucho. Sin embargo, el gobierno recién actúa ahora debido a tres presiones: la del Cuzco, (que emitió una) ordenanza regional donde declara legal la hoja de coca de varios de sus valles; la de Tingo Maria, (a través de) las movilizaciones de los cocaleros y; sobre todo, de Estados Unidos, (a través de) la firma del TLC.

- ¿Qué medidas debería contemplar esta ley?

- En primer lugar, debería reconocer que la hoja de coca es un recurso natural y que forma parte de las identidades andina y amazónica de nues-tro país. En segundo lugar, debería tener un sis-tema de fiscalización mixto, no estatal, donde participe el Estado y la sociedad civil, a través de los productores, los consumidores, los go-biernos locales y los gobiernos regionales. En tercer lugar, debería eliminar cualquier tipo de erradicación forzosa para aquellos agricultores que estén empadronados; por lo tanto, debe abrirse un empadronamiento nuevo para todos aquellos agricultores que estén cultivando coca actualmente, y dar un plazo para su empadro-namiento. En el futuro tendrá que aplicarse la ley a todo aquel agricultor fuera del padrón, pero siempre priorizando una acción que no sea compulsiva sino gradual y concertada con ellos. Creo que es necesario crear mediante esta ley un instituto de investigaciones científicas y antro-pológicas sobre la hoja de coca, que promueva su industrialización. Y, por último, esta ley debe instar a la Cancillería a que aplique el acuerdo que hace dos años tomó el Congreso de la Re-pública: el Perú debía realizar, ante la ONU, las gestiones necesarias para retirar a la hoja de co-ca de la “lista de estupefacientes” (elaborada) por este organismo en 1961.

- Finalmente, los principales defensores de la erradicación de los cultivos de coca para combatir el narcotráfico afirman que la hoja de coca no tiene ninguna perspectiva más allá del tráfico ilícito de drogas. ¿Comparte usted esta opinión? ¿Considera que la hoja de coca tenga viabilidad en la industria?

- Me parece mal que se diga que (la hoja de co-ca) no tiene ninguna perspectiva. Nadie sabe si esto tiene alguna perspectiva. Lo más probable es que sí la tenga, internacionalmente, pero no se hacen los estudios porque está proscrita, está presa por la ONU. Entonces hay toda una serie de trabas que se ponen a nivel nacional e Inter.-nacional para hacer este tipo de investigaciones. No se puede decir entonces que no es posible la industrialización. De hecho, ahora hay bastantes experiencias que se han iniciado en el país, al-gunas con varios años y otras relativamente re-cientes para el uso industrial benéfico de la hoja de coca. Además, la función del Estado peruano no es trabar cualquier iniciativa peruana, al con-trario, es facilitar que la iniciativa privada se de-sarrolle.

 

 

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EL PROBLEMA ES EL NARCOTRÁFICO: NEGOCIO DE LOS GRINGOS, NO NUESTRA COCA

 

Por Ricardo Soberón Garrido

Fuente: Diario Regional-Huánuco, 14 de Julio 2005

 

La guerra contra las drogas se encuentra más perdida que antes, en medio de la guerra contra el “Terror” que realiza EEUU (Wolfowitz en el Banco Mundial, Bolton en la ONU), como ejercicio del poder global (global rule) que ejerce EEUU en el mundo a través de guerras preventivas (Afganistán, Irak), que generan más bien la perpetuación de los conflictos internos[1].

 

En su país, ello ha implicado restricción de libertades (Acta patriótica, leyes migratorias). En el mundo, negocian convenios de inmunidad/impunidad para 160,000 soldados (CPI), lo cual refleja el respeto por el derecho internacional (convenios de impunidad con 100 países).

 

Ahora entre ONGs, empresas y Estado manejan la reconstrucción (post conflicto, transición, catástrofe[2]) como nueva forma de colonialismo (B.Mundial[3], FMI). Dictan políticas globales, hemisféricas y nacionales – con o sin la ONU/OEA -, las evalúan a través de la ONU, pero en realidad alcanzan niveles de imposición y penetración formidables.

 

Los puntos no negociables de su política con los países andinos son:

 

· Estabilidad económica, privatización en América del Sur y no tocar medidas proteccionistas de EEUU;

· Respeto a inversiones;

· Restricciones a inmigrantes, refugiados (barricadas, muros en EE.UU., UE, Australia);

· Lucha contra las drogas en los términos y condiciones impuestas. Seguridad nacional.
· Limitaciones al desarrollo de la aviación civil; lucha contra el “terror”;

· Inmunidad internacional (CPI) para personas que no ejercen actividad diplomática;

· Aplicación/interpretación selectiva e interesada del derecho internacional: para drogas, muy drástico, Kyoto y CPI absolutamente flexibles.

 

Los países ricos gastan US$ 900 billones en armas y tan solo 78 billones en asistencia a los países pobres[4]. Mientras, 4 millones de campesinos en el mundo se dedican a los cultivos de los que se extraen drogas ilícitas como única vía de entrar a la globalización, el Estado se debilita y la región se fracciona.

 

Pero, ¿Acaso es más seguro el mundo?. Pobreza, marginación, exclusión, hambre, SIDA. ¿Pueden hacer más estables los países Andinos?. No, al contrario, los daños colaterales son: debilitamiento de la democracia, violencia, militarización (WOLA).

 

La agenda de EE.UU. para América Latina se encuentra fundada en dos/tres temas: comercio (del ALCA de 1994 al TLC asimétrico con países andinos [5]), drogas (internacionalización del Plan Colombia [6], extradición de 260 colombianos en los últimos tres años, aumento de Fols y operaciones de paz), y estabilidad democrática (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador).

 

Por lo demás, EEUU parece haber perdido la brújula en la conducción de esa tarea: cambios políticos mayores (Lula, Kirchner y Chávez por sus vínculos con Cuba, China, Rusia, Affaire de la OEA. Compra de armas de Venezuela.

 

Existe un clima de creciente inestabilidad política andina (Ecuador, Bolivia). Mayor atención le va a dedicar el Departamento de Estado a la evolución de las relaciones con Venezuela, la continuidad del régimen de Chávez y sus impactos regionales, falta de control en la cuenca del Orinoco (mayor reserva petrolera fuera del Medio Oriente). ¿Punto de partida para una injerencia en Venezuela?, de ahí la visita de Condolezza Rice a América del Sur.

 

Cómo el conflicto armado colombiano[7] reúne a varios de estos aspectos, el centro de su cooperación política y militar pasa – empieza por allí (tercer receptor de asistencia Militar de EE.UU. en el mundo): 800 militares y 600 contratistas. ¿Cuántos en el Perú?. El Rol de contratistas privados es creciente: Dyncorp, casos de cinco marines con droga (marzo) y otros dos dando municiones a las AUC (abril).

 

En el Perú, tenemos casos de convenios desconocidos, por ejemplo el Convenio de Apoyo Ribereño (ejecutando entre 1998/2002) es el más importante, con la Marina del Perú. Recién es conocido en el Congreso, lo que muestra el escaso control parlamentario, menos de la opinión pública. No ha servido ni en producir leyes ni en fiscalizar muchos aspectos de la política peruana de lucha contra drogas.

 

Incremento de la fumigación aérea con glifosato[8] en Colombia, hasta la fecha 276,000 has de coca fumigadas, desde 2000 (solo 2004, 136,000 has fumigadas) con mayor intensidad; está por iniciarse en Parques Nacionales (abril de 2005: 189 de 39 parques nacionales tienen coca).

 

Aunque en el Perú se ha negado la fumigación (M. Interior, DEVIDA), conocemos poquísimo de la realización de acciones de control biológico en áreas de producción de coca (existencia de suficientes denuncias en Huánuco, en Ayacucho), de la ejecución y resultados de un convenio con una universidad de la selva (allá por 1993). Esto no se investiga, de ello no se escribe en los periódicos.

 

La evaluación es que las políticas aplicadas en materia de erradicación de cultivos han fracasado, desde 1988 hasta la fecha, en contener las causas de la existencia de economías agrícolas sometidas a la economía ilegal[9]: ineficacia, dispersión y corrupción. La guerra contra las drogas no ha vencido ninguna guerra: ni a SL, ni a las FARC (no se desarticula control por grupos armados, al contrario, les da base social).

 

Consecuencia: Sí se ha producido un traslado de los cultivos a otros escenarios andinos, dentro (23/34 departamentos tienen cultivos) y fuera de Colombia, habiéndose modificado también el cultivo: dispersión absoluta, mayor cantidad de hojas por has, y escondite de cultivos. Bolivia de pequeño productor de coca ahora es un país insertado completamente en el tráfico y el consumo.

 

La continuidad de un año del Plan Colombia (julio 2000 al 2006); el Gobierno de Uribe se debate entre la paz/impunidad/lavado con las AUC (20,000) y “sometimiento” de los “narcos”[10], ¿pero y la verdad, las reparaciones, la justicia?. Por otro lado, la guerra contra las FARC/ELN?. Aplicación y efectos del Plan Patriota (FARC dice 200 muertos al Ejército): repliegue táctico, militarización de fronteras (6,300 kms).

 

El año 2004 ha sido un mal año para DEVIDA/PNP: pérdida de US$ 18 millones de cooperación americana, nota relativamente mala[11], aumento de los mercados locales. “Sin embargo, el problema es más profundo que la erradicación; es el narcotráfico. El narcotráfico trae más problemas, como el terrorismo, y estos problemas pueden extenderse a través de toda la región”[12].

 

El Perú, desde la visita de Bush a Lima en febrero del 2001, ha seguido siendo un receptor humilde y bondadoso de la Embajada de los EE.UU., en materia de drogas (DEVIDA, PNP, PJ/MP, UIF y el esquema de lavado de activos, Aduanas). Un simple ejecutor de las políticas gringas sobre los Andes: control ribereño en Iquitos, Loreto, control aéreo hasta el 2009 de Manta y Tena, en el Ecuador[13]. Varias tensiones. Mal enfoque, Son equívocas, Irracionales. Se retroalimentan así mismas.

 

El panorama es complejo (PRECIO, DISPONIBILIDAD, CANTIDAD COCAINA PRODUCIDA 430 Tm en Colombia y 120 en Perú, al año). No solo el narcotráfico se ha reestructurado en las cuencas cocaleras (JIFE), UN Global Trenes, Dpto. Estado, OEA/MEM, WOLA, ICG): 50,800 has de coca y 1,200 de amapola. Organizaciones trasnacionales, segmentación de las fases y especialización. Tercerización empresarial ilegal.

 

Nuevos desplazamientos, rutas (la autopista marítima, el sector hidrobiológico), dentro y fuera del Perú, hacia México, hacia Río de la Plata. La ruta marítima de la cocaína es ampliamente usada (Tacna, abril 2005, 1 Tm = US$ 10 millones) en una extensa franja costera desde Valparaíso, Chile hasta Buenaventura, Colombia. Este cambio viene en realidad desde los tiempos de Fujimori y Montesinos. La necesidad de enfocar el trabajo en el control de puertos, revisión de Capitanías. Ver empresas hidrobiológicas.

 

Las áreas de cultivo seguirán aumentando en la Amazonía (2.5 millones de has deforestadas en el Perú versus 200,000 has de coca y 7,000 has de amapola en los Andes), a pesar de las acciones de erradicación que se ejecuten, o el sistema de monitoreo o tecnología satelital con la que se cuente. Nuevas áreas en zonas más inhóspitas surgen como en el Putumayo, Marañón, Satipo, Perené y Ene.

 

El desarrollo alternativo no ha sido una solución en los 20 años que lleva de ejecución, por magnitud del esfuerzo[14]15, por la distracción de recursos, por imposición, por desvincularlo de la sociedad y de los temas de comercio internacional agrícola (Proteccionismo vs. Liberalismo). Se cuenta con US$ 64 millones de cooperación y según DEVIDA, se requieren US$ 3749 millones. Ver diversos Informes: precios, producción, áreas, corrupción, etc. CUALQUIER INDICADOR. Áreas no son más importantes, sino productividad. Erradicación no tiene efectos. 2003 42,000 has (Perú), 23,600 has (Bolivia), 86,300 (Colombia).2004.

 

Se sigue una tendencia de sanción/represión que está ligada a la creación de modelos entre la opinión pública: el campesino “narcoterrorista”, el cocalero que depende económicamente de ENACO, la gravedad del problema requiere primero, rigor y seriedad, antes que adjetivos y epítetos. Se ha cortado diálogos con instancias representativas de los productores. Se han reducido ámbitos de trabajo de la cooperación. Ha empeorado la situación de seguridad para todos. Esto va a llevar a exacerbar las situaciones cuando se produzcan diferencias.

 

Lo que no puede hacer un Estado (DESAFIOS):

 

· Utilizar, reemplazar a las organizaciones, sus instancias, sus procesos de toma de decisiones.

· Se han apropiado del sistema jurídico global y regional: CICAD/OEA.

· Luego, apropiarse de los medios de comunicación locales (radios, periódicos): compra de periodistas en las áreas cocaleras. Adueñamiento de las páginas de opinión. Cierre de otras opciones.

· Engañar, eludir, dividir (opinión pública, reducir acceso)

· El tema de DROGAS no es solo delincuencia: es sobre todo Salud Pública, Desarrollo Rural y Administración de Justicia.

· El Perú fue un “narco” Estado (1995-2000)

 

Lo que se debe hacer (ALTERNATIVAS):

 

· Suspender la erradicación (10,000 has en el 2004 y se planean 8,000 en el 2005), como política de Estado. Reemplazarla por… reducción voluntaria concertada.

· Aplicación selectiva de la ley penal.

· Nuevo re-empadronamiento de campesinos (actualización permanente), comerciantes, predios, mercados de coca legal en el Perú. Es fundamental la generación de ciudadanía (ejercicio de derechos), esto pasa por la modificación del régimen de ENACO;

· Cumplimiento del Acuerdo Nacional, necesidad de definir una política que permita cumplir con obligaciones de acuerdo a nuestras posibilidades y necesidades.

· Ponerlo en Programas de Gobierno, con POLÍTICAS PÚBLICAS pero no el típico: “Vamos a luchar contra el flagelo…”

· Desde CIUDADANIA y DERECHOS, antes que desde la represión exclusivamente, generar las bases para un Acuerdo Social: no más represión indiscriminada.

· Utilizar el tema de las drogas, el narcotráfico, como un instrumento de su política exterior, y no como un instrumento de IMPOSICIÓN.
· Pelear en los foros internacionales: proteccionismo agrícola en EE.UU. favorece el narcotráfico. Mientras no se resuelva esto, la oferta seguirá existiendo. Pero además debe haber otros niveles de inversión, pública y privada, nacional e internacional.

· Decisión Política (SELVA ALTA, desarrollo, DDHH, ESTADO DE DERECHO) normalización de Política Pública.

· Necesidad de revisar y reformar el modelo actual, a nivel político, científico y a nivel jurídico. En este plano, debe de haber un ordenamiento legislativo específico en el campo de la salud, del desarrollo y selva alta, y obviamente la cuestión penal (acabar con dispersión, contradicción).
· La ruta más cercana es un Acuerdo Político, con sectores interesados, gremios, academia, sociedad civil.

· Trabajar con lo que se tiene: así es como se cumplen los compromisos internacionales.

 

 

 

 

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“SE HA REVALORIZADO LA HOJA DE COCA EN EL PERÚ”

 

Entrevista del Flor Huilca a: Baldomero Cáceres Santa María

Fuente: “La República”, 22 de Junio 2005

 

 

Destaca resolución regional del Cusco que legaliza producción de hoja de coca.• Pide desactivación de Devida.

 

–¿Cuál es su opinión sobre el decreto del Cusco que legaliza la hoja de coca? Hay críticas en el sentido de que eso podría generar efectos similares en otros valles.

–Lo que ha hecho Carlos Cuaresma es asumir un pedido de los cocaleros del Cusco para que se reconozca  a esa zona como de cultivo tradicional. La medida ha sembrado tanta repercusión porque es el Cusco; anteriormente hubo ordenanzas similares en Ayacucho y Huánuco, y no pasó nada. Esta vez se da en el Cusco en momento en que en el sur se está recuperando una identidad quechua y aymara; eso le da una especial significación. A mí me alegra.

–A diferencia de Huánuco y Ayacucho, en el Cusco, además de  reconocer el valor cultural, se declara como legal la producción. ¿Tal vez allí radica la preocupación del Ejecutivo?

–Eso lo tendrá que precisar  Cuaresma. Pienso que se tendrá que distinguir  la coca legal de la ilegal. En mi opinión, se debe ir mas allá, se debe aprovechar esta ordenanza para mirar que tenemos un recurso natural perfectamente adaptado y que está fuera del mercado mundial por una legislación internacional que la prohíbe, la misma que se apoya en una sentencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que considera al coqueo andino como  una toxicomanía,  fundamento que nadie comparte ahora. Hay que pensar qué hacer con eso: ir  contra el ánimo popular que la defiende o sacar la cara por la coca y abrirla al mercado mundial.

–El problema fundamental de ese debate es el mercado. ¿A dónde iría toda la producción de coca porque los cocaleros reconocen que parte de su producción va al narcotráfico?

–Una vez que se abra el mercado internacional habrá un mercado explosivo. No hay duda de que hay múltiples usos de la hoja de coca. El  siglo XIX la coca sirvió de base para calificar vinos, para hacer pastillas de coca y gaseosas. El tema del mercado en este momento puede verse difícil, pero cuando se abra la calidad del producto puede garantizar su comercialización.

–¿Usted comparte la idea de desactivar Devida?

–Sí. Lo que planteo es que debe haber liberación del cultivo, de la comercialización y una defensa  por parte del Estado; eso automáticamente significa la desactivación de Devida y de Enaco, es un cuello de botella que no permite que los industriales trabajen directamente con el campesino.

–¿Hay un avance en la revalorización de la hoja de coca?

–Por supuesto. En la declaración de Ilo de 1994 el presidente del Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Carlos Paz, se fijaron revalorizar la hoja de coca y sacarla de la lista de sustancias prohibidas. El Congreso pidió a la Cancillería  gestionar ese mismo objetivo, pero eso no se traduce en un cambio frente a la hoja de coca.

 

 

 

 

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SELVA DE IDEAS: PUNTO DE QUIEBRE EN POLITICA SOBRE COCA

 

Escribe: Róger Rumrrill

Revista Agronoticias Nro. 302, Julio 2005

 

 

Algunas promisorias señales de que estábamos en las puertas de una nueva política sobre el tema de la coca y el narcotráfico, se dieron en días recientes.

● La primera de ellas fue la presencia en Lima de la Comisaría para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, quien —en vísperas de la Cumbre Presidencial Andina (Lima, 16-17 de julio), cuestionó sin medias tintas a la estrategia erradicadora de la coca y abogó por un enfoque de inclusión y diálogo con los productores, anteponiendo el desarrollo a la represión. Es decir, poner los caballos delante de la carreta y no al revés, ocurre desde hace 30 años en la política antidrogas.

● Una segunda señal fue la Cumbre Andina que hacía presagiar un debate intenso en torno al replanteamiento y la reformulación del esquema antidrogras inspirado por Estados Unidos, con miras a la aplicación generalizada del nuevo enfoque en los países andinos.

● Producto de esa cita andina fue la Estrategia de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, conocida también como la Decisión 614, aprobada el 15 de julio.

● Tal  documento, según el analista Hugo Cabieses, quien lo ha estudiado en detalle, expresaría ―formalmente— una inflexión en la política sobre la coca y el narcotráfico.  Pero no es así. ¿Por qué?.  Porque de acuerdo con el citado especialista, en el fondo dicha estrategia apunta prioritariamente al control de la oferta, excluye a los principales actores (asociaciones de productores, gobiernos locales, empresarios interesados en la industrialización lícita de la hoja y otros eslabones del circuito), no reconoce a la coca tradicional y los consumidores legales, y no es resultado de una elemental concertación institucional de amplia base.

● Al final de cuentas, la estrategia ha terminado siendo sólo el producto de la tecno-burocracia especializada en le tema, con buenos modales y palabras, pero incapaz de cruzar el Rubicón, por temor a perder sus privilegios y malquistarse con Washington.

● Se sabe, además, que todas las buenas intenciones de cambio se estrellaron finalmente en las posiciones de Colombia y de la cancillería peruana, cuya representante en el tema, Dora Rodríguez, estaría alineada absolutamente con la posición estadounidense. En términos ajedrecísticos, Colombia fue el peón y el Perú el alfil en esta nueva y fallida intención de modificar la estrategia de la “guerra contra las drogas”, que en tres décadas ha demostrado una total inoperancia.

 

Debate esclarecedor

 

Mientras  las ilusiones sobre una posible inflexión en las políticas frente a la coca y narcotráfico se esfumaban, un colectivo de instituciones — RED Perú, CICCA, MUNIRED, IDEAS y CIPCA, entre otras — efectuaron en Lima una fecunda reunión de trabajo acerca del tema “Políticas y Estrategias sobre Drogas, Hoja de Coca, Desarrollo Rural y Orden Público desde el Campo”, el 20 pasado.

● El propósito de dicha cita — que congregó a expertos, líderes de opinión, representantes de productores, alcaldes rurales y funcionarios vinculados al tema — fue discutir con pluralismo y transparencia los temas enunciados, como preparación de una consulta mayor que se realizará en un Foro Andino (Lima, octubre próximo), para plantear propuestas mínimamente consensuadas, con miras a la Cumbre Unión Europea-América Latina, que tendrá lugar en Viena, Austria, en mayo del 2006.

● Estuvimos en esa cónclave, coordinada por el jurista y experto en política internacional Ricardo Soberón Garrido, para intercambiar reflexiones y propuestas con Carlos Tapia, Eduardo Musso, Reynaldo Trinidad, Víctor Belleza, Fernando Larios, Baldomero Cáceres, Tomás Montoya, Hugo Cabieses, José Balarezo, varios alcaldes rurales y dirigentes cocaleros, como Pascual Guzmán, Fortunato Contreras, Genaro Ccahuana Serna, Froilán Meléndez y Cornelio Ramírez,  por citar a algunos.

● Ahí hubo una verdadera lluvia de ideas, conceptos, críticas y planteamientos para esclarecer el panorama y fijar algunas premisas básicas, tales como:

1)   la coca es parte de la biodiversidad y la cultura andino-amazónicas;

2)   coca y cocaína no son lo mismo, como tampoco productores de hoja y narcotraficantes;

3)   los grandes generadores de la cocalización ilícita son la pobreza rural interna y el mercado externo de drogas;

4)   alrededor del 96% de los dividendos de este negocio se queda en los países consumidores, pues de lo contrario las áreas productoras de coca serían prósperas;

5)   no necesariamente existe relación entre coca y terrorismo, tanto que en los valles cocaleros del Cusco y Puno no hay focos de subversión armada;

6)   la clave para el éxito del desarrollo alternativo es asegurar mercado permanentemente  rentable para los productos sustitutorios de la coca en la Amazonía y los Andes; el Tratado de Libre Comercio (TLC) sin equidad con Estados Unidos, por elitista y antiagrario, generaría un “boom” un precedentes en el trinomio coca ilegal-narcotráfico-terrorismo; y,

7)   para encarar seriamente este problema no hay mejor camino que el diálogo y la concertación sin exclusiones.

 

Punto de quiebre

 

Al final del intenso debate, Ricardo Soberón y Tomás Montoya procesaron algunas conclusiones preliminares. La primera es que, no obstante las señales de cambio  por parte del Estado peruano y de las naciones andinas, ellas no se  han concretado en la práctica.

● Entretanto, desde abajo — o sea, desde los actores cocaleros y la sociedad rural en conjunto — hay una dinámica que conduce inevitablemente a un punto de quiebre  en el tratamiento del tema, quiéranlo o no el oficialismo, Estados Unidos y quienes entierran la cabeza por no querer ver la realidad.

● Otra de las conclusiones se refiere a la renovada y creciente presencia de los gobiernos locales del medio rural en la discusión y búsqueda de soluciones estructurales frente a la pobreza y sus secuelas indeseables, incluyendo a la cocalización. A este respecto, Fortunato Contreras, alcalde del distrito Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco, Alto Huallaga, fue enfático en señalar que en su ámbito la erradicación compulsiva de la coca y la ejecución de los programas de desarrollo alternativo no han tenido ningún éxito, porque los productos sustitutorios no encuentran mercado mínimamente seguro y rentable. “En cambio la coca —dijo— no busca mercado porque lo tiene, y ése es el secreto de su éxito”. Contreras también hizo una grave denuncia: 10 “obras” iniciadas por los ejcutores del programa de desarrollo alternativo en dicha zona no terminan nunca.

● También se concluyó que es fundamental tener información real y actualizada sobre —entre otros aspectos básicos — la superficie cocalera y el volumen exacto de la hoja destinada al consumo legal.

● Como se sabe, la encuesta efectuada por el INEI en el 2004 indica que sólo 9,000 toneladas métricas van a este mercado, constituido por unos 4`000,000 de peruanos, mayormente rurales.

●  Sin embargo, hay suficientes razones de peso para dudar de este cálculo, partiendo por lo siguiente: el INEI estima que el consumo legal es sólo de 2.7 kilogramos por persona/año. Pero cualquier campesino sabe que el piqchador (masticador) tradicional consume — mínimo — una onza por día. En consecuencia, el consumo legal promedio giraría alrededor de cinco kilogramos por persona/año: casi el doble que el estimado oficial. A ello se debe añadir las posibilidades de la industria lícita.

● Otras conclusiones señalan: que tenemos un Estado inepto y una política disfuncional para abordar seriamente la solución del problema rural incluida la relación coca-narcotráfico; que el flagelo de las drogas atraviesa la realidad política, económica, geopolítica y social del país, y que por lo tanto, está en el centro mismo del inminente Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

 

Presiones desde abajo y arriba

 

Fue Eduardo Musso quien dijo que el Estado y la política oficial son disfunciales  frente a la problemática campesina, la pobreza, la coca y su relación con el narcotráfico. Para mí, una prueba concreta de ello son las recientes ordenanzas de los gobiernos regionales del Cusco, Puno, Ayacucho y Huanuco, que han legalizado indiscriminadamente — excepto en el Cusco — al  cultivo de la coca. El propio Estado y concretamente este gobierno, con su ineptitud, han abierto la puerta para éstas y otras  “legalizaciones” explosivas. A ello se debe sumar la formulación unilateral del proyecto para la nueva Ley de Coca, presentado recientemente al Congreso de la República por el Poder Ejecutivo. Tal iniciativa ignora los problemas y soluciones de fondo para la hoja.

● En todo caso, presiones desde abajo y también desde arriba empujan hacia el punto de quiebre que señalaba Ricardo Soberón. Por lo pronto, los cocaleros empiezan a tejer un proceso de unidad en torno a una agenda que será procesada el dos de agosto próximo, con la presencia de los presidentes regionales concernidos, la Defensoría del Pueblo y Monseñor Luis Bambarén, entre otros.

● Por lo visto, no todo esta perdido. Presiones desde abajo y desde arriba todavía pueden hacer cambiar esta historia.