LA PROBLEMÁTICA DE LAS CUENCAS COCALERAS DEL PERU

La hoja de coca tiene una larga tradición en el Perú, hasta hace cuatro décadas sus extensiones de cultivo servían para atender la demanda de usos tradicionales y se exportaba legalmente en volumen reducido. Los arbustos de coca existían en forma silvestre y cultivada por el hombre. Es decir, la coca ha sido cultivada tradicionalmente para ser consumida a través de un mercado legal. Posteriormente en nuestro país, en la década del 60 al 70 se produce un acelerado proceso de incremento en el mercado internacional del consumo de drogas cocainicas que estimula sinergicamente, vía mejores precios de compra de las hojas de coca, el incremento de nuevas áreas cocaleras a lo largo de la cadena de valles de los principales ríos como el Huallaga, Apurimac, Ene, Ucayali, Urubamba, motivando a su vez el desplazamiento migratorio de poblaciones campesinas de otras localidades del país que atraídas por estas incentivadoras expectativas económicas se asientan en estos valles configurando espacios de explotación agrícola de cultivos de coca mediante la ampliación de áreas existentes y/o la formación de nuevas cuencas cocaleras y configurando una problemática socioeconómica de profunda complejidad que enfrenta al Estado peruano con un gran reto para plantear las soluciones necesarias.

De la información recabada podemos determinar que en nuestro país coexisten dos tipos de cultivo, los destinados para abastecer el mercado legal y otro el mercado ilegal; el primero que es de menor proporción y el segundo de mayor volumen para el narcotráfico. De acuerdo a la CNC la superficie de coca en el Perú es de 31 mil 150 has, con una producción de 52 mil 700 TM, mientras que para la ONUDD la superficie sembrada es de 44 mil 200 has. Con una producción de 50 mil 790 TM como se puede apreciar son datos discordantes. El cultivo y el consumo de la hoja de coca iniciada desde tiempos inmemorables se mantiene hasta la actualidad, estimándose que serían 4´000.000 de personas las consumidoras a nivel nacional, que comprometen alrededor de 250,000 familias. Las modalidades de consumo tradicional que actualmente se mantienen son: en forma de “Chacchado”, en mates y/o infusiones; para practicas de la adivinación y la atracción de la buena suerte en las ceremonias rituales.

Además del consumo tradicional, existe un incipiente proceso de industrialización, utilizándose la hoja de coca en la elaboración de productos farmacéuticos, bebidas gaseosas y vigorizantes, además de haberse experimentado su utilización en la elaboración de una serie de productos de consumo masivo como jabones, cremas dentales, caramelos, dulces, etc. A pesar que el Plan Nacional de Prevención y Control de drogas del año 1994 establecía que el Estado debería promover la realización de investigaciones sobre las bondades alimenticias, nutricionales y farmacéuticas de la hoja de coca, lamentablemente no se ha cumplido con esta política, habiéndose solamente declarado y encargado a ENACO la ejecución de estos estudios. Tampoco ha existido un verdadero impulso por parte de los gobiernos anteriores de promover la ampliación del mercado legal de la hoja de coca para de esta manera absorber mayores volúmenes de la producción. Sin embargo, debemos reconocer que un incremento de la demanda legal no permitiría aumentar significativamente los volúmenes de hoja de coca de producción legal para atender la nueva demanda.[1] También debe señalarse que a pesar de los usos legales que se le pueda encontrar a la hoja de coca, consideramos que estos avances no podrán desarrollar mercados con mejores precios que el mercado del narcotráfico. El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática por encargo de DEVIDA ha determinado que la magnitud del mercado legal (consumo tradicional e industrial) para el año 2004, asciende a 9,000 toneladas métricas, teniendo el Estado la obligación de garantizar la producción de hoja de coca para atender este mercado legal. La Comisión considera que este tipo de estudios deberían ser realizados cada cuatro años a fin de identificar las variaciones del mercado legal de este producto.

Si bien la Convención de las Naciones Unidas de 1961 proscribía el consumo tradicional y obligaba al Estado Peruano a eliminarlo en un plazo de 25 años, esta concepción fue modificada por iniciativa del Perú y de Bolivia en la Convención de 1988, que lo reconoció, permitiendo el cultivo de hoja de coca sólo para atender el consumo tradicional, pero bajo determinados mecanismos de fiscalización. La inclusión de la hoja de coca en la lista de estupefacientes de las Convenciones de Naciones Unidas ha sido materia de controversia en el Perú, motivando acciones de diversos sectores de la sociedad en búsqueda de su exclusión de dicha lista. El Congreso no ha sido ajeno a esta preocupación, habiéndose presentado, tramitado y aprobado una Moción de Orden del Día ante el Pleno del Congreso mediante la cual solicitaba que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores realice las gestiones pertinentes para lograr la exclusión de la hoja de coca del citado listado, desconociéndose el estado en que se encuentra esta gestión. Es necesario señalar que en la ultima década se implementó una débil política de promoción e investigación para uso legal de la hoja de coca y su industrialización.

Las disminuciones de las áreas de cultivo de coca en el Perú que notoriamente aparecen a partir del año 1995 obedece principalmente a factores exógenos determinado por los vaivenes en el precio internacional de las drogas cocaínicas, lo que ratifica que existe una relación directa causa, efecto entre el incremento y decremento de las áreas de cultivo de coca con el precio internacional del mercado de las drogas cocaínicas. Por tanto, la producción ilícita de coca seguirá existiendo en tanto subsista la demanda en el mercado internacional de drogas cocaínicas; cuya producción constituye un reto permanente al Estado Peruano. Así mismo, se considera que la ausencia de metodologías propias del país para la evaluación de las superficies cultivadas de coca constituye un vacío técnico .Se hace necesario impulsar que las instituciones competentes del Estado elaboren una metodología cuyos datos servirán de base para el diseño de los planes y programas y la estrategia nacional antidrogas, mientras esta no se implemente, se deberá utilizar la metodología desarrollada por las Naciones Unidas por ser la más apropiada y que responde a un convenio bilateral. Por esta razón en tanto no se cuente con una metodología propia los resultados que esta entidad ofrezca deberían ser considerados oficiales.

El padrón de productores de ENACO fue elaborado por mandato del Decreto Ley 22095 (Primera Disposición Transitoria) que dispuso su realización como mecanismo provisional de fiscalización de los productores de hoja de coca, hasta la total erradicación de los cultivos existentes al año 1978. Esta concepción fue posteriormente modificada y hoy el padrón de 1978 contiene a los productores legales de la hoja de coca. Según información proporcionada por ENACO el padrón contabilizó 25,149 productores cocaleros distribuidos en 12 departamentos que explotaban 47,916 hectáreas de cultivos de coca con una producción declarada de hoja de coca de 9,747,056 kg. y con un rendimiento aproximado de 544.04 kg. año por hectárea con 3 cosechas anuales. ENACO ha podido identificar que de los cocaleros empadronados en 1978 solamente quedan en calidad de productores activos 14,108.

Habiéndose incrementado notablemente el hectareaje de cultivos de coca y por tanto su producción es indudable que el número de productores también ha alcanzado una gran cantidad por tanto hace más complejo el problema de registro, debido a que están ubicados en localidades alejadas y recónditas de los valles interandinos y de nuestra selva en donde cultivan la coca. El padrón viene siendo utilizado como un mecanismo de protección de los productores cocaleros, ya que la condición de empadronados elimina la posibilidad de ser erradicados, siendo esta una de las razones por la que los productores cocaleros exigen ser actualmente empadronados.

El Padrón desde su inicio fue diseñado y elaborado de manera ineficiente, y en el transcurso de todos estos años no ha sido perfeccionado ni actualizado en consecuencia no refleja la situación real del número de productores, áreas de cultivo, ubicación geográfica, producción y otros datos necesarios para un monitoreo real; dificultando la elaboración y ejecución de un planeamiento estratégico para resolver el problema de racionalización de los cultivos de coca.

Es importante señalar el impacto por efecto de la producción de la hoja de coca en la economía Si tomamos en cuenta la producción anual de la hoja de coca total que es aproximadamente 50,000 TM/ año, según ONUDD y a esta cantidad le descontamos las 9,000 TM de consumo tradicional, tendremos que 41,000 TM/año. de hoja estarían destinadas a la actividad del narcotrafico en el Perú. Una manera de establecer el impacto que la actividad de la coca produce en la economía del país, es a través de los volúmenes de ingreso que se generan a partir de la producción anual de hoja de coca y su venta para uso legal (9,000 TM) y para uso ilegal (41,000 TM), para la preparación de sus derivados industriales ilegales, tales como la pasta básica y el clorhidrato de cocaína. Se considera que los ingresos producto de la venta de la hoja de coca y sus derivados se inyectan en las economías locales, repercutiendo no solo en ellas, sino en el ámbito de la economía nacional.

Un primer ingreso o inyección de dinero en las economías locales, donde se produce hoja de coca, radicaría en la venta de dicha hoja para consumo legal, considerando las cifras señaladas anteriormente , se estima como volumen de ingreso siguiente: 9,000 TM de hoja de coca $1.45 Kg = 13´050,000.

Un segundo ingreso o inyección económica radicaría en la venta de hoja a los que realizan las operaciones ilegales para la producción de pasta básica y clorhidrato de cocaína: 41,000 TM de hoja de coca por $ 3.00 Kg. = 123´000,000

La cifra anterior mostraría que solo la venta de hoja de coca para el narcotrafico estaría generando un ingreso bruto de 123 millones de dólares, ingreso que se estaría inyectando en las economías locales donde se produce coca. Este monto se multiplica, dada la velocidad de rotación del dinero existente en estas localidades, que puede multiplicarse con un factor de 3 ó 4, lo cual haría que la cifra de ingresos sea mayor. No solo se produce un proceso que genera ingresos a partir de la venta de hoja de coca, que sería ingreso que se destina a los productores o recolectores a nivel de la localidad respectiva; sino también hay un impacto sobre la economía de la localidad y a nivel nacional cuando se considera que la transformación de la coca, a través de procesos químicos, que como se ha mencionado antes, dan como resultado pasta básica de clorhidrato de cocaína que son productos que adquieren un alto valor agregado. Es justamente sobre este particular que nos vamos a ocupar y detallar que el total de la producción de hoja de coca cerca de 41,000 TM. podrían tener como destino el narcotrafico. La hoja de coca es el primer eslabón de esta cadena al servir de materia prima para la producción de drogas cocaínicas de conformidad a la secuencia que se señala a continuación:

Las cifras anteriores muestran que del total de la producción de hoja de coca durante el año 2003 que posiblemente tuvo como destino al narcotrafico, se habría logrado una producción de 149,309.30 Kg. de clorhidrato de cocaína. Este producto, tiene un precio promedio en el Perú de alrededor de 3,000 dólares por Kg de clohidrato de cocaina, por tanto se deben haber generado con la venta de clorhidrato, alrededor de 448 millones de dólares que sumados a los 13´050,000 dólares producto de la venta legal tendríamos alrededor de 461 millones de dólares. Para tener una idea comparativa de la magnitud de la cantidad de dinero que mueve la economía de la coca, basta mencionar que frente a las Reservas Internacionales Netas(RIN) y el valor de las exportaciones de bienes y servicios del año 2003 es alrededor de 4.5% para las RIN y de 4.3% para las exportaciones.

Como se ha mencionado el mercado legal de la hoja de coca está compuesto por el consumo tradicional y la industrialización lícita, teniendo éste una magnitud de aproximadamente 9,000 toneladas métricas al año. En nuestro país el comercio legal de la hoja de coca esta monopolizado por el Estado a través de la Empresa Nacional de la Coca S. A., de conformidad a la ley 22095 habiéndose atribuido el Estado la facultad de comercializar este producto para el mercado nacional e internacional. De los informes proporcionados por ENACO esta empresa sólo abastece un 30% del mercado legal, en la medida que sus compras y sus ventas no sobrepasan de las 3,000 TM anuales. Es decir, por limitación de gestión, económica y de infraestructura ENACO no cumple a cabalidad con su rol de atender la demanda legal, permitiendo la existencia de una red de comerciantes informales que abastecen a un buen sector de la población tradicionalmente consumidora, conformada por las llamadas “tronqueras” que adquieren la coca a los productores pagándoles mejores precios que ENACO para luego venderla a comerciantes minoristas o consumidores; igualmente integran esta red personas denominadas “truequeras” que acopian la hoja de coca a efecto de realizar transacciones comerciales con la modalidad de trueque, cambiando la hoja de coca por otros productos de acuerdo a sus respectivas necesidades.

El Estado ha realizado intentos de ampliar el mercado legal de la hoja de coca, los mismos que han sido incipientes. La Convención de Viena en el año 1961, podría estar limitando la expansión licita y benéfica de los cultivos de coca. No obstante, es necesario mantener el control en la producción y comercialización, debido a que constituye materia prima para la elaboración ilícita de drogas. Se considera que existe un problema en la concepción del sistema de comercialización, puesto que el Estado ha asumido el rol de comercializador monopólico y por ende inconstitucional, tal como lo especifica el artículo 61º de la Constitución.

Este canal de comercialización surge históricamente en nuestro país con el llamado “boom de las drogas cocaínicas” hace cerca de 50 años estableciéndose en el mercado mundial una demanda creciente, incentivando consecuentemente de manera extraordinaria la siembra de cultivos de coca, producción y la comercialización de la hoja de coca por el canal ilícito del NARCOTRAFICO. Observadas las cifras presentadas por el INEI, se infiere que el mercado ilegal para la elaboración de drogas cocaínicas sería de 41,000 TM. anuales de hojas de coca. El narcotráfico es un delito que genera una serie de problemas: al medio ambiente, en la medida que es causante de deforestación y erosión de miles de hectáreas, así como la contaminación de flora, fauna y recursos hídricos causados por la indebida utilización de los insumos y productos químicos; a la salud, por el alarmante incremento de personas que consumen drogas cocaínicas y sus secuelas en la salud física y mental debido al fácil acceso y precios bajos de las mismas; a la economía, por ser generador de la distorsión del crecimiento económico, al inyectar dinero ilícito en volúmenes que alcanzan los 461 millones de dólares; al orden interno y la seguridad nacional, en la medida que para su accionar ilícito el narcotráfico necesita la colaboración de funcionarios públicos corruptos, acción que deteriora la estructura del Estado, así mismo está comprobada la simbiosis existente entre los grupos subversivos y los narcotraficantes quienes financian logísticamente a estos grupos antisociales.

Se observa una escasa implementación de campañas de sensibilización a la sociedad y divulgación sobre los graves efectos colaterales que origina el narcotráfico en nuestra sociedad, de manera especial los daños irreversibles causados a la salud de los dependientes de las drogas cocaínicas que, en la actualidad afecta a nuestra juventud con notoria incidencia como sector poblacional de mayor riesgo. La presencia de un mercado ilegal para la hoja de coca hace que esta problemática trascienda de ser un tema agrario, convirtiéndolo en un problema de salud pública, de orden interno y de seguridad nacional, todo lo cual que constituye un enorme reto para lograr la ejecución y desarrollo de la estrategia nacional de lucha contra las drogas. El comercio ilegal de la hoja de coca tiene larga data debido a la existencia del narcotráfico que las requiere como insumo básico para la elaboración de drogas cocaínicas, cuya demanda en el mercado internacional es prevalente y en aumento.

La elaboración y el cultivo ilícito de drogas cocaínicas ha generado graves consecuencias para nuestro país, así tenemos que por la utilización de productos degradantes en la fabricación de dichas drogas se afecta la conservación del medio ambiente, así como la salud de los consumidores a quienes les ocasiona daños físicos y mentales en la mayoría de casos irreversibles; también tiene efectos negativos en la conducta social al estimular comportamientos que atentan contra la ética y la moral pública. Adicionalmente, constituye un factor de generación de conflictos y violencia en las comunidades que se involucran en la economía ilícita; de otra parte el poder económico en que se ubican los narcotraficantes sirve de apoyo a las actividades de grupos subversivos y terroristas, que en conjunto atentan contra el orden interno, la paz y la tranquilidad de los pueblos.

El Perú tiene una tradición histórica - mística sobre el uso de la hoja de coca, situación que fue reconocida en la Convención de las Naciones Unidas realizada en Ginebra en 1988 y ratificada en las reuniones Cumbres de Cartagena y San Antonio. Por lo tanto, se tiene que reconocer y proteger este uso tradicional por ser parte de nuestra cultura andina. En los tiempos modernos se le ha reconocido científicamente propiedades medicinales y nutricionales campo en el que desgraciadamente no se ha logrado grandes avances por la carencia de programas y proyectos que impulsen avances en este tema. También se nota una incipiente y pequeña industrialización basada en la elaboración de mates, no existiendo tampoco avances significativos en el proceso de industrialización por no existir una política agresiva por parte de ENACO. Un factor importante que ha impedido el crecimiento en este último campo, es el no contar con mercados amplios con capacidad de absorber la posible oferta de productos industrializados.

Desgraciadamente, en nuestro país también existe un uso ilegal que envilece las características históricas de la “Hoja Sagrada de los Incas”, este uso ilegal absorbe la mayor porción de la producción nacional y convierte a la hoja de coca en materia prima para la elaboración de drogas cocaínicas convirtiéndola en insumo insustituible y primer eslabón de la cadena delictiva de la elaboración, comercialización y consumo de drogas ilícitas cocaínicas. Es decir en el Perú coexisten dos tipos de usos: el lícito y el ilícito, de acuerdo a los datos y a la constatación de la realidad, desgraciadamente predomina el ilícito, basado en el poder económico del narcotráfico y las ingentes cantidades de dinero producto de los altos márgenes en utilidades que genera el negocio de las drogas; realidad que disminuye todos los esfuerzos de los gobiernos en reducir los volúmenes para el uso ilegal de coca.

El Estado peruano en su decisión de luchar contra el narcotráfico asumió compromisos de reducir las áreas de cultivos de hoja de coca. La legislación vigente, es ambigua al no señalar en forma precisa los tipos de cultivos, así como su caracterización entre los cultivos legales y no legales. En la actualidad existen dos modalidades de reducción de áreas de cultivo: La erradicación programada o forzada y la eliminación gradual o voluntaria y concertada. A lo largo de dos décadas en el Perú se aplicó principalmente la erradicación forzada como instrumento legal y válido para la reducción de los cultivos de hoja de coca, sistema que trajo consigo muchos conflictos sociales en diversos sectores de las zonas de producción cocalera.

Es innegable que las acciones de erradicación de cultivos ilícitos de coca está llevando a sectores interesados en mantener la liberalidad de los cultivos, a provocar confrontación social y violencia incitando a los agricultores a reaccionar ante el Estado frente al accionar de éste para evitar el desvío de la producción de la hoja de coca hacia el narcotráfico, como consecuencia de la significativa utilidad económica que arroja el precio actual de la hoja de coca en el mercado ilegal, frente al precio legal de los cultivos alternativos; sin embargo, se debe procurar atenuar esta reacción mediante la ejecución de programas de desarrollo integral efectivos y sostenidos que motiven al agricultor a sustituir su economía derivada de los cultivos de coca por otra lícita y con un margen de rentabilidad que le permita satisfacer sus necesidades y le otorguen la tranquilidad necesaria para desenvolverse en un ambiente de legalidad y seguridad.

Dentro del Marco del D.S. 044-2003-PCM se realizo el dialogo necesario entre el gobierno del Dr Alejandro Toledo, los productores cocaleros, y DEVIDA se procedió a diseñar el programa de reducción gradual y concertada, como un programa destinado a brindar oportunidad al productor cocalero para colaborar en el esfuerzo de reducir gradual y concertadamente los cultivos ilegales de hoja de coca sirviendo de instrumento para el desarrollo económico y social de las cuencas cocaleras; mediante este programa los agricultores y comunidad donde se encontraba las plantaciones de coca, reciben beneficios económicos, habiéndose logrado reducir por este medio 4,500 has de coca durante el año 2003. Se considera que el programa de reducción gradual y concertada implementada por el actual gobierno constituye un gran avance en la estrategia de erradicación, en la medida que amortigua y elimina los conflictos del pasado, dando un cariz democrático y participativo a la problemática de la eliminación de los cultivos de hoja de coca, teniendo en cuenta que fue un pedido de muchos años por parte de los productores de hoja de coca, así como por los estudiosos de esta problemática. Sin embargo el Estado no puede renunciar a la estrategia de erradicación forzosa.

Sobre el tema de erradicación se tiene que señalar que a la fecha no existe una correcta información catastral y monitoreo de cultivos, esto conjugado con que los dispositivos legales que no son claros ni precisos en señalar las características y ubicación de los cultivos materia de erradicación forzosa, dificulta la tarea de erradicación de las áreas de cultivo de coca.

El proceso de Desarrollo Alternativo ha evolucionado a lo largo del tiempo en tres fases:

En la década de los años 70, época en la que la superficie sembrada de coca no superaba las 16,000 hectáreas de coca. El enfoque inicial llamado “cultivo alternativo” constituyó únicamente un enfoque agronómico sustituyendo a los cultivos de coca con cultivos generalmente de subsistencia.

En la segunda Fase en la década del 90 se realiza la Cumbre de Cartagena, donde se ratifica con nuevo enfoque el desarrollo alternativo, basado en la búsqueda de rentabilidad económica que ha generado en los productores una expectativa que no ha sido satisfecha en tanto que muchos cultivos no son rentables para contrarrestar los costos sociales derivados de la sustitución, lo que llevó a buscar Organismos Cooperantes para financiar estos programas que tuvieron relativamente éxito sobre todo en las zonas donde ha existido mayor diversidad de productos sustitutos de la coca.

La nueva estrategia requiere que el desarrollo alternativo se desenvuelva bajo el marco de una estrategia de desarrollo global de los países de la región andina, liderada por sus Estados con una amplia participación de la sociedad civil organizada con una mayor cooperación internacional bajo el principio de la responsabilidad compartida (no sólo de recursos sino con un comercio internacional más justo), complementada sinérgicamente con la inversión publica y una importante participación del sector privado. Esta nueva estrategia debe ser parte de una política de Estado, de corto y largo plazo. A pesar de muchos años de esfuerzos de los Programa de “ Desarrollo Alternativo “ en las zonas de cultivo y comercialización de coca, éstos solo han logrado alcanzar un mediano mejoramiento en las condiciones de vida de la población y a una disminución de los cultivos de coca, así como la sostenibilidad de las medidas adoptadas no ha podido ser asegurada. La elaboración e implementación de programas nacionales de Desarrollo Alternativo (PNDA), que desde hace poco tiempo son ejecutados con mayor énfasis por la parte peruana, enfrenta en su concreción muchas dificultades a nivel local.

La Nueva Estrategia del Programa de Desarrollo Alternativo participativo –PDAP, diseñada en el Plan Estratégico 2002-2007, incorpora la participación ciudadana como un eje transversal e indispensable en los diferentes procesos de erradicación gradual y concertada que se ejecutan. De allí nace la necesidad de contar con equipos humanos capaces de desarrollar un trabajo comunitario a gran escala tanto en el ámbito urbano como en el rural, involucrando a la mayor cantidad de caseríos y centros poblados de los valles cocaleros del Perú con una visión integradora que promueva un cambio de actitud basado en la confianza y la credibilidad de las contrapartes. Se puede resumir los posibles errores cometidos en la implementación del Desarrollo Alternativo en la siguiente frase: “Implementación inadecuada de las Políticas Planes y Programas de parte del ente rector, escasa participación de los campesinos, insuficiente inversión privada, limitado financiamiento, y agudos problemas tecnológicos de mercado, precio, y la comercialización de la producción alternativa”. A ello se suma que el Programa de Desarrollo Alternativo enfrenta enormes trabas en su Implementación que obstaculizan su avance y frenan sus posibilidades para cumplir con los objetivos planteados debido a lo siguiente:

(a) La ausencia de una política de coordinación intersectorial entre las instituciones del Estado (DEVIDA, ENACO, OFECOD , CORAH, CADA, MINAG, APCI, MINPRODUCE, ) y de éstas con las instituciones privadas de cooperación internacional.

(b) En la ejecución de los diferentes programas de Desarrollo Alternativo, se han dejado de lado los planteamientos diseñados en la reuniones cumbres de Cartagena y San Antonio, así como lo establecido en el Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000.

(c) La escasa participación de los productores de coca en la planificación y ejecución de los programas provocando la falta de credibilidad y compromiso en los resultados de los mismos.

(d) Debilidad de concertación, planificación, coordinación, administración, ejecución y supervisión de los procesos de fomento de actividades económicas lícitas.

(e) Una escasa inversión privada en la percepción de los altos riesgos que significa invertir en las zonas productoras de coca.

(f) La crisis generalizada del sector agrario, agravada por el hecho de que el desarrollo alternativo se diseño inicialmente en la sustitución de cultivos lícitos tradicionales predominando una concepción netamente agraria.

(g) Dificultades para gestionar los fondos de la Contrapartida Nacional para los Proyectos de Inversión Productiva.

(h) Falta de una Campaña Dinámica de sensibilización sobre el daño social que implica ejercer actividades ilegales.

(i) Dificultades en los mercados y comercialización de productos, debido a que las acciones emprendidas se han ejecutado sobre la base de estudios preliminares sin un dimensionamiento claro y adecuado del mercado y de las posibilidades de comercialización de la producción alternativa.

(j) Falta de implementación de cadenas productivas, en la medida que los programas orientan a la conformación de grupos empresariales a partir de las organizaciones campesinas, cuya vocación es la producción agrícola y por tanto no cuentan con conocimientos de gestión tecnológica, administrativa y comercial.

(k) Limitada capacidad de gestión y de compromiso de las Instituciones (Gobiernos Regionales y Locales).

(l) La Ausencia de Inversionistas Privados por la falta de Seguridad Ciudadana, así como Seguridad para las Inversiones por el ambiente de violencia que acarrea la presencia del Narcotráfico.

La situación actual peruana presenta un debilitamiento institucional grave como producto de las acciones negativas sobre las Organizaciones del Estado que se impusieron durante la década pasada. En la década pasada el gobierno de turno como respuesta a la crisis política y económica, no busco el fortalecimiento de instituciones democráticas débiles, por el contrario se implementaron propuestas de carácter vertical basados en el supuesto que el país no estaba maduro para tener un sistema democrático y que la democracia basada en partidos políticos tradicionales había llevado a nuestro país a una crisis endémica; estos planteamientos provocaron una profunda desinstitucionalización del país en todos los sectores. Situación agravada por la necesaria política de austeridad que se ha implementado en el sector público. El Estado Peruano con los recursos que dispone se encuentra extremadamente limitado para hacer frente a una economía poderosa y agresiva del narcotráfico, lo cual constituye un reto muy difícil de enfrentar.

De la información revisada, se aprecia que las instituciones vinculadas a la problemática de la hoja de coca (DEVIDA, ENACO, OFECOD, CORAH, CADA, MINAG, MINPROD, RREE, APCI, etc.) no han sido ajenas a este efecto de debilitamiento institucional, es notoria la poca interacción de las instituciones y/o de los organismos públicos y privados encargados de analizar, evaluar, planificar y ejecutar las diferentes tareas que coadyuven a la solución integral de la problemática cocalera. La Cooperación Internacional es necesaria en la Estrategia de la Lucha contra las Drogas y de concurrencia obligatoria dentro de la concepción de responsabilidad compartida, notándose que existen pocos mecanismos de fiscalización para una mayor transparencia en el manejo y destino de los fondos.

En relación a los gremios de productores agropecuarios cocaleros existe una débil representatividad debido a la falta de institucionalización, lo que dificulta los espacios de dialogo y participación con el Estado para hacer frente a la solución de la problemática cocalera.

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre drogas ilegales en el Perú, la legislación peruana contra las drogas es una de las más adecuadas y avanzadas en la región, a excepción de la relacionada directamente con el cultivo de coca. Según este informe el problema en general no es de legislación sino de implementación; no se trata entonces de promover más legislación sino de buscar su adecuada y oportuna aplicación. Merece comentario especial el tema de una Ley de Coca, existiendo consenso en todos los sectores de la sociedad peruana, gran interés y necesidad de elaborarla y promulgarla en la medida que existen muchos vacíos referentes a la producción, e industrialización ,comercialización y consumo de la hoja de coca y demás aspectos vinculados con su problemática. Este pedido de la sociedad en su conjunto así como de instituciones vinculantes, ha tenido eco en el seno del Congreso de la República, y expresado a través de los casi 20 proyectos de ley, presentado por diversos Congresistas y por el avance en un pre-dictamen de la ex Comisión Desarrollo Alternativo y de Lucha contra las Drogas.

La Ley de Coca debe tener como objetivo el establecimiento de mecanismos que protejan al productor cocalero de su sujeción al narcotráfico y de las secuelas que esta situación le genera; que se promueva se la instauración de una economía lícita en las zonas de producción cocalera y que respete y garantice el consumo tradicional e industrial de la hoja de coca. Para el cumplimiento de estos objetivos, la Ley debe permitir la producción de coca para fines legales sujetándola a mecanismos de control y fiscalización permanente que impidan su desvío al narcotráfico, que promueva el desarrollo integral y sostenido que establezca un correcto mecanismo de comercialización hacia el consumo tradicional y uso industrial licito. En esta perspectiva se debe empezar por reconocer el valor que las hojas de coca han tenido en la cultura peruana y su potencial alimenticio y medicinal, debiendo el Estado asumir rol promotor de las investigaciones al respecto. Teniendo en cuenta la existencia de un mercado legal, la Ley debe garantizar la producción de hojas de coca para abastecerlo. Ya sea estableciendo los volúmenes necesarios para cubrir el mercado legal, debiendo fijar los mecanismos de control y supervisión, así como la obtención de licencias de producción. Se debe precisar que la erradicación de cultivos ilegales no significa de modo alguna una criminalización o deslegitimación de la hoja de coca, sino debe ser considerado como un mecanismo para proteger a la sociedad de los efectos negativos que genera el narcotráfico.

Otro aspecto importante se sitúa en el control y fiscalización de los insumos químicos y productos controlados utilizados en la elaboración ilícita de drogas, asumiendo el Congreso de la República como reto legislar sobre este gran problema para enfrentar el vacío legal existente en esta materia de modo de establecer los procedimientos legales para controlar el desvío de estos insumos del mercado legal hacia la elaboración de drogas cocaínicas . La Comisión de Defensa Nacional tomo la decisión de dictaminar y debatir los proyectos existentes lo cual permitió lograr un dictamen aprobado por unanimidad que luego fue sustentado y aprobado unánimemente por el Pleno del Congreso impulsado decididamente por la Comisión Especial Multipartidaria, y remitida la autógrafa de ley para su promulgación por el ejecutivo donde se encuentra actualmente.

La legislación peruana sobre el trafico ilícito de drogas y la hoja de coca, es una de las más avanzadas a nivel internacional, existiendo problemas en su implementación por factores diferentes a su esencia normativa. En todo caso, si se tuviera que avanzar, sería en impulsar la Ley de Coca, así como la promulgación de la ley de Control y Fiscalización de Insumos químicos y productos fiscalizados.

En este campo se debe señalar como principal elemento los convenios bilaterales y multilaterales suscritos por el Perú en el ámbito internacional forman parte del derecho interno y por ende son de aplicación obligatoria por parte de los órganos administrativos y jurisdiccionales. En cuanto al tema de la coca, el Perú ha suscrito convenios bilaterales con los Gobiernos de Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Panamá, España, Uruguay, Brasil y Tailandia. En la mayoría de estos convenios el Perú se compromete a intensificar las acciones tendientes a detectar y erradicar las plantaciones de coca destinadas al narcotráfico. A este compromiso subyace una concepción de represión del cultivo de coca con fines ilícitos.

Un segundo elemento nos orienta a resaltar en los Convenios la necesidad de incorporar una estrategia de desarrollo alternativo dentro del contexto fundamental de desarrollo integral y sostenido como mecanismo compensador y necesario para la reducción y/o erradicación de los cultivos de coca.

Un tercer elemento lo constituye el reconocimiento del consumo tradicional de la hoja de coca en el Perú, señalándose incluso la existencia de un cultivo legal de la coca para estos fines y para propósitos médicos, científicos, industriales y comerciales.

La Comisión considera que debe evaluarse muy seriamente y con responsabilidad los compromisos internacionales del Perú, de este modo, las medidas que se tomen en este campo deben corresponder a una estrategia de política exterior adecuadamente elaborada evitando conflictos internacionales, sin que ello signifique renunciar a nuestra capacidad soberana de decidir y formular una política de Estado sobre este tema.

a) Las instituciones nacionales vinculadas directamente a la problemática cocalera como: DEVIDA, ENACO y el MINISTERIO DEL INTERIOR a través del Programa Especial CORAH, no disponen de una metodología propia para efectuar la medición de las áreas cocaleras ni tienen datos estadísticos homogéneos propios respecto al hectareaje total de los cultivos. Se tiene que recurrir a informaciones procedentes de organizaciones internacionales como la CNC de los EE.UU. (Crime and Narcotic Center) y al Programa de las Naciones Unidas ONUDD las que utilizando tecnología moderna y métodos científicos, presentan los siguientes datos referenciales de áreas sembradas de coca al año 2003: 1) Para la CNC un estimado de 31,150 hectáreas. 2) Para las NN.UU. consideran 44, 200 hectáreas.

b) De acuerdo a los datos estadísticos determinados por el INEI, el mercado legal requiere para su abastecimiento un aproximado de 9,000 TM, por lo tanto existe un excedente de áreas de cultivos de coca que se estarían dirigiendo al mercado ilegal.

c) En la década pasada se produjo una fuerte reducción de los cultivos, obedeciendo principalmente a factores exógenos determinados por los vaivenes en el precio de las drogas cocaínicas, lo que ratifica que existe una relación directa causa efecto entre el incremento y decremento de las áreas de cultivo de coca con el precio internacional. Por tanto, la producción ilícita de coca seguirá existiendo en tanto subsista la demanda en el mercado internacional de drogas cocaínicas.

El padrón elaborado en el año 1978 por mandato de la Ley Nº 22095 tiene desde su diseño deficiencias que han desvirtuado los datos contenidos en dicho padrón, el que no ha sido ni perfeccionado ni actualizado, en consecuencia no es un instrumento de ayuda para analizar la situación real de los productores, extensión de áreas, ubicación geográfica, producción y otros datos necesarios para un monitoreo real; dificultando por tanto, la elaboración y ejecución de las principales programas y actividades, así como, para la toma de decisiones y resolver el problema de racionalización de los cultivos de coca.

a) De acuerdo a lo establecido por la CNC y la ONUDD la producción de hoja de coca es alrededor de 50,000 TM aproximadamente, cantidad que puede variar por el nivel de productividad en la medida que los productores cocaleros vienen implementando nuevas técnicas de cultivo, así como la utilización de agroquímicos, abonos foleares, fertilizantes, entre otros.

b) La productividad de los cultivos de coca, entendida como el rendimiento en hojas de coca por hectárea de sembrío, no es uniforme en todas las cuencas y valles cocaleros del país, debido a varios factores no existiendo metodología propia para determinar la productividad por hectárea.

c) La coca mueve alrededor de 448 millones de dólares ilegales y solamente 13 millones 50 mil dólares producto de la venta legal, lo que nos indica que la economía de la coca mueve en nuestro país alrededor de 461 millones de dólares . El mercado ilegal representa 0.8% del PBI nacional involucrando a 1.3% de la población y a un 17% de la población rural.

a) Existen dos mecanismos de la comercialización de la hoja de coca: uno tradicional o legal que lo realiza de acuerdo a ley la Empresa de Comercialización de Coca del Estado – ENACO que debido a limitaciones de orden presupuestal y de capacidad instalada atiende solo un 30% de la demanda legal; existiendo un sector de comerciantes informales que abastecen la diferencia del consumo legal. El segundo mecanismo es el de comercialización ilegal que es absorbido por el narcotráfico.

b) Que el estado Peruano impulse una política agresiva sobre las investigaciones de las propiedades de la hoja de coca encauzada al objetivo de generar productos lícitos, en tanto ENACO no ha cumplido con este objetivo en referencia.

c) De la producción anual de la hoja de coca de 50,000 TM , el mercado legal comercializa 9,000 TM mientras que el mercado ilegal (narcotrafico) absorbería 41,000 TM aproximadamente.

d) La elaboración y el cultivo ilícito de drogas cocaínicas ha generado graves consecuencias para nuestro país, así tenemos que por la utilización de productos degradantes en la fabricación de dichas drogas se afecta la conservación del medio ambiente, así como la salud de los consumidores a quienes les ocasiona daños físicos y mentales en la mayoría de casos irreversibles; también tiene efectos negativos en la conducta social al estimular comportamientos que atentan contra la ética y la moral pública. Adicionalmente, constituye un factor de generación de conflictos y violencia en las comunidades que se involucran en la economía ilícita; de otra parte el poder económico en que se ubican los narcotraficantes sirve de apoyo a las actividades de grupos subversivos y terroristas, que en conjunto atentan contra el orden interno, la paz y la tranquilidad de los pueblos.

e) La presencia de un mercado ilegal para la hoja de coca, hace que esta problemática trascienda de ser un tema agrario, convirtiéndolo en un problema nacional que afecta la salud pública, el orden interno y la seguridad nacional.

f) El uso de insumos químicos en la elaboración ilegal de drogas genera un impacto ambiental negativo, dando como resultado la deforestación, mal endémico que atenta contra la flora y la fauna.

a) En el Perú coexisten dos tipos de uso: legal e ilegal, predominando el segundo situación basada en los altos precios pagados por el narcotráfico para la hoja de coca.

b) La hoja de coca contiene propiedades de carácter nutricional y medicinal, que han sido probadas científicamente, faltando reforzar una mayor actividad en la investigación, industrialización y promoción que incremente su uso legal.

c) Se observa una escasa implementación de campañas de sensibilización a la sociedad por parte de los organismos públicos sobre los graves efectos colaterales que origina el narcotráfico en nuestra sociedad, de manera especial el daño a la salud de los dependientes de las drogas cocaínicas que, en la actualidad afecta con gran incidencia al sector poblacional de más alto riesgo conformado por la niñez y juventud que según investigaciones de cedro en el año 2001 el 3.8% de la población entre 2 y 64 años aproximadamente 507.000 personas, habían consumido alguna vez. Al 2003 ya quienes las habían probado alguna vez representaban el 6%, es decir, 832.000 personas y de continuar este preocupante crecimiento para el 2005 la habrá probado el 8.2 % de la población y 1’200.000 personas las habrán consumido alguna vez.

a) Por los compromisos internacionales asumidos por el Perú y de acuerdo a lo establecido en los planes de lucha contra las drogas, el Estado peruano ha desarrollado estrategias de reducción y erradicación de áreas de cultivos de la hoja de coca. Durante los últimos 25 años se aplico la modalidad de erradicación forzosa que consistía en que el Estado asumiendo su rol de protector de la sociedad procedía a la destrucción de las áreas consideradas ilegales.

b) Actualmente, el programa de reducción gradual y concertada implementado por el actual Gobierno tomando en cuenta que fue un pedido de muchos años por parte de los productores de hoja de coca, así como sus estudios, constituye un gran avance en la estrategia de erradicación, en la medida que amortigua y elimina los conflictos del pasado, dando un cariz democrático y participativo a la problemática de la eliminación.

c) Los procesos de erradicación se complican debido a la inexistencia de información catastral, y monitoreo de cultivos reales y a la ambigüedad de los dispositivos legales que no precisan las características de los cultivos materia de erradicación forzosa.

d) Durante los cinco años entre 1998 y 2003, la superficie total dedicada al cultivo de coca en la región andina (Bolivia , Colombia y Perú) se ha reducido en un 20% alcanzado en el 2003 un extensión de 153,800 hectáreas, el nivel más bajo de los últimos 14 años . En el Perú la superficie alcanzó la 44,200 hectáreas en el 2003 lo que representa una reducción del 13% desde el año 1998.

a) De la documentación recibida por esta Comisión, así como, de lo expresado por los dirigentes cocaleros y personalidades vinculadas a la problemática, se deduce que el Programa del Desarrollo Alternativo no ha cumplido a cabalidad con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la erradicación de la hoja de coca, así como el de crear condiciones favorables para un desarrollo rentable. En consecuencia, los avances que se han tenido en este programa no son percibidos por la población involucrada. Así mismo, se complica la implementación del Desarrollo Alternativo por la radical oposición y escasa participación de los productores campesinos, debido fundamentalmente a que los proyectos no consideran este factor y a la existencia de un mercado ilegal que desalienta la participación en dichos proyectos.

b) La escasa presencia del Estado en las inversiones para obras públicas que coadyuven con los proyectos de Desarrollo Alternativo, impide un mejor impacto en las comunidades involucradas.

c) En los informes presentados por DEVIDA y los organismos de Cooperación Internacional, no existen indicadores de medición cuantitativa y cualitativa del monitoreo y evaluación del avance de los programas y proyectos, así como la falta de Lineas de Base.

d) Dentro de los Enfoques de Desarrollo Integral se reconoce la labor iniciada por la Unión Europea en la aplicación de una estrategia mas participativa y de carácter integral en la localidad de Palcazu y Pozuso.

a) De la información revisada, se aprecia que las instituciones vinculadas a la problemática de la hoja de coca (DEVIDA, ENACO, OFECOD, CORAH, CADA, MINAG, MINPROD, RREE, APCI etc.) han sufrido un grave debilitamiento institucional; asimismo es notoria la poca interacción de las instituciones y/o de los organismos públicos y privados encargados de analizar, evaluar, planificar y ejecutar las diferentes tareas que coadyuven a la solución integral de la problemática cocalera.

b) La Cooperación Internacional siendo necesaria en la Estrategia de la Lucha contra las Drogas y de concurrencia obligatoria dentro de la concepción de responsabilidad compartida, debe desarrollar mecanismos de fiscalización para una mejor transparencia en el manejo y destino de los fondos.

c) La institucionalización de los productores cocaleros, traería como consecuencia mayores espacios de diálogo y participación con el Estado.

d) El ordenamiento legal vinculado a DEVIDA, así como otros dispositivos legales, establecen espacios y mecanismos de participación para una interacción mas estrecha con los productores, notándose por parte de DEVIDA un desinterés en cumplir con dichos dispositivos.

a) Existe un vacío en el ordenamiento legal referente a todos los temas relacionados a la hoja de coca como: siembra, usos legales e ilegales, empadronamiento, censo, ubicación de las áreas, familias comprometidas, entre otros.

b) En la actualidad a nivel del Congreso y en su Agenda Legislativa existe un Paquete de Proyectos en temas de interés como: Ley Marco de la hoja de Coca, Insumos químicos, declarar de necesidad pública la realización del Censo Nacional de Cultivo de la Coca, otro es comercialización e industrialización de la coca, Desarrollo Rural, Desarrollo Integral, que debe seguirse impulsando con la participación y aportes de los agricultores cocaleros y la sociedad civil.

c) Existe un débil proceso de titulación de tierras a cargo del programa especial de titulación de tierras del Ministerio de Agricultura que incide en la falta de Garantía para la obtención de créditos agropecuarios.

a) El Perú ha asumido compromisos internacionales a través de convenios bilaterales y multilaterales que limitan nuestro accionar en determinadas decisiones sobre la hoja de coca.

b) El Perú a suscrito convenios bilaterales con los siguientes países: Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, México, España, Uruguay, Brasil, Ecuador, sobre distintos asuntos referidos a el control de el trafico ilícito de estupefaciente y sustancias psicotropicas; así mismo Convenio con los Estados Unidos de América; sobre política de control de drogas y desarrollo alternativo y, multilateralmente a suscrito la convención única sobre estupefacientes de 1961; convención de las Naciones Unidas contra el trafico ilícito de estupefaciente y sustancias psicotropicas de 1988, además de las cumbres de Cartagena de 1990 (Colombia) y la de San Antonio Texas de 1992 que en su conjunto obliga al Perú al cumplimiento de los acuerdos correspondientes dentro de estos compromisos de carácter internacional que el Perú esta obligado a cumplir.

La Comisión Especial Multipartidaria encargada de Evaluar la Problemática de las Cuencas Cocaleras formula las siguientes recomendaciones:

a) Que el Estado peruano continúe respetando el consumo de la hoja de coca en su forma tradicional y promueva la investigación de las propiedades de la hoja de coca, para su industrialización en el mercado legal.

b) Que el Instituto Nacional de Estadística e Informática realice cada cuatro años estudios para determinar la demanda legal de la hoja de coca.

c) EL INEI y los Organismos Involucrados (DEVIDA, ENACO, MININTER, MINAG) deben diseñar una metodología de medición propia de superficie y productividad de los cultivos de coca, en tanto no se concluya con diseñar la metodología de medición de superficie y productividad, el Gobierno del Perú use como oficiales las cifras proporcionadas por las Naciones Unidas.

d) Que el Estado peruano a través de los organismos competentes continúe reduciendo los cultivos de coca, priorizando como estrategia el programa de eliminación gradual y voluntaria, sin que esto signifique renunciar a la estrategia de erradicación forzosa.

e) Que el Estado Peruano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores promueva la celebración de convenios que contengan medidas drásticas en los países donde consumen drogas cocaínicas a fin de reducir la demanda internacional.

f) Que, el Ejecutivo disponga a través del Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la elaboración de un censo para la obtención de información catastral y de monitoreo, datos estadísticos necesarios para cualquier política de erradicación.

Que, el Estado a través del Ministerio de Agricultura en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, elabore un nuevo sistema de registro, el mismo que partiendo de la demanda legal de la hoja de coca y del señalamiento de las condiciones para producir legalmente, genere el otorgamiento de licencias por parte de una entidad gubernamental y la posterior incorporación a un registro de productores legales.

a) Que, el Estado peruano continúe con su política para reforzar la institucionalidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ser el organismo técnico administrativo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos.

b) El Estado Peruano debe otorgar un aporte financiero para el desarrollo de actividades productivas en las zonas cocaleras considerando que los beneficios del ATPDEA ha beneficiado al país en su conjunto más no así a las a las áreas de influencia de los productores de las cuencas cocaleras.

a) El ente Rector conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ENACO, se encargue de estudiar la problemática de la comercialización de la hoja de coca contemplando lo establecido en la Convención de Viena de 1961 y el articulo 61° de la Constitución Política.

b) Que, el Estado promueva efectivamente la ampliación del consumo legal implementando una política más dinámica para su revalorización, rescatando y aprovechando sus bondades y atributos alimenticios, medicinales y de otros usos.

c) Que el Estado a través promueva una política agresiva sobre las investigaciones de las propiedades de la hoja de coca encausada al objetivo de generar productos lícitos, en tanto ENACO no ha cumplido con este objetivo en referencia.

a) El gobierno debe ratificar como política de Estado la Lucha frontal contra el narcotráfico, con el objeto de erradicar o minimizar sus efectos negativos en la sociedad promoviendo dentro de este marco una Estrategia destinada a que la sociedad entienda la gravedad del accionar del narcotráfico como generador de violencia, de corrupción, distorsionador de la economía, generador de impacto negativo en el medio ambiente, desestabilizador del orden interno y seguridad nacional, así como el deterioro de la salud poblacional.

b) En cuanto a la comercialización ilícita de las hojas de coca se deben reforzar las labores de lucha contra las drogas que viene desarrollando OFECOD a través del programa especial CORAH. Paralelamente, se debe ejercer acciones ejecutivas de mayor envergadura en los programas de desarrollo alternativo y; una acción integral y sostenida de todos los sectores del Estado para actuar, planificada y concertadamente sobre el desarrollo integral social y económico de las cuencas cocaleras.

a) Que, el Estado impulse una campaña agresiva sobre los usos legales y tradicionales de la hoja de coca por ser parte de nuestra cultura andina.

b) Que, el Estado, a través del Ministerio de Salud, profundice las investigaciones para el aprovechamiento de las propiedades nutricionales y farmacologicas de la hoja de coca.

c) Sobre el uso ilícito de la hoja de coca como materia principal en la elaboración de drogas, el Estado a través del Ministerio de Educación, debe promover campañas de sensibilización dirigidas al sector mas joven de la población, con el objetivo de prevenir el consumo de drogas ilícitas.

a) Que, el Estado revise la estrategia de la erradicación forzosa especialmente en lo referente al monitoreo para determinar las áreas susceptibles de utilización de este esta metodología.

b) Que, el Estado a través de los organismos encargados prioricen la estrategia de reducción gradual y concertada de conformidad al D.S Nº 044-2003-PCM.

c) Que el Estado peruano al considerar al Narcotráfico un delito pluriofensivo , debe aplicar el sistema de erradicación forzosa a los cultivos que cuenten con las características de convertirse en materia prima para la elaboración de drogas cocaínicas.

d) Que el Estado Peruano a través de los organismos encargados impulse la estrategia de interdicción, principalmente en el control de vuelos aéreas, fluviales, marítimos, embarque, entre otros procedimientos para lograr la finalidad propuesta.

a) Que, el Estado fortalezca y amplíe el Programa de Desarrollo Integral y Sostenido en las Cuencas cocaleras, así como en las zonas de influencia, subsanando los errores del pasado.

b) Que, DEVIDA y otras instituciones que ejecuten proyectos productivos, no consideren el Desarrollo Alternativo como cambio de un cultivo por otro; sino que deberá apuntar a un equivalente rentable frente al cultivo de coca a erradicarse. Los proyectos productivos deben ser dirigidos a una agricultura sostenible de agroexportación, considerando la oferta y demanda de los cultivos alternativos.

c) Que, en los proyectos de los programas de desarrollo integral y sostenido, se priorice la interacción de la infraestructura y equipos de propiedad de los gobiernos nacionales, regionales y locales, representativas y de las Fuerzas Armadas de conformidad con el articulo 171 de la Constitución Política del Perú.

d) Que, los proyectos de los programas de desarrollo integral y sostenido, consideren dentro de sus objetivos el fortalecimiento institucional, principalmente de los gobiernos regionales y locales, instituciones comunales, organizaciones gremiales de los productores agropecuarios organizados, ente Rector en la Lucha contra las Drogas y otros organismos vinculadas a la problemática.

e) Que, el Estado a través de los ministerios respectivos priorice e impulse agresivamente la inversión pública en infraestructura para el desarrollo vial, electrificación, irrigaciones, salud, educación, asistencia técnica y capacitación en la zonas donde se promueva el desarrollo integral y sostenido con aportes presupuéstales en proyectos de inversión. Así mismo, deberá concurrir directamente en apoyo de los proyectos de Desarrollo Integral y Sostenido, principalmente en lo referente a comercialización de cultivos.

f) Que, el Estado diseñe un programa facilitador de la inversión privada en proyectos de desarrollo integral en las zonas de influencia Cocalera.

g) DEVIDA y los organismos de Cooperación Internacional deberán implementar indicadores de medición cuantitativa y cualitativa, así como líneas de base para el monitoreo y evaluación del avance de los programas y proyectos.

h) Que, el Estado peruano a través de DEVIDA y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), efectúe un mejor control sobre las operaciones de las ONGs que actúan en los diferentes Programas de Proyectos de Desarrollo Integral y Sostenido de acuerdo al articulo 2 de la Ley 27629 inciso f.

a) Que el Estado redefina a DEVIDA como ente rector de la lucha contra las drogas y que adopte las medidas que permitan recomponer la institucionalidad en esta materia. Se debe buscar una correcta articulación interinstitucional con los Organismos vinculantes.

b) Que DEVIA active el Comité Consultivo y las Mesas de Diálogo como espacio de concertación y participación para los agricultores y representantes de los gobiernos locales, en los asuntos que correspondan para lograr de este modo un compromiso participativo.

c) Que la PCM evalúe el desempeño de ENACO en tanto no ha mostrado resultados en el aspecto de industrialización ni ha realizado una labor efectiva en la comercialización, no pudiendo abastecer ni siquiera el mercado para el consumo tradicional.

d) Que, el Estado promueva una mayor Cooperación Internacional con los organismos Cooperantes, para el desarrollo integral y sostenido de las zonas cocaleras, procurando que aquella se otorgue sin ningún condicionamiento y se enmarque en el Plan Nacional de Lucha contra las drogas, que será reformulado por DEVIDA.

e) Que, el Estado a través de la Cancillería desarrolle una política de captación de fondos de Cooperación Internacional, debiendo contar como organismo de apoyo a DEVIDA.

f) La Cancillería coordine con DEVIDA para el perfeccionamiento y suscripción de los Convenios de Cooperación Internacional en el ámbito de la lucha contra las drogas.

g) Que, el Estado en el proceso de redefinición de DEVIDA estudie la posibilidad de la absorción de ENACO.

h) Que el Congreso de la República analice y evalúe la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas dado que la problemática abarca temas multidisciplinario y de prevalencia en la vida nacional.

a) Que, el Congreso de la República impulse el debate nacional sobre una Ley Marco de la Hoja de Coca, que permita sensibilizar a la población, con el objetivo de alcanzar el consenso, logrando su aprobación y posterior promulgación.

b) Que el Ejecutivo promulgue la nueva Ley de Control y Fiscalización de Insumos Químicos y productos fiscalizados, aprobada por unanimidad en el Congreso de la República.

c) Encomiéndese a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, para que con carácter de urgencia emita las respectivas propuestas legislativas sobre los temas en agenda como la Ley Marco de la Hoja de Coca, comercialización e industrialización de la coca, necesidad de la elaboración del censo de cocaleros, impulsando su trámite y su conversión en leyes.

d) Que la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas a través de la Subcomisión efectúe un estudio y análisis de la Ley 20095 en la perspectiva de su derogación y su modificación.

e) El Estado debe promulgar leyes que están vinculadas a la fiscalización de las ONG’S.

f) Impulsar a través de la Subcomisión de Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas la Aprobación del dictamen del Proyecto de Ley que penaliza el financiamiento del terrorismo.

g) Que la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, a través de la Subcomisión de Desarrollo alternativo y Lucha Contra las Drogas realice un seguimiento de los resultados de los Objetivos de la Estrategia Nacional contra las drogas 2002 – 2007.

a) En relación a la propuesta de tramitar la exclusión de la Hoja de Coca de la Lista I de la Convención de Naciones Unidas, el Congreso de la República deberá solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores realice el tramite necesario al amparo de las normas internacionales de la Moción de Orden de Día aprobada por el Pleno del Congreso. Debe señalarse que el retiro de la hoja de coca de la mencionada lista no puede significar la eliminación del control en su producción y comercialización.

b) Así mismo la Cancillería analizará la posibilidad de denunciar los Convenios y otros instrumentos internacionales que califiquen a la hoja de coca como estupefacientes.

c) Promover a través de la Cancillería, que los miembros de la Comunidad Andina concuerden una legislación única en la lucha contra el narcotráfico, y sistematizar la legislación de control y fiscalización de insumos químicos.

Los miembros de esta comisión somos conscientes que el tiempo dado en el Pleno para el objetivo trazado de este grupo de trabajo, ha sido muy corto teniendo en cuenta que la problemática materia de análisis y estudio es amplia y compleja. Pese a ello y haciendo un gran esfuerzo por parte de los Congresistas integrantes, se proceso, estudio y analizó toda la información recepcionada y se elaboró el presente informe final, cumpliendo con el encargo del Pleno del Congreso. La complejidad del problema hace necesario que se proceda a desarrollar una acción dinámica y consistente de seguimiento permanente de las recomendaciones del presente informe por parte de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas a través de la Sub Comisión de Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, la que debe continuar con los estudios que requiere la búsqueda de soluciones a la problemática del desarrollo integral y sostenido de las cuencas cocaleras.

[1] Cabieses (1996) explora diversas posibilidades y concluye que aunque la coca podría tener muchos usos, la demanda potencial no utilizaría sino una proporción muy baja de la coca producida actualmente.