Áreas protegidas en la mira del glifosato
La ministra
colombiana de Ambiente deberá comparecer ante el Congreso de su país a fines de
mes para explicar el uso del peligroso herbicida, usado para destruir cultivos
ilícitos. Según datos oficiales, existen de 10 mil a 15 mil hectáreas de coca
s sembradas en los parques naturales en Colombia
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BOGOTA.- La fumigación con el
herbicida glifosato de
áreas de Colombia protegidas por su biodiversidad, en el marco de acciones
conjuntas con Estados Unidos para erradicar el cultivo de drogas ilegales,
es duramente criticada por su peligrosidad para el ambiente y las
comunidades que habitan esos territorios.
El amplio espectro del glifosato lo hace especialmente muy inadecuado para su
uso en áreas donde se busca preservar especies.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre el uso de fondos para fumigar
cultivos ilícitos en parques naturales (áreas protegidas) de Colombia, y a fines de febrero la Policía Nacional
colombiana informó a los
medios de comunicación sobre el inicio de las aspersiones con
glifosato en la Sierra Nevada
de Santa Marta, al norte, y Chiribiquete, al sudeste.
Es as regiones forman parte de las 49 áreas protegidas que suman 10 millones de
hectáreas, casi 10 por ciento del territorio de Colombia, el segundo país en
biodiversidad después de Brasil.
El gobierno colombiano dio vía
libre al apoyo estadounidense para la fumigación en áreas
protegidas al aprobar la resolución 0013 del Consejo Nacional de
Estupefacientes, que fija la política para la erradicación
de cultivos de drogas ilícitas, explica a Tierramirica Ricardo Vargas,
de Acción Andina, organización no gubernamental que investiga el narcotráfico
en los países de la subregion.
En esa resolución se autorizó la aplicación en áreas
protegidas del Programa
de Erradicación de Cultivos con glifosato "teniendo en
cuenta que existe evidencia de cultivos ilícitos al interior de esas zonas, lo
que atenta contra su conservación y sostenimiento", dijo Vargas.
Las fumigaciones, en opinión del experto, son parte de la visión represiva que
maneja el gobierno en su lucha contra el narcotráfico, con programas apoyados y
financiados por Estados Unidos que no han sido exitosos.
Según Vargas, desde 1978 Colombia realiza acciones de fumigación airea de
cultivos ilícitos de marihuana, amapola y coca, en las que se han ensayado y
utilizado varios productos químicos, como el paraquat en 1978, el triclopyr en
1985, el tebuthiuron en 1986, y de manera permanente el glifosato desde 1986.
Para el senador Jorge
Robledo, del izquierdista Movimiento Obrero Independiente, la
fumigación de parques naturales es una escala más de la política agresiva de
que ha sido objeto el territorio colombiano por parte de la política antidroga
de Estados Unidos.
Robledo citó a la ministra de Medio Ambiente, Sandra Suárez, para
que informe el 30 de este mes a
una comisión del Congreso sobre la posición del gobierno en
el tema, y dijo a
Tierraamérica que "a ningún colombiano interesado en los
temas ambientales, ni a ningún demócrata se le escapa la grave da d de una
decisión de ese tipo".
En medio de la polémica, gobierno de Uribe anunció en febrero que solicitó a la comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) realizar una
"evaluación independiente e imparcial" sobre el impacto en el ambiente y la salud
humana de las fumigaciones con glifosato.
El objetivo del estudio de la
CICAD, que depende de la organización de
Estados Americanos, será "dar respuestas sustentadas a
la política de
erradicación de cultivos ejecutada por Colombia", explica
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los cálculos del gobierno indican que hay de 10 mil a 15 mil hectáreas de coca
sembradas en los parques naturales, que forman parte de más de 100 mil
hectáreas de esos cultivos en todo el país. No hay cifras sobre marihuana y
amapola.
Además de los nocivos efectos que tendría para la biodiversidad la fumigación
con glifosato en áreas protegidas, esta también el problema socioeconómico que
afrontan cerca de 800 mil indígenas y campesinos que habitan esas zonas, apunta
Robledo.
"Son familias arrinconadas por la falta de opciones, que tienen que
cultivar lo prohibido, soportando el riesgo de la ilegalidad, y se pretende
fumigarlas como si fuesen insectos", según el congresista, quien destaca
que las principales ganancias del narcotráfico se dan por la venta en
países consumidores industrializados.
Según Robledo, la decisión de fumigar los parques naturales es además ilegal,
ya que viola el Plan de Manejo Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, que
prohíbe expresamente la realización de ese tipo de actividades en áreas
protegidas.
La decisión viola también varios tratados internacionales, como el Convenio de Biodiversidad
ratificado por Colombia en 1994, el Convenio 162 de la organización
Internacional del Trabajo, que protege la
integridad de los pueblos indígenas, y otros relacionados con la preservación
de bosques y humedales.
Para Camilo González,
ex ministro de Salud
y director de la organización no gubernamental (ONG) Indepaz, es cierto que el
uso de químicos
para procesar coca es extremadamente dañino para los
ecosistemas, pero eso no puede aceptarse como argumento para presentar las
fumigaciones como una medida de protección de los parques naturales.
Indepaz y la ONG Mama Coca convocaron para el
24 de este mes a un foro en
el que se previó debatir con expertos la cuestión del uso de glifosato en áreas
protegidas.
El glifosato ha estado en el centro
de la polémica en los últimos años, porque es la sustancia
activa del producto Roundup, de la transnacional Monsanto,
que ha desarrollado especies vegetales transgénicas resistentes a ese herbicida
para vender ambas cosas en gran escala.
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