MANDATO AGRARIO

Congreso Nacional Agrario

Por vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad

¡No al ALCA!

MANDATO AGRARIO

Hemos constatado la gravedad de la crisis económica y social en nuestros territorios y cómo genera el crecimiento acelerado de la pobreza y violencia del país. Enfrentamos el proceso de la llamada globalización impuesto por Estados Unidos y otros países poderosos, mediante organismos multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, en beneficio de las empresas transnacionales, las cuales avanzan en el control mundial de la producción y distribución de alimentos y de los territorios, mediante la apropiación monopolista y la manipulación de la tecnología, el saber y el patrimonio genético, y mediante las medidas de reforma política y represión, que imponen y garantizan tanto ese control, como el dominio territorial.

Se genera un reordenamiento territorial alrededor a los grandes proyectos de inversión, considerados como núcleos en torno a los cuales se reorganiza la población y el poblamiento y se generan los nuevos procesos socioeconómicos dentro de los cuales las comunidades rurales, su diversidad, sus derechos y su integridad, social, económica y cultural, así como el medio ambiente, se subordinan a las necesidades del sector empresarial transnacional.

Gobierno y empresas tratan de desconocer la diversidad cultural que es un fundamento de la realidad colombiana reconocida por la constitución y tratados internacionales.

Se quiere hacer a cada localidad directamente dependiente de las necesidades económicas, políticas y demográficas de las transnacionales, desconociendo la vida comunitaria y los derechos democráticos, colectivos, económicos, sociales y culturales. Todo esto a nombre del “libre comercio” y la “libre empresa”, o sea de la libertad del capital internacional para disponer a su gusto de la economía nacional, las comunidades, las personas, sus tierras y su fuerza de trabajo. Se quiere también dispersar a los sectores sociales, regionales, étnicos y culturales, mediante estrategias de desplazamiento y disuasión discriminada que buscan impedir su unidad, favoreciendo el dominio externo del territorio.

En concordancia con semejante proyecto, las políticas económicas neoliberales - - íntimamente ligadas a los acuerdos internacionales de comercio y al empeño por satisfacer los intereses y requerimientos de las empresas transnacionales y sus proyectos de inversión y comercio - han demostrado ser antiagrarias y están poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo colombiano, al debilitar su capacidad productiva, eliminar su soberanía alimentaria, desconocer el derecho a la tierra de las comunidades rurales y pretender eliminar su territorialidad. Estas políticas nefasta llegarán al extremo si entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA o un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

El ALCA en América Latina, como ocurrió con el TLCAN en México, significaría el definitivo desconocimiento del derecho inalienable a la tierra de las comunidades rurales, de manera que la tierra tratada como simple mercancía quede disponible para los megaproyectos e inversiones petroleras, eléctricas, mineras o de otras actividades extractivas requeridas por la economía de Estados Unidos y se convierta en objeto de especulación comercial en contravía de su función social y ambiental, provocando la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de las comunidades rurales.

Actualmente, las medidas económicas y fiscales a favor de los intereses extranjeros y el desplazamiento forzado, se articulan con las medidas de orden público que con el título de “seguridad democrática” eliminan o recortan las libertades democráticas fundamentales, y con la reforma política, con la que el gobierno de Uribe espera imponer un régimen abiertamente autoritario, a partir de la imposición de un referendo, a la vez que abre el paso a la eliminación de los derechos democráticos y a la subordinación de los poderes y la sociedad al ejecutivo, convierte en norma constitucional el ajuste impuesto por Fondo Monetario Internacional FMI.

Aumentan los impuestos al consumo y a la producción agropecuaria, los peajes y sobretasas, mientras nada se hace por proteger la producción nacional y al contrario, se cierran las pocas instituciones que quedan al servicio del campo, como es el caso del Incora. Miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas son desplazados de sus tierras por la violencia mientras un número grande de pequeños y medianos empresarios en quiebra ha perdido sus tierras y en cambio, se expande el latifundio especulativo.

La gente se ve obligada entonces a cultivar de coca y amapola que el estado declara ilegales y entonces los gobiernos aprovechan para acorralar allí al agricultor para criminalizarlo, fumigarlo y encarcelarlo en cumplimiento de la política de Estados Unidos.

Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluriculltural de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pequeños y medianos empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en en nuestros territorios. Es por ello que levantamos nuestra voz de aliento oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello que asumimos unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional.

No nos basta de ninguna manera el rechazo a la política imperante y la oposición a los lesivos planes y medidas del gobierno. Construimos unitariamente una política propositiva, para abrir caminos y futuro y demostrar que somos parte de la solución a los problemas claves del sector y del país. Saludamos entonces que el Congreso Nacional Agrario haya permitido la convergencia de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, en torno al siguiente Mandato Agrario, que debe ser la base para mantener esa unidad y que desde ahora proclamamos :

1. DERECHO A LA VIDA, PLENAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Respeto al derecho inalienable a la vida de todas las colombianas y colombianos. Garantía efectiva al derecho a la vida digna y al bienestar, que exige el reconocimiento de los sujetos colectivos.

· Respeto y garantía real a los derechos de expresión, movilización, protesta, oposición política, organización y a la contratación colectiva.

· Plena vigencia de los derechos y garantías individuales y colectivos.

· El estado cumplirá con todos los acuerdos pactados con las comunidades, pueblos y organizaciones, así como con la aplicación de los derechos constitucionales y legales reconocidos a ellos.

· Responsabilizar y juzgar al Estado colombiano como autor por acción u omisión, de la violación sistemática de los derechos humanos.

· No al estado autoritario, sí a un estado de democracia participativa.

· Alto al extermino y a la criminalización de las organizaciones populares sus líderes y lideresas.

· Verdad, justicia y reparación completa para las víctimas de la violencia y para las víctimas históricas de la conquista de América y la trata de esclavos.

2. SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental que afianza la autonomía territorial, económica, social, política y cultural y contrarresta la dependencia.

· Que cada pueblo determine autónoma y soberanamente la producción, distribución y consumo agroalimentario para garantizar la autosuficiencia y el fortalecimiento del mercado interno mediante una estructura productiva orientada a generar bienes básicos para alimentar a la población atendiendo a las necesidades nutricionales y culturales.

· Garantía plena de acceso de toda la población a los alimentos sanos con los nutrientes indispensables completos.

· No rotundo a la producción consumo y comercialización de organismos genéticamente modificados.

· Defensa de la producción nacional de alimentos.

· La economía campesina, indígena, afrodescendiente y de los pescadores artesanales, como sus saberes y prácticas culturales son la base estratégica de la soberanía y la seguridad alimentaria.

· Se dará prioridad por parte del Estado y de la sociedad en general a los procesos productivos orgánicos y de transformación de materias primas que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales, la defensa del ambiente y la biodiversidad, en virtud de que están fuertemente interrelacionados con la soberanía y seguridad alimentaría.

· Es responsabilidad del Estado y la sociedad, defender el patrimonio genético y cultural, la sabiduría tradicional así como su propiedad colectiva.

· La Protección, conservación y recuperación de las semillas nativas de cada región será una garantía para la soberanía alimentaria y la biodiversidad.

· Se establecerán por parte del Estado mecanismos de control social de los alimentos comercializados y procesados, prohibiendo aquellos productos nocivos para la salud humana.

3. ALTERNATIVAS AL ALCA Y A LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

No se aprobarán los acuerdos de comercio internacional que, al servicio del capital transnacional, vulneran la producción y distribución nacional e imponen la recolonización de América Latina y por ello no se incluirá a Colombia en el ALCA ni en un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

· El estado defenderá la producción nacional agropecuaria.

· El sistema nacional de producción y distribución agroalimentaria será orientado y sostenido en función de los intereses de la población colombiana de acuerdo a sus singularidades.

· No se aceptarán normas para favorecer a las transnacionales como las que se quieren imponer en asuntos como propiedad intelectual, patentes, tecnología, medio ambiente, pesca y territorios, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y del conjunto de los colombianos.

· No se aprobarán los acuerdos de inversión que someten las normas nacionales y los contratos a normas de otros países o tratan de congelar el régimen de inversiones y los contratos privados bajo pena de indemnización.

· Todos los acuerdos internacionales que el estado colombiano suscriba y que tengan que ver con el sector rural, la economía agropecuaria, las tierras o territorios y el agua, requieren previa su suscripción el consentimiento de los sectores y comunidades directamente afectados por ellos.

· La agricultura, la tierra y la alimentación no harán parte de acuerdos de libre comercio y serán excluidos de los que ya están aprobados como los de la OMC.

· El comercio internacional y las inversiones no pueden estar sobre los intereses de los pueblos, sino que deben supeditarse a los intereses y derechos de la nación y las comunidades.

· La integración latinoamericana será practicada para fortalecer a nuestros pueblos en el escenario internacional; no sólo, ni fundamentalmente como un asunto comercial.

· Todos los pueblos necesitan asociarse a partir de la solidaridad y el respeto a sus derechos políticos, económicos sociales, ambientales y culturales.

4. DERECHO A LA TIERRA

El derecho a la tierra y el territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos y las comunidades rurales. Se garantizará este derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que han carecido de tierra o la tienen en cantidad insuficiente, así como a quienes la han perdido o a quienes teniéndola estén amenazados de perderla como consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores.

· Se reconocen los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afrodescendientes a sus territorios y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y territorios de las comunidades afrodescendientes. Se completarán los procesos de titulación colectiva.

· Se garantizará el derecho inalienable, inembargable e imprescriptible a la tierra a las campesinas y campesinos, mediante la constitución y la inalienabilidad de las reservas campesinas y la priorización de las formas asociativas campesinas.

· Mediante un programa de reforma agraria integral dirigido por el movimiento campesino, afrocolombiano e indígena, que garantice el completo apoyo del Estado a los beneficiarios, se hará cumplir la función social y ecológica de la propiedad de la tierra, de manera que se aprovechen debidamente las 5 millones de hectáreas aptas para la agricultura que están intensamente subutilizadas y se revierta la concentración especulativa de la propiedad.

· Los productores y productoras agropecuari@s nacionales tendrán derecho a la tierra y se respetarán la pequeña y mediana propiedad rural.

· Se protegerá la diversidad cultural y por ende las diversas concepciones sobre la tierra y el territorio.

· Ante la ausencia de acciones del Estado los campesinos, afrodescendientes e indígenas adelantarán la reforma agraria de hecho.

5. RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA

No se pagará la deuda externa.

· Se condonarán las deudas a los campesin@s y demás productores rurales. Suministro de créditos abundantes, baratos y oportunos para los pequeños y medianos productores y productoras rurales, de acuerdo con las particularidades culturales.

· El estado establecerá precios de sustentación rentables y determinará prioridad y subsidios para la comercialización interna de la producción, que permita sustentar una rentabilidad que mejore la calidad de vida de las familias.

· Revocatoria de los impuestos a los productos agropecuarios y pesqueros, y de las alzas de precios de los insumos y de los servicios públicos.

· Se fijaran políticas por parte del estado que consideren los seguros de cosecha.

· Se fomentarán y protegerán los mercados locales.

· Con financiación del estado se reconstruirá la generación y aprovechamiento de ciencia y tecnología agropecuaria propia. Control estatal y comunitario a la introducción de nuevas tecnologías y prohibición de las que son o puedan ser lesivas para las personas, el ambiente o el patrimonio colectivo, como es el caso actual de los transgénicos.

· Adopción de medidas que impidan o reviertan el monopolio de las transnacionales de los agroquímicos, las semillas y la biotecnología.

· Alto a la importación de productos agropecuarios que se pueden producir en el país.

· Reconstrucción de las instituciones agropecuarias del estado con presupuesto adecuado y control de las organizaciones sociales.

· Respeto y financiación estatal de los planes de vida o planes alternativos de desarrollo de las comunidades y organizaciones de base.

· Apoyo estatal para que l@s campesin@s, indígenas, afrodescendientes y productores agropecuarios puedan controlar el conjunto de las cadenas productivas sin supeditarse a las transnacionales ni a los grupos financieros ni a los latifundistas.

· Se propiciarán formas alternativas al comercio de relación directa entre colectivos de producción y los colectivos de consumo basadas en la solidaridad mutua y en la superación de la barrera entre el campo y la ciudad.

6. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Recuperación y mantenimiento del equilibrio de los agroecosistemas y ecosistemas atendiendo al manejo sano de suelos y aguas que garantice su calidad y renovabilidad.

· Posicionar una amplia gama de productos competitivos y ambientalmente sostenibles.

· Mejoramiento de la calidad ambiental de la producción.

· El Estado fortalecerá la generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico aplicado a sistemas alternativos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura ecológicas, como los de relacionados con la minería limpia.

· Se reconocerá, promoverá y defenderá el conocimiento tradicional indígena, afro y campesino, como los sistemas propios de producción y protección del ambiente. Igualmente, la capacidad de gestión ambiental propia de las áreas protegidas en los territorios de las comunidades.

· No se privatizarán los ríos ni las playas ni zonas de bajamar ni cuerpos de agua. En estas areas el Estado aplicara el ejercicio de prelación orientado a proteger las practicas de producción de las comunidades asentadas ancestralmente en estas.. El agua es un bien social que no puede ser privatizado. Se garantizará el consumo de agua potable a toda la población.

· La protección y recuperación de los bosques y nacimientos de agua, como la reforestación con plantas nativas y diversas, serán prácticas agenciadas por el estado y las comunidades.

· Se exigirá licencia ambiental para todo proyecto de inversión y se negará en todo caso en que el proyecto amenace el ambiente o la integridad cultural, económica o social de la población.

· Colombia no aceptará desechos tóxico ni nucleares.

· Se exigirá la reparación e indemnización a los afectados, a los causantes de los daños ambientales. Se llevará a cabo el seguimiento a los efectos negativos de los pasivos ambientales con las participación de las comunidades afectadas.

7. POLITICA CONCERTADA CON LOS CULTIVADORES DE COCA, AMAPOLA Y MARIHUANA

Cese inmediato y prohibición de las fumigaciones, otras formas de guerra química o biológica y de cualquier programa de erradicación forzada. Se indemnizará a las víctimas de estas políticas

· La expansión de cultivos de coca, amapola y marihuana son resultado y consecuencia de la crisis económica, el conflicto social, la apertura económica, la libertad de importaciones y la concentración de la propiedad; por consiguiente no pueden ser considerados ilegales ni erradicados por medios policiales o militares.

· El tratamiento criminal dado por el estado a estos cultivos ha sido funcional al control de recursos estratégicos, territorios, tierra y población, beneficiando los planes estratégicos a largo plazo de Estados Unidos mediante la llamada guerra contra las drogas.

· El uso legal de estos cultivos o su erradicación voluntaria y sustitución debe ser concertado con las comunidades respectivas mediante pactos verificables que establezcan programas financiados por el estado: de reforma agraria, reasentamiento voluntario en tierras aptas para la agricultura, construcción de infraestructura, producción, procesamiento y comercialización.

8. DERECHOS SOCIALES ECONOMICOS Y CULTURALES DEL CAMPESINADO, INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES

La seguridad social financiada íntegramente por el estado para la población rural y los trabajadores agropecuarios, incluyendo salud, riesgos profesionales y jubilación, será una prioridad.

· Se promoverá la reconstrucción y el fortalecimiento de la red pública hospitalitaria y demás instituciones de salud del estado - preventivas y curativas- en el sector rural, como la adecuación de las mismas a la cosmovisión, prácticas tradicionales y condiciones propias de las comunidades, eliminando la intermediación financiera.

· Se Fortalecerá la medicina tradicional a partir de la promoción de médicos tradicionales, parteras y curanderos.

· Se garantizará el derecho a la educación pública de calidad en todos los niveles para la población rural, totalmente financiada por el estado, de acuerdo con la cultura propia y con las condiciones y necesidades del sector rural. La educación enfatizará en los valores culturales y territoriales propios.

· El conocimiento y la producción artística son un patrimonio y un recurso de poder y una condición para el desarrollo de modelos alternativos de construcción de la ruralidad y de los valores de la nación.

· Para garantizar el derecho al trabajo, se formularán planes concretos para combatir el desempleo, estableciendo el pago de subsidios a los desempleados rurales.

· Se garantizarán el ejercicio de los plenos derechos laborales para los obreros y jornaleros rurales.

· Respeto prioritario a los derechos de los niños y atención a sus necesidades básicas en el campo.

· Se establecerán políticas públicas para los adultos mayores que garanticen atención especial, vida digna y no discriminación

· El estado y la comunidad promoverán el reconocimiento, apoyo y protección especial a la juventud en quien recae el futuro de la sociedad rural, .

· Reconocimiento del derecho a la recreación. Las actividades deportivas tendrán financiación del estado.

· Toda la población rural es sujeto de estos derechos sin que se puedan condicionar mediante estratificaciones o segregaciones.

9. RECONOCIMIENTO POLÍTICO AL CAMPESINADO

Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferenciado, con identidad propia, pluricultural.

· Retribución justa de su significativa e indispensable contribución a la nación para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y la sostenibilidad integral.

· Participación efectiva y representación política propia plena del campesinado, con autonomía voz y voto decisorio en las instancias de planeación, gestión y ejecución de las políticas y programas que se relacionen con el sector agropecuario, el territorio y la vida rurales. Se garantizará también este derecho a la participación a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas.

· Derecho a la inversión social del estado sin que se condicione a la participación en alianzas, asociaciones o cadenas productivas con grandes empresas o grandes propietarios, las cuales deben ser simplemente opciones de contratación de acuerdo con la conveniencia de los agricultores y agricultoras en los casos en que se garantice la participación favorable y equitativa de los campesinos organizados.

· La reglamentación de la ley de mujer rural debe visibilizar y reconocer los derechos y aportes de las mujeres campesinas.

10. RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES Y SUS DERECHOS

Reconocimiento y contabilización del aporte económico de las mujeres a la producción en el campo y a la reproducción de la fuerza de trabajo.

· Reconocimiento y protección del papel de las mujeres en la construcción de la identidad cultural, en la defensa permanente de la integridad de las comunidades y como gestoras de vida.

· Se tomarán medidas concretas contra la discriminación hacia las mujeres, al igual que se desarrollarán acciones positivas de reparación integral por la discriminación histórica y social que tiendan a una efectiva equidad de género.

· Garantías para la participación decisoria de las mujeres rurales en las instancias de planeación, gestión y ejecución.

· Protección especial para las mujeres cabezas de hogar.

· Las mujeres no son botín de guerra; protección especial para las mujeres víctimas de la violencia.

11. DERECHO A LA TERRITORIALIDAD

Se reconocerá la diversidad e identidad cultural regional, local, étnica y la relación con la naturaleza y el ambiente como partes esenciales de la territorialidad.

· La territorialidad no es solamente un concepto que hace referencia a lo local y propio, sino que incluye las relaciones con otros sectores y la capacidad de unidad con y entre las diferentes comunidades, pueblos y sectores sociales.

· Los pueblos indígenas, el pueblo raizal, las comunidades afrodescedientes y campesinas, tienen derecho al gobierno autónomo de sus territorios y a definir sobre él mismo, sus prioridades y sus planes de vida y a participar en las decisiones que les afectan.

· Se pondrán en funcionamiento previa concertación y acuerdo con las comunidades respectivas, las entidades territoriales de régimen especial que se adecuen a la realidad étnica, social, cultural, económica, ecológica y geográfica, de manera que se ponga en práctica un nuevo ordenamiento territorial en beneficio de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y del pueblo colombiano, que fortalezca la soberanía y unidad de la nación en la diversidad y proteja las culturas y las regiones..

· La explotación de los recursos en cada territorio debe partir de la vida, necesidades, aspiraciones y decisiones de las comunidades titulares de los derechos sobre el respectivo territorio.

12. FIN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Cese del desplazamiento forzado. El estado concertará con las comunidades vulnerables y afectadas medidas efectivas para prevenir y poner fin al desplazamiento y el despojo de sus tierras en el campo.

· Reconocimiento legal a los derechos territoriales de las comunidades y las familias.

· El estado atenderá integralmente a las familias desplazadas por la violencia mediante programas de alimentación, salud, educación, recuperación sico-social, vivienda y empleo y garantizará en condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad, su retorno o su reubicación voluntaria en tierras adecuadas para la producción agropecuaria.

· El estado garantizará la reparación completa, indemnización y compensación a todos los desplazad@s por la violencia.

· Serán anuladas las transacciones de tierras hechas mediante coacción y serán restituida la tierra a los campesinos, indígenas o afrodescendientes desplazados.

· Los beneficiarios y autores de desplazamientos causados directa o indirectamente por megaproyectos u otros proyectos de inversión asumirán la responsabilidad por la reparación integral y el retorno.

· Nuestras organizaciones tratarán siempre a los desplazados como parte de ellas y de nuestras comunidades.

13. SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO

El conflicto armado colombiano solamente tiene una solución política negociada de cara al país.

· El logro de una paz sólida y durable exige, además de los pactos entre las partes, la soberanía nacional, transformaciones del régimen político y la solución de los conflictos económicos y sociales que originaron y mantienen por décadas la confrontación armada y por lo mismo exige la participación decisoria de las organizaciones populares.

· La solución del problema de la concentración de la propiedad de la tierra es un elemento fundamental de la solución del conflicto armado colombiana.

· Se rechazará la doctrina de la seguridad nacional.

· No más intervención de Estados Unidos en Colombia. El Plan Colombia se suspenderá definitivamente. Colombia rechazará las agresiones a otros países.

· Esclarecimiento y castigo a los autores intelectuales, materiales , auspiciadores y financiadores de las acciones paramilitares..

· Mientras dure el conflicto armado se propiciará la suscripción y cumplimiento acuerdos humanitarios.

· No a las zonas de rehabilitación, las redes de informantes, ni a las medidas que involucran a la población civil en el conflicto. O al reclutamiento forzado u obligatorio.

· Construir una agenda de paz del movimiento popular.

14. UNIDAD

Llamamos a las compatriotas y los compatriotas de otros sectores populares y sociales y a los que aun ocupando hoy una posición privilegiada no han perdido su conciencia nacional ni han renunciado a su condición de seres humanos libres a que nos acompañen en el reconocimiento, lucha por este mandato por la vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad.

Ofrecemos para esta lucha nuestra memoria, mártires y experiencia y el proceso de convergencia de nuestras organizaciones y nuestra movilización en conjunto con el pueblo colombiano hasta lograr llevar a la práctica el Mandato.

¡Que vengan todas y todos, que no falte nadie!

Dado en Bogotá, el 8 de abril de 2003.