POR
UNA SOCIOLOGIA DEL NARCOCULTIVO DE
CANNABIS
SATIVA*
Jorge Atilio Silva Lulianelli[1]
Koinonia-Presença Ecumênica e Serviço, Brasil
El narconegocio es una de
las actividades productivas más lucrativas del capitalismo contemporáneo. Se
calcula que el conjunto de las actividades del crimen organizado hace circular
en el mundo una cifra de un trillón de dólares. Tan sólo el narconegocio,
o el tráfico de drogas circula 411 billones de dólares (CF, UNDCP drug report:
2000). En 1998, se evaluó que el comercio de cannabis giró en trono de 41,5
billones de dólares (Cf. Ibdf). Se trata por lo tanto
de un negocio muy lucrativo que hace circular montañas de dinero que es
reinvertido en actividades legales, como construcción civil y ganadería, y en
actividades ilegales, como el contrabando de armas, por ejemplo. El hecho es de
una dimensión económica aterradora. No parece que se pueda pensar la economía
globalizada sin estos recursos circulantes. El caso de la marihuana es muy interesante
en este sentido. La marihuana es la droga más consumida en el mundo contemporáneo,
se estima que 144 millones de personas la consumen, o sea, 2,42% de la población
mundial. Entre los 134 países que informaran, en 2000, ser productores de
drogas, 96% producen marihuana. Estos datos no son extraños. Ellos muestran una
actividad productiva integrada al funcionamiento de la totalidad del sistema.
Algunos teóricos (Procópio:
1996; Motta Ribeiro: 2000; Umprinmy:
1996; Iullianelli: 2000; Iulianelly
y Faga:2002) han sugerido la necesidad de observar el
proceso reciente de la narcoproducción como una fase
de la producción capitalista. En verdad ellos conciben que, en la actual fase
productiva de las drogas, estas tienen un modelo productivo de agronegocio. Para un análisis sociológico del narcoplantío de cannabis se
requirieren 5 pasos. El primero (1) es una caracterización del modo de producción
campesino desarrollado en el narcoplantío. En este
paso será necesario tomar en cuenta informaciones sobre las relaciones sociales
construidas históricamente para la narcoproducción y
sobre las dificultades especificas para las informaciones sobre el narcoplantío de cannabis. En
segundo lugar, (2) debemos observar un proceso por el cual este modo de producción
campesino para el narcoplantío se integra a un modelo
de agronegocio de lo ilícito que podemos denominar narconegocio. En tercer lugar, (3) debemos comprender los
proceso de inserción de los narcoplantíos en la economía
mundial y en las economías locales, como constructores de redes económicas y de
poder. En cuarto lugar, (4) debemos identificar los proceso por los cuales el narcoplantío de cannabis sufre un determinado
tipo de control social, policial, y considerar las implicaciones de ese
control. Finalmente, (5) para permanecer apenas en el aspecto del agronegocio que es el narcoplantío
de cannabis,
debemos hacer algunas consideraciones sobre el caso especifico del Polígono da Maconha
(Polígono de la Marihuana) como un espejo del proceso de integración campesina en
la narcoproducción agrícola y como una estrategia de
supervivencia campesina.
I
Por modo de producción campesin0 se comprende,
generalmente, “familias de agricultores que con la ayuda de equipos simples,
producen principalmente para el propio consumo y para el cumplimiento de las obligaciones
con los poderes políticos y económicos” (Shanin :
1973, 240). Se agrega a esto la famosa independencia relativa en relación con
el mercado. Esto crearía una polarización
entre la unidad familiar de producción y
unidad capitalista de producción agrícola.
La primera, con una relativa independencia en relación con el mercado, y la
segunda subordinada a las reglas de generación de plusvalía. Esta distinción, sin
embargo, coloca sobre la mesa una polémica antigua entre la sociología y la antropología
rural. No obstante la polémica, nos guiaremos por una lectura del campesinado brasileño,
que reconoce la agricultura familiar o unidad familiar de producción, como la organización
social más extendida en las unidades productivas campesinas y la práctica de
asalariarse como una de las estrategias de supervivencia de los campesinos -
sin que necesariamente signifique una desagregación de una unidad familiar de producción,
como anota Wanderley (Wanderley:
1995, 55-57) . Dentro de la diversidad
de enfoques, nos apoyamos en Luiz Eduardo Soares quien ofrece la siguiente interpretación:
De un modo general se reconoce que
la especificidad del campesinado reside en el carácter familiar de la producción
que emprende, en el hecho de que el grupo domestico compone una unidad de producción
y consumo, y una relativa independencia de la unidad frente al mercado. Por
independencia relativa se entiende que seria propia y distintiva del
campesinado cierta capacidad derivada del control que ejerce sobre los medios
de producción y sobre el proceso del trabajo, y de la naturaleza especial del
medio de producción esencial, la tierra (Soares:
1981, 204).
La tierra, la familia campesina, la comunidad rural,
establecen relaciones sociales muy específicas. Maria Nazareth
Wanderley advirtió que un espacio social de
agricultura familiar es un espacio en construcción. Así, son relativamente
significativos tanto los procesos de autoexplotación,
como la capacidad de intercambio de bienes primarios en el mercado. No se puede
considerar la pequeña propiedad, la propiedad campesina, la unidad
familiar de producción agrícola, como
algo externo a los proceso de acumulación
capitalista. El modo de producción campesino, en sociedades como la brasilera, siempre sufre los efectos del
poder de las oligarquías, sobre todo en la formación de los latifundios - la
gran agricultura, la tierra cautiva (José de Souza Martins),
que a partir de los remotos tiempos de la colonización, y como el proceso de urbanización
e industrialización de la sociedad brasilera, obligó a los campesinos a
abandonar sus tierra. Como anota Ana Maria Motta
Ribeiro:
El pueblo del mundo rural y el
ambiente social que organizaba era activo y se hacia precario porque, en
realidad, resultaba de una experiencia de desigualdad a partir de la cual
sustentaba como los excedentes de la
riqueza que producía con el trabajo y la producción, generados en el campo, los
elogiados procesos, considerados “modernos”, de urbanización e industrialización
del sur y sudeste (Motta Riberiro:
2002, 25).
Hay
una condición especifica del campesinado que -a diferencia de la mano de obra
mercantilizada que vive básicamente del salario-, construye estrategias de supervivencia
a partir de la autoexplotación de la fuerza de
trabajo, del carácter familiar de la producción y el consumo, de cierta
flexibilidad económica que le confiere algún poder competitivo en mercados de
bienes de primera necesidad. A partir del final del siglo XIX, como analiza
José de Souza Martins, la gran agricultura, la
empresa agrícola y el latifundio, se tornó clave para el proceso de acumulación
capitalista que potenció la urbanización y la industrialización. Según él, la
cuestión agraria “no se manifiesta como irracionalidad para el desarrollo
capitalista, sino como problema de empleo, trabajo y supervivencia para las
poblaciones pobres que el propio carácter capitalista de la propiedad crea al
modernizarse” (Martins: 2002, 7). La posesión de la
tierra torna libre al trabajador rural, libre de los medios de producción para
negociar la posibilidad de ser explotado como mano de obra, sobretodo en la
gran agricultura. Como demuestra José de Souza Martins,
durante los años de 1930, con la posesión de la tierra, se expande la pequeña
propiedad familiar, especialmente en Sao Paulo. Para la población campesina quedaban
dos alternativas, conquistar una pequeña propiedad o migrar para las ciudades,
los centro urbanos, transformándose en sub-asalariados
urbanos.
Como
anota el sociólogo:
Hasta los años cincuenta, hasta la
era Kubistcheck, en el verdadero final de la era
Vargas, el modelo económico funcionó y bien: excluía en el campo e incluía en la
ciudad, impidiendo que la cuestión agraria
se volviera evidente como problema social. El inicio, difuso y confuso de la
lucha por la reforma agraria en los años cincuenta, apenas da indicios de la
latencia de la cuestión agraria, pero no su consistencia, sobre todo como
factor desestabilizador del orden político. Es significativo que en ese mismo
momento, la cuestión agraria surja como cuestión del trabajo, como una difusión
de la productividad del trabajo rural y de su tercerizacion,
tanto en el nordeste cañero como en el sureste cafetero (Martins:
2000, 8 ).
La
cuestión agraria y la cuestión del trabajo son inseparables en el proceso del Capitalismo Periférico en
el cual se inserta el Brasil. La modernización conservadora, por la cual optan
las elites brasileras –la famosa vía prusiana (Lenin),
u Oriental (Gramsci) – los acuerdos por lo alto, tratando
a las mayorías de los pobres como ratas,
genera el caldo cultural explosivo al que ahora asistimos: sin la solución de
la cuestión agraria en el campo, transformándolo en un escenario de continua violencia
– en la lucha por la tierra y, también, como la expansión de la presencia del narconegocio en el campo; y sin la solución de la cuestión
del trabajo y del caos urbano que, entre otras calamidades, resuena con la
explosión de las guerras de control del narconegocio
en las ciudades. Tal vez. Esa sea una de las principales causas para la
explicación del espiral de violencia en que ahora nos encontramos, la casi completa ausencia de políticas
públicas sociales en el campo y en la ciudad – especialmente en relación con la
reforma agraria, políticas de salario mínimo, educación y salud.
Durante
todos esos años la población campesina reaccionó y construyó acciones de
resistencia. Como anota Ana María Motta Ribeiro, la
correlación de fuerzas nunca fue muy favorable a los campesinos. Entre esas
experiencias de resistencia se destacan las Ligas Campesinas. A partir de la
lucha de aquella población pernambucana se lanzaba en
el escenario nacional, como temas fundamentales, la lucha por la tierra y la
destrucción del campesinado. Las elites brasileras se rehusaron a un pacto
político con las clases trabajadoras. Lo que llevaría a una transformación de
las condiciones sociales de base de la sociedad. Como observa Celso Furtado:
El rápido crecimiento de la
economía brasilera entre los años 30 y 70 se apoyó en buena medida en
trasferencias interregionales (en el país) de recursos y en concentración social
de la renta facilitada por la movilidad geográfica de la población. Si hubieran
presentado obstáculos institucionales a la movilidad de la mano de obra, los
salarios reales se habrían elevado de forma más bien acentuada en regiones de
rápida industrialización en el Sur del país. En ese caso, el crecimiento global
de la economía habría sido menor y la urbanización menos intensa (Furtado: 1992).
A partir de los años de 1960 – 1970 la cuestión agraria
apenas se agudizó. La concentración de la tierra crecía con el apoyo de los gobiernos
de la dictadura militar. Por su parte, las poblaciones campesinas continuaron
construyendo acciones de resistencia, especialmente durante los años de 1970,
en la segunda mitad, con la creación de la Comisión Pastoral de la Tierra, en
1975. Durante los años de 1980 se diversifica la organización rural, con una
mayor presencia de las mujeres en las luchas, evocando la cuestión de genero,
pasando también, debido a los grandes proyectos de inversión (GPI, Alfredo Wagner), como las hidroeléctricas, que generó el movimiento
de los afectados por embalses – en especial a partir del caso de la
hidroeléctrica de Itaparica, entre el norte de Bahía
y el sudeste de Pernambuco, en el medio San Francisco.
En los años de 1980 en especial se destaca el
surgimiento del Movimiento de los Sin
Tierra (MST) – Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. En la
segunda mitad de los años de 1980, con la articulación de las elites agrarias, de
los grandes propietarios, que, apoyados por los gobiernos, armados hasta los dientes,
combatían a los trabajadores rurales sin tierra que luchan para conquistar la
tierra: ocupar, producir, resistir. Hablando sobre el periodo de 1985 – 1989
nos cuenta Stédile sobre el MST:
Estábamos en fase de gestación. En
esa época, o gobierno de la Nueva República trataba de demostrar a la sociedad
su empeño por la Reforma Agraria. Para eso, cooptó al PC de Brasil, al PCB y a
la CONTAG. En aquel momento el INCRA estaba dirigido por personas de esos
partidos y organizaciones. El Congreso de la CONTAG, de 1985, fue un festival
de discursos de ministros. Hablarían 11 ministros, el mismo Sarney
estaba presente. Nosotros insistíamos, por el contrario, que la Reforma Agraria
sólo avanzaría por medio de ocupaciones de la tierra. Fue cuando levantamos aquellas
banderas: Sin Reforma agraria no hay democracia. Decíamos con esto que la
democracia no es solo votar. También decíamos: La ocupación es la única
solución. Como la Nueva República decía que era un gobierno comprometido con la
democracia, no puede reprimirnos. Fue el período en el cual ocupamos más las
sedes del INCRA, y uno de los más fértiles en términos de conquistas concretas,
parecido al que ocurrió entre 1995 – 1997. Se producían muchas expropiaciones y
muchos asentamientos. (Stédile: 2001, 64).
En fin, a partir de los años de 1930, y especialmente
a partir de los años de 1950 tenemos un proceso de concentración de la
propiedad de la tierra y de expropiación del campesinado. Brasil presenta
actualmente el mayor índice de concentración fundiaria
del mundo, con un coeficiente de GINI de 0.9 – 1.0, que en tal escala
constituye concentración absoluta (Iullianelli y Motta Ribeiro:
2000, 9). Según el censo agropecuario de 1996, existen en el país un total de 4.8
millones de establecimientos agrícolas, en un área ocupada de 353,6 millones de
hectáreas. En el 20% del área total corresponde al 89.1% de los inmuebles, que
son minifundios y propiedades de 10 hectáreas. En cambio, las grandes
propiedades, con áreas superiores a 1.000 hectáreas, constituyen el 1% del
total de los inmuebles ampliamente distribuidos en el 45% del total de las
tierras catastradas. Dentro de estos, más de 85.000 inmuebles son considerados
como latifundios improductivos.
Todo eso construye una situación explosiva y violenta,
con una serie de conflictos sociales
agrarios. La Comisión de Pastoral de
la Tierra ha registrado sistemáticamente este absurdo. Los análisis muestran que en las décadas de 1970 y 1980
los conflictos se debían, principalmente, a la expulsión y expropiación de los
campesinos, sobre todo en la frontera agrícola, en el Norte y en el Centro-oeste.
A partir de mediados de la década de 1980 las ocupaciones de tierra modifican
el carácter de la violencia contra los trabajadores rurales. En la década de
1990, hubo una expansión territorial de la violencia en el campo. Hay que destacar
que los mediadores de los conflictos también cambiaron, si en los años de 1970
y 1980 en especial las organizaciones religiosas cumplieron ese papel, en la década
de 1990 el estado, por medio de su aparato de represión y judicial, fue quien
no cumplió. Solo para identificar la magnitud y la naturaleza de la violencia
en el campo reproducimos una tabla de la CPT referente a los años del período
1993 – 1998.
Tabla: violencia en el
campo, 1993-1998
|
Formas de violencia |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Variación
1997/1998 |
|
Expulsión (1) |
1.369 |
388 |
1.146 |
270 |
304 |
2.208 |
626,32 |
|
Desalojo jurídico (1) |
12.469 |
17.687 |
12.832 |
17.595 |
17.070 |
18.593 |
8,92 |
|
Amenaza de expulsión (1) |
5.234 |
4.535 |
2.114 |
2.923 |
720 |
1.975 |
174,31 |
|
Amenaza de desalojo (1) |
6.3578 |
13.182 |
13.300 |
19.896 |
23.515 |
7.937 |
-66,25 |
|
Destrucción de casas (1) |
667 |
1.901 |
1.112 |
1.337 |
2.624 |
2.782 |
6,02 |
|
Destrucción de los sembrados (1) |
1.419 |
5.239 |
1.589 |
3.677 |
1.307 |
2.875 |
119,97 |
|
Destrucción de pertenencias (1) |
1.283 |
1.685 |
770 |
1.146 |
3.940 |
2.130 |
-45,94 |
|
Asesinatos (2) |
52 |
47 |
41 |
54 |
30 |
47 |
56,67 |
|
Tentativa de asesinatos (2) |
37 |
62 |
43 |
71 |
37 |
46 |
24,32 |
|
Amenaza de muerte (2) |
154 |
212 |
155 |
88 |
92 |
88 |
-4,35 |
|
Agredidos físicamente (2) |
1.080 |
1.017 |
2.010 |
124 |
640 |
164 |
-74,38 |
|
Lesiones corporales (2) |
2.048 |
151 |
528 |
220 |
109 |
207 |
89.91 |
|
Torturados (2) |
87 |
39 |
72 |
12 |
5 |
35 |
600,00 |
|
Presos (2) |
272 |
333 |
833 |
198 |
381 |
466 |
22,31 |
|
Total |
32.528 |
46.478 |
36.545 |
47.611 |
50.774 |
39.553 |
-22,10 |
Fuente: CPT © Proyecto de Investigación vinculada a UFPa: Cartografía de la violencia en el campo.
(1) Violencia contra posesión y propiedad-patrimonio;
(2) Violencia contra persona.. Obs.: Para las variables identificadas con (1)
los valores tienen por unidad número de familias. Para las variables
identificadas con (2) los valores tienen por unidad números.
Como se puede verificar por la tabla, los años de 1990
fueron consumidores de trabajadores rurales. Es más grave si consideramos que el
área en conflicto corresponde al 10% de toda el área ocupada por establecimientos
agrícolas, y bien menor que el área ocupada por los 85.000 latifundios
improductivos. Es preciso anotar que, según el análisis de Wilson Jose Barp y Ana Rosa Barganha Barp (CPT: 1999), el
crecimiento de la violencia está vinculado a los problemas estructurales y a
las políticas de desarrollo regional. En el Centro oeste, durante los años de
1990 se implantan las agro industrias pecuarias, con incentivo público, y con
aumento de los índices de crecimiento económico y de la violencia contra los
campesinos. En el Nordeste, la violencia crece de forma continua a partir de
1995, según los autores mencionados, asociada al fenómeno de la sequía – y,
agrego yo, al proceso de incremento productivo del narcoplantío
ilícito. En el Sudeste la situación parece reacomodarse después de los
incidentes del Puntal del Paranapanema que relanzaron el papel del Movimiento de
los Sin Tierra. En el Sur, de manera sorprendente considerada la región mas
desarrollada en relación con la cuestión agraria, aumentó la violencia, en especial
en el Paraná.
Se añade a este cuadro, ya doloroso, la actividad de
esclavitud de trabajadoras y trabajadores rurales, según José Martins de Souza, 90 mil personas fueron esclavizadas
temporalmente entre 1969 – 1994. De manera especial, durante el proceso de
expansión de la frontera agrícola, de la destrucción de bosques para la
actividad pecuaria en la región amazónica. Además de los casos repugnantes de
esclavitud sexual de niñas, en especial en las áreas de garimpo (minería y búsqueda de
oro o piedras preciosas). (Apud Iulianelli y Motta Ribeiro:
2000).
El conjunto de políticas públicas agrarias,
especialmente a partir del gobierno de Fernando Enrique Cardoso,
que deberían, según el propio gobierno, disminuir la gravedad de la cuestión
agraria, según los indicadores antes mencionados (tabla), sólo agravan tal
situación. Iniciativas de contra reforma agraria como la Cédula de la Tierra, un instrumento comprobado de concentración de
tierras, asociado a iniciativas de condena judicial de las ocupaciones y de
castigo a los ocupantes con el retardo de la solución legal de los
asentamientos, lo único que logran es agravar más el problema. La ausencia del
Estado, de políticas agrarias a favor de los campesinos, de iniciativas políticas
del Ministerio de Desarrollo Agrario, también agravan la situación. No es mera
coincidencia que el incremento de la producción agrícola de cannabis haya crecido en ese
período de políticas de contra reforma agraria.
Las políticas gubernamentales orientadas a la
agricultura familiar no beneficiaron a este sector. Los estudios muestran que
entre 1986 y 1999 hubo una disminución de recursos destinados a la agricultura,
como un todo, considerando el mismo periodo anterior (1973 – 1986). En el
Presupuesto General de la Unión, los recursos destinados a los mini y pequeños productores
rurales fueron 346,6 millones de reales en el año 1996 y 243,7 millones en 1998,
de los cuales fueron ejecutados 204,6 de reales en 1996 y 91 millones en 1999.
Vale anotar que fueron años de grandes conflictos sociales en el campo:
|
Años |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Datos Totales de violencia en el campo |
47.611 |
50.774 |
39.553 |
|
Inversión del gobierno federal en la agricultura
(millones de reales) |
346,6 |
204,6 |
91 |
Fuente: OGU; “Relatório Violência no Campo”, CPT, 1999.
Ese fenómeno de disminución de la inversión
gubernamental corresponde al pronóstico
del Ministro de Planeación Pedro Maln, según
el cual en el año 2013 Brasil tendrá apenas un 5% de población que viva en el
campo y de la agricultura. La baja inversión directa corresponde, a su
vez, a la creación de mecanismos operados vía Bolsas de Comercio (de Mercadorías) y de Futuros, casi inaccesibles al
sector de agricultura familiar. Hubo transferencia de responsabilidades a la
iniciativa privada, el poder público abandonó la determinación de políticas de
precios y de garantías de abastecimiento alimentario para la población. Como
solución a ese proyecto excluyente, el gobierno nacional presentó la panacea de
PRONF – Programa Nacional para la Agricultura Familiar. El gobierno afirmó que
dispondría de un billón de reales entre 1995-1996 y aplicó 535 millones. Afirmó
que entre 1996-1997 dispondría de 1,65 billones y aplicó 1 billón.
No obstante todo eso, la agricultura familiar continuó
aportando un cuarto de la producción agrícola nacional; mantuvo su prioridad en
el abastecimiento interno. Además de haber exportado, en el 2001, el 32.54% de
todas las exportaciones del agronegocio, o sea, 4,4 billones
de dólares. La agricultura familiar, como la caracterizó la profesora Sonia
Bergamasco (Berganmasco: 1995, 176) tiene lo
siguientes rasgos característicos: básicamente es agrícola, sólo una pequeña
parte es pecuaria, aunque en determinadas regiones, como las áreas secas del Nordeste
exista una ganadería de pequeño porte; integra una alta proporción de jóvenes y
mujeres como mano de obra -en el proceso
de auto explotación más de la mitad de los trabajadores son trabajadores
familiares; la población ocupada tiene, en general, bajo grado de instrucción.
En Brasil, en nuestros 850 millones de hectáreas, 375
millones de Hectáreas son ocupadas por establecimientos agrarios. De las
cuales, 78 millones de hectáreas corresponden a la agricultura familiar. Este
sector ocupa el 54% de la mano de obra agrícola. En el Nordeste hay 2.1
millones de pequeñas propiedades rurales, que ocupan 6.4 millones de personas,
y que abarcan 27.1 millones de hectáreas. En eses propiedades, en la región del
Submedio San Francisco, había producción de granos,
algodón, frutas y hortalizas. El conjunto de los precios de esos productos ha
bajado en las dos últimas décadas. Además, se produjo el famoso escándalo de la mandioca que quebró
muchos de los pequeños productores. Estos factores sumados a los antes
descritos, transformaron esta región en una de las más importantes productoras
de cannabis
en el mundo, y, sin duda, la más importante productora de cannabis en Brasil.
Hay que destacar que la presencia de cannabis precede a esos escándalos. La cannabis, como se sabe, es de
origen asiático, de la India. Hay relatos sobre la presencia de la planta en
Brasil ya en le período de la colonia. En los años de 1950, una de las más
importantes investigaciones sobre el nordeste brasilero, El hombre del Valle de San Francisco, coordinada por el sociólogo
americano Donald Pierson,
identificó el uso de la cannabis
en festividades por la población campesina. La criminalización
de la cannabis
es reciente, data de los años de 1930. Esta criminalización
siempre se reflejó en la política de erradicación de su cultivo. Hay informes,
presentados desde 1941 a la agencia de las Naciones Unidas para el combate a
las drogas (UNDCP). Por lo tanto, hace más de 60 años es ejecutada la política
pública de erradicación de la planta, infortunadamente sin las correspondientes
políticas dirigidas al desarrollo nacional y, en especial, al desarrollo de los
campesinos Brasileros. Como dijimos, esto mantuvo, agudizó la ya grave cuestión
agraria.
Según UNDCP, es extremadamente difícil estimar la
extensión del cultivo ilícito de cannabis, así como la producción y el tráfico, porque existe
el crecimiento natural de la planta, la diversificación del cultivo – inclusive
con el uso de semillas transgénicas – y la producción
representa una pequeña parte del dinero generado con el tráfico, un poco más
del 10% del valor anual, que llega sin embargo a la no despreciable suma de
41.5 millones de dólares. De todas maneras, la extensión necesaria para el
cultivo de marihuana es mucho mayor que para otras plantas, como el opio y la
hoja de coca, como se puede ver en la siguiente tabla:
|
Producto agrícola ilícito |
Área cultivable estimada (1.000ha) (Mundo) |
Drogas producidas |
Principales países productores en América Latina |
Tendencia de la producción en la década de 1990 |
|
Opio |
217 |
Heroína |
México, Guatemala, Colombia |
Estable |
|
Hoja de coca |
183 |
Cocaína |
Colombia, Bolivia, Perú |
Descenso |
|
Cannabis |
1.850 |
Marihuana y hachiz |
Colombia, Perú |
Crecimiento |
Fuente: UNDCP, informe 2000.
Según UNDCP, la cannabis es producida en 120
países de los 134 que presentan informes de incautaciones policiales. Según la
INTERPOL, 67 países suministran cannabis para el trafico,
de los cuales 13 de América latina entre ellos Brasil. Dada la
diversidad, se considera que la marihuana existe como cultivo abierto, como
cultivo cerrado, inclusive hidropónico,
y hasta de crecimiento espontáneo, salvaje. Todo esto hace más compleja la
estimación del área cultivada. Incluso así, según UNDCP, hay el siguiente
cálculo en relación con el cultivo abierto:
|
Área cultivada de cannabis (ha) |
Países
y regiones |
|
1.850.000 |
Mundo |
|
1.000.000 |
Comunidade de los Países Independentes (ex-URSS) |
|
400.000 |
Kazaquistáno |
|
50.000 |
Marruecos |
|
5.000 |
Colombia |
|
3.700 |
México |
Fuente: UNDCP, informe 2000.
A pesar de esta dificultad, considerando que los
estimativos son realizados a partir de los datos de incautación policial de la
marihuana se puede hacer la siguiente comparación a partir de los datos
mundiales de aprehensiones relacionadas con diferentes tipos de semillas, tomando
en consideración, según UNDCP, que la incautación corresponde a 15 veces menos
que la producción mundial de marihuana:
|
Marihuana incautada (tons.) |
Marihuana producida(tons) |
Área
cultivable (1.000 ha) |
|
|
Mundo, 1998 |
2.926 |
30.000 |
1.850 |
|
Brasil, 1998 |
28 |
287 |
4,592 |
Fuente: UNDCP, informe 2000[2]
Si asociáramos esos datos a los de la Policía Federal correspondientes
a los años de 1998 – 2000, tendríamos la siguiente proyección sobre las
dimensiones de la producción en Brasil:
|
Año |
Marihuana incautada (tons). |
Marihuana producida (tons) |
Área
cultivable (ha) |
|
1998 |
28 |
287 |
4.592 |
|
1999 |
69 |
707 |
11.312 |
|
2000 (1) |
51 |
522 |
8.364 |
Fuente: Informe de la Policía Federal de
incautación de drogas, UNDCP-informe, 2000.
(1) La incautación de cannabis,
en 2000, fue de 161 tons, sin embargo, según la PF,
110 tons. Fueron
traficadas a partir de Paraguay, vía Mato Grosso do Sul.
Estos datos muestran que el cultivo de marihuana
correspondería a pequeñas propiedades rurales. No hay indicios de latifundios
productores de marihuana. Es necesario considerar que las mayores incautaciones
no ocurren en el área de producción sino en los centro de distribución. Así,
dejando de lado las 110 toneladas que llegan de Paraguay la mayor incautación ocurrió
en el estado de Río de Janeiro (15 toneladas ) seguido de Mina Gerais (4), PR (3) y de los estados de Sao Paulo, SC, RS, Bahía
y Pernambuco (con 2 toneladas cada uno). Si consideramos las regiones, tenemos
que el Sudeste y el Sur, tuvieron las mayores incautaciones con un total de 28
toneladas. En el Nordeste, considerando Bahía y Pernambuco, se mantuvo en poco
más de 4 toneladas. El Nordeste no es un centro de gran consumo, pero, con
seguridad, es un centro de producción.
Si consideramos como indicadores de producción local
las incautaciones de pies de marihuana, tomado en cuenta que, según la Policía
Federal, cada pie de marihuana produce, en promedio, 400 gramos de marihuana,
tendremos para Bahía y Pernambuco en el año 2000:
|
Pies de marihuana
erradicados en BA y PE |
Cantidad potencial de marihuana |
|
1.813.483 pies |
725,39 tons. |
Fuente: Plan Nacional de Seguridad
Pública, Balance consolidado, 2002.
Podemos observar que la cantidad de marihuana
potencialmente destruida es mayor que aquella que fue incautada. Esto configura
que la producción es muy superior a la incautación y a la destrucción
(erradicación) juntas. Tomando en cuenta que el consumo permanece, esto
significa una producción superior a esas informaciones. Si aplicásemos los
mismos factores relativos a la relación marihuana incautada-producción–área
cultivable, tendríamos el siguiente resultado para los estados de Bahía y
Pernambuco:
|
Toneladas de marihuana a
partir de los piés de marihuana destruídos |
Producción de cannabis |
Área cultivable |
|
725,39 tons. |
7.435 tons. |
118.963 ha. |
Fuente: Plan Nacional de
Seguridad Pública, Balance consolidado, 2000.
En 1998 hubo 134.000 hectáreas de tierras en conflicto
social agrario (Cf. CPT, 1999). Esos conflictos afectaron propiedades medianas
y grandes, especialmente en Bahía. Como las áreas de producción de cannabis precisan permanecer ocultas, es aún más explicable
que estén constituidas por pequeñas propiedades rurales. Otro elemento
importante, la eliminación de pies de marihuana en el estado de Pernambuco fue
menor que en el de Bahía, 789.931 pies y 1.014.552 pies respectivamente. Esto
puede indicar un crecimiento de la actividad en el estado Bahiano,
lo cual muestra, posiblemente, una mayor extensión de la red del llamado Polígono de Maconha
(Polígono de la Marihuana). Es preciso anotar que tanto el estimativo de
118.000 hectáreas como el de 2.524 hectáreas no son incompatibles con los
niveles de incautación y destrucción de pies de marihuana. No tenemos un
instrumento de obtención precisa de la extensión de tierra utilizada para la
plantación de marihuana. Considerando, por ello, los datos de extensión del
territorio y otros como por ejemplo el de las hectáreas de tierra afectadas por
conflictos agrarios, no parece incoherente suponer la mayor extensión estimada.
Al contrario, corresponde a los datos de incautación y de consumo calculados
por los organismos policiales internacionales , los principales productores de
informaciones en este caso.
Los números son muy elevados, sólo en el caso de los
estados de Bahía y Pernambuco, a partir de los datos de los pies de marihuana
extirpados, corresponderían a la reducción de 185 millones de cigarros de
marihuana (cada cigarro tendría en promedio 4 gramos, que coincide con el dato
obtenido). Si esa información ya es alta, imaginemos, con la aplicación de
aquellos factores, la posibilidad de un trillón de cigarros. Si de un trillón restáramos
aquellos 185 billones, quedarían aún 915 billones de cigarros para ser vendidos
al consumidor final, descontadas, obviamente, otras pérdidas en el proceso de
producción de los cigarros. Considerando todo, los lucros posibles con este
negocio son mucho más altos que para cualquier economía.
Es interesante observar que, así como la violencia
creció en la segunda mitad de la década de 1980 en todo el País, la producción
de la marihuana en el Nordeste también creció. En segundo lugar, ese
crecimiento no era desconocido por las autoridades públicas constituidas. En
tercer lugar, ese crecimiento se da, también, fortalecido por el famoso escándalo de la mandioca y por la caída
de los precios de la cebolla y del algodón en la región. No es posible
interpretar el narcoplantío de la marihuana sin
asociarlo al capitalismo agrario brasilero. El empresario de la siembra de
marihuana y suministrador de semillas, el agrónomo investigador de semillas, y,
sobre todo, el, planificador de la red de producción–distribución–consumo es
quien realmente se beneficia y se enriquece de ese proceso de narcoplantío. Me inclino a pensar en la necesidad de
discutir una política de tolerancia en las puntas del proceso del narconegocio, a saber, en la producción y en el consumo. Si
el consumidor merece respeto porque, eventualmente, se convertirá en un adicto
por el abuso de las drogas, el trabajador rural merece respeto por que él está
en una actividad agrícola, productiva, construyendo estrategias de supervivencia
en un país que desprecia la necesidad de políticas agrícolas que beneficien a
los campesinos, especialmente a los pequeños productores y a la agricultura
familiar. No es posible discutir erradicación de la siembra sin la
correspondiente discusión sobre el desarrollo alternativo para el campesinado.
La UNDCP sustenta la necesidad de tratar el asunto de
las drogas sobre un trípode. Primero, acciones preventivas, tanto en el área
educativa como en el área terapéutica. Segundo, políticas de refuerzo de los
instrumentos legales y erradicación. Tercero, acciones de desarrollo
alternativo. Además, desde los años de 1970, UNDCP y la ONU, tienen protocolos,
firmados por los gobiernos, entre ellos Brasil, que garantizan políticas de
sustitución de la siembra con alternativas para el campesinado. De hecho, solo
en la década de 1990 esas políticas comenzaron a ser aplicadas en América del Sur sobre todo en Colombia. Antes
de la perversa fase de la acción intervencionista del Plan Colombia, el Estado
colombiano invirtió en algunos proyectos de sustitución de cultivos, entre los
cuales algunos entre los pueblos indígenas, que tuvieron un resultado adecuado.
Los campesinos abandonaban el cultivo de hoja de coca en la medida que tenían
seguridad alimentaria y agrícola construida. Sin
embargo, eso, como dice el sociólogo Ricardo Vargas Meza, requiere ser
complementado con políticas que descriminalicen el ya
tan penalizado campesino (Ver Meza: 1999).
II
Los pequeños productores, la agricultura familiar, vinculados
al cultivo de la cannabis,
especialmente en el Nordeste brasilero, sin embargo, como indica el Instituto
Brasilero Giovanni Falcone, expendiéndose hacia el
Sur y el Sureste al menos a partir de 1998, están inscritos en los procesos de
la agroindustria. Narconegocio del cultivo y agroindustria.
Esta argumentación ya fue presentada por la profesora Ana María Motta Ribeiro (Cf.: Motta Ribeiro
y Iulianelli: 2000). A partir de la geopolítica del narconegocio ella observa que hay una división
internacional del trabajo entre países productores y consumidores. Así, en
la mayoría de los casos, los países del
primer mundo presentan una demanda de consumo que permite una producción de
amplia escala de las drogas ilícitas, sobre todo en el Tercer Mundo. El abuso
de drogas, como también nos revela el informe de la UNDCP, es mucho mayor en
los países del Primer Mundo. Las drogas pasan a legitimar una guerra contra los
países pobres. Si la justificación anterior era la lucha contra el comunismo,
ahora es la lucha contra las drogas
Esa no es una práctica nueva, en especial en el caso
del gobierno de Washington. Se inició durante los años de Richard Nixon. Este, recién posesionado le declaró la guerra a las
drogas. Sucesivas administraciones continuaron ese propósito, y esto tomo mayor
fuerza después de la caída del Muro de Berlín.
Después del fatídico 11 de septiembre de 2001, esa guerra se tornó aun mas
extrema. Ahora, se asocia cada vez más el mundo de las drogas a las redes del
terrorismo internacional. Así, el tratamiento gubernamental de la cuestión de
las drogas es cada vez más militarizado. Las discusiones en el ámbito de la
producción y de la salud, ambas bajo la égida de la legalización, son relegadas
al olvido, o a un tratamiento irrelevante. Como describe la profesora Ana María,
el agronegocio es una organización de la producción
agrícola a partir de los intereses del empresario del negocio quien controla
toda la cadena productiva, permite que algunos pequeños productores sean
integrados, que otros sean asalariados,
le suministra todo el insumo agrícola, garantiza el procesamiento,
distribución y comercialización de los productos, gozando altos lucros. En esta
organización en dos tiempos, de puertas para adentro – garantizando por medio
de los insumos la calidad del producto y subordinando al productor a la lógica de la empresa – y de puertas para
afuera garantizando el proceso de distribución y comercialización como etapas
altamente lucrativas, el agronegocio se expande en esferas macro regionales e
internacionales, para las cuales el pequeño productor, o asalariado rural,
jamás tendrá condiciones.
La profesora Ana María demostró eso para el caso de la
cocaína. No es difícil hacer lo mismo
para la producción de cannabis.
Aparte de los peligros de la
ilegalidad, el narcotráfico se presenta como un buen negocio en términos de
trabajo agrícola para el pequeño productor: en el circuito del narco, terrenos pésimos se pueden transformar en
aprovechables como montañas y selvas – agregaría yo bosques en proceso de descertificación- que se convertirían en lugares
estratégicos. Los negociantes de las drogas, a diferencia de los gobiernos o de
los propietarios de tierras, suministran gratuitamente las semillas para los
cultivos “ilícitos” y reciben la cosecha permitiendo así la producción de un
cultivo lucrativo sin que el trabajador tenga que salir jamás de la parcela,
reduciendo parte de la autoexplotación a la que
generalmente se expone el pequeño productor, además de la eliminación de gastos
considerables de transporte y de los riesgos por pérdida de la calidad de la
mercancía. Se agrega a esto la ausencia de políticas agrícolas y agraria para
la pequeña producción, salarios mínimos irracionales, el desempleo estructural
y además el proceso de contrarreforma agraria de América Latina, en curso desde
la década de 1970. (Motta Ribeiro y Iulianelli: 2000, 53).
Uno de los efectos del agronegocio
en América Latina, como anota el profesor, Miguel Teubal,
es la creciente desarticulación sectorial de la economía, que hace más aguda la
cuestión del desempleo en la zonas rurales (Teubal:
1995, 104). Además, esa reestructuración de la absorción de los productores en
la agroindustria ha provocado desarticulación social. El agronegocio
es un factor inhibidor de la construcción de acciones sociales de resistencia.
Es la producción de una situación de ajuste. Ante la ausencia de alternativas
en el mundo campesino, dada la presencia del agronegocio
y del agronegocio del ilícito, queda a los campesinos
el destino de la integración, del ajuste. Parece que exportación o muerte es
también lema pero no disyuntivo, es exportación y muerte de un campesino
responsable absoluto por el abastecimiento interno de países como Brasil.
III
La estructura organizativa de la producción de cannabis como la
observamos en Brasil sugiere, por ejemplo, que hay una red internacional en el
control del negocio. El consumo de la marihuana en Brasil parece remontar a los
tiempos coloniales. Entre los esclavos, en las factorías de azúcar, en
Pernambuco, se consumía marihuana, como relata Gilberto Freyre. En ese período,
el uso de la marihuana fue prohibido en Río de Janeiro, 1830 (Cf.: Cordeiro de Farias: 1955, 7). En los años de 1950 como fue
citado antes, recorriendo el valle de San Francisco, el investigador
norteamericano Donald Pierson,
identificó el consumo de cannabis
por los campesinos. En los registros entregados a UNDCP por el gobierno
brasilero, desde los años de 1940 se mencionaba ese consumo. Sin embargo, por
los relatos casuales y por la ausencia de registros policiales, sobre las
drogas en general y en particular sobre la cannabis, parece que no había una
producción en gran escala ni que eso configurase un problema de seguridad y
salud pública. De acuerdo con informaciones del Dr. Roberval Cordeiro de Farias, desde 1941, se identifica la producción
de marihuana en los estados de Bahía, Sergipe y
Marañón, además de Pernambuco.
En los años de 1970 se creía que circulaba en Brasil
marihuana de origen mexicano, ella habría llegado junto con el trafico de cocaína.
Por esa época se instaló el consumo con cierto aire de moda juvenil, de rebeldía,
de actitud anti-autoritaria. El abuso se difundía
sobre todo entre los jóvenes. El resultado era un aumento relativo del número
de adictos, y el consecuente aumento de la producción nativa. En la según mitad
de la década de 1980, el Polígono da Maconha se convertirá en el área de más alta
productividad nacional de marihuana, así como el Estado de Marañón. No
obstante, entraba marihuana al país de manera consecutiva, sobre todo del
Paraguay.
Solo falta al investigador deducir lo siguiente.
Primero, la producción en amplia escala sólo aumenta a partir de 1970 y sobre
todo en la segunda mitad de los años de 1980. Es consecuente ese aumento de la
producción con el aumento del consumo. Acompaña a esa ola productiva una
articulación de redes de distribución interregionales e internacionales. Esas
redes de distribución están organizadas a partir de la ilicitud del comercio de
la drogas. No es posible la existencia de una red como esa sin una estructura
administrativa y de planeación que promueva un servicio de insumos para la
producción, protección para la red ilícita de producción y garantía de atención
a la demanda de consumo. Así, se presume que desde el inicio, a partir de los
años de 1970 esa red estaría organizada nacional e internacionalmente.
A una red económica como esa, corresponderá una red de
poder. El poder de lo ilícito se impone, sobre todo en los medios urbanos, con
el designio de la violencia armada. Sobre este punto, contribuye mucho la
reflexión del profesor Argemiro Procopio (Procopio:
1996, 155 ss). El indica cómo el narconegocio,
sobre todo a partir de la Amazonia, corresponde a un
proceso de integración regional, en el cual narconegociantes
de Perú, Colombia, Bolivia y Brasil realizan una acción conjunta envidiable.
Las drogas son transportadas, sobretodo, en pequeñas cantidades, garantizando
perdidas pequeñas. Esa red no se sustenta sin la presencia masiva de armas.
Corresponde al narconegocio un fuerte sector de
seguridad bélica que significa bajas muy elevadas. Hay , sin duda, una relación
causal entre el aumento de muertes en el interior del país y la interiorización
de la producción y del consumo de las drogas, entre las cuales la marihuana –
la ciudad de Floresta (Pernambuco), en 1997 era la segunda ciudad con la mayor
tasa de homicidios de jóvenes entre 15 y 24 años en Brasil.
Esto nos muestra la complejidad de un sistema de las drogas. En lo cotidiano,
oímos, asistimos, o leemos muy poco sobre los efectos de ese sistema: Aumento
de la producción de drogas, personas adictas, asesinatos en gran escala
promovidos por el narcotráfico, prisión de traficantes. Nada de eso habla de lo
esencial. Para que ese sistema funcione hay financistas del narconegocio.
Este es un negocio que hace circular 411 billones de dólares por año. Es
imposible que el sistema de las drogas funciones sin un proceso muy bien
articulado de lavado de dinero. El
concepto de lavado de dinero incluye tanto los sistemas de protección y secreto
bancario, que permiten la circulación de cifras inimaginables sin ninguna
posibilidad de investigación sobre los depositantes, así como los esquemas de
lasitud en legislaciones que protegen a los encubridores y facilitan la remesa
de capitales – como las famosas CC5. En este sistema de las drogas, muchos se
convierten en rehenes especialmente los usuarios y los productores y
trabajadores rurales.
IV
Una cuestión fundamental en este asunto es la relación
del Estado con la sociedad. Los campesinos, como vimos al principio, son cada
vez más objeto de la ausencia de política pública. Llegamos a profecías auto
realizables como las del señor ministro de Planeación, Pedro Malan, que afirma que en el año 2013 apenas el 5% de la
población vivirá en el campo. Y, con eso, justificaría la disminución de las
inversiones públicas a favor de los pequeños productores. Agréguese a esto el
hecho de que todas las acciones gubernamentales sobre el narconegocio
han sido de carácter militar y policial. No acompañaron a la mayoría de las
acciones, iniciativas educativas, de salud y de efecto económico. O, incluso
ahora que comienzan a ocurrir, tuvieron como finalidad la disminución inmediata
de la producción, o la inhibición de la circulación de los productos.
De allí el énfasis en la erradicación de pies de
marihuana y de incautación de drogas. El éxito de la política antidrogas
crecería en la medida en que creciesen las cantidades destruidas e incautadas.
El resultado de esto es la punición indiferenciada al pequeño productor y al
traficante y la atenuación para el usuario. El usuario víctima del abuso, se
convierte en un adicto, una persona enviciada, un usuario compulsivo. ¿El
productor? ¿El no se convierte en adicto
de la producción por motivos económicos? ¿No es él rehén de la ausencia de
políticas agrícolas y agrarias?
Como indica, muy bien, el profesor Paulo Fraga:
Así, es de extrema relevancia
entender que el incremento de la violencia en Brasil, y en varias partes del
mundo, posee estrecha relación con la organización del crimen. En este sentido,
nuevos abordajes se hacen necesarios para comprender el fenómeno, articulando
su fase macro con sus efectos micro. Si el crimen se organiza en red y va
creando una huella de violencia por donde pasa, sus efectos más crueles, sin
embargo, se dan en su faceta local. Así, es imprescindible que para cada
realidad local donde se verifican los efectos del narconegocio
sean identificados los actores y los elementos internos que propician su
institucionalización, sea de naturaleza cultural o social. Esto es, no se puede
hacer un análisis profundo del crimen, principalmente el organizado, sus causas
y sus efectos, sin comprender toda su estructura global y nacional, las
desigualdades sociales que producen determinadas carencias, sin analizar los elementos
culturales de las relaciones de los sujetos con las estructuras que propician
la adhesión de personas al crimen. El caso de las favelas
de Río de Janeiro y de las áreas rurales del Submedio
San Francisco son ejemplos de cómo los efectos de la criminalidad organizada en
torno del trafico ilegal de drogas tocan principalmente los actores sociales
más vulnerables, en el caso específico los jóvenes. (Fraga y Iulianelli: 2002, 4)
V
La región del Submedio San
Francisco, donde esta incrustado el Polígono
da Maconha, es el área de mayor producción de cannabis en
Brasil. Algunos hechos deben explicar ese proceso. Por una parte, esta es un
área ínter fronteriza de los estados de Bahía, Serguipe,
Alagoas y Pernambuco. Esta área, como vimos antes, es
un área tradicional del cultivo de cannabis, con registros, para hablar del siglo XX que se
remontan a la década de 1940. Es una región semi
árida, en la cual las políticas públicas para los pequeños agricultores sertanejos (del sertão)
casi no existen. Esta región fue escenario, entre los años de 1970 – 1980 de mega
proyectos de inversión, como las Usinas Hidroeléctricas (Uhe).
Paulo Afonso, Sobradinho e Itaparica estuvieron vinculados con el desplazamiento
forzado de millares de familias. Solamente la última, Uhe,
fue escenario de una conquista social, debido a las presiones del movimiento
social organizado por los labradores que se constituyeron al final de las años
de 1970 en el Polo Sindical de los Trabajadores Rurales del Submedio
San Francisco.
Itaparica
fue construida sobre la Cachoeira de Itaparica. En 1988 fue construido un embalse de 150
kilómetros de largo, que inundó 800 Km2 de tierras. Aproximadamente
10.500 familias fueron desplazadas, 45.000 personas, de 7 municipios de los
estado de Bahía y Pernambuco. A través de muchas luchas, entre 1979 y 1986 el
Polo Sindical conquistó un acuerdo inédito para la población afectada por la
construcción de embalses. Por medio del Acuerdo
de 1986 se conquisto: Tierra para irrigación, viviendas (“agrovilas”: villas, aldeas), tierra para cría, asistencia
técnica, partida de sostenimiento temporal (por un valor de 2.5 salarios
mínimos) por familia reasentada, indemnización y la participación de los
trabajadores en decisiones sobre el reasentamiento. Por el gobierno Federal
firmaba el acuerdo la CHESF. Por los trabajadores firmaba el Polo Sindical.
Los trabajadores, victoriosos en la lucha, indicaban
las áreas en las cuales deberían ser reasentados. A partir de 1987 en un
proceso acelerado por la CHESF se inició el reasentamiento de los trabajadores
rurales y sus familias. Las agrovilas habían sido
construidas, pero aún no estaba lista la infraestructura para irrigación de la
mayoría de los proyectos. El Banco Mundial financió 232 millones de dólares
para hacer efectivos los acuerdos que garantizarían iguales o mejores
condiciones sociales que las anteriores para los trabajadores rurales – estos,
además, por medio de esa lucha, conquistaron la inclusión de la cláusula social
en los acuerdos de financiación de embalses con prestamos del Banco Mundial.
Hasta 1997 el Gobierno Federal, en sucesivas
administraciones, gastó 1,3 billones de dólares en Itaparica.
Según un Grupo de Trabajo del propio
gobierno, Itaparica fue la mayor inversión en el
interior del Nordeste brasilero. Hasta 1999, solamente el 35% de los proyectos
de reasentamiento irrigado estaba en funcionamiento. Incluso con esa situación
adversa, los trabajadores rurales de Itaparica produjeron
en 1996 un 20% de la producción nacional de tomate – en un acuerdo con la
agroindustria Etti.
El Polo Sindical mantuvo la exigencia de los derechos de los trabajadores,
conquistadas hace más de 16 años, con promesas firmadas por el Gobierno Federal
secundadas por el Banco Mundial, e incumplidas hasta hoy.
Toda esa historia ya es trágica. Sin embargo, hay un
dato fundamental que aún no fue tomada en cuenta. Cuando en 1986 los
trabajadores rurales eligieron áreas para el desplazamiento, ya era de
conocimiento del Gobierno Federal, incluso de la DEA, que aquella era una
región muy importante para la producción de marihuana. Así, la mayor inversión
pública en el interior del Nordeste se dio en la región de mayor producción de
marihuana. Eso fomentó el caldo de cultivo de la violencia que ya en esa época
poseía dos significados: el significado tradicional y el significado moderno.
Con esa estructura interpretativa construimos prototipos ideales para
comprender comportamientos violentos en el sertão.
Del lado tradicional, la región del sertão está
rodeada por una historia de acciones violentas de resistencia de los sertanejos,
frente al desgobierno y a la ausencia de políticas publicas, y acciones
violentas entre los sertanejos
especialmente por cuestiones de honor.
El sertão estas
cuestiones están marcadas por peleas entre familias, con o sin relación con
cuestiones agrarias. Las acciones violentas de resistencias tienen características
de reconstrucción social ante situaciones de injusticia, tal fue, por ejemplo,
el caso de Canudos, y del Cangado, reconocida como
una estrategia de bandolerismo social.
En el caso de las acciones violentas entre los sertanejos tenemos las llamadas
peleas de familia. En ellas, muchas veces, el objetivo inicial de la disputa se
pierde, y permanece sólo aquel rescoldo casi imborrable e inapelable –
actualmente se asiste en el sertão de Pernambuco a algunas tentativas de apaciguamiento,
todavía con efectos poco mensurables.
Del lado moderno, tenemos la violencia del capitalismo
agrario que aparece como una estructura de
subordinación del pequeño productor, del campesino. Incluso aquí la
complejidad del proceso exige que hagamos una distinción entre la violencia
causada por acciones u omisiones del Estado y aquella provocada por acciones de
agentes ilegales. Este último caso es más reciente. Estas acciones violentas
provocadas por el mundo del crimen se organizan a partir de la construcción de
las estructuras del proceso de producción de la narcoplanta
y de la construcción de estrategias de distribución de esa producción.
Esos dos significados se articulan. Tenemos así la
producción de una violencia fatal, que utiliza miembros de familias en litigio
como pistoleros de alquiler
(sicarios). La vida humana pierde su valor, en la medida en que ella se oponga
a las acciones violentas o a las acciones productivas promovidas por los agentes
de las acciones violentas. El caso es aún más complejo en la medida en que
estos hechos son producto de opciones estratégicas o, al menos, acentuadas por
opciones estratégicas gubernamentales. Esto es aún más evidente cuando
observamos que no es un fenómeno local sino que se presenta en todos los
espacios donde se manifiestan esas condiciones sociales. En prueba de esto, veamos la descripción de la situación de
Marruecos y comparémosla luego con lo que pasó en Brasil en el Submedio San Francisco. Hablando de los años de 1990,
después de demostrar que el cultivo de cannabis es tradicional en la región, que los campesinos
encontraron en ella una agricultura lucrativa, y que entienden que es un
derecho trabajar, Ouazzani afirma :
Es necesario agregar que las
políticas de ajuste estructural del Banco Mundial, que fueron ampliamente
ejecutadas por el gobierno Marroquí, tuvieron consecuencias económicas y
sociales muy graves para los pequeños productores. Estos tuvieron que encontrar
una alternativa. Existe un paralelo entre la aplicación de políticas
neoliberales, el empobrecimiento de los campesinos y el desarrollo del cultivo
de cannabis. Así, la región del Rif
no es suficiente para la sobrevivencia de sus
habitantes, la cannabis, que puede ser cultivada con
o sin irrigación, aparece como una tabla de salvación para una población
perdida. Es un cultivo que le permite sobrevivir, defender la vida… y esto no
solo por la facilidad de su cultivo, por la mano de obra que genera, como
constatamos en recientes investigaciones (1995) (Ouazzani:
1996, 118)
La acción del Banco Mundial junto con las políticas
públicas de ajuste en una región como el Rif en
Marruecos marcada por la sequía, permitió el crecimiento del plantío de cannabis. Y esto
con una absorción de mano de obra muy grande en poblados de 500 habitantes, de
100 a 150 personas estaban involucradas con este cultivo (Ouazzani:
1996, 118). No tenemos esos datos sobre el Polígono
da Maconha. Sin embargo, de acuerdo con la
Policía Federal, considerando solamente en ciudades de Pernambuco (Belem de San
Francisco, Cabrobo, Caraibeiras,
Carnaubeira da Penha,
Floresta, Itacuruba, Lagoa
Grande, Trocó, Petrolándia, Santa Maria da Boa Vista,
Tacaratu), 40.000 personas cultivan marihuana, de las
cuales 10.000 son adolescentes y jóvenes. La mayoría de esas ciudades tiene una
población que no llega a 40 mil personas.
El hecho es que las acciones del Banco Mundial en la
región, como en Marruecos, parecen haber a la población rehén de esa estrategia
de sobre vivencia. Sino, veamos. El Polo Sindical, en 1997, exigió al Banco
Mundial que se hiciese presente a través del Panel de Inspección, averiguando como no fueron usados socialmente
los recursos que tenían tal fin. El Banco, en apuros, decidió no instalar el Panel,
pero se comprometió a acompañar las acciones del Gobierno Federal para la
conclusión del reasentamiento. En 1997 fatídicamente, uno de los más
representativos lideres sindicales, Fulgencio Manoel
da Silva fue asesinado por oponerse a las presiones de los narcoproductores
que pretendían que los agricultores no interesados cediesen sus tierras para el
plantío de marihuana.
Esto no conmovió ni al Gobierno Federal ni al Banco
Mundial. Parlamentarios habían identificado, antes de la muerte de Fulgencio
que el Polígono da Maconha
era un área de producción afiliada a una red de narconegocio,
que parecía tener tentáculos desplegados hasta Río de Janeiro, como el Comando Vérmelo (rojo) que sería una especie
de Comando General de los Comandos Caipira. Hasta el año de 1999, de conformidad con el
Banco Mundial, el gobierno brasilero no concluyó el reasentamiento de Itaparica. Por el contrario, a través del Grupo Ejecutivo
para el Reasentamiento de Itaparica, construyó una
alternativa de interés de los trabajadores rurales que habían conquistado el
derecho de tener tierra irrigada para producir: pagó indemnizaciones para que
esos trabajadores se retirasen de las tierras que conquistaron. Los valores
pagados eran suficientes para compras de inmuebles residenciales en las
ciudades, pero no para la adquisición de tierras para la producción
Entre 1997 – 1999 aumenta el índice de homicidios de
jóvenes en la región del Submedio San Francisco. La
ciudad de Floresta tiene las tasas más altas. Hasta el año de 2001 fueron
indemnizadas casi 500 familias y tituladas 620 familias, faltando por recibir
esos beneficios 2.746 de las 6900
familias que fueron reasentadas, según la CHESF. En el 2002 el presupuesto de
la Unión prevé gastar más de 121 millones de reales en la conclusión del
reasentamiento de Itaparica. Hasta el momento, 200 familias del proyecto
Jurante, en el municipio de Gloria, en Bahía, no quieren ese beneficio sino el
reasentamiento irrigado que conquistaron en 1986. El mayor problema es que
incluso en áreas donde ya se esta produciendo, sobre todo fruticultura, el
GERPI esta proponiendo ese beneficio
a las familias reasentadas. Parece que a los tecnócratas del GERPI les falta el
mínimo de sensibilidad para asociar el beneficio
al terror de la acción violenta moderna, estatal y criminal, que alimenta.
Las acciones policiales, para la erradicación de la
marihuana, no cesaron. En el año 2000, fueron destruidos 3.7 millones de pies
de cannabis.
En el inicio del 2001, se verificaba que había nuevas áreas de plantíos de
marihuana en Pernambuco, en el municipio
de Palmares, zona de los matorrales del Sur Pernambucano.
Allá fueron encontrados 2.000 pies de marihuana. En marzo del año 2002, en una
acción conjunta de la Policía Federal con la Policía Civil de Pernambuco, en
Belem de San Francisco, fueron erradicados 100 mil pies. En julio, de este
mismo año, en Orocó, dentro del proyecto Brigida, uno de los proyectos de reasentamiento irrigado,
en un plantío mixto de fruticultura y cannabis, se erradicó
el equivalente a 22 toneladas de marihuana. De esta manera, parece que la
erradicación no se presenta como un política interesante, pues carece de públicas
complementarias y se realiza en contravía de las conquistas de los trabajadores
rurales en la región.
Concluimos estas reflexiones con algunas de las
propuestas del profesor Vargas Meza:
La reducción de daños debe asumir
el desarrollo de una propuesta de descriminalización
de los pequeños y medianos productores, sobre la base de negociaciones con
organizaciones representativas y reconocidas de las comunidades para la
apertura de un proceso gradual de abolición de la mono dependencia ilícita y la
generación de condiciones adecuadas para propiciar el desarrollo en vista a un
cambio económico de las regiones productoras. La generación de condiciones para
la ruptura de la mono dependencia de la economías ilegal y la apertura de
condiciones de desarrollo de las zonas productoras , debe iniciarse con la
propuesta de ordenamiento territorial y ambiental que concilien las
consideraciones técnicas del potencial
de uso del suelo con las expectativas de la comunidades asentadas en estos
territorios. El ámbito de los social debe abrir y proteger formas diversas de
participación y organizaciones de la comunidades, promover una ética civil de
solidaridad y afirmación cultural, de reconocimiento común de las reglas del
juego para dirimir las diferencias (Meza:
1999, 183).
Bibliografía
-
CPT, Relatório da violência no campo. GO: CPT,
1999
-
Cordeiro de Farias, Roberval. Use of maconha
in Brazil. Repport to UNDCP: 1955
-
Furtado,
Celso. Brasil: construção interrompida.
SP: Paz e Terra, 1992
-
Iulianelli, Jorge Atílio Silva.
“O
gosto bom do bode” In Motta Ribeiro, Ana Maria e Iulianelli, Jorge Atílio
Silva. Narcotráfico e Violência
no campo. RJ: DP&A, 2000
-
Iulianelli, Jorge Atílio
Silva e Fraga, Paulo César Pontes.
“Jovens e narconegócio no Brasil”, s.p., 2002
-
Motta Ribeiro, Ana Maria et al. Terra e trabalho escravo.
RJ: UFF, 2002
-
Motta Ribeiro, Ana Maria.
“Sociologia do Narcotráfico na América Latina” In Motta Ribeiro, Ana Maria e
Iulianelli, Jorge Atílio Silva. Narcotráfico e Violência no campo. RJ:
DP&A, 2000
-
Martins, José de Souza. Reforma agrária.
Brasília-DF, MDA: 2000
-
Meza, Ricardo Vargas. Drogas, mascaras y juegos. Bogotá: TM Editores, 1999
-
Ouazzani, Ansaf. “Le kif au Maroc” In Alternatives Sud 3(1). Paris:
Hartman, 1996, pp.115-126
-
Procópio, Argemiro. O Brasil no mundo das drogas.
Petrópolis: Vozes, 1996
-
Stédile, João Pedro. Brava Gente.
-
Shanin,
Theodor. Pesants and peasant society.
NY: Penguin, 1973
-
Soares, Luiz Eduardo. Campesinato:
ideologia e política. RJ:
Zahar, 1981
-
Wanderley, Maria de Nazareth
Baudel. “A agricultura familiar no Brasil: um espaço em construção” In Reforma
Agrária 25 (2/3): 1995, 55-57
-
Teubal,
Miguel. Globalización y expansión
agroindustrial. Bs.As.: Corregidor, 1995
-
Umprimny, Rodrigo. “Lê narco‑trafic comme forme
particuliére de l’accumulation mercantile” In Alternatives Sud 3(1).
-
UNDCP. Undcp drug report: 2000.
Traducido del portugués por Dario González Posso
MamaCoca www.mamacoca.org