ROMPIENDO
LAS CADENAS:
Sharda Sekaran
¿Qué
factores políticos contribuyeron al desarrollo de una política de drogas basada
en la justicia penal?
En el ámbito doméstico, la
política de drogas estadounidense está alimentada por un prejuicio histórico en
contra de las personas de color, lo que justifica su presencia desproporcionada
en el sistema penal. A pesar de que el uso de drogas es relativamente
equiparable entre los diferentes grupos étnicos, muchas leyes penales de drogas
se basan en parte en la creencia de que ciertas comunidades de color usan habitualmente
ciertas substancias. Tal fue el caso con el opio y los inmigrantes chinos, el cannabis y los mexicanos, y la cocaína y los afroamericanos.
¿Cuál es
la relación entre la tipificación de perfiles raciales y la aplicación de las
leyes de drogas?
La aplicación de las leyes
de drogas es la motivación primaria que yace tras la actividad de trazar
perfiles raciales. Cuando se detienen y requisan carros al azar −este
azar generalmente brinda una oportunidad para toma de decisiones con base en
consideraciones étnicas− los policías rara vez están buscando pruebas
sobre crímenes tales como robos en almacenes, atracos, o asesinatos. Más bien
están buscando drogas u otras pruebas de actividades relacionadas con las
drogas.
Un estudio de 1996 sobre el
perfil de los chóferes de carros interceptados en la autopista principal (Interstate 95) indica que los negros constituyeron el 72.9%
de los conductores parados y requisados por la policía estatal aunque sólo
constituyen el 17.5% de todos los conductores y no son, más que sus
contrapartes blancos, propensos a violar la ley. El mismo estudio demostró que
mientras sólo el 21% de las contravenciones de tráfico en las carreteras fueron
cometidas por personas de color (afroamericanos,
latinos, asiáticos y otros), un 80% de las personas requisadas en las
carreteras fueron personas de color. En múltiples estados −Maryland, New Jersey, Illinois, Indiana, Pennsylvania,
Florida y otros− han sido recibidas demandas legales de conductores detenidos debido al
color de su piel.[1]
Existe una característica
cíclica y que se auto perpetua en el tratamiento de los negros y latinos por el
sistema de la justicia penal de los Estados Unidos. Gran parte de la
discriminación que recae sobre esos grupos nace de las percepciones de quienes
toman las decisiones dentro del sistema de justicia criminal: (1) que la
mayoría los crímenes de drogas son cometidos por personas de color y (2) que la
mayoría de las personas de color cometen crímenes de drogas. A pesar de ser
empíricamente falsas, estas apreciaciones contribuyen a que una parte
desproporcionada de la atención en la aplicación de la ley se haya enfocado en
las personas de color, lo que a su turno lleva a que un mayor número de negros
y latinos sean detenidos. Las redadas callejeras, las operaciones de infiltración
y detención, y otras actividades policíacas exacerban el problema al centrarse
en aquellas personas involucradas en transacciones minoristas de drogas en las
calles de comunidades de bajos ingresos (en contraste con las actividades de
drogas menos visibles y prevalecientes en las comunidades más prósperas). El
número desmedido de detenciones nutre las decisiones judiciales y
fiscalizadoras que conllevan a disparidades raciales en cuanto a
encarcelamientos. El efecto acumulado es la creación de una población
carcelaria en la cual los negros y los latinos predominan de manera creciente,
lo que a su turno refuerza las percepciones erradas que originan las
tipificaciones raciales y de políticas penales de drogas.
¿Qué
impacto han tenido las sentencias obligatorias mínimas para ofensas de drogas y
las disposiciones sobre conspiración para delinquir en el sistema penal de
justicia?
Durante los años 1970 y
1980 las sentencias por contravenciones a las normas de drogas se incrementaron
de manera dramática debido a tres razones. Como primera medida, el Congreso y
muchas legislaturas estatales promulgaron leyes sobre condenas a sentencias
mínimas obligatorias, leyes relativas a “tres infracciones” ("three strikes")[2] o leyes sobre “ofensores habituales”[3] que obligan a los jueces a condenar a sentencias
previamente estipuladas a aquellas personas acusadas de determinados crímenes.
En un segundo paso, se promulgaron leyes relativas a "verdaderas
sentencias"[4] y otras leyes que abolieron los sistemas de
liberación bajo palabra. En una tercera instancia, la aplicación de las
disposiciones sobre conspiración para delinquir en las contravenciones de
drogas ha dado pie para condenar y sentenciar a cualquier individuo al mismo
nivel que el ofensor principal, como si hubiese desempeñado un rol principal o
dirigido una red de expendio de drogas, aun si esa persona sólo supo o estuvo
involucrada en una pequeña parte de las operaciones. Estas políticas han
conllevado a un incremento dramático en el tiempo real al que se ven condenados
los ofensores de drogas.
Aunque la intención era la
de castigar a quienes violaban las leyes de drogas a un alto nivel, como en el
caso de los capos y grandes expendedores, las leyes han tenido el efecto
opuesto: quienes violan con mayores perjuicios las leyes de drogas que son
asimismo aquellos que cuentan con un mayor acceso a información valiosa, tienen
cómo negociar la reducción de sus penas. Entretanto, aquellos ofensores de
menor impacto que no disponen de la información para negociar una reducción de
sus penas, se ven sentenciados a condenas en exceso largas. Estas disposiciones de “sapeo” (“snitch”) incentivan a
los detenidos a brindar la máxima información posible sobre otros −sea
ésta información verdadera o falsa− con el fin de aliviar sus condenas,
con lo cual se mina la confiabilidad de la evidencia utilizada para condenar a
las personas.
Debido a razones diversas,
las leyes federales sobre sentencias penales generan mayores impactos en
determinadas comunidades de color que en las comunidades de otros grupos
raciales o étnicos. Por ejemplo las leyes federales sobre sentencias por
violaciones a las normas de drogas −algunas de las leyes de sentencias
más duras del país− colocan a los Pueblos indígenas estadounidenses en
condiciones de vulnerabilidad frente a condenas más largas ya que todo crimen
cometido en tierras tribales[5] cae bajo disposiciones y mandatos de leyes de
sentencias penales federales y no estatales. Las sentencias mínimas
obligatorias llevan a que los afroamericanos que
violan las leyes de drogas sean más susceptibles al encarcelamiento y a
sentencias más largas que los blancos. Bajo la legislación promulgada por el congreso
en 1986, se requiere una centésima parte (1/100) de cocaína en forma de crack
(cocaína depatraseada –‘base’) en comparación con
cocaína en polvo para imponer una sentencia mínima obligatoria equiparable.
Tanto los científicos como las Cortes han reconocido que no existe ninguna base
racional para distinguir entre la cocaína en crack y la cocaína en polvo. Sin
embargo, en 1994, el 90% de las personas condenadas por violación de normas
federales sobre crack fueron negros, el 6% latinos, y
menos del 4% blancos. Las violaciones a normas federales por cocaína en polvo
se refirieron en un 30% a negros, 43% a latinos y 26% a blancos.[6]
De acuerdo con un estudio
la corporación Rand, "..aunque
es muy pronto para sacar una conclusión final”, la Rand
encontró que las leyes sobre “sentencias verdaderas” han tenido muy poco
impacto sobre las tasas de criminalidad y de detención. De acuerdo con los Uniform Crime Reports (informes de las fuerzas públicas sobre
criminalidad) aquellos estados en los que no se aplican leyes de “tres
infracciones” ni de “verdaderas sentencias”, las tasas de crímenes indexados
fueron más bajas mientras que, en aquellos estados en los que se aplican leyes
de endurecimiento, las tasas de crímenes indexados fueron más altas.[7]
¿Como ha
afectado la aplicación de normas (law enforcement) de drogas a las poblaciones carcelarias en los
Estados Unidos?
Como resultado del
encarcelamiento como principal medio para responder a las drogas en los Estados
Unidos, actualmente 2 millones de estadounidenses se encuentran en las
prisiones federales y estatales del país, 25% de ellos por violación de normas
de drogas. Los Estados Unidos encarcela a un mayor
número de sus ciudadanos que cualquier otro país del mundo. Los negros, latinos
e indígenas estadounidenses constituyen la amplia mayoría en el sistema carcelario
estadounidense. Sin embargo, en ningún otro sector del sistema de justicia
penal se refleja de manera más brutal la disparidad entre personas de color y
blancas en lo que se refiere a encarcelamiento, detención, condena y sentencias
como bajo la guerra de las drogas.
Para los hombres de color,
la tasa de entrada en prisiones estatales por violación a normas de drogas es
tres veces mayor que la tasa para los hombres blancos. Un reciente informe de
Human Rights Watch encontró
que, mientras el uso de drogas es equiparable entre uno y otro grupo racial,
los negros y latinos son más susceptibles a arrestos, procesos judiciales y
condenas más largas por violación de normas de drogas. Los negros constituyen
el 13% del total de usuarios de drogas, sin embargo, son el 35% de los
arrestados por posesión de drogas; el 55% de los condenados; y el 74% de los
encarcelados.[8] En el ámbito nacional, los latinos conforman casi el
50% de los arrestos por violaciones de normas sobre la marihuana[9] y los indígenas estadounidenses constituyen casi las
dos terceras partes de los procesados en las cortes federales por ofensas
penales de drogas.[10]
¿Cómo ha
contribuido la guerra de las drogas a debilitar la representación política de
las personas de color?
El impacto que han tenido
las actuales políticas de drogas sobre las estructuras sociales y poder
político de las comunidades negras y latinas ha sido devastador. Como resultado
de la guerra de las drogas, las comunidades pobres de color se han visto
debilitadas en lo político por leyes que retiran los derechos de voto debido a
condenas por delitos (felony) y que brindan
incentivos económicos a las comunidades rurales para acoger la entrada en
prisión como una forma de desarrollo económico. La teoría que prevalece sobre
las prisiones en muchas localidades es que "si las construimos, ellos
vendrán".
Aproximadamente 41.4
millones de hombres afroamericanos, o el 14% de la
población masculina negra adulta, está inhabilitada para votar como resultado de
condenas por ofensas de drogas. Los hombres negros representan más del 36% del
total de la población masculina de los Estados Unidos sin derecho a voto aunque
constituyen menos del 15% del total de la población masculina estadounidense.[11] En 1995, uno de cada tres hombres negros entre las
edades de 23 y 29 años, o bien estaba en la cárcel, en prisión, o en libertad
condicional bajo palabra;[12] la mayor parte de ellos había, por lo tanto, perdido
el derecho al voto.
Bajo el censo nacional, los
detenidos se cuentan como residentes de los pueblos en los cuales se encuentran
encarcelados, lo cual deja a sus centros natales −con frecuencia
comunidades urbanas de color− con un poder político disminuido y fondos
gubernamentales reducidos. Ya que la representación del voto y la distribución
de los recursos gubernamentales se determinan con base en la tasas de
población, las personas de color condenadas por infracciones a las leyes de
drogas contribuyen a la transferencia de fondos públicos e influencia electoral
desde sus comunidades locales −las cuales son por lo general urbanas y
pobres− a los pueblos −por lo general rurales− en los cuales
se encuentran encarcelados.[13]
Los efectos de estas
discrepancias son enormes y, como resultado, disminuyen en las comunidades de
color la confianza en el sistema de justicia penal. Cuando se saca a alguien de
su comunidad, se sienten las separaciones tanto para el individuo como para la
comunidad en su totalidad. Hay un menor número de personas allí para trabajar,
para criar a los niños, para comprar bienes, para votar y para formar parte de
las instituciones comunitarias y religiosas.
¿Como más han sido impactadas las familias y
comunidades de color por la aplicación de las leyes de drogas?
Cuando un creciente número
de personas de color se enfrenta al encarcelamiento debido a cargos por ofensas
de drogas, los efectos colaterales sobre sus comunidades y familias son
innumerables. Con creciente frecuencia, los niños son criados por sólo uno de
sus padres o por los abuelos u otros miembros de la familia extensa debido al
encarcelamiento del padre que ejerce la potestad. Si no cuentan con un pariente
que se encargue de su cuidado, estos niños son entregados al sistema de
bienestar familiar (sistema de cuidados adoptivos) que ya se encuentra
sobrecargado, supervisado de manera deficiente y es costoso.
Los estudios demuestran que
los niños separados de sus familias no se desempeñan tan bien en el colegio;
tienen mayores problemas de salud física y mental; y corren mayor riesgo de involucrarse
con la justicia penal. Finalmente, cuando los padres regresan a sus
comunidades, sus condenas por drogas con frecuencia dificultan su vinculación
laboral o el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener ciertos
beneficios, lo cual afecta su capacidad para reunirse con sus hijos y cuidarlos.
En lugar de facilitar modos de vida más sanos, la aplicación de las normas de
droga perpetúa la desintegración de las estructuras familiares y comunitarias y
genera un ciclo de lucha económica y comunitaria, frente a la cual muchos se
ven seriamente impedidos para sobreponerse.
¿Como
serían los enfoques alternativos a las políticas de drogas actuales basadas en
un enfoque de justicia penal?
Las comunidades prósperas en
su mayoría blancas y suburbanas hace mucho que han reconocido que la
guerra de las drogas no necesariamente se tiene que pelear sólo en el frente
del encarcelamiento. Alternativas como tratamientos y educación son la columna
vertebral de los esfuerzos de la clase media blanca para reducir el abuso de
drogas en sus vecindarios. Una estrategia centrada en este tipo de esfuerzos de
reducción de la demanda tiene sentido: la corporación Rand
ha calculado que, una inversión adicional de un millón de dólares en programas
de tratamiento de drogas, reduciría los delitos graves 15 veces más que la
aplicación de sentencias obligatorias para los ofensores de drogas. Un enfoque
alternativo eficaz frente a las drogas se centraría en las verdaderas
consideraciones de salud y seguridad de las comunidades y familias y brindaría
una gama apropiada de servicios y recursos para que todo individuo tenga la
debida oportunidad para realizar su potencial.
[1] Turner, S., et al., Rand Corp. Criminal Justice Program, Justice Research and Statistics Association, The Impact of Truth-in-Sentencing and Three Strikes Legislation: Prison Populations, State Budgets, and Crime Rates, Stanford Law and Policy Review, Vol. 11, No. 1, Winter 1999.
[2] N.T.: La ley “Three Strikes and You're
Out." (tres golpes fallidos y sale), básicamente
implica que, a la tercera condena, el infractor puede enfrentarse a una condena
de por vida.
[3] N.T.:
Bajo la imposición de “sentencias mínimas obligatorias” y de “ofensores
habituales”, son los fiscales y no los jueces, quienes dictaminan a su
discreción la rebaja o no de cargos; si se acepta o no la negociación de penas
por declaración de culpabilidad (plea bargain); si se premia o niega la “ayuda sustancial” o cooperación del defendido
(acusado)” en la acusación contra un tercero; y, en últimas, dictaminan la
sentencia definitiva.
[4] La filosofía tras las “verdaderas
sentencias” (1999) es que todo sentenciado debe cumplir su condena completa,
con una extensión de controles posteriores a su liberación.
[5] N.T.: La
Tierras Tribales están bajo la jurisdicción del gobierno federal y en calidad
de fideicomiso para las generaciones futuras de los Pueblos indígenas.
[6] US Sentencing Commission, Special Report to the Congress: Cocaine and Federal Sentencing Policy (Washington, DC: US Sentencing Commission, April 1997), p. 8.
[7] Turner, S., et al., Rand Corp. Criminal Justice Program, Justice Research and Statistics Association, The Impact of Truth-in-Sentencing and Three Strikes Legislation: Prison Populations, State Budgets, and Crime Rates, Stanford Law and Policy Review, Vol. 11, No. 1, Winter 1999.
[8] Human Rights Watch, Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the Criminal Justice System, May 2000, Vol. 12, No. 2 (G). http://www.hrw.org/reports/2000/usa/.
[9] John D. Couriel, Keep It Real: Recasting the drug debate in terms of accountability and opportunity. Harvard Political Review, Summer 2000.
[10] U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, “American Indians are Violent Crime Victims at Double the Rate of the General Population,” news release, Feb. 14, 1999. www.ojp.usdoj.gov/bjs/ The Sentencing Project, Losing The Vote: The Impact of Felony Disenfranchisement Laws in the United States, October 1998.
[11] Human Rights Watch. Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the War on Drugs, May 2000, Vol. 12, No. 2.
[12] Prisoner Nation; Prisons Skew Census Results,” The Nation,. July 17, 2000, No. 3, Vol. 271; Pg. 5
[13] Caulkins, JP, et al., Mandatory Minimum Drug Sentences: Throwing Away the Key or the Taxpayer’s Money, Rand, Santa Monica, 1997, p. xxiv.