PROPUESTAS PARA SUSTRAER AL CAMPESINADO DEL MERCADO
ILEGAL DE DROGAS[1]
Henry
Salgado Ruiz
Investigador
del CINEP
La
búsqueda de soluciones integrales, sostenibles y participativas al problema de
la producción de narcóticos exige la comprensión política y sociológica de las
condiciones estructurales que obligaron a los campesinos, indígenas y afrodescendientes a involucrarse con la producción de
cultivos de uso ilícito. Para ello es necesario reconocer tres aspectos:
En primer lugar, hay que tomar en cuenta que los problemas
socio-económicos y políticos que enfrentan las regiones productoras de amapola
y hoja de coca son la expresión y el resultado del modelo de desarrollo agrario
colombiano, caracterizado, por una parte, por la concentración -en un reducido
número de propietarios- de grandes unidades de producción ubicadas en la costa
Atlántica, las zonas centrales de las cordilleras y los valles interandinos y,
por otra parte, por expulsar de manera permanente grandes contingentes de
campesinos hacia las grandes ciudades en condiciones de alta marginalidad
socio-económica o hacia zonas de colonización, ubicadas fuera de la frontera
agraria activa y en ecosistemas frágiles que no soportan las dinámicas
agropecuarias exigidas por el mercado, en regiones como el Chocó biogeográfico,
la Orinoquia y la Amazonia.
En segundo lugar, es necesario comprender que las
poblaciones que actualmente viven de los cultivos de uso ilícito están ubicadas
en regiones que han tenido significativos problemas para articularse de manera
efectiva al mercado agropecuario nacional y que enfrentan serios obstáculos
estructurales de orden socio-económico y ambiental para estabilizar las
economías campesinas. Se trata de poblaciones que por sus condiciones de
marginalidad socio-económica y política se han constituido en la mano de
obra que sostiene el nivel de la producción del mercado ilegal de drogas.
Y en tercer lugar, tenemos que las acciones del Estado
frente a la producción de cultivos de uso ilícito han priorizado las salidas
violentas, expresadas fundamentalmente en la erradicación forzada y no han
atacado las causas socio-económicas y políticas que permitieron su emergencia y
proliferación. Lo único que se ha conseguido con esas medidas de fuerza es que
estos cultivos se conviertan en una actividad agrícola itinerante, cada vez más
difícil de perseguir, y que las fumigaciones áreas indiscriminadas con
herbicidas estén causando un grave daño al medio ambiente, a la biodiversidad , a la salud y a la seguridad alimentaria de los pobladores que viven en las regiones
productoras de amapola y hoja de coca.
Con
respecto a este último punto, es necesario anotar que en Colombia los
resultados de los programas de erradicación forzada, implementados desde hace
más de veinte años, han sido bastante precarios. Para el año de 1990, según la
información suministrada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Colombia tenía un total de 40.100 hectáreas de Coca, 1.964 hectáreas de
marihuana y 1.344 de Amapola (en 1991), y para el año 2000, según los datos
arrojados por el SIMCI (Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) el
área sembrada de hoja de coca ascendió a 163.289 has, de marihuana a 4.870 has
y de amapola a 4.710 has.[2]
Si tomamos
como referencia el año de 1994, en el cual se aprobó la resolución 0001 para la
erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y se emitieron fuertes decretos
orientados a controlar los insumos para el procesamiento de pasta básica de
cocaína (cemento y gasolina, fundamentalmente), podemos afirmar que de esa
época al año 2000, el área sembrada de hoja de coca creció en 3,65 veces. En
términos brutos, pasó de 44.700 has en 1994 a 163.289 has. La pregunta obvia
que se desprende es ¿Qué se ha logrado con los programas de erradicación
forzada de cultivos de uso ilícito? ¿Es el glifosato
o cualquier otro producto químico o biológico la solución a los problemas
socio-económicos y políticos que están en la base de la producción de cultivos
de uso ilícito?
En consideración con lo planteado, pensamos que la
propuesta fundamental para el nivel de la producción del mercado ilegal de
drogas es la de sustraerle la mano de obra campesina al narcotráfico.
Esto se puede lograr a través de la implementación de un Desarrollo Rural,
pero entendiendo éste como un proceso socio-económico, político y cultural, y
no como un conjunto de políticas, programas y proyectos; estos son los medios
para impulsar y orientar dicho proceso. Este Desarrollo Rural, además de preocuparse por buscar niveles aceptables de producción y
productividad de la agricultura campesina, debe incluir problemas relacionados
con la democracia en el campo, la igualdad entre géneros, la participación e
inclusión política, la creación de mercados locales sólidos y diversificados,
el mejoramiento de la infraestructura y medios de transporte, la distribución
de la población, la conservación de los recursos naturales, un manejo apropiado
de los ecosistemas y el respeto de la diversidad cultural.
Para
lograr este propósito consideramos prioritario trabajar fundamentalmente en:
1. La
construcción de nuevos
modelos de desarrollo
que atendiendo las características de los diversos ecosistemas, amplíen las
oportunidades a los más pobres. Esto incluye una reforma agraria que
democratice la tenencia de la tierra en los suelos de vocación agrícola, y una
política de recomposición de la economía campesina que fortalezca la soberanía alimentaria del país, estabilice los procesos de
colonización, revierta los flujos migratorios y contribuya a superar el
desplazamiento forzado en el país.
2. El estimulo a procesos de ordenamiento
ambiental territorial que delimite áreas ocupadas y áreas
protegidas, sustraiga los territorios de colonización situados sobre
ecosistemas frágiles o sin perspectivas para una reconversión productiva
sostenible. Los programas de reubicación de población que de allí se
deriven deben ser voluntarios y graduales, con garantías para una vida digna y
segura en los sitios de llegada. La política de redistribución de la propiedad
territorial se puede iniciar con: (a) la extinción de dominio a las propiedades
rurales de los narcotraficantes (Ley 333 de 1996) y de aquellas tierras
privadas subutilizadas y (b) el desarrollo de la figura
de Zonas de Reserva Campesina en áreas de vocación agrícola y no sólo de
colonización.
De manera complementaria a la implementación de estas
políticas se proponen las siguientes medidas para sustraer al campesinado
del negocio del narcotráfico:
1. La suspensión de las fumigaciones contra los
campesinos, colonos e indígenas constituye hoy una prioridad en defensa de los
Derechos Humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la salud, la
seguridad alimentaria y la protección de los
ecosistemas y la biodiversidad, vulnerados por las políticas represivas contra
los llamados cultivos con fines ilícitos.
2. Descriminalizar o
despenalizar a los pequeños cultivadores de hoja de coca y amapola, e
implementar en las regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito programas
de desarrollo alternativo ambiciosos, integrales y
sostenibles, como un paso que preceda –y no suceda- a las faenas de
eliminación manual o mecánica de las plantaciones de dichos cultivos.
Para lograr su descriminalización, se debe impulsar en el Congreso de la República la modificación del
Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 de 1986.
3. Descriminalizar el
cultivo de coca y marihuana, o de cualquier otra planta utilizada en ceremonias
religiosas, en rituales o como medio de socialización propia de las comunidades
indígenas que las utilizan como parte de su cultura o como patrimonio del saber
ancestral en el uso medicinal tradicional. Para
lograr esta descriminalización, se debe impulsar en el Congreso de la República la modificación del
Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 de 1986.
4. Sustitución, no de la planta, sino del uso,
para destinarla a la alimentación, la medicina, la industria y otros fines. Es
otra propuesta viable en lo social, económico y ambiental.
5. Es necesario reconocer que la sustitución de
los cultivos declarados ‘ilícitos’ por cultivos lícitos en
ecosistemas frágiles, no constituye una reconversión productiva sostenible.
Allí donde la vocación de los suelos lo permita, en lugar de cultivos
sustitutivos, es recomendable derivar hacia complejos de actividades en
competencia con la economía agrícola de los narcóticos, que sin buscar
necesariamente recursos iguales, logre la autosuficiencia alimentaria
regional y el bienestar de la población. Se propone para ello el mejoramiento
de las explotaciones agrícolas y pecuarias mediante prácticas sostenibles como
el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura,
la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y otros modelos agrícolas alternativos y biodiversos.
6. Aplicar estrategias diferenciadas por parte del Estado y la
Comunidad Internacional, según el tipo de cultivo con fin ilícito: sustitución
concertada, gradual, manual, limpia y compensada económicamente para los
cultivos campesinos, y erradicación sin compensación y por medios manuales o
mecánicos no contaminantes para las grandes extensiones comerciales. Ello
implica la abolición de los artículos 3 y 4 de la Resolución 005 de agosto 11 del 2000, donde se
autoriza por el Consejo Nacional de Estupefacientes las fumigaciones sobre
cultivos ‘ilícitos’ fraccionados y cultivos de uso ilícito mezclados,
cualquiera sea su extensión.
7. La defensa de la diversidad biológica y cultural a través de un régimen especial de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afroamericanas, de conformidad con su derecho consuetudinario y con los instrumentos del derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT, la ley 21 de 1991 y el Convenio sobre Diversidad Biológica.