EL ALCA A LA LUZ DE LA DOCTRINA DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

(Un documento de economía substantiva[1] que busca la verdad entre el texto formal y la libertad de los pies de página)

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José Mirtenbaum Kniebel
Director de la Escuela de Postgrado-UAGRM
Santa Cruz

 

 

1.    El ALCA y las drogas en Latinoamérica: ¿Una omisión perversa?

 Colombia ha estado recibiendo de los Estados Unidos un soporte de 1,700 millones de $us. desde el año 2000 y se ha convertido en el tercer recipiente más importante de la asistencia militar norteamericana ampliando la lucha contra las drogas a una lucha de contrainsurgencia.[2] A través de éste gran financiamiento es de esperar que todos los países del bloque CAN se adscriban a éste tipo de solución final con referencia a la “erradicación” de los millones de arbustos de coca en la región andina[3] y una “salida negociada” para los grupos organizados que trafican cocaína o están en la insurgencia armada, como en el caso de Colombia. Por cierto, los campesinos cocaleros del área andina ya están pasando automáticamente a la categoría de “terroristas” en la nueva nomenclatura bélica de los Estados Unidos.

Con esta nueva mirada al problema de la “Guerra contra las Drogas”, parece obvio que el principal vector de asistencia del “Plan Colombia” es el componente militar que estaría destinado a la función neta de la interdicción armada de las “narcoguerrillas”, “los terroristas” y cualquier otro sector que este asociado con la producción de substancias “controladas” señaladas en las listas anexas de la Convención Unica de las NNUU de 1988.[4] Aunque también la presencia militar norteamericana en la amazonía continental responde a intereses económicos sobre la biodiversidad y las reservas de petróleo existentes en ésta zona.

Sise levanta un censo demográfico, veremos que son millones de campesinos que producen coca, cannabis y amapola en países como México, Guatemala, Panamá Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Jamaica, Brazil, Paraguay, inclusive granjeros en Canadá y los Estados Unidos quienes serían los sujetos hostiles en la perspectiva de la doctrina de la “Guerra contra las Drogas”. Pero se debe señalar que existen a nivel mundial, muchos más productores campesinos de materia prima para la elaboración de substancias controladas[5]. Esta es la omisión perversa de los proyectistas financieros y economistas de la globalización cuando se hacen los de la vista gorda, respecto a lo que yo denomino el “vector transversal” de la acumulación de capital financiero de alta circulación y otros llaman “el lavado” de dinero. Por cierto en los últimos años se ha estado estudiando las posibilidades de romper con la tradición del secreto bancario, para entrar a una labor de interdicción financiera de un sistema en crisis.

Hasta la fecha el fracaso de la doctrina de la guerra contra las drogas[6] en Latinoamérica ha costado al contribuyente norteamericano alrededor de 17,000 millones de $us, cifra que corresponde aproximadamente a la necesidad anual de las industria armamentista de los Estados Unidos. Aunque probablemente ésta cifra se ha incrementado substancialmente con la incorporación de tecnología de punta. Pero nótese lo siguiente: “La conferencia (de la NNUU) de 1994 (¡¡¡hace ocho años atrás¡¡¡) sobre el Crimen Organizado Global estimó que el tráfico global de drogas suponía en torno a 500,000 millones de $us.- anuales; es decir, era mayor que el comercio global del petróleo”[7].

Si asumimos, con el propósito de argumentación crítica, que el 20% de este flujo (100,000 millones) que por cierto corresponde a la cifra de gasto de consumo de cocaína de los 12 a 20 millones de consumidores “recreacionales” de los Estados Unidos que se estimaba en el año 1990 y que además esta cifra no incluye aquellos localizados en las zonas urbanas de Latinoamérica, probablemente estaríamos cerca de los 150,000 millones de $us.

De otro lado y en este marco de estimaciones, se ha aceptado oficialmente que la economía del complejo coca—cocaína, reportaba a las cuentas nacionales de Bolivia unos 500 millones de $us.- anualmente, lo que corresponde al .003%. Por lo tanto Bolivia es un país sin importancia en la globalización de la economía estructural del tráfico de drogas. Entonces surge una interrogante, que aspecto es tan importante en el Chapare boliviano que interesa a los organismos represores como la DEA, la respuesta es: el alto valor de la biodiversidad y las fuentes de hidrocarburos localizados en ésta zona para limpiar el camino a los capitales transnacionales, sin descontar el hecho de que la coca es, para efectos de su futura circulación legal, una fuente de ingresos substanciales. Bajo +esta lógica tampoco es inverosímil pensar también, que el Chapare es un buen ecosistema para plantaciones de cannabis sativa e indiga de alto rendimiento ecológico y mercantil en los mercados mundiales de los fumadores de marihuana.[8]

2.    ¿El libre comercio de las drogas?

En un documento controvertido que fue elaborado entre 1989-1990 por un pequeño grupo de cinco asesores políticos norteamericanos ultra—liberales, (conservadores, si hablamos en el lenguaje político europeo y que frecuentaban al entorno directo de los expresidentes norteamericanos Ronald Reagan y George Busch Sr.) sustentaba en forma vehemente la ampliación de la ideología de una política del neoliberalismo desenfrenado en los países de América Latina. En el texto de Santa Fe II se da rienda suelta a una ideología de libertinaje en los anales de una economía política postmoderna, para ejecutar un capitalismo salvaje y depredador de los recursos naturales del continente y la explotación de la fuerza de trabajo barata, sobre la base de un modelo de “desarrollo económico” basado en los marcos de la “libertad” llevados de la mano invisible de Adam Smith y del mercado[9] que rodeaba su  mente anglosajona.

Por ciento los resultados de esta conducta depredadora tuvo su mejor representación colectiva entre los jóvenes ejecutivos de la generación light de 1980que todavía existen en los pasillos de Wall Street y otros centros bursátiles de nuestra América Latina imitativa. Las transgresiones financieras constaban en el acto de compra y venta de compañías solventes en los mercados bursátiles y en la praxis de la producción, para luego destruirlas por efecto de la mano invisible de Smith. Esta generación “light” escandalizo inclusive al viejo “establishment” del complejo militar/postindustrial de los Estados Unidos[10] y  todo este ejercicio de altas finanzas, consideradas por las mejores escuelas de Administración de Empresas como maniobras de genialidad al estilo Harvard, estaban diseñadas para acumular capitales especulativos y de rápida circulación, sin considerar por un solo instante el impacto sociológico sobre la vida cotidiana de los trabajadores de dichas compañías.

Entre los miembros del grupo de los cinco de Santa Fe II se encontraba un hombre llamado Lewis Tambs que tuvo el dudoso crédito de bautizar a las FARC y otros grupos insurgentes, como “narcogerrilleros” desde la ventanilla de su cómodo avión Cessna cuando sobrevolaba la zonas de conflicto en Colombia. El documento elaborado por éstos personajes se bautiza con el nombre de Santa Fe II[11] en referencia a la ciudad donde éste se elaboró y sin pensar demasiada en las connotaciones religiosas cristianas, y tuvo una circulación restringida entre los entendidos en la materia de la geopolítica de las drogas.[12] Ya en ese entonces, el documento planteaba las bases fundamentalistas del libre mercado, desencadenando la “libertad” irrestricta de la circulación del capital transnacional que hoy vemos plasmado en los cronogramas cerrados unilateralmente por la OMC a espaldas de la población latinoamericana para cumplir con exigencias de la estructura jurídica, política y económica del ALCA.[13] De hecho las soberanías[14] de los Estados-nación son absolutamente violentados por las normas de este tratado, aunque el ALCA presupone una falsa igualdad de condiciones entre los países signatarios para efectos de presentar el “área” del libre mercado, como una gran herramienta para el desarrollo de los pueblos, en la medida que éstos serán depositarios del “know how” tecnológico y el capital norteamericano.

Con el tenor que Max Weber describió en su obra clásica “La Etica protestante y Espíritu del Capitalismo” el discurso casi evangelista del Santa Fe II, se despoja de sus controles y restricciones morales y éticas, al igual que el del actual protocolo del ALCA. Ambos documentos, uno teórico y el otro de tipo agenda cronogramada y además “consensuada”, plantean una “política” unilateral norteamericana de corte abiertamente imperial que hoy vemos consolidada en exigencias coercitivas alrededor del concepto de un “libre” comercio para los “americanos” y un comercio absolutamente restringido para los países “latinoamericanos”. 

Pero lo más sorprendente del Santa Fe II  es uno de sus acápites, en el cual se propone examinar la posibilidad de paulatinamente entrar en un programa de legalización del consumo de drogas, refiriéndose con ello en forma muy sutil al consumo de cannabis y cocaína que son patrones de consumo que ya han sido prácticamente domesticados en la mayoría de las sociedades urbanas de Norteamérica y América Latina. Adicionalmente se planteas que la legalización del consumo debería estar acompañado de un sistema educativo de prevención y rehabilitación.

Por cierto en el documento de Santa Fe II se habla solamente de la esfera del consumo y no el de la producción. La interrogante surge entonces, ¿quien produciría el cannabis y cocaína para el consumo masivo de una población que estaría aglutinada en el espacio del ALCA?. ¿Los peruanos, los bolivianos, los colombianos, los mexicanos o los granjeros y peones migrantes del norte de California, Texas y los estados tabacaleros?

En pocas palabras, tanto Santa Fe II como el tenor de los protocolos del ALCA plantean en principio una ciudadanía económica continental, la cual es rica en fuerza de trabajo barato en América Latina y dentro de los propios Estados Unidos.[15] El capital intensivo de transnacionales norteamericanas en manos de los anglosajones sería el motor más gigante de acumulación de capital que se haya visto en la historia del capitalismo moderno.

Por otro lado, si tomamos en cuenta seriamente la perspectiva de una posición de la legalización del consumo de drogas, pues los “ciudadanos” trabajadores del ALCA sean éstos norteamericanos o latinoamericanos, adquieren el derecho “inalianable”[16] a una pequeña dosis periódica de “recreación” psicotrópica como el “remedio” más barato al enajenamiento espiritual en una atmósfera de trabajo urbano poco creativo.[17] Esta pulsación para favorecer la despenalización de drogas procede de la ampliación del consumo de marihuana entre la generación de los excombatientes de la guerra de Vietnam. Es decir que los para propósitos prácticos de la rápida apertura de mercados de consumo, drogas definidas como “suaves” ya han sido despenalizadas en su circulación cotidiana.

Estaríamos hablando algo así como la función del alto consumo de azúcar refinado entre las clases obreras de la Inglaterra de la revolución industrial.[18] Todo apunta a un negocio redondo para las transnacionales farmacéuticas y las compañías de tabaco norteamericanas que hace más de treinta años ya tienen preparado el lanzamiento de paquetes de 20 “tronchos” de marihuana a un precio módico para los bolsillos de los trabajadores. Ahí también viene el ahorro en las acciones de prevención y rehabilitación costeadas por dinero público y al mismo tiempo un sistema de imposición generoso para los gobiernos administrados por el complejo militar/postindustrial.[19]

De otro lado, la industrialización de la coca, que ya por cierto es un hecho consumado a través de la muy exitosa bebida Coca Cola que todos consumimos tan inocentemente, podría ser ampliada a una instancia de una formula secreta mejorada, es decir usar hojas cocainizadas, tal como lo hacían entre 1880 y 1914 para finalmente cumplir con el mensaje de que de verdad la Coca Cola es “la chispa de la vida”.

Además con chicles de coca, producto que ha sido ya desarrollado en los Estado Unidos por la NASA. Ante estas circunstancias de una planificación econométrica de búsqueda de fuentes alternativas de acumulación de capital bien diseñada, el problema es ¿cómo se toma el control de la materia prima y los medios que la producen?. La respuesta obvia, erradicando coca y los campesinos que la producen, privatizando la tenencia de la tierra y expandiendo el cultivo de la coca a otros países con un campesinado menos organizado que a la postre podrían ser empleados como trabajadores agrícolas.

La cocaína pura y bien calibrada químicamente, podría ser desarrollada por las farmacéuticas, obviamente para el consumo de las clases ejecutivas que en sus momentos de recreación y estimulación alcohólica en las horas de “almuerzos de trabajo”, para que después puedan volver a sus trabajos con cierto grado de “extra” lucidez mimetizando el efecto del alcohol con una pequeña dosis de cocaína.

Este fenómeno sociocultural del capitalismo de alto consumo de substancias químicas ha sido un “secreto” a voces desde 1980, y ocurre con frecuencia hoy entre los ejecutivos de alto rango en las ciudades de Nueva York, Los Angeles, Buenos Aires, México, Bogotá, Lima, Sao Paulo, etc., es decir en todas aquellas ciudades donde se da una actividad bursátil importante y donde no hay tiempo para un cafecito.[20]

Pero, el espíritu ideológico de Santa Fe II no solamente plantea un sentido de “política económica” imperial de un “valiente nuevo mundo”[21], sino que plantea también las bases de una desestructuración política programada en contra de cualquier intento de volver a una economía administrada desde el Estado con una fuerte agenda social de inversiones públicas. Es irónico que los Estados Unidos no sería el imperio que es ahora sin la existencia de una estructura estatal gigantesca, que mantiene el gasto público para un presupuesto militar muy superior a la sumatoria de los productos internos brutos de varios países latinoamericanos

Todos sabemos que los problemas de pobreza aguda de los países de América Latina solamente podrían resolverse con acciones bien definidas desde un Estado que esté libre de intermediarios corruptos para la ejecución de inversiones masivas en educación, salud y redistribución impositiva de las concentraciones de capital en pocas manos.

Sin embargo, el documento de Santa Fe II considera a las Fuerzas Armadas de América Latina como la única instancia institucional “estable” dándole una identidad de institución que tiene sostenibilidad en el tiempo y siempre aliada al gran capital.[22] Por extensión descarta a los partidos políticos latinoamericanos como instituciones poco confiables para efectos de implementar una economía “coercitiva” de libre comercio, en la medida que sus ideologías son asociadas al populismo.

En todo caso, el tenor general de éste extraño documento plantea una serie de medidas que tenderían a socializar la doctrina del “liberalismo económico” en forma compulsiva en todos los países que tradicionalmente favorecen más el surgimiento de una economía de bienestar administrada por un Estado honesto y soberano. Este documento continua confundiendo, como siempre lo que han hecho los pensadores neoconservadores del capitalismo contemporáneo, es decir hacer sinonimia del principio de la “libertad individual” con el principio de “democracia” política.[23]

 

3.    Algunos marcos de referencia del ALCA y su relación a la doctrina de la Guerra contra las Drogas.

 Se debe considerar que a partir del 11 de septiembre del 2001, después de la de la destrucción de las dos torres gemelas del World Trade Center, el gobierno de los Estados Unidos ha optado por violar sistemáticamente los principios constitucionales más básicos de sus ciudadanos en su propio país, a titulo de la “seguridad nacional”. Esta reacción política frente al hecho de que los “enemigos” del sistema están ahora dentro del territorio americano ha provocado un pedido de la FBI y una directiva presidencial que le permite a ésta agencia y otras más ( una gran mayoría vinculada al control de las drogas) arrestar a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial y poder además mantenerlo por un tiempo de más de 48 hrs. Es decir, se ha levantado la limitación que tenían las agencias represivas en función de “hacer cumplir la ley” con métodos coercitivos directos. El componente racista ha subido de tono a nivel social si el color de piel o el peinado es parecido al de un afgano, palestino, semita o latinoamericano. El principio de considerar la “inocencia de un acusado antes de probar su culpabilidad” se lo ha transferido al plano de la estigmatización y la esfera del “chivo expiatorio”.

Después del fatídico evento del 11 de septiembre, todos los norteamericanos están obligados a portar un documento de identidad en todo tiempo y se ha cerrado la válvula de las inmigraciones con un control más estricto de las visas en el nuevo muro de Berlín, bien representado por la frontera México—USA. Pues bien, ahora el pueblo norteamericano puede sentir un poco más lo que los latinoamericanos sentimos todos los días en los regímenes que su gobierno apoya y ha apoyado desde décadas atrás, no importando el carácter político del régimen. Bienvenidos ciudadanos del ALCA a las verdaderas normas jurídicas del Imperio.

Desde otra perspectiva aún más preocupante, se ha hermanado[24] en forma discursiva al “narcotráfico” con el “terrorismo” creando un espacio jurídico de represión sutil y sumamente ambiguo que permite acusaciones peligrosas e intercambiables de acuerdo a coyunturas políticas, dependiendo de cómo se querría sacrificar a un potencial enemigo. Es decir, para los efectos pragmáticos del “libre mercado”, Evo Morales puede ser considerado hoy “narcotraficante” o “terrorista” indistintamente, de acuerdo al perfil “delictivo” que se quiera pintar frente a una muchedumbre que poco entiende de los detalles jurídicos, económicos y sociales de la interrelación entre el libre mercado y el sistema legal de la estigmatización. Lo mismo podría pasar con cualquier dirigente cocalero que está defendiendo con su vida el derecho al k’atu de coca y el rechazo a la erradicación forzosa. O de un campesino mexicano que produce cannabis para su subsistencia.

En este sentido, el Chapare y otras zonas llenas de campesinos productores de materia prima para la elaboración de drogas o en su caso procesamiento de empaque, se han convertido en “espacios de terror”[25] y a la vez un espacio de “narcotraficantes”. Por extensión también son considerados “territorios libres” a ser conquistados y “liberados” de las garras de un “flagelo”, según el discurso y la lógica de la “guerra contra las drogas”. Todo esto es el principio de la envoltura imperial que convoca la doctrina de la Seguridad del Estado norteamericano en todo el hinterlandt continental (dicho de manera criolla, su patio trasero) antes de incorporar a 800 millones de habitantes.

Tomando en cuenta esta forma de planteamiento “territorial”, examinemos los marcos de referencia del ALCA que nos muestra una situación cuyas reglas del “examen de ingreso” al mundo del “libre comercio” son las siguientes:[26]

 

ATPA: condiciones antiguas, 1990-2000[27]

 

Respuesta debe ser  SI para aprobarse:

 ·         ¿Se ha certificado debidamente en la lucha antidrogas?

 

Respuesta debe ser NO para aprobarse:

 ·         ¿Es un país comunista?

·         ¿Ha tomado o expropiado propiedad de algún norteamericano?

·         ¿Ha violado o anulado indebidamente algún contrato con un norteamericano o empresa norteamericana, o violado sus derechos de propiedad intelectual?

·         ¿Ha aplicado impuestos o condiciones a alguna empresa norteamericana, que implica de hecho una “expropiación”?

·         ¿Ha desacatado un fallo de algún tribunal de arbitraje donde algún norteamericano ganó?

·         ¿Ha extendido trato comercial preferencial a un tercer país, en perjuicio a los intereses comerciales de Estados Unidos?

·         ¿Ha demostrado satisfactoriamente a EEUU que otorgará acceso a sus mercados y recursos básicos del país?

·         ¿Ha seguido en general las reglas aceptadas del comercio internacional bajo el GATT?

·         ¿En el ámbito del comercio internacional, ha eliminado el uso de subsidios, requerimientos de “performance” (rendimiento) o de contenido nacional, que distorsionen el comercio?

 Pero a continuación viene el “examen de ingreso” asociado directamente a la doctrina de la “guerra contra las drogas y el terrorismo” al mismo tiempo:[28]

ATPDEA: nuevas condiciones 2002 en adelante:

 

Respuesta debe ser SI para aprobarse:

 ·         ¿Esta asumiendo sus responsabilidades bajo la OMC?

·         ¿Esta participando activamente en concluir el ALCA o otros tratados de libre comercio?

·         ¿Esta aplicando procedimientos no discriminatorios en sus políticas de compras del sector público?

·         ¿Esta tomando medidas para apoyar a los esfuerzos de EEUU en la lucha contra el terrorismo?

 Si este “examen de ingreso” no está claro como el oxigeno que respiramos, pues tenemos problemas serios en entender la intencionalidad económica formal del ALCA. El problema que nos preocupa en este documento de reflexión crítica yace en percibir correctamente las economías formales a medias tintas, considerando que el capital circulante entre la esfera de la producción y la esfera de consumo de cannabis y cocaína sumados a las drogas legales, probablemente supera la del capital circulante asociado a los hidrocarburos.

Pero quien es el economista que se atrevería a plantear un estudio serio a alguna fundación científica o de ciencias sociales europea o norteamericana que permita ver las dimensiones de la econometría, por ejemplo de la sumatoria input/output de la venta y compra de aspirinas+viagra+marihuana+cocaína+alcohol+tabaco entre los miembros masculinos y femeninos del área del ALCA dentro de los segmentos etáreos que van desde los 10 hasta los 85 años, considerando una población de 800 millones de habitantes. Quizás sea tiempo de que veamos las dimensiones verdaderas de un capital circulante que está asociado directamente a la función de lo que he definido en 1989 como la “plusvalía” orgánica.[29]

Por más de quince años, aquellos que nos dedicamos al estudio de la economía social “clandestina” de las drogas legales e ilegales, no podemos encontrar ni un intento serio de evaluar las verdaderas dimensiones de la “economía psícotrópica” de las grandes farmacéuticas, sumadas a las grandes productoras de alcohol, tabaco y si se quiere los “carteles” de las drogas, sobre el conjunto de los productos internos brutos de cada país en el área del ALCA.

Me quedo con una interrogante: ¿QUO VADIS U.S.A? con ese liberalismo tan secante e inhumano.

Articulo publicado en Le Monde Diplomatique, Bolivia