POR UN GIRO EN EL ANÁLISIS

v      Armas químicas y biológicas en la “guerra de las drogas”[1]

v      Necesidad de evaluación internacional de la ‘política de drogas’ y formulación de alternativas basadas en el respeto de  los derechos humanos

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Darío González Posso[2]

 

Las armas químicas y biológicas en la “guerra de las drogas” son herramientas de una estrategia que propone como meta “un mundo libre de drogas” atacando la oferta en “la fuente”: el cultivo y el campesino cultivador de coca, amapola o Cannabis. Frente a esto, es frecuente escuchar un argumento inverso según el cual “el origen del problema” que padecen los países con presencia de tales cultivos está en la demanda, la existencia de un gran mercado de consumo.

Ambas trilladas argumentaciones son falsas. Es necesario un nuevo giro en el análisis. Tras un siglo de represión, es patente que el origen del problema es, en primer lugar, el Prohibicionismo y su resultado: la “guerra de las drogas”. El uso y cultivo de estas plantas, que han sido proscritas, responde a la satisfacción de necesidades humanas: para los cultivadores se relaciona con su subsistencia; para los consumidores es una búsqueda y un estímulo. Prohibir es fijar metas imposibles e indeseables porque van en contravía de tendencias naturales.

Las leyes antidroga y el Prohibicionismo engendraron un tráfico ilícito globalizado; fabulosas ganancias de mafiosos y en especial del capital financiero internacional -donde en gran medida se realizan- e incrementaron el armamentismo y la violencia. La prohibición también es un crimen que escuda guerras neo-coloniales y procesos lesivos de la autodeterminación y diversidad de los individuos y los pueblos.

Las Convenciones de Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988 prohíben la producción, el tráfico, la venta y el consumo de una serie de plantas y sustancias. Estas leyes humanas no responden ni a una ley común -las costumbres de la época, independiente de si más bien no habrán servido para estimular el consumo y cultivo- ni a una ley natural. Son una de las visiones estrechas del fenómeno: la producción, el consumo y el tráfico de sustancias prohibidas continúa su incremento desde que se decidió imponer una “verdad universal” a toda costa. La consecuencia generalizada son sistemas de justicia congestionados por delitos relacionados con las drogas y restricciones a las libertades individuales y civiles y violaciones flagrantes a los Derechos Humanos. El uso de armas químicas por parte del Estado en la “guerra de las drogas”, como ocurre en Colombia, afecta a los seres humanos, flora, fauna y todos los cultivos, incluidos los de pancoger –alimentos-, agrava la crítica situación de derechos humanos y los ya desastrosos impactos ambientales sobre toda la población.

 

Las tres últimas décadas de un siglo de Prohibición

El presidente Nixon de los Estados Unidos declaró la “guerra contra las drogas” y, en 1975, se iniciaron las primeras fumigaciones aéreas con herbicidas químicos contra la Cannabis en México. En Birmania se realizó fumigación aérea de 1986 a 1988 y en Guatemala entre 1989 y 1992, contra la amapola. Los resultados fueron el desplazamiento de los cultivos. En Colombia, la historia de la guerra química se inicia con fumigaciones secretas con Roundup durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-19982) contra la Cannabis en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En Bolivia la fumigación, como medio de erradicación está prohibida mediante la Ley 1008 de 1988. “En el Perú la fumigación no estuvo prohibida hasta hace poco tiempo, pero no se ha aplicado desde 1987, cuando hubo experimentos con ‘spike’, Thebuthiurón granulado. Según denuncias de la época, el gobierno permitió y fomentó estos experimentos, pero una comisión parlamentaria impidió que continuaran”. Tanto en Bolivia como en Perú,  existen asimismo normas que rechazan la utilización de “agentes biológicos”, pero se aplican otras modalidades de erradicación forzada. En el Perú hubo denuncias sobre aplicaciones secretas de Fusarium oxysporum entre 1989 y 1994 en el Alto Huallaga, donde este hongo arrasó 30 mil hectáreas de coca, aunque el gobierno ha desmentido estos hechos[3].

El gobierno de los Estados Unidos, además de la utilización de medios químicos, ha desarrollado la investigación y propuesto el uso de “agentes biológicos”. Una de estas investigaciones, iniciada en la década de 1960, identificó en la isla de Kauai (Hawai) una forma especial del Fusarium oxysporum denominada Erythroxyli, en 1987 fueron aislados sus componentes químicos y se confirmó su potencial como arma biológica a utilizar en la guerra de las drogas[4]. Este microorganismo fue incluso modificado genéticamente para hacerlo más agresivo[5].

 

1998, Naciones Unidas: “un mundo libre de drogas”

Con la consigna “un mundo libre de drogas”, la Agencia Antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP), en 1998 dio un viraje significativo: cambió el énfasis contra la demanda por el énfasis contra la oferta, y elaboró una Estrategia para la Eliminación de Coca y Amapola en el 2008. Dicha estrategia consiste en una combinación de garrote y zanahoria envenenada: erradicación forzada y desarrollo alternativo para eliminar la coca y la amapola en países como Colombia, Bolivia, Perú, Birmania, Laos, Vietnam, Afganistán y Pakistán.

Con este propósito de guerra contra la oferta de ‘droga’, la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos del ‘Plan Colombia’ da pie a las pretensiones de utilizar armas biológicas contra la coca en Colombia. Un primer intento estuvo relacionado con un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP), dirigido a probar y usar agentes como el hongo Fusarium oxysporum cuyas toxinas constituyen en este caso armas químicas o bioquímicas, lo cual viola la Convención internacional sobre armas biológicas y toxínicas de 1972 que prohíbe su desarrollo, producción, uso y almacenamiento para propósitos hostiles o en un conflicto armado.

Las denuncias nacionales e internacionales respecto del uso de armas biológicas para la erradicación de coca, amapola y Cannabis, produjeron diversos resultados:

·         Perú, mediante Decreto Ejecutivo 0042-2000-AG de marzo del 2000, prohibió el uso de agentes biológicos para erradicación de la coca.

·         Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial No. 162 del 14 de agosto del 2000, con el fin de preservar la salud pública, la fauna y el ecosistema, prohibió el ingreso y la utilización del patógeno Fusarium oxysporum, en todo el territorio nacional.

·         En septiembre de 2000, el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM) rechazó la utilización de Fusarium oxysporum para la erradicación de cultivos “ilícitos” en el territorio de los países miembros de la Comunidad Andina.

·         En Determinación Presidencial del 22 de agosto del 2000, el presidente Bill Clinton declaró que los Estados Unidos no usarán estos ‘Agentes biológicos’ mientras no se realice "una evaluación más amplia de seguridad nacional, que incluya consideraciones sobre el impacto potencial sobre proliferación de armas biológicas y terrorismo"[6].

·         El 2 de noviembre de 2000, la Agencia Antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP) reiteró el retiro de su participación de proyectos de “control biológico” contra cultivos declarados ilícitos en Colombia y la región andina[7].

·         El Ministerio del Medio Ambiente de Colombia se vio socialmente presionado en julio del 2000 a rechazar la utilización del hongo Fusarium oxysporum. Posteriormente, en enero del 2001 canceló otro proyecto para la identificación de los llamados “controladores biológicos nativos” de la coca, que pretendió ejecutar con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, y con el Instituto Humboldt.

·         Una Resolución del Parlamento Europeo, del 1 de febrero del 2001, sobre el Plan Colombia expresa que la Unión Europea “debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud como para el medio ambiente”.

Todas estas son victorias importantes, aunque parciales, de la movilización nacional e internacional de ciudadanos, parlamentarios, académicos, científicos, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Sin embargo, persisten las amenazas que pesan sobre los derechos humanos, la salud y el medio ambiente para los países en donde se cultiva coca, amapola y Cannabis:

En Asia y los Estados Unidos hay programas activos que proponen el uso de armas biológicas contra las plantas proscritas. El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas UNDCP, con el auspicio de los Estados Unidos y Gran Bretaña, está comprometido en el desarrollo de agentes biológicos para aplicarlos en tierras donde, entre otras muchas, se cultivan plantas declaradas ilícitas. La  UNDCP, por ejemplo, continúa en un proyecto de investigación en Uzbekistán de un hongo para eliminar la amapola: Pleospora papaveracea.

En julio de 2001 Estados Unidos se negó a firmar el Protocolo para verificar el cumplimiento del compromiso de no fabricar armas biológicas establecido en la Convención internacional sobre armas biológicas y toxínicas de 1972. Según la Administración Bush, el acuerdo pondría en peligro la confidencialidad de su industria farmacéutica y de su investigación biológica, y no crea un mecanismo instrumental para evitar que algunos países violen los acuerdos.

A mediados de diciembre de 2002, en una audiencia del Comité sobre Reforma del Gobierno, John Mica, legislador Republicano en política de drogas, llamó a EEUU a emprender la guerra biológica con hongos en Colombia. Según Mica, ha llegado el momento para que EEUU emprenda el ataque. En respuesta, la embajadora estadounidense ante Colombia Anne Patterson “afirmó que ella creía que EEUU ya había probado los agentes biológicos contra cultivos en Colombia”, aunque se retractó de la afirmación más tarde, aduciendo que la había realizado de manera apresurada[8].

El Departamento de Estado alienta el uso de armas biológicas en Colombia. Randy Beers, Subsecretario de Estado para Narcóticos, abogó por el uso de estas armas durante el gobierno de Clinton. Beers ocupa el mismo cargo bajo el gobierno de George W. Bush. En 2001, en la reunión de la Convención de Armas Biológicas, la Administración Bush justificó esta medida, según Don Mahley, embajador de EE.UU. en Ginebra, porque su país –dijo- no podía aceptar un plan de verificación que limite el uso de armas biológicas en “la guerra contra las drogas” porque su intención es usarlas en Colombia.

“Las ramificaciones del plan estadounidense de armas biológicas son globales”, señala Sunshine Project: “Si logran hacerlo en Colombia, la presión para usar armas biológicas contra cultivos se extenderá rápidamente a otros países de América Latina y a otras regiones del mundo, especialmente Asia. Junto a Colombia en la lista de objetivos de EE.UU. está Afganistán, el mayor productor de amapola para heroína. Los cultivos de amapola de Afganistán han resurgido recientemente. En la mira también están otros países con producción de coca y amapola para heroína de Asia del Sur, Asia del Sudeste y América Latina”. 

 

La erradicación forzada y la “guerra contra el terrorismo”

Hoy la erradicación forzada de los cultivos proscritos también se integra en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Colombia es por excelencia el campo experimental de sus métodos químicos. Durante el “Encuentro de Autoridades Locales”, Cartagena 14 de junio de 2003, el Vicepresidente Francisco Santos dijo que en Colombia “Las fumigaciones contra cultivos ilícitos no se pararán. Es un tema de seguridad nacional ya que de ahí se financian los grupos armados y la política del gobierno es continuar con ello (las fumigaciones) hasta el 7 de agosto de 2006 a las tres de la tarde”. Pero el argumento de golpear las finanzas de los grupos armados, comprendidas las guerrillas, mediante la erradicación forzada de cultivos, es un argumento falaz. La fumigación no perjudica a estos grupos. Se ha evidenciado que la fumigación sólo perjudica a quien le cae.

 

Derechos Humanos y DIH

La erradicación forzada, por el medio que sea, manual, químico, biológico, constituye en este contexto –como lo revela la declaración de Santos- una operación de guerra, con violación por parte del Estado de principios del Derecho Internacional Humanitario pues, además de la utilización de un arma química, no distingue entre combatientes y población civil, ni entre objetivos militares y bienes civiles.

En Colombia la crisis humanitaria, incluido el desplazamiento forzado, se ve seriamente agravada por las fumigaciones. El Estado colombiano vulnera los derechos de su pueblo: sus Derechos Humanos, el derecho a un ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vivienda; derechos íntimamente relacionados con el derecho a la vida. La que más sufre es la población infantil, el Estado viola los derechos de los niños y niñas que son derechos prevalentes sobre los cuales está obligado a brindar una protección especial. No son casos aislados, sino ataques generalizados y sistemáticos contra sectores de la población civil, lo cual constituye crimen de lesa humanidad.

Por otra parte, la Convención 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 de Colombia, obliga a los gobiernos a “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Tales consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. La consulta previa se ha omitido, a pesar de ser inexcusable en virtud de la ley, mandato que ha sido confirmado por la Corte Constitucional, aunque su decisión de mayo de 2003 se queda a medio camino al no ordenar la suspensión de las fumigaciones[9]. Así, un Estado que viola los Derechos Humanos y su propia normatividad se hace ilegítimo y socava las bases del Estado de Derecho.

 

La movilización

En la definición de políticas públicas, la participación de la población campesina, afrodescendiente e indígena en nuestros países ha sido inexistente. El único camino que se les ha dejado es la protesta y la movilización social. La dignidad de las reivindicaciones y demandas de recientes movilizaciones de los cultivadores de coca de Perú y Bolivia merece toda nuestra solidaridad. En Colombia los campesinos del sur, a costa de sus vidas, se han movilizado contra las fumigaciones, la más importantes de ellas en 1996 cuando culminaron en una mesa de negociación con acuerdos que los gobiernos jamás cumplieron.

 

Algunas conclusiones

Hoy, en la región andina y amazónica la llamada “guerra de las drogas’, con todas sus connotaciones de control geopolítico y de incremento de la presencia militar estadounidense, adquiere nuevos bríos bajo la denominación de “Iniciativa Antidroga Andina”. En los debates en el Congreso de los EE.UU. se usa cada vez menos su denominación como “Plan Colombia”, pues en realidad constituye una especie de regionalización del mismo, inscrito en una particular concepción de “seguridad nacional” que se encubre en parte con el discurso de la “lucha antinarcóticos”. En este contexto, el gobierno colombiano de Álvaro Uribe incrementa como nunca la guerra química contra el campesinado. Pero como lo advierte inclusive John Walters, Zar Antidrogas de EE.UU., “la producción de coca se está trasladando a las fronteras con Colombia”. Por esto, según Walters, es que estos países, en especial Perú, Bolivia y Venezuela, “deben ser más agresivos en su lucha contra los narcóticos”[10].

Traducido a otros términos, esto anuncia acciones más agresivas en detrimento de los derechos humanos en la región, con el argumento de liquidar las fuentes de financiación de grupos armados al margen de la ley. La utilización de armas químicas y un eventual uso de armas biológicas, con sus funestos efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, como ya se dijo, son apenas instrumentos de una política global.

De ahí, entre otras razones como las expuestas al inicio de esta ponencia, la iniciativa de una Comisión Mundial de alto nivel, independiente de los gobiernos y organismos multilaterales para evaluar las políticas de “drogas” y formular alternativas que sí respeten los derechos humanos de sus pueblos dentro de su diversidad. Se propondría −como parte de sus objetivos− encaminar un debate social, horizontal e incluyente, sobre la incriminación de los campesinos cultivadores de coca, Cannabis y amapola, y las condiciones y medidas que atañen a los usuarios. Buscaría dialogar desde su conjunto de conocimientos y experiencias con instancias oficiales nacionales y multilaterales con propuestas de responsabilidad social y correspondencia política. Con estos fines un paso propuesto es la revisión, abrogación o enmienda de las Convenciones de Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988[11]. En esta dirección, un camino esencial es entablar un dialogo social sobre el lugar merecido del uso cultural, medicinal, industrial, recreativo y alimenticio de las plantas de coca, Cannabis y amapola, condenadas de manera injusta como “sustancias prohibidas” por las Naciones Unidas en 1961. También es indispensable analizar el problema desde una perspectiva agraria. Hacen falta reformas agrarias democráticas y políticas macroeconómicas orientadas a la recomposición y protección de las economías campesinas, indígenas y afro-descendientes. El análisis y las alternativas desde las “políticas de drogas” es insuficiente. Es necesario promover, defender y garantizar el derecho a la tierra y el derecho humano fundamental al alimento.

 

Cartagena de Indias, 18 de Junio de 2003

 

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