INTRODUCCIÓN

“Say whatever you want about drugs,
as long it is negative”.
Stanton Peele

A. La noción de droga

Durante el siglo XX se desarrolló un concepto de droga que como fenómeno social ha derivado en la necesidad de ser reglamentado, al punto que hablar de política de drogas equivale a entender que existe toda una red de discursos, acciones y presupuestos dirigidos a la atención de este tema. La connotación de problema que tienen las drogas, amparada en el argumento de “salud pública”, hasta llegar a ser un problema de seguridad nacional, que conduce a la actual “guerra contra las Drogas”.

Si bien esta percepción de las drogas como un problema parece ser un lugar común que no se cuestiona, es importante recordar que dicha calificación no corresponde a un proceso antiguo o arraigado y es relativamente reciente pues es tan solo en el siglo XX donde se propaga esta concepción, que acompaña procesos sociales, políticos y económicos de orden mundial, confiriéndole su carácter actual.

Las drogas han estado presentes en distintos momentos del desarrollo de la humanidad, desde tiempos antiguos. Los pioneros de la medicina en Grecia se referían a las drogas como “sustancias que provocan grandes cambios orgánicos o en el estado de ánimo”. La delgada línea que separa al “veneno” del “remedio” en el significado del pharmakon en la antigüedad era dada por la dosis y no existía en su designación una separación radical entre el bien o el mal. 

Antonio Escohotado (1998) encuentra la misma raíz en los términos griegos pharmakon , que se refería al veneno y al remedio y la palabra pharmakos, que designaba a la víctima del sacrificio expiatorio. En las ceremonias destinadas a la relación con los dioses podía emplearse “el chivo expiatorio” (pharmakos) como ofrenda, en otras, la comunidad pactaba con ellos por medio de un banquete, donde se utilizaban distintos pharmakon.

Cambiando la consonante final y el acento, la misma palabra designa cosas que –en principio al menos- carecen de vínculo alguno. El pharmakos pertenece al sacrificio-regalo y el pharmakon al sacrificio comunión. (Escohotado, 1998: 44)

Paradójicamente este doble significado rige hoy la mirada sobre las drogas, representadas en la figura del chivo expiatorio, cuya destrucción ha de satisfacer a nuestros dioses enojados. La demonización, tanto desde la visión de los países líderes de la cruzada antidrogas, como desde la de aquellos que las producen -y por tanto son los destinatarios de la política de represión característica de la “extracción del mal”; no permite un acercamiento objetivo a la situación.

El cambio hacia la connotación actual de las drogas tienen que ver con los términos asociados a ellas. La referencia desde múltiples vocablos a las drogas, pasa por palabras inexactas como es el caso del término “narcótico”, literalmente referido a sustancias inductoras al sueño, que se usa corrientemente para señalar la totalidad de las sustancias ilegales que constituyen problemas para la sociedad y la seguridad. Otro ejemplo es la obligatoria palabra “abuso” en la terminología institucional americana para hablar sobre todo lo referente a drogas[1].

Ahora bien, estos cambios tendrán un efecto directo sobre su regulación a través de la política, la legislación y sobre todo en la circulación social del concepto “droga”. De esta manera se justifica el castigo, la persecución y la marginalización de ciertos grupos, de manera similar al papel que juega la locura en la época clásica, según Michel Foucault (1998).

A partir del siglo XV y después de la Edad Media, la figura del loco cobra importancia como referencia social y representa el sentido de exclusión. Existe una fascinación del hombre por la locura, expresada en las pinturas del Bosco, siendo la base de la Metáfora de la Nave de los Locos, aquí presentada. El tratamiento de estos “locos” varía de ciudad a ciudad, y mientras en algunas comunidades se los “embarca” en naves de locos, quizá en busca de la razón perdida, en otras, son alojados y mantenidos por el presupuesto de la ciudad, y sin embargo no son tratados médicamente, sino arrojados a las prisiones.

Esta percepción se modificará en el siglo XVII con los cambios en la percepción social frente al loco. La institucionalidad actúa como un modo de delimitación o tratamiento de su problema. Sin embargo, la potestad de la definición de la demencia no depende únicamente de los establecimientos médicos, se acude a otras estructuras semijurídicas o administrativas que “juzgan, deciden y ejecutan”. Sus pautas están dadas en el orden burgués o monárquico y la calificación de “locos”, se hace por medio de las acusaciones de familias, vecinos o religiosos que demuestran la “peligrosidad” de la insensatez del acusado. (Foucault, 1998: 201)

De manera similar, hoy llamamos “loco” o “adicto” al usuario de drogas. Lo que cambia aquí es la sensibilidad frente al consumo de ciertas sustancias que “enloquecen” a las personas. La manera en que se construye esta sensibilidad social es un punto fundamental en este trabajo, al reforzar con ella el discurso normativo y el control social.

Básicamente, el concepto de adicción brinda el elemento problemático al uso de drogas. La Convención Unica de Estupefacientes de 1961 ha definido el término adicción de la siguiente manera:

Estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o sintética caracterizada por: a. una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, b. Una tendencia al aumento de las dosis, c. Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos y d. Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad. JIFE, www.incb.org/s/ar/1996/menu.htm

La definición de adicción conlleva acciones represivas que acusan a los usuarios, u ocasionales (en esto no hay distinción propiamente dicha), o como enfermos o criminales. Cualquiera de las dos connotaciones exige el “internamiento”, ya sea en el hospital o en las cárceles.

Como ejemplo, en la legislación colombiana el uso de drogas está asociado a su “peligrosidad” social y a la posibilidad de perturbar el orden público: Ley 118 de 1928, Ley 11 de 1920, Decreto 1136 de 1970, Ley 30 de 1986. Estas tratan las drogas como sustancias que forman “hábito pernicioso”, provocadoras de alteraciones en la “tranquilidad pública”.

En una perspectiva jurídica, el uso de drogas es dañino incluso para quien las utiliza, siendo la víctima su propio victimario, pudiendo derivar a conductas criminales. Sin embargo, solo ciertas sustancias se hallan clasificadas como peligrosas. Si nos atenemos a la definición de drogas como sustancias que alteran el ánimo, habría infinitas sustancias en esta clasificación. De allí que por su taxonomía y delimitación hacen parte de un complejo mecanismo de construcción social y política que da origen a la prohibición excluyente de ciertas drogas.

En la actualidad, están fiscalizados más de 116 estupefacientes a partir de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Figuran principalmente los productos naturales como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y la heroína; estupefacientes sintéticos, como la metadona y la petidina, así como el cannabis y la cocaína. [2]

Como puede apreciarse, la atención está dirigida a tres sustancias de origen natural: la marihuana (cannabis), la cocaína (coca) y la heroína (amapola). Este contexto de ilegalidad determina la dinámica de producción-consumo de dichas sustancias, siendo la prohibición una estrategia que legitima (implícita o explícitamente) otras acciones de intervención de lo público en lo estrictamente privado, así como también en los ámbitos llamados de producción, es decir, en otros países.

Las maneras de propagación del concepto de “drogas” conforman un sistema cerrado, donde no se distingue claramente los discursos sociales de los fiscalizadores. Es difícil determinar si primero existe la construcción social o el discurso político legal, lo cierto es que uno y otro se refuerzan mutuamente hasta convertirse en verdad legítima y aceptada.

Para algunos autores D. Musto, J. Inciardi, R. Del Olmo, entre otros, la concepción de droga iniciada en los Estados Unidos considera el consumo de drogas como un problema de criminalidad asociado a grupos específicos de la población: negros consumidores de cocaína, como potenciales violadores; chinos inmigrantes adictos al opio, en las chinatowns, lugares de vicio y perdición, e inmigrantes chicanos consumidores de marihuana. Esto corresponde a lo no americano y requiere por tanto ser marginado.

En el ámbito científico las drogas corresponden a una categoría más general. Se las denomina “sustancias psicoactivas” –SPA- y se las distingue por su origen, los efectos neurológicos y sus similitudes con sustancias en la inmensa gama de las que regulan el ánimo y las emociones humanas: endorfinas.

Los científicos han jugado un papel determinante tanto en el “descubrimiento” como en la “definición” de las SPA. En esto, el carácter objetivo de la ciencia y la investigación le han dado un halo “neutral” a la designación de las “drogas”. Los científicos y empresas farmacéuticas constituyen grupos de interés, que construyen sus propios saberes para legitimarse, por lo que es importante entender los propósitos que los inspiran y del mismo modo deben revisarse algunas sus definiciones, aparentemente incuestionables.[3]

De acuerdo con la mirada sobre las cosas, del sociólogo Max Weber, en tanto objetos inanimados o no humanos, las drogas entran en el ámbito de las ciencias humanas como ocasión, resultado, estímulo u obstáculo de la acción humana. De esta manera solo es posible entender su significado por el sentido que a su producción y empleo le presta (o quisiera prestar) la acción humana (con finalidades posiblemente muy diversas). Por tanto, la definición central sobre la droga deberá ser entendida con referencia a la acción humana, como medio o como fin, pero siempre ligado a una subjetividad y un contexto determinado que valora o releva dichas cosas (Weber, 1997: 9).

Las drogas se emplean como un “satisfactor” de una necesidad expresa de un grupo o de individuos particulares. Las razones por las cuales se “elige” un satisfactor son diversas, y tienen en cuenta aspectos culturales y valorativos de carácter eminentemente subjetivo además de las categorías de disponibilidad y precio.

Para el investigador Iban de Rementería las drogas solo pueden ser entendidas en una perspectiva de mercado, donde un producto, como portador de satisfacción, únicamente se convierte en mercancía si es puesto en el mercado, pues solo allí puede realizarse como bien o servicio: satisfacer una necesidad específica, cumplir una función de utilidad y ser retribuido por su precio (De Rementería, 2001: 165).

En este orden de ideas, las drogas vendrían a satisfacer una necesidad, y por tanto las acciones sociales que implica su uso corresponderían a acciones sociales racionales que satisfacen un fin o un propósito.

El hecho de que ciertas sustancias estén prohibidas según ambiguos criterios, hace que surja un mercado ilegal en el cual se producen y comercializan estas sustancias.

Hoy ilegalizada, la droga es la mercancía por excelencia, ya que tiene la mayor velocidad de reproducción ampliada y la más alta tasa de acumulación de capital, no tiene competencia en el mercado, ni está sometida a obligación tributaria alguno.

(De Rementería, 2001: 165)

Se deriva de esta ilegalidad la necesidad de cubrir con otro tipo de empresas la provisión de estas sustancias.

“Entendemos por provisión de drogas el conjunto de actividades necesarias para su producción, distribución y expendio. A partir de la ilegalización de las drogas, al conjunto de agentes organizados para realizar esas actividades ilícitas lo llamamos genéricamente narcotráfico”. (De Rementería, 2001: 167)

Esto conduce a la pregunta por la naturaleza de estas organizaciones. Aunque la referencia generalizada es la de narcotráfico como mafia, esta identificación no es del todo exacta. Ciro Krauthausen, su trabajo de sociología de la Universidad Naconal de 1991: Cocaina y Co., y en su último libro de 1998, Padrinos y Mercaderes, caracteriza sociológicamente estos grupos. Por medio del análisis comparativo de la mafia italiana y el narcotráfico en Colombia, pueden establecerse algunos rasgos sustanciales, organizativos y contextuales, y comprenderse diferencias y similitudes.

Krauthausen explica que no todas las mafias son narcotraficantes, ni todos las organizaciones de narcotraficantes adoptan modelos de la mafia. Halla una serie de coincidencias y transiciones en términos organizativos según la actividad principal que les atañe:

Gran parte de estas diferencias puede explicarse con el hecho de que los modelos organizativos seleccionados tienen objetivos distintos. Los mafiosos se organizan tal como lo exige el ejercicio ilegal del poder, es decir, el complejo extorsión-protección y el concomitante control territorial. Para ello un modelo jerárquico y cerrado es lo más apropiado. Los narcotraficantes colombianos, en cambio, buscan encontrar la forma organizativa más eficiente para la producción y comercialización de mercancías ilegales. (Krauthausen, 1998: 244)

En síntesis, lo que puede observarse es que toda definición de “drogas” involucra aspectos sociales, económicos, institucionales y políticos. Para los efectos de este trabajo, la definición dada por el filósofo Jacques Derrida resulta ser más apropiada en el análisis propuesto:

La “droga” es también una palabra y es un concepto, aun antes de que se le pongan comillas, más para marcar su mención que para servirse de ellas, pues las cosas mismas no son vendidas, compradas o consumidas. ... en el caso de la droga el régimen del concepto es diferente: no hay droga en la naturaleza. Pueden darse venenos naturales y también venenos naturalmente mortales, pero no lo son en cuanto drogas... Como el de toxicomanía, el concepto de droga supone una definición instituida, institucional, necesita una historia, una cultura, unas convenciones, evaluaciones, normas, todo un retículo de discursos entrecruzados, una retórica explícita o elíptica... Para la droga no se da una definición objetiva, científica, física...

De aquí hay que concluir que el concepto de droga es un concepto no científico, instituido a partir de evaluaciones morales o políticas, que lleva en sí mismo la norma de la prohibición”.  (Derrida, 1995: 33)

B.  Presentación de la situación

El objetivo de este trabajo es comprender cómo se produce y se reproduce la política de drogas en el caso colombiano, teniendo en cuenta su expresión en normas e instituciones creadas y considerando las construcciones sociales que la respaldan.

Se entiende la política como proceso de negociación de intereses de distintos grupos de poder, expresada en legislación y asignación de responsabilidades a agencias del Estado (burocracia).

Varias presiones inciden en este proceso de negociación: las de los grupos de interés (nacionales o extranjeros) que poseen una “fuerza relativa de juego” o poder para incidir sobre determinada situación; y la presión de la opinión pública,que tiene una idea sobre el problema, es decir, una construcción social.

La construcción social del “problema de drogas” expresada en la opinión pública se explica a través de diferentes definiciones:

Grandperre la define como “construccionismo social”, refiriéndose al conocimiento que evoluciona dentro de un proceso social continuo a través de las interacciones sociales, superpuestas al conocimiento que se deriva de la información de primera mano en el mundo no social.  (De Grandpre, 1996: 302)

Mauricio García agrega que la opinión pública no se da en un proceso espontáneo sino que surge de las instituciones, los medios de comunicación y la relación de las normas con la construcción social del problema o situación reglamentada. (García, 1993: 49)

Según el teorema sociológico conocido por el nombre de sus autores, William y Dorothy Swaine Thomas, si se afirma una determinada imagen de la realidad, a partir de la construcción social, se producen efectos reales. En el sistema de la droga, la reacción social criminalizadora produce por sí misma la realidad que la legitima. (Baratta, 1994: 50)

La construcción social se conforma a partir de los grupos particulares que la definen y dependiendo de ellos, crean normas e instituciones específicas. Por ejemplo, en el caso francés son los psiquiatras quienes definen el consumo de drogas como un acto de inconformidad del individuo en la sociedad, derivando su uso en amenaza, delito o transgresión. En cambio, en la legislación holandesa, influenciada por la definición de los sociólogos, el uso de drogas es una práctica cultural que más que eliminada debe ser controlada. Su abuso se considera adicción y es un problema de salud pública. (Boekhut Van Solinge, 1999)

Para investigadores como Peter Cohen, la construcción social que da origen a la actual cruzada contra las drogas liderada por los Estados Unidos, se remonta a los siglos XVIII y XIX y extrae del Movimiento por la Abstinencia los valores clásicos de la moral victoriana y la percepción de los misioneros ingleses sobre el consumo de opio en la China.[4]

En el caso colombiano, la definición de la política emerge como respuesta a las convenciones internacionales y a la propagación de las percepciones de la sociedad norteamericana, interpretada a la luz de los valores intrínsecos de la sociedad colombiana. El surgimiento de los grupos dedicados al narcotráfico, que aparentemente se insertan dentro del esquema sociopolítico colombiano, van a generar nuevos discursos acompañados por la égida ideológica norteamericana.

Así, las diversas posiciones, tanto la de los “afectados” por la política como lo de sus “ejecutores o inspiradores”, generan lo que Francisco Thoumi denomina “la satanización del problema de las drogas”, que no considera los elementos centrales para la solución del problema.

Infortunadamente el moralismo estadounidense sataniza las drogas, mientras que la desconfianza colombiana sataniza a Estados Unidos, lo cual hace que entre ambas sociedades prevalezca un diálogo de sordos que lleva a que en ambas se tienda a exportar la responsabilidad del ‘problema’ de las drogas. (Thoumi, 2002)

Adicionalmente, es necesario incorporar otros elementos a este diálogo potencial, incluyendo las preguntas por dónde surge y cómo circula la construcción social del tema de las drogas a través de los discursos normativos y su interpretación por parte de los diferentes actores. Esto entendido desde la sociología política y en referencia a las características de los Estados que intervienen en su conformación. Estos son los elementos clave de este trabajo, de los cuales se derivan las siguientes hipótesis:

C. Hipótesis

1. Entendiendo la política como un proceso de negociación en torno a intereses particulares y presiones externas e internas, este proceso refleja la forma en que el Estado se ha desarrollado históricamente.

La evolución de la política ha estado marcada por las posiciones relativas de los actores que la negocian y ha privilegiado a unos u otros en virtud del devenir histórico del Estado colombiano. Habiendo en juego distintos intereses y presiones, la política debe ser entendida en función de la construcción social que beneficia a ciertos actores en un momento determinado y define estrategias. Actualmente, la política de drogas en Colombia ha privilegiado una concepción de las drogas que le otorga poder a determinadas instituciones del Estado para enfrentar el problema con estrategias principalmente de carácter represivo.

La política actual, que concibe a las drogas como un asunto de “seguridad nacional” ha concentrado las decisiones en el Ejecutivo y en el ámbito militar, excluyendo a la sociedad civil de la discusión y obstruyendo la circulación de alternativas teóricas y estratégicas sobre ellas.

2. Por otra parte, considerando que la efectividad de una política está en función de la capacidad del Estado de mantener el legítimo monopolio de su fuerza física, y de su posibilidad de instaurar un orden social que genere valores y comportamientos legales, en el caso colombiano, dado que estas condiciones no se cumplen a cabalidad, esto ha facilitado la aparición y desarrollo de los grupos involucrados en el negocio de drogas ilícitas.

Este hecho ha sido considerado desde distintos puntos de vista:

En una comparación entre el surgimiento de grupos de mafia y organizaciones de narcotráfico, Ciro Krauthausen presenta como característica común a estos fenómenos la existencia de un Estado débil con escasa presencia territorial y poca legitimación social, que tiende lazos entre lo ilegal y lo legal, en medio de intensos procesos de transformación.[5]

Para Edgar Reveiz la característica del Estado Colombiano como un escenario de negociación de privilegios y prebendas abrió la posibilidad para que estos grupos entraran al proceso de negociación de la política. Ellos no buscan necesariamente un nuevo orden, sino asegurarse un lugar en el sistema estatuido.

Por otra parte Francisco Thoumi afirma que el auge del narcotráfico como grupo de poder fue posible en el contexto colombiano por factores asociados al capital social, y en general a la actitud permisiva de la sociedad colombiana que de manera sostenida ha irrespetado el derecho básico de la propiedad.

Para Tatiana Matthiesen la valoración entre los costos internos para Colombia de las acciones de presión de los narcotraficantes frente a la cooperación con los Estados Unidos, generó un cambio en las relaciones y por tanto en la política. De esta manera se pasó de una cooperación plena con los Estados Unidos (Gobierno Barco) a una estrategia de conciliación entre las presiones internas y externas en la política de sometimiento de Gaviria.

3. Por último, la política de drogas estará justificada por un mecanismo de construcción social que sustenta y renueva la idea de las drogas en la opinión pública. Las leyes instituyen una percepción social que transforma y refuerza las acciones políticas y a su vez ellas construyen opinión pública. En este proceso se negocian “verdades” y son estas las que definen las leyes y le dan poder a las instituciones.

Los narcotraficantes también pueden construir opinión pública. Así se han construido leyendas en torno a la figura de los capos, el caso de Pablo Escobar, mistificándolo. Para Ciro Krauthausen estas leyendas brindan identidad a los grupos involucrados en actividades ilícitas o criminales y generan un cierto apoyo social popular, como una forma de dominación de tipo autoritario o patriarcal.

El establecimiento crea “opinión pública” sobre las drogas, según intereses de distinta índole. Así, surgen los de tipo electoral; la mano dura frente al “flagelo”, y los de tipo económico, resaltando los altos costos del consumo y su incidencia en la productividad; y por último, los referidos a la salud pública y los costos en inversión social y seguridad. Los argumentos siempre dependerán de coyunturas para los grupos que ostentan el poder.

Los discursos oficiales alrededor del problema de las drogas generan “pánico” y legitiman acciones o excesos de poder político que en otras circunstancias serían cuestionados. Así, en las estrategias de intervención militar de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas se incluyen acciones antiterroristas que ignoran los tratados internacionales. Estas estrategias deben entenderse en el complejo entramado del escenario latinoamericano, donde las acciones de la Base de Manta, la Triple Frontera, el ALCA y el ATPA, así como la Iniciativa Regional Andina, hacen parte de la reconfiguración geopolítica y económica del continente.

D.  Modelo Propuesto

A continuación se plantea el siguiente modelo analítico desde el cual se puede interpretar la política en términos de sociología y de las consecuencias de los procesos sociales de construcción de opinión pública.

E. Contenido y discusiones

En el Capítulo 1, se presenta el marco teórico, y se exponen las distintas herramientas conceptuales y de enfoque para abordar el tema de la política de drogas. Se sigue como autor básico a Max Weber con sus definiciones de Estado, acción económica, acción racional y gestión económica, para comprender los componentes básicos de la formulación actual del problema de las drogas como política de Estado. Hay una especial referencia al análisis burocrático que se desprende de la formulación legal y la manera como la administración del problema expresa la concepción del mismo.

En el Capítulo 2, se hace un recuento de la manera como surge la percepción actual del problema de drogas y se convierte en una cruzada mundial liderada por los Estados Unidos.

En el Capítulo 3, se analiza la política colombiana frente a las drogas, expresada en las leyes y las disposiciones que representan la interpretación local de un problema definido en el ámbito internacional. Se muestra cómo evoluciona la al respecto, pasando de ser un asunto de higiene y salud pública a ser un problema de seguridad nacional.

En el Capítulo 4, se expone cómo surge el narcotráfico en Colombia y la manera en que la combinación de factores sociales, políticos, económicos y culturales le dieron como un poder que exige reconocimiento dentro del sistema social, a través de la política, la legitimación social y la legislación. Asociado al narcotráfico irán surgiendo los grandes “enemigos internos” de nuestro país: el “narcoterrorismo” y la “narcoguerrilla”, términos que en su indefinición serán el argumento principal para la inversión militar y la reorientación de los procesos de desarrollo del país.

Por último, en el Capítulo 5, aparece una aproximación a la situación actual (2002) del funcionamiento de Guerra contra las Drogas en Colombia y sus posibles transformaciones en el seguimiento de la metáfora de la Nave de los Locos y la extracción de la piedra de la locura.

1.  CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES

La “ordenación formal” de la conducta
puede en determinadas circunstancias
influir profundamente de un modo materia”
 Max Weber

Este trabajo se basa en conceptos sociológicos elaborados por Max Weber para explicar las acciones reguladas por la política de drogas. Según este autor “explicar” en sociología es, la ciencia que se ocupa del sentido de la acción, la captación de la conexión del sentido en que se incluye una acción, ya comprendida de modo actual, a tenor de su sentido “subjetivamente mentado”. (Weber, 1997: 6).

Tal como se planteó en la introducción, la mención subjetiva de las acciones sociales en la producción y consumo de drogas está determinada por las valoraciones sociales y esto a su vez es el objeto mismo del que hacer sociológico. Para entender cómo se ha transformado el concepto de droga a lo largo de la historia e identificar las fuentes sociales que le dan sentido, se recurre a las referencias históricas.

Con base en los “tipos ideales”, se trabajará con la noción de Estado Moderno propuesta por Weber, como instituto político, considerada como un tipo ideal de dominación legal basada en la racionalidad de las leyes y en la independencia del aparato burocrático, con división del trabajo y asignación de responsabilidades y presupuestos.

También se trabajarán las nociones de acción social, acción económica, gestión económica, instituto político, autoridad, entre otros conceptos básicos, para entender qué es lo que reglamenta la política, qué acciones comprende y cuáles son sus efectos en términos de las instituciones, los intereses negociados y los grupos afectados por las medidas.

1.1. Acción social

Partimos de la definición de acción social, para saber, cuáles son las conexiones que tienen las acciones de producción y consumo de drogas dentro de la formulación política.

La política se expresa en leyes, institutos, discursos, acciones y operaciones. Si el consumo y la producción son "acciones sociales", motivadas con arreglo a fines, espedíficos en el caso de las acciones de producción económicamente racionales, tendría que buscarse, siguiendo a Weber, su conexión de sentido, la mención de este sentido y su motivación, o las expectativas que conducen a la acción.[6]

El consumo y la producción de sustancias psicoactivas son acciones que se encuentran a lo largo de la historia y han sido normales en distintas épocas, pueblos y territorios, ligadas a contextos culturales y sociales particulares. Desde los trances chamánicos de las religiones asiáticas, pasando por los rituales indígenas americanos, el uso de drogas ha estado presente en la cultura del hombre.(Furst, 1994; Wasson, 1992; Schultes y Hoffman, 1993)

 La evidencia histórica ha sido estudiada en abundantes trabajos de investigadores, científicos y académicos, por lo que no se hará una extensa referencia a ellos, salvo en el caso estrictamente colombiano.

1.2. Racionalidad del consumo

¿Cómo sabemos que el consumo y la producción de drogas son acciones sociales, y no modos de conducta reactivos, sin ningún sentido?

Si el consumo de drogas respondiera a una necesidad psicofísica a la cual se reacciona, no podría hablarse de acción social. Si bien el planteamiento de De Rementería sobre las drogas, como bien que se realiza en el mercado apunta a esta denominación, tanto el consumo como la producción implican aspectos sociales en virtud de las construcciones que se han hecho a su alrededor.

Siguiendo la definición planteada por Weber, los límites entre una conducta íntima y una conducta social están dados por el sentido (Weber, 1997: 18). En el caso de la acción del consumo, aunque no es una conducta generalizada, se dice que es una conducta común a grupos de personas no homogéneos y que obedece a factores psicosociales determinados según cada caso particular. Si la acción involucra una reacción en la sociedad, que la percibe como algo indeseable, entonces debe considerarse como una acción social.

En el caso del consumo, la referencia al motivo ha sido objeto de estudio de las ciencias de la salud, en particular la medicina y la psiquiatría. Las valoraciones que tiene la acción darían sentido a su realización. Según la clasificación de Weber, se interpreta el uso de drogas de la siguiente manera:

1.  Racional, con arreglo a fines. Se consume la sustancia con el fin de crear un efecto fisiológico deseado. Se conoce la sustancia a través de la experiencia, la valoración de sus efectos y la consideración sobre la acción del consumo, que puede convertirse en uso.

2.  Racional, con arreglo a valores, teniendo en cuenta que muchas de las prácticas con sustancias enteógenas[7] han estado ligadas a contextos culturales de experiencia mística, en algunos casos, o a prácticas adivinatorias, curativas o cosmogónicas que corresponden a tradiciones y valoraciones no siempre racionales, ligadas a la costumbre a la autoridad y a las creencias mítico-religiosas de los grupos.

3.  Podría ser afectiva, es decir, ligada a una situación emocional que busca en el consumo el alivio o la manera de tramitar cierta emocionalidad. Teniendo en cuenta la diversidad de usos de las drogas: calmantes, estimulantes, ansiolíticas, reflexivas, etc., no puede centrarse en una sola mirada que motive su uso.

4.  Así mismo puede ser tradicional, en tanto está sujeta a cuadros de valores culturales, como es el caso de experiencias chamánicas o experiencias de revelación de los dioses en las culturas precolombinas.

De todas maneras, cualquier elección está condicionada por valoraciones sociales y contextos culturales. En este punto el elemento de la construcción social por parte de las personas que usan drogas también es relevante en el momento de elegir esta u otra droga en determinados escenarios sujetos a la finalidad misma de su utilización.

1.3. Racionalidad económica en el proceso de producción de drogas

Abundantes trabajos de importantes investigadores colombianos señalan la delgada línea entre las acciones criminales (uso de violencia e intimidación) y la racionalidad de las acciones del negocio de drogas ilegales en su proceso de producción.

Como negocio, esta acción racionalmente económica persigue unos beneficios y opera con arreglo a un plan, que se manifiesta en una compleja red empresarial, inserta en la lógica capitalista de los circuitos de producción y consumo, en un contexto ilegal.

 La evolución misma del negocio del narcotráfico ha permitido su inserción en actividades eminentemente comerciales, muy ligadas al desarrollo mismo de las nuevas economías. La evidencia de la utilización de complejos sistemas informáticos y redes satelitales muestra cómo el narcotráfico se amolda a los retos impuestos por la ilegalidad y aprovecha las oportunidades de la tecnología.

Al mismo tiempo, el carácter ilegal de sus acciones, sin un Estado que regule y garantice sus relaciones, y el propio riesgo del negocio hacen que estos “empresarios” se conviertan en criminales. No solo porque su acción es ilegal, sino porque hacen uso de la violencia y del poder coercitivo para lograr sus metas.

En el caso del narcotráfico, la implementación de una compleja estructura empresarial hace que esta acción no sea la de una simple reacción de búsqueda racional de un objetivo concreto. Evidentemente, el funcionamiento del negocio ilegal de drogas requiere una estructura empresarial de distribución del riesgo y de actividades complementarias a la simple producción. De hecho, lo que más vale dentro del negocio del narcotráfico no es la producción (siembra y procesamiento), sino las “rutas de transporte” y las “redes de distribución” que acaparan la mayoría de los costos.

Para realizar estas actividades no existe una única organización o “cartel” que cubra todo el proceso: se trata de un complejo sistema de organizaciones y grupos que se participan organizaciones ilegales sino muchos y variados actores legales que, intencionalmente o no, intervienen en el proceso del negocio.

A primera vista, la producción de cocaína opera en un esquema de mercado que le otorga sus principales características, y esto conduce a apreciar al narcotráfico como un modo racional de acción que busca objetivos de maximización de beneficios:

El mercado de la cocaína, como todo mercado, presenta una demanda y una oferta. Tiene además sistemas de transporte y de distribución. Cuenta con distintas empresas que se ubican en sectores diferenciados que permiten mejorar el control y el manejo del capital. Las motivaciones que determinan la acción social de todos los actores son las expectativas de obtener los mayores beneficios. Tanto esas expectativas como las condiciones del medio conllevan una racionalización de la acción. Así, a diferencia de lo que usualmente se cree, ni los individuos ni las empresas que se mueven en el mercado ilegal son completamente irracionales, por el contrario, continuamente deben racionalizar sus acciones. Los fines son los mismos de cualquier capitalista: acaparar los máximos beneficios. Con base en las condiciones existentes y en la disponibilidad de recursos se efectúa una ordenación de los medios, estructurando estrategias y tácticas. (Krathausen & Sarmiento, 1994: 23)

Para Weber “una empresa se caracteriza como una acción que busca la realización de determinados fines de un modo continuo”. Esta definición es válida para el caso de la empresa narcotraficante orientada por “el cálculo de capital, típico de la moderna empresa económica” .(Krauthausen & Sarmiento, 1994: 35).

Aunque la sofisticación de las operaciones en el narcotráfico lo identifican como una “empresa racional”, lo cierto es que las formas de violencia que adoptan le confieren rasgos y formas organizativas particulares de ejercicio del poder y la violencia. Esto hace que la definición de Weber deba ampliarse hasta incorporar como se ejerce el poder y como el abuso del mismo lleva a ejercer actividades criminales de alta peligrosidad.

Krauthausen reconoce que la imagen de empresarios ilegales hace parte del complejo proceso de identidad de los narcotraficantes, así como de posturas ideológicas radicales en contra de la acción de los Estados Unidos frente a las drogas.

Es claro que toda definición varía según el contexto, así las condiciones de ilegalidad y las mismas filtraciones dentro del Estado van a favorecer y, en algunos casos, regular estas actividades. El término más apropiado es el de “crimen organizado”, utilizado por distintos autores teniendo en cuenta la ilegalidad de la prohibición de las drogas.

1.4. Gestión económica y acción económica

El proceso de la producción de drogas ilegales, en el caso de la cocaína, se compone de distintas empresas y actores que se distribuyen en las diversas fases: de un lado, actividades penalizadas, como el cultivo de la hoja de coca y su rudimentario procesamiento, la transformación química para obtener la cocaína, la distribución de la sustancia en los mercados consumidores, y de otro lado, el proceso de reconversión de las ganancias, que involucra múltiples oficios y actores legales en la gestión del narcotráfico.

La definición de Weber de uso del poder en la acción económica brinda la clave para entender por qué la acción económica racional del negocio de drogas ilícitas debe diferenciarse por el uso violento del poder que detenta. Para el sector que concentra el mayor riesgo y por tanto obtiene las mayores ganancias, sector oligopólico según Krauthausen, el uso de la fuerza y la intimidación es la característica fundamental para operar en el negocio.

A diferencia de lo que sucede en el mercado narcotraficante, para el sector oligopólico legal la disponibilidad del recurso violencia no tiene la importancia central que tiene en el mercado ilegal. (Krathausen & Sarmiento, 1994: 62)

La acción del narcotráfico en cuanto a producción y distribución no es una simple gestión económica de ejercicio pacífico de poderes y de disposición de recursos; si así lo fuera, no tendría ningún sentido el castigarla. El hecho de estar en un contexto de prohibición incide directamente en la forma violenta e ilegal en que opera el negocio.

Se llama gestión económica a un ejercicio pacífico de poderes de disposición, orientado en primer término económicamente y ella será racional cuando discurra con arreglo a un fin racional, o sea con arreglo a un plan. (Weber, 1997; 46)

Esto explica por qué no puede considerarse el negocio de las drogas como una acción empresarial en la ilegalidad, pues ejercicio de la violencia implícito en sus acciones, lo convierte efectivamente en un problema de seguridad nacional. La prohibición no es el único factor que acelera la intervención estatal, sino los actos de poder que están implicados en su acción.

1.5. Estado Nación

El análisis de la política tiene que ver también con la forma de Estado en el cual opera. El Estado Moderno, en el cual está inspirado el modelo de Estado colombiano, debe ejercer “...un monopolio de la fuerza física y requiere de un aparato burocrático para la administración de este poder...”.  (Weber, 1997: 1047).

En esta definición, el elemento fundamental es el mantenimiento exitoso del monopolio legítimo de la coacción física para garantizar el orden vigente. Según esto el Estado debe hacer legítimo el monopolio de la violencia, a través de la coherencia del sistema elegido (democracia, monarquía, etc.) y por el ejercicio de la administración efectiva de los asuntos públicos por medio de la burocracia: la maquinaria del Estado moderno. (Weber, 1997: 44)

Los elementos definitorios de la nación, en su sentido moderno, implican el control territorial, la administración de los asuntos públicos y el monopolio de la violencia. La ausencia de algunos de estos factores o la debilidad en la puesta en marcha de su totalidad conducen a facilitar el surgimiento de actores criminales, llámense mafia o narcotráfico.

1.6. La administración de los asuntos: la burocracia

La importancia que le otorga Weber a la responsabilidad del Estado en el manejo diario de la administración de los asuntos públicos, lo lleva a la definición del tipo ideal de burocracia. En el sentido racional legal, la burocracia implica organización, división del trabajo, reglas y procedimientos.

En el caso colombiano, ante la ausencia del Estado en ciertos territorios, la tendencia ha sido la de instaurar controles locales que “imitan” el ordenamiento característico del “estado”. Puede afirmarse, como algunos investigadores lo hicieron en los tempranos años 80s, que los grupos guerrilleros en zonas de colonización realizan labores estatales de mantenimiento de orden y una incipiente función administrativa (Cubides, 1984: 256)[8]

La manera como se ejerce la actividad política en un país de regiones geográficas diferenciadas, muchas veces incomunicadas entre sí, ha facilitado a través del tiempo la aparición y consolidación de grupos que han ocupado el rol del Estado. De otro lado, la característica según la cual el Estado colombiano se comporta como un ámbito donde se realizan gestiones y acciones económicas y se regula la distribución de los privilegios, ha promovido las redes clientelistas y los ejercicios locales de poder:

Cuando un político o hace un favor a (un) otro sin contraprestación inmediata, esto lo convierte en poseedor de una opción que puede hacer efectiva sobre lo que otro maneja. Queda con un stock de opciones y favores. El activo del político clientelista es un stock de opciones de instrumentos con dineros públicos. El político clientelista, poseedor de un stock de favores y opciones, puede vender algo que no tiene. Por ejemplo, tiene una opción sobre un funcionario que tiene el manejo discrecional de una concesión.

(Reveiz, 1997: 51)

El rasgo clientelista del Estado y la política colombiana están asociados con factores históricos que han hecho de la política un ejercicio de mera adscripción a partidos políticos. Así mismo, los políticos regionales han actuado como cadenas de transmisión electorales que defienden los intereses de sus zonas y de sus partidos. A la vez, ellos actúan como “gamonales” o “padrinos” que acercan la gestión estatal mediante un complejo sistema de favores. Esta figura es heredera del modelo de la antigua Hacienda en la historia colombiana, en cuanto a las formas de relación social, movilidad e identidad como grupo. Infortunadamente, este mismo esquema desdibuja un verdadero ejercicio político democrático, puesto que no deja prosperar iniciativas de interés común sino que hace prevalecer los intereses particulares administrados por estos políticos regionales.

Tal como lo presenta Reveiz y lo corrobora Krauthausen, el sistema estatal posibilita que los grupos de narcotráfico y la mafia surjan y se desarrollen en unos países mas que en otros. Es así que la naturaleza del Estado influye en el crecimiento de estos grupos de crimen organizado, y tanto Colombia como Italia se caracterizan por la existencia de relaciones patronales y clientelistas en donde la ausencia de controles sociales y la valoración ambigua de lo legal promueven la corrupción y llevan a la negociación de favores particulares, sin importar el origen. de los ofrecimientos. La sociedad colombiana asistió y participó impasible de las fabulosas ganancias que el nuevo negocio del narcotráfico representaba en sus inicios.

1.7. El Estado como Mercado: Gobernabilidad en Colombia

La forma en que opera un Estado determina la manera de realizar el proceso de negociación de la política, y además define la capacidad de injerencia de los distintos grupos de poder dentro de este proceso.

Basado en el modelo del “principal-agente”, Reveiz releva que los gobernantes colombianos han utilizado su poder para beneficiar a ciertos grupos o regiones, haciendo de ello la principal estrategia para perpetuarse en el poder. Las relaciones de adscripción clientelar han estado presentes en el desarrollo político colombiano, y han determinado las desigualdades en el desarrollo de las distintas regiones.

Esto, obviamente, contradice la necesaria “independencia” del funcionario público en la burocracia.

La organización moderno burocrática distingue entre la oficina y el despacho particular, pues separa la actividad burocrática de la esfera de la vida privada y los medios y recursos oficiales de los bienes privados del funcionario. (Weber, 1997: 717)

Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia desarrolla su gobernabilidad basada en su heterogeneidad regional y la diversidad de sus bases productivas, que negocian privilegios y favorecen algunas regiones en detrimento de otras. Colombia mantuvo un perfil medio en cuanto a su manejo económico y a la cohesión política autoritaria que le imprimió el Frente Nacional (1958-1968).

A partir de los años 70, en el marco de una estabilidad económica provocada principalmente por el crecimiento del sector exportador, paralelamente se desencadena una situación de violencia asociada a los procesos y relaciones de producción del café, el petróleo y lamarihuana. Estas contradicciones alteraron el modelo de desarrollo, la forma de Estado y la gobernabilidad.

1.8. La política como proceso de negociación

El concepto de mesocontratos que introduce Reveiz explica la manera en que se llevan a cabo las negociaciones en el escenario estatal. Los mesocontratos son pactos particulares que pueden ser positivos o desfavorables a la gobernabilidad, donde las filtraciones del Estado, la falta de control de sus acciones y las características culturales permiten su realización en pro o en detrimento de la legitimidad del mismo y del ejercicio de las funciones de gobierno.

En el caso colombiano, este tipo de pactos sociales particulares configuran la noción actual de Estado. A pesar del complejo y sofisticado orden jurídico colombiano, prevalecen los pactos sociales ad hoc.

El sistema de contratación de una sociedad se encuentra jerarquizada en la Constitución, las leyes y decretos, en los contratos entre particulares y entre éstos y el Estado. Sin embargo, en un sistema desinstitucionalizado como el colombiano, un sutil y fino sistema de contratación formal y ad hoc fue surgiendo sin transparencia y se consolidó en el orden intermedio (meso) tomándose el espacio en donde debían aplicarse las leyes y constituyéndose en la Colombia ad hoc que hoy vivimos. Ellos han asegurado una frágil y dudosa gobernabilidad. La apariencia del caos en el Estado engaña. Bajo el desorden aparente el caos disimula un orden escondido, los mesocontratos. (Reveiz, 1997: 24)

En el aparente caos del Estado colombiano se esconden otras lógicas, en las cuales se concretan los negocios de los grupos de interés.

La cultura política resultante de la Conquista hizo que la estructura del poder nacional y regional se organizara verticalmente, a diferencia del patrimonio cultural anglosajón, de tipo horizontal. De allí surgieron las clientelas políticas en ambos órdenes territoriales. La negociación del presupuesto nacional y de los de las entidades territoriales ha sido de predominio distributivo mas que integrativo, de conflicto más que de proyecto. (Reveiz, 1997; 93)

Todo esto consolidó unas formas de contratación y coalición entre los grupos de interés, la clase política y las burocracias estatales, y dio origen a un capitalismo político, donde se da una lucha por el control del Estado según las coaliciones entre grupos económicos y dirigentes políticos con intereses particulares.

La política en el caso colombiano ha negociado los intereses particulares de los que detentan el poder, haciendo legítima la “corrupción” y el otorgamiento de favores clientelistas. Los grupos de narcotráfico al participar de estas prácticas exacerbaron la impunidad, la corrupción y la violencia estructural profundizando aun más la deslegitimación del Estado.

El discurso normativo sobre el narcotráfico y las drogas, si bien interpreta algunos preceptos de la política norteamericana, hace una adaptación local que satisface a los nacientes grupos de presión del narcotráfico, y, pese a la extensa normatividad jurídica en la realidad, las prácticas sociales se rigen por los patrones culturales y sociales establecidos históricamente. Este aspecto marca la diferencia entre los planteamientos políticos en Colombia y en los Estados Unidos.

1.9. Condicionantes culturales en las acciones sociales

Las características de la cultura colombiana permiten entender por qué Colombia llegó a ocupar un lugar significativo dentro del negocio de drogas ilegales, y por qué el modelo de los grupos narcotraficantes consolidó un poder tan importante.

El contexto sociológico y cultural muestras las razones por las cuales en Colombia se desarrolla este tipo de criminalidad (el narcotráfico) infiltrada en los procesos estatales, sociales y políticos:

a.   La ausencia de una cultura ética que valore los comportamientos públicos frente a las normas. Se hace la regla, pero no se cumple, y en general existe una cultura de la ilegalidad, donde se aprovechan los vacíos e incongruencias de la ley para violarla.

b.   La generalización de una economía ilegal fuertemente insertada en la legalidad y la valoración social contradictoria del logro económico por encima de los métodos utilizados.

A esto se agrega la intención de los grupos narcotraficantes de lograr un lugar en el sistema legal, pese a la actividad ilegal. De hecho, el narcotráfico utilizó los mismos modelos de adscripción y patronazgo tradicionales para legitimar sus acciones y convertirse en un actor de poder.

Para el funcionamiento social se requiere de una valoración sobre la necesidad y función de las normas, cuya obediencia esta determinada por el tipo de dominación en el cual se promulgan. Weber define la dominación como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. (Weber, 1997: 107)

Los grupos de narcotráfico usaron formas de dominación generalmente violenta para asegurarse la lealtad de sus cuadros, el cumplimiento de los pactos (o el rompimiento de los mismos) y el desarrollo de su papel dentro del negocio.

Otras estrategias, no necesariamente violentas, se desarrollaron para ganar espacio dentro de la sociedad regional y nacional. Obras sociales, donaciones y favores que les daban una imagen de bondad y generosidad los ubicaron como los nuevos señores en las regiones. Estos factores contribuyeron a debilitar el ya frágil sistema estatal colombiano y permitieron que los grupos de narcotráfico entraran a la mesa de negociación de privilegios, mediante el soborno y la intimidación, apoyándose a la vez en esquemas convencionalmente clientelistas para reforzar su respaldo en las bases populares de donde normalmente provienen.

1.10. El modelo de las relaciones internacionales

El modelo de relaciones internacionales planteado por Tatiana Matthiesen en su trabajo doctoral sobre el tema de drogas en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, señala que la efectividad de las políticas de presión sobre países productores y exportadores de drogas es limitada, y se vuelve contraproducente una vez los costos asociados a los principales actores políticos en esos países exceden los beneficios de la cooperación.

La política de drogas está condicionada en gran medida por las relaciones internacionales. A su vez la política internacional puede concebirse como un juego de dos mesas de negociación o niveles diferentes: por un lado el nivel nacional donde los grupos y actores más importantes presionan al gobierno, y en el nivel internacional, donde el gobierno que recibe la presión externa busca satisfacer dichas demandas sin comprometer sus pactos con grupos internos. (Putnam, 1988: 434)

Según este modelo los cambios que se producen en la política surgen o se generan a partir de la integración de los tres niveles: sociedad, sistema político y nivel internacional, en el proceso de negociación.

En el caso de la política colombiana de drogas, se señala como año crítico 1991 y el proceso de la Constituyente, que fue el escenario donde se concretaron las negociaciones de los distintos grupos, y que actuó como contrato social o gran pacto interno.

En particular, el sentido del Artículo 35 de la Constitución de 1991 de la no extradición fue la legitimación de la impunidad, por el amplio poder de los grupos de narcotraficantes que ejercieron intimidación y cooptación de políticos. Esto, a su vez, tuvo un gran respaldo social, derivado en parte del sentimiento generalizado de la población, amedrentada por las acciones de terrorismo y “narcotizada” por los supuestos beneficios económicos de los dineros del narcotráfico. El apoyo logrado por los grupos narcotraficantes se alcanzó, entre otras razones, por el control territorial de las barriadas populares de Medellín en el caso de Pablo Escobar, y por la compra de políticos y empresarios vallecaucanos en el caso de los hermanos Rodríguez Orejuela.

Otros elementos que entran en la negociación se refieren a los nuevos órdenes económicos internacionales y en particular a la injerencia de los intereses comerciales norteamericanos. En efecto, las presiones de los Estados Unidos para abrir las economías y abolir las protecciones fueron un tema adicional en las negociaciones que tuvo que enfrentar Colombia que precipitaron la crisis agrícola y económica de los 90.

Por otro lado, como respuesta a las demandas de los Estados Unidos frente a la extradición, el gobierno Gaviria reanudó las labores de fumigación que habían sido suspendidas por los cuestionamientos sobre la toxicidad de los herbicidas utilizados. Aunque no hubo una presión explícita de Washington en este punto, se trató de justificar con otras estrategias los costos de la política de sometimiento, que al final fracasarían, al cabo de dos años de aplicación, con la fuga de Pablo Escobar en 1993, siendo este hecho el que develaría las irregularidades de la cárcel de máxima seguridad, sin que pudieran ser minimizados con la muerte de Escobar un año después.

2.  EL ORIGEN DE LA CRUZADA CONTRA LAS DROGAS
Relaciones Colombia-Estados Unidos

“Tras milenios de uso festivo, terapéutico y sacramental,
los vehículos de ebriedad se convirtieron en
una destacada empresa científica,
que empezó encolerizando al derecho,
mientras comprometía a la economía y tentaba al arte.
Oportuna o incoherente,
la cruzada contra algunas de ellas
constituye una operación de tecnología política
con funciones sociales complejas,
donde lo que se despliega
es una determinada física del poder”
Antonio Escohotado

La percepción sobre las drogas se construye socialmente, se refuerza a través de las instituciones y se expresa en la política. Este proceso puede entenderse en términos de los flujos de información de un sistema cerrado que produce y crea el discurso social, la normatividad jurídica y las acciones institucionales, en un marco estatal determinado.

La pregunta guía de este capítulo es entender cuándo y de qué manera cambió la percepción sobre las drogas y cómo Esta ha conducido a declarar la guerra a una acción tradicional e histórica ligada a contextos culturales y sociales determinados. En qué momento una actividad privada se convierte en objeto de reglamentación pública y bajo qué argumentos se legitima una particular política estatal.

Tal como se mencionó en la Introducción, los preceptos que hoy argumentan el pánico social frente a las drogas se originan en el Siglo XVIII y XIX, acompañados de importantes cambios en la configuración geopolítica y económica mundial. Se hace referencia al actual modelo norteamericano líder de la cruzada antidrogas y su principal instigador. La importancia de esta revisión consiste en entender hasta qué punto los principios que originan la actitud social frente a las drogas son válidos en el contexto colombiano.

2.1. Aspectos históricos

El origen de la actual connotación negativa de las drogas tiene su base en las percepciones sociales y en la injerencia de ciertos grupos de interés (estatales o sociales) que respaldan estas percepciones hasta convertirlas en leyes.

Las primeras alarmas sobre el problema de la droga se originan en Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX frente al abuso del alcohol de las barriadas de obreros y la interpretación que hacen los misioneros ingleses en relación del uso del opio en la China y otros países de oriente (Cohen, 1993). Estas alarmas también son registradas por la sociedad estadounidense de los grupos de orientación puritana con influencia en las esferas políticas y sociales de la nación americana. Al tiempo con los procesos de expansión económica de los Estados Unidos y su participación creciente en el orden mundial, dichos grupos con gran poder electoral, sentaron las bases del pensamiento americano sobre las drogas.

La tradición puritana norteamericana de las comunidades colonizadoras (quakers, católicos y otras comunidades) perseguidas en sus países, llegaron al territorio americano a consolidar con mayor ahínco sus valores e identidad. Durante el Siglo XIX estos valores tendrán una expresión social y organizacional en los movimientos abstencionistas y puritanos que defendían los “valores morales americanos”. Los primeros grupos conformados fueron el Prohibitionist Party, constituido en 1869, y la Liga Anti Bares creada 26 años después. Ellos se erigen como los defensores de la virtud y afirman su misión de erradicar cualquier inmoralidad, vicio u obscenidad, incluyendo, por supuesto “drogas que destruyen almas” (Escohotado, 1998-II:222).

La sociedad y el sistema americano fue construyendo distintos discursos alrededor de la droga, los cuales “nunca son neutros, sino (que) son parte constitutiva de la realidad al condicionarla, y a su vez, la realidad refuerza los contenidos del discurso”. (Del Olmo, 1998)

El uso de ciertas drogas se empezó a asociar con determinadas comunidades de inmigrantes, lo que reforzó la imagen del uso de drogas como algo “no americano” y contrario a los valores de una sociedad “blanca, anglosajona y protestante” –White, Anglosajon & Protestant, WASP-.

2.2.   La alianza contra el mal

La difusión de la peligrosidad de las drogas fue posible, además, por el apoyo que a esta causa dieron los grupos de especialistas médicos y farmacéuticos que buscaban legitimar su profesión y limitar el ejercicio libre de la medicina y la prescripción de fármacos. En aquella época de generalizada automedicación y abundante oferta de “curación” por personas no calificadas, las panaceas de la farmacia anunciaban la cura del dolor sin recurrir a especialistas. Los estamentos médico y farmacéutico, necesitaban delimitar las bases del ejercicio profesional de estas actividades y encontraron en los grupos puritanos un aliado para hacer de las drogas un tema especial a ser tratado solo por los expertos.

La alianza entre puritanismo y terapéutica hizo posible la promulgación de estrictas leyes y preceptos éticos y morales que tuvieron eco importante en el gobierno americano. Esto configura y ordena las percepciones sociales sobre el uso de drogas, y las hace indeseables para los propósitos morales del pueblo norteamericano.

El estilo de la política, como expresión de estas percepciones, coincide con el sentido de chivo expiatorio, en la etimología original del pharmakon:

De aquí la pasión americana por cruzadas morales, que gracias a la moderna medicalización de la ética se presentan ahora como cruzadas contra la enfermedad... no debe subestimarse el ascendiente demagógico que ha ejercido siempre, y continuará ejerciendo, sobre las mentes de hombres y mujeres, la esperanza de fulminar el mal con adecuados medios dramáticos. (Szasz, 1992: 73)

¿Bajo qué circunstancias se produce esta alianza de intereses y procedencias distintas?: El argumento moral fue la bandera de la alianza, en tanto los diferentes grupos se plantean la meta de "ilegalizar todo apetito natural" y la ebriedad en todas sus formas.

Los argumentos no podían ser más disímiles, y la única coincidencia es que ambos grupos buscan legitimar su verdad. Por un lado, la verdad moral de los puritanos, y por otro, la "verdad científica" de la comunidad médica.

Las condiciones del pacto fueron simples: los doctores y boticarios podrían seguir recetando bebidas alcohólicas como parte de sus tratamientos profesionales en caso de establecerse una Ley Seca, y obtendrían un sistema de rigurosa distribución exclusiva para cocaína, opiáceos y cualquier otra droga merecedora de control. A cambio de ello, la Asociación Médica y la Asociación Farmacéutica apoyarían los postulados básicos del Prohibition Party, planteando el consumo de psicofármacos como una epidemia súbita y virulenta, extraña a las esencias americanas, y sanable rápidamente con las adecuadas medidas de fuerza. (Escohotado, 1998, III-225).

Otro factor que influyó poderosamente en la percepción social de las drogas fue la tardía llegada de los Estados Unidos a la repartición colonialista del mundo en el siglo XIX. Será con la presencia norteamericana en Las Filipinas, cuando los misioneros americanos se acerquen al consumo tradicional de opio de los pueblos de oriente. Desde la óptica de las misiones cristianas, este consumo era la base del drama humano en las nuevas colonias. Esta opinión prevalecerá, pese a los informes oficiales de la Comisión Científica, que no atribuyen peligrosidad al uso del opio en la cultura oriental. De esta manera, el conocimiento científico en tanto no circule socialmente, no tendrá validez frente a los prejuicios emanados de los movimientos religiosos y las opiniones oficiales.

Las acciones de estos misioneros y su capacidad de presión política fueron definitivos para inducir a los Estados Unidos a asumir la jefatura mundial en el movimiento contra el tráfico de opio. Esto a su vez influyó poderosamente en la percepción del tema del opio dentro de la sociedad norteamericana, y dado su carácter internacional conlleva a la convocatoria que hacen los EE.UU. para reglamentar su producción y uso y para lanzarlo a la arena geopolítica mundial.

En el nivel internacional, la acción diplomática de la cruzada norteamericana contra la droga llevó a la Primera Conferencia Internacional del Opio en Shangai, donde se trató por primera vez de manera internacional el “problema del opio”. Esta conferencia es el primer escenario que enfrenta los intereses comerciales de los europeos frente al opio y los intereses norteamericanos de orientación moral. Aunque la Conferencia no tuvo los resultados esperados por los emisarios norteamericanos, fue el inicio de la estrategia internacionalista para abordar un tema prematuramente globalizado.

 A medida que los Estados Unidos desarrollan su poder y hegemonía, mayor se hace su injerencia en estas Conferencias. En ellas se propagaron los distintos discursos oficiales norteamericanos sobre el tema. Así desde los años 50, éstos han variado desde lo “moralista represivo”, pasando en los 60 y 70 por lo “médico sanitario”, para llegar con la era Reagan de los 80 a una doctrina de aplicación del conflicto de baja intensidad, donde las drogas y el narcotráfico pasan a reemplazar al agonizante comunismo como “enemigo externo” de amenaza nacional (Del Olmo, 1998).

Si bien los costos sociales del consumo de drogas en los Estados Unidos son enormes por el aumento del número de adictos, los argumentos para emprender la cruzada más importante del siglo XX y XXI de la Guerra contra las Drogas no son tan claros. La opinión pública ha sido influida por los discursos oficiales frente a la droga como “enemigo externo”. En tiempos de campaña, sube el tono de las argumentaciones en contra de las drogas, señalándola como el enemigo más terrible de la sociedad norteamericana y, por tanto, la prioridad a combatir.

2.3. Del Estado Liberal al Estado Terapéutico

Las construcciones sociales van a alimentar los discursos políticos y viceversa. Lo paradójico del caso de las drogas en la moral norteamericana es que contrasta con los principios fundadores de su Derecho, al contradecir las claves de la individualidad y la libertad, básicas en su postulación.

No parece suficientemente erradicada la pretensión de que las operaciones de la mente, así como los actos del cuerpo, estén sujetos a la coacción de las leyes. Nuestros gobernantes no tienen autoridad sobre esos derechos naturales, salvo que se las hayamos cedido. Pero los derechos de conciencia nunca se los cedimos, nunca podríamos, pues cada cual responde de ellos ante su Dios. Los poderes legítimos del gobierno solo se extienden a los actos que lesionan a otros.

Thomas Jefferson, 1782.[9]

Esta pretensión del Estado de actuar en un tema perteneciente al ámbito privado como es el uso de drogas, contradice su definición como Estado democrático donde se expresa la calificación igualitaria de los ciudadanos para decidir asuntos comunes y se limita la capacidad de mando. La importancia del mecanismo de las leyes y las instituciones en este tipo de sistema es que ellas crean “realidades”, aspecto que resalta Weber en el caso norteamericano:

Cuando la convicción de la “legitimidad específica” de ciertas máximas jurídicas, de ciertos principios jurídicos cuya fuerza obligatoria inmediata no puede ser destruida por imposición ninguna del derecho positivo, ejerce realmente su influjo en la vida práctica del derecho. De hecho esto se ha repetido en la historia, pero de manera especial al principiar la época moderna y en la de la revolución y todavía parcialmente en Norteamérica. (Weber, 1997: 640)

El crecimiento del Estado en Norteamérica y la ampliación de sus responsabilidades originan el Estado de Bienestar característico de la edad contemporánea. Este modelo incorpora las presiones de grupos sociales con poder electoral y un aparato de propaganda moralista poderoso para legitimar los discursos de las leyes y la sociedad:

Siguiendo el argumento de Weber, la valoración social influye poderosamente en la “racionalidad del Estado moderno” y, por tanto, en sus leyes e instituciones.

Motivos puramente materiales y racionales con arreglo a fines como vínculo entre el imperante y su cuadro (administrativo) implican una relación relativamente frágil”. Por esta razón, se le añaden otros motivos: "motivos afectivos o racionales con arreglo a valores. (Weber, 1994).

De allí la importancia de vincular teóricamente el tema de las características del Estado con los procesos de construcción de opinión, y su relación con valores (preestablecidos) y la afectividad (emocionalidad) generada cuando se habla de drogas.

La sociedad americana es caracterizada, simultáneamente, por una fuerte urgencia de automejoramiento, orientado por grupos sociales moralistas y por una creencia en la eficacia de los tratamientos médicos. (Peele, 1994: 204)

Por último, se menciona el aporte de Thomas Szasz, al definir el tipo de Estado que interviene en el tema de las drogas, los alimentos y las emociones. Szasz propone la caracterización de un estado terapéutico que considera a los ciudadanos pacientes o enfermos, y donde algunas instituciones detentan el poder del diagnóstico y el tratamiento de las conductas relacionadas con las drogas. De esta manera, toda política es un tratamiento:

Al igual que en todos los tiempos, el Estado teológico era fuente inagotable de desinformación sobre todas las cosas, desde cosmología a medicina, así hoy el Estado terapéutico es fuente abundante de desinformación sobre sexo, drogas y SIDA. (Szasz, 1992: 135)

La evidente intervención estatal y la necesidad de desinformar adecuadamente explica el hermetismo frente a cifras de consumo y producción manejadas solo por agencias estatales oficiales y la atmósfera de amenaza que margina a las drogas de la discusión pública propia de los sistemas democráticos.  

2.4.    Los discursos de las normas y las instituciones

Las primeras leyes en Estados Unidos tienen como objetivo determinar la pureza de los componentes de comidas, bebidas y drogas. La primera ley que hace referencia a las drogas, es la Pure Drug and Food Act, de 1906, con la cual se pretendía que el "público conociera los componentes de las drogas y comidas que consume". Estas leyes tienen un marcado carácter tributario, al enfatizar la necesidad de cobrar el uso de las drogas. Ejemplo de ello son la Ley Harrison de 1914 (Ley de importación y exportación de drogas narcóticas), donde se establecía la penalización de la venta o trafico de los derivados del opio o cocaína para propósitos no medicinales, y se los manejaba como un problema de impuestos.

Con los años 20 llega la proscripción legal del alcohol, por medio de la Ley Volstead de 1919, que formalizó la Prohibición hasta 1933. El ambiente de ilegalidad, fortaleció a grupos criminales que se beneficiaron de la demanda de alcohol. En un período de aislamiento norteamericano frente a otros países, la percepción sobre las drogas adquirió un carácter cerrado y autoreproducible.

Durante la primera mitad del siglo se asignaron responsabilidades en términos burocráticos para atender el tema y se diseñaron los mecanismos para “cobrar el problema”. La Unidad de Narcóticos, del Departamento del Tesoro, es la primera oficina en atender el problema de drogas y su énfasis es principalmente económico. Esta Unidad será reemplazada años después por la Oficina Federal de Narcóticos, incrementando su radio de acción al tema de las aduanas. [10]

Otras instituciones que se benefician de estas asignaciones, son aquellas oficialmente encargadas del tratamiento del hábito o vicio y que no siempre son las más idóneas. Por ejemplo, con la Ley Porter de 1929 se cerraron las narcotic farms, clínicas que ofrecían facilidades para el tratamiento del hábito considerado como un problema de salud pública, y fueron reemplazadas por clínicas de desintoxicación autorizadas por el Estado. Estas clínicas se parecían a las prisiones mentales debido a su enfoque represivo y penitenciario (Musto, 1993:236).

En los años 30 se crearon dos nuevas oficinas de seguridad: La Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina Federal de Narcóticos (FBN). El FBI fue dirigido por Edgar Hoover y el FBN por Harry Anslinger, quienes estuvieron casi 30 años al mando de estas agencias, desde 1930 hasta 1962. En estas circunstancias se consolida un discurso institucional y una única línea de acciones dirigidas a apoyar la estrategia represiva contra a las drogas.

En los años 50 se promulgaron las leyes más severas en contra de las drogas. Ejemplo de ellas son la Ley Boggs de 1955, en donde la marihuana adquiere una connotación de peligrosidad similar a la cocaína y la heroína, y la Ley para el Control de Narcóticos de 1956, que penaliza duramente el contrabando y tráfico de drogas, llegando a establecerse la pena de muerte por la venta de heroína a menores de edad. Esta dureza en la posición lleva a retomar la estrategia de control multilateral de las drogas en la década de los 60.

A partir de esta década, las Convenciones Internacionales reprodujeron esta posición, y buscaron comprometer a los distintos países, implicándolos en duros procesos de negociación que culminaron con las resoluciones de obligatorio cumplimiento internacional.

Durante esta época, el FBN crea y difunde la teoría del stepping-ston": el "uso de la marihuana es el primer paso del camino para el hábito de la heroína" (Matthisen, 2000: 71). Actualmente, la creencia sobre la peligrosidad de las drogas “recreativas” como posible entrada a drogas más fuertes parece no cuestionarse y, sin embargo, proviene de una “verdad oficial” del estamento policial.

En los años 70 la estrategia norteamericana frente a las drogas adquiere la connotación actual de Guerra contra las Drogas. El presidente Richard Nixon estableció los parámetros más importantes de esta lucha como un propósito de seguridad nacional. Bajo su gobierno se promovió la “Ley compresiva de prevención y control del abuso de drogas” de 1970, redefiniendo y recodificando las leyes existentes. La responsabilidad, hasta entonces centrada en el Departamento del Tesoro, pasó al Departamento de Justicia.

En 1973, se crea la DEA (Drug Enforcement Agency) y se crean dos oficinas de carácter presidencial en la Casa Blanca para controlar la oferta y la demanda de drogas: La SAODAP, Oficina Especial de Acción para Prevenir el Abuso de Drogas y la ODALE, Oficina Especial para la Aplicación de la Ley de Abuso de Drogas.

Estas oficinas detentaban un gran poder y crearon sucursales en todo el país. En efecto, la SAODAP incrementó los programas federales de drogas en ciudades norteamericanas, al pasar de 54 a 214 ciudades con programas de drogas en casi dos años de operación. Además, se formaron dos nuevas instituciones para el tratamiento y prevención de las drogas: el Instituto Nacional de Salud Mental (NIHM) y el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA) (Matthiessen, 2000:90).

La DEA, por su parte estaba conformada por varias entidades: Las Unidades de Inteligencia Regional (RIU), el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), el Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NADDIS) y el Sistema para Obtener Información de la Evidencia de Droga (STRIDE). Además de las oficinas mencionadas, el entramaje burocrático e institucional sobrepasó los esquemas organizacionales para conjugar el poder de distintas autoridades de agencias federales con el propósito de aplicar la Ley de Abuso de Drogas. Estas agencias tenían presupuestos tan grandes que les permitían contratar agentes encubiertos y proporcionarles dinero para comprar drogas e informantes.

La Guerra contra las Drogas le da poder ilimitado a agencias e instituciones, que paradójicamente perpetúan su existencia por la imposibilidad de lograr el objetivo para el que fueron creadas (Cohen, 1993). La burocracia, deja de ser un organismo independiente y los funcionarios permanecen ilimitadamente en sus cargos. Para justificar tan altas inversiones en resultados ineficaces, se hace uso del aparato moral y los discursos en contra de las drogas, sobredimensionando su peligrosidad para generar apoyo social y respaldo a sus acciones.

2.5. La necesidad de un (nuevo) chivo expiatorio

Los cambios en el orden mundial relacionados con el fin de la Guerra Fría y el desplome del bloque soviético despojaron a los Estados Unidos de la orientación intelectual axiomática que el anticomunismo le había proporcionado durante tanto tiempo.

Esto trajo como consecuencia la necesidad de reorientar la política norteamericana hacia nuevos objetivos que justificaran la inversión militar y ello, se hizo a través de complejos mecanismos para reconstrucción del imaginario colectivo, en la búsqueda de un nuevo ideal a defender y un nuevo enemigo a combatir.

Las drogas representan al enemigo presente desde hace décadas en la mentalidad norteamericana. La proliferación del consumo y la presencia de grupos no americanos de narcotraficantes que proveían las drogas fueron los motivos principales para este viraje. Al reconocer la magnitud del negocio de drogas ilegales, el énfasis se hace en la lucha por fuera de los Estados Unidos, esto es en las fuentes del problema. Así se asegura la continuidad de la inversión militar, fuertemente cuestionada por los electores norteamericanos.

La tendencia hacia una nueva derecha en los Estados Unidos, con gobiernos republicanos de línea dura y tendencia neoliberal, precipitó el cambio de objetivo de la política norteamericana. En 1988, el presidente Reagan firmó la Directiva No. 221, declarando las drogas como una “amenaza letal contra la seguridad norteamericana y ampliando el papel de los militares en la lucha antinarcóticos”. Con ello se militariza el problema, se asignan presupuestos y se elabora la política exterior norteamericana de presión a países involucrados.

Como consecuencia de esto, se producen cambios en la relación de Colombia con los Estados Unidos, relación que había sido históricamente discontinua y más bien relegada a segundo plano. El creciente protagonismo de grupos andinos (colombianos, peruanos, bolivianos) en el negocio de drogas, sumada a la imagen que la opinión pública norteamericana tiene de los pueblos latinos como “corruptos y bárbaros”, justificaron la imagen de este enemigo externo a combatir.

2.6. Las razones narcóticas de la intervención

La ideología antinarcóticos en EE.UU. es organizativamente difusa, pero excepcionalmente poderosa en el terreno político. Los puntos de vista alternativos sobre drogas ilícitas son raramente promovidos en Washington por cabildeantes y abogados calificados. En general, las preocupaciones de la política son reflejo de la fluctuante e influenciable opinión pública estadounidense (Mitchell, 1998: 4).

Aunque la comunidad científica norteamericana ha elaborado conceptos donde se hace claridad sobre la naturaleza de ciertas sustanciasy en distintas comisiones se ha intentado acoger un tratamiento mas realista sobre el tema de las drogas, son las instituciones gubernamentales las que brindan las respuestas a las preguntas de padres de familia, políticos y medios de comunicación. [11]

En la década de los 80 la estrategia nacional para la prevención del abuso de drogas y el narcotráfico definen los objetivos de la asistencia extranjera, estos eran:

1.  Fortalecer los esfuerzos estadounidenses para colaborar con gobiernos extranjeros en el combate a la producción y distribución de drogas ilícitas.

2.  Ayudar a los países productores de droga a adoptar programas de control de cultivos.

3.  Desarrollar asistencia legal innovadora y tratados de extradición con gobiernos extranjeros.

4.  Motivar a otras naciones para que apoyaran programas internacionales de control de narcóticos, incluyendo asistencia al desarrollo, impulsar a las organizaciones internacionales y bancos de desarrollo a vincular su ayuda a objetivos de control de drogas.

5.  Reducir la desviación de farmacéuticos y químicos del comercio internacional legal.

(Matthiesen, 2000: 113)

La creciente participación del Congreso norteamericano en los asuntos sobre drogas promueve nuevos mecanismos de presión, en los cuales se condiciona la ayuda norteamericana de cooperación según los compromisos que suscriben los países productores y distribuidores en la lucha contra las drogas. El mecanismo más conocido será el de la “certificación” creado a través de las “Anti Drug Abuse Act” de 1986 y 1988.

Aunque en principio la certificación se basaba en la reducción de la producción de drogas”en los países de origen, a partir de 1988 se incorporaron otros criterios para presionar cambios legales en los países en contra del narcotráfico, y la aplicación de medidas anticorrupción, además de la obligada colaboración de los gobiernos con las medidas de la DEA.

Lo cierto es que nadie está dispuesto a escuchar otras opiniones sobre las drogas, ni tampoco permitir la discusión sobre alternativas a la consideración eminentemente negativa de ellas. Las posiciones duras satisfacen a la opinión pública, traen electores e invalidan discusiones científicas y democráticas sobre un tema cultural, económico, social y político complejo.

El actual debate sobre la política de drogas está marcado por la polarización entre dos posiciones estereotipadas como combatientes antidrogas y legalizadores. Esto crea la falsa impresión que acabar con la prohibición sea la única alternativa a una guerra anti-drogas total, desmovilizando efectivamente a aquellos ciudadanos que encuentra insatisfactorias ambas opciones. La polarización y las fuertes emociones dan origen a falsas representaciones de hechos y motivos y una simplificación excesiva de temas complejos, y a la negación de la incertidumbre... En este clima, cada idea, cada hallazgo investigativo o nueva propuesta es sometida a escrutinio con el fin de determinar qué tipo de agenda impulsa, y los partidarios de cada bando se muestran dispuestos a quemar vivo, como a un agente del bando opuesto, a quien se desvíe de la línea del partido. En consecuencia, propuestas de dudosa validez adquieren la categoría de juramentos de lealtad, e interrogantes que podrían ser formulados sobre fundamentos técnicos y prácticos son debatidos más bien como problemas de convicción ideológica. (Mitchell, 1998)

Para los intereses geopolíticos, contar con un enemigo tan claramente identificable como el de las drogas, ligado al temor por el terrorismo, ha favorecido toda la estrategia de intervención norteamericana en los países Latinoamericanos y en el Mundo Árabe.

En un principio, esta intervención se dio como “cooperación” y aunque durante los años 80 incluyó estrategias de desarrollo alternativo, estas tuvieron un rasgo asistencialista que no tuvo los efectos deseados. En general la política actual privilegia estrategias represivas de interdicción, fumigación y tratados de extradición con los países implicados. (Jelsma, 2001)

A partir del 11 de Septiembre de 2001[12] la atención se ha centrado en la lucha contra el terrorismo. El nexo entre drogas y terrorismo se reveló rápidamente, y la evidencia de dineros provenientes del opio de Afganistán como financiadores de los grupos responsables del atentado, derivaron en la vinculación de estos dos fenómenos. Esta visión ha sido ampliamente difundida a través de los mediios, cuyo ejemplo más reciente es la propaganda del Super Tazón del Football americano,[13] que convoca a la sociedad norteamericana.

La gran industria del entretenimiento refuerza estas opiniones a través del cine. La polémica cinta Daño Colateral donde el protagonista debe remontar las selvas colombianas para vengar la muerte de su familia en un fatídico atentado terrorista perpetrado por el narcotráfico. Esto evidencia cómo la construcción social se ancla en el imaginario patrocinado por la industria del espectáculo.

Todo esto nos lleva a plantear estrategias alternativas y difusión de la información que superen los estereotipos hollywoodenses que median el imaginario colectivo del hemisferio occidental. Deben considerarse las verdaderas magnitudes del problema sin la satanización de la que habla Thoumi, ni de parte de los americanos aterrorizados por las recientes tragedias, ni desde los latinoamericanos que sufrimos la guerra contra las drogas en nuestro propio territorio.

Tabla 2.1. Convenciones internacionales y percepción social alrededor de las drogas

Fuente: Del Olmo, 1998, Escohotado, 1998, Matthiesen, 2000.

3.  LA INTERPRETACIÓN DE COLOMBIA COLOMBIA Y LA POLÍTICA FRENTE A LAS DROGAS

En el caso de la política de drogas
“…no solo se llega a la conclusión de la existencia
 de hipertrofia del poder en la función ejecutiva,
sino se evidencia la represión exclusiva
como único medio de política criminal,
en este caso, como reflejo de la política penal,
con absoluto olvido de lo social”
J. Valencia y A. Ibañez

3.1. El “buen vecino”

La interpretación que Colombia hace de la cruzada contra las drogas tiene que ver con el desarrollo de sus relaciones con los Estados Unidos y el ámbito internacional, así como con sus propias percepciones sociales y políticas sobre el tema.

Durante la época de consolidación de su independencia, el reconocimiento legal por parte de otros Estados fue la preocupación primordial de los fundadores de la nación, justificada por la hostilidad que rodeaba a todos los países del hemisferio en la época que comenzaban su existencia como naciones soberanas. [14]

En la conformación de la República se dieron procesos de colaboración con Inglaterra, y posteriormente con los Estados Unidos, convirtiéndose este país en el socio principal para Latinoamérica. De allí surge la relación de dependencia dada por las influencias del modelo americano sobre la constitución de la República y por la configuración hemisférica de poder.[15]

El respeto por las normas jurídicas internacionales y la cooperación con la “estrella del norte”[16], han sido una constante de la diplomacia colombiana, salvo en el tema del Canal de Panamá, en 1903, donde se observa por primera vez un proceso de negociación entre los políticos colombianos e inversionistas norteamericanos respaldados por las acciones diplomáticas de los gobiernos. (Lemaitre, 1972)

Históricamente, la legislación sobre drogas en Colombia es paralela a la reglamentación mundial sobre el particular. En consecuencia, se importan e interpretan localmente los argumentos desde los cuales surge lo problemático con la droga. Siguiendo los preceptos de las resoluciones internacionales, en Colombia se promulgaron leyes y decretos a lo largo del siglo XX.

La construcción local de la noción de drogas incorporó aspectos internos de su relación con lo “marginal”. Sin embargo, esto no representaba un problema tan relevante como en la línea planteada por los EE.UU. Sólo hasta los años 50 y 60 se consolidó este estereotipo de lo marginal, al relacionar el consumo de marihuana principalmente con grupos culturales -músicos y bohemios- (Pérez, 1994: 58).

En la década de los 60 las leyes asignaron al Ministerio de Salud la responsabilidad de regular las leyes prescritas; así se definieron campos de saber como la “medicina higienista” y se consolidó la idea del uso de drogas asociado a problemas mentales.

Con la evolución de la percepción del tratamiento de las drogas hacia una estrategia represiva y en respuesta a los cambios en la política norteamericana, se crea en 1974 el Estatuto Nacional de Estupefacientes. A partir de este Estatuto se le asigna al tema un carácter de seguridad, involucrando al Ministerio de Justicia y a la Sección de Aduana. Se conforma así la idea de la droga asociada a la criminalidad y al problema del tráfico o distribución.

Las leyes derivadas del Estatuto, que se perfeccionaron con la Ley 30 de 1986, reflejan un periodo burocrático institucional en el cual, el tema de la droga se podía ver desde distintos ángulos: la salud pública y el entorno social.

La pregunta sobre cómo operaron estos “saltos” en la percepción del tema de las drogas es la materia del siguiente numeral.

3.2. Origen y desarrollo de la percepción social y normativa del problema de las drogas.

3.2.1. Coca pa’ pagar, Coca pa’ trabajar

El uso de sustancias psicoactivantes ha estado ligado a culturas precolombinas en rituales o estados extáticos dirigidos por los mamas o chamanes de los grupos indígenas. Particularmente, la coca era utilizada dentro de la vida cotidiana de estos grupos, siendo además moneda en el trueque e intercambio.

Existían normas muy precisas para su uso y en muchos casos era destinada solo a los miembros más importantes de la comunidad. También se conocían otras sustancias rituales para ceremonias y momentos de comunicación con los dioses (yagé, ayahuasca, yopo, entre otras). Pese a la gran riqueza de entéogenos americanos y su uso corriente dentro de los ritos indígenas, muy poco quedó de este conocimiento después de la colonización española. Este saber quedó confinado dentro de los grupos supervivientes que fueron incorporando los valores de la colonización y la moral católica.

En el caso de la coca, su carácter “normal” cambiaría con la moral de algunos grupos cristianos de españoles, que vieron en ella la “obra del diablo”. Al mismo tiempo los conquistadores constataron que la coca tenía un valor como medio de cambio[17] y se sirvieron de ella para el pago de mano de obra indígena.

Sobre el hayo cuenta Piedrahita que "es la yerba que en el Perú llaman coca y son ciertas hojas como las del zumaque y de la misma suerte las labranzas en que las crían, y cuando la cosecha está en sazón van cortándolas -los indios- con la uña del dedo pulgar de una en una, a raíz del palillo en que nacen y tendiéndolas en mantas que previenen para este efecto, después las ponen en una vasija de barro sobre el fuego, y tostadas, las guardan, o para el consumo, en que fundan su mayor riqueza, o para el gasto de casa y familia. El palillo es de muy suave color y la hoja no es de mal gusto antes de ponerla al fuego, pero después es amenaza y entorpece la lengua. El jugo del hayo es de tanto vigor y sustento para los indios, que con él no sienten ni sed, ni hambre, antes los alimenta para el trabajo, que viene a ser el tiempo en que más lo usan, y así mismo debe ser muy provechoso para conservar la dentadura, por lo que se experimenta aun en los indios más ancianos. De antes usaban mascar esta yerba simple pero ya la mezclan con cal de caracoles que han introducido algunos españoles y llaman poporo y con anua que es otro genero de masa que embriaga los sentidos. A fines del siglo XVII, cuando escribía Piedrahita su crónica, aún usaban los indios moscas y sus afines el hayo, que era cultivado en la provincia de los Sutagaos (Tunjuelito y Usme hacia Fusagasugá y Rio Magdalena).

Los españoles también la usaron, y sobre esto escribe Simón, que de las costumbres introducidas por el demonio entre ellos "ha sido una el mascar hayo en especial entre mujeres flacas, cosa abominable y escandalosa y que no deja de estorbar para la conversión de los indios, para que esta práctica había ya desaparecido en nuestro país a fines del siglo XVIII" (Otero D´ Costa, 1972).

La coca fue un descubrimiento importante para la farmacia mundial. Las primeras anotaciones de los historiadores reseñan la sustancia de manera positiva, por lo que como muestra el texto es probable que los españoles también usaran la coca. Debido al exterminio de las comunidades originales, lo que queda en la población colombiana del componente indígena es bajo, por lo que en la actualidad su uso tradicional está confinado a un pequeño porcentaje de la población colombiana.

La chicha embrutece

Posteriores a la coca y mucho más populares eran las bebidas embriagantes derivadas del maíz y otros cereales, caso de la chicha y el guarapo. La producción y venta de estas bebidas fue un lucrativo negocio tanto para los españoles como para negociantes criollos que manejaron las chicherías y pulperías.

En la Colonia surgen las primeras disposiciones que consideran esta costumbre como algo indeseable o inmoral. La cédula real de 1748 es la primera alianza entre Estado e Iglesia para dictar esta norma en la que se exigía el cierre de las chicherías en los días de fiestas eclesiásticas (Perez et.al., 1994: 28).

Las leyes siguientes sobre la chicha no prohiben su producción o venta específicamente, pero tratan de evitar el desorden público generado por su consumo. Otras disposiciones buscan mejorar las deplorables condiciones de higiene en la producción de la misma.

La deslegitimación y estigmatización del uso de la chicha y el guarapo fue un proceso de construcción social, con una fuerte propaganda moral y ética, que tuvo efectos en la proscripción de ciertos grupos sociales. Otro aspecto a considerar es la tendencia de la sociedad colombiana a “urbanizarse”, como una manera de “distinguirse” de lo rural y de las clases bajas. La chicha se proscribió a favor de la consolidación de nuevas bebidas embriagantes como la cerveza y los licores importados. [18]

En general, la connotación negativa de la chicha y, posteriormente, del alcohol era argumentada por su relación con el “desorden público” y la criminalidad. De hecho, las normas estipuladas desde la Colonia hasta las primeras leyes en el siglo XX no intervienen en el negocio en sí mismo, sino se refieren a los efectos del consumo en los términos asociados de “hábito pernicioso”, “desorden social”, “estados de peligrosidad habitual”, “conducta atentatoria contra el orden social”, entre otros.

Estos términos se asemejan a las calificaciones usadas en la edad clásica para designar a los “locos”.  Solo para comparar:

…he aquí algunos internados por “desorden del espíritu” de los que puede encontrarse mención en los registros: “alegador empedernido”, “el hombre más pleitista”, “hombre muy malvado y tramposo”, “hombre que pasa noches y días aturdiendo a otras personas con sus canciones y profiriendo las blasfemias más horribles, “calumniador”, “gran mentiroso”, “espíritu inquieto, depresivo y turbio”…! (Foucault, 1998: 302).

3.3. La eficacia del Derecho y sus fuentes sociales

La necesidad de reglamentar una acción social conduce a la promulgación de leyes y resoluciones que realizan dos funciones básicas: en primer lugar, definen los problemas asociados a la acción y en segundo lugar, crean instrumentos para su regulación. El Derecho es portador de los mensajes sociales de ordenación de las conductas y las relaciones. Al mismo tiempo, expresa la política y designa instituciones responsables. Weber agrega que el “ordenamiento formal de la conducta puede en determinadas circunstancias influir profundamente de un modo material” (Weber, 1997: 56).

El derecho incide en la sociedad cuando regula las relaciones y clasifica los delitos, pero también se surte de las construcciones sociales.[19]

La incorporación de las leyes sobre drogas en Colombia se ha basado en las siguientes características:

1. El seguimiento a las decisiones del Derecho Internacional y las disposiciones internacionales (Ej. Las convenciones sobre las drogas).

2. La cooperación con los Estados Unidos y la nueva hegemonía hemisférica.

El proceso de conformación del Estado colombiano se dio desde un principio como un esquema de negociación de los intereses de los grupos de poder económico y político regional. Este esquema también recogió las herencias de adscripción de la Colonia y el Modelo Hacendario, y esto constituyó el campo para el actual modelo clientelista de los partidos políticos tradicionales.

Teniendo en cuenta este contexto, a continuación se presentan las leyes y disposiciones que reglamentan el tema de las drogas. Nótese que tales leyes en sus inicios fueron reflejos de las leyes dictadas en los Estados Unidos, aunque algunas se originan antes de las mismas leyes norteamericanas. Lo importante es que considerando el “estilo” estatal colombiano, dichas leyes se dieron por procesos de negociación de los intereses en juego de los grupos involucrados. Esto será una constante durante la primera mitad del siglo XX, y cambiará de acuerdo a las condiciones que generaron el surgimiento de grupos de narcotraficantes, algunos de ellos colombianos.

3.3.1. 1916-1946: La orientación internacional y la definición del problema de drogas

En el siglo XX, la primera ley que contiene una referencia a lo que hoy conocemos como drogas, tiene que ver con la reglamentación del alcohol en la Ley 12 de 1916, por el cual se “declaran libres la producción y comercio del alcohol desnaturalizado y de los vinos de producción nacional”.

Siguiendo los preceptos de las resoluciones internacionales derivadas de las Conferencias del Opio, se promulga la Ley 11 de 1920, donde se define a las drogas como “preparaciones que pudieran formar hábito pernicioso”. Esta ley asigna los médicos a la autoridad para recetar drogas como la cocaína, el opio y la cannabis indica, en propósitos curativos. A partir de esta ley se crea la Comisión de Especialidades Farmacéuticas, con la participación del Director Nacional y profesionales de las Facultades de Química, Medicina y del Laboratorio de la Universidad Nacional.

En las leyes siguientes, se aprecia cómo el consumo de alcohol es una práctica común, y se busca el beneficio económico y la reglamentación. En efecto, la Ley 12 de 1923 le asigna a las asambleas departamentales el 50% del producto de las ventas de bebidas alcohólicas. Tiempo después se generaliza el monopolio de la producción de los aguardientes y licores locales como parte de las rentas de los departamentos.

Tal como argumenta Weber, en este caso se manifiesta el efecto material de la ordenación de la conducta al obtener beneficio económico e institucional de la embriaguez. El texto de la ley es contradictorio, pues al definir el alcoholismo lo vincula con problemas de “salubridad, seguridad y moralidad pública”, que serían amenazados por la ingestión de alcohol, pero al mismo tiempo busca percibir ganancias de esta práctica social. nsumo de drogas no era considerado entonces como un problema grave, y se recomendaba un “tratamiento conveniente” sin sanción penal, cuya ley incluía la obligación de una “enseñanza antialcohólica” obligatoria en todos los establecimientos oficiales.

En respuesta a la Prohibición en Estados Unidos, la ley 88 de 1928 define la “lucha antialcohólica” y, al igual que en la disposición colonial, se prohibe el expendio de licores o bebidas fermentadas los “domingos y demás días de fiesta civil y eclesiástica, los de las elecciones populares, y los jueves y viernes santos”.

En este mismo año, mediante la ley 118 se crea la Dirección Nacional de Higiene y se amplia lo estipulado en la Ley 11 de 1920. A las casas de salud y hospitales se les responsabiliza del tratamiento de quienes “usan indebidamente drogas” generando una concepción del usuario de drogas como “enfermo mental”. El costo de este tratamiento deberá ser asumido por el usuario o su familia, en el caso de personas pudientes; los que no pueden costear el tratamiento serán llevados a las casas oficiales de salud mental. Por último, promueve la creación de la carrera de “médico higienista”.[20]

En la década de los 30, en adhesión a la II Conferencia de Opio, se limita la manufactura y distribución de narcóticos. En 1936 el Código Penal tipifica la elaboración, distribución y tráfico de narcóticos o estupefacientes como delitos contra la salud pública. Es de notar que en esta clasificación se excluye la marihuana y la cocaína.

En 1939, se restringe la venta en farmacias de hojas de coca que era una medicina tradicionalmente usada, respondiendo con esta resolución a las disposiciones de la Conferencia de Ginebra (1936).

3.3.2. 1946-1973: Penalización del consumo y la producción

A partir de la década de los 40 el problema de droga se incorpora dentro del Código y Procedimiento Penal. Se penaliza la elaboración y la venta o suministro de las llamadas drogas, y su cultivo o siembra (Ley 45 de 1946). En este mismo año, se incluyen a la marihuana y la cocaína como drogas, para lo cual se dicta el Decreto 896 en su contra. En esta decisión interviene el Ministerio de Trabajo y el de Higiene.

Al finalizar la década, se ha penalizado toda acción relacionada con el tradicional pago en hoja de coca, así como también el cultivo, distribución y venta de marihuana; además se sanciona a los usuarios de morfina y heroína.

Para la década de los 50 se ha conformado la opinión generalizada de la droga como un enemigo peligroso. En el Decreto 1858 de 1951 se especifica la peligrosidad de los traficantes y los usuarios de la marihuana. Esto conducirá al inicio de la paranoia social y estatal sobre las drogas, y en 1955 el gobierno nacional, en uso de las atribuciones del Estado de Sitio,[21] expide el Decreto 0014 definiendo como “estados de especial peligrosidad” las siguientes conductas:

1. La ebriedad y toxicomanía habituales.

2. El Comerciar o facilitar drogas estupefacientes.

3. El cultivo, elaboración, uso, negocio o suministro de marihuana.

Al igual que en los Estados Unidos, en Colombia emerge la percepción social sobre la marihuana, la cocaína y el opio como inductoras a estados peligrosos socialmente. Esta noción puede dar lugar a cualquier interpretación, argumentada en la moralidad: territorio ambiguo.

Mediante el Decreto 1699 de 1964 se introduce el término toxicomanía asociado “al (abuso) de alcohol o de cualquier otra sustancia”. Paralelamente, se definen los límites entre los practicantes farmacéuticos, las boticas, las farmacias y las droguerías, todas ellas bajo la supervisión del Ministerio de Salud.

Los años 60 tienen gran influencia en la percepción del uso de drogas, pues se cuestiona el nexo entre drogas y crimen. Esto debido a que particularmente la marihuana fue utilizada en sectores sociales tradicionalmente no problemáticos: músicos, intelectuales o artistas. Las leyes reflejarán esta distinción y buscarán darle un tratamiento de menor represión al consumo de drogas, tratando además de inducir a discusiones científicas sobre el particular (Decreto 1118 de 1970).

Sin embargo, el argumento de la “peligrosidad social” vuelve a retomarse en el Decreto 1136 de 1970, Estatuto de Protección Social:

Al que perturbe la tranquilidad pública como consecuencia de estado de intoxicación crónica producida por el alcohol, o por enfermedad mental o por consumo de estupefacientes o de alucinógenos se le someterá a tratamiento médico con o sin internación en clínica, casa de reposo u hospital hasta obtener su curación o rehabilitación. (Artículo 4º del Decreto 1136 de 1970)

La definición del usuario de drogas oscila entre la criminalidad y la enfermedad mental. De allí que la cárcel no se proponga como un lugar para estas personas, aunque no descarta la necesidad del encierro. Para 1971 se estipula el uso de drogas como delito de “perturbación de la tranquilidad pública” (Decreto 522 de 1971) y se designan instituciones como “frenocomios, casas de reposo, hospital o clínica” como los lugares donde es posible la “curación o rehabilitación”.

Es un fenómeno importante la invención de un lugar de constreñimiento forzoso, donde la moral puede castigar cruelmente, merced a una atribución administrativa. Por primera vez, se instauran establecimientos de moralidad, donde se logra una asombrosa síntesis de obligación moral y ley civil. El orden de los Estados no tolera ya el desorden de los corazones. (Foucault, 111-119; 1998)

3.3.3. 1973-1980: El Consejo Nacional de Estupefacientes y el inicio de la burocracia antidrogas

Por la Ley 17 de 1973, el Congreso Nacional revistió al Presidente de facultades extraordinarias “para elaborar un estatuto que regule íntegramente el fenómeno de aquellas drogas o sustancias, cree el organismo administrativo que cumpla las funciones que le atribuye el estatuto y haga las apropiaciones en el presupuesto nacional”.

Esta ley da origen al Estatuto Nacional de Estupefacientes (Decreto 1188 de 1974):

El ENE fue el primer cuerpo orgánico que en el ámbito legal, de manera coherente y armónica, reguló el fenómeno en diversos capítulos: campañas educativas y publicitarias, control de fabricación y distribución de sustancias estupefacientes, los delitos y las contravenciones, la destrucción de sustancias incautadas, el tratamiento y rehabilitación de los farmacodependientes, y acciones del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que había sido creado por el Decreto 1206 de junio de 1973. (Velásquez, 1989: 19)

A partir de la década de los 70, el papel de Colombia en el negocio de drogas ilegales cambió radicalmente. Las características particulares de la sociedad y la economía colombiana, dieron origen a la formación de grupos involucrados en el negocio ilegal de drogas. Muchos investigadores afirman que hubo un desplazamiento de actividad ilegal, que antes habían estado relacionadas con el contrabando, la explotación ilegal de esmeraldas y las actividades de extracción del caucho hacia el narcotráfico. Este desplazamiento se facilitó por la fragilidad del sistema de autoridad y en general, por la aceptación complaciente de la sociedad colombiana.

3.4.    La Ley 30 de 1986: La droga definida e institucionalizada

Mediante la Ley 30 de 1986 se crea el Consejo Nacional de Estupefacientes, que organiza de manera integral el fenómeno de drogas desde el tema del consumo hasta el tema de la producción. Es notable la forma en que esta ley define y categoriza términos y componentes del discurso sobre las drogas. También le otorga al Ejecutivo la administración de estas instituciones designadas (Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes). La concentración de responsabilidades en el ejecutivo facilitará la filtración del narcotráfico en los arreglos entre la política y la economía.

Según la norma, el CNE, con la colaboración de la Secretaría Técnica del DNE, es responsable de formular la política de lucha contra las drogas. Este Consejo cuenta con la participación de distintos sectores y autoridades de la siguiente manera:

1. El Ministerio de Justicia, quien lo presidirá.

2. El Ministerio de Defensa Nacional.

3. El Ministerio de Educación Nacional.

4. El Ministerio de Salud Pública.

5. El Ministerio de Relaciones Exteriores.

6. El Director nacional de estupefacientes, quien tendrá voz pero no voto.

7. El Procurador General de la Nación o su delegado.

8. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad o su delegado.

9. El Director general de la Policía Nacional o su delegado.

10. El Fiscal General de la Nación o su delegado.

Las Funciones del Consejo Nacional de Estupefacientes, establecidas por el Artículo 91, le brindan la facultad de desarrollo de la política:

a) Formular, para su adopción por el Gobierno Nacional, las políticas y los planes y programas que las entidades públicas y privadas deben adelantar para la lucha contra la producción, comercio y uso de drogas que producen dependencia. Igualmente el consejo propondrá medidas para el control del uso ilícito de tales drogas;

b) Conforme al ordinal anterior, señalar a los distintos organismos oficiales las campañas y acciones específicas que cada uno de ellos debe adelantar;

c) Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al gobierno la expedición de las que fueren de competencia de éste;

d) Supervisar la actividad de las entidades estatales y privadas que se ocupan de la prevención e investigación científica y de policía judicial, control y rehabilitación en materia de drogas que producen dependencia;

e) Mantener contactos con gobiernos extranjeros y entidades internacionales en asuntos de su competencia y adelantar gestiones ante los mismos con el fin de coordinar la acción del gobierno colombiano con la de otros Estados, y de obtener la asistencia que fuera del caso;

f) Disponer, de acuerdo con los indicios graves, que posea, proveniente de los organismos de inteligencia, sobre actividades de personas, aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres y uso de aeródromos o pistas, puertos, muelles o terminales marítimos, fluviales o terrestres, vinculados al tráfico de estupefacientes, la suspensión de las licencias para personal aeronáutico, marítimo, fluvial y terrestre, certificados y permisos de operación. Para tal efecto, impartirá a las autoridades correspondientes las instrucciones a que haya lugar, y

g) Disponer la destrucción de los cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.

Según lo anterior, el CNE es el organismo más importante en la definición de la política de drogas. Desde entonces no ha habido otro intento por definir el problema de las drogas en su complejidad. Se ha privilegiado la mirada militar sobre el tema por el argumento de la “seguridad nacional”. Los cambios que se dieron en la participación de grupos de narcotraficantes colombianos harán que el tema se “encierre” para ser tratado por los especialistas, es decir, por la policía, la DEA y las fuerzas militares, como se verá en el siguiente capítulo.

3.5.    Una excepción, el reconocimiento de la autonomía: La Dosis Personal[22]

La Constitución Política de 1991 constituyó un acuerdo social que expresa los nuevos principios del Estado colombiano y reforma así los conceptos sociales y políticos que organizan la forma del Estado. Además brindó un nuevo marco para diferenciar los derechos entre lo público y lo privado. Según ella, el principio de la libre determinación y la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) y la consigna según la cual “una persona no puede ser castigada por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace”, serán los principios inspiradores de una sentencia que representa un hito fundamental en la consideración legal del problema de drogas.

Mediante la Sentencia NO. C-221 de 1994, la Corte Constitucional señala que la drogadicción es básicamente un “comportamiento personal” y con base en esto, despenaliza la acción del consumo, limitado a lo que se conocería como la dosis personal.

De esta sentencia se desprenden varios puntos fundamentales que brindan un argumento jurídico liberal y democrático para entender mejor el tema del consumo:

·   Derecho a la salud: Cada cual es libre de decidir si es o no el caso recuperar su salud.

Si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente yo puedo infligirme.

·   Derecho al libre desarrollo de la personalidad: La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona y no nadie por ella quien debe darle sentido a su existencia.

Que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, es parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha pretendido configurar la carta Política que hoy nos rige. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales.

·   Drogadicción: Educación como obligación estatal y tratamiento médico

“Que una persona que no ha cometido ninguna infracción penal –como lo establece el mismo artículo- sea obligada a recibir tratamiento médico contra una “enfermedad” de la que no quiere curarse, es abiertamente atentatorio de la libertad y de la autonomía consagradas en el artículo 16”

Estas consideraciones llevaron a cuestionar las disposiciones de la Ley 30 de 1986 con respecto al Artículo 2º. Sobre la dosis personal y el Artículo 51 sobre la penalización del porte de drogas. La Sentencia señala que estas disposiciones violan directamente los siguientes preceptos de la Carta:

El artículo 1º que alude al respeto de la dignidad humana como fundamento del Estado; el 2º que obliga al mismo Estado a garantizar “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; el 5º que reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, dentro de los cuales ocupa un lugar de privilegio dado el de la autonomía, como expresión inmediata de la libertad, el 16 que consagra expresamente el derecho anterior referido y el 13 consagratorio del derecho a la igualdad pues no se compadece con él, el tratamiento de personas que deben ser análogamente tratadas (el caso del cigarrillo y el alcohol).

Además abrió la discusión sobre la definición del Estado y los ámbitos de su intervención:

El Estado colombiano se asume (en tanto que sujeto pretensor) dueño y señor de la vida de cada una de las personas cuya conducta rige y, por eso, arrogándose el papel de Dios en la concepción teológica, prescriba, más allá de la órbita del derecho, comportamientos que solo al individuo atañen y sobre los cuales cada persona es dueña de decidir.

La importancia de esta sentencia está en la apertura hacia un debate de la legalización de ciertas drogas. La tendencia de algunos países europeos bajo la perspectiva de reducción del daño apunta a la reclasificación de las drogas ilegales, y conduce a debates sobre la legalización, particularmente de la marihuana. El fenómeno de drogas entendido en el ámbito privado es un tema fundamental de derechos individuales.

Pese a la contundencia de los argumentos y la expedición misma de la despenalización de la dosis personal, la construcción social frente a las drogas es mucho más fuerte que los cambios que esta ley pueda generar en la configuración general de la política y la opinión sobre las drogas.

Cuadro 3.1. Leyes en Colombia frente a las drogas – Análisis histórico.

Tabla 3.1. Paralelo histórico entre la legislación colombiana y la estadounidense en el tema de drogas.

4.  EL ENEMIGO INTERNO

      Definición de los grupos involucrados en el negocio de drogas ilegales

“Este país es mío”
El “Narco” de los Monos de Caballero

Durante las últimas décadas del siglo XX el papel de Colombia en el escenario mundial de las drogas cambió drásticamente y, en consecuencia, su aparato político, económico y social. Como se aprecia en el siguiente cuadro, la participación colombiana en la producción de cocaína se incrementó sustancialmente y dio origen a grupos dedicados a esta actividad.

Gráfica 4.1. Producción de coca en Bolivia, Perú y Colombia

En este capítulo se presenta el surgimiento y evolución del narcotráfico hacia grupos de crimen organizado que realizan acciones económicas de uso de poder y ejercen actividades criminales en las que la violencia es un factor desestabilizante de la sociedad. Se describe la manera como estos grupos entraron al escenario de negociaciones políticas, sociales y económicas en el contexto colombiano.

El capítulo está dividido así: En la primera parte, se hacen algunas definiciones sociológicas de los grupos dedicados a la producción y el tráfico de drogas. En la segunda parte, se analiza la evolución, en términos de ejercicio del poder de estos grupos. En particular se mirará cómo en un momento particular, los grupos de narcotraficantes, por medio de la intimidación, el soborno o la cooptación de la sociedad, se establecen en una posición frontal en el escenario de negociaciones del Estado, particularmente frente a la extradición.

PARTE I: DEFINICIONES SOCIOLÓGICAS

4.1. Clanes, carteles y mafias:

Descripción sociológica de los grupos o individuos involucrados en el negocio de drogas ilegales

La referencia más frecuente, cuando se habla de grupos o individuos involucrados en el negocio de drogas ilegales, tiene que ver con términos como mafias, carteles y terroristas. También se los asocia con minorías étnicas y criminalidad.

Desde una perspectiva meramente económica, puede decirse que dichos grupos se conforman para llevar a cabo una acción económica y maximizar sus beneficios, asumiendo formas normalmente violentas para llevar a cabo sus actividades.  Las formas organizacionales y las estrategias que adoptan varían de acuerdo con múltiples factores y no puede darse una sola definición.

El concepto de mafia define la organización por los factores que la cohesionan, como son los lazos estrictamente familiares, la existencia de códigos de honor y la ejecución de acciones violentas. Organizados de forma piramidal, las familias (mafiosas) están regidas por un orden semejante al patriarcal. Para Weber la dominación que impera en la forma del patriarca está determinada por lazos de lealtad y adscripción incondicional. La composición de esta forma patriarcal se caracteriza por la "ausencia de un cuadro administrativo formal", aunque son muchos los miembros de segundo nivel que se ocupan de las tareas de administración.

La autoridad del "don" se asemejaría a la autoridad del patriarca, pater familia, y en ese sentido concentra un "amplio ámbito del arbitrio material y de los actos discrecionales puramente personales del soberano" (Weber; 1997: 192).

Esta misma figura del “don” se encuentra en la de “el Patrón” (Pablo Escobar), que ejerce protección e influencia sobre determinados grupos de la población normalmente en los bajos fondos de sus áreas de influencia.

Sin embargo, la definición de mafia usada normalmente para designar a los grupos involucrados en negocios ilegales, no es generalizable y no constituye un tipo ideal en la consideración del narcotráfico. Tal como lo expone magistralmente C. Krauthausen en su análisis comparativo entre la Cosa Nostra italiana y el narcotráfico colombiano, son muchas las diferencias entre estos grupos, aunque también presentan similitudes en sus formas de acción. Para este autor las circunstancias determinan comportamientos mafiosos por parte de los narcotraficantes; en algunos casos los mafiosos practican actividades de narcotráfico, sin que ello represente una delimitación rígida de las definiciones de los dos grupos:

Las diferencias organizacionales entre la Cosa Nostra y el narcotráfico son considerables. De un lado, herméticas asociaciones secretas con una restrictiva política de reclutamiento, del otro, cambiantes redes, relaciones comerciales y empresas en las que, en principio, cualquiera puede participar, siempre y cuando disponga del capital de contactos requeridos. Jerarquías y acatamiento de órdenes aquí, asociaciones y repartición de ganancias allá. Formalización en rituales y normas en Italia, e informalidad en el trato y la conducta en Colombia. Organizativamente rígida la Cosa Nostra, flexible y muchas veces difusa, la estructura del narcotráfico. (Krauthausen, 1998: 243)

Existen similitudes en los contextos italiano y colombiano, que propician el surgimiento de organizaciones que ejercen una acción ilegal de tipo criminal en un escenario estatal y cultural determinado por las siguientes características:

·   La tradición de formas de adscripción de tipo gamonal, clientelista y caciquil, de alguna manera ligados al campo y heredados desde el siglo pasado.

·   La corrupción como práctica social y política legitimada.

·   El contrabando y otras prácticas de ilegalidad que preparan el terreno para el narcotráfico o la extorsión.

·   La crisis económica y social de las élites regionales, que además de facilitar el ascenso social y económico contribuye a agudizar las contradicciones sociales que solo podían ser resueltas por la fuerza (lugartenientes, sicarios, paramilitarismo).

Krauthausen explica estas coincidencias por medio del concepto de “escenarios de acción”, en función de los objetivos particulares de estos grupos:

Los partícipes en los mercados internacionales de drogas ilegales tienden a preferir organizaciones y redes abiertas, flexibles y con frecuencia pequeñas (racionalidad empresarial)…Cuando los narcotraficantes se orientan hacia el ejercicio del poder, prefieren los modelos organizativo más jerarquizados y formalizados (Krauthausen, 1998: 246).

Trátese entonces de los grupos criminales en el norte del Valle, de los esmeralderos del centro del país o de algunos guajiros: también en Colombia ha habido escenarios de tipo mafioso, en los que determinados grupos establecieron un control territorial, emplearon la violencia en beneficio de sus intereses económicos y al menos particularmente se sirvieron de este poder para incursionar en los mercados ilegales (Krauthausen, 1998: 144).

Las tradiciones culturales y sociales mencionadas (caciquismo, clientelismo, gamonalismo), como formas patriarcales o de dominación patrimonial permiten el desarrollo de estas formas de organización inscritas en un ámbito capitalista y de prohibición. Para Weber, en este tipo de dominación patrimonial o patriarcal "florecen y arraigan con frecuencia: el capitalismo comercial, el capitalismo de arriendo de tributos y de arriendo y venta de cargos, el capitalismo de suministros al estado y financiamientos de guerras..." (Weber; 1997: 192).

Otra denominación recurrente ha sido la de “cartel”, como una unidad organizativa que controla precios y establece alianzas estratégicas con fines específicos. Definida por Damian Zaitch de la siguiente manera:

La idea de cartel, aún metafóricamente invocada, sugiere que los productores y exportadores de drogas están organizados en estructuras burocráticas que de manera secreta conspiran por el control de precios y resultados en un modelo de monopolio. El modelo de cartel enfatiza aún más una coordinación altamente estructurada, estricta división del trabajo y habilidades organizacionales sofisticadas (Zaitch, 2000: 30).[23]

Sin embargo, como este mismo autor demuestra, las organizaciones de narcotráfico no poseen el control de la coordinación o de la división del trabajo. El término de crimen organizado se acopla mejor a las características ilegales de la actividad relacionada con drogas, como una continuación de otras actividades ilegales como la prostitución, el juego, el contrabando de alcohol, entre otras.

En el caso colombiano, los grupos de crimen organizado se conforman siguiendo distintos patrones y motivos. La asociación por medio del clan de los grupos guajiros, difiere de aquellos de tipo familiar o regional que caracterizaron algunos grupos ligados a los carteles de Cali o de Medellín. Estas definiciones no pueden ser rígidas, pues dejan por fuera las múltiples maneras en que se entretejen relaciones, alianzas, asociaciones dentro del complejo esquema del negocio de drogas ilegales.

4.2. Empresarios innovadores o criminales aterradores

   La participación colombiana de grupos en el negocio de drogas ilegales

En un principio, solo es posible hablar del momento en que aparece el negocio de las drogas en Colombia, y de cómo distintos grupos, preexistentes, se ocuparon del negocio y a partir de ese momento se formaron nuevas organizaciones para esta actividad. Para 1959, y debido a las presiones sobre los países entonces productores, se desplazan las actividades relacionadas con drogas hacia Colombia. En el país, ya se habían dado algunas actividades de procesamiento de cocaína, heroína y morfina, para su posterior comercialización en México y Estados Unidos. [24]

Durante este período también se establecieron los primeros cultivos de marihuana en territorio colombiano. Coaliciones de intereses se dieron entre grupos de extranjeros y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Cauca, en el sur del país, para implantar la producción de marihuana en estos lugares. Si bien la siembra se localizó en estos territorios, la actividad del tráfico era llevada a cabo por medio de estrategias y rutas de contrabando heredadas de las prácticas coloniales. En el ejercicio del contrabando sobresalían los clanes guajiros, que, ubicados en un territorio fronterizo y con salida al mar Caribe, venían desarrollando esta actividad.

La definición de clan está asociada a estructuras étnicas familiares. La relación por parentesco y familiaridad dio origen a enfrentamientos que conformaron el prototipo de mafia que identificaría parcialmente a los grupos dedicados al narcotráfico.

El clan es el sustentáculo primordial de toda fidelidad. Es por consiguiente, lugar del desarrollo de la "herencia" fuera de la casa. Crea, por medio de la obligación de la venganza de sangre, una solidaridad personal de sus miembros frente a terceros y funciona así una relación de piedad que en circunstancias, puede ser más fuerte que la de la casa (Weber, 1997: 298).

Como consecuencia de los cambios internacionales en la demanda, se diversificaron las actividades y se integraron nuevos grupos a esta actividad. Además de los clanes y los contrabandistas, otros grupos con arrojo suficiente asumieron el riesgo y se involucraron en el negocio.

Teniendo en cuenta los riesgos implicados en esta actividad, se fueron dando asociaciones que cumplieran con requisitos básicos de confianza, en las cuales el parentesco era la solución a la necesaria discreción de las operaciones. Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza y son muchas las formas que se pueden adoptar siempre y cuando garanticen el éxito de la gestión económica, la distribución del riesgo y la integración de distintas fases en el proceso de narcotráfico. Tal como lo señalan Krathausen y Sarmiento:

A diferencia de lo que sucede en clanes como los guajiros, el espíritu colectivo en la empresa ilegal no proviene de las semejanzas entre los mismos individuos sino de la identidad de aspiraciones entre ellos. Los parientes y los amigos en la empresa ilegal comparten metas colectivas claves: el éxito en el negocio y la impunidad (Krauthausen & Sarmiento, 1994: 40).

Los grupos se transforman y evolucionan muy rápidamente. De los estilos de tipo mafioso que protagonizaron los grupos de Medellín y Cali, se ha pasado a un escenario “empresarial” de los nuevos grupos de narcotráfico. Ellos portan un perfil más bajo, donde la autoridad del capo se reemplaza por intrincadas redes de asociación, insertándose aparentemente dentro de las normas vigentes.

 Las personas dedicadas al negocio de drogas ilegales hoy en día son mucho más preparadas profesionalmente que sus predecesores, la mayoría tienen estudios universitarios, algunos fuera del país, y se han encargado de mantener una imagen menos ostentosa y agresiva.

4.3. Formas organizativas del negocio de drogas ilícitas

Las nociones de cartel, mafia o clan, si bien corresponden a ciertas formas particulares que asume la empresa ilegal, no son del todo exactas. Se sugiere adoptar en principio la idea de empresa ilegal para llegar a la noción de crimen organizado.

Weber define a la empresa como una acción que busca la realización de determinados fines de forma permanente. También define la “asociación de empresa” a una sociedad con un cuadro administrativo continuamente activo en la prosecución de determinados fines (Weber, 1997: 42).

Esta definición se aplica a la empresa del negocio de drogas ilegales y de manera obvia se observa que prevalece la orientación del cálculo de capital, típico de la moderna empresa económica. De hecho, es el contexto capitalista el escenario en el cual florecerá el negocio ilegal.

Sin embargo, justamente la característica de ilegalidad de la acción del tráfico y producción de drogas hace que la asociación se base en:

a. Un interés particular dentro de la acción económica

b. La necesidad de seguridad en términos de la fidelidad o el secreto y en la protección.

c. El aseguramiento de poder coactivo, que puede darse a través de la contratación o servicios internos de violencia.

Esto exige enfatizar que pese a los cálculos racionales de la empresa del narcotráfico, el uso y abuso de la violencia los convierte en criminales de alta peligrosidad. Dicho ejercicio de la violencia sólo es posible en un escenario que lo permita. Las características estructurales del Estado en Colombia (así como en el caso de Italia) proveen las condiciones para que el crimen organizado florezca, se legitime y actúe con métodos intimidatorios o cooptativos y se desarrolle sin control alguno.

Las definiciones de Weber de acción económicamente orientada y gestión económica, ofrecen una respuesta analítica para explicar las diferencias en cuanto a las formas de vinculación a las actividades de la empresa ilegal. En la acción económica se ejecuta una acción racional con uso del poder. En el caso del narcotráfico el uso del poder se obtiene por métodos normalmente violentos, o mediante la capacidad de atraer el favor de políticos, legisladores y jueces (por intimidación o soborno) hacia los intereses particulares de los grupos de narcotráfico. La violencia es el factor que diferencia la acción económica del crimen en el narcotráfico.

Pero no todos los actores involucrados en el negocio del narcotráfico usan la violencia. Campesinos, colonos o indígenas que participan en la primera fase de producción, la siembra y el procesamiento inicial de la pasta suelen ser víctimas de distintas presiones: la crisis agrícola, la marginación social y la ausencia de oportunidades legales para su desarrollo. Ellos son los eslabones más débiles de la cadena y los que reciben el menor porcentaje de ganancia sobre el negocio. Tal como se ha mencionado anteriormente la mayor porción de los beneficios se queda en los grupos que pueden ejercer control sobre rutas, redes de poder y ejercicio de la violencia.

Cuadro 5.1. Distribución de costos en la empresa de la cocaína

Fuente: Zaitch, 2000.

Aunque la política ha identificado esta diferencia, en cuanto a la participación de los campesinos, colonos o indígenas, con estrategias de desarrollo alternativo para estos "pequeños cultivadores”, la represión no establece esta distinción. Las soluciones políticas operan con el lema del garrote y la zanahoria, donde prima el enfoque represivo, para llegar después con opciones de inversión social. (Blickman, 1997)

La ineficiencia de este enfoque se demuestra en el incremento de estos pequeños cultivadores en las actividades primarias del proceso de producción, pasando de ser apenas un 10% del total de la producción de ilícitos en 1990, a hacerlo con un 60% en el año 2000. De hecho la política de lucha contra las drogas se ha concentrado en el eslabón más débil del proceso; la estrategia se dirige a destruir los cultivos ilícitos en la fuente a través de acciones de fumigación e interdicción.

PARTE II: DEL PATRÓN AL MONO JOJOY

4.4. El crimen organizado del narcotráfico en Colombia

El surgimiento del narcotráfico en Colombia se explica por factores sociales y culturales que influencian tanto la manera de relación y adscripción a los grupos, como su relación con una determinada forma de Estado. Algunos de estos aspectos son: la valoración social frente a considerar válidas conductas ilegales como el soborno, el contrabando o la evasión de las leyes, la rapacidad establecida por los mecanismos económicos y la forma de Estado, en el cual se permite que los ciudadanos busquen influir en las decisiones públicas por la violencia o el soborno. Dichas acciones no solo pertenecen al ámbito del crimen organizado, sino que hacen parte de la cultura colombiana de interacción con el Estado. Ante los vericuetos de la burocracia, se tiende a la corrupción, hecho agravado por la falta de control por parte de la sociedad civil, sobre las acciones estatales.

Tokatlian señala los siguientes elementos fundamentales para entender el surgimiento de organizaciones criminales en el contexto capitalista de esta manera:

a. En forma independiente del grado y nivel de desarrollo económico histórico o vigente de un país, el crimen organizado florece, se amplía y hunde sus raíces con más fuerza en el capitalismo.

b. El crimen organizado es un fenómeno dinámico que se circunscribe cada vez menos a la idea de un único espacio físico, de un grupo nacional y de un número reducido y limitado de productos ilícitos bajo control de una organización dada. De hecho, se subraya la forma empresarial delictiva del crimen organizado, que durante su evolución histórica se ha adaptado y se ha expandido de manera creativa e innovativa. Esto hace que en virtud de su asociación con el carácter empresarial pueda llegar adquirir, como de hecho lo hace, dimensiones globales, transnacionales, multiformes en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales, y pluriproductivas.

c.  El crimen organizado es mucho más que un acto o una conducta grupal aislada o unilateral, anómica o desviada. Incluso puede decirse que está inserta en una dinámica social que le es funcional a sus propósitos. El contexto colombiano facilitó de hecho este auge, tal como se ha venido afirmando.

d. Aunque la acción del crimen organizado se ha reservado al ámbito de los agentes no gubernamentales, como en el caso del narcotráfico, esto no significa que no existan articulaciones con el espacio estatal.

e. Una constante observable tanto en los estudios teóricos como en las experiencias empíricas es la búsqueda de poder político y económico por parte del crimen organizado, de forma que puedan asegurar y proyectar su dominación social.

f.  En cuanto al uso de mecanismos de coerción como la violencia y el soborno, la fortaleza represiva no es el único instrumento característico. La criminalidad organizada tiene la capacidad de emplear distintos métodos donde combina la coerción y el consenso, como se verá en el caso colombiano, cuya generación de redes locales de apoyo y de legitimación social, estuvo acompañada de las estrategias de coacción violenta durante los 80s.

g. El crimen organizado no parece responder a un patrón estático, sino que se apoya en coaliciones, asociaciones, y conexiones, pero generalmente no constituye un tipo de burocracia, corporación, cartel o conglomerado homogéneo, consistente y monolítico. Lazos familiares, regionales, étnicos, nacionales y hasta religiosos se yuxtaponen según los intereses. Carecen de ideología y más bien su orientación es tremendamente pragmática.

h. La criminalidad organizada no busca per se el cambio del establecimiento, ya que de hecho se beneficia del sistema como tal. Pese a sus estrategias desestabilizadoras, no están buscando una transformación estructural, sino que más bien tiende a preservar un esquema sociopolítico dado.

  (Tokatlian, 2000: 63-65).

El hecho de que Colombia se haya convertido en el centro mundial del narcotráfico obedece no solo a las condiciones geográficas o biofísicas para el cultivo de ilícitos, sino también a las condiciones sociales y políticas que permitieron el surgimiento y consolidación de grupos dedicados al negocio de las drogas ilegales.

4.5. Estrategias de inserción del narcotráfico en el sistema estatal colombiano.

Actividades ilegales han existido siempre, pero la aparición de grupos relacionados con producción y tráfico de drogas en un sentido moderno, sólo surgieron a partir de los cambios en la oferta y demanda internacional de drogas. A lo largo del siglo XX, se desarrolló la criminalidad alrededor del negocio de drogas ilícitas, y fueron surgiendo los protagonistas de las actividades criminales de producción, tráfico y consumo. Sin embargo, los países, actores y grupos cambiaron permanentemente.

Ante las condiciones de negociación de privilegios del Estado colombiano, los narcotraficantes desarrollaron prácticas particulares para asegurarse un lugar dentro del sistema.

Las actividades políticas de los narcotraficantes se ejercieron de distintas maneras y para diversos propósitos. Desde los intentos caudillistas de Carlos Lehder y su Movimiento Latino o la suplencia de Pablo Escobar en la Cámara de Representantes, pasando por estrategias de apoyo popular como las establecidas por el mismo Escobar del “Medellín sin Tugurios”, representan las vías con que el Cartel de Cali, jugó la política de un modo más estratégico y en ámbitos colaborativos que desembocarían en la política de sometimiento. No en vano uno de sus líderes es apodado “El Ajedrecista”.

A partir de finales de los años 70, la intervención en política se dirigió principalmente al apoyo de uno u otro candidato, para asegurarse favores legislativos y judiciales en el ámbito estatal. Sin embargo, no puede hablarse de narco-política puesto que el objetivo de estas estrategias no pasaban por la búsqueda de cambios en el establecimiento, sino más bien por el aseguramiento de un lugar dentro del sistema.

Las actividades políticas desplegadas buscaron legitimar sus acciones, y así se manifiesta en el “Memorándum al Presidente Betancur”:

Señor Presidente:

Nos hemos atrevido a dirigirle esta carta para precisar en ella una posición que hemos venido estudiando desde tiempo atrás y la cual se precipitó, lamentablemente con el asesinato del doctor Rodrigo Lara Bonilla. Decidimos lamentablemente, porque cuanto mejor hubiese sido haberla asumido desde antes, para el bien de la patria y de nosotros mismos.

 (…) el resultado es la declaración unilateral que se anexa en forma de memorando, la cual consigna nuestra posición franca, honesta y decidida frente al tema del narcotráfico y frente a nuestra íntima decisión de solicitar sencilla y abiertamente a usted, señor presidente el que considere la posibilidad de nuestra reincorporación en un futuro cercano a la sociedad colombiana para disfrutar plenamente de ella, como personas de bien, como ciudadanos. Es Colombia la patria que queremos para nuestros hijos y la patria que amamos entrañablemente”

   Firman “Los Extraditables”

Alrededor de la extradición se dará una unión temporal de los diversos grupos, determinada por los intereses respecto a esta norma, que amenazaba por igual a los involucrados en el negocio ilegal de drogas. Las formas en que se negoció con el Estado conducirían a dos destinos diferentes: El cadáver acribillado de Pablo Escobar y el cómodo sometimiento de los Rodríguez Orejuela en la Cárcel de Cali.

4.6. La pregunta del millón ¿por qué en Colombia?

Francisco Thoumi argumenta que las razones comunes que vinculan la pobreza, la posición geográfica, la corrupción o las crisis económicas no son suficientes para explicar el desmedido crecimiento y desarrollo de estos grupos. Él señala que la respuesta a esta pregunta debe buscarse en las características sociales que conforman los modelos del país.

En este sentido, deben relevarse las características particulares del Estado colombiano, que propiciaron el poder de infiltración de estos grupos. En un escenario de recursos escasos y una cultura de la “apropiación” arbitraria de los mismos, los gobernantes colombianos convirtieron el Estado en un mercado para la negociación de privilegios.  

Los beneficios del tráfico de drogas serán algunos de los recursos a repartir. En una primera etapa, ya desde finales de los años 70, las grandes ganancias de la actividad ilegal se incorporaron al país a través del sistema de divisas.

Al principio de ese período las drogas fueron implícitamente bienvenidas, o al menos toleradas, por la mayoría de la ciudadanía. En un país que desde mediados de los años 50 había padecido una escasez de divisas crónica, la bonanza ilegal se vio como algo bastante positivo. Además, en un país acostumbrado a que las leyes no se hacen para cumplirlas y en el que el contrabando ha sido tolerado y socialmente legitimado, la ilegalidad del negocio no se veía como un obstáculo al mismo. La gran desconfianza prevaleciente en Colombia también contribuyó a la aceptación del fenómeno: si los gringos habían declarado las drogas ilegales, pero a la vez las consumían, era porque alguien allá se beneficiaba. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? (Thoumi, 2002).

En la década de los 80 se consolidó la capacidad de acumulación del narcotráfico, superando al sector privado. La mayoría de estas inversiones se dieron en el sector rural donde se dio un proceso de reapropiación de la tierra.

Estas actividades se incorporaron al funcionamiento de las economías regionales, aunque su participación ha sido sobrevalorada en las cifras oficiales y los discursos. De hecho, estos dineros no entraron al funcionamiento económico como tal, ya que sus inversiones no fueron en sectores productivos, sino en bienes de consumo y en sectores especiales como los clubes de fútbol, los concursos de belleza, el automovilismo y otras actividades no productivas de carácter suntuario.[25]

Tal como lo muestra la siguiente tabla, la participación en el PIB de ingresos generados por el narcotráfico en los países andinos no es tan alta como normalmente se supone.

Tabla 5.2. Actividades del narcotráfico como porcentaje del PIB en la región andina

La abundancia de dinero proveniente del negocio de las drogas hizo que los narcotraficantes creyeran que todo era comprable. Desde propiedades, acciones en clubes hasta personas, políticos, mujeres o policías, todo parecía tener un precio. En la sociedad colombiana el tener es visto como algo deseable, y así se empieza a relacionar narcotráfico con riqueza, permitiéndole a los narcotraficantes incursionar en ciertos círculos sociales. Adicionalmente, la repartición de los beneficios les asegurará los apoyos locales a través de la distribución de dinero o favores, con la intención de ganar legitimidad social para su protección y por tanto prestigio político.

En algunos casos, las inversiones en construcción de barrios y otros proyectos de infraestructura básica para sectores marginados reemplazan al Estado ausente. Sin embargo, no es una actitud caritativa o de distribución de la riqueza, sino una compleja estrategia de control social y territorial:

Los narcotraficantes invierten a conciencia en el bienestar de la población… El Papa Noel es un hito: los narcotraficantes distribuyen limosnas y se rodean de un aura de generosidad que a los ojos de muchos de sus conciudadanos los convierten en hombres buenos. Su benevolencia, sin embargo, tiene que ser contrastada con sus inmensas ganancias (Krauthausen, 1998: 353).

Para los años 90 las medidas neoliberales facilitaron la incorporación de divisas que antes eran fuertemente controladas y favorecieron a los narcotraficantes en la repatriación de sus ganancias:

El efecto perverso de una mayor globalización comercial y financiera, en el contexto de un país cruzado por una alta conflictividad social y con un negocio ilícito floreciente, fue el fortalecimiento del crimen organizado (Tokatlian, 2000: 38).

4.7.   La identificación del enemigo

En el período comprendido entre 1984 (antes del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla) y 1989 (después del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán) se expidieron un total de 139 decretos de estado de sitio. Las normas en sí mismas contenían aspectos institucionales, procedimientos, establecimiento de gratificaciones, etc., en especial contribuyeron a asignarle al narcotráfico el papel de desestabilizador y fuente de los males del país.

En efecto, los hechos que suscitaron la expedición de decretos fueron aquellos que el gobierno consideró como perturbadores del orden público. Esta consideración tiene un carácter político y está ligada a la representación dominante en la opinión pública y en especial en los medios de comunicación, sobre el sentido y alcance del hecho perturbador. De esta manera, el presidente, al expedir normas, está respondiendo a las demandas provenientes de la sociedad (García, 1993; 169).

Estas disposiciones tienen efectos directos sobre la conformación institucional. Rubio afirma que la mayoría de los decretos muestra una regulación de tipo procedimental. Así, de los 134 decretos, 82 tienen un efecto de tipo organizativo, incluyendo allí lo procedimental, las reformas a otros proyectos y la creación de nuevas instituciones.

El Gobierno Barco heredó una situación de violencia en continuación de la guerra contra las drogas iniciada a partir del asesinato del ministro Lara Bonilla. La definición del narcoterrorismo y los altos costos asociados al período en el cual se declara frontalmente la guerra contra el narcotráfico hacen que el presidente Barco se decida por una política de cooperación plena con los Estados Unidos (Matthiesen, 2000).

4.8. Y la narcoguerrilla se hizo realidad…

Inicialmente, la participación de la guerrilla en las actividades del negocio de drogas ilegales se relacionaba con la presencia del mismo en territorios bajo su influencia. Las contradicciones entre la guerrilla y los narcotraficantes eran bastantes y se profundizaron por cuanto ambos buscaban el control del territorio.

 Aunque las posiciones de los dirigentes guerrilleros eran ambiguas frente a las drogas, llegándose incluso a extremas penas para los que consumieran estas sustancias, lo cierto fue que el narcotráfico representó una fuente inusitada de recursos para sus propios objetivos políticos. La práctica más generalizada fue el “gramaje” o impuesto a distintas etapas de la producción:

El movimiento armado encontró en la coca otras ventajas además de ser fuente de financiación para la guerra a través de impuestos a las diferentes fases de la cadena ilegal: una relegitimación social y política como resultado de las aciones de fuerza contra los productores y por las fumigaciones mediante aspersión cuyos efectos sociopolíticos se ven agravados por la baja capacidad de gobernabilidad donde la presencia estatal ha sido inexistente (Vargas, 1999: 167).

El poder expansivo de la guerrilla y los grupos armados encontró en el narcotráfico el combustible para seguir funcionando, ante los quiebres de su orientación ideológica o estrategia política. Además, la participación en la producción y tráfico de droga les ha permitido gestionar otros negocios como el de las armas y el lavado de dinero. Según Reveiz, la guerrilla, al cambiar las aspiraciones políticas por los intereses económicos logró amoldarse eficientemente al modelo neoliberal.

La guerrilla deja las áreas marginales y se proyecta a las zonas más ricas en recursos naturales (cultivos ilícitos, petróleo, esmeraldas, banano, etc.),aumenta considerablemente su capacidad de reclutamiento y poder de fuego por vía de grandes ingresos, va perdiendo su ethos revolucionario al entrar en contacto con el narcotráfico, preserva un desdibujado proyecto político y continúa su avance hacia el poder nacional (Reveiz, 1997).

Hasta entonces la narcoguerrilla no existía como tal, sino en el argumento para vincular más recursos de la cuantiosa guerra contra las drogas a la lucha contra la insurgencia. Hoy en día, si bien el término sigue siendo inexacto, la comprobada participación de la guerrilla en actividades de narcotráfico ha llevado a la generalización del término y a la vinculación de los frentes de la guerra.

Cuadro 5.3. Ingresos de la Guerrilla 1991-1996

Fuente: Portafolio, marzo 10/98. (Citado por Vargas, R. 1999: 48)

Por otro lado, los paramilitares pasaron de ser una empresa ilegal de seguridad (privada) y empezaron a controlar territorios y devengar ganancias del narcotráfico. Apoyados por algunos sectores de las Fuerzas Armadas y otros sectores estatales, su poder aumenta, sus vínculos con otros sectores reaccionarios se fortalecen y, en general, cambian su naturaleza de empresa ilegal de seguridad, hacia un proyecto mucho más ambicioso de control territorial y económico de ciertas zonas del país:

La derecha armada deja de ser una manifestación regional y tiende a expresar su proyecto nacional de tipo reaccionario. El paramilitarismo, nacido de las entrañas del mismo Estado, con el beneplácito de militares, terratenientes, empresarios y políticos y cuyo objetivo ha dejado de ser la contención de la guerrilla para transformarse en el de la reversión de la influencia insurgente, se ha convertido en gran aparato contra la población civil inerme. Los dineros de los narcotraficantes le dieron aliento a su creación y hoy siguen dotándolo de grandes recursos. Su aspiración es mayor presencia territorial y más influencia propia. (Reveiz, 1997)

En la construcción del nuevo enemigo, la conexión narcotráfico-terrorismo ha encontrado en Colombia a los personajes perfectos para interpretar al temido villano. La inclusión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en la lista de las organizaciones terroristas del mundo, pone en el mismo nivel a Osama Bin Laden con el Mono Jojoy, Tirofijo o Castaño.

El enemigo ha despertado!

5.  UNA MIRADA AL 2002

   Conflicto en la era de la Globalización

“Ellos no saben.
No les importa.
No quieren entender:
-No entienden sino a plomo"
Revista Diners, entrevista de Antonio Caballero
a Manuel Marulanda, marzo de 2002.

5.1.    Las bondades del neoliberalismo

En el año de 1991 la apertura se promueve como la bienvenida al futuro y a la globalización. La presión implícita de los Estados Unidos por la adopción de medidas de corte neoliberal y la apertura de fronteras a productos de importación, fueron un elemento central en las negociaciones de la década de los 90. En el escenario interno, la sociedad colombiana efectuaba un nuevo pacto social en el marco de la Constitución Nacional de 1991.

El esquema neoliberal, promovido por las agencias estatales estadounidenses en coalición con los intereses de las transnacionales generó altos costos en la economía colombiana. Por otra parte, la política de sometimiento, legitimada por el Artículo 35 de la nueva Constitución Nacional, evidenció la negociación con los grupos de poder del narcotráfico y trajo como consecuencia la deslegitimación de las instituciones y la falta de credibilidad en el gobierno.

Este proceso, representado por lo que Tokatlian define como un caso de “globalización deficiente”, muestra cómo el contexto globalizante permitió la rápida incorporación de la empresa ilegal en los vacíos de una política que se implementó bajo presiones internacionales, sin la debida preparación tanto de las fuerzas productivas internas como de mecanismos de control. Esto favoreció implícitamente al negocio del narcotráfico.

En efecto, según un informe de la DEA la apertura económica colombiana en el marco de una ausente legislación para controlar el lavado de dólares, contribuyó a que el narcotráfico incrementara sus recursos económicos legitimados en el país.

En el modelo de negociación propuesto por Matthiesen, distintos intereses hicieron convergencia presionando interna y externamente en el proceso de negociación. Por un lado, las presiones crecientes de los Estados Unidos hacia la activación del Tratado de Extradición, y por otro, las presiones internas de los grupos de narcotraficantes en contra de esta medida.

La gestión del gobierno Gaviria condujo a satisfacer por un lado la demanda interna alrededor de la “No Extradición”, que había generado altos costos por cuenta del terrorismo, y por otro lado, las demandas externas para implementar otras estrategias de lucha contra las drogas. Es por ello que, aunque no hubo una presión inusual desde Washington, se retornó a la tan cuestionada fumigación y a otras estrategias de destrucción de cultivos.

Cuando los grupos armados, particularmente las guerrillas, entraron al negocio de las drogas ilegales, se construyó un argumento en torno a la narcoguerrilla, y con ello se justificó que los recursos para la lucha contra el narcotráfico se dirigieran en parte a la lucha antisubversiva.

5.2. Proceso 8.000: Garrote y zanahoria

En el gobierno Samper se implementan dos estrategias supuestamente complementarias. De lado, se formalizan los programas de desarrollo alternativo y, de otro, se incrementan las acciones militares y la cooperación militar estadounidense. Se intensifica la fumigación para demostrar “compromiso en la lucha antidrogas”, luego del escándalo producido por las acusaciones de recepción de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial.

La fumigación es un ejemplo claro de la manera en que la fuerza relativa de juego o el poder de negociación de los actores determina los beneficios de la política. La fumigación venía aplicándose con interrupciones desde el Gobierno de Turbay Ayala y ha sido el comodín para exhibir medidas severas a los Estados Unidos, sin considerar sus impactos sociales y ambientales. La fumigación castiga a los pequeños productores y pobladores de las zonas, puesto que destruye también cultivos de subsistencia, con serias consecuencias en la salud de las personas.

Este sector de la población tiene una menor fuerza relativa en la mesa de negociación. Es claro que al Gobierno colombiano le conviene mostrar mano dura con la fumigación, en respuesta a la demanda de la Embajada de los Estados Unidos, en lugar de aplicar medidas más severas hacia los narcotraficantes que pudieron “someterse” a la justicia colombiana en cómodas cárceles construidas especialmente para ellos. Tampoco se castigan acciones relacionadas con el tráfico de insumos o el lavado de dinero, actividades que comprometen a nacionales y extranjeros.

Mientras tanto aquellos que tan solo reciben el 0,7% del beneficio del negocio deben soportar las estrategias militares que representan el 70% de la inversión de la lucha contra el narcotráfico. El Movimiento denominado “cocalero” de 1996 fue la primera manifestación organizada de las personas afectadas por estas medidas. Aunque se dijo que hubo instigación de la guerrilla para esta manifestación, lo significativo es que se generó una acción colectiva frente a un tema que había permanecido invisible o ligado a la idea estigmatizada general del narcotráfico (Ramírez, 2002: 21).

Las peticiones de los cocaleros se referían a inversiones sociales e infraestructura, para poder incorporarse al orden económico del país, también exigían la suspensión de las fumigaciones. Ante esa presión se negociaron pactos para la erradicación de los cultivos ilícitos a cambio de inversión en desarrollo. El Estado nunca cumplió estos pactos lo que contribuyó a romper la confianza y credibilidad del Estado y a agudizar el conflicto.

5.3. “Castaño: Marulanda Os Ama!”

El negocio de drogas ilegales ha llegado a significar el combustible de la cruenta guerra en Colombia, ha llevado a que actualmente la Guerra contra el Terrorismo enfoque como un objetivo concreto a los personajes que encarnan al enemigo, al villano o al malvado. Los nombres son familiares, aparecen en partidos de fútbol, en las películas taquilleras o en los discursos políticos. ¿Cómo se convierten entonces en esa encarnación maléfica?

Sin desconocer los méritos para desempeñar este papel, lo cierto es que la representación social del nuevo enemigo del terrorismo justifica otro tipo de intereses que tienen que ver con reconfiguración política, expansión económica o presiones de opinión. Estos intereses no son precisamente los que dicen defender las operaciones militares de intervención, que bajo sugerentes nombres prometen acabar con el mal.[26]

 Al igual que la “extracción de la piedra de la locura”, las intervenciones militares que buscan “acabar con el flagelo del terrorismo” llevan a la desactivación de todo el ser social y político de los países que sufren “la locura”.

Comparar el movimiento Al Quaeda con las FARC o las AUC, en el terreno del terrorismo, es un síntoma del desconocimiento de los contextos históricos en los que han surgido estas organizaciones. Tratar de equiparar a Osama con Marulanda o Castaño es un artilugio de la desinformación, que conduce a pensar inocentemente que el problema puede solucionarse con la captura “vivos o muertos” de estos personajes. 

La presión del gobierno colombiano solicitando mayores recursos a los Estados Unidos y a los países europeos en pos de la lucha contra la narcoguerrilla, se ha servido de la conexión drogas-terrorismo y el enfrentamiento entre grupos armados en el país.

Con este argumento, los últimos presidentes: Pastrana y Uribe, así como sus ministros y los miembros de las Fuerzas Militares, han hecho cabildeo en distintos escenarios internacionales. Las imágenes de la guerra han servido para reforzar las asociaciones del conflicto con el reciente suceso del 11 de septiembre del 2001, sin focalizar las causas sociales, económicas, culturales y ligados al narcotráfico.

5.4. Los invisibles….

Mientras los grupos violentos se fortalecen, quedan miles de familias abandonadas a la suerte de los señores de la guerra, a la crisis económica y al abandono estatal. La crueldad de las acciones de la guerra ha desplazado a más de dos millones de personas en los últimos dos años. Esto conlleva un reordenamiento de propiedades en las tierras abandonadas por estas personas, proceso de redistribución de la riqueza y territorios y a reconfigurar los actores en el escenario del narcotráfico. La apertura económica precipitó la crisis agrícola y con ella la expansión del área cultivada y de los pequeños cultivadores de ilícitos.

Si en Colombia se le ha dado predominio al instrumento represivo para luchar contra el narcotráfico, es porque las otras alternativas exigen un mayor compromiso con los intereses populares y desmedro a las minorías que ostentan el monopolio de la riqueza, una equitativa distribución de la tierra garantizaría la vinculación de la misma a la producción, para colmar las necesidades reales de la familia campesina, de la población urbana y la industria nacional. Reduciría el desempleo en el campo y ampliaría el mercado interno, favoreciendo el desarrollo industrial. En la actualidad, la gran propiedad, consecuente con la ley capitalista de que los medios de producción son para generar riqueza particular, está expuesta permanentemente a la atracción de las grandes ganancias que representan los cultivos de coca, adormidera y marihuana” (Londoño, 1986: 155).

El deterioro económico afectó todos los sectores, incluso aquellos que gozaron de privilegios y prosperidad en períodos anteriores, y precipitó la deslegitimidad institucional en Colombia. La crisis agrícola y el empobrecimiento del contexto rural, ha empujado a miles familias campesinas a la actividad ilegal de producción de drogas ilícitas, en sus estados de siembra y transformación. El problema no es la vinculación de estas familias a estas sino el complejo entramado de las economías de la violencia y la ilegalidad. Los programas de desarrollo alternativo que llegan con soluciones “agrícolas”, no alcanzan a tocar los puntos nodales de la situación. Los problemas estructurales han sido denunciados durante décadas: la tenencia de la tierra y el abandono estatal de estas comunidades, sin afrontarlos, el cultivo de ilícitos seguirá siendo la única alternativa para estas personas.

5.5. El Plan Colombia y la IRA[27]

La inversión de los Estados Unidos en Colombia ha venido en un rápido ascen}o por cuenta de la ayuda anti-narcóticos. En el período comprendido entre 1986 hasta 1996 se entregaron 404.3 millones de dólares para programas anti-narcóticos. Esta ayuda se ha triplicado por cuenta del Plan Colombia de 1998 (1.300 millones), y la reciente decisión del Congreso de Estados Unidos (Agosto de 2002), de apoyar la lucha antisubversiva con cerca de 28.400 millones de dólares de la Guerra contra las Drogas.

A cambio de estos dineros y de donaciones de recursos (entrenamiento, equipo, suministros, armas) los Estados Unidos exigen ser protegidos excepcionalmente de los tribunales de justicia internacional. Además poseen todo tipo de permisos para la acción directa estadounidense (por ejemplo interceptación de embarcaciones sospechosas de trafico en aguas territoriales); todo ello en un clima de enérgica presión a Colombia para que se apruebe ciertas leyes o establezcan nuevas políticas.

Andrés Pastrana inicia su gobierno en 1998 con la promesa de pacificación firmada en las selvas colombianas antes de su elección, donde negoció con la guerrilla un pedazo de país, manteniendo un diálogo de ausentes que le permitiría mientras tanto buscar en Europa una nominación al Premio Nobel de Paz.

Los señores de la guerra, de la guerrilla y el paramilitarismo se apropian del caos reinante en la ausencia de gobernabilidad. La inversión social se recorta y los fallidos diálogos de paz dan lugar al enfrentamiento local entre ejército y guerrilla, y de manera dramáticamente frecuente entre paramilitares y guerrilla. Estos grupos, y especialmente la guerrilla en las mesas de negociación del gobierno Pastrana, se consolidan como grupos de poder, en busca de prebendas y privilegios.  El dinero del negocio de las drogas asociado a los mercados de violencia definen un conflicto complicado donde el combustible del narcotráfico alimenta la crueldad y el poderío de los señores de la guerra.

El Plan Colombia se constituyó como la estrategia más importante en este proceso de paz, prometiendo inversión social que alcanzaría la pacificación del país. Sin embargo la mayoría de los recursos se destinó al fortalecimiento de las Fuerzas Militares, en detrimento de sectores sociales históricamente marginados. Los recientes escándalos por el desvío de fondos que debían ir a la lucha contra el narcotráfico, evidenciaron la falta de control sobre los flujos de recursos y la desorientación general de la política.[28]

Los dineros entregados por los Estados Unidos para el Plan Colombia, fueron repartidos en otros países en el marco de la lucha contra las drogas: la Base de Manta en Ecuador, las bases de Aruba y Curazao y ayuda al Perú, conformando la Iniciativa Regional Andina del gobierno norteamericano, y que no es más que la formalización de la intervención en su “patio trasero”.

El gran salto que acaba de darse en este campo es la llamada “narcotización del Ejército, con la creación del batallón anti-drogas que operará en el sur del país y gracias al cual los militares y no solo la Policía comenzarán a recibir masiva ayuda antidrogas de Washington... Si este batallón, fruto de la más estrecha cooperación armada entre Estados Unidos y Colombia de que se tenga memoria, termina enfrentando militarmente a los guerrilleros de las FARC, dígase lo que se diga, la intervención habrá comenzado.[29]

5.5.   La extracción de la piedra de la locura

Con la elección de Álvaro Uribe (2002) se manifiesta la opinión pública colombiana frente al problema de la guerra y su relación con el terrorismo. Ante el fracaso de los diálogos de paz del gobierno Pastrana, la construcción social de la solución del conflicto señala una salida contundente y definitiva para enfrentar a la guerrilla (como actor básico de la confrontación, aunque no único). El discurso de una solución de “mano dura” se asimila al intento de “extraer la locura” a través de medios enérgicos y aboga por un mayor intervencionismo extranjero, sin considerar la discusión democrática de las causas del conflicto y los altos costos que significa esta opción.

Mientras tanto, Latinoamérica estalla en distintos conflictos y crisis económicas y políticas. Desde el desplome argentino, pasando por el paro cocalero y el conflicto en Bolivia, hasta la crisis del Perú, la inestabilidad venezolana y la quiebra del Ecuador, todo parece estar conectado por la economía de la droga y la militarización de los territorios.

La Iniciativa Regional Andina y la mayor participación de recursos norteamericanos en la guerra contra la narcoguerrilla responden a la paranoia social en torno al terrorismo. Las lecciones de la guerra contra las Drogas parecen no querer ser aprendidas por esta nueva cruzada.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Con respecto al modelo de interpretación de la política

Se entiende la política de drogas como un proceso de negociación que se expresa en leyes e instituciones. Estas a su vez encuentran argumentos en las percepciones sociales de la opinión pública. La construcción social de tales percepciones está reforzada tanto por los mensajes oficiales como por ideas preconcebidas sobre la peligrosidad de las drogas, muchas de ellas anacrónicas y aparentemente incuestionables.

Las características del Estado que implementan tales políticas son factores que inciden notablemente en cómo se lleva a cabo el proceso de negociación de la política. Así, en el caso colombiano, el devenir histórico del sistema estatal como un escenario para la negociación de prebendas y privilegios ha permitido el surgimiento y consolidación de una cultura clientelista que legitima un sistema de corrupción normalizado. Este sistema de corrupción, a la vez, permite que los actores que detentan cierto poder puedan participar de los beneficios de unas negociaciones que favorecen los intereses particulares por encima del bien común.

La política de drogas se comporta como un sistema cerrado donde la opacidad de la toma de decisiones no da cabida a discusiones alternativas y democráticas sobre el tema y permite que el sistema se autoreproduzca y justifique socialmente las leyes y la permanencia de instituciones que, paradójicamente, no cumplen con sus objetivos y sin embargo se perpetúan y reciben cuantiosos recursos.

La construcción social con respecto al tema de drogas incluye tanto los discursos oficiales y las leyes derivadas de los mismos, pero también considera las percepciones de la sociedad colombiana, que legitima ciertos comportamientos ilegales y es cómplice de los procesos de surgimiento de los grupos involucrados en el negocio de las drogas ilegales. Así mismo, y en sentido inverso, estos grupos inciden en la construcción social por medios intimidatorios (uso de violencia) y propagandísticos (obras sociales y autoimagen) para insertarse en la dinámica social y política.

Sobre la política de drogas en Colombia

A partir del análisis de la legislación se puede identificar el sentido de la norma en el ámbito jurídico, reflejo de las percepciones sociales alrededor del tema de las drogas. Esto tiene efectos en la conformación institucional de las agencias responsables del tema.

La política colombiana de drogas interpreta los preceptos de las Convenciones Internacionales y reacciona de manera particular a las disposiciones y leyes generadas en los Estados Unidos, líderes de la cruzada antidrogas. La como funciona el Estado colombiano determina el proceso de negociación que define finalmente estas leyes. Mientras en EE.UU. la alianza entre terapeutas y puritanos logra incidir en la reglamentación del uso de drogas, en Colombia es la asociación de intereses económicos e institucionales lo que determina la atención del problema.

Según la metáfora de la “nave de los locos”, el problema de las drogas oscila entre la criminalidad y la enfermedad. En la denominación que se hace de las drogas, se pasa de definirlas como un tema de salud pública en manos del Ministerio de Salud e Higiene, a ser un tema de responsabilidad del Ejecutivo, hecho que concentra la política en un sector restringido del Estado y las Fuerzas Armadas.

En un principio, las drogas fueron consideradas problema si perturbaban la tranquilidad social. Con el avance del siglo XX y la consolidación de las ideas y discursos sobre las drogas, se llegará a la tipificación como delito de su uso y producción. Esto, a su vez, reforzará las construcciones sociales de la opinión pública.

En los últimos treinta años, debido a la participación de grupos de colombianos en el negocio de drogas ilícitas, la política cambió drásticamente, hasta convertirse en un asunto central. El narcotráfico ha sido el combustible de la evolución del conflicto colombiano, aunque no su único componente. Sin embargo, la política de tipo represivo promete “extirpar el flagelo” como quien “extrae la piedra de la locura” , sin medir ni las consecuencias de esta lobotomía ni las causas que llevan a que Colombia ocupe un lugar significativo en un problema de orden mundial.

Con respecto a los grupos de narcotráfico

Debido a la naturaleza mutante de los grupos de narcotráfico es muy difícil otorgarles una definición de tipo ideal. Analistas e investigadores han coincidido en que el narcotráfico adopta distintas formas de asociación, en donde el fin principal es maximizar ganancias, reducir riesgos y asegurar la participación en el negocio.

Esta característica hace que muchas veces se considere al narcotráfico como una empresa ilegal que se rige por el cálculo racional del capitalista, donde el contexto de ilegalidad le confiere rasgos particulares. La diferencia que plantea Weber entre gestión económica y acción económica introduce el tema del poder en la acción, a diferencia de la gestión. Por el modo normalmente violento en que se ejerce este poder, el narcotráfico no estaría haciendo una gestión económica, sino ejerciendo una actividad de “crimen organizado”.

Otra referencia sobre el narcotráfico lo relaciona con la mafia. Lo que existe son escenarios de acción, en términos de Krauthausen, que dependiendo de los objetivos particulares derivan en comportamientos mafiosos por parte del narcotráfico, y que, de manera similar, la mafia utiliza para dedicarse a actividades con drogas ilícitas. Existen condiciones de contexto en donde el Estado permite el surgimiento y empoderamiento de este tipo de grupos: sistemas clientelistas, prácticas de corrupción y deslegitimidad del ejercicio del monopolio de la violencia física por parte del Estado.

Desde sus orígenes en la década de los 60 los grupos dedicados al negocio de drogas han evolucionado notoriamente y con ellos, las definiciones sociológicas que se les han dado: Desde los clanes guajiros, pasando por los lazos familiares y algunas connotaciones respecto a la idea de cartel, hasta llegar hoy en día a un nuevo esquema, donde estos grupos se hacen menos notorios para la sociedad y crean nuevas estrategias de acción.

Factores sociales y económicos precipitaron el surgimiento de estos grupos. Su incidencia en la sociedad se facilitó porque ellos mismos construyeron una imagen favorable y consiguieron apoyo local por medio del control territorial, el ejercicio de la violencia y la distribución calculada de favores, optando por un estilo clientelista. Así mismo, se conformaron con arreglo a tradiciones de adscripción familiar o regional, lo que les granjeó el apoyo de las localidades a través de actividades proselitistas, construcción de obras sociales y, en general, el prestigio derivado del dinero y el modelo de consumo importado del sueño americano, tan apreciado por la sociedad colombiana.

A través de sus particulares acciones políticas, se permitieron tener un lugar en el escenario de las negociaciones. El gobierno colombiano tradicional distribuidor de privilegios se vio enfrentado a las presiones de los Estados Unidos por mayores acciones contra la producción y tráfico de drogas y las deudas con estos grupos (financiación de campañas, favores, etc.).

Sobre la crisis de gobernabilidad

Los narcotraficantes también participan en la negociación de la política, cuando el Estado les permite hacerlo. En el caso colombiano, la cómplice actitud de la sociedad y de la clase política, tradicional distribuidora de privilegios entre los grupos de poder, facilitó la incursión de estos grupos en la negociación de leyes. La acción política de los narcotraficantes no busca cambiar el orden establecido, sino asegurarse un lugar en él.

El caso de la negociación de la Asamblea Constituyente de 1991 mostró el gran poder (intimidatorio y cooptativo) de estos grupos, al punto de llegar a aprobarse la “no extradición”, pese a las presiones de los Estados Unidos para adoptar medidas para controlar el expansivo poder del narcotráfico.

En el contexto de la Constitución de 1991, se dio la posibilidad de una solución de paso, que trató de conciliar los dos intereses, pero que, definitivamente, condujo a un debilitamiento del Estado colombiano. Por un lado, la crisis de gobernabilidad política, la deslegitimación de las instituciones y el avance de la corrupción. Por el otro, la crisis económica, que ha empujado a miles de familias campesinas a vincularse a la siembra de cultivos ilícitos. Todos estos factores conforman un círculo vicioso, donde la estrategia represiva de interdicción y fumigación atiza el fuego del conflicto, y del que benefician los señores de la guerra y el mismo negocio del narcotráfico como tal.

ANEXO:

MODELO DE ANALISIS DE LA POLITICA DE DROGAS
 

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