DENUNCIAS


Paz y Justicia:

De Panamá INMINENTE REPATRIACIÓN DE REFUGIADOS


 

CONFEDERACIÓN INDÍGENA TAYRONA

“CIT”

Organización del Pueblo Arhuaco    

 

 

S.O.S.CRÍMENES EN EL PUEBLO ARHUACO.

DIRIGIDO A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO Y DEMÁS ORGANISMOS DEL ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL ANTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN NUESTRO TERRITORIO

 

El día 15 de noviembre de 2003, en jurisdicción de nuestro territorio por la vía que de Valledupar conduce a Sabana Crespo, sobre el sitio conocido como El Reposo, fue brutalmente asesinado el señor HÉCTOR DIEGO GARCÍA LONDOÑO, quien desde hacía diez años estaba vinculado a una familia arhuaca y hacía cerca de dos años conducía el vehículo de servicio particular de la Organización Indígena Tairona, organización del Pueblo Arhuaco. Sobre la autoría del crimen sólo se sabe que se trata de uno de los grupos armados que opera en la zona.

 

11 días más tarde, el día 26 de noviembre de 2003, en la comunidad de Jugaka ubicada al norte de la ciudad de Valledupar por la misma vía de Sabana Crespo, más al interior del Resguardo Arhuaco, un grupo armado que se identificó como de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desapareció a dos miembros de la comunidad de nombres JULIÁN CRESPO y DWIARUSÍNGUMU ARROYO, quienes dos días más tarde, el 28 de noviembre, fueron encontrados asesinados y enterrados en fosas separadas, con miembros y cabeza mutilados y desarticulados del cuerpo.

 

Estos hechos han puesto en el mayor estado de vulnerabilidad e inseguridad al Pueblo Arhuaco y a la Organización Indígena Tairona; Y que han causado terror en todo nuestro pueblo Arhuaco, pues nada justifica esta grave humillación, a nuestro territorio sagrado y al derecho de vivir como personas, a existir como pueblo Indígena y a la humanidad de estas personas

 

JULIÁN CRESPO, se destacaba por la profundidad de conocimientos de nuestra cultura, se había desempeñado como autoridad de la comunidad de Jugaka, siendo reconocido por su rectitud y ajenidad al conflicto armado, por lo que jamás se sospechó que sobre su persona pudiera llegar a cometerse semejante acto de barbarie. Tampoco podía sospecharse de DWIARUSÍNGUMU ARROYO, un joven fiel a nuestra tradición cultural. Lo que ha ocurrido, lo interpretamos como el comienzo de un proceso de exterminio de un pueblo pacífico. Examinamos que si pudieron proceder con ellos de esa manera lo mismo puede ocurrirle a todos los miembros de nuestro pueblo.

 

También denunciamos ante la opinión Nacional e internacional, del desplazamiento interno ocurrido por este acto de criminalidad en nuestro territorio; por las familias indígenas que ocupan esta área del territorio, por lo tanto, es inminente la solidaridad de la comunidad Internacional, para poder seguir existiendo como Indígenas y como Pueblo.

 

Nosotros, los indígenas Arhuacos, desde cuando los grupos armados comenzaron a ingresar a nuestro territorio hemos venido expresando nuestra posición frente al conflicto armado, y hemos sugerido al Estado Colombiano la salida negociada del conflicto Armado. No somos gente para la guerra; somos un pueblo milenario con una misión de paz y de mantenimiento del equilibrio natural para garantizar la vida de todas las especies.

 

Han sido los hermanos menores (los no indígenas) quienes han traído a nuestro territorio una guerra que no nos pertenece, y hemos sido reiterativos en rechazar ese hecho. No somos culpables de las incomprensiones, los conflictos, las rivalidades, ni de las formas de resolución de conflictos que han adoptado los hermanos menores a través de la guerra. Por eso hemos pedido que no se tome nuestro territorio como escenario de guerra, que no se sigan vulnerando nuestros derechos a la vida, a la tranquilidad, a la libre locomoción, al territorio, a la cultura, a la autonomía, a gobernarnos por autoridades propias, etc.

 

La situación por la que hemos venido atravesando, la hemos dado a conocer en múltiples oportunidades, en diferentes escenarios, ante diferentes organismos estatales, a la vez que hemos solicitado asistencia y protección por parte del Estado. Así lo demuestra el contenido de numerosos documentos, oficios, actas, etc. de los cuales citamos a continuación algunos de los más recientes:

 

- En la Resolución Defensorial 24 de septiembre 18 de 2002, relativa a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá, se citan algunos documentos sobre quejas presentadas, se esboza la problemática de nuestros pueblos y se hacen algunas recomendaciones específicas;

 

En el Acta 004, de la reunión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, celebrada en la ciudad de Valledupar el 12 de diciembre de 2002, se sintetiza la presentación realizada por voceros de las comunidades indígenas sobre la situación actual de las mismas y se solicita al gobierno la protección de los derechos, vulnerados unos y amenazados otros;

 

- En la Circular 2064 de marzo 4 de 2003 del Ministerio de Defensa se esboza igualmente la situación de las comunidades indígenas y se establecen algunos requerimientos básicos para garantizar la protección de los derechos humanos;

 

- En el oficio dirigido por las autoridades de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta al Señor Presidente de la República, Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, con fecha 1 de abril de 2003, de manera sucinta se presenta la situación de orden público en los territorios indígenas, y se señala que no se han acatado las recomendaciones hechas por la Defensoría en la Resolución antes citada y se advierte que la violencia sigue cobrando vidas.

 

- En el Acta del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos indígenas, presidida por la Ministra de la Defensa Nacional y los Altos mandos Militares de Colombia celebrado en la ciudad de Valledupar el 26 de septiembre de 2003, consta que están informados sobre la delicada situación de los derechos humanos de la población indígena y la presencia de grupos armados en el territorio, a la vez se urge al Estado para que se garantice la seguridad individual y colectiva de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

 

-.El desarrollo de tres Consejos de seguridad departamental, con el señor gobernador y los Cuerpos de Seguridad del Departamento, y la participación de las autoridades indígenas.

- En la declaración del Pueblo Arhuaco sobre su situación general, realizada en Nabusímake en el marco de la reunión celebrada del 10 al 15 de octubre de 2003, con la presencia de representantes de diversos organismos Internacionales, estatales y no estatales, igualmente se expresó la preocupante situación de derechos humanos y el conflicto armado en el territorio, señalándose los hechos más recurrentes y de mayor gravedad en ese aspecto y se proponen mecanismos para llegar a una solución de los mismos.

i

Por lo anterior, observamos que el asesinato del señor HECTOR DIEGO GARCÍA LONDOÑO, ocurrido en nuestro territorio, así como el cruel asesinato de los INDÍGENAS ARHUACOS, señores JULIÁN CRESPO Y DWIARUSÍNGUMU ARROYO, causándose con todo ello terror en la población indígena, es la continuación en línea creciente de la violación a nuestros derechos, sostenemos que, no hubiese ocurrido estos crímenes si se hubiesen atendido las solicitudes presentadas a los organismos del Estado en el sentido de tomar las medidas preventivas del caso. Presentadas las denuncias, las solicitudes, inclusive los mecanismos alternativos de solución, concluimos que ahora la responsabilidad es del Estado por la falta de una protección real de nuestros derechos. Así, hoy, además del dolor por la pérdida de dos miembros de la comunidad, y una persona no indígena que trabajaba para nuestra Organización y de la intranquilidad que reina entre nuestra gente, hay un nuevo ingrediente que es la sensación de ABANDONO QUE HOY SENTIMOS POR PARTE DEL ESTADO, puesto que el crimen del primero, ocurre en una vía de acceso por donde transitamos diariamente y sobre la cual el Estado nos había prometido prestar seguridad, dado que hechos semejantes ya habían ocurrido y se había advertido la presión ejercida por grupos armados en esa zona; y los crímenes de los segundos, tienen lugar en una comunidad ubicada en el corazón de nuestro resguardo, conocida por ser una de las más conservadas culturalmente.

 

Por último, queremos manifestar que son de conocimiento público las retaliaciones de los grupos armados ilegales, ante las denuncias por las violaciones a los derechos humanos; pero, queremos decir abiertamente, que el pueblo Arhuaco no está dispuesto a renunciar a sus leyes ancestrales para permitir que en su territorio impere un orden sustentado en la fuerza de las armas. Por esto, al atrevernos a denunciar estos acontecimientos, reclamamos del Estado un inmediato respaldo y protección para nuestra permanencia como pueblo y exhortamos a los organismos defensores de los derechos humanos del orden nacional e internacional, así como a todas las personas e instituciones que aprecien la vida humana en armonía, para que se solidaricen con nuestro pueblo y nos ayuden a seguir existiendo, como es nuestra misión, en paz con la naturaleza y manteniendo un trato fraternal con todos nuestros semejantes, conforme lo manda la Ley de Origen.

 

 

PUEBLO INDÍGENA ARHUACO

Sierra Nevada de Santa Marta, Diciembre 1 de 2003.

 


 
----- Original Message -----
From: PRENSA COLECTIVO
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Friday, December 05, 2003 11:03 AM
Subject: ACCION URGENTE AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS, HABITANTES CAÑON DEL RIO COCORA

 

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Organización No Gubernamental Colombiana denuncia ante la comunidad nacional e internacional la grave situación en que se encuentran los habitantes del Cañón del río Cocora, departamento del Tolima, quienes desde el pasado 5 de Noviembre vienen soportando diversas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por parte del Ejército Nacional y posteriormente

 por parte de los Paramilitares, según informaciones realizadas por sus mismos habitantes

 

 

CONTEXTO GEOGRAFICO

 

El Cañon del río Cocora en el departamento del Tolima es una región considerada como la segunda despensa agrícola de dicho departamento. Empieza en un caserío llamado Coello a ascender en una carretera destapada, hecha por los pobladores, que pasa por los caseríos de "Laureles" y "Dantas" hasta "Las Pavas", bordeando el río, acercándose a las nubes por entre tierras feroces, arduamente trabajadas, llenas de cultivos de arracacha, tomate de árbol, café, alverja, fríjol y otros alimentos.

 

 

HECHOS

 

1.El pasado 5 de noviembre un grupo de militares del Ejército Nacional llegó al  corregimiento de DANTAS del Municipio de Ibague, quienes procedieron a realizar una requisa en tres de las casas del corregimiento, de donde sacaron a sus habitantes y requisaron minuciosamente las viviendas no encontrando ningún tipo de material o documento que los implicara en delito alguno.

 

 

2. En el desarrollo de esta requisa preguntaron por un señor TOVAR, habitante de una de las viviendas a quien los miembros del Ejercito le dijeron: " Usted todavía por aquí, no sea sinvergüenza, nosotros no le vamos a hacer nada pero detrás vienen los otros que ellos si lo van a matar".

 

3. Ante esta AMENAZA no solo este señor sino todos los miembros de su familia procedieron a abandonar las casas con destino al destierro (desplazados por la autoridad).

 

4. En otra de las viviendas a una joven mujer le señalaron de ser la novia del "comandante" de la guerrilla, ante lo cual ella y su familia también abandonaron el corregimiento, pues como al anterior le recordaron la próxima visita de los "otros".

 

5. En la casa de la llamada familia de los "arrieros" (campesinos del corregimiento dedicados al transporte de carga con mulas), les recordaron como anteriormente (hace varios meses) en su vivienda habían encontrado alojados a tres muchachos que fueron arrestados por el Ejercito y tras ser conducidos al filo de la cordillera posteriormente fueron reportados como guerrilleros muertos en combate con el Ejercito nacional. Consecuencia de lo anterior otra familia mas que se retira del corregimiento; tres en un mismo lapso de horas.

 

6. En la semana del 10 de Noviembre fue cerrado el registro del acueducto veredal; los campesinos al ver la carencia de este fundamental servicio procedieron a enviar al encargado a revisar las causas del corte del agua, encontrándose con que había sido cerrado por un grupo de unos nueve hombres armados, desconocidos de la gente de la zona y quienes le dijeron que no comentara nada a nadie en el caserío.

 

7. Simultáneamente en el corregimiento de Coéllo (Cócora), que es la entrada al cañón del Cócora, aparecieron los primeros grafitis a nombre de las AUC.

 

CONTEXTO

 

1. En la semana del 5 de Noviembre, el Gobernador del departamento del Tolima Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo y el Defensor del Pueblo, tuvieron una rueda de prensa en donde informaron la preocupación que existe por la urgencia de investigar los hechos ocurridos en el corregimiento de Anaime del municipio de Cajamarca, pues de acuerdo a las denuncias hechas por un campesino sobreviviente a la masacre, había reconocimiento a símbolos de Batallones del Ejercito y apellidos de algunos de los participantes.

 

2. En la semana del pasado 17 de Noviembre, una delegación de campesinos de los corregimientos de DANTAS y LAURELES, pertenecientes al mismo cañón del río Cócora, se trasladaron hasta el municipio de Ibague e intentaron poner en conocimiento del Personero Municipal esta situación, encontrando que se les enviaba ante la Fiscalía para que fuera instaurada la denuncia de los hechos arriba mencionados, situación que no atendieron por temor a sus vidas, encontrando que solo unos periodistas de la emisora "Voz del Combeima", escucharon sus denuncia y las trasmitieron por este medio radial.

 

3. En esta misma semana ante la Defensoría del Pueblo fue presentada una denuncia y se tuvo una reunión con el encargado de este despacho en el Departamento, quien solicitó a los denunciantes se rindiera en lo posible una declaración  formal, pero esta nuevamente fue negada por los campesinos denunciantes por temor a sus vidas. Ante la mención continua del temor los campesinos comentaron como en días anteriores el presidente de la Junta Comunal de DANTAS había sido abaleado en la plaza de mercado de la 14 y posteriormente rematado en el camino a la Clínica, habiendo sido informada la Policial del Municipio, razón por la cual existe un temor muy fundamentado de los campesinos de la zona para prestar cualquier tipo de denuncia ante autoridad alguna; hecho este reconocido por el Defensor del Pueblo. En esta misma reunión el defensor del Pueblo comento como esta información se tenía en la Vicepresidencia de la República pues había sido telefoneado por el Dr. Franco, para averiguar como estaban evolucionando los hechos ocurridos en la zona.

 

4. En la misma plaza de mercado de la 14, zona a donde los campesinos de estos corregimientos sacan sus productos, empezó a circular la información por parte de los transportadores y comerciantes, sobre la dimensión de la masacre del Anaime y como los muertos sobrepasan las cincuenta (50) personas, sin que la información se conozca realmente, así como la existencia de cuerpos mutilados con cierra y machete (práctica común de las AUC).

 

5.La Defensoría del Pueblo de Ibague cuenta con la información suficiente para atender esta denuncia, y de igual manera tiene los indicios de la relación que existe entre los hechos de Cajamarca y los denunciados en el Cañón del Cócora, y el cañón del río Anaime, que como en muchas otras regiones de nuestro país, "casualmente" tiene algún tipo de relación con el desarrollo de mega proyectos en estas zonas, para nuestro caso el llamado TUNEL DE LA LINEA.

 

6. En la actualidad las directivas de las Juntas de Acción Comunal de estos corregimientos han empezado a desplazarce y/o renunciar, pues "curiosamente" son los primeros asesinados en estas masacres. En la zona hay un miedo absoluto que se siente al llegar allí, ya empezaron los primeros rumores de desplazamientos nocturnos de hombres armados hacia la parte alta de las montañas, quienes pueden ser nadie se atreve a asomarse ni a afirmar nada.

 

SOLICITUDES

 

Por tales hechos solicitamos al Estado Colombiano lo siguiente:

 

1.      Se garantice la vida y la integridad personal de la comunidad del Cañón del Río Cocora.

2.      Se realicen las investigaciones pertinentes relacionadas con los hechos que anteriormente se describen con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos y aplicar las respectivas sanciones estipuladas por la ley

3.      Se exija al estado colombiano el desmonte del paramilitarismo y la desvinculación inmediata del cargo a las funcionarios que se encuentren relacionados con el accionar de éste en el país; así como a los funcionarios que por acción, omisión e ineficacia se encuentren comprometidos en graves situaciones de violaciones de los derechos humanos.

4.      Se exhorte a las instancias del Estado colombiano a reconocer y respetar los valores de verdad, justicia y reparación social e integral de las víctimas y familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos

5.      Recordamos igualmente al Estado Colombiana que  la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.

 

                                                        DIRECCIONES

 

S.E.  Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente : E-mail :fsantos@presidencia.gov.co
· Doctor Jorge Alberto Uribe Ministro de la Defensa,Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá.  Fax:  (+57 1)222.18.74;  E-mail :  siden@mindefensa.gov.co ;infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor  Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co;anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Dr.  Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de DerechosHumanos y de Derecho Internacional Humanitario.  E-mail :cefranco@presidencia.gov.co
· Dr.  Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.  E-mail :fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-54 TEL. : (+57 1) 336.03.11FAX : (+57 1)  337.46.67
·  Doctor  Luis Camilo Osorio,  Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. 
Fax:  (+57 1) 570 20 00;contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

· Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación E.mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
· Doctor  Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá.  Fax:  (+ 57 1) 640 04 91  E-mail:secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : (+41 22)791.07.87;  (+ 41 22) 798.45.55.
E-mail
mission.colombia@ties.itu.int

 

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Calle 16 No. 6 – 66 Oficina 2506 Edificio Avianca

Bogotá D.C.., Sudamérica

Fax. 1- 2824270

colect@andinet

 

DICIEMBRE 05 DE 2003.

 

 

 


 

DENUNCIA PUBLICA

 

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Organización No Gubernamental Colombiana denuncia ante la comunidad nacional e internacional, el atentado de que fue víctima el Gobernador del Resguardo TOTARCO DINDE, del Municipio de Coyaima, departamento del Tolima, ISRAEL CAPERA.

 

CONTEXTO GEOGRAFICO

 

En el Municipio de Coyaima en el departamento del Tolima, se encuentran ubicados tres resguardos indígenas  (Resguardo Totarco Dinde, Resguardo Totarco Tamarindo y Resguardo Totarco Niple), pertenecientes a la étnia Pijao que de una u otra manera intentan sobrevivir con su cultura en dicha región,  la cual desde hace aproximadamente un año, se ha visto azotada por la presencia irregular de grupos paramilitares que de una u otra manera atentan contra la vida pacífica de estas comunidades.

 

HECHOS

 

 

1.      El lunes 1 de diciembre de 2003, a las 7:30 de la noche hombres armados le dispararon al señor Gobernador de Resguardo Totarco Dinde, ISRAEL CAPERA,  a quien esquirlas de los disparos realizados le alcanzaron a causar heridas de gravedad leve, según el diagnóstico realizado al día siguiente por los médicos del Hospital San Antonio del Guamo.

2.      Inmediatamente después de los hechos la  familia que lo acompañaba y él mismo se refugiaron en una de las habitaciones de la casa, a la vez que dieron las voces de alarma, lo que permitió que la comunidad se alertará, lo protegiera y dieran huída quienes disparaban.

3.      Según información de la misma comunidad indígena, ese mismo día el ejército estuvo realizando rondas de “vigilancia” en los resguardos, posterior a lo cual según  los mismos hizo aparición un grupo de hombres uniformados identificados por los habitantes como reconocidos paramilitares de la región.

 

 

A estos hechos se le suma, los sucedidos el pasado sábado 15 de noviembre, cuando hacia las 4 de la mañana fueron retenidas aproximadamente 5  personas del Cabildo indígena Chinche Buenavista por un grupo de hombres fuertemente armados quienes portaban brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia en un retén de la zona de Torarco Tamarindo, quienes posteriormente fueron liberadas.

 

Es importante recalcar que estos hechos dieron lugar a la activación de una Alerta Temprana solicitada por nuestra institución ante la Defensoría del Pueblo, quien junto con el Ministerio del Interior el mismo día y dado el eminente peligro en que se encontraban los habitantes de la zona, debido a la presencia  paramilitar en la región, tomaron las medidas de protección del caso.

 

SOLICTUDES

 

Por tales hechos solicitamos al Estado colombiano lo siguiente:

 

1.      Se garantice la vida y la integridad personal del señor Gobernador ISRAEL CAPERA, así como la de su familia y la de toda la comunidad indígena de la zona de Coyaima en el departamento del Tolima.

2.      Se  investiguen los hechos descritos anteriormente con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos y aplicar las respectivas sanciones estipuladas por la ley

3.      Se exija al estado colombiano el desmonte del paramilitarismo y la desvinculación inmediata del cargo a los funcionarios que se encuentren relacionados con el accionar de éste en el país; así como a los funcionarios que por acción, omisión e ineficacia se encuentren comprometidos en graves situaciones de violaciones de los derechos humanos.

4.      Se exhorte a las instancias del Estado colombiano a reconocer y respetar los valores de verdad, justicia y reparación social e integral de las víctimas y familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos

5. Recordamos igualmente al Estado Colombiano que  la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.

 

DIRECCIONES

 

S.E.  Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente : E-mail :fsantos@presidencia.gov.co
· Doctor Jorge Alberto Uribe Ministro de la Defensa,Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá.  Fax:  (+57 1)222.18.74;  E-mail :  siden@mindefensa.gov.co ;infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor  Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co;anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Dr.  Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de DerechosHumanos y de Derecho Internacional Humanitario.  E-mail :cefranco@presidencia.gov.co
· Dr.  Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.  E-mail :fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-54 TEL. : (+57 1) 336.03.11FAX : (+57 1)  337.46.67
·  Doctor  Luis Camilo Osorio,  Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. 
Fax:  (+57 1) 570 20 00;contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

· Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación E.mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
· Doctor  Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá.  Fax:  (+ 57 1) 640 04 91  E-mail:secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : (+41 22)791.07.87;  (+ 41 22) 798.45.55.
E-mail
mission.colombia@ties.itu.int

 

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Calle 16 No. 6 – 66 Oficina 2506 Edificio Avianca

Bogotá D.C.., Sudamérica

Fax. 1- 2824270

colect@andinet

 

DICIEMBRE 05 DE 2003.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inicio IniciativasPonenciasDocumentosMama Coca

©2003 Mama Coca. Favor compartir esta información y ayudarnos a divulgarla citando a Mama Coca.