LA GUERRA GLOBAL CONTRA EL TERROR, PLAN COLOMBIA, EL IRA Y LA REGIÓN ANDINO AMAZÓNICA: ¿WANTED OR CERTIFIED?

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Ricardo Soberón Garrido[1].

 

RESUMEN

Sin llegar a ser Irak, ni Afganistán o el Oriente Medio, hoy en día en Colombia se presentan los principales elementos y tendencias que predominan en la política y relaciones internacionales, en materia de seguridad, economía y derecho internacional, con el riesgo de extenderlos a los países vecinos. El objetivo norteamericano en América del Sur es el predominio sobre la Cuenca Amazónica.

Lo más grave es que no hay oposición a esta hegemonía y que el abanico de agendas temáticas, se han fundido en una sola: las Políticas contra el Terror y contra las Drogas.

Los intereses económicos de EEUU sobre América Latina están representadas en el ALCA: protección de inversiones norteamericanas con miras a un bloque respecto a Europa y Asia frente a una pérdida de competitividad; mantenimiento de términos de intercambio perjudiciales para los países de la región; búsqueda de monopolio para las exportaciones y las inversiones norteamericanas; control sobre la banca. Las implicancias sobre los Estados y sociedades en especial rurales serán: quiebre de la industria, pérdida de seguridad alimentaria, control sobre recursos, especialización en bienes primarios, dolarización (Ecuador, Panamá).

La Guerra contra las Drogas en los Andes ha pasado a una nueva etapa en el siglo XXI, donde ya no se discuten los instrumentos locales en términos de igualdad soberana, sino que se han uniformizado bajo la égida de EE.UU. sin discusión en los Congresos nacionales. El multilateralismo también sucumbió y los países no pueden salirse de la coacción de Washington sobre la región.

Las políticas antinarcóticos Plan Colombia y la Iniciativa Regional contra las Drogas iniciada el 16 de mayo del 2001, no son verdaderas políticas de control de drogas, sino de seguridad y orden público y estrategias de reorganización de la estructura militar norteamericana en América Latina.

La política de fumigación indiscriminada debe ser entendida como un instrumento de ataque contra las finanzas de la guerrilla; lo mas grave es que genera violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario: 75,597 personas desplazadas por acciones de fumigación, entre el 2001 y el 2002 [CODHES, “Destierro y Desplazamiento”].

En relación con el conflicto armado en Colombia, se amplía el modelo de “seguridad democrática” hacia las áreas de frontera, con la complacencia de los gobiernos andinos, incluidos Ecuador y Venezuela. En el núcleo mismo del conflicto armado, aparte de la fumigación intensa, se viene dando una pugna por el control de cultivos, rutas, corredores estratégicos, en su mayoría asentados en las zonas de frontera, afectando a campesinos, indígenas, afro colombianos, desplazados mujeres y niños.

Otro factor que incide sobre el conflicto armado colombiano son las condiciones en el resto de países vecinos: crisis política en Venezuela y superándose en Argentina, crisis social en el Perú, débil gobernabilidad en Ecuador y Bolivia, crisis económica en todos los países.

Las más recientes cumbres o reuniones tienden a seguir ad infinitum la secuencia de criminalización de las drogas, en un proceso de internacionalización en materia de interdicción y administración de justicia sin respeto por las jurisdicciones nacionales.

Existe la necesidad de mostrar otras opciones: Criticar a los medios de prensa en contra de artículos y noticias alarmistas; Exigir la cancelación de ejercicios y entrenamientos militares supervisados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la región; Diálogos con las FF.AA y Policía sobre la seguridad sin afectar los derechos de la población: campesinos, colonos, indígenas en particular; Involucrar a las Universidades Nacionales para darle seguimiento a la situación de las fronteras nacionales andinas; Seguimiento al tema de fronteras en la agenda de la Comunidad Andina de Naciones; Citas con los Comités o Comisiones de Congresos, para abordar situación, leyes de promoción a las fronteras, solicitud de democratización de las agendas de frontera que se manejan en las cancillerías.

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