A
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO
“POR UNA SOCIOLOGÍA DEL NARCOCULTIVO DE CANNABIS SATIVA”
Darío González Posso
El
documento del brasilero Jorge Atilio
Silva,
contiene aspectos de gran interés sobre “la sociología del cultivo” de la
marihuana en Brasil. Aunque el autor no hace un estudio comparado, puede ser
útil para la interpretación del problema de los cultivos de uso ilícito en
otros países como Colombia, donde se encuentran en la actualidad las mayores
extensiones de cultivos de hoja de coca dirigidos al proceso de la cocaína. Tal
utilidad se podría derivar de identificar similitudes y diferencias en dos
escenarios: el brasilero y el colombiano.
Las coincidencias más importantes se relacionarían quizás
con la existencia en ambos países de profundas crisis agrarias, inequidad
en la distribución de la propiedad de la tierra, políticas macroeconómicas de
efectos nefastos sobre la producción campesina, destrucción de las economías
campesinas tradicionales. Los megaproyectos en Brasil, en especial en el
Nordeste, entre ellos embalses e hidroeléctricas, como en Colombia, causan
desplazamiento forzado.
Frente a la voracidad del Capitalismo agrario y al
impacto de políticas ejecutadas por los sucesivos gobiernos, que condujeron la
economía campesina a una extrema pobreza, el campesino cultivador de los
“ilícitos” en Colombia, como el campesino del Nordeste brasilero, son rehenes
de estrategias de supervivencia, entre ellas su vinculación a cultivos
proscritos. Hay una coincidencia entre la aplicación de las políticas
neoliberales, el empobrecimiento de los campesinos y el desarrollo de cultivos
de uso ilícito, aunque quizás debemos agregar que tales condiciones no
constituyen razón suficiente para la interpretación del fenómeno, pues hay
países donde confluyen factores similares pero que no se configuran como productores de los mencionados cultivos.
Este hecho quizás debería ser objeto de estudios comparados.
Pero independiente de la interpretación de las causas,
también es cierto que tanto en Brasil, como en Colombia, además de los factores
estructurales antes anotados y de políticas públicas desfavorables, el
campesino vinculado a los cultivos proscritos también es un rehén de los
empresarios del "narconegocio", “traquetos” y narcotraficantes. Ellos controlan buena parte
de la cadena productiva, suministran una porción considerable de los insumos,
controlan procesos de transformación, la comercialización y el tráfico, y se
aseguran enormes lucros. El campesino se ubica en el lugar donde están los
mayores riesgos y las menores ganancias. Como si fuera poco, el campesinado
colombiano también sufre la presión económica, de poder y de violencia del
conjunto de actores que se lucran de la economía de las drogas ilícitas.
Pero
una diferencia básica con la situación de Brasil es, sin duda, la existencia en
Colombia de un conflicto armado interno y la vinculación de la economía de los
cultivos "ilícitos" y de las mencionadas drogas a la economía de la
guerra, economía que tiene actores precisos que son grupos armados irregulares
(paramilitares e insurgentes). Por esto, las propuestas para sustraerle la mano de obra campesina al
narcotráfico, debe completarse con la idea de sustraer la mano de obra campesina a la economía de la guerra, pero no mediante
los métodos de la guerra misma, de la agresión, o de la erradicación forzada,
de la fumigación y de la penalización (incriminación), sino mediante
alternativas pacíficas y orientadas a la recuperación de la economía campesina.
Las políticas de erradicación forzada desarrolladas por el Estado colombiano,
dictadas desde Washington, tienen un contenido en últimas bélico; la fumigación
aérea sobre zonas con presencia de cultivos proscritos constituye una operación
de guerra. Más aún: por cuanto hay una utilización masiva de líquidos tóxicos
en fumigaciones dirigidas a objetivos civiles, en Colombia se está en presencia
de una guerra química contra una parte del campesinado. Mediante tales
fumigaciones el Estado viola derechos humanos e infringe normas del Derecho
Internacional Humanitario; afecta las fuentes de alimentos y por tanto la
seguridad alimentaria, viola el derecho al medio
ambiente sano, produce desplazamiento forzado de poblaciones. Nueva violencia
del Estado colombiano sobre el campesino, que se suma a la violencia
tradicional del capitalismo agrario.
Crisis
agraria, concentración de la tierra, ausencia de políticas públicas que
protejan la economía campesina, desplazamientos forzados, confluyen en Brasil
con la expansión de los cultivos de marihuana en el "Polígono da maconha", en el marco de un sistema que se articula
con las economías locales, interregionales e internacional. Esto hace parte del
objeto de estudio.
Darío González Posso