RECOMENDACIONES DEFENSORIALES FRENTE AL PROGRAMA DE
ERRADICACIÓN AÉREA DE CULTIVOS ILÍCITOS CON GLIFOSATO[1]


Yamile Salinas Abdala
Delegada Derechos Colectivos y el Ambiente. Defensoría del Pueblo

 

RESUMEN
 

La Defensoría del Pueblo ha manifestado que la erradicación aérea con químicos, no ha demostrado su efectividad en la lucha contra la producción de sustancias sicotrópicas.

La lucha contra dichas sustancias privilegia la política criminal en desmedro de la protección de bienes tutelados constitucionalmente y de las políticas públicas que los desarrollan, tales como: (a) el principio de diferenciación positiva a través del cual el Estado debe brindar protección especial a la población más vulnerables (menores de edad, personas en situación de desplazamiento, miembros de los grupos étnicos y población rural), (b) los derechos a la salud, a la alimentación, a la salubridad pública y, por ende, a la vida y a la vida digna, (c) el derecho a no ser desplazado, y (d) la protección y conservación del medio ambiente, de los recursos naturales y de las áreas protegidas por razones étnicas, ecológicas y culturales, dentro del principio de desarrollo sostenible.

Todo lo anterior enmarcado dentro de los fines propios de un Estado Social de Derecho (C.P. art. 1º), en el que la solidaridad y la dignidad humana son sus principios rectores. En este orden de ideas, todas las instituciones estatales deben dirigir sus esfuerzos a asegurar la realización de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales y en los preceptos constitucionales y legales. Es decir, no le es dado a ninguna autoridad  en la aplicación de las políticas públicas (en este caso la lucha contra las drogas) ignorar o establecer medidas de excepción que desconozcan dichos derechos.

Es por ello que la Defensoría ha solicitado al Gobierno nacional adelantar las siguientes acciones:

  1. Suspender el Programa de Erradicación Forzada de los Cultivos de Uso Ilícito hasta que no se ejecuten las medidas que garanticen los derechos de los pobladores de las regiones en las que se adelanta;
  2. Descriminalizar al pequeño cultivador y
  3. Vincular a la comunidad internacional dentro del principio de responsabilidad compartida.

[1] Foro Social Mundial Temático. Mesa Impactos Ambientales, sociales y económicos de las políticas antidrogas. Cartagena de Indias, junio 18 de 2003

 


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