PROPUESTAS PARA SUSTRAER AL CAMPESINADO
DEL MERCADO ILEGAL DE DROGAS


Henry Salgado Ruiz[1]

 

RESUMEN
 

La búsqueda de soluciones integrales, sostenibles y participativas exige comprensión política y sociológica de las condiciones que obligaron a campesinos, indígenas y afro-descendientes a involucrarse con cultivos de uso ilícito. Es necesario reconocer: (1) el modelo de desarrollo agrario colombiano, concentración de la propiedad y expulsión de campesinos a grandes ciudades o a zonas de colonización; (2) las poblaciones campesinas que viven de tales cultivos están ubicadas en regiones con dificultades para articularse al mercado, obstáculos socio-económicos y ambientales para estabilizarse y condiciones de marginalidad que las convierte en mano de obra de la producción del mercado ilegal de drogas; (3) el Estado ha optado por salidas violentas y erradicación forzada, que no atacan las causas socio-económicas y políticas, por lo cual estos cultivos se convierten en actividad itinerante y las fumigaciones áreas con herbicidas causan grave daño al ambiente, la biodiversidad, la salud y la seguridad alimentaria de los pobladores.

La propuesta fundamental en relación con la producción del mercado ilegal de drogas es sustraerle la mano de obra campesina al narcotráfico. Esto se puede lograr a través de un Desarrollo Rural, concebido como proceso socio-económico, político y cultural, que busque niveles aceptables de producción y productividad de la agricultura campesina, e incluya la democracia, igualdad entre géneros, participación e inclusión política, creación de mercados locales sólidos y diversificados, mejoramiento de infraestructura y medios de transporte, distribución de la población, conservación de recursos naturales, manejo apropiado de ecosistemas y respeto por la diversidad cultural. Para ello es necesario trabajar por:

Construcción de nuevos modelos de desarrollo que atiendan las características de los ecosistemas, amplíen las oportunidades a los más pobres; reforma agraria que democratice la tenencia de la tierra en suelos de vocación agrícola, política de recomposición de la economía campesina que fortalezca la soberanía alimentaria del país, estabilice los procesos de colonización, revierta los flujos migratorios y contribuya a superar el desplazamiento forzado.

Estimulo a procesos de ordenamiento ambiental territorial que delimite áreas ocupadas y áreas protegidas, sustraiga los territorios de colonización situados sobre ecosistemas frágiles o sin perspectivas para una reconversión productiva sostenible; Extinción de dominio a las propiedades rurales de los narcotraficantes y de las subutilizadas y desarrollo de Zonas de Reserva Campesina en áreas de vocación agrícola y no sólo de colonización.

Suspensión de fumigaciones; no incriminación a pequeños cultivadores de coca y amapola, modificación del Estatuto de Estupefacientes, Ley 30 de 1986, programas de desarrollo alternativo ambiciosos, integrales y sostenibles; No incriminar el cultivo de coca y marihuana, o de cualquier otra planta utilizada en medicina tradicional, en rituales o como medio de socialización de comunidades indígenas que las utilizan como parte de su cultura o patrimonio del saber ancestral en la; Sustitución, no de la planta, sino del uso, para destinarla a la alimentación, la medicina, la industria y otros fines; Sustitución concertada, gradual, manual, limpia y compensada económicamente para los cultivos campesinos, y erradicación sin compensación y por medios manuales o mecánicos no contaminantes para las grandes extensiones comerciales; Defensa de la diversidad biológica y cultural, régimen especial de protección de conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de pueblos indígenas, comunidades campesinas y afro-americanas.

 


[1] Investigador del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP

 


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