POR
UN GIRO EN EL ANÁLISIS
Darío González Posso [1]
RESUMEN[2]
Esta
ponencia desarrolla dos temas básicos: El uso de las Armas químicas y
biológicas en la “guerra de las drogas” y la necesidad de evaluación
internacional de la ‘política de drogas’ y formulación de alternativas basadas
en el respeto de los derechos humanos.
Tales
armas son herramientas de una estrategia global que propone como meta “un mundo
libre de drogas” atacando la oferta en “la fuente”: el cultivo y el
campesino cultivador de coca, amapola o Cannabis.
Frente a esto, es frecuente escuchar un argumento inverso según el cual “el
origen del problema” que padecen los países con presencia de tales cultivos
está en la demanda, la existencia de un gran mercado de consumo. Ambas
trilladas argumentaciones son falsas. Es necesario un nuevo giro en el
análisis. Tras un siglo de represión, es patente que el origen del problema es,
en primer lugar, el Prohibicionismo.
El
combate a la oferta “en la fuente” mediante la erradicación forzada, en especial
a través de la aspersión aérea indiscriminada con armas químicas, que afecta
cultivos de alimentos, fauna, flora y a toda la población, constituye por parte
del Estado una violación de derechos humanos e infracción de normas básicas del
Derecho Internacional Humanitario, en el conflicto armado interno colombiano; operación de guerra que no distingue combatientes y población civil, ni
entre objetivos militares y bienes civiles.
Hoy,
en la región andina y amazónica la llamada “guerra de las drogas’, con todas
sus connotaciones de control geopolítico y de incremento de la presencia
militar estadounidense, adquiere nuevos bríos bajo la denominación de
“Iniciativa Andina Antidrogas”. En este contexto, el gobierno colombiano
incrementa la guerra química contra el campesinado, con el argumento de
liquidar las fuentes de financiación de grupos armados al margen de la ley. La
utilización de armas químicas y un eventual uso de armas biológicas, con sus
funestos efectos sobre la salud humana y el medio ambiente son apenas
instrumentos de la estrategia global mencionada.
De ahí la iniciativa de una Comisión Mundial de alto nivel, independiente de los gobiernos y organismos multilaterales para evaluar las políticas de “drogas” y formular alternativas que sí respeten los derechos humanos de sus pueblos dentro de su diversidad. Se propondría −como parte de sus objetivos− encaminar un debate social, horizontal e incluyente, sobre la incriminación de los campesinos cultivadores de coca, Cannabis y amapola, y las condiciones y medidas que atañen a los usuarios. Buscaría dialogar desde su conjunto de conocimientos y experiencias con instancias oficiales nacionales y multilaterales con propuestas de responsabilidad social y correspondencia política. Con estos fines un paso propuesto es la revisión, abrogación o enmienda de las Convenciones de Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988. En esta dirección, un camino esencial es entablar un dialogo social sobre el lugar merecido del uso cultural, medicinal, industrial, recreativo y alimenticio de las plantas de coca, Cannabis y amapola, condenadas de manera injusta como “sustancias prohibidas” por las Naciones Unidas en 1961. También es indispensable analizar el problema desde una perspectiva agraria. Hacen falta reformas agrarias democráticas y políticas macroeconómicas orientadas a la recomposición y protección de las economías campesinas, indígenas y afro-descendientes. El análisis y las alternativas desde las “políticas de drogas” es insuficiente. Es necesario promover, defender y garantizar el derecho a la tierra y el derecho humano fundamental al alimento.