DROGAS, DERECHO Y DEMOCRACIA
Rodrigo Uprimny
RESUMEN[1]
Esta
ponencia plantea que existen diferentes modelos de manejo jurídico de sustancias sicoactivas,
esencialmente cuatro: (I) Guerra
a las drogas, (II) Reducción del daño, (III) Legalización regulada, (IV)
Liberalización. Hace la distinción de cada uno de estos modelos y menciona sus
costos y beneficios.
En relación con la justificación de las
penas sostiene que la carga de la prueba la tienen quienes defienden la
penalización de un comportamiento; expone los criterios clásicos: retribución y prevención; los
límites del dolor y la pena: el respeto a la autonomía y al pluralismo; el
argumento utilitario de la necesidad y proporcionalidad: costos y beneficios de
la pena.
Desarrolla el argumento de la autonomía
y defiende el principio de que sólo es posible penalizar comportamientos que
afecten derechos de terceros. Aplicado a las sustancias sicoactivas
señala que el consumo no afecta derechos de terceros. Por lo tanto,
concluye que la penalización del consumo es ilegítima, y por ende la
prohibición es inconsistente.
Se refiere a tres tipos de
objeciones al principio de autonomía y dignidad: filosóficas, empíricas y
políticas:
Sobre las objeciones filosóficas,
discrepa con el principio de que el Estado puede imponer modelos de virtud;
advierte sobre los riesgos de totalitarismo y la distinción entre promoción de
modelos de virtud e imposición coactiva de los mismos; y concluye que el Estado democrático puede promover vida
sana pero no imponerla coactivamente por medio del derecho penal.
Sobre las objeciones empíricas, como
estas se basan en la idea de que el consumo de drogas afecta a terceros,
insiste en que los casos señalados no están referidos a derechos de terceros o
al consumo de drogas como tal, sino a otros comportamientos; establece la distinción entre consumo privado y público, y
entre adultos y menores; y concluye que el Estado democrático puede regular
el consumo de drogas entre adultos, pero no prohibirlo o penalizarlo.
Sobre las objeciones políticas, dado
que el argumento autonómico
no persuade, debido a los temores de la población frente al abuso de las
drogas; la tesis de la carga de la
prueba de quien defiende la penalización tampoco persuade en materia de drogas,
por tanto expone la necesidad de justificaciones utilitarias en torno a la
necesidad de la despenalización de la producción, distribución y consumo de
sustancias sicoactivas.
Plantea las bases de un análisis
utilitario de las políticas frente a las drogas: (1) Distinción entre “problemas primarios”
(ligados al consumo de drogas, independientemente de cualquier política) y
“problemas secundarios” (costos ocasionados por las políticas de control); (2)
Evaluación teórica y empírica de los problemas primarios y secundarios de los
distintos modelos.
Sobre la valoración de los costos y beneficios
de los diferentes modelos, menciona:
Modelo I (guerra a las drogas). Beneficios: Eventual reducción oferta; Eventual
reducción consumo. Costos:
Economía ilegal que provoca violencia y corrupción; Restricción libertades;
Sobrecarga aparato judicial; Paradoja sanitaria.
Modelo II (reducción del daño). Beneficios: Integra al consumidor y evita delitos;
Reduce prisión; Disminuye riesgos sanitarios; Costos: Eventual aumento del consumo; No elimina
economía ilegal mayorista.
Modelo III (Legalización regulada). Beneficios: Integra al consumidor y evita delitos;
Reduce prisión; Disminuye riesgos sanitarios; Reduce economía ilegal mayorista;
Costos: Eventual aumento del
consumo.
Modelo IV (Liberalización). Beneficios: Integra al consumidor y evita delitos, Reduce prisión, Disminuye riesgos sanitarios, Reduce economía ilegal mayorista; Costos: Probable aumento del consumo y del abuso; Evita políticas preventivas y educativas.