El POLO Y EL GRAN DILEMA DE LA DROGA

En
nuestro IDEARIO DE UNIDAD, (numeral 6) Política Nacional de Drogas, quedó
consignado como punto fundamental de la unidad de nuestro partido, el  tener   una visión compartida para
impulsar una política contra los estupefacientes y su tráfico[1]. No
estábamos equivocados al seleccionar este tema como uno de los siete
puntos del ideario. Hoy ratificamos nuestra propuesta y la complementamos;  nos sentimos obligados a ser más determinantes
en nuestra tesis, porque el fenómeno se ha vuelto mucho más grande
y complejo. El problema de las drogas en Colombia requiere de medidas radicales
y futuristas, porque el desgaste de nuestra sociedad en la actual lucha, no ha
podido doblegar este flagelo y por el contrario, la política actual no
tiene un futuro conveniente para el conjunto de nuestra ciudadanía,
aunque existen algunos pequeños grupos de la población muy
altamente beneficiados con ella. Naturalmente, a ellos no les conviene un
cambio de paradigma, son defensores del statu quo actual y harán lo que
consideren necesario para mantenerlo, utilizando todos los instrumentos, medios
y recursos que tengan a su alcance, los cuales,  por el lugar privilegiado que ocupan en
la estructura de nuestra sociedad son definitivamente muy poderosos.

En los
Estados Unidos fueron necesarios tan solo 13 años para entender que el
prohibicionismo  al alcohol  como remedio a la adicción
terminó siendo peor que la enfermedad y lo acabaron en 1933.El mundo por
el contrario lleva 47 años desde 1961, con la Convención
Única de Estupefacientes, enfrascado en un prohibicionismo furioso y
dogmático contra las drogas psicoactivas. Por el contrario, el crimen
organizado encontró en el prohibicionismo de las drogas un pilar
fundamental en su fortalecimiento y diversificación de su portafolio
delictivo. La  política moderna[2] represiva
contra las drogas, fue impuesta por los Estados Unidos desde 1982, cuando
el  entonces presidente de los
Estados Unidos Ronald Reagan, lanzó al mundo una de sus más
famosas consignas: "Guerra contra las drogas”,  se ratificó a nivel global en 1988
en Viena, Austria,  en la cumbre
organizada por las Naciones Unidas "contra el tráfico de
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas" y fue aceptada
sumisamente por nuestros gobiernos, “Colombia lleva 30 años  de autodestrucción química
sistemática. Tres décadas de envenenamiento sin tregua de sus
niños, campesinos, ríos, alimentos, ganado y tierras que
tardarán años en sanar, [3]si es que
se recuperan.” Política que evidencia  su fracaso al no lograr los objetivos: “atacar
el comercio de drogas ilícitas en todas sus etapas: la
producción, el transporte y el consumo. Al mismo tiempo hay que cortar
todos los pasos de la corriente de dinero que va de los consumidores a los
productores, a fin de que a los traficantes les resulte más
difícil transferir sus beneficios por medio de los sistemas bancarios
internacional y nacional, disfrutar de esos lucros mal habidos, comprar hoja de
coca a los agricultores y pagar a los elaboradores que la refinan.”[4]Los
propósitos de disminuir la producción, las hectáreas
cultivadas y el consumo, no pasó de ser una quimera.

Ha
llegado el momento de dilucidar el gran dilema de la droga y de tomar una
posición democrática pero agresiva al respecto. La población
colombiana, los actores directos e indirectos,  deben estar involucrados en  la elaboración e
implementación de una  propuesta para que se adopte una
política de estado coherente con los tiempos que vivimos y con los que  están por venir en el futuro
próximo y lejano.

El gran
dilema de la droga es un compuesto de muchos dilemas particulares con vida
propia, que se interrelacionan, se condicionan mutuamente, se retroalimentan,
se interfieren y se impulsan al mismo tiempo. Puede verse como una  red o  sistema autopoiésico, altamente
dinámico y peligroso, enquistado
en la estructura y en la superestructura de nuestra sociedad: en el
corazón mismo de nuestras relaciones sociales, en nuestra frágil
economía, en nuestras instituciones democrático-burguesas y en
nuestra inteligencia colectiva.

LA DROGA EN NUESTRAS RELACIONES SOCIALES

Las
cifras relacionadas con el negocio de las drogas son imprecisas y dependen de
la fuente, podríamos decir de las percepciones e intereses de las
fuentes. Las imprecisiones no son gratuitas y tienen un carácter
ideológico.

De acuerdo con la
información oficial, la erradicación de coca y amapola ha ido en
aumento, año tras año, gracias a los grupos móviles de
erradicación (GME). Se afirma que en 2004 fueron arrancadas 3.411 hectáreas,
en 2005 un total de 33.413,59, en 2006 sumaron 43.043,21, y en 2007 alcanzaron
las 66.805.[5]

Sin
embargo, aunque el Gobierno le aseguro al país que no quedaba ni una
mata de coca en el  Departamento del
Putumayo, según F. Thoumi, las últimas estimaciones del área
cultivada con coca en Colombia ha tenido repercusiones políticas
importantes. A pesar de la intensa campaña de fumigación y
erradicación manual adelantada por el gobierno durante el último
año, el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI)
administrado por la oficina de las ONUDD, estimó que en el 2007
había 99 mil hectáreas cultivadas con coca, cifra que implica un
aumento del 27% con relación a las 78 mil hectáreas estimadas por
el año anterior. De acuerdo con la serie del SIMCI, éste fue el
primer aumento sustancial en el área cultivada desde 1999. Sin embargo,
el presidente Uribe estuvo en desacuerdo con estos resultados y decidió
que la ONUDD
dejara de administrar el SIMCI.[6]A falta
de un evaluador más calificado y aceptado por la comunidad, el
presidente tuvo que solicitar a SIMCI que continuara con sus servicios en el
país. Nos parece importante registrar también algunos datos del
Departamento de Nariño. Al finalizar la administración Samper en
1998, este ente territorial estaba alrededor de tan solo tres mil
hectáreas de cultivo y no se fumigaba ni un solo centímetro con
glifosato. Pero la medicina del Plan Colombia  parece haber abonado la coca como nunca.
Porque el Departamento termina aumentando sus cultivos de coca en mas de  nueve mil. Se han fumigado mas de 215.000 hectáreas
con un costo de 134 millones de dólares, que es el mismo costo pero a
escala nacional de lo que el gobierno ha entregado a las familias
guardabosques.

El
fracaso de la política impuesta por los Estados Unidos tiene expresiones
inequívocas en nuestras relaciones sociales. En el proceso de
producción, distribución, redistribución  y consumo de las drogas en Colombia, se
reflejan las condiciones laborales extremas de nuestra cotidianidad, una gran
apropiación de riqueza por unos pocos poderosos  y una extremada explotación   de grandes cantidades de trabajadores dependientes
e independientes, que se ven obligados por las condiciones de vida que tienen  a desempeñar diversos y no tan
santos oficios. En días pasados pudimos leer[7] que se
dio una reorganización al poder de los narcotraficantes que hace
más de una década se estableció en el Urabá
antioqueño. Alias Don Mario, “paga el mejor sueldo de la guerra. A
los patrulleros 700.000. Al trabajo político en un pueblo, dos millones.
Y si dirigen las finanzas de la organización, llámese manejo de
lanchas rápidas, el sueldo puede llegar a los 10 millones”. Los
habitantes de la región no tienen mejor opción de ingresos. Lo
mismo sucede en muchas otras áreas rurales y barrios marginales del
país, donde la calidad de vida y las políticas sociales nos les
deja otra alternativa, así la esperanza de vida de la población vinculada
a esas actividades sea de las más cortas del mundo. Los personajes como
Don Mario se repiten a lo largo y a lo ancho del territorio colombiano y son la
mejor alternativa de ingresos para una parte importante de ciudadanos. Pero ese
tipo de trabajo, independientemente de los beneficios personales de los
trabajadores, genera riquezas difícilmente cuantificables para los capos
y las élites.

Según la ONU más del 80% de la cocaína
mundial la produce Colombia. La participación en el mercado de
heroína es mucho menor: entre el 2 y el 3%. En términos de
ingresos las operaciones de las drogas estarían dejando a los
narcotraficantes algo más de 360.000 millones de dólares anuales,
cifra descomunal con la que doblegan al poder y a un sector importante de la
sociedad civil.[8]
610 toneladas de droga en promedio producen
los narcotraficantes colombianos al año para poner a circular en los
mercados de Norteamérica y Europa;  de éstas, 180 toneladas de droga
son las que aproximadamente salen de Colombia por la ruta africana,  con destino a Europa  donde los precios alcanzan un 50%
más que en Estados Unidos.[9]

Esta
percepción sobre los volúmenes  de producción, comercialización
e ingresos no es nueva. Hace treinta años el diario El Tiempo,
advertía que hasta finales de 1978 se habrían capturado 50.00
millones de pesos en droga[10], cifra
que para entonces era bastante exagerada, cercana al delirio.  Desde entonces se manifestaba claramente,
que ese poder económico
clandestino influía significativa pero negativamente en el desarrollo de
nuestra sociedad.

Más
recientemente,  en
1995, por ejemplo una publicación de Gestiópolis nos informa que,
“un subcomité del Senado estadounidense afirmó que el
comercio mundial de drogas asciende a
500.000 millones de dólares anuales. A principios de los noventa
el Grupo de Estudio de Acción Financiera de la OCDE (Organización
para la Cooperación
y el Desarrollo Económico) lo estimó, con base en el gasto
realizado en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y
marihuana, en 100.000 millones de dólares al año. La primera suma
convertiría al narcotráfico en el segundo mayor comercio en el
mundo, sólo abajo del de armamento; la segunda, si bien muy inferior,
supera al PIB global de la mayoría de los países
latinoamericanos, incluida Colombia, y haría del narcotráfico la
empresa ilegal más exitosa del mundo. Un valor anual promedio de 300 000
millones de dólares equivaldría al de la industria petrolera
mundial. En las estimaciones de los ingresos del narcotráfico en
Colombia se refleja la misma heterogeneidad. Por muchos años se
manejaron montos espectaculares que numerosas publicaciones reprodujeron sin
recato. Se llegó a afirmar que dichos ingresos sumaban de 18 000 a 25 000 millones
de dólares anuales (casi 50% del PIB). Otros precisan que sólo la
mitad de ellos regresa a Colombia y el resto se coloca en el extranjero,
particularmente en Estados Unidos. Los estudios sobre el fenómeno de las
drogas suelen omitir la metodología empleada para calcular los montos y
a menudo se basan simplemente en otras estimaciones. Uno de los primeros
esfuerzos de análisis serios y sistemáticos del
narcotráfico en Colombia, con una metodología rigurosa para
evaluar con mayor precisión la producción, el comercio y los
ingresos de la actividad y sus efectos en la economía del país,
lo realizó el economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio. Previa
explicación de su modelo econométrico, Sarmiento concluye que en
los años ochenta la participación de Colombia en el
tráfico mundial de cocaína fluctuó de 1500 a 4000 millones de
dólares anuales, de los cuales ingresaron realmente al país de 900 a 1 300 millones.”[11]  No cabe duda que el negocio fructifica
crecientemente y que la política represiva tiene resultados decrecientes
“las
ganancias de las drogas ilegales están tan infladas que tres cuartos de
todos los embarques deberían ser interceptados con el fin de reducir de
manera significativa lo lucrativo del negocio. Sin embargo, solo es
interceptada el 13% de los embarques de heroína  y un máximo  del 28% para el caso de la
cocaína”; para otros analistas solo se interceptan el 10% de las
drogas que circulan hacia los mercados de los países industrializados
del mundo.”[12]

LA
DROGA EN NUESTRA ECONOMÍA

Sean cuantos sean, las hectáreas cultivadas
y el precio de las cosechas, el hecho es que la reproducción de las
drogas ilícitas en forma monopólica típica del capitalismo
(carteles), acompañada de muchedumbres de microproductores trashumantes
que abastecen a los grandes comerciantes,  interfiere  en el aparato económico nacional:
altera el normal desempeño de las formas de propiedad de tierras,
trabajo y capital; distorsionan  la
producción de bienes y servicios, los equilibrios de los mercados,  las pautas del consumo,  las tasas de la ganancia,  las finanzas del estado,  los niveles de las divisas y todos los
demás aspectos relacionados con las actividad económica legal,
incluyendo la guerra. “En el modelo de
desarrollo económico colombiano el negocio del tráfico de
narcóticos y todo el submundo que éste genera (ver y vivir la
realidad al día, sicariato, corrupción política) fue
contemplado como herramienta eficaz tanto para el desarrollo de la
economía como para ejercer un control social a favor de las elites en el
poder.”[13] Se entiende sin lugar a
dudas, que existen razones de peso y de pesos, para mantener las
políticas actuales del gobierno y del estado colombiano. Esto hace afirmar
que “como el narcotráfico es un negocio prohibido está en
manos de los malos. Es natural y previsible que, gracias a él , los
malos vayan ganando.”[14]  No es extraño entonces que al
preguntarle María Isabel Rueda, al general Rosso José Serrano,
sobre las posibilidades de legalizar o despenalizar la droga, haya contestado:
“Creo que eso es una utopía. No lo veo posible. Aquí en
Europa, en los años que llevo en reuniones, en seminarios, nadie se
atreve a poner el tema… en Europa hay mucha coherencia para combatir el
terrorismo y la inmigración ilegal, pero nunca he visto que se organice
una reunión para tratar en serio una política coherente para
combatir el consumo de la droga… nosotros tenemos el problema de la
mafia, mientras aquí tienen un problema de salud… el estado(europeo)
es indiferente, porque la persona puede hacer lo que quiera consigo misma si no
le hace daño a un tercero…”[15]

De otra
parte,  los inmensos gastos
estatales de la lucha contra  el
narcotráfico, aunado a  la
poca eficacia y eficiencia en la ejecución de estos recursos, alteran de
manera significativa el desarrollo de la economía y benefician
igualmente de manera jugosa a algunos actores, entre los que cabe resaltar a
los productores de armas y elementos de la logística bélica,  que obtienen beneficios de una guerra permanente.
Recursos de los colombianos,  que no
tienen un control social riguroso. La ciudadanía no tiene conocimiento
de lo que implica en su calidad de vida el gasto de la lucha contra el
narcotráfico y lo que representa para aquellos que salen
beneficiados  por mantener dicha
política. Hay poco seguimiento a la ejecución de los programas y
proyectos, que deben contar con indicadores de gestión y de impacto como
lo indica la normatividad administrativa del Modelo Estándar de Control
Interno y de la Gestión
de Calidad.

De acuerdo con el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos,  durante los dos gobiernos del presidente
Uribe, se aumentó en un 40 por ciento el pie de fuerza. Pero eso no es
todo,  anunció que en 2009 se
comprarán 7 plataformas de inteligencia, se instalarán 107 nuevas
estaciones de policía, se contará con 3 nuevas brigadas
móviles, 2 batallones de ingenieros, 4 compañías
móviles, 20 nuevos helicópteros, 5 aviones, 48 vehículos
blindados y 20 obuses. La
Armada tendrá 11 compañías de asalto
fluvial, 2 estaciones de guardacostas y una compañía de
fusileros. Nodrizas, 131 botes, 2 estaciones móviles de apoyo fluvial, 1
avión patrullero marítimo, 3 patrulleras y la extensión de
vida útil de 4 fragatas y 2 submarinos. La Fuerza Aérea
instalará un grupo aéreo en Yopal, Casanare y otro grupo
aéreo en Leticia, Amazonas. Tendrá 12 helicópteros de
combate, 9 aviones de transporte, 1 avión b-767, siete plataformas de
inteligencia, 25 aviones de entrenamiento, la modernización de 6
helicópteros UH-60 y de 11 aviones  K-FIR y la adquisición
de otros 13 K-FIR. En cuanto a la Policía señaló que
contará con 8.903 vehículos con una inversión en movilidad
de 267 mil millones de pesos. Este año se activarán otras 107
estaciones de Policía y el próximo año, (2010), 41.[16]Cuánto
podría ser el beneficio social si buena parte de esos recursos que se
destinan a la guerra se pudieran dedicar a la paz, a la generación de
empleo y riqueza, a mejorar la alimentación, la vivienda, la salud, a facilitar
el retorno de los 2.500.000 desplazados a sus tierras, si se pudieran invertir
en felicidad.

Estamos de acuerdo con Natalia Springer cuando afirma en su columna de
El Tiempo, de 2 de febrero de 2009
que “Lo que hay que hacer es desvalorizar el narcotráfico
como el negocio que proporciona los medios que multiplican las fuentes de
violencia en Colombia y ese propósito  precisa de un esfuerzo que supere el
enfoque estrictamente militarista.”[17]

Son
interesantes los comentarios de José
Fernando Isaza, quien dice que en el año 2007, el gasto en
defensa y seguridad alcanzó el 6,32% del PIB. Para poner esta cifra en
contexto, puede compararse con el valor de la cosecha cafetera que representa
el 1,1% del PIB. Es decir, Colombia no es un país cafetero, es un
país militar. Estados Unidos destina el 4% del PIB al presupuesto de
defensa, incluyendo la guerra de Irak, en los países europeos el gasto
en defensa es del 2% del PIB.[18] Es
necesario recordar que este gasto no es esporádico, sino que es un gasto
permanente. Insistimos además que deja grandes beneficios a los
productores y comercializadores de suministros de guerra, quienes
lógicamente no están interesados en cambiar las condiciones del
país.

Respecto al consumo,  en un debate en la Cámara de
Representantes, el representante
liberal Guillermo Rivera para cuestionar el éxito de la lucha
gubernamental antidrogas, dijo:"Yo le pedí al Ministerio de
Protección Social la cifra de los adictos que hay en Colombia, y no
tiene ni idea. Parece una política construida a partir de especulaciones
y rumores que pueden ser ciertos, pero sin fundamento".[19] De
todas maneras, existe la percepción general que independientemente de
los esfuerzos del gobierno, el país ha dejado de ser solo productor de
drogas ilícitas y se ha convertido además en un país
consumidor de las mismas. Es más, los entes gubernamentales en su
afán de arreciar la represión la justifican con
información al respecto. El subcomandante
de la Policía
de Antinarcóticos coronel José Ángel Mendoza, en la
rendición de cuentas de la entidad a su cargo afirmó que
"Más de dos millones de colombianos son consumidores habituales de
sustancias estupefacientes, esto nos los va a confirmar un censo de hogares
colombianos"[20]Esta
afirmación, además de ser una confesión no pedida sobre el
éxito de la política gubernamental contra la droga, es una
muestra de la capacidad de predicción de la  inteligencia militar.

Según
las Naciones Unidas el consumo de drogas en Colombia ha venido creciendo, pese
a las medidas y al afán prohibicionista. Y este crecimiento no es de
cualquier magnitud. Con referencia a Colombia – dice la ONU- “las
estadísticas disponibles sugieren un consumo creciente de todas las
sustancias ilícitas, incluidas aquellas que hace unos años eran
prácticamente desconocidas (como la heroína y el éxtasis).
Cerca del 5% de la población colombiana ha consumido marihuana; casi el
1% ha consumido o consumen regularmente cocaína y, aproximadamente, 0.3%
son adictos al bazuco[21]”.[22] El
vicepresidente de la Junta  Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes de la ONU confirma que “El consumo de drogas en
Colombia está afectando desde los 7 años hasta los setenta
años de edad y obviamente la población mas vulnerable es la
infantil, los adolescentes y los adultos jóvenes”[23] Estos
datos datos demuestran solventemente el fracaso de la política de
represión y de los efectos del Plan Colombia,  en la lucha contra el consumo. Se
ratifica lo necesario que es cambiar de estrategias y de tácticas. Los seis mil millones de dólares
invertidos desde el 2000 en el Plan Colombia no han reducido la cantidad de
toneladas de cocaína que produce el país, y la superficie
cultivada, que disminuyó algunos años por la fumigación,
está aumentando de nuevo. Ni siquiera la erradicación manual
parece funcionar.[24] Pero
tampoco han logrado disminuir el consumo.

Ultima hora Caracol.com,
febrero 20 de 2009.El Gobierno acaba de recibir los resultados de la Encuesta Nacional
de consumo. Tres millones y medio de colombianos  han fumado marihuana,  el ocho por
ciento de los colombianos admite haber consumido marihuana por lo menos una vez
en su vida, lo mismo que el 2.5% admiten haber consumido cocaína,
el 0.9 por ciento admiten haber consumido éxtasis. Ni la inteligencia
militar fue capaz de acertar un crecimiento tan acelerado del consumo. Lo
dicho: la política del Plan Colombia respecto al consumo de drogas
ilícitas ha sido un fracaso.

LA DROGA EN NUESTRAS INSTITUCIONES

Nadie
podría afirmar con certeza y mucho menos con objetividad,  que existe alguna Rama del Poder
Público colombiano que no haya sido permeada,  de una u otra manera, por el
narcotráfico.  Los aparatos Legislativo,
Ejecutivo y Judicial,  a través
de sus diferentes instituciones nos ofrecen, con una frecuencia nada deseada,
noticias relacionadas con la corrupción en donde los narcotraficantes
son actores de primera línea. El poder del narcotráfico llega
inclusive a los mismos órganos de control.

El supuestamente difunto Carlos Castaño,  uno de los más sanguinarios
paramilitares de todos los tiempos, en su momento celebró  "con sentimiento patrio" el
"triunfo democrático de las elecciones", y sobre las mismas,
el temible Mancuso, uno de los grandes capos del paramilitarismo colombiano,
hoy extraditado por narcotraficante a Estados Unidos,  reclamó la victoria de la tercera
parte del Congreso y la "liberación de media Colombia". De
manera similar,  Báez  de perfil idéntico a Mancuso, reconoció
la
Seguridad Democrática como la condición para el
proceso de incorporación a la sociedad y al Estado. Estos dos
últimos  líderes
paramilitares, que visitaron al Congreso de la República para
justificar sus actuaciones, asombraron al embajador estadounidense, W. Word, quien
dijo: "Escuchar al señor Mancuso hablando del sacrificio de las
autodefensas, para mí es un escándalo".Y ello no obstante
que está probado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
supo desde siempre de la vinculación de los paramilitares con altos
oficiales del Ejército de Colombia. Y lo aprobaron.  La interferencia de los paramilitares,
reconocidos negociantes de las drogas, en las instituciones del estado es
asunto conocido en las más altas esferas de la política nacional
e internacional: Adam Isacson, director de programas del Centro para las
Políticas Internacionales de Washington, señaló que desde
la campaña de 2002, en Estados Unidos se ha escuchado la denuncia que
muchos colombianos han hecho en el sentido de que el diálogo entre
paramilitares y el gobierno, es una conversación entre amigos para hacer
arreglos de impunidad.[25] Pero no
sería equitativo citar
exclusivamente a los paramilitares como los únicos que interfieren
el funcionamiento de las
instituciones del estado, es necesario reconocer que quienes dicen
luchar por un nuevo orden institucional, también tienen serios indicios
de estar comprometidos con el narcotráfico de donde obtienen grandes
beneficios económicos. La información oficial hace un par de
años nos advertía que setenta testimonios de reinsertados y
supuestos colaboradores, varias horas de interceptaciones de radio grabadas y
documentos emitidos por las Farc con instrucciones a cabecillas sobre
métodos de cultivos, el procesamiento y producción de
cocaína, su compra y su distribución; le permitieron a la Fiscalía General
de la Nación
comenzar… un proceso penal contra la cúpula de esa
organización armada ilegal por narcotráfico. Entre las pruebas, la Fiscalía
analizó un informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis
Financiero (Uiaf), una dependencia del Ministerio de Hacienda, el cual calcula
que la participación de las Farc en el comercio directo de las drogas
les representa el 30 por ciento del total de sus ingresos. La mayor parte de
estos recursos los derivan del “gramaje”, un tributo que cobran por
gramo de cocaína producido en sus zonas de influencia. Por esta
vía, calculó la
Uiaf, que las Farc pueden recibir al año 20.256
millones de pesos, 8,53 millones de dólares, y por la
comercialización de cocaína, 7.154 millones de pesos, 3,01
millones de dólares.[26] Este
poder económico de carácter ilícito, necesariamente tiene
que infiltrarse en las instituciones del estado, mucho más cuando su
carácter originario es precisamente la subversión del orden
establecido. Pero también podría reflexionarse sobre la
posibilidad de convertir parte de esos recursos en impuestos legales, como
hicieron en los Estados Unidos en la crisis económica de los 30 del
siglo pasado cuando legalizaron la producción y comercialización
del whisky.

La droga,
como objeto dinamizador de las relaciones ilícitas entre los
órganos del poder estatal y los narcotraficantes tienen un canal
expedito para vincularse, la corrupción.  La Corporación
Transparencia por Colombia lo explica con tino al afirmar que
“El narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados
ilegales como expresiones de la violencia, han conducido al debilitamiento de
la gobernabilidad y han movido la frontera de la ética en el
país. En consecuencia, han generado un escenario propicio para el auge
de la corrupción, y a la vez se ha convertido en un obstáculo
para combatirla. Los fenómenos de violencia, narcotráfico y
grupos armados ilegales, unidos con la intensidad que los vive Colombia han
presionado una mutación mucho más peligrosa de la
corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del
Estado.” [27] La desintitucionalización
del estado colombiano es otra de las graves consecuencias de la política
actual. En el comentado debate de la Cámara el ministro Fabio Valencia con
orgullo patriótico y rigurosidad científica refutaba la
acusación del fracaso, con el argumento  que el gobierno tenía 48
entidades del estado trabajando en la política antidrogas

La corrupción, sin duda alguna,
existía desde antes del auge del narcotráfico, pero los niveles
tan elevados de los años recientes pueden explicarse fundamentalmente
como una consecuencia de las oportunidades ofrecidas por la droga. El pago de
elevados sobornos para mirar en otra dirección, la infiltración
de los servicios de inteligencia y los contactos y apoyos mutuos en la lucha
contra la guerrilla y sus aliados fueron elementos de un proceso que
convirtió a importantes sectores dentro de la policía y el
ejército en aliados de los traficantes de drogas, al mismo tiempo que
otros sectores de estas instituciones se les oponían con firmeza.[28] En las
épocas de Al Capone, el prohibicionismo generaba este mismo
fenómeno.

LA DROGA EN NUESTRO  IMAGINARIO COLECTIVO

La moral y la cultura
social prevalecientes, los conceptos políticos, las ideas de lo que es  legal y de lo que es legítimo, los
valores  y  los principios, en resumen la conciencia
social colombiana se ha venido narcotizando. En el imaginario colectivo de
manera consciente o inconsciente se ha generado una cultura que crece
día a día y que está influenciada por el
narcotráfico. Cultura que además ha sido propiciada como nos lo
advertía,  desde el
año 1979 un íntimo aliado de los Estados Unidos al contarnos   que “ El informe de  ´Time´ sobre ´The
Colombian Connection ´en el cual se nos concede el dudoso honor de estar
narcotizando, envenenando y corrompiendo a millones de norteamericanos ya va a
camino de los archivos; todos los computadores especializados, todas las
fuentes de información sobre nuestro país y la América
Latina , y se seguirá  usando por los próximos diez
años, o más , en la Universidades , en las escuelas, en los colegios
de segunda enseñanza  y donde
quiera que alguien quiera saber que pasa en Colombia…”[29] Y
Previsión en la cual se quedó corto, si tomamos en cuenta la  visión contemporánea  que sobre los colombianos tienen en
diferentes partes del mundo.

La sociedad neoliberal,
con su dogmas de las manos invisibles del mercado como regulador de la
felicidad humana, con su propuesta de vender más incrementando el
fetichismo de la mercancía para obtener altas ganancias, incentivando el
individualismo por encima de la solidaridad y del bienestar colectivo,
impulsando la importancia de la forma sobre la esencia, la imagen sobre el
contenido, las mercancías de marca como símbolos de prestancia
social y tantos otros artilugios para lograr altas ganancias, aunado a las
posibilidades de obtener dinero fácil (?) mediante la
participación en la cadena de producción y mercadeo de las
drogas, ha convertido a este negocio ilícito en una opción de escalamiento
social. No son pocos los jóvenes de todos los estratos que miran de
reojo, con envidia y sin recriminación, la riqueza y el bienestar de los
llamados narcos o mágicos. Nuestra literatura y nuestro cine
contemporáneos más exitosos en el ámbito cultural
nacional, reflejando la realidad social de nuestros tiempos muestran este
fenómeno.

Pero al mismo tiempo,
por el otro extremo, un número no determinado de trabajadores
trashumantes, del campo en especial y de varias áreas urbanas, buscan la
opción de subsistencia digna en la participación del negocio. La
sustitución de cultivos propuesta por el gobierno se ha convertido en
una sustitución de productores, porque los que se retiran de la
producción para otros menesteres, son remplazados por nuevos trabajadores
y por otros que regresan en busca de mejores ingresos, que la economía
licita no les proporciona.

En estos grupos
poblacionales, los primeros y los segundos, el solo instinto de
conservación en principio, les hace crear y justificar sus propios
valores y conceptos sobre  sus  formas de actuar.   No se puede vivir con la conciencia
intranquila, siempre tendemos a justificar nuestras formas de vida, entonces se
recurre a crear nuevas escalas de principios éticos y morales, que les
facilita realizarse como mejor puedan.

En la formación
de la conciencia social indudablemente influyen las políticas
gubernamentales, que en su afán represivo, y aún en su esfuerzo
de prevenir la producción y el consumo, utilizan todos los medios a su
alcance para difundir ideas, las más de la veces equivocadas (“la
mata que mata”) y por lo tanto poco eficaces.

LAS
FALACIAS DEL PROHIBICIONISMO[30]

La
droga mata, dice el clásico slogan prohibicionista con el cual se
pretende acabar con el consumo. Recientemente surgió en Colombia otro:
arranca la mata que mata, refiriéndose a la mata de coca[31]. Lo que
debería decirse, sin embargo, no se dice: El cigarrillo mata, arranca la
mata que mata, que en este caso sería el tabaco. Como también el
alcohol mata, arranca la mata que mata que en este caso sería la vid y
la caña de azúcar. Pero en ningún caso hay espacio para
esta propaganda, que estaría más cercana a la realidad. Solo en
Estados Unidos mueren anualmente 400.000 fumadores y 50.000 personas fallecen
adicionalmente como fumadores pasivos. El alcohol mata en el año unas
80.000 personas, mientras que la inofensiva aspirina, por sobredosis, genera en
el mismo país y en el mismo año unas 2000 victimas. En contraste
con estos guarismos francamente alarmantes, tenemos que el número de
victimas causada por la cocaína en el mismo año es de 2.200
personas, a la par que la heroína causa 2.000 defunciones y la marihuana
no registra, como el hachís, ninguna victima[32].

Es
común escuchar a los padres de familias, a pedagogos y sicólogos
y aún a las mismas autoridades encargadas de perseguir la
producción, consumo y tenencia de drogas ilícitas, acerca de la
necesidad de apartar a los jóvenes y adolescentes de la Droga suponiendo la cocaina
y la marihuana, con el convencimiento, muchas veces expresados en la propaganda
antidroga,  de que ellas matan a
nuestros muchachos. Valdría la pena también incluir el
cigarrillo, el alcohol y la cafeína. Pero estas son legales, aunque
también transforman la conciencia, el ánimo y las percepciones.
Desde el punto de vista de una verdadera propaganda contra el consumo de drogas
ilícitas se debería tener un concepto científico al
momento de abordarla. No es posible hablar de ellas, con el ánimo de
educar sobre su no consumo, si no se hace con objetividad para que el ciudadano
y potenciales consumidores sepan a que atenerse. En este sentido la
posición de generar terror frente a las drogas apelando a conceptos
anticientífico, a la desinformación y a las medias verdades es
contraproducente.   Porque,
como se dijo, cada una de ellas produce efectos dispares que devienen de la
química – por demás diferente- que las componen y por lo
tanto diversos grados de peligrosidad. A la par, las dosis empleadas
constituyen un elemento importante, en relación con el efecto que puedan
producir. No es lo mismo unas copas de aguardiente que una botella; como
tampoco es igual el efecto de un pase de marihuana o una absorción de
unos cuantos gramos de cocaína, con una ingesta mayor o desproporcionada
de éstas sustancias.
La marihuana es un alucinógeno, la cocaína un estimulante
y la heroína un narcótico. ¿Que tienen en común?
Dos cosas: son psicoactivas y están prohibidas. Por estar prohibidas es
que son iguales.

Una
adecuada información es lo que precisan los ciudadanos para orientarse
en el mundo de las drogas. Información que desde luego debe puntualizar
en el grado de peligrosidad, pero a la vez, ver este fenómeno en
función de la dosis que se ingiere, en la tolerancia, los niveles
abstinenciales, los márgenes de seguridad y otros aspectos de singular
importancia. La velocidad mata, el colesterol conduce a la morgue  anualmente a millones de ciudadanos que
no aprendieron a darle el tratamiento correspondiente. En el caso de las
drogas, especialmente las consideradas ilícitas, hay que recabar la
importancia de no consumirlas por los efectos que unas determinadas dosis
puedan tener sobre los individuos. La peligrosidad con respecto a la sociedad
está en función directa de la dificultad de adquirirlas cuando se
presenta el síndrome abstinencial. Es ahí donde, sobre todo para
el caso de la heroína, el individuo adicto se torna peligroso y
actúa en función de dotarse de las dosis necesarias aún
recurriendo a acciones delincuenciales. A las drogas hay que mirarlas desde el
punto de vista de sus orígenes, de sus dosis, el modo de empleo, y el
por qué se usan, sobre todo porqué se usan unas y no otras, e
informarles a los ciudadanos cuales son las drogas cuyo uso es más
generalizado y la real o supuesta relación entre ellas. Sobre
éste último caso también existen especulaciones sin
criterios objetivos: por ejemplo, se dice a menudo, que una droga conduce
inexorablemente al consumo de las otras.

Se ha
recurrido con insistencia al carácter violento de quienes consumen
drogas, por las drogas mismas, como si sus propias sustancias indujeran a este
estado emocional. Cuando se asocia las drogas con violencias puede ser por la
que ellas mismas, como sustancias, generan de manera intrínseca a su
composición química o la violencia que crea el entorno de las
drogas ilícitas, ( incluyendo la violencia que acompaña a los
adictos cuando tratan de conseguir la dosis, asunto más frecuente en el
heroinómano)  donde
participan las bandas de narcotraficantes que manejan el negocio,
ilícito y terriblemente ganancioso, la fuerza pública que las
combate, las vendetta frecuentes entre ellas, el gran poder intimidatorio que
le sobreviene al conjunto de la sociedad y la gran grieta de corrupción
que abre, permeando todos los niveles de la institucionalidad, los sectores
privados influyentes y la sociedad en general.

Con
respecto al primer caso hay que considerar la existencia de entornos
económicos, sociales y culturales que predispone a la violencia
úsese o no drogas. Y que existe también una predisposición
en la estructura cerebral y síquica de muchas personas orientadas a
favorecer los actos violentos, que algunas drogas lícitas o
ilícitas pueden potenciar. No puede desconocerse que drogas como el
alcohol, muy seguramente, van a desinhibir a individuos con predisposiciones
hacia la violencia, pero no lo vuelve más, o menos violento. Igualmente,
puede suceder con ciertas drogas ilícitas. Sin embargo, si se observa el
comportamiento de las drogas en relación con sus impactos en el
organismo vamos a encontrar que la heroína duerme, la marihuana genera
estados de contemplación y que incluso en altas dosis “reduce los
efectos agresivos”, en contraposición del alcohol cuyo abuso puede
generar mayor predisposición hacia la violencia. En todo caso, ninguna
droga de las denominadas prohibidas convierte al ciudadano en un “terminator”.
En resumen, vistas las cosas en su conjunto, se tendría que concluir que
tanto las drogas, como la configuración síquica del
individuo  y los entornos
socioculturales inciden, al tiempo, en el cuadro de violencia que pueda
demostrar bajo los efectos de estas sustancias y que no son patrimonio
exclusivo de las mismas, llámese alcohol, ansiolíticos,
antidepresivos, barbitúricos, éxtasis, meta dona, LSD, marihuana,
cocaína, morfina, heroína y pare de contar.

En
cuanto al segundo caso, para nadie es un secreto las connotaciones violentas de
las drogas, la estela trágica de muertos, heridos, zozobras de toda
índole, que causa el negocio criminal. Hospitales, morgue,
cárceles, juzgados se congestionan a diarios por la horripilante
agresividad de las mafias por controlar el negocio del narcotráfico,
muchas veces con la complicidad de los poderes del Estado y siempre a costa de
la sociedad que mayoritariamente están por fuera del circulo siniestro,
pero terminan poniendo los muertos y heridos en el fuego cruzado entre las
distintas bandas y entre éstas y los aparatos de represión del
propio Estado. Esta es la verdadera violencia que genera las drogas.

Las
drogas conducen a la violencia, es el icono sobre el cual se basa gran parte de
la propaganda oficial y privada para combatirla. En verdad, en la medida en que
el negocio criminal permea casi todos los estamentos de la vida social y en que
está asociado a las más diversas variedades de las violencias que
se exhibe en Colombia, se puede afirmar, sin recato, que la droga conduce a la
violencia. Pero cual es la violencia de la drogas? Son las vendetta entre
narcotraficantes, por el control del negocio, lo que permanentemente
está dejando muertos en nuestras calles y en los parajes rurales. Son
los ajusticiamientos entre ellos, donde desafortunadamente, por estar metidos
en el negocios, caen oficiales de fuerza publica y policías, como también
servidores rasos. Es la violencia que desataron las fuerzas paramilitares
financiadas con dineros del narcotráfico, de los contratos, del saqueo a
la salud. Es la violencia contra los que se tuercen, según los capos,
sobre las mulas, sobre los sicarios. Esa es la violencia de las drogas y en
verdad cuantificarla es pavorosa: son 100 muertos diarios, 3000 al mes y 36.000
personas asesinadas por efecto de la prohibición, que es en
última quien sostienen  a los
carteles de las drogas. Esta violencia le ha costado la vida a candidatos
presidenciales, aquí recordamos a
Jaime Pardo Leal, Luís Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y
Carlos Pizarro, Directores de medios como Guillermo Cano, lo mismo que senadores,
representantes, policías honestos que las combaten, Obispos,  oficiales, procuradores, magistrados,
jueces, fiscales, a la par que su gran poder intimidador, es decir, violento,
doblega a funcionarios públicos y agentes del sector privado y los
coloca a su servicio, muchas, pero muchísimas veces como un acto
consciente y libre de quienes deciden por traicionar los ideales que
están llamados a defender. ¿Puede ser comparada esta violencia
con aquella procedente del consumo de las drogas prohibidas? El solo hecho de
pensarlo es un absurdo. Pero veamos. Se ha dicho que los consumidores son
violentos, No. Violento es el adicto, cuando no tiene para la dosis. Por lo
general este adicto se confunde con los cientos de ciudadanos que deambulan por
las calles cometiendo fechorías casi siempre ligada a proporcionarse la
dosis. Porque hay otro adicto que nadie conoce, tiene los recursos para
proveerse las drogas y pasa desapercibido. Se visibiliza al pobre, al llevado.
Y cuántas muertes produce la adicción? Los reportes de medicina
legal indican que en Bogotá el número de fallecimiento por
sobredosis está en 200 personas al año; en Medellín han
calculado unas 150 defunciones, y en Cali se estima en unos 170 ciudadanos.
Como se puede observar el número de fallecimientos por exceso de drogas
es ínfimo, comparados con el número de asesinatos que a diario
ocurren en calles y veredas de Colombia. Lo que conduce a la violencia y a la
muerte, entonces, es el negocio criminal de las drogas, incluyendo la cantidad
de ciudadanos, que se ven así, igualmente afectados por la actual política
prohibicionista, sin haber consumido ni traficado nunca sustancias
ilícitas.

Se ha
demostrado científicamente que el nivel de seguridad del LSD es superior
al de la aspirina y que la cocaína tiene mayor margen de seguridad que
este famoso e inofensivo analgésico.  Expertos en el tema consideran que es
imposible, técnicamente, una defunción a causa del consumo de
marihuana, a menos que esté asociada a dosis extravagantes o
relacionadas con combinaciones médicas inapropiadas. Lo que puede
suceder con cualquier tipo de drogas e inclusive de sustancias medicinales y
alimenticias. Ahora bien, no hay que descartar que enfermedades
orgánicas puedan conducir al deceso del individuo, en la medida en que
se pongan en contacto con cierto tipo de sustancias médicas o de drogas
legales e ilegales. Esta situación es importante tenerla en cuenta
porque la desinformación es tal que se ve asociado, el consumo de
drogas, directamente a la muerte y se acuñó hace mucho tiempo, en
los medios propagandísticos del prohibicionismo, que la droga mata.
Desde luego que puede matar. Como puede acontecer con una ingesta inapropiada
de alcohol, café, ansiolíticos, o cualquier otra sustancia legal
o ilegal. La velocidad mata, como también mata cualquier actividad
realizada por los seres humanos donde no se tomen medidas conducentes para
potenciar los riesgos, que pueden conducir a la muerte. Es escalofriante que
todavía en el mundo, por asuntos relacionados con el parto, mueran
más de 500.000 mujeres al año.

La
imagen más acabada de lo que representa la droga como factor de muerte,
es decir, como destino final de quien consume sustancias prohibidas es la del
heroinómano. En efecto, es mundialmente conocida la foto del individuo
pinchado con una jeringuilla, tirado muerto en cualquier lugar: una calle, un
salón de fiesta, una oficina. Nada más desajustado a la realidad.
“La heroína como la morfina, la codeína y el opio no
adulterado producen una depresión respiratoria que conduce a un coma de
varias horas… jamás puede atribuirse a la heroína una muerte
casi instantánea o consumada en minutos[33]”.
Entonces que es lo que mata? Sencillamente el hecho de estar prohibida. Esta
situación evita que el consumidor conozca que clase de sustancia esta
ingiriendo, sus niveles de pureza, las adulteraciones a la que ha sido sometida
y, desde luego, las sustancias utilizadas. De ésta manera, una droga
como la heroína, que en condiciones de pureza, no podría, su uso
crónico, generar males mayores que fuerte estreñimiento –
la pureza es por lo general entre un 5 y 10% - conduce a miles de consumidores
a la muerte por causa de la estricnina, quinina y otras sustancias adulterantes
igualmente nocivas para el caso.

EL PLAN
COLOMBIA Y LA COMISIÓN LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS Y
DEMOCRACIA

Por
supuesto que tienen diferencias. Sería una explosión de
sectarismo hacer equivalencias e igualdades entre uno y otra. Todo
indicaría que el Plan Colombia fue ideado por Bush y por Uribe. Pero no.
Ellos lo utilizaron. Fueron Pastrana y Clinton los progenitores de esta
expresión militarista y neo colonial.

No se
trata ahora de exhaustivos análisis y conclusiones del Plan Colombia,
cuando toda la exposición recoge sus agresiones y sus fracasos.
Pero  es completamente imposible
pasar por alto una mención que remitimos al Internet para precisar definiciones
que los entendidos extenderán y perfeccionarán y los
recién  iniciados
tendrán como base de posteriores profundizaciones.

“Plan
Colombia es un proyecto internacional constituido entre los gobiernos de
Colombia y los Estados Unidos. Su objetivo principal es disminuir el
tráfico de estupefacientes y resolver el actual conflicto
armado…se concibió en 1999…El elemento mas controvertido de
este plan ha sido la estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar
los cultivos de coca…Según investigaciones científicas en
Francia, el uso del glifosato formulado en aspersiones aéreas provoca
las primeras etapas de la cancerización en las células… (El
Plan Colombia) también ha llegado a elementos de las fuerzas de seguridad
que están comprometidos con grupos paramilitares en abusos contra
sectores de la población y organizaciones de izquierda.”[34]

De
manera mas contundente y dura se pronuncia otra opinión desde Caracas,
Venezuela: “Este Plan es presentado como un plan  para la paz y contra el
narcotráfico, cuando en realidad es un plan de guerra y un plan que no
ataca el narcotráfico, por el contrario lo protege…el Plan
Colombia es el pretexto con el cual, los Estados Unidos  justifican su intervención en
Colombia y la región que les interesa. La lucha antinarcóticos es
un pretexto para acabar las resistencias a su política
hegemónica”[35]

El
perdiódico del PDA, “POLO”, en edición del 5 al 12 de
diciembre pasado, publica un muy completo análisis del Plan Colombia,
que lo recomendamos, por su seriedad y rigurosidad científica y
periodística. Así comenta las relaciones con USA en
relación al Plan Colombia y las posibilidades de cambio en ese
país.”EE.UU. no saldrá
de Colombia. El Plan Colombia no solo ha sido ideado como una manera de
enfrentar la guerra colombiana, que el gobierno de los EE.UU. ha considerado
una amenaza a su seguridad nacional, sino como una forma de asegurar
territorios, recursos y corredores geográficos. Hoy, cuando una lectura
juiciosa de los resultados de casi de casi 9 años de intervención
sobre nuestro país demuestra el fracaso de las iniciativas militares y
sociales en la reducción del narcotráfico, argumento inicial en
la formulación del plan, el gobierno entrante a la
Casa Blanca impondrá giros
importantes en la política hacia nuestro país. Sin embargo la
importancia que tiene Colombia para manejar militar y políticamente las
relaciones con otros países de la región, como Ecuador y
Venezuela  y la importancia de sus
recursos naturales  para la
extracción de materias primas, fundamentalmente minerales y
biológicas, hacen poco probable que entre los planes del gobierno de
Obama esté la cancelación de estos pactos y el respeto por
nuestra soberanía nacional.”[36]

Y se
escuchan diferentes voces que presagian modificaciones-desde luego no
sustanciales- de la actitud política del gobierno estadounidense en
relación con la política anti drogas. Enrique Santos
Calderón que hace parte de la  Comisión Latinoamericana
sobre drogas y democracia, que aspiraría a ciertos cambios, pues ellos
quisieran “que todo cambie pero que todo siga igual” profetiza que
“…ya hay indicios de que bajo Obama habría otra actitud .En
su campaña  cuestionó
´the war on drugs´ y la criminalización de ofensas menores
de consumo…Y es probable que en su gobierno el problema de la droga ya no
se considere como de seguridad nacional, sino de salud pública.”[37]

Una
información del mismo diario
nos dice que Obama durante su campaña repetía sobre este
asunto de las drogas: “ Tenemos que construir un nuevo paradigma.” [38]
Amanecerá y veremos. En todo caso lo que no hagamos nosotros mismos
nadie nos lo hará por nosotros.

En la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y democracia, se agrupa el
“Centro Político” del subcontinente latinoamericano, que
ahora recoge velas y rectifica posiciones retardatarias anteriores como ya
hemos señalado en el caso del expresidente Cesar Gaviria y que
pondríamos extender sin ningún problema a  sus pares Ernesto Zedillo y Fernando  Henrique Cardozo. Por Colombia firmaron
además el documento dos reconocidos exponentes del “extremo
centro”: Enrique Santos Calderón, ex propietario y ex codirector
del diario El Tiempo y el ex alcalde Antanas Mockus.

Se
trata de un documento que juzgamos positivo pero bastante incompleto. Positivo
porque cuestiona al Plan Colombia, condena el prohibicionismo, responsabiliza a
los Estados Unidos y a Europa. Pero incompleto porque se limita a plantear la
despenalización solamente de la marihuana y en el área de los
consumos.

Proponen
fórmulas para que los estados creen leyes que saquen a los adictos de
ese mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Para
ellos  esto generaría un
desplome de los precios  de las
drogas  que afectaría el
ilícito negocio.

Critican
muy seriamente a los Estados Unidos y recalcan que la estrategia de Europa de
descriminalizar y despenalizar el consumo, en el tratamiento   de las personas dependientes  y en la prevención de los efectos
secundarios extremadamente maléficos, ha sido muy eficaz.

Pero
nosotros nos preguntamos: ¿Pero si el expendedor no es legal, entonces
en que quedamos?

Y
señalamos que este expendedor no solo debe ser legal e institucional
sino que debe ser regulado o reglamentado por el Estado.

1998-2008
: EL COLAPSO DE LA
HIPOCRESÍA

Las
Naciones Unidas con su política conservadora en materia de Drogas
disponen igualmente de serias responsabilidades en la crisis mundial que
padecemos y que en Colombia es una cuestión de vida o muerte. Pero no es
solamente una posición de principios o teórica lo que sustenta la
estulticia. La frondosa burocracia de la
ONU en materia de drogas es una mula muerta en el camino de
una revisión internacional
de la política internacional. Se trata de mantener el
prohibicionismo para mantener la burocracia.

La JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es  igualmente representativa de la
más ultramontanas posiciones. Ya se pronunció en contra de la
declaración de la
Comisión Latinoamericana sobre
Drogas y Democracia.

Hace
diez años (1998) en la
Asamblea especial sobre drogas de la Comisión de
Estupefacientes de la ONU
se estableció un plazo de diez años para hacer una
revisión de esta guerra perdida. Pero tenemos muchos amigos para
dar  una nueva batalla por la  política de
despenalización.

“De
acuerdo con Luiz Paulo Guanabara, director de la ONG brasileña, Psicotropicus, Centro
Brasileño de Políticas de Drogas, la Organización
de las Naciones Unidas se prepara para ratificar la política que ha
dominado el ámbito de las drogas durante la ultima década. Pero
su objetivo, así como el de muchas otras organizaciones en Brasil y
América Latina, es participar activamente en este escenario para
convencer a los gobiernos, de que la política de drogas implementada en
1998 hoy es un fracaso tanto social, como económico.”[39]

La Revista Semana en su última edición que
transcribimos con el dato más reciente para nuestro Congreso nos ofrece
el siguiente panorama estadístico. Precedida por el titular de 100
años de fracasos:

“Consumo
en los Estados Unidos: en el 2007: 35.7 millones de personas mayores de 12
años, es decir el 14.4 por ciento, había usado drogas
ilícitas.

4% de
la población mundial es adicta.

Los
cultivos de coca crecieron en Colombia en el 2007 el 27%

Producción
mundial de hoja de coca:

Colombia
57%

Perú
29%

Bolivia
16%

Droga
ilícita de mayor consumo en
Argentina, Bolivia, Chile, el Ecuador, el Perú  y el Uruguay: la marihuana.

La
marihuana es también campeona en Estados Unidos que dispone de
producción criolla de esta droga: El consumo de esta planta supera  al consumo de cocaína,
heroína, alucinógenos, éxtasis, y sustancias
inhalables.”[40]
Podríamos continuar infinitamente con más datos. Es no solo la
hora de la reflexión sino también la hora de la decisión.

PROPUESTA

Nuestra
propuesta tiene antecedentes. El profesor Carlos Gaviria, actual Presidente del
Partido, retando al atraso, sustentó la ponencia C -221 de 1994 que
despenalizó la dosis personal. Como dato curioso el entonces presidente
de la República
Cesar Gaviria, presionado por los Estados Unidos,
amenazó con un referéndum contra esta providencia. Hoy con
gallardía el ex presidente rectifica su posición, pero sin
mencionar estos hechos.

El Presidente
Álvaro Uribe el 6 de junio
de 2008,  preparando otra de
las inútiles cumbres antidrogas, amenazó con la
presentación nuevamente del proyecto de Reforma Constitucional para
penalizar la dosis personal; proyecto que por cuarta vez se hundió en el
parlamento colombiano, según da cuenta de  ello el diario El Tiempo en su
edición del 3 de diciembre del 2008.

Tomando
en consideración que la actual política prohibicionista y
represiva del gobierno colombiano contra las drogas, ha sido un fracaso en el
logro de sus propósitos, al igual que a nivel mundial, y que por el
contrario ha perjudicado a grandes grupos poblacionales en beneficio
incalculable de unos pocos, que está afectando de manera
considerable  el  desenvolvimiento de nuestras relaciones
sociales, de nuestra economía, de nuestras instituciones y de nuestra
inteligencia y cultura colectiva, que dichos efectos negativos son crecientes
mientras que los logros de la política antidrogas son decrecientes y
cada vez más costosos en detrimento de las ramas de la economía
legal y de la calidad de vida de la ciudadanía, que así mismo
aceleran el proceso de desinstitucionalización del estado a través
de la corrupción y el amedrantamiento, el Polo Democrático
Alternativo ratifica que   se hace necesario un cambio radical en
varios aspectos relacionados con la política contra las drogas.

En
primer lugar es necesario cambiar la forma de observar el fenómeno,
cambiar la percepción superficial, lineal y dogmática que se
viene utilizando por parte del gobierno y modernizarla con una visión
sistémica y profunda, con cientificidad objetiva y análisis
cuantitativo y cualitativo de los aspectos determinantes del proceso de
producción, distribución y consumo de la drogas ilícitas.
Solo una visión así puede acercarnos a los verdaderos
inconvenientes de la ilegalidad del negocio y puede ofrecernos en consecuencia
la posibilidad de crear los verdaderos mecanismos e instrumentos
administrativos, jurídicos y fiscales para afrontar el tema que se nos
bien saliendo cada vez más de las manos.  No podemos quedarnos a la orilla de los
acontecimientos que se vienen registrando a nivel mundial respecto a los
cambios paradigmáticos en el tratamiento de las drogas. Es necesario que
como partido progresista vayamos a la vanguardia de una nueva política
en la lucha contra el narcotráfico y todas sus nefastas secuelas. La
defensa de la dosis personal en tan solo un paso, importante si en la
concepción de libertad y democracia, pero no es suficiente. La nueva
política tiene que enfrentar de manera coherente cada una de las fases
de la cadena del negocio, teniendo presente que esta no es una lucha aislada
del resto del mundo, sino que por lo contrario para poder tener éxito es
necesario encontrar el consenso de muchos otros países
democráticos.

En la  Fundación
Socialdemócrata
cuyo grupo de estudio se ha dedicado al análisis de esta
situación, por eso opinamos que “Realizar una consulta en
Colombia, en busca de una verdadera alternativa de la política actual
contra las drogas ilícitas y para afianzar la soberanía nacional,
constituiría las más profunda y definitiva respuesta contra este
flagelo. Debemos afianzarnos en la idea de que Colombia proponga a la comunidad
internacional, en el marco de las Naciones Unidas la tesis de la
reglamentación (modelo similar a la recién aprobada
Convención contra el tabaquismo) del uso de las drogas ilícitas,
como el mecanismo mas efectivo para privar de recursos financieros a la guerra,
no solo en Colombia, sino al terrorismo internacional y a la criminalidad
transnacional organizada.”[41]

Para
esta consulta deberíamos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Podríamos decir que existe una visión amplia y otra restrictiva
de lo que se entiende por despenalización. Según Raúl
Cervini, quien fue citado en la reciente declaración de la Comisión
Latinoamericana de Drogas y Democracia, despenalización
“es el acto de disminuir la pena de un ilícito sin descriminalizarlo,
quiere decir sin retirar del hecho el carácter de ilícito penal.
O sea, la prohibición legal del uso y porte de estupefacientes continua
vigente en el derecho penal, pero el ilícito deja de ser sancionado con
la prohibición de la libertad”.[42]

Esta
afirmación, sobre que despenalizar no significa descriminalizar, no nos
aporta nada práctico al debate de fondo. Por ello creo que la
despenalización debe entenderse en un sentido amplio, esto es, que una
conducta despenalizada significa, no solo que no habrá sanción
con privación de la libertad, sino que tampoco hay la
configuración de un ilícito civil, el cual puede acarrear
sanciones administrativas como multas. Es decir, que desde el lado de la
demanda, el consumidor que porte su dosis personal está ejecutando una
acción tan normal como el que porta un paquete de cigarrillos.

En
Colombia como ya lo señalamos la dosis personal fue  despenalizada por sentencia de la Corte Constitucional
con la ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, hoy Presidente del PDA.
Esto ha sido un verdadero cimbronazo institucional que cuestionó la
postura dogmática del prohibicionismo al consumo.

En la
legislación internacional, concentrada en tres convenciones, que dispone
de vigencia para las drogas ilícitas se experimentó ya una
penalización y una
despenalización. Se trata que las convención de 1961
pretendió prohibir inclusive el uso tradicional de la hoja de coca de
los pueblos indígenas dándoles un plazo de 25 años para
hacerlo, lo cual era un verdadero atentado colonialista contra esta impronta
cultural. Afortunadamente 27 años mas tarde la Convención
de 1988 despenalizó la utilización tradicional de la hoja de
coca, señalando expresamente que esta práctica debía ser
respetada.

Sin
embargo la despenalización de toda la cadena de la producción y
tráfico de lasa drogas, a pesar de ser parte de la misma ecuación
de la oferta y la demanda, se encuentra rezagada y apenas   se comienza a mencionar  para la marihuana.

La
dificultad de la despenalización
de la oferta radica en que
Colombia no lo puede hacer
de manera solitaria sino que esta debe ser el resultado de una
decisión de la comunidad internacional en la que el país puede
jugar un honroso y merecido papel de catalizador. La fórmula correcta
sería entonces, la despenalización de toda la cadena, que
acabaría de manera inmediata con el narcotráfico y todas sus
perversas secuelas. Se tendría que expedir en forma inmediata una
plataforma, es decir, una reglamentación que discipline la
producción y el consumo, pero ya en un contexto por fuera del
código penal.

A pesar
que el horizonte ideal de la despenalización a través de una
reglamentación es aún incierto, hay pasos intermedios que se
deben implementar de manera urgente como son el de la reducción del
daño en el caso de la demanda-políticas de salud pública-y
oportunidades concretas de desarrollo para quienes participan de la primera
etapa de la producción, y los cultivadores, hoy estigmatizados como
narcocultivadores.

En
síntesis, Colombia a través de algún mecanismo
multilateral latinoamericano, debe proponer a las Naciones Unidas, la apertura
del debate inmediato sobre el tema y en conjunto con nuestros países
hermanos proponer en dicho foro la despenalización.

Por
último es importante señalar que la legalización o
liberalización absoluta deja abierta a la iniciativa privada el mercado
de las drogas. La despenalización provocaría el control
monopólico del Estado sobre su producción. Nos pronunciamos
entonces por esta segunda alternativa.

El ex
presidente Cesar Gaviria en reciente entrevista con Yamid Amat en El Tiempo
simplifica la diferencia entre legalización y despenalización. Se
le pregunta:”¿Qué diferencia hay entre legalizar y
despenalizar? No estamos deslegitimando la lucha contra la droga, sino
proponiendo que se trate a los consumidores como enfermos, no como
delincuentes”[43]
Realmente muy insuficiente.

En
Colombia esperamos la aprobación de este II Congreso Nacional del PDA a
la tesis de la despenalización. Deseamos coordinar nuestro trabajo con
múltiples organizaciones nacionales e internacionales.

Bogotá
DC ColoGmbia 26 de febrero de 2009

Favor
dirigirse a Carlos Bula.

[email-masked]

[1]Estatutos e Ideario de Unidad, serie documentos del POLO –
Junio 2007, No. 2, p.46 y 47.

[2] La política represiva contra diferentes tipos de drogas ha
existido desde hace siglos, El primer intento de prohibir una droga
popular,  el vino, lo realizó
Mahoma (hace 1400 a.)
para distinguirse de Jesús, pero los musulmanes continuaron con el
hachís. De ahí en adelante la historia está llena de
acontecimientos similares.

[3] La dosis máxima de glifosato, una política de
daños. María Mercedes Moreno. Agosto de 2008

[4] Documento para el Temario Preliminar Ampliado
de la Cumbre
de Cartagena, Memorando elaborado por el gobierno de EE.UU. en diciembre de 1989 con
la agenda de puntos y compromisos posibles antes de la Cumbre del 15 de febrero de
1990 (Traducción No Oficial)

[5] EL
ESPECTADOR.COM, 26 Ene 2009 - 4:01 pm, El año
pasado se erradicaron manualmente 96.616 hectáreas
de cultivos ilícitos.

[6]Carlos Ernesto Lucio Bonilla, LOGROS DE LA POLITICA ANTIDROGAS
EN COLOMBIA

1970-2009, conferencia,  enero 30,
d. 7

[7] El Espectador, Domingo 8 de Febrero de 2009, p. 2 – 5

[8] ONU/ONUDD,
citado por Nicolás Valencia, APUNTES SOBRE EL
PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, 2009, p. 2

[9] ELTIEMPO.COM, Uno de cada tres kilos de coca
colombiana se va por la ruta africana, el tiempo.com, Martes 10 de febrero de 2009

[10] El Tiempo, febrero 8 de 1978, Citado por Alvaro Camacho Guizado,
Droga y sociedad en Colombia – El poder y el Estigma, CIDSE, Universidad
del Valle, 1988, p. 19

[11] Gestiopolis.com, La comunidad latina de estudiantes de negocios, EL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA, 01
– 2001, Aportado por:
Anónimo, p.5

[12] Nicolás Valencia,
APUNTES SOBRE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, 2009, p. 3

[13] PUEBLOS
ESPECIAL AMÉRICA LATINA - LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO, Colombia:
Narcotráfico y finanzas mundiales, Luis Alfredo Burbano, Lunes 16
de julio de 2007

[14] CONTROL TOTAL Antonio Caballero. Revista Semana. Septiembre 8 de
2008

[15] General Rosso José Serrano, Cara a
Cara, El Tiempo, 19 de Agosto de 2008, entrevista con  María Isabel Rueda. P. 1- 6

[16] En 40% por ciento aumenta pie de
fuerza de Ejército y Policía, Lily Montes, CM& la noticia, Miércoles,
11 de Febrero de 2009 21:21

[17] Narcotizar la agenda. El Tiempo. Natalia Springer. 2 de febrero de
2009

[18] Hablar de plata, ¡qué pena!, José Fernando
Isaza, EL ESPECTADOR .COM, 22 Jul. 2008 - 9:01 pm

[19] Diana Carolina
Jiménez, La lucha antidrogas
preocupa a América, LA COMISIÓN LATINOAMERICANA de Drogas y Democracia pedirá responsabilidad
a la comunidad internacional sobre las políticas de lucha contra el
consumo.

[20] Preocupante cifra de consumidores
de droga en el país, revela la Policía
Antinarcóticos, Caracol | Diciembre 2 de 2008

[21] ONU/ONUDD

[22] Citado por Nicolás Valencia,

[23] Camilo Uribe. Vicepresidente de la JIFE. [email-masked]
de agosto de 2008

[24]Una guerra perdida, ELTIEMPO.COM, viernes 13 de febrero de 2009.

[25] Rafael Ballen, Poder político, narcotráfico y
paramilitarismo.  Colombia pasado y
presente. Desde Abajo, agosto 19 de 2004, edición 93.

[26] El tránsito de las Farc al
narcotráfico, Ejercito Nacional, República de Colombia, 25 de
marzo de 2006, ver: www.ejercito.mil.co,

[27] ¿Cuáles son los desafíos en la
lucha contra la corrupción en Colombia?, Corporación Transparencia por
Colombia, Capitulo Transparencia Internacional, 15 de febrero de 2009

[28]NARCOTRÁFICO Y DEMOCRACIA: LA EXPERIENCIA COLOMBIANA,
Jorge Orlando Melo, Biblioteca Luis Angel Arango, ver: www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/melo/droga/impacto.htm

[29] Alberto Lleras, THE COLOMBIAN CONNECTION, Credencial historia, 1990

[30] Nicolás Valencia, Oc.

[31] Propaganda
Institucional Gobierno Colombiano

[32] Jordi
Cebrián.  Un ensayo sobre las
drogas, la prohibición y los delirios colectivos

[33]  Jordi Cebrián

[34] Wikipedia, la Enciclopedia Libre.

[35] www.soberania.org

[36] Periódico POLO.5 a 12 de Diciembre de 2008

[37] Enrique Santos Calderón. Contraescape. El Tiempo.22 de
febrero de 2009

[38] El Tiempo.22 de febrero de 2009

[39] www.comunidadesegura.org

[40] Revista Semana.com.

34 LA IRRACIONALIDAD  DE LA POLÍTICA
CONTRA LAS DROGAS. Alberto Rueda.
Carta abierta al gobierno del Presidente Álvaro Uribe
Vélez. Octubre de 2004.Para Rueda regularización  o reglamentación es similar a
despenalización.

[42] Declaración final de la Reunión en Brasilia de la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. 11 de febrero de
2009.

[43] Cesar Gaviria. El Tiempo.22 de febrero de 2009