Conversaciones de Paz:
Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz
Ed. Indepaz – Mandato Ciudadano por la paz, junio de 2000

PRESENTACIÓN

Darío González Posso - Editor y compilador

En relación con Colombia, el asunto de los cultivos con fines ilícitos se ha vuelto reiterativo en los medios de comunicación nacionales y extranjeros; el tema es tratado en el país por muchos investigadores, las instituciones gubernamentales, algunas organizaciones gremiales y sociales; y está puesto ahora en la mesa de la negociación entre el gobierno y la insurgencia. Además, las fumigaciones aéreas han dado origen a protestas y movilizaciones campesinas.

Lo particular del presente compendio, diseñado con criterio pluralista, está en que se vincula con un proceso de reflexión colectiva, alrededor de propuestas hacia un acuerdo de paz, que debe ganar mayor amplitud nacional y regional, propósito al servicio del cual se publica.

La discusión de criterios básicos. Además de enfrentar el problema dentro de un marco de soberanía nacional, varios autores aquí incluidos enfatizan la necesidad de diferenciar entre cultivos ilícitos y narcotráfico, para luego definir dónde y cómo situar los diversos niveles de manejo. Desde esta perspectiva se propone no agredir al campesino cultivador y más bien desarrollar hacia él un tratamiento que busque su recuperación[1].

Ha sido tradicional recomendar cultivos sustitutivos. En este aspecto se sugiere derivar hacia complejos de actividades en competencia con los ilícitos. Según esto, la "sustitución de cultivos", aunque el uso ha impuesto el término, es una idea por lo menos incompleta para referirse a las alternativas viables, pues éstas deben orientarse a propuestas competitivas, que establezcan condiciones para la sustitución voluntaria y gradual por parte de las comunidades campesinas. Por lo tanto, como indica uno de los documentos aquí publicados, se trata de una acción sostenida a largo plazo, teniendo en cuenta que mientras haya demanda de narcóticos habrá también su correspondiente oferta[2].

Otra idea fundamental es el enfoque de "Región", de construcción social de espacios, que permita emprender tales propuestas competitivas con base en la autogestión, en el desarrollo del poder local de las comunidades campesinas; así como en lo que estas saben hacer y en el mejoramiento de las explotaciones agrícolas y pecuarias mediante prácticas como el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y diversos modelos agrícolas alternativos, biodiversos, asociativos. Este enfoque regional debe contribuir al fortalecimiento de la solidaridad veredal y entre vecinos y a una relación más armónica con el entorno natural[3].

Posibles acuerdos iniciales. En la discusión de la agenda para la paz se sugiere responder primero: ¿Puede la mesa de negociación del conflicto armado resolver todos los problemas relacionados con los cultivos ilícitos? ¿Qué es lo negociable en dicha instancia con actores armados en relación con los cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico? ¿Se puede, o se debe, esperar todo de la mesa de la negociación entre el gobierno y la insurgencia? De acuerdo con esta lógica, hay aspectos que no corresponden totalmente a dicha mesa, o que son independientes de ella. En consecuencia, habría que diferenciar dos niveles: (1) La mesa de negociación con la insurgencia y (2) los acuerdos con las comunidades campesinas.

Considerando los interrogantes expuestos y tomando en cuenta el carácter de economía de guerra[4] que adquiere la coca en las zonas de influencia de las FARC, así como el contenido en últimas bélico de las políticas estatales de erradicación de estos cultivos, en la negociación Gobierno-FARC no tendría sentido iniciar la discusión en términos simples de "sustitución" de cultivos ilícitos. Esto sugiere las siguientes iniciativas básicas, como parte de las más inmediatas, que ayuden a sustituir la guerra por la política:

Tregua armada multilateral, acompañada de compensación del recurso para el sostenimiento de la fuerza insurgente y sustitución de cultivos en áreas delimitadas.

Tal compensación podría implicar un esfuerzo de parte del Estado, con recursos económicos nacionales o internacionales.

Las partes podrían delimitar y establecer “Laboratorios de Desarrollo Alternativo, Paz y Protección Ambiental”, mediante el acuerdo tripartito del Estado, las comunidades y los actores armados, para la reconstrucción social, económica, ética, política y ambiental de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos y el narcotráfico. En relación con estos acuerdos sería establecida una Comisión Internacional de Veeduría y Verificación.[5]

Frente a las comunidades campesinas, en primer término, es indispensable suspender la fumigación aérea y todos los métodos de erradicación química o biológica. Además, aplicar un tratamiento diferencial: erradicación sin compensación y por medios manuales o mecánicos no contaminantes para las grandes extensiones; sustitución gradual, manual, limpia y concertada para las siembras pequeñas y medianas, compensando económicamente al campesino cultivador.

Incluso el Representante para Colombia del Programa antidrogas de la ONU, Klaus Nyholm, indica que "no debemos fumigar a los campesinos para quienes los cultivos ilícitos son cultivos de pancoger, el campesino que tiene sembradas dos hectáreas de coca no es un delincuente como el narcotraficante que maneja 75 hectáreas con fines comerciales"[6].

Cambios legales. De manera inmediata, como condición para iniciar cualquier diálogo, es necesario descriminalizar[7] al campesino productor, modificando la Ley 30 de 1986. También se sugiere debatir el levantamiento de la prohibición al cultivo y concentrar las acciones punitivas hacia los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos: suministro de insumos, narcotráfico y paraísos fiscales.

Es conocido que muchos, entre quienes están ilustres intelectuales, sostienen que en una perspectiva de más largo plazo el gobierno deberá promover el debate internacional sobre la legalización de la droga (que no es lo mismo que la descriminalización del campesino cultivador o que el levantamiento de la prohibición del cultivo). Ellos argumentan que la legalización de la droga es la única estrategia posiblemente exitosa en la lucha contra el tráfico de narcóticos, pues a las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo logrará derrotárselas cuando se les desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo[8].

Programas en los planes de desarrollo. Se propone la rehabilitación de la colonización clásica, campesina; y políticas orientadas a la reintegración social paulatina en sitios de origen a la población que se fue para las zonas de cultivos con el "boom" de la economía ilícita: Raspachines y población proveniente de sectores urbanos.

Al mismo tiempo, reformas estructurales que permitan contener y disminuir la importancia de los cultivos con fines ilícitos y como medio directo e indirecto de subsistencia. Como parte de estas políticas estaría una Reforma Agraria Integral, que afecte la estructura agraria al interior de la frontera agropecuaria y empiece con la propiedad narcotraficante. En este aspecto, se aplicaría la Ley 33 de 1996 y se entregarían a campesinos pobres las tierras afectadas. Ello frenaría en parte la contrarreforma agraria que en la actualidad es adelantada en el país. También sería posible aplicar la figura de Zonas de Reserva Campesina, contemplada en la Ley 160 de 1994, con el fin de proteger la economía campesina del acaparamiento de tierras y del desplazamiento[9].

Otra herramienta esencial en los planes de desarrollo es el reordenamiento territorial, el cual debe asegurar los derechos de las comunidades locales campesinas, así como de los pueblos indígenas y de las comunidades negras sobre sus territorios y culturas. En este mismo marco han sido indicadas propuestas como la formación de ecorregiones estratégicas para la protección y restauración de las cuencas hidrográficas, el bosque altoandino y la selva tropical húmeda[10]. Otra opción viable es el estímulo de reservas naturales de la sociedad civil.

También se sugieren políticas macroeconómicas y sectoriales, dirigidas a revisar el modelo de apertura comercial indiscriminada y a proteger la producción agrícola nacional[11].

Asimismo, se indican políticas de investigación participativa, tanto en lo social como en lo referente a medios materiales competitivos con el ilícito, sobre la base de una nueva concepción de acompañamiento a las comunidades locales por parte las ONG y de instituciones del Estado. Las barriadas pobres urbanas constituyen uno de los orígenes del cultivador de ilícitos, por lo cual se propone construir allí un sistema educativo hacia el autoempleo, entendido como diversificación del trabajo. Las microempresas familiares podrían jugar aquí el papel principal. La Iglesia y diversas ONG han comprobado capacidad de logro de resultados benéficos en estas materias. Otro aspecto es la construcción de Polos de servicio, es decir, efectiva presencia de las instituciones del Estado dentro de las zonas de cultivo de ilícitos en el sentido de bajar la presión monetaria que pesa sobre el campesino para acceder a servicios básicos, en particular vivienda, salud, educación, saneamiento, comunicaciones, transporte[12].

Consensos y disensos. En esta presentación no se pretende identificar todos y cada uno de los aspectos implicados en este problema, sino apenas hacer una breve reseña de algunas tesis centrales del debate de Agenda Ciudadana para la Paz. Por supuesto, en esta discusión no hay unanimidad. Lo planteado por varios de los autores aquí incluidos contrasta, por ejemplo, con las políticas oficiales, fumigaciones aéreas y programas de "desarrollo alternativo" de escaso impacto social, y con las posiciones de grandes intereses económicos del país, que se resisten a la ejecución de una reforma y de una política agrarias orientadas básicamente a la recomposición del campesinado; que superen la iniquidad en la estructura de la propiedad de tierra que, según muchos analistas, ha determinado la expulsión violenta de campesinos de las áreas de frontera agrícola, fenómeno vinculado con los orígenes y causas, tanto del conflicto armado interno como de la expansión de los cultivos con fines ilícitos.

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