INDEPAZ

Agosto 14 2005

La soledad de la Constitución más verde del planeta

Por Eduardo Cifuentes Muñoz

Decano Facultad de Derecho

Universidad de los Andes

La Constitución de Colombia es la Constitución más verde del planeta. Sin embargo, ella está reducida a la soledad de un texto escrito carente de eficacia práctica. ¿Hasta cuándo y por qué?

El examen de la Carta pone de presente la riqueza y amplitud de sus disposiciones. Sólo basta leer algunas de sus normas: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación” ( C.P., art. 8); “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” ( C.P.,art. 79); “El Estado planificará el manejo de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas” ( C.P., art. 80); “ Son deberes de la persona y del ciudadano: 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” ( C.P. art., art. 95); “El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” ( C.P.art., 226); “Habrá un plan nacional de desarrollo (…) En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos de largo plazo (…) y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno” ( C.P.art., 339); “El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: (…) 7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente”.

Esta muestra de disposiciones, puramente ilustrativa, adquiere una densidad y profundidad de selva normativa cuando a ella se adiciona lo que ordenan tratados, leyes, decretos, resoluciones y actos generales de distintas autoridades territoriales y descentralizadas.

Dos atributos de este imponente edificio normativo son su universalidad y su totalidad. El derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho de “todas las personas”. A su turno, el deber de preservar un ambiente se impone a “todas las personas”. Las autoridades de la república tienen el deber de proteger ese derecho colectivo y asegurar el cumplimiento de los correlativos deberes del Estado y de los particulares. El alcance de tales derechos y deberes – a la vez colectivos y universales -, cubre el conjunto de las interacciones del individuo y de la sociedad con la naturaleza, como quiera que el principio de desarrollo sostenible se constituye en el eje rector de las mismas.

La universalidad y la totalidad, dado su carácter jurídico y no meramente moral, se proyectan como “deber ser”, vale decir, se proponen moldear la realidad social. No se registra hiato alguno a este respecto. En efecto, son abundantes los medios procesales en el plano internacional y en el interno, para hacer efectivas las normas protectoras de la naturaleza. Cabe, pues, agregar, un elemento calificador adicional a la normativa ambiental: ella es plenamente justiciable.

La normativa ambiental – dotada de universalidad, totalidad y justiciabilidad --, reclama sin embargo condiciones y presupuestos que deben radicarse y fortalecerse tanto en la sociedad como en los individuos.

La sociedad debe alentar un “conocimiento de lo ambiental”. La conservación de un ambiente sano, la preservación y restauración de los recursos naturales, la armoniosa coexistencia de grupos humanos y de sus entornos naturales, no se adelantan inercialmente al margen de un saber específico. Por el contrario, se exige aquilatar un conocimiento cada vez más profundo sobre las afectaciones e impactos positivos y negativos y los medios de mitigación correspondientes. La conexión que se entabla entre conocimiento y efectividad del régimen normativo ambiental, incorpora la actividad investigativa necesariamente como elemento esencial de los derechos y correlativos deberes a los que se ha hecho mención. La relación con el ambiente, por mandato constitucional, no es libre ni espontánea, puesto que está mediada por deberes y derechos, los que demandan como condición intrínseca de su núcleo esencial una permanente y deliberada apertura al conocimiento ambiental, a los riesgos y modos de vida social ajustados a una conservación del ambiente sano.

La Conciencia ambiental es el otro punto de anclaje del régimen ambiental. La norma jurídica la necesita, la supone y la auspicia. El desarrollo de la personalidad humana se reputa incompleto si se atiene a una socialización recortada donde sólo caben los seres humanos ocupando los espacios del ego y del alter. Ego, alter y naturaleza como sujetos todos deben integrar el universo del comportamiento ético del sujeto. Para que el régimen normativo adquiera profundidad y eficacia deberá penetrar en la conciencia y en la sensibilidad de los titulares de derechos y deberes ambientales, es decir, de todas las personas y autoridades. La prudencia ambiental, la salvaguarda reactiva y preventiva de los recursos y bienes de la naturaleza, se apoya en el conocimiento y en la cultivada sensibilidad de las personas.

Llama la atención que la Constitución más verde del planeta, acompañada de sus desarrollos normativos, haya sucumbido a la política gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. Pese a sus disposiciones, bosques, aguas, fauna y recursos naturales, se extinguen aceleradamente. Las autoridades han intensificado la fumigación, afectando más hectáreas. Su propuesta es la de superar con creces – mediante la aspersión -- la tasa de crecimiento de las áreas que las organizaciones criminales del narcotráfico ocupan con dichos cultivos. Al inmenso daño ecológico causado por el narcotráfico, se agrega ahora el que produce el gobierno como consecuencia de su acción persecutoria contra las organizaciones criminales que integran sus eslabones en la fase de cultivo y procesamiento. Estas organizaciones, como respuesta, mejoran las técnicas de producción y, de otra parte, talan proporcionalmente más zonas boscosas y contaminan más fuentes de agua.

Quien defiende la ley, al final, se identifica con quien ataca la ley. Ambos, gobierno y organizaciones que se lucran del narcotráfico, destruyen la naturaleza, y lo hacen en grado superlativo. Ese forzado contubernio contra la naturaleza, parece inscribirse en la lógica de la guerra. El vencedor será aquél cuya acción destructora haya superado la del adversario hasta el punto de que éste último quede de hecho desposeído de toda capacidad para seguir por su parte destruyendo la naturaleza. La partida se juega sobre las selvas, los parques nacionales, los ecosistemas frágiles, las cuencas fluviales y demás santuarios de la presente y de las futuras generaciones.

En el campo de batalla, como suele ocurrir, los no combatientes llevan la peor parte. En este caso, la población civil está compuesta por los campesinos pobres – que algo tienen que ver con la reforma agraria que nunca se hizo -, que por sus condiciones de marginalidad han sido sistemáticamente utilizados y manipulados por la guerrilla y los paramilitares. Las necesidades básicas insatisfechas de los campesinos y la indefensión de las comunidades indígenas, han sido explotadas por productores y procesadores de las sustancias ilícitas. En lugar de liberar a esta población de la opresión de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, el gobierno no cesa en estigmatizarla y su estatus ciudadano pareciera no contar nada. Como simple adherencia a los cultivos ilícitos, así son considerados, campesinos y comunidades indígenas, no escapan a los bombardeos químicos del gobierno. En ese momento los perseguidos, que necesitan un ejército de depredadores, extienden la mano a los pobres campesinos, que seguirán con ellos en la faena destructora de arrasar más bosques. El gobierno no es capaz de comprender que de este modo terminará por agotar su legitimidad, factor aparentemente abstracto pero en la realidad muy concreto con el que se ganan o pierden las guerras.

La guerra no puede librarse contra la naturaleza y la gente pobre. No son ellos los enemigos del Estado y la sociedad. Aquí hay un error. La persecución del delito es imperiosa y el gobierno debe diseñar y ejecutar políticas para combatirlo. No obstante, las políticas que decida adoptar no pueden ser aquellas que destruyen la naturaleza y desconocen los derechos humanos de la gente pobre y de los indígenas. Es una falacia y, en cierto sentido, un crimen de guerra, sostener que la única manera para combatir el narcotráfico y doblegar a la guerrilla y a los paramilitares sea destruyendo a la naturaleza y atacando a la gente pobre.

Es una falacia y, en cierto sentido, un crimen de guerra, sostener que la única manera para combatir el narcotráfico y doblegar a la guerrilla y a los paramilitares sea destruyendo a la naturaleza y atacando a la gente pobre.

Las fumigaciones no han logrado reducir ni la demanda ni la oferta de drogas. La erradicación química sólo afecta el eslabón de la siembra y la producción de estupefacientes, el cual apenas representa una pequeña fracción de su precio al por mayor o al detal. Además, de que el efecto es mínimo y fácilmente compensable, las fumigaciones no han tenido ningún impacto final en términos de aumento del precio, deterioro de la calidad de las drogas o reducción del volumen de la oferta. Por el contrario, en las calles de los Estados Unidos, los consumidores finales tienen fácil acceso a un volumen inalterado de cocaína y heroína, de buena calidad, y a precios que desde hace más de 15 años se han reducido de manera sostenida. El supuesto de la política de reducción de la oferta por medio de fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato – ideada por las autoridades norteamericanas e impuesta al gobierno colombiano -, no se ha cumplido.

Por su parte, pese a la energía y máxima utilización de recursos empleados por el gobierno nacional, los últimos datos disponibles indican que la extensión de los cultivos ilícitos se mantiene constante. Sin duda alguna, las organizaciones del narcotráfico, en esta fase del producto, han mejorado sustancialmente la productividad de las siembras, pero al mismo tiempo han proseguido de manera inmisericorde destruyendo y talando bosques con el mismo tesón que ha caracterizado a la acción del gobierno. En suma, las fumigaciones en Colombia no han logrado reducir el volumen y la calidad de la oferta exportable y exportada de drogas.

La política del gobierno ha perdido toda base racional, si es que alguna vez la tuvo. Los supuestos del modelo que subyace a la política, han fracasado tanto en el mercado de los Estados Unidos como en Colombia. El efecto macroeconómico que se pretendía alcanzar no se ha conseguido, ni se obtendrá. No se trata de cuestionar la acción de persecución del delito. Se impone, sin embargo, establecer otras políticas que sean idóneas y dobleguen a la delincuencia, pero sin que ello implique la destrucción de la naturaleza y el sacrificio de la gente pobre.

El gobierno colombiano se sometió a las políticas norteamericanas y se mantiene sujeto a ellas. La Constitución verde no ha sido tomada en serio. Ningún gobernante colombiano ha tenido el valor de decirle al gobierno de los Estados Unidos que la fumigación de cultivos ilícitos violaba la Constitución y ponía en riesgo la salud de su población. Más aún, ningún gobernante colombiano ha señalado que antes de fumigar era necesario adelantar un estudio científico independiente y objetivo sobre los efectos de la fumigación en el ambiente y en la salud de las personas. No puede negarse la necesidad de que la cooperación entre los dos estados pueda darse en un plano de racionalidad, conciencia de los intereses comunes y respeto por los derechos humanos y la naturaleza. Nuestra Constitución verde expresa un consenso ético de la sociedad mundial global, que también en diversos sectores de la sociedad civil norteamericana encuentra sólido apoyo. La pobreza de Colombia y su debilidad en muchos campos, no excusa que los presidentes como directores de la política internacional abdiquen de la Constitución ante terceros países. Por el contrario, una forma de adquirir peso en la sociedad global es liderando el proceso de conformación de la ética que debe presidir los intercambios inherentes a la misma. Justamente, en materia ambiental, asunto trascendental para el presente y el futuro del mundo, la posición de vanguardia la debe asumir Colombia, país que tiene la Constitución más verde del planeta y que goza de una situación ambiental privilegiada.

No cabe duda de que la conciencia ambiental en Colombia es mayor que en el pasado. Muchas organizaciones civiles han asumido resueltamente la defensa del ambiente sano y han hecho uso de los medios procesales que brinda el ordenamiento jurídico. La ética ambiental ha encontrado en muchos funcionarios, particularmente de las agencias de control y en algunos niveles de la administración, celosos guardianes del patrimonio natural. Sin embargo, el conocimiento de lo ambiental y el manejo de los riesgos y su mitigación, exigen esfuerzos ingentes en punto a la investigación, que sin adecuados recursos y falta de voluntad política son de imposible consecución.

En la cúspide del Estado la voluntad de respetar la Constitución verde ha estado ausente. A este respecto, nulas han sido su conciencia ambiental y su afán por aumentar el conocimiento de lo ambiental para apoyar en él toda política pública que lo pueda afectar.

Por lo anterior, sobre la base de los informes de los organismos de control, a lo que se agrega la evidencia del fracaso, excesivo costo y desproporcionados efectos de la política de fumigaciones en relación con los derechos al ambiente sano y a la salud, sólo cabe esperar que la justicia, en particular, la Constitucional y Contencioso Administrativa, decidan en ejercicio de sus competencias poner la casa en orden, esto es, ordenar que las políticas públicas, incluidas las encaminadas a la persecución del delito, se sometan a los dictados de la Constitución verde.

…, que el pueblo colombiano recupere la autonomía perdida y mediante referendo constitucional proscriba de una vez y para siempre la fumigación de los bosques de Colombia.

Finalmente, en aras de profundizar la conciencia ambiental de todos los colombianos y colombianas, sería oportuno y conveniente con el fin de romper el pacto de sumisión del alto gobierno con el gobierno de los Estados Unidos que ha significado la derogación de hecho de la Carta fundamental, que el pueblo colombiano recupere la autonomía perdida y mediante referendo constitucional proscriba de una vez y para siempre la fumigación de los bosques de Colombia. De este modo le pondríamos término a la soledad de la Constitución más verde del planeta.

Algunos comentarios puntuales al estudio de la OEA- CICAD, sobre los impactos del glifosato utilizado en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia

Por Ricardo Vargas M.

1. En el desarrollo del ejercicio de evaluación, no se hicieron estudios de riesgo por exposición directa de los cultivadores y personas susceptibles de ser afectadas por las fumigaciones aéreas.

Para tratar este punto, según el informe: “se estimaron las exposiciones de personas al glifosato de estudios extensos y bien documentados en otros territorios y se cree que son precisos con respecto a los circunstantes que recibieron directamente la aspersión. Se consideró que las aspersiones eran pequeñas y que en todos los casos estuvieron considerablemente por debajo del umbral de importancia”[1].

a. El documento no reseña las fuentes de esos “estudios extensos y bien documentados en otros territorios” lo cual, a la luz de la deficiencia que tiene el ejercicio frente a los riesgos para las personas expuestas, se constituye un error de fondo, ya que dicha referencia se convierte en los sustitutos del vacío de experimentación en campo dejado por los autores del informe.

b. Surge una pregunta de la inferencia que saca el equipo de la CICAD ¿Bajo qué parámetros se consideraron las aspersiones pequeñas? Si así lo fueron, entonces ¿porqué se toman como referencia justo esas aspersiones para inferir los riesgos de las personas expuestas?

La conclusión en este punto es que el informe adolece de grandes vacíos en esta materia y que el intento por llenarlo, descubre serias deficiencias en el tratamiento y análisis de la documentación que se toma como referencia, tal como se puede apreciar en esa cita.

2. No se reconoce que haya habido una investigación de campo en Colombia, esto es, en un escenario propio del trópico, acerca del comportamiento de la mezcla usada en la fumigación sino que se alude a experimentaciones adelantadas en escenarios distintos y no se es claro exactamente si dichas experimentaciones fueron con la mezcla como tal o con los ingredientes y surfactantes por separado.

3. Los datos sobre químicos utilizados en la producción y procesamiento de la coca y la amapola son de la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE la cual no ha mostrado hasta ahora, ningún estudio serio de impactos en ese sentido, más allá de un listado de los que se cree, son manipulados en esas tareas. Tampoco se conocen actualizaciones sobre un manejo tan dinámico como es el uso de químicos. En otras palabras, se alude a una fuente de muchas generalidades y muy poca credibilidad.

4. Se hacen afirmaciones sin sustento como esa de que “la experiencia con el sistema de rociado del utilizado en Colombia, sugiere (sic) que la deriva de la aspersión es mínima” y se da como referencia un documento de 1990 cuando las condiciones para la fumigación, tamaño de la gota, altura, concentración del glifosato, etc. eran otras muy distintas a las actuales. Además no se precisa cómo se seleccionó la muestra de los supuestos 22 campos utilizados para medir errores en la fumigación (en el 2002). El hecho de que no se hayan tenido en cuenta las quejas de la población afectada que, en términos generales hablan casi siempre de errores por la aplicación del herbicida en extensas áreas de pastos y otros cultivos lícitos, deja mucho que desear como argumento sólido para “demostrar” que no ha habido mayores errores y que a partir de allí se infiere que siempre será así [2].

5. El tema de los riesgos por exposición al glifosato, se hace con base en fuentes secundarias bajo condiciones de ensayo que muy seguramente son distintas a las características en cuanto al estado físico de niños y personas que son colonos, con una situación de alimentación no balanceada y expuestos a enfermedades propias del trópico (paludismo, diarreas, fiebres, etc.) escenario en el cual debería establecerse la especificidad de los impactos en salud por exposición al uso indiscriminado de la mezcla. El estudio no ahonda el análisis bajo estas condiciones y se refiere a un tipo ideal de persona que se sustrae totalmente de estas características.

6. En relación con los impactos por la aspersión sobre aguas superficiales que se utilizan para el consumo, se hace una afirmación concluyente: “Las exposiciones por el consumo de aguas superficiales no tratadas se consideraron bajas y poco frecuentes, en áreas en donde se realiza la aspersión para la erradicación”[3].

Sin embargo, a la luz del deficiente muestreo con que se desarrolló el análisis de aguas superficiales, esto es, en zonas periféricas a los escenarios donde se adelantan las fumigaciones, resulta sorprendente que se llegue a tal dimensión de conclusiones.

El mismo informe reconoce esas deficiencias cuando anota que: “La carencia de información sobre la caracterización de la exposición radica en la falta de mediciones precisas de la proximidad de los campos asperjados a las aguas superficiales y de la proporción de áreas tratadas que se encuentran en estrecha vecindad con esta agua superficiales. El muestreo de las aguas superficiales solamente se llevó a cabo durante un período de 24 semanas y únicamente en 5 localidades. Se tomaron muestras en esta forma. Aunque dos de estas estaban programadas para ser asperjadas, solo un sitio fue tratado durante el período de muestreo. Por razones de logística. no fue tampoco posible obtener muestras de sitios cercanos a los de la aplicación. Si se hubieran obtenido muestras de un mayor número de sitios más cercanos a los cultivos asperjados y durante un período más prolongado, se hubieran podido detectar residuos con mayor frecuencia”.[4]

El estudio no muestra la correlación entre la ocupación de territorios por parte de la población cultivadora de coca, el tamaño de esta, el uso de aguas superficiales para el consumo, la relación entre zonas cultivadoras y presencia de esas aguas (todo lo cual requiere de una cartografía que demuestre esas relaciones, cosa que el estudio no presenta), para luego si desarrollar ensayos con base en muestreos de tales aguas y llegar a conclusiones realmente basadas en experimentos en campo.

Si bien la referencia que se toma como fuente para establecer los impactos por consumo de aguas no tratadas por la aspersión es Norteamérica, los autores creyeron poner a tono su análisis con las características de Colombia, sólo tomando como referencia el incremento de la dosis usada en este país. Nuevamente se extrapolan características propias del hábitat norteamericano, esto es, sin reconocer las condiciones ambientales ni estado de salud de la población cultivadora, entre otras, y estas circunstancias se “superan” en relación exclusiva con el tipo de dosis utilizada.

Adicionalmente, en este punto no se tienen en cuenta los niveles de concentración del glifosato utilizado en la mezcla para cultivos ilícitos, lo cual deja por fuera cualquier inferencia obtenida con base en el uso de la formulación usada en Estados Unidos o para usos agrícolas.

7. El estudio se inscribe en un contexto muy politizado y bajo la presión de tener que mostrar la inocuidad de la mezcla usada en Colombia, en la aspersión aérea de los cultivos ilícitos. Este tema buscó resolverse bajo una obsoleta premisa de “cientificidad” que se reduce a separar los problemas de orden social, económicos y políticos que están presentes allí, como no calificados (en sí mismos) para ser tratados científicamente. Esta premisa descalifica la seriedad del mismo informe. Así mismo al crearse este referente de cientificidad y poner todo el empeño en la demostración medible del fenómeno, se dejan por fuera aspectos íntimamente relacionados con esta política, como el grave problema del traslado de los cultivos que estimula la misma fumigación generando la consiguiente deforestación y quema de suelos frágiles, con lo cual se incrementan los daños ambientales. En otras palabras, la “ciencia” se roba el escenario de definición de objetividad y se instituye – en sí misma – como el gran tribunal que va a decidir quién tiene la razón frente a este debate. Sin embargo, en la práctica los evaluadores se instaura como juez y parte ya que la evaluación no constituye de ninguna manera, un ejercicio independiente sino, como se desprende a lo largo de su lectura, en una verdadera búsqueda anticipada por mostrar la inocuidad del Round Up usado para las fumigaciones de cultivos ilícitos.

Fumigación en Colombia implica su inscripción en la lucha antiterrorista y este elemento le introduce un contexto político muy particular que golpea a la población civil …

8. Finalmente pretender que el programa de fumigación se reduce a la acción de esparcir el glifosato es un error craso. Fumigación en Colombia implica también, presencia de 5 helicópteros artillados en plan de combate, que se podrían explicar por la presencia de grupos armados en los campos de producción ilegal, pero que no justifican el ambiente de guerra que se desarrolla también contra los cultivadores. Fumigación en Colombia implica su inscripción en la lucha antiterrorista y este elemento le introduce un contexto político muy particular que golpea a la población civil y desacredita alternativas pacíficas como la erradicación manual, técnica que resulta tácitamente descalificada en el informe, cuando sus conclusiones no tienen en cuenta esta modalidad de erradicación, la cual es desconocida hoy en Colombia. Como es sabido, esta genera los menores impactos ambientales y en la salud de los cultivadores y en general de las personas expuestas. Es pues un informe tan “científico” - esto es, hecho en nombre de una pretendida “neutralidad” - que resulta siendo profundamente político, en la medida en que hay en la práctica, una toma de posición por la guerra química ya que desconoció completamente, entre otras, su contrastación en términos de impactos frente a otras técnicas como la erradicación manual.

Cuestionamientos de Naciones Unidas a la estrategia de privilegiar las fumigaciones aéreas en la lucha contra las drogas

Por Yamile Salinas Abdala

Asesora INDEPAZ

En el pasado mes de junio, la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas – UNODC Por sus siglas en inglés- presentó el tan anunciado y esperado censo sobre los cultivos de uso ilícito en el país[5]. Distintas voces gubernamentales habían advertido que este documento desvirtuaría los reportes de la CIA y de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos -ONDCP[6], en los que se planteaba que pese al recrudecimiento de las fumigaciones aéreas en el año 2004 existían 114.000 hectáreas de coca en Colombia.

No obstante a que en el informe de la UNODC[7] se calcula que en el país existen 80 mil has sembradas frente a las 86 mil registradas en el año anterior, en el mismo se plantean múltiples inquietudes con respecto a la estrategia del Gobierno colombiano para combatir las drogas ilícitas.

Frente a las nuevas cifras de la citada UNODC, las cuales, nuevamente difieren de las del Departamento de Estado norteamericano, como se registra en el cuadro a continuación, es conveniente reseñar algunas aspectos del informe, poco mencionados y, por ende, no han suscitado el debate que debería darse sobre ellos.

Cultivos de coca

1999 - 2004

Año	INCSR[8]	SIMCI -UNODC
1999	122.500	160.000
2000	136.200	163.000
2001	169.800	145.000
2002	144.450	102.000
2003	113.850	86.000
2004	114.000	80.000

I. La disminución de las hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito no tiene como única causa el incremento de las fumigaciones.

El estudio menciona como posibles causas de la disminución de los cultivos, la combinación entre las estrategias de fumigaciones con químicos y la puesta en marcha de programas de desarrollo alternativo y, concretamente, del programa de Guardabosques, como se describe en la tabla a continuación[9]. Es decir la interrelación entre la línea dura y la línea blanda, o lo que denominó la Defensoría la complementariedad necesaria entre las políticas públicas que deben regir las actuaciones de un Estado Social de Derecho.

Sobre el particular, UNODC reseña:

1. Aumento de las actividades de aspersión aérea con químicos. Durante el año 2004, se fumigaron más 136 mil has, cifra record en el histórico nacional[10]. En los siguientes cuadros se indican las hectáreas fumigadas en el país durante los años 2001 a 2004 y los departamentos en donde se ha intensificado la aplicación del PECIG, con base en las cifras de UNODC y el Observatorio de Drogas del Ministerio del Interior y de Justicia[11].

Hectáreas fumigadas

2001 - 2004

Año	Has
2001	94.152
2002	130.364
2003	132.817
2004	136.551
Total	493.884

Los departamentos con mayores aspersiones en el mismo periodo son los siguientes:

Departamentos y hectáreas fumigadas

2001 - 2003

Año	Putumayo	Nariño	Guaviare	Caquetá
2001	32.506	8.216	7.477	17.252
2002	71.891	17.962	7.207	18.567
2003	8.342	36.910	37.493	1.509
2004	17.524	31.307	30.892	16.276
Total	130.263	94.395	83.069	53.604

2. Avances y recursos dirigidos a los programas de desarrollo alternativo y al programa de guardabosques[12]. Se señala que los recursos destinados a estos fines pasaron de $3 millones en el año 2000 a 78 millones en el 2004. Al respecto, la UNODC, llama la atención en la necesidad de dar un compás de espera a los resultados de los proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito, en la medida en que los mismos requieren mayor tiempo para demostrar sus resultados y ventajas[13].

Como una demostración de los resultados de combinar las dos estrategias: Fumigaciones y proyectos de desarrollo alternativo, en el informe se destacan las situaciones de los departamentos de Putumayo[14], Caquetá, Norte de Santander y Bolívar. De igual manera, se hace referencia a los departamentos Nariño, Cauca, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada en los cuales las inversiones en desarrollo alternativo son muy bajas, y en los que pese al incremento de las fumigaciones no se observa disminución en los cultivos.

En Caquetá y Putumayo, entre 2000 y 2004, se presentó una reducción de aproximadamente 82.000 has, como efecto de la aplicación simultánea de las estrategias citadas. Entre el año 2000 y el 2004, las hectáreas cultivadas de coca en Putumayo pasaron de 66.000 a 4.400. Por su parte, las hectáreas fumigadas crecieron de 574 en 1997 a 71.900 en 2002. Paralelamente, y en desarrollo del Plan Colombia, se aplicaron en ese departamento diferentes estrategias de sustitución de cultivos ilícitos, convirtiéndolo en el receptor del mayor volumen de recursos nacionales e internacionales dirigidos al desarrollo alternativo.

En el departamento de Norte de Santander, además de las aspersiones – 10 mil has entre 2000 y 2003 – se pusieron en marcha “grandes proyectos de desarrollo alternativo”, por un monto de US$ 85 millones, a partir de 2004, lo que se afirma contribuyó a la reducción del área sembrada en una tercera parte.

Por su parte, en Bolívar, los sembrados, 3.400 has se ubican principalmente en la región denominada el Sur de Bolívar. A juicio de la referida oficina, la causa de la poca extensión se origina en que esta zona ha sido objeto de acciones articuladas, de las referidas estrategias.

En el departamento del Cauca que, según la UNODC presenta características similares a Nariño –“ extensa costa marítima, altas sierras y economía rural” -, los cultivos de la citada planta se redujeron entre 2000 y 2004 de 6.300 a 1.300 has, no obstante que solamente se fumigaron 3 mil has. Menciona la Oficina de Naciones Unidas que en dicho ente territorial se adelantan programas de sustitución desde 1985. Extraña que esa oficina no destaque como una posible causa de la disminución de los sembrados, la fuerte organización indígena que entre sus múltiples acciones se ha manifestado contra los actores del conflicto armado interno, el Tratado de Libre Comercio y el establecimiento de cultivos de uso ilícito en sus territorios.

Como ejemplos para desvirtuar que la sola fumigación es la forma más eficiente de combatir los cultivos se presenta la situación en los departamentos de Nariño, Cauca, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.

En Nariño se incrementaron los sembrados de 4.000 has en 1999 a 17.600 en 2004, con lo cual ocupó el segundo renglón en la lista y representó el 18% del total sembrado. En este departamento se recrudeció la aplicación del programa de erradicación forzosa – en los inicios de 2004 se fumigaron 31 mil has –, pero no se avanzó proporcionalmente en la puesta en marcha de programas de desarrollo alternativo. La inversión realizada en ese zona del país sólo corresponde al 4% del presupuesto total 1999-2004. Adicionalmente, en ese departamento, se hace evidente la constante movilidad en la siembra de coca, al señalar “ El cultivo de coca en Nariño cobró importancia en 2002, cuando los cultivos de coca disminuyeron en los departamentos vecinos de Putumayo y Caquetá[15].

Con relación a los departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, se indica que las inversiones dirigidas al desarrollo no alcanzaron el 1% del total del presupuesto 1999-2007. Pese a que la aplicación del programa de fumigaciones se fortaleció (“28% en el 2003 y un 24% en el 2004 del total de la aspersión aérea anual”), las hectáreas con coca alcanzaron la cifra de 16.300 has en 2004, es decir el 20% del total nacional.

“La sostenibilidad de los esfuerzos para la erradicación de cultivos ilícitos depende en gran medida de alternativas reales que se ofrezcan a los campesinos para evitar el desplazamiento de los cultivos a nuevas áreas más alejadas (efecto balón)…”.

Con base en los anteriores análisis, así como en la aceptación de que existe una relación entre la situación de pobreza y el establecimiento de cultivos de coca, de cuyo comercio depende el mejoramiento de los medios básicos de supervivencia de los campesinos que la siembran, la referida Oficina concluye: “La sostenibilidad de los esfuerzos para la erradicación de cultivos ilícitos depende en gran medida de alternativas reales que se ofrezcan a los campesinos para evitar el desplazamiento de los cultivos a nuevas áreas más alejadas (efecto balón)…”.

II. La existencia del denominado efecto “balón”. Según los resultados del censo se advierte “sobre el aumento significativo del cultivo de coca en nuevas áreas y en áreas previamente cultivadas. En el nivel nacional, la comparación de la ubicación de los lotes de coca en 2003 y 2004 reveló que cerca del 60% de los lotes son nuevos, lo cual indica una importante movilidad de este cultivo en Colombia”. Es decir, se reitera la existencia del efecto globo consistente en el traslado de los cultivos a otros lugares dentro y fuera del país, tal y como se refleja en el siguiente aparte del documento. “Sin embargo la tendencia nacional mostró importantes variaciones en el nivel departamental. Mientras que entre el 2003 y 2004 las reducciones más importantes se presentaron en Guaviare (-6.400 ha), Nariño (-3.500 ha) y Putumayo (-3.200 ha), los cultivos de coca se incrementaron en otros departamentos, particularmente en Meta (+5.900 ha) y Arauca (+1.000 ha). En el 2004 el departamento con la mayor área cultivada con coca fue el Meta con (18.700 ha), seguido por Nariño (14,200 ha), Guaviare (9,800 ha) y Caquetá (6,500 ha)”. Al final se registran los cultivos de coca por departamento, según la tabla 4 del informe de UNODC.

III. La existencia de una estrecha relación entre el problema de las drogas y la situación de violencia en Colombia y su incidencia en la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Según las evaluaciones realizadas por esta Oficina se evidenció una mayor participación de los grupos armados al margen de la ley en las zonas del país en donde se localizan los cultivos de uso ilícito. Según el informe, “en los municipios en donde los cultivos de coca fueron identificados, había en promedio aproximado de 100 personas alistadas en grupos armados ilegales, mientras que en los municipios con ausencia de cultivos de coca, había un promedio de 40 personas alistadas en tales grupos”.

… los grupos armados ilegales controlan el negocio y los precios de la base de coca ofrecidos por los campesinos. Estos grupos podrían entonces obtener beneficios considerables del proceso y venta del clorhidrato de cocaína.

Agrega la referida Oficina: “Esta diferencia fue estadísticamente significativa, y apoyó los informes que mencionaban la implicación de grupos armados ilegales con el narcotráfico. Aunque estuvieran implicados ó no directamente en los cultivos de coca por sí mismos, los grupos armados ilegales controlan el negocio y los precios de la base de coca ofrecidos por los campesinos. Estos grupos podrían entonces obtener beneficios considerables del proceso y venta del clorhidrato de cocaína” [16].

Adicionalmente, UNODC reseña que el mayor volumen de personas en situación de desplazamiento provienen precisamente en esas regiones.

IV. Las limitaciones al monitoreo y censo de los cultivos. Sin desconocer los avances del monitoreo de los cultivos de uso ilícito en el país, desde el año 2003, aún subsisten varias limitaciones y dificultades, las cuales han sido señaladas por diferentes entidades y organismos de control[17]. A continuación se hace referencia a varias de ellas que se mencionan en el informe en cita:

a. El reconocimiento de que en los anteriores censos existían áreas no identificadas como zonas de cultivos de coca, razón por la cual se avanza en el desarrollo de un “sistema de alerta temprana para detectar y prevenir la expansión de los cultivos de coca hacia nuevas áreas”.

b. La aceptación de que persisten las restricciones de tiempo y recursos para efectuar la verificación en terreno de parcelas pequeñas y aisladas de cultivo de coca, especialmente de las localizadas por fuera de “las áreas agrícolas establecidas en los departamentos situados en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas”. Como consecuencia de ello, ”… el estimado de cultivo de coca en estas áreas se presenta como indicativo y no se incluye en el resultado final”.

c. El reconocimiento de que aún no se han identificado con precisión los límites de los Parques Nacionales Naturales - PNN, ello pese a los esfuerzos realizados durante el año anterior, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, “por lo tanto los cultivos de coca estimados en cada uno de ellos depende de la exactitud de su delimitación”. Lo expuesto hace suponer que el dato de las 5.400 has de cultivos de coca es todavía una aproximación. En la tabla a continuación se indican las áreas sembradas de coca en 13 de los 50 Parques (7% del total).

d. La comprobación de la incidencia de las condiciones climatológicas en las imagines satelitales que sustentan el censo. Al respecto se indica en el informe que el incremento del 30% de cultivos de coca en los PNN corresponde a los ajustes realizados en el Parque Nacional de la Sierra de la Macarena, ubicado en el departamento del Meta, en la medida en que: “… las imágenes adquiridas sobre este parque ‹para el año 2003› tuvieron un mayor cubrimiento de nubes”, frente a las de 2004 (“con menor nubosidad”). Por esta razón concluye UNODC que “…el incremento entre el año 2003 y 2004 ‹de las hectáreas en los PNN› representa principalmente un ajuste de la cifra más que un incremento real de los cultivos de coca”[18].

e. La aceptación de que aún no se cuenta con las metodologías para establecer la producción real de cocaína y el rendimiento de la hoja de coca en Colombia, las cuales se encuentran en construcción con base en la experiencia piloto adelantada en el Guaviare que se extenderá a las regiones de Putumayo – Caquetá, Sur de Bolívar (departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba) y al Catatumbo (en el departamento de Norte de Santander).

V. Las fumigaciones no inciden en los precios ni en la disponibilidad de drogas en los mercados internacionales. El informe reconoce que aún persisten dificultades para calcular la producción real de cocaína en Colombia en el 2004, en atención a que “…los cultivos de coca se cosechan más de una vez por año y las actividades de erradicación se extienden por varios meses”. Con base en los estimativos realizados por, UNODC se calculó que la producción de cocaína en Colombia fue del orden de 390 toneladas métricas durante el año 2004.

En el marco de dichos estimativos, se afirma que entre 2003 y 2004, la producción total potencial de cocaína disminuyó en 50 toneladas métricas. Sin embargo, este dato no significa un éxito de la política antidrogas a nivel mundial, dado que dicha disminución “…fue compensada por el incremento en la producción potencial de cocaína en Bolivia y Perú, por lo que la producción global potencial de cocaína permaneció relativamente estable entre 2003 y 2004”. Es decir, que nuevamente se evidencia la movilidad de los cultivos de coca y la poca efectividad de las aspersiones para combatir la oferta de cocaína en los mercados internacionales.

La estabilidad en los precios de la cocaína en Colombia en los últimos años puede atribuirse entre otros, al aumento de las importaciones de base de coca peruana para compensar el déficit y al incremento en las actividades de interdicción dentro y alrededor de Colombia …

En lo que respecta al precio del kilogramo de base de coca se advierte que, pese a que se presentó un incremento en los años 2000 a 2003, probablemente ocasionado por la reducción de la hoja – fumigaciones – y el aumento de la interdicción, no sucedió lo mismo en el año 2004. La referida oficina expone como una posible razón el aumento de la importación de base de coca proveniente de Perú. Frente a esta posibilidad, la UNODC afirma: “La estabilidad en los precios de la cocaína en Colombia en los últimos años puede atribuirse entre otros, al aumento de las importaciones de base de coca peruana para compensar el déficit y al incremento en las actividades de interdicción dentro y alrededor de Colombia. Este resultado muestra que los incentivos para el cultivo de coca se mantienen de alguna manera vigentes, mientras que en años anteriores -sobre todo en la segunda mitad de los años noventa-, las erradicaciones produjeron un incremento en los precios locales de la coca que actuaron como incentivo para atraer a más campesinos a vincularse a estos cultivos”.

VI. El deber de corresponsabilidad de la comunidad internacional para combatir el flagelo de las drogas. Finalmente, UNODC reconoce el esfuerzo del Gobierno nacional en los cuatro últimos años para reducir la oferta en un 51% (lastimosamente no hace un declaración similar en torno a las afectaciones causadas en las poblaciones y en los daños ambientales ocasionados como consecuencia de las aspersiones), no obstante, reitera que aún subsisten vastos territorios con cultivos de uso ilícito, lo que le induce a recomendar mayores esfuerzos de la comunidad internacional en apoyar las distintas estrategias contra las drogas ilícitas[19].

Tablas del Informe

Tontos, ciegos, sordomudos

Se reabre el debate del uso de micoherbicidas en las fumigaciones

de cultivos ilícitos

Por Elizabeth López González

En Estados Unidos, desde hace dos meses Dan Burton y Mark Souder, tradicionales congresistas republicanos de Indiana, están haciendo lobby para intentar modificar el presupuesto de la oficina del zar antidrogas con el fin de revivir el polémico proyecto sobre el uso de micoherbicidas (hongos tóxicos) para eliminar cultivos ilegales.

Este debate tuvo gran conocimiento y amplia difusión a finales de la década del noventa cuando, bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, y como parte del Plan Colombia, se propuso utilizar el hongo patógeno Fusarium oxysporum forma erythroxyli en los programas de erradicación de cultivos ilícitos en regiones como el Alto Putumayo, el Alto Napo, el Alto Caquetá, la Amazonía occidental, el Alto Meta, el Catatumbo, las Laderas orientales de la Cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Chocó y Los Andes.

El hongo patógeno Fusarium es un género de hongos del cual existen varias especies (entre ellas, F. oxysporum, F. solanum, F. proliferatum, F. verticillioides), saprofitas de la tierra y patógenas de plantas y animales, causantes de pérdidas para la agricultura y del deterioro de alimentos, entre ellos los granos almacenados (González 2001). Está catalogado en el borrador del Protocolo de la Convención de Armas Biológicas y Tóxicas como "agente biológico para la guerra", que una vez liberado en el ambiente no puede ser retirado, por lo que "los efectos son impredecibles" (Kintto, 2000). Este hongo se reconoce por atacar a una gran diversidad de cultivos como banano, maíz, yuca, flores ornamentales y muchos frutales. Además está reconocido como peste severa para más de 125 especies cultivadas incluyendo alimentos básicos en la región como plátanos, frutales varios, yuca, maíz, etc. En el Ecuador llevó a la quiebra a la Industria Bananera en la década de los 50, con su forma conocida como “Mal de Panamá”, erradicando a la variedad del momento conocida como “Gross Michel” y que hoy está bastante diezmada (Constantino, 2002).

Los efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente fueron ampliamente documentados y discutidos a finales de la década de los noventa, cuando su posible utilización tuvo fuertes críticas tanto en Estados Unidos como en otros países, sobre todo de América Latina. El sitio web mycoherbicide.info creado por Jeremy Bigwood, microbiólogo e investigador sobre el programa de micoherbicidas del gobierno de Estados Unidos, actualmente radicado en Washington D.C, es uno, entre muchos sitios de internet[20] que presenta críticas al programa realizadas por diferentes instituciones y sectores de la sociedad[21].

Dado que el debate con relación a los efectos que presenta el hongo Fusarium se discutió en su momento, ahora que se pone de nuevo el tema sobre la mesa, es importante explicar en qué punto se encuentra la discusión en Estados Unidos. Pues en Colombia sólo el viernes pasado Daniel Samper Pizano, en su columna del periódico El Tiempo[22] puso en conocimiento de la opinión pública este caso “... El 17 de julio el senador Jorge Enrique Robledo denunció el plan, y exigió un pronunciamiento oficial al respecto...” Y comenta el columnista que no se ha dicho nada al respecto: “mudez en las oficinas públicas, mudez en la prensa...”

síntesis de la historia

Para entender porqué se reabrió el debate, Bigwood, 2005, hace un recuento de la situación, iniciando desde la década de los 70s, años en los cuales la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos –DEA- financió abiertamente algunas de las primeras investigaciones sobre la acción del Fusarium en la marihuana.

Durante los ochentas y noventas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA- tomó y reprodujo algunas investigaciones clandestinas iniciadas por la Agencia Central de Inteligencia – CIA- y por el Departamento de Energía –DOE- y continuó estudiando la manera de aplicar el hongo y su precisión al momento de atacar a los organismos que habitaran las plantas. Una de las conclusiones de estos estudios se relacionó con la capacidad de los diferentes tipos de hongo de afectar cultivos de uso legal.

En el año 1999, el nuevo zar antidrogas de la Florida decidió sacar a flote la idea de usar micoherbicidas contra la marihuana cultivada en ese estado. Dicha iniciativa fue bloqueada por opositores del propio Departamento de Protección del Medio Ambiente de Florida, quienes plantearon el tema de la mutación. En informe del Sunshine project, 2000 se puede ampliar información sobre este tema[23].

A finales de los noventa, se propuso la aplicación de micoherbicidas, como parte del Plan Colombia. La Secretaria de Relaciones Exteriores de esa época, Madeleine Albright, incluso, afirmó públicamente que estaba intentando aplicar los micoherbicidas en Colombia, a través de un programa de la Organización de Naciones Unidas, ONU (Bigwood, 2005).

De hecho, en el estudio realizado por Adolfo Maldonado[24] para la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a propósito de las fumigaciones con glifosato desde 1986, se detectó, no sólo la presencia, sino el incremento del hongo fusarium en los cultivos que son fumigados con el herbicida RoundUp Ready (maldonado, 2003a). Una posible explicación de este hecho fue la posibilidad de que el gobierno de Colombia estuviera utilizando, a escondidas de la opinión pública, el hongo Fusarium oxisporum erytroxylum (Maldonado, 2003b).

En el año 2000 se excluyó el uso de micoherbicidas del Plan Colombia

A pesar de que en el año 2000, hubo cada vez más críticas al plan de micoherbicidas, el congresista republicano Burton, junto con otros congresistas continuaban respaldando el proyecto, promulgando así el Plan Colombia en agosto de 2000. El entonces Presidente Clinton firmó la ley, pero, usando un lenguaje muy confuso, “derogó” el uso de micoherbicidas en Colombia

Una semana después de la “derogación” de Clinton, durante una reunión de los gobiernos de la Comunidad Andina en Lima, representantes del Comité Andino de Autoridades Ambientales, CAAAM, “rechazaron” el uso de los micoherbicidas en un acuerdo que prohibió la erradicación con Fusarium a lo largo de los Andes. Bolivia ya había promulgado un proyecto de ley que prohibía toda erradicación, salvo la que se realiza manualmente. Perú y Ecuador siguieron el ejemplo con edictos presidenciales que prohibieron los programas de erradicación química y biológica (Bigwood, 2005).

A finales de 2000, cuando el programa de micoherbicidas estaba a punto de desaparecer, miembros del Organismo de Narcóticos y Aplicación de Leyes Internacionales, INL, del Departamento de Estado, continuaban impulsando la idea, con el respaldo de algunos funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONDCP. Pero en los años posteriores esta oficina cambió su postura y no había querido emitir ninguna declaración al respecto.

Se reabre el debate

El 11 de mayo de este año durante una audiencia del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el pro-micoherbicida Dan Burton le preguntó al zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, por qué el ONDCP no estaba aplicando micoherbicidas en su lucha contra la droga. John Walters respondió que se debía a la preocupación que despertaba la controversia con relación a otros agentes que ya estaban siendo introducidos en el medio ambiente, agregó que el gobierno colombiano había manifestado no estar interesado en este programa y, concluyó diciendo que no era posible probar el micoherbicida en áreas en donde la gente no tenga confianza de que éste no se constituye como algo peligroso.

Un mes después de esta audiencia, Burton y su colega Mark Souder del comité que respalda el uso de micoherbicidas, agregaron una enmienda a la Ley de Reautorización del ONDCP para impulsar el estudio de micoherbicidas. La enmienda de Burton ordena al director del ONDCP que le presente al Congreso – dentro de los 90 días de la promulgación de la ley – un plan de acción para asegurar que una evaluación apresurada, completa, y detallada del efecto de los micoherbicidas – como estrategia de eliminación de cultivos ilícitos- sea realizada por organismos de investigaciones científicas pertenecientes al gobierno” (Interamerican dialogue, 2005).

Lo paradójico del asunto

El 14 de junio de 2005, por sexto año consecutivo la oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito presentó un informe detallado sobre la situación de los cultivos de coca en el país, en el que destacó una disminución del 51%, durante los últimos cuatro años. De 86.000 hectáreas de coca cultivadas en el 2003, se llegó a 80.000 en el año anterior (Acción Social – Presidencia de la República, 2005).

El informe, aunque atribuye este hecho a la aspersión aérea (que alcanzó un máximo de 139.200 hectáreas), señala que uno de los principales factores de este descenso obedece a las políticas de Desarrollo Alternativo del país, que han concientizado a los cultivadores acerca del daño que ocasionan a sus familias, a los consumidores de cocaína y al medio ambiente (lo que denominan “fumigación de cerebros”). Calvani dijo que es importante que los colombianos se unan, apoyen el Desarrollo Alternativo y compren los productos que se cultivan como alternativa legal en el campo (Acción Social – Presidencia de la República, 2005) .

Sin embargo y pese a las recomendaciones hechas por Naciones Unidas, en el Congreso de Estados se insiste sobre la posibilidad de reautorizar estudios basados en el uso de micoherbicidas e implementarlos como parte del Plan Colombia para erradicación de cultivos ilícitos (Acción Social – Presidencia de la República, 2005).

Qué sigue?

Como se mencionó, la discusión sobre micoherbicidas tuvo gran importancia y difusión a finales de los noventa e inicios de 2000, y las victorias[25], aunque parciales, obtenidas en ese año fueron producto de la movilización nacional e internacional de ciudadanos, parlamentarios, académicos, organizaciones sociales y de pueblos indígenas (González, 2001).

Ahora, es necesario que se establezcan alianzas estratégicas para poner freno a lo que se viene con la reaparición de este polémico hongo. Especialmente En este momento que los últimos días han estado llenos de noticias alrededor de nuestras relaciones con Estados Unidos: el nombramiento de Luis Alberto Moreno en el BID, la misión oficial a Washington para defender la Ley de Justicia y Paz, la certificación en derechos humanos del Departamento de Estado que permite liberar importantes recursos de asistencia militar que estaban congelados, la aprobación del Cafta en el congreso estadounidense y la reunión de los presidentes Uribe y Bush en el Rancho de Texas del segundo[26]. Y en medio de estas amigables relaciones, y en el marco de la complacencia que el gobierno colombiano ha mostrado con las políticas de Estados Unidos (especialmente en lo referente a su plan de lucha contra las drogas; hace apenas dos meses se puso sobre la mesa el debate de fumigación con glifosato en parques naturales de Colombia), se reabre el debate en Estados Unidos sobre utilización de micoherbicidas para control de cultivos ilícitos. Ya en el 2004, sin tener conocimiento de lo que se vendría, en una iniciativa que convocó a 135 Congresistas colombianos, los Senadores Jorge Robledo y Jumí, entre muchos otros, renovaron iniciativas parlamentarias por que se debatiera públicamente la aplicación de la medida de fumigación (Moreno, 2004). Esperemos que la iniciativa tenga acogida y que se incluya en las discusiones el tema de los micoherbicidas o agentes verdes.

Y esperemos no seguir siendo tontos , ciegos, sordomudos...

Fuentes Bibliográficas

Acción Social – Presidencia de la República, 2005. Censo de cultivos de coca arroja disminución de un 7% durante el último año: desarrollo alternativo principal factor. Bogotá, junio 14 de 2005. http://www.acci.gov.co/Comunicados/Noticia/Noticia41.htm

Bigwood. J., 2005. Mycoherbicide Redux: U.S. Congressmen Declare Biological War on South America in New Antidrug Proposal. http://www.narconews.com/Issue38/article1384.html

Constantino. E., 2002. Probables Impactos de la Aplicación del Hongo Fusarium oxysporum para la Erradicación de la Coca en Ecosistemas Amazónicos. http://www.mamacoca.org/feb2002/abs_constantin_fusarium_es.html

González. D, 2001. Armas químicas y biológicas en el Plan Colombia : Interrogantes sobre la estrategia antinarcóticos. http://www.mamacoca.org/feb2002/art_gonzalez_armas_quimicas_y_biologicas.html#fnB15

Interamerican Dialogue, 2005. Burton, Souder Urge Research of "Revolutionary" Anti-Drug Herbicide. Junio 17 de 2005. http://www.house.gov/burton/LAA050617.pdf

Kintto. L., 2000. El Impacto del Plan Colombia, Tierramerica, octubre de 2000. http://www.tierramerica.net/2000/1015/noticias3.html

Maldonado. A., 2003a. Daños genéticos en la frontera de Ecuador por las fumigaciones del plan Colombia. Noviembre de 2003. http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/pcolom/AE0311.pdf

Maldonado. A., 2003b. Impactos en la salud Ecuatoriana. Fumigaciones fronterizas del plan Colombia. Revista Semillas 21. http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=30088&cmd%5B172%5D=c-1-21

Moreno. M., 2004. Ríos de glifosato para el canje ambiental. http://www.mamacoca.org/Octubre2004/doc/Editorial_fumigaciones_mayo_2004.htm

La quimera de comprar la cosecha de coca[27]

Por Francisco Thoumi[28]

Hace unos días, el presidente Uribe en un concejo comunitario en Villavicencio sorprendió al país con su ofrecimiento de comprar las cosechas de coca a los cultivadores de Meta. Esta es una medida aparentemente ingeniosa para competir con los narcotraficantes, las guerrillas y los grupos paramilitares en el negocio ilegal y así disminuir las fuentes de financiamiento del conflicto armado. Sin embargo, a pesar de su aparente atractivo, esta no es una opción para el gobierno colombiano, pues, de implantarse, crearía un cúmulo de problemas jurídicos y dentro de los mercados ilegales que harían que no fuera viable.
Para empezar, la compra de coca ilegal iría en contravía de las tres Convenciones de Naciones Unidas sobre drogas que alteran la mente, la Convención sobre Crimen Organizado y la Convención sobre Terrorismo, que está en proceso de elaboración. En otras palabras, para implementar la propuesta del Presidente, el país debería repudiar cuatro convenciones y abstenerse de firmar la quinta. No parece que el Presidente haya evaluado las consecuencias internacionales de una acción de este tipo.

“Eso tiene que ser muy serio. Preste la coca y tome la platica. Como en la feria: Preste el marrano, tome la plata …”.

Álvaro Uribe Vélez[29]

En el ámbito nacional esta medida probablemente sería ilegal. No soy jurista, pero creo que sería muy difícil que el gobierno comprara legalmente el producto de una actividad delictiva. Mientras el cultivo de coca sea un delito, al comprar la coca el gobierno estaría jugando el papel de un reducidor de artículos robados. Es decir, para comprar la coca, el gobierno debería primero legalizar los cultivos de manera que esta actividad no fuera un delito.

Las implicaciones económicas de un programa de compra de coca no parecen haber sido tenidas en cuenta antes de proclamarlo, pues enfrentaría muchos obstáculos y tendría una serie notable de efectos negativos. Primero, no hay una partida presupuestal para ese fin, por lo que se esperaría que la compra de coca aumentara el déficit fiscal. Segundo, cualquier presupuesto podría ser insuficiente. La coca representa menos del uno por ciento del precio de venta de la cocaína al detal en los mercados de Estados Unidos y Europa. Por consiguiente, los traficantes podrían pagar varias veces el precio actual sin afectar sustancialmente el precio de venta a los consumidores o sus ganancias totales. No parece posible que el gobierno pueda competir en tal caso con la industria ilegal, aunque se puede afirmar que los ingresos del campesinado posiblemente se aumentarían. Tercero, la compra de coca actuaría como un soporte de precios que disminuiría el riesgo de los campesinos y haría a la coca aun más atractiva en relación con los productos legales, incluidos los de los programas de desarrollo alternativo. La experiencia de pagar a los campesinos por erradicar coca en el Chapare boliviano es importante y confirma la afirmación anterior.

Mientras el cultivo de coca sea un delito, al comprar la coca el gobierno estaría jugando el papel de un reducidor de artículos robados.

Cuarto, en Colombia los programas subsidiados de desarrollo rural son muy débiles o inexistentes. La compra de coca daría al campesinado una señal errada, pues le demostraría que los cultivos ilegales son un prerrequisito para lograr atención y ayuda gubernamentales. Quinto, cualquier programa de compra requiere una compleja organización que garantice que se pague por la coca pactada, que esta no sea reciclada en el mercado negro y que los compradores no engañen al campesinado. Sexto, para que un programa de esta naturaleza tenga efecto, se requiere que sea negociado con organizaciones campesinas que puedan intervenir en los grupos sociales afectados, para que los pactos adquiridos se cumplan. La propuesta presidencial parece reflejar el individualismo del campesinado colombiano, y la coca se compraría individualmente. Colombia, en este caso, está en gran desventaja respecto a Perú y Bolivia donde hay fuertes comunidades con las que se puede negociar.

En realidad, no sé de algún documento del gobierno colombiano que respalde la propuesta del Presidente, la que parece haber sido formulada en el calor del concejo comunitario. Es cierto que a muchos esta idea les puede parecer de sentido común. Infortunadamente, los mercados funcionan de manera contra intuitiva y muchas ideas de sentido común llevan a fracasos notables si se implementan sin tener en cuenta todas sus consecuencias.

El fenómeno de las drogas ilegales es muy complejo. Los gobiernos de muchos países incluidos Estados Unidos y Colombia han buscado y continúan buscando soluciones simples que no requieran reformas sustantivas dentro de sus sociedades, pero que en el mejor de los casos tienen algunos logros de corto plazo. Propuestas como la compra de coca caen en esta categoría: parecen ser el producto de mentes geniales, pero son sólo una quimera.

Ecuador exigirá a Colombia el cese de fumigaciones en la frontera - Justicia ratifica graves daños en la salud y medio ambiente por las fumigaciones

Histórico fallo del tribunal constitucional ecuatoriano

Comité Interinstitucional sobre las Fumigaciones[30]

Mientras las Altas Cortes de Justicia colombianas sostienen que derechos fundamentales como el de la vida o la salud no se vulneran por las fumigaciones, dado que en los expedientes de los casos que han revisado “no se evidencia que se hubieren presentado como efecto de la aspersión aérea, manifestaciones clínicas de contacto o exposición a plaguicidas”, el Tribunal Constitucional del Ecuador acaba de emitir un fallo de gran trascendencia en el que da credibilidad a estudios que demuestran los daños que esta actividad causa en la salud de quienes son expuestos y decide por tanto, amparar sus derechos fundamentales.

Antecedentes
En febrero de 2004 algunas mujeres que participaron en un estudio realizado en el Ecuador y que concluyó que "la totalidad (100%) de mujeres estudiadas que recibieron el impacto de las fumigaciones y sufrieron síntomas de intoxicación, presentan lesiones genéticas en el 36% de sus células" presentaron una Acción de Amparo Constitucional contra el Estado ecuatoriano con apoyo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos –FORCCOFES-, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- y el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones -CIF – Ecuador-.

Esta acción fue interpuesta en consideración a que por el incontrolable "efecto deriva" de las fumigaciones - que se realizaron en el departamento del Putumayo (Colombia) a finales de 2000, entre enero y marzo de 2001, entre julio y octubre de 2002 y en julio de 2003-, la mezcla con la que se asperja en la frontera ha generado impactos graves en la población ecuatoriana expuesta, especialmente mujeres, niños, pueblos indígenas y personas de la tercera edad.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador había corroborado ese mismo año que en la actividad de fumigación realizada en la frontera está claro que "concurren la violación a las disposiciones constitucionales referentes a la protección de la salud de las persona, su derecho al trabajo, a un ambiente sano y equilibrado, el derecho al desarrollo sustentable e incluso a la inviolabilidad del territorio ecuatoriano ", por lo que declaró: "Que el Estado de la República de Colombia es el responsable de los daños transfronterizos ocasionados, como ha quedado probado; en territorio, personas y ambiente de las zonas de la frontera norte del Ecuador, por tanto, de las violaciones de los derechos humanos a la salud, a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, así como el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, establecidos en el artículo 23, numerales 6 y 20 de la Constitución Política del Ecuador".

Así mismo exhortó al Presidente del Ecuador para que de forma urgente tomara las medidas necesarias para prevenir e impedir la realización de nuevas fumigaciones que afecten la zona de frontera y activara "los mecanismos diplomáticos para que se establezca una franja de diez kilómetros en territorio colombiano como límite territorial para la realización de fumigaciones, además, de efectuar el control de sobre-vuelos de aeronaves fumigadoras en el espacio aéreo colombiano".

La labor diplomática desarrollada se concretó en la creación de una Comisión Técnica Binacional a fin de evaluar estos hechos. Sin embargo, un año después de conformada y tras varias reuniones, no había producido aún ningún informe concluyente y por el contrario, parecía dilatar la toma de decisiones del gobierno ecuatoriano en la materia pese a que los perjuicios que alegaban los quejosos, persistían "se han agotado los recursos legales internos para reclamar del Estado las medidas necesarias para proteger a la población de frontera; en circunstancias en que la única e insuficiente respuesta presidencial ha sido la de nombrar una "Comisión Técnica'' de dudosa capacidad y compromiso, que permanece alineada a las conclusiones de su similar de Colombia, que mantiene de manera tozuda la ausencia de peligrosidad el producto utilizado en las fumigaciones, muy a pesar de las evidencias científicas presentadas por las víctimas y un conjunto de organizaciones que vienen trabajando por más de tres años en este tema".

De esta comisión debe resaltarse la particular aversión por discutir el asunto de las fumigaciones con los detractores de esta política. Su agenda nunca fue pública y en ella no se dio campo a la participación ciudadana ni al sano debate científico, social y democrático planteado.

El fallo:

El pasado 15 de marzo el Tribunal Constitucional del Ecuador decidió confirmar la decisión del Tribunal de Instancia que concedió el Amparo a los demandantes ordenando, entre otros:

"Que el Gobierno ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, suscriba un Memorando de Entendimiento con Colombia para que no se realicen fumigaciones en una franja de 10 km medidos desde la línea de frontera hacia el interior de la República de Colombia.

Que el Ministerio de Bienestar Social realice un estudio sobre el número de campesinos e indígenas ecuatorianos desplazados por las fumigaciones e implemente un programa de retorno.

Que el Ministerio de Ambiente realice un estudio que determine el impacto ambiental provocado por las fumigaciones y diseñe un programa de reparación ambiental.

Que se implemente un mecanismo de reparación integral basado en la participación y consentimiento de las comunidades que han sufrido los efectos de las fumigaciones a consecuencia de la omisión del Estado Ecuatoriano".

Este fallo pasará a la historia como la primera decisión judicial en firme tomada a favor de las víctimas del programa de fumigación colombiano –PECIG-, único en su especie aplicado en el mundo. En Colombia se había avanzado en esta vía con dos fallos, el primero de la Corte Constitucional en 2003 que ordenó efectuar el procedimiento de Consulta con los pueblos indígenas de la Amazonía que ya habían sido expuestos a la fumigación, en desarrollo del convenio 169 de la OIT.

El segundo, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la
suspensión del programa tras corroborar el sistemático incumplimiento de leyes en materia de salud y medio ambiente bajo las siguientes consideraciones:

"Si bien las fumigaciones aéreas constituyen un riesgo para la salud humana, animal y para el ambiente en general, es necesario que se suspendan, en aplicación del Principio de Precaución, pero ello no significa para el Estado dejar de actuar sobre el problema, lo que se pide es que se cumpla la constitución, la ley el Plan de Manejo ambiental impuesto, y todos los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades competentes, en relación con la política ambiental del país, significando por ello en estos momentos, un cambio de estrategias, determinándose previamente las consecuencias del glifosato, más POEA más Cosmo Flux en la salud - vida de los habitantes de Colombia, y del medio ambiente en general, pudiéndose reforzar hasta tanto haya certeza científica de los impactos de los químicos mencionados, las soluciones sociales concertadas, y sostenibles como las del PLANTE, que conduzcan a la reducción manual y gradual, pero eficaz, de las siembras de cultivos ilícitos, incluyendo políticas que acaben con la rentabilidad de esos cultivos".

Debe anotarse que en este último proceso se tomó la decisión pese a que no se allegó "prueba de carácter determinante para la prosperidad de las pretensiones" ya que en Colombia ninguna autoridad ambiental o de salud ha realizado nunca estudios contundentes que den cuenta del nivel de impacto real de las fumigaciones. Sin embargo, tenía razón el tribunal en no centrar el debate en una prueba técnica de daño, pues el ordenamiento jurídico colombiano en materia ambiental se rige por principios universales, uno de ellos, el de precaución, que determina que "Cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente".

Un año después, el Consejo de Estado al resolver la apelación interpuesta contra este fallo por parte de las autoridades antinarcóticos retrocedió en cuanto al análisis que se había dado al paso y volvió a centrarlo en la prueba de daño, resaltando que del material recaudado "no se infiere, con certeza, que el glifosato empleado para la erradicación de los cultivos ilícitos produzca daños irreversibles en el medio ambiente; por el contrario, hay elementos de juicio que permiten concluir que la degeneración de las zonas asperjadas se produce en lapso no muy largo, que, en cambio, numerosas hectáreas de bosques son destruidas por causa de la tala de estos por los cultivadores ilícitos".

Por tal motivo el Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal de
Cundinamarca y dio vía libre a las fumigaciones, que para el 2004 alcanzaron una cifra récord: más de 133.000 hectáreas asperjadas para obtener el pírrico resultado de 114.000 hectáreas, es decir, las mismas que se registraban al finalizar 2003. Con cada hectárea asperjada, se impactaron gravemente derechos fundamentales de todos aquellos expuestos indiscriminadamente a su ejecución.

Pero, cabe rescatar que el fallo no fue tomado de forma unánime por parte de dicha Corporación. Por el contrario, se presentaron varios salvamentos de voto en los que se plasmaron importantes objeciones producto de una reflexión más profunda sobre las implicaciones de continuar con el PECIG.

A continuación nos permitimos transcribir algunos apartes de estos
salvamentos, resaltando la importancia que tienen, no sólo por su
consistencia argumentativa sino porque, en el contexto actual de legitimación del equívoco enfoque de lucha contra las drogas, constituyen un precedente histórico fundamental para demostrar que no todo el aparato Estatal colombiano avala tal desafuero.

(1) Conclusiones como que “grupos de campesinos en su labor agrícola
utilizan muchos productos químicos diferentes del glifosato en sus distintas formas, algunos de los cuales son extremadamente tóxicos y que pueden ser causa determinante de afecciones”, no puede constituir un elemento a tener en cuenta para descartar las pretensiones del actor, porque el hecho de que haya otros agentes contaminantes no avala el uso de otros que también lo sean“.

(2) “En relación con los medios de prueba en los que se funda la Sala para tomar su decisión vale la pena resaltar que los estudios, en su mayoría, fueron adelantados en países diferentes a Colombia, por lo que o tienen en cuenta las condiciones particulares en las que se realiza la fumigación en el país; por esta razón las conclusiones que en ellos se deducen no son aplicables al caso colombiano“.

(3) “Disiento de la decisión mayoritaria de la Sala, proferida en el proceso de la referencia, por cuanto considero que se debió tomar en cuenta de manera primordial el principio de precaución (...). Es mi parecer que debió traerse al expediente la prueba completa y necesaria de lo inocuo de las sustancias “glifosato, más poea, más cosmoflux”.

(4) “Disentimos de lo decidido en la sentencia referenciada, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida en este proceso, la que a su vez había dispuesto la suspensión de la fumigación aérea por aspersión de los cultivos ilícitos en el país, hasta tanto se concluyeran los estudios ordenados en la misma providencia, siendo que ésta ha debido confirmarse, fijando un término prudente para dicha suspensión, en el cuál debía coincidir con el requerido para la realización de los referidos estudios”.

“Frente al sano e indiscutible propósito de combatir frontalmente el flagelo degradante de los cultivos ilícitos en nuestro país mediante aspersión aérea con el uso de glifosato, se impone proteger preferentemente la salud - vida, el ambiente y los demás derechos conexos de los asociados, afectados con el desarrollo de las políticas establecidas para el logro de lo primero. Se trata de unas prioridades con carácter eminentemente humanístico que encuentran pleno sustento en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en el entendido de que los programas de fumigación referidos no han arrojado los informes divulgados notoriamente en diversos medios de comunicación, de los cuales se reproducen algunas notas periodísticas con un criterio meramente ilustrativo“. Como se ve, el debate sobre las fumigaciones en Colombia no está terminado, tal vez porque dado el nivel de censura y secreto que le rodea, ni siquiera ha comenzado. El fallo del Tribunal Constitucional del Ecuador, se vislumbra como una buena oportunidad para abordarlo, para que la obstinación autoritaria del actual gobierno en la aplicación del PECIG ceda a la apertura de los hasta ahora negados espacios democráticos de debate.

Colombia tendrá que revaluar la política de fumigar, fumigar y fumigar …

Colombia tendrá que revaluar la política de fumigar, fumigar y fumigar - por lo menos por ahora-, en los aproximadamente 600 kilómetros de frontera con el Ecuador, y por tanto tendrá que apelar a otros métodos para disminuir el número de hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito.

Este será un primer gran paso, porque por primera vez, no caben las excusas de inocuidad del glifosato, ni los cálculos que sostienen que el efecto deriva es inexistente, ni tendrá sentido apelar a razones de seguridad del Estado, o a que los cultivadores son unos criminales, porque el sistema de justicia de un país fronterizo ha decidido proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y la inviolabilidad de su territorio, y Colombia tendrá que respetar y asumir esta determinación.

Aunque en Colombia no se ha generado la prueba de daño, damos por cierto que este se produce, a tal nivel que incluso los perjuicios han cruzado fronteras. Quienes consideramos que las fumigaciones son un método equivocado y perverso para disminuir cultivos de uso ilícito, celebramos este fallo y anunciamos que continuaremos oponiéndonos a ellas en defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos, con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales con los que contamos a fin de reconstruir la legitimidad del Estado Social y democrático de derecho.

La salud y las fumigaciones:

Con respecto al fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión del Tribunal de Cundinamarca mediante la cual se ordenó realizar estudios para evaluar los impactos de los químicos que se emplean en las aspersiones y la salud humana, es de anotar que pese a las exigencias formuladas por el Ministerio de Salud en los años 80, y 90s, las cuales han sido reiteradas por la Defensoría del Pueblo y la CGR, así como varias organizaciones no gubernamentales, en el país no se cuenta con un plan de vigilancia epidemiológica.

En el informe del Observatorio de Drogas en Colombia, se mencionan como adelanto del “monitoreo en salud”, que: “… El Ministerio de Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de Salud ha avanzado en el análisis y las alternativas para abordar la vigilancia de los posibles efectos en la salud humana que pueda ocasionar la operación del PECIG. En ese sentido se avanzó en la definición de un protocolo para efectuar evaluaciones del estado de salud de las comunidades del área de influencia del Programa. Este estudio contempla la toma de pruebas y registro antes y después de la aspersión. Por lo anterior ese Ministerio adelanta gestiones con la Policía Antinarcóticos para caracterizar y seleccionar las zonas a evaluar”.

Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía política[31]

Unidad Investigativa de INDEPAZ

En el estudio realizado por Daniel Fonseca, Omar Gutiérrez y Anders Rudqvist, se plantea la situación del sur de Bolívar desde la perspectiva de sus pobladores y de diferentes actores institucionales y se formulan recomendaciones a la Comisión Europea en la puesta en marcha del Laboratorio de Paz.

Por la importancia que tiene este documento en el análisis y evaluación de las estrategias utilizadas en el país para combatir las drogas ilícitas, INDEPAZ reseña algunas de las afirmaciones y conclusiones del estudio.

En primer lugar se menciona la poca visibilidad existente en la región sobre la economía vinculada a la producción de cocaína antes de 1999, año en que se dio un “fallido” proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Entre las razones del auge de las actividades vinculadas al narcotráfico, se mencionan:

1. El ingreso de las AUC para combatir al ELN, con lo que se agudizó el conflicto y con ello aumentaron los desplazamientos de la población de la zona, permitiendo el ingreso de otros actores más vinculados al Magdalena Medio.

2. El posicionamiento que tuvo el Bloque Central Bolívar que de manera integrada intervino en los diferentes escalones de la cadena del narcotráfico y promovió los cultivos de coca.

3. La poca presencia del Estado en la zona que se manifiesta en carencia de programas y proyectos ajustados a las condiciones de la misma: Existencia de una zona de reserva forestal, falta de reforma agraria, problemas en la titulación y propiedad de la tierra, características ambientales – ecosistemas frágiles-, y pobreza y marginalidad.

4. La baja efectividad de los programas de erradicación voluntaria adelantadas por el PLANTE y algunas organizaciones no gubernamentales con recursos del Plan Colombia, los cuales “han sido fuertemente cuestionados por los mismos campesinos”.

“ … ganar confianza y acercar a estos habitantes [del sur de Bolívar] a la legalidad productiva y a su reconocimiento como ciudadanos”.

Como propuestas para la operación del Laboratorio de Paz formula la puesta en marcha de una “estrategia de desarrollo regional sostenible en medio del conflicto”, participativa y concertada, que debe tener entre sus componentes acciones dirigidas a:

1. “ … ganar confianza y acercar a estos habitantes [del sur de Bolívar] a la legalidad productiva y a su reconocimiento como ciudadanos”.

2. Abordar el ordenamiento territorial y la realización de una reforma agraria, en la medida en que “la expansión de los cultivos ilícitos y los conflictos por la tierra tienen una estrecha relación”, por lo tanto “suena inconsistente insistir en la 'sustitución de cultivos' sin asumir las problemáticas asociadas a la tenencia y legalización de la tierra y a su concentración en pocas manos. Se propone estimular las zonas de reserva campesina dentro de la frontera agrícola, a través de las cuales se dote a los campesinos de tierras fértiles y vecinas a los núcleos urbanos, “donde realmente sea más racional y competitivo impulsar … proyectos productivos”.

3. Promover proyectos que redunden en la economía local y en las condiciones sociales de sus habitantes, dado que muchos de los proyectos – ganaderos o agroindustriales – se orientan más a producir para mercados externos sin atender las condiciones de la vida rural y de sus pobladores, como es el caso de la minería y los cultivos de palma en Yondó.

4. Incorporar en el plan que se emprenda a los diferentes actores que se afectan y/o benefician con la economía ilegal, dentro de los cuales menciona a los más afectados por la fumigaciones: Los campesinos que ven en la coca es una “oportunidad más de sobrevivir” y los “raspachines” una forma de obtener su remuneración. Otros actores citados son los comerciantes y transportadores para quienes la coca es una manera de obtener excedentes a través del otorgamiento de prestamos para la adquisición de bienes de consumo, insumos agrícolas o para la siembra de dicha planta. También recomienda analizar la manera de vincular a aquellos campesinos y productores que se han negado a participar actividades ilícitas y que por lo mismo no son beneficiarios de los programas gubernamentales; a los empresarios locales de la coca que no ven atractivos esos programas y, en muchas ocasiones se oponen a su implementación, situación que puede ser compartida por la de los proveedores de insumos para el narcotráfico, y a las autoridades locales, así como a los actores armados al margen de la ley.

“los actores que se benefician del narcotráfico en el sur de Bolívar y acumulan grandes recursos, que retroalimentan el conflicto armado y agravan la situación de emergencia humanitaria, no han sido golpeados de forma contundente ni desarticulados o reducidos por las fuerzas de seguridad del Estado

Para finalizar en el estudio se cuestiona la política antidrogas fundada en las estrategias de aspersiones con químicos y de programas de desarrollo alternativo y erradicación voluntaria ejecutados en la región, en atención a que “los actores que se benefician del narcotráfico en el sur de Bolívar y acumulan grandes recursos, que retroalimentan el conflicto armado y agravan la situación de emergencia humanitaria, no han sido golpeados de forma contundente ni desarticulados o reducidos por las fuerzas de seguridad del Estado”.

Plan Colombia, Patriota IRA, IIRSA, TLC, hacia un nuevo Estado Ilegal ?

MARTHA ALICIA DUQUE G.[32]

EL plan Colombia y luego el Plan Patriota, por sus objetivos y resultados, son una estrategia contrainsurgente contra la guerrilla y el movimiento social con miras a garantizar, en primer lugar, la seguridad con militarización privada y el control territorial en especial donde están ubicados los recursos estratégicos y la biodiversidad y en segundo lugar, la ejecución en marcha del IIRSA - Iniciativa para la Integración de la infraestructura Suramericana y el TLC -, con los megaproyectos de construcción de obras de infraestructura, de interconexión energética, de industria extractiva, de turismo, de apropiación de genes y en general del patrimonio ambiental.

En numerosos documentos de EU y en la sustentación del Plan Colombia y del ALCA y el TLC, se han manifestado los intereses geoestratégicos de EU para en control territorial y asegurar el acceso a los recursos geoestratégicos por parte de sus multinacionales.

En relación con el petróleo en América Latina y el apoyo a la guerra contra el terrorismo el entonces Jefe del comando sur de EU justificaba “La región provee mas del 31% del petroleo importado, mas que todos los países del medio oriente juntos. La volatilidad del oriente medio hace de la disposición de existencias de petróleo en América Latina y del Caribe, algo muy crítico”. Por consiguiente, el petróleo por encima de la lucha antidrogas se presenta como un objetivo de EU en Colombia. Se hace alusión a la seguridad, en las zonas petroleras en producción, así como en las áreas rurales con reservas de petroleo donde las compañías de EU puedan iniciar operaciones. Del mismo modo, resalta la intensificación del ataque de las FARC y del ELN en los pozos petroleros.[33]

Para los EU, el narcotráfico no es un problema como ya se había anotado, pues hay que adicionar, que son los que más se benefician y controlan el negocio. Al respecto Rumsfeld, Secretario de Defensa de EU, declaraba en visita a Colombia en 2003 “ El narcotráfico no es peligroso en si mismo, sino porque alimenta al terrorismo y a redes terroristas”[34].

El principal componente, del Plan Colombia se presenta para el ejercito y la policía, destinados a la denominada lucha antidrogas y la fumigación masiva, que para el 2001, el aporte represento el 74% y apenas el 26% para la Acción Social.

Para el 2004, en vista de que no se ha logrado tocar la estructura básica de las FARC, se diseña y pone en operación el Plan patriota como una estrategia militar, con la pretensión de derrotarlos.

Acompañada a la acción militar se ha puesto en marcha, la estrategia de contra el denominado populismo radical, dirigida al movimiento social y dirigentes. En Marzo de 2004 “el Comandante de las fuerzas estadounidenses en América Latina (Southern Command, general James T. Hill, comunicó al Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes la voluntad y decisión del gobierno de George Bush, de destruir por la fuerza militar la "amenaza emergente" del populismo radical”[35].

La fumigación masiva con glifosfato y el Plan patriota, han conllevado el desalojo de la población civil, incrementar el desplazamiento forzado, la violación masiva de los derechos humanos y el despojo masivo de tierras, por parte de los paramilitares, como lo ha señalado Codhes y a la par se esta asistiendo al etnocidio de indígenas y afrodescedientes.[36]
Es decir ha sido un monstruoso desalojo de la población civil, a sangre y fuego, de tierra arrasada y de ocupación territorial.

Los paramilitares para la lucha contrainsurgente y la acumulación de gigantescos capitales se han financiado en gran medida, con recursos del narcotráfico. Reconocen controlar del orden de 50.000 Has.sembradas de coca. La caracterización mas apropiada seria de narcoparamilitares y entre otras razones sus lideres han sido pedidos en extradición a EU, por narcotraficantes.

En el Informe del Banco mundial y de otros organismos internacionales y nacionales, sobre protección de bienes patrimoniales, concluye que el narcotráfico ha agravado la violencia y en los 10 últimos años, se ha incrementado la relación directa entre narcotráfico, la lucha por la tierra y el desplazamiento y además “.. En Julio de 1998, se afirmaba que los procesos de acumulación ligados a la economía del narcotráfico, han provocado un movimiento de relevo de elites y de configuración de poderes locales en muchos sitos del país”. [37] . El mismo informe dentro de los móviles para ejercer el control territorial anota “ el interés de controlar corredores para transito de armas, movilización y refugio de combatientes, el dominio de recursos naturales, el despeje para la instalación o ampliación de proyectos económicos de gran envergadura y la disponibilidad de tierras para el cultivo y procesamiento y trafico de ilícitos o; la posibilidad de incidir en renovar poderes locales para garantizar su lealtad a uno u otro actor armado” P. 47.

El gobierno se ha involucrado en una guerra ajena que responde principalmente a los intereses geoestratégicos de EU y sus multinacionales, entregando la soberanía nacional. La guerra es insostenible en términos económicos. El país aporta los mayores recursos en el Plan Colombia, el 61% correspondían a Colombia y el 31% a EU, para Julio de 2002[38]; los recursos de Colombia principalmente comprometen deuda pública interna y externa con créditos del BID, el Banco Mundial y la CAF, agravando la crisis de la deuda y a costa de los pobres y de los trabajadores, con las reformas tributarias, pensional, el recorte de las transferencias a los municipios entre otras.

Con la extensión del Plan Colombia, a la Región Andina, mediante el IRA-Iniciativa regional Andina- se constituye en una amenaza para la regionalización la guerra, en los países de la zona andina –Ecuador, Perú y Bolivia-

Los paramilitares, tal como lo han denunciado las organizaciones de derechos humanos, en estudios, la prensa y en el Congreso de la República, el acceso a los gobiernos locales y regionales la utilización de los recursos públicos, los contratos públicos para la prestación de servicios de salud en la costa atlántica, para su financiación y acumulación de capitales, han penetrado las instituciones del estado en especial, la Justicia, los organismos de seguridad como la fiscalía y el DAS, han venido copando las Corporaciones Publicas (Concejos municipales, Asambleas Departamentales y el Congreso de la República) usando su poder militar y de intimidación.[39], implantando megaproyectos como el de palma africana, con el apoyo del gobierno, en tierras despojadas y de grupos étnicos como en el Choco.

Es decir, en esencia se han estructurado gobiernos locales narcoparamilitares.

Asimismo, en el plano nacional continúan consolidándose con inversiones en diversos sectores de la Economía, con ingentes recursos que viene ingresando al país provenientes del lavado de dólares, afectando en gran medida la caída del precio de la divisa, se han beneficiado de admnistías tributarias, para legalizar sus enormes fortunas.

Ante los proyectos presentados por el gobierno sobre Justicia y Paz, se ha puesto en evidencia, la amenaza de la impunidad y legalización del paramilitarismo por parte, de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos, un sector del Congreso de EU, en su reciente carta al Presidente Uribe, el Pbro Javier Giraldo, Sectores de Organizaciones de la izquierda democrática y del partido Liberal y connotados exuribistas como el exministro, senador y Jefe del proyecto de Verdad Justicia y reparación, Rodrigo Pardo quien en su columna del Tiempo, expresaba[40] “Además, el paramilitarismo es un proyecto de acumulación de poder político y de riquezas económicas a través de las armas. Eso no lo han desmovilizado ni en un solo gramo. ¿Cuántos municipios son dominados por paramilitares? No menos de 300, y eso sin hablar de cuántas gobernaciones. Y el poder económico, que, como el político, ha sido obtenido por las armas, tampoco se ha desmovilizado. Nada ha ocurrido con los negocios de chance, ni con las ARS que manejan directa e indirectamente los 'paras'. La gasolina de contrabando o robada de los poliductos es un negocio de los 'paras'. Ahora nos dicen que están metidos en televisión por cable. Eso sin mencionar la coca. Sí, están dejando armas por miles: pero mantienen lo demás intacto.”

En la entrevista concedida por Marcelo Pollack de Admnistia internacional y la impunidad que el gobierno del presidente Uribe estaba concediendo a los violadores de derechos humanos expresaba[41] “En este proceso de desmovilización, por ejemplo, cuando vemos que no ha habido transparencia y que los paramilitares se reintegran en el conflicto armado a través de nuevas estructuras legales como los soldados campesino, las redes de informantes o empresas privadas de seguridad. O como sucede en el ejército, donde hay muchos violadores de los derechos humanos pero nunca pasa nada. No hay juicios independientes, no hay sentencias, no hay justicia.” Y agregaba “El Plan Colombia no ha sido un plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente y se ha utilizado oficial y legalmente para combatir a la guerrilla en una forma en la que el ejército colombiano no debiera combatirla, estigmatizando a la población civil como guerrillera o simpatizante de la guerrilla.

La tragedia que se vislumbra para la democracia y para el pueblo colombiano es la emergencia de un nuevo sector de clase narcoparamilitar, que viene consolidándose desde lo local, para apropiarse hegemónicamente del poder del Estado, transformándolo en un Estado ilegal de corte narcoparamilitar y la profundización y generalización de la guerra sucia, que conllevaría inconmensurables costos en vidas humanas, económicos, devastación cultural y ambiental, hambre, miseria, despejando por esta vía el camino para los intereses geoestratégicos de EU.

Lamentablemente la ley denominada por el gobierno de Justicia y paz, ya es un hecho impuesto por sus mayorías en el Congreso, independiente de los vicios de inconstitucionalidad que pueda tener. Sinembargo, es preciso seguir con la resistencia social, acopiando no solo para un marco jurídico de efectiva verdad, justicia y reparación, para avanzar en caminos de paz, sino para el desmonte de las estructuras militar, económica, económica del narcoparmilitarismo y que están asociadas a la búsqueda de un modelo alternativo al neoliberal, lo cual rebasa el tema de este trabajo.

Los elementos y propuestas que se recogen, han sido consignados en eventos nacionales e internacionales y estudios, incluid la autora.

-Recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado, previa depuración y reestructuración de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad y justicia y desmonte de las estructuras militares de los narcoparamilitares.

-Definir las bases esenciales de un proyecto de ley de en concordancia con los estándares del derecho internacional humanitario, suscritos por Colombia, sobre verdad, justicia y reparación que permita la participación democrática de la población afectada por las violaciones a los derechos humanos y despojo de sus tierras y demás bienes y se establezca la verdad sobre los auspiciadotes y financiadotes de los narcoparamilitares.

- Realizar una reforma agraria integral, que asegure en primer término, la restitución de los 5 millones de Has, arrebatadas a los campesinos, grupos étnicos y demás propietarios, dejando sin valides las ventas que se han hecho con intimidación.

-Construir democracia desde lo local con organizaciones comunitarias y sociales independientes y no como apéndices de los aparatos militares y de seguridad del Estado, que con el apoyo pro activo del gobierno, puedan dinamizar alternativas autogestionarías en el marco de la globalización.

-Proponer como política de Estado la construcción de una ética social y ciudadana, que trasforme los individuos en seres solidarios inmersos en una sociedad, enmarcados en las normas de los derechos económicos, sociales y humanos.

-Estructurar una organización transitoria para que adelante el proceso de reforma agraria y de restitución de tierras con participación de la comunidad y los despojados de sus propiedades. Igualmente, adecuar o estructurar una entidad para incautar o recibir los recursos financieros provenientes del negocio ilícito, decretando la extinción de dominio. Estos recursos deben destinarse para financiar proyectos con la población afectada por la violencia, individual y para la recontracción social y económica de dicha población. En ningún caso deben incautarse o expropiarse bienes de los pequeños campesinos y de grupos étnicos que por necesidad o intimidación se han visto abocados a sembrar cultivos de uso ilícito, como lo ordenó atrozmente el presidente Uribe recientemente.

- Atendiendo a que el narcotráfico y la economía criminal corresponden al ámbito de intereses internacionales, surge la necesidad imperativa de una movilización tendiente al diseño de un Plan mundial de combate real de todas las formas de criminalidad y parta de la base de evaluar, los 30 años de fracasos o engaños de los planes y políticas antidrogas y sus desastres, con énfasis en las de EU, tales como el Plan Colombia-Patriota y el IRA, al igual que la estrategia de Naciones Unidas, UNDOP en 1998, para la eliminación de la coca y amapola en el 2008, para lo cual se propuso hace 5 años y acogida en varios eventos nacionales e internacionales la conformación de una Comisión Mundial, con expertos internacionales y personas independientes de los gobiernos y apoyada por comisiones técnicas[42]. La evaluación debe recoger las propuestas de connotados economistas y premios Nóbel, como Milton Friedman, Robert Barro y Gary S. Becker sobre la legalización de la droga ilícita.

LA TERCERA GENERACION DE GRUPOS PARAMILITARES

Fundacion Ideas para la Paz, agosto de 2005

Las recientes desmovilizaciones colectivas de los grupos paramilitares y ante todo la anunciada desmovilización del grupo más poderoso -el Bloque Central Bolívar- arrojan una pregunta estratégica: ¿se está poniendo fin al ciclo de formación de grupos de seguridad privada en Colombia? Si se analizan los escenarios futuros con base en los indicios de hoy, y no en las lógicas “político-militares” de ayer, es inevitable llegar a una conclusión: habrá una tercera generación de grupos paramilitares.

· Como ya lo había señalado la Revista Semana[1], El Tiempo (agosto 7) reseñó cómo los ejércitos privados de alias “Don Diego” (“Los Machos”) y “Jabón” (“Los Rastrojos”), reconocidos narcotraficantes del norte del Valle, han decidido autodenominarse como “Autodefensas Campesinas del Valle” y “Rondas Campesinas Populares”, respectivamente. El fin de esta “transformación” es buscar los beneficios jurídicos contemplados en la Ley de Justicia y Paz [2], al parecer sin perspectivas de éxito. El Tiempo tituló ese mismo día: “Ministro del Interior asegura que no habrá más ‘narcos’ colados en el proceso de paz”.[3]

· A diferencia de “Don Diego”, 'Jabón' no compró parte de una estructura paramilitar ya existente sino que utilizó a los hombres de su estructura sicarial para transformarla en un bloque paramilitar. Estas mismas versiones señalan que ambos grupos están reclutando desmovilizados, quienes servirían a unos o a otros para combatir en las zonas rurales. La disputa entre ambas bandas deja un saldo de aproximadamente 1.500 muertos.

· Hasta la fecha, 15 estructuras paramilitares se han desmovilizado y han hecho dejación de armas en 11 departamentos del país. Los resultados son: 8.798 personas desmovilizadas (58% durante este año); 4.686 armas entregadas; 3.283 granadas; y 709.234 municiones de diferente calibre. Así mismo se han entregado 105 fincas, 58 inmuebles, 11 vehículos, 10 lanchas y 45 mulas.[4]

· Las desmovilizaciones han tenido lugar en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle, Sucre, Bolívar, Nariño, Cauca y la última en Puerto Gaitán, Meta.[5] Se estima que aún faltan por desmovilizar el 60% de las estructuras, que pueden representar entre 10.000 y 12.000 hombres. Están pendientes dos de las más poderosas y numerosas facciones paramilitares, el Bloque Norte y el Bloque Central Bolívar (BCB), que actúa en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Putumayo y el Caquetá.

· Recientemente (julio 7) el BCB anunció la decisión de concentrar en las diferentes zonas de operación, la totalidad de los miembros de los estamentos político y militar. Como parte de esta declaración, tal como ya se reseñó, se desmovilizó el denominado bloque Libertadores del Sur, que operaba en el departamento de Nariño.[6]

· El Estado mayor conjunto del BCB está compuesto por “Julián Bolívar” (Jefe del Estado Mayor Negociador de las AUC); “Javier Montañez” (“Macaco”); “Pablo Sevillano” (bloque Libertadores del Sur); “Pablo Mejía” (bloque Vencedores de Arauca); “Sebastián Colmenares”; “Rafael Meza”; “Eduardo Victoria” e Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, este último a cargo de la dirección política de las AUC.

· Desde el inicio de los acercamientos, el BCB fue el grupo más reacio en entrar a la negociación. Fue el último en declarar el cese de hostilidades. Después de hacer públicas sus consideraciones y criterios para una futura negociación con el gobierno (agosto 7 de 2003), el BCB aprueba la conformación de una mesa única de negociación y decide concentrar a sus comandantes en Santa Fe de Ralito (marzo 31 de 2004). El Estado Mayor Negociador de las AUC fue así conformado incluyendo tres comandantes del Bloque. Según cálculos del propio BCB (agosto de 2003), la organización estaba conformada por 5.500 hombres y 29 frentes de guerra.[7]

· En abril de 2005 se conocieron las primeras versiones que hablaban de una estrategia lanzada por el BCB para reclutar hombres en Bogotá. Según El Tiempo, “‘Macaco’, según las indagaciones, encargó a su vez a 'La Araña' y a ‘Rubiano’ de liderar la avanzada sobre la localidad de 252 barrios y un millón de habitantes, en la que fueron asesinadas 88 personas en el primer trimestre del año, la cifra más alta desde 1997."[8] Corren rumores similares sobre la presencia del BCB en otras ciudades, como Neiva.

· Por otra parte, el reciente Censo de Cultivos de Coca (junio de 2005) de la UNODOC muestra cómo coinciden las zonas de fuerte presencia del BCB (Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada, Santander, Norte de Santander y Caldas) con las zonas de cultivo y expansión de la coca. Por ejemplo, “en el departamento de Bolívar, el cultivo de coca está concentrado en el área conocida como Sur de Bolívar”, lugar donde precisamente ejerce su influencia el BCB. Entre el mes de enero y la primera semana de diciembre de 2004, según los datos de la Revista Semana, los laboratorios destruidos y las incautaciones de coca registradas a lo largo del país guardan cierta relación con el accionar del BCB. Nariño, por ejemplo, presentó la tasa más alta de destrucción de laboratorios (39) y una de las más importantes en términos de incautaciones de coca (3.113 k.). En Putumayo fueron destruidos 13 laboratorios. En las demás zonas donde hace presencia el BCB fueron comunes el hallazgo de laboratorios o la incautación de coca.

· En cuanto al proceso de desmovilización en sí, una vez se produce la concentración de los combatientes, procede en breve de la siguiente manera: se hace un listado de los presentes con nombre y cédula, y se separan los menores quienes quedan bajo tutela del ICBF. A los mayores se les entrega un kit de aseo y se le hace un taller de atención sicosocial. Luego miembros del CTI (Fiscalía), hacen una identificación de los desmovilizados (huellas dactilares, place dental, etc.), y un fiscal les toma declaraciones en versión libre.

· Finalmente, cada uno de forma individual inicia el proceso de retorno a su región de origen, al tiempo que empieza a recibir una “ayuda humanitaria” mensual de 1 salario mínimo (358.000 pesos). Esta última etapa, propiamente de reinserción, el principal soporte institucional con el que cuentan los desmovilizados son los Centro de Referencia y Oportunidades (CRO). Allí se efectúa, con el apoyo de la OIM, la gestión interinstitucional para la asesoría, información y referenciación de los reinsertados.[9]

· Las desmovilizaciones han estado acompañadas por la misión MAPP/OEA, que ha estado presente en la desmovilización y el desarme de trece bloques o frentes de las AUC. Para todo ello cuenta con un total de 20 personas para cubrir el territorio nacional. [10] Por ello la MAPP/OEA carece con frecuencia de la capacidad operativa para permanecer en la zona luego de las desmovilizaciones y verificar que en efecto las estructuras armadas no sigan actuando.

· La MAPP/OEA juega un papel importante en el desarme. Cuando el grupo a desmovilizar llega a la zona de ubicación temporal, el GIAT (Grupo Interinstitucional de Análisis Antiterrorista, conformado por Ejército, Policía y DAS) recibe de cada uno de los combatientes las armas, municiones y demás elementos explosivos y se hace un primer conteo que es verificado por la Misión.

· El material de guerra es dejado en un armerillo que queda bajo custodia del GIAT y la Misión. De este modo la tropa concentrada queda desarmada, a excepción de un anillo de seguridad que, junto a uno del Ejército y de la Policía, componen el esquema de seguridad en la zona. Las armas son devueltas a los combatientes para la ceremonia oficial del desarme, quienes en un acto público hacen dejación de las armas. Se realiza un nuevo conteo -base para el acta que firma la Misión- y se trasladan a la unidad militar más cercana (Brigada), quien las recibe y las almacena. Hasta aquí actúa la verificación de la OEA en el caso de este material.

· Una vez almacenadas las armas en la unidad militar, se realiza un peritaje completo a cada una de las armas. Esta información se constituye en material probatorio y queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación, del gobierno nacional y la MAPP/OEA. La mayoría de fusiles son AK-47 y M-16, seguidos, en un menor porcentaje por armas cortas y otras de mayor calibre.

· Human Rights Watch (agosto 1 de 2005) ha criticado este proceso de desarme: “El gobierno no lleva un registro de cuáles armas fueron entregadas por cada individuo en las ceremonias de desmovilización. De esta manera, incluso si las armas se examinaran para determinar si han sido usadas en atrocidades específicas (hasta el momento, esto no ha sucedido) no se podría relacionar el arma con la persona que la usó."[11]

Análisis:

· La desmovilización de una parte importante de las autodefensas -casi nueve mil hombres, según cifras oficiales- y ante todo la anunciada desmovilización de los dos más grandes bloques -el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte- arrojan un interrogante: ¿se está poniendo fin al ciclo de formación de grupos de seguridad privada en Colombia? Esa es la pregunta estratégica. La pertinencia de la respuesta depende de la perspectiva que se adopte. El conflicto colombiano -como muchos otros conflictos de hoy- transita desde hace dos décadas de un polo que se podría llamar “político-militar” a otro que se podría llamar “criminal”. La negociación con los grupos paramilitares se encuentra en el límite entre los dos, algunos dirán que lo sobrepasa. Si se analizan los escenarios futuros con base en los indicios de hoy, y no en las lógicas “político-militares” de ayer, es inevitable llegar a una conclusión: habrá una tercera generación de grupos paramilitares (luego de los grupos del Magdalena Medio a comienzos de los años ochenta y de la posterior evolución ACCU-AUC-Ralito; o una cuarta o una quinta generación, para quienes quieran cortar más fino).

· La renovación del paramilitarismo depende de varios factores. En lo inmediato está la suerte de los hombres que se están desmovilizando y de las estructuras que hasta ahora los han empleado. Al proceso de desmovilización se le ha criticado por permitir el reclutamiento a último momento de muchos que inflan las cifras.[12] Pero la pregunta no es sólo si son los que están, sino también si están los que son. En el proceso actual, el comandante entrega la lista de sus hombres a la Oficina del Alto Comisionado como parte de la negociación, y esa es la base de la concentración y desmovilización. La oficina la compara con el orden de batalla que tienen los servicios de inteligencia, pero es muy poco probable que en esos “ordenes” aparezcan con nombre el grueso de los combatientes (con pocas excepciones, no ocurre si quiera en el caso de los frentes de las FARC). Y a los hombres no se les confirma luego su grado de pertenencia mediante un interrogatorio, como sí ocurre en las desmovilizaciones individuales.

· Mientras tanto, por Ralito corre la voz del llamado “setenta - treinta”: desmovilizar el setenta por ciento de los hombres y guardarse el treinta. Es evidente que los paramilitares piensan que requerirán una fuerza que garantice su seguridad personal, para neutralizar el “dilema de seguridad” (ver Boletín 15). Pero también es muy probable que guarden una fuerza que cuide “el negocio”, y que se despojen del resto. Es decir, el resto que patrulla las zonas, tarea que dejarían a la fuerza pública. Lo que también es una manera de reducir costos.

· La confusión reinante indica que un porcentaje importante de los actuales paramilitares quedarán en la sombra. Ha habido casos de comandantes que pretenden unir su nombre a la desmovilización de otros bloques, para que parezca que se desmovilizan y así quedarse con sus propios hombres; de comandantes que pretenden desmovilizarse en zonas donde nunca han actuado, para dejar en casa los suyos. Pequeños detalles apuntan en la misma dirección: el BCB bajó de su página web su flamante organigrama. Más vale que no quede muy claro ni quiénes ni cuántos son.

· Está luego el problema de las estructuras mismas y su poder económico, que en buena medida fue el centro del debate de la ley de Justicia y Paz. Valga mencionar tan sólo el problema de la reinserción económica de los ex combatientes. El comandante Vicente Castaño dijo a la revista Semana que están desarrollando sus propios proyectos productivos: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos"[13]. ¿Los paramilitares van a hacer su propia reinserción? Eso es lo que está ocurriendo, que es también una forma de mantener su control. ¿Hay otra alternativa? No cuando el gobierno se limita a cumplir una función de “broker”, de intermediario entre los interesados en apoyar proyectos productivos y los paramilitares desmovilizados. No hay ningún acompañamiento, mucho menos seguimiento de los proyectos. En ese escenario, incluso quienes tienen la suerte de conseguir un trabajo en un proyecto siempre tendrán la opción de dejarlo y regresar a las armas, si la oferta es mejor.

· Por otra parte, ¿qué ocurrirá con los grupos paramilitares que no están en Ralito? Aunque ha habido rumores de una posible participación, ni el poderoso bloque Elmer Cárdenas, comandado por “el Alemán” en el departamento del Chocó, ni el grupo de “Martín Llanos” en el Casanare se han comprometido formalmente con la desmovilización. Les queda el campo abierto para aprovechar “la demanda subjetiva de seguridad”, el nerviosismo que existe en las regiones por la aparente “desprotección” en que quedan luego de la desmovilización paramilitar. El mismo BCB alertó hace dos años (7 de agosto de 2003) sobre “la no inclusión de la totalidad de los frentes de autodefensas campesinas” en la negociación: “La pervivencia de un solo bloque, por fuera de la negociación, le confiere una importancia mayúscula dentro de los centenares de miles de opositores a la desmovilización. Esta circunstancia indudablemente favorecerá el fortalecimiento y redoblamiento del bloque supérstite, para convertirlo en poco tiempo, en un fenómeno multiplicador”.

· Pero el problema más grave no es la “demanda subjetiva de seguridad”, ni la amenaza de una “reconquista” por parte de las FARC, que puede ocurrir, pero que no es probable en buena parte de las regiones de fuerte presencia paramilitar en el norte del país.[14] El problema fundamental es la permanencia del negocio del narcotráfico. Esa es la principal fuente de la “tercera generación”.

· El narcotráfico tiene tres requisitos básicos. Requiere un poder coercitivo para asegurar la protección de sus operaciones. Requiere además una conexión con uno de los grupos armados que se han dividido entre sí los cultivos de coca, y cada vez más las rutas: en Colombia ya no es posible ser un narcotraficante urbano “a la antigua”, como lo fuera en su momento José Santacruz, por ejemplo; tiene que estar “engranado” con uno -o varios- de los grupos armados, es decir tiene que estar engranado en el conflicto. Y requiere finalmente un entorno institucional favorable, que es lo mismo que decir que tiene que corromper a todos a su alrededor.

· Por todas estas razones parece inevitable que se renueve el paramilitarismo, que es precisamente una estructura de protección. Están en un primer momento los grandes narcotraficantes perseguidos por la justicia que no lograron entrar a Ralito. La revista Semana informó (septiembre de 2004) sobre cómo “Don Diego” intentó -sin éxito- formar el bloque “Héroes de Rionegro” en Cundinamarca para entrar a la negociación. Más adelante surgieron las historias que recogieron Semana y el Tiempo sobre cómo los ejércitos privados de “Don Diego” y Wilber Varela, “los Machos” y “los Rastrojos”, que libran una cruda batalla en el Norte del Valle, al parecer cambiaron de nombre, se pusieron el camuflado y comenzaron a reclutar desmovilizados del Bloque Calima. Es muy probable que lo mismo ocurra en otras partes del país, por ejemplo en los Llanos Orientales, donde el Bloque Centauros estalló en pedazos tras el asesinato de su “comandante”, Miguel Arroyave, el 19 de septiembre de 2004, y dejó 4.000 hombres a la deriva. Quien sabe de armas, va a trabajar con el mejor postor. Y el mejor postor es el narcotráfico.

· Están luego los “mandos medios” que no aparecen en los radares de la justicia y que eventualmente pueden decidir quedarse en el negocio y no seguir a sus comandantes en la desmovilización. Varios comandantes han expresado ese temor, que ya es una realidad. (En algunos departamentos se dice que luego de las desmovilizaciones, hay más paramilitares que antes…) Ya sea porque parte de las estructuras actuales se independizan y copan los espacios de sus antiguos jefes, o porque el narcotráfico crea nuevas estructuras y aprovecha la desmovilización -abundan las historias de paras reclutando en albergues de Bogotá-, parece un hecho que surgirán nuevos grupos paramilitares. Los mismos “Rastrojos” parecen ser un ejemplo de esta modalidad: más que un ejército de Varela, son una asociación de mandos medios del narcotráfico que “le trabajan” a Varela y ponen sus propias reglas.

· Sin duda se multiplicarán ejemplos como este. El “know-how” paramilitar -cómo conseguir armas, cómo entrenar, cómo corromper al Estado- se “democratizó”. Lo que tendrá graves consecuencias. No sólo se tratará de grupos más numerosos, más anárquicos y probablemente más sanguinarios, sino que serán grupos sin ninguna pretensión de tener un mando unificado y menos una agenda política. La actual negociación con los grupos paramilitares puede ser vista como una salida ante la incapacidad de facto del Estado de perseguirlos penalmente e imponer la ley. ¿Qué hará ante este nuevo escenario de grupos anclados firmemente en el polo “criminal” del espectro y sin ningún discurso político?

· La oportunidad que existió de desmantelar las actuales estructuras paramilitares a través de la negociación se perdió. No queda otro camino que llenar los espacios. Tarea sin duda de envergadura y de largo aliento, pero que en lo inmediato hay que acometer en al menos cinco puntos:

o ejercer un control más estricto sobre los desmovilizados y establecer una institucionalidad estatal capaz de estructurar oportunidades de reinserción en el campo y de hacerles el debido seguimiento.

o establecer esquemas de seguridad en las regiones que se ganen la confianza de la población y depurar a la vez la fuerza pública hasta el nivel que sea necesario. Si el paramilitarismo y el narcotráfico mantienen sus aliados en el Estado, de nada servirá el resto.

o restituir las tierras y la propiedad en general de quienes han sido despojados de ellas y establecer unos primeros mecanismos de reparación.

o crear mecanismos de verificación que señalen si la actividad paramilitar continúa en

las zonas donde ha habido desmovilizaciones y que conlleven las consecuencias del caso para los comandantes de esos grupos.

o lanzar fuertes campañas educativas. Además de unas instituciones más efectivas, en muchas regiones se requiere una fuerte pedagogía para que la sociedad aprenda a vivir sin la intervención de los paramilitares.

Estas tareas serían parte de un programa mínimo de reconstrucción regional, que no tendría otro propósito que comenzar a hacer lo que durante tanto tiempo no se ha hecho y que dejó el campo abierto a los grupos paramilitares: sembrar Estado.[16]

______________________________________

[1] “Para-jabón”. Revista Semana (23-04-05)

[2]El sorpresivo renacimiento de los paramilitares en el Valle. El Tiempo. Edición electrónica (07-08-05)

[3]El Tiempo (07-08-05)

[4]Van 16.579 desmovilizados en gobierno Uribe. SNE (08-08-05)

[5]En Antioquia lo han hecho: el bloque Cacique Nutibara (25-11-03) y el bloque Héroes de Granada (01-08-05), estructuras militares de alias “Don Berna”. El bloque Bananero (25-11-04), comandadas por alias “Hernán Hernández” y el bloque Suroeste Antioqueño (30-01-05). En Córdoba, epicentro de la mesa de negociación, se desmovilizaron los bloques Sinú-San Jorge (18-01-05) y el Héroes de Tolová (15-06-05). En Cundinamarca lo hicieron el bloque Cundinamarca de las AUC, al mando del Luis Eduardo Cifuentes alias “El Águila” (09-12-04); en Norte de Santander el bloque Catatumbo de las AUC, en la cual se desmovilizó Salvatore Mancuso (10-12-04); en el Valle el bloque Calima (18-12-04) y en Sucre el frente Mojana (02-02-05). En Bolívar se desmovilizó el bloque Montes de María (14-07-04) y en Nariño el bloque Libertadores del Sur (30-07-04). Y en el Cauca las Autodefensas Campesinas de Ortega (07-12-03), en el Magdalena las Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando (04-12-04). La última desmovilización colectiva llevada a cabo fue la de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada comandas por Guillermo Torres (agosto 6), realizada en la Vereda San Miguel, municipio de Puerto Gaitán, Meta. Los 209 combatientes hicieron entrega de 232 armas de corto y largo alcance así como abundante munición, explosivos y equipos de comunicación.

[6] 593 armas entrega bloque Libertadores del Sur. OACP (30-07-05).

[7] Carta abierta al doctor Francisco Santos Vicepresidente de la República. Bloque Central Bolívar (16-08-03)

[8] “No dejaremos que ‘Macaco’ haga en Bogotá lo que ‘Don Berna’ hizo en Medellín”. El Tiempo. Edición electrónica (17-04-05)

[9]Actualmente están en funcionamiento ocho CRO. Seis de ellos permanentes: Turbo (Urabá Antioqueño), Montería (Córdoba), Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia), Sincelejo (Sucre) y Cali (Valle). Se cuenta además, con dos Centros de Referencia Móviles para atender a pequeños grupos de desmovilizados que previamente son localizados y visitados.

[10]Entrevista con el personal de la MAPP/OEA. Bogotá, lunes 8 de agosto de 2005.

[11]Las apariencias engañan La desmovilización de grupos paramilitares en Colombia. Human Rights Watch (01-08-05).

[12]Investigan reclutamientos para desarme en Cristales. El Colombiano. Edición electrónica (11-07-05).

[13] Revista Semana. “Habla Vicente Castaño”.Junio 5, 2005

[14]Los frentes 35 y 37 que actúan en los Montes de María, por ejemplo, están demasiado debilitados para que puedan recuperar las sabanas que acaban de “abandonar” los paramilitares en Sucre y Bolívar; otra suerte pueden correr la zonas cercanas a la Serranía de Abibe, donde actúa el frente 5

[15]Ver: Javier Barnés, “La Reparación Patrimonial de las Víctimas” en Justicia, Verdad y Reparación en Medio del Conflicto, Fundación Ideas para la Paz/Legis/Semana, Abril de 2005

Democracia participativa:

Constituyentes un poder popular

Leonardo González Perafán

INDEPAZ

Cuando la sociedad se organiza, se moviliza y se compromete a trabajar para
encontrar salidas a los problemas de su municipio, departamento o región,
está ejerciendo lo que se denomina la “soberanía popular” o el “control social”.

Algunas veces esta soberanía popular esta marcada por consignas como la de
que “no hay que seguir apostándole a la guerra, a la indiferencia y a la
corrupción” consigna del Sexto Encuentro Nacional de Constituyentes que se
realizó en el municipio de Tarqui el 15,16 y 17 de julio de 2005.

Los procesos constituyentes cambian de objetivo, dependiendo de la situación
particular de cada localidad; es así como unos han nacido con el fin de que
los actores del conflicto respeten los DDHH y el DIH, como es el caso del
acuerdo humanitario para un desminado en Micoahumado, otros han nacido como
respuesta por las malas decisiones de los gobernantes en materia de política
pública, respuesta expresada en la gestión de la comunidad de planes de
desarrollo y presupuestos participativos. Y también hay experiencias promovidas desde gobernaciones y alcaldías como formas de ampliación de la democracia representativa, para la rendición de cuentas, presupuestos participativos o contrapesos al clientelismo.

En Colombia las constituyentes han crecido significativamente ya que varios
municipios han ejercido este derecho, que está consignado en el artículo 40
de la constitución el cual establece que “ Todo ciudadano tiene derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.” Y
el artículo 95 que dice que “Todo ciudadano esta en el deber de
participar”... “Son deberes de la persona y del ciudadano:... Participar en
la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Desde el primer proceso que se funda como Constituyente -el de Mogotes en
Santander en 1997- hasta el presente se han creado más de 60 procesos
constituyentes; los cuales se pueden clasificar por su magnitud territorial,
ya que hay desde veredales, como es el caso de Micoahumado en el Magdalena
Medio, hasta municipales como Tarso, Mogotes, Sandoná, Tarqui y La
Argentina, departamentales como los de Nariño, Huila, Antioquia y Tolima. En
estos momentos están en construcción en Putumayo, Boyacá, Santander y Chocó. La convocatoria en el Valle a la “constituyente social” es un novedoso ejercicio de participación para la elaboración participativa del presupuesto departamental y para el seguimiento y control de la gestión; este experimento es a la vez una forma de ponerle contrapesos al clientelismo incrustado en las Asambleas Departamentales que quiere reproducir la práctica de negociar cuotas o contratos a cambio del cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Por eso es importante apoyar los procesos constituyentes ya que en estos es
el pueblo organizado el que genera nuevas formas de control sobre las políticas
públicas, fortaleciendo la democracia y ejerciendo derechos como el de la
paz.

En las constituyentes se puede trabajar, como se viene haciendo en Nariño, en la
construcción de Planes de Vida desde la base social con una metodología que
atienda toda clase de violencias tanto la personal como la estructural y la
cultural; lo que brindaría soluciones de corto y largo plazo.

CONSTITUYENTE SOCIAL EN EL VALLE

El Comité Provisional de Impulso y Promoción de la Constituyente Social

reunido el 28 de junio de 2005 y

CONSIDERANDO

1. Que el pasado 11 de junio en el Auditorio Ricardo Maya de la Universidad Santiago de Cali, el Gobernador Angelino Garzón propuso establecer la posibilidad de la Constituyente Social, con el fin de socializar los temas económicos y sociales de todos los municipios y regiones del Valle del Cauca para la búsqueda de soluciones colectivas a sus más sentidas necesidades.

Que en reuniones posteriores se conformó un Comité Provisional de Impulso a la Constituyente Social, avanzando en la construcción de varios Comités, entre ellos Comité de Promoción, Publicidad y financiación; Comité de Temática y Pedagogía, y Comité de Reglamentación.

Que para desarrollar una Constituyente Social los días 13 y 14 de Agosto de 2005, es necesario realizar un gran despliegue publicitario y pedagógico que permita llegar a los 42 municipios del Departamento, con el fin de garantizar el mayor número de representantes que reflejen efectivamente al grueso de la población vallecaucana.

RESUELVE

1. Empezar desde ya a promocionar y publicitar la Constituyente Social a través de la prensa hablada y escrita, procurando llegar a todos los sectores sociales posibles por medio de sus canales propios de organización como Asambleas Sindicales, Cabildos, Asambleas Comunales, entre otros.

Implementar la realización de foros y seminarios en todos los municipios del Valle del Cauca, a fin de avanzar en la comprensión de la base social sobre qué es la Constituyente Social, sus objetivos, sus alcances e incluso sus limitaciones.

Hacer público por todos los medios de comunicación e internet, el presente comunicado.

COMITÉ PROVISIONAL DE IMPULSO Y PROMOCIÓN

DE LA CONSTITUYENTE SOCIAL

Santiago de Cali, Julio de 2005

Asunto : Elección de Delegados Constituyente Social

Nos permitimos invitarlos a la designación de tres (3) delegados de su Organización Social para que participen en la instalación de la Constituyente Social los días 13 y 14 de agosto del presente año, de acuerdo a las condiciones abajo expuestas.

Es fundamental que las bases sociales de nuestro Departamento no sean inferiores al llamado del Compañero Angelino Garzón para que por primera vez en la historia del Valle del Cauca las decisiones más importantes en materia económica, política y social estén en cabeza del soberano que es el pueblo.

Como la Constituyente Social nace desde la base y no cuenta con recursos propios para su desarrollo solicitamos que con los tres (3) delegados que se nombren, se nos haga llegar el aporte económico que ustedes a bien tengan considerar en el caso de que su Organización Social tenga los recursos para ello.

La Constituyente Social es un proceso de construcción social, soberana, amplia, democrática que propende por el cambio de modelo socioeconómico actual, hacia un modelo de justicia, paz y equidad social y trabajará en la construcción de poder popular.

La Constituyente social es la estrategia de participación social, por medio de la cual las organizaciones sociales y gremiales discuten y planifican con el gobierno departamental, en el marco del plan de desarrollo, lo que seria la implementación de la política social, entre ellas, la inversión que se tiene proyectada en el presupuesto del departamento para la vigencia fiscal 2006 y cuyo proyecto será presentado a consideración de la Asamblea Departamental en el mes de octubre del presente año.

Ahora bien, la estrategia de la constituyente social, no es otra que la implementación de la democracia participativa, tal y como lo consagran los mandatos constitucionales y legales, en las siguiente disposiciones:

Artículos 1, 2 y 103 de la Constitución Política Nacional de 1991
Ley 489 DE 1998.” Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional”
Circular No. 001 del Gobierno Departamental del primero de Enero de 2004, por medio de la cual se trazan directrices a los secretarios de Despacho sobre la concertación y el Dialogó Social: Asunto: Diálogo Social y Voluntad Política para Construir Acuerdos.
Ordenanza No. 182 de 11 de junio de 2004, por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Departamental.

“La Constituyente Social es tuya, mía, nuestra... ¡ Participa ! “

FECHA DE INSTALACIÓN : 13 y 14 de Agosto de 2005

LUGAR: Centro de Ferias y Exposiciones de la Industria de Licores del Valle – Carrera 1a. No. 26-85 - Antigua ILV.

PUEDEN PARTICIPAR : Todas las Organizaciones Sociales del Departamento del Valle del Cauca.

NÚMERO DE DELEGADOS POR ORGANIZACIÓN SOCIAL : Tres (3) delegados.

[1] Véase “Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato –PECIG- y de los cultivos ilícitos en la salud humana y el medio ambiente.” Informe preparado para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas –CICAD-, División de la Organización de Estados Americanos –OEA-, marzo 31 de 2005, página 109.

[2] Informe OEA – CICAD, página 38.

[3] Ibídem, página 50.

[4] Ibídem página 108.

[5] UNODC. “Colombia Censo de Cultivos de Coca, junio de 2005.

[6] El principal objetivo de la ONDCP es establecer políticas, prioridades y objetivos del programa nacional para el control de las drogas cuyas metas son reducir el uso de drogas ilegales, la fabricación y el tráfico de las mismas, el crimen y la violencia relacionada con las drogas, y las consecuencias que resultan del consumo de drogas en la salud de la población.

[7] Realizado en el marco del Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – PMCI, que se adelanta conjuntamente entre UNODC y el Gobierno Colombiano, desde 1999. Su dirección está en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia. En el año 2003 se modificó el convenio suscrito entre el Gobierno y esa agencia para incluir nuevas variables (Cultivos en territorios indígenas, parques nacionales y zonas de relevancia ambiental y ecológica, entre otras), así como para incorporar nuevas tecnologías y herramientas para la elaboración de los censos.

[8] Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report, INCSR, en www.state.gov/g/inl/rls/nrcptt.

[9] Las tablas Nos 2, 4, 16, 18 y 33 que se incluyen en el presente escrito son tomadas del informe de UNODC en comento.

[10] Entre el año 2001 a 2004 se han fumigado casi 500 mil hectáreas en el país, así: 2001: 94.152 has; 2002: 130.363; 2003: 132.817. Datos del Informe del Observatorio de Drogas de Colombia – Acciones y Resultados 2003” www.dne.goc.co

[11] Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección Nacional de Estupefacientes. “Observatorio de Drogas de Colombia – Acciones y Resultados 2003”.

[12] La Contraloría cuestiona dichos programas, en aspectos como los permanentes cambios en su funcionamiento, la falta de acompañamiento social y técnico y los efectos perversos del programa de guardabosques que promueven la siembra de los cultivos de uso ilícito en la medida de que se trata de un requisito para acceder a sus beneficios. Otras situaciones anómalas sobre el programa de guardabosques se han denunciado a través de los medios de comunicación, una de ellas la referida al concejal del Magdalena promotor de dichas iniciativas y ahora vinculado presuntamente a los grupos de autodefensas. Ver: Contraloría General de la República: “Plan Colombia – Quinto informe de evaluación”, diciembre de 2004.

[13] Sobre el particular, la referida oficina ejecuta en el marco del Plan Colombia, el proyecto “Monitoreo de los Programas Nacionales de Desarrollo Alternativo en Colombia: Familias Guardabosques”. A través del proyecto se busca la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito y la recuperación de áreas ecológica y socialmente vulnerables. A cada familia participante se le cancela mensualmente, por un término de 2 años, una suma equivalente a (US$ 170). Actualmente se ejecutan aproximadamente 36 proyectos en diferentes regiones del país.

[14] En el año 2000, los cultivos de coca en Putumayo representaban el 41% del total nacional en el 2000. Según el informe en comento, para el 2004 correspondían al el 5% del total nacional, con lo que se situaba en el sexto lugar después de Meta (18,740), Nariño (14,154), Guaviare (9,769), Caquetá (6,500), Antioquia (5,168) y Vichada (4.692).

[15] El caso de Nariño ha sido explicado por varios analistas como un efecto de la movilidad de los cultivos. En la medida en que se incrementaron las aspersiones con químicos y se adelantaron los pactos de erradicación voluntaria del gobierno de Pastrana, los cultivos se trasladaron a ese departamento, en especial a la zona de Ricaurte que se denominó “Putumayito”.

[16] Similares afirmaciones se hacen en el Informe del Observatorio de Drogas de Colombia – Acciones y Resultados 2003” www.dne.goc.co

[17] Pese a que no se indica, en el documento, una de las principales limitaciones continua siendo la carencia de una entidad competente, idónea, independiente, autónoma y calificada que ejerza la auditoria ambiental de la aplicación del Programa de Erradicación Aérea de Cultivos Ilícitos con Glifosato - PECIG, tema que ha sido denunciado permanentemente por la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

[18] En el informe de la agencia de Naciones Unidas no se menciona que durante el periodo en que estuvo vigente la zona de distensión no se monitorearon los cultivos de coca en la misma. Sobre el particular se pueden revisar las cifras de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

[19] Lo anterior corrobora los exiguos avances de las mesas de donantes previstas desde el inicio del Plan Colombia en 1998, situación que generó un notable desequilibrio entre los programas dirigidos a la erradicación forzosa frente a los programas de desarrollo alternativo, en las zonas de influencia de los referidos cultivos, tal y como lo cuestionó la Contraloría en el informe ya mencionado.

[20] ONG de América Latina que pusieron fuerte resistencia al programa sobre micoherbicidas: Especialmente Mamacoca y otros como Acción Ecológica, Cultivos Ilícitos, Planeta Paz, Ecoportal, Biodiversidadla, entre otros.

[21] Diversas ongs estadounidenses – entre ellas, Earth Justice, Amazon Alliance, Colombian Human Rights Committee, Institute for Policy Studies, National Organization for the Repeal of the Marijuana Laws, Latin America Working Group, Washington Office on Latin America, y sobre todo, el Sunshine Project, se unieron al coro de los opositores. Por otra parte, afuera de EU, además de la ONU, varios países manifestaron, abiertamente, hostilidad frente a la idea, que se reflejó en sus medios de comunicación.

[22] El Tiempo. “Colombia se llama y frita se come”, en http://eltiempo.terra.com.co/opinion/colopi_new/danielsamperpizano/ARTICULO-WEB- _NOTA_INTERIOR-2167947.html

[23] Informe traducido por el Grupo Civil de Monitoreo de los impactos del Plan Colombia en Ecuador. Peligros del uso de Fusarium Oxysporum en fumigaciones previstas por el Plan Colombia. http://www.geocities.com/Eureka/Network/2251/plancolombia2.htm

[24] Médico tropicalista miembro de Acción Ecológica, integrante del CIF (Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones) designado como Perito por la Defensoría del Pueblo de Ecuador dentro del expediente investigativo N° 9067-DAP-2002 instaurado “para determinar los impactos en el Ecuador, de las fumigaciones realizadas en la zona del Putumayo dentro del Plan Colombia”.

[25] Perú y Ecuador, prohibieron el uso de agentes biológicos para erradicación de la coca. En Colombia, El Ministerio del Medio Ambiente rechazó la utilización del hongo Fusarium oxysporum. En agosto, el presidente Bill Clinton declaró que los Estados Unidos no usarán el “Agente verde”. En noviembre de 2000, la UNDCP confirma que no está ejecutando el proyecto de control biológico en Colombia ni en ningún otro lugar de los Andes. En el 2001, una Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia expresó que la Unión Europea “debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum”.

[26] Editorial de El Espectador semana 7 a 13 de agosto de 2003: Las relaciones con Estados Unidos.

[27] Revista Semana, On line, agosto 11 de 2005, www.semana.com

[28] Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito. Universidad del Rosario.

[29] Consejo Comunal de Gobierno Número 104, Villavicencio, Meta, julio 25 de 2005. www.presidencia.gov.co

[30] Texto del comunicado del Comité Interinstitucional sobre las Fumigaciones integrado por el Comité Andino de Servicios, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, julio, 2005.

[31] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- y Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo – ASDI- “Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía política”, abril de 2005.

[32] Economista y Abogada. Investigadora, Equipo Académico de Indepaz.

[33] Ver: United States House Armed Services Committe. Posture statement of Gneral James T. Hill, United Status Army Comander, United States Southern Command Befote the 108 Congres House Amed Services Committe .(Washington, 13 March 2003), 2 . Tomado en: Ramírez, Maria Clemencia, El Plan Colombia después de tres años de ejecución: Entre la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. P47. Indepaz, Documentos No 22. Seis Años de Plan Colombia-USA, 1998-2004, Año 2004.

[34] Revista Semana, Relaciones exteriores giro radical? Bogotá, 25-8-2003- Op. Cit. Ramirez, Maria C. P. 24.

[35] Dieterich, Heinz, Integración Militar del Bloque Regional de Poder (BRP) Tomado en Internet: www.Rebelión.org- 20-04- 2004.

[36] Ver: Duque G. Martha Alicia, Indígenas señalan nuevos caminos de resistencia, Le Monde Diplomatique, Edición Colombia. Bogotá, Abril de 2005.

[37] Proyecto Protección de bienes patrimoniales la población rural desplazada y fortalecimiento del tejido social-Apartes-Auspiciado por la Red de solidaridad social, el Fondo posconflicto del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación internacional para el Desarrollo, la organización internacional par las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, P. 48. En: Indepaz, unto de Encuentro, Tierras en Conflicto, Bogota, Marzo/ Abril de 2005.

[38] Op. Cit. Ramírez, Maria C.

[39] Ver sobre estos aspectos: Op. Cit, Gutierrez, Soraya, Zuluaga, Jaime.

[40] Pardo R, Rafael. Un Camino aún incierto. La esencia del paramilitarismo no se está desmontando. El Tiempo-01-02-05

[41] "El Plan Colombia no ha sido un plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente" Entrevista a Marcelo Pollack, En la misma sección

investigador de Amnistía Internacional para Colombia, Tomado de Internet. Adital mayo de 2004.

[42] Ver mas ampliamente sobre la propuesta de la comisión en: Op. Cit. González P. Darío, Armas químicas y biológicas en el Plan Colombia…