El encuentro “Identidades culturales – Patrimonios naturales”, que se realizará como parte integrante del III Foro Social Colombia, tiene como antecedente inmediato la realización en diciembre del año pasado del segundo Foro Social Colombia, dentro del cual funcionó el espacio denominado “Afirmando y defendiendo los bienes comunes de la tierra y de los pueblos como alternativa a la mercantilización y el control de las transnacionales”.

 

Las organizaciones y personas que participaron en dicho espacio identificaron consensos básicos en torno a los siguientes puntos:

 

• La defensa de la vida y el rechazo a la guerra.
• El rechazo a la privatización de los recursos naturales, su explotación comercial en beneficio del capital nacional y transnacional y en particular la privatización de los servicios públicos.
• El apoyo a una reforma agraria integral y al mandato agrario e indígena.
• La autodeterminación en  el uso sostenible del territorio y el rechazo al ALCA y el T.L.C.

 

Así mismo hubo acuerdos en torno a diversas acciones entre ellas, la campaña de semillas que propone el sector agrario, la realización del Congreso de Usuarios de Servicios Públicos y la Campaña de Defensa del Agua como bien público. El Congreso fue realizado como estaba previsto y de el surgió la Unión Nacional de Usuarios y defensores de los servicios públicos. Entre tanto la campaña de defensa del agua fue lanzada (27 de Abril) y avanza en su primera fase (construcción de los diagnósticos sobre la situación del agua en las regiones), la cual debe culminar en los días previos al evento. En este será el  lanzamiento de los Foros Regionales que constituyen la segunda fase de dicha campaña.

 

Puede afirmarse que los consensos construidos y las acciones acordadas han venido rindiendo frutos en una mayor articulación de las organizaciones y movimientos implicados y en la profundización de la resistencia a las políticas neoliberales, aunque aún no se logran visibilizar consistentemente las alternativas que se están construyendo a través de las experiencias locales e incluso regionales y menos convertirlas en propuestas de  políticas públicas que se constituyan en polo alternativo frente a la dinámica privatizadora y mercantilista dominante.

 

La amenaza sobre los bienes comunes sigue creciendo aunque la resistencia, como veremos, ha dificultado la adopción rápida y sin tropiezos de las medidas que se han diseñado para ampliar y profundizar los procesos de privatización y mercantilización de dichos bienes.

 

Un somero análisis permite constatar los siguientes campos de conflicto:

 

1)       La política guerrerista de la “seguridad democrática”, si bien crea la sensación de ausencia de conflicto, sobre todo en la región central y en las inmediaciones de las principales ciudades colombianas, viene consolidando el dominio de los grupos paramilitares en trance de legalización mediante la denominada Ley de Justicia y Paz. Lo anterior genera una situación favorable a la profundización del modelo extractivista, funcional a los intereses de las transnacionales, mediante la ampliación de la minería y la explotación forestal en detrimento de la biodiversidad y de las culturas indígenas y afrocolombianas, cuyas poblaciones están siendo desplazadas. En este último campo se destaca  la deforestación de la selva húmeda tropical del Urabá chocoano y de la costa pacífica nariñense para sustituir dicha selva por plantaciones de palma africana. A la vez se consolida el nuevo latifundio narco – paramilitar, con modelos de ganadería extensiva altamente destructivos de los ecosistemas y de la posibilidad de impulsar una agricultura diversificada y ecológicamente sustentable que garantice la seguridad y soberanía alimentaria de la población.

 

Sin embargo y a pesar del terror desatado por el conflicto armado las comunidades continúan resistiendo y cualifican su oposición, destacándose las movilizaciones realizadas por el movimiento indígena del Cauca.

 

La Ley Forestal que da cubrimiento legal a la explotación en gran escala de las selvas colombianas y que es impulsada desembozadamente por la U.S.A.I.D., ha encontrado dura resistencia en las organizaciones étnicas colombianas y en las organizaciones ambientalistas que han demostrado la peligrosidad de dicha Ley para la biodiversidad natural y cultural. El trámite del proyecto de Ley no ha podido culminar tranquilamente con su aprobación a pesar de la celeridad con que ha sido impulsado por el Gobierno.

 

Tanto la denominada política de “seguridad democrática”, como la Ley Forestal, menoscaban el Estado Social de Derecho, al promover medidas que debilitan la  protección de los derechos humanos y desconocen los derechos colectivos de indígenas y afrodescendientes establecidos en la Constitución de 1991, al reconocer el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación colombiana. 

 

 

2) Los indígenas y los afrodescendientes están entre los grupos mas afectados por el conflicto armado y la forma “guerrerista” en que pretende ser resuelto por el actual gobierno. El desplazamiento y la destrucción de la cultura de estos grupos son las principales amenazas no solo para las personas, en particular mujeres, niños y niñas que componen estas comunidades, sino para la biodiversidad característica de sus territorios ancestrales. Por la estrecha vinculación entre la necesidad de preservar la identidad cultural de  estos pueblos y la conservación  y uso sostenible de los ecosistemas que conforman los territorios  que tradicionalmente han habitado, es que hemos denominado el Encuentro que tendremos como “Identidades Culturales – Patrimonios  Naturales”. En el abordaremos la relación cultura – territorio – medio ambiente, mas no se profundizará específicamente en el campo de lo étnico o de lo cultural, lo cual daría para otro evento no menos importante. Se hará énfasis, sin embargo, en la incidencia que las amenazas detectadas en cuanto a lo ambiental tienen en estas culturas y su relación con el territorio. 

 

3)       Las políticas de lucha contra  el narcotráfico y la llamada “erradicación de cultivos ilícitos”, fracasan estruendosamente pero siguen implementándose en función de diversos intereses. No obstante los adversos y contradictorios resultados de su aplicación se amenaza con ampliar y extender las fumigaciones a los parques nacionales. Igualmente el Gobierno Nacional, apoyado por  la administración Bush, intenta nuevamente convencer a la opinión pública de la inocuidad de dichas prácticas, esta vez con el aval de un cuestionable estudio de la O.E.A., cuyas limitaciones metodológicas y la consiguiente invalidación de sus conclusiones fueron puestas en  evidencia por expertos de la Universidad Nacional de Colombia.    

 

Sin embargo, la fuerte reacción de los ambientalistas y amplios sectores parlamentarios colombianos encabezados por la izquierda democrática, a la cual se sumó el rechazo de sectores del propio Congreso de los Estado Unidos y organizaciones ambientalistas de ese país han mantenido congelada la medida. No obstante, en el resto del territorio continúan las fumigaciones con sus consecuentes daños sociales y ambientales.

 

 

4)       Los bienes comunes como el agua, continúan siendo convertidos en mercancía y su comercialización en fuente de enriquecimiento para las transnacionales que avanzan hacia el control del sector.

 

En Colombia son ya evidentes las  nefastas consecuencias de la privatización de los servicios públicos, entre ellos el suministro de agua. Ahora se pretende mediante la denominada Ley “Por la cual se establecen medidas para orientar la planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional”, avanzar hacia la privatización de las corrientes de agua dulce y los depósitos de agua subterránea estableciendo un sistema de concesiones que pueden cederse sin mayores requisitos, es decir estableciendo un “mercado del agua”, a tono con las políticas del Banco Mundial y del denominado Foro Mundial del Agua.

 

Frente a lo anterior se amplia el movimiento de resistencia a la privatización de          los servicios públicos. Dicho movimiento confluyó en el reciente Congreso de Usuarios de los Servicios Públicos el cual definió la plataforma política, el plan de acción y resoluciones en torno al fortalecimiento del movimiento de los servicios públicos.

 

De otra parte el mencionado proyecto de ley del agua esta siendo ampliamente cuestionado desde diversos sectores, lo cual hace presagiar que su aprobación tampoco será fácil.

 

La privatización de los servicios públicos y la amenaza de extenderla a las fuentes de agua, agrava la si tuación de la mujer y de los niños y niñas, por cuanto dependen mas fuertemente del suministro del vital elemento para sus actividades domésticas y agrava las labores de acarreo de agua, que en forma injusta se han encargado en estos sectores de la  población.

 

5)       Otra amenaza que se cierne sobre los bienes comunes es el Tratado de Libre Comercio, que no solo profundizará la dependencia y subordinación del país al mercado mundial, sino que privatiza la naturaleza a través de la patentación de especies vegetales, grave riesgo que ha sido denunciado por organizaciones ambientalistas nacionales y mas recientemente por organizaciones no gubernamentales norteamericanas. 

 

En relación con el mencionado tratado es suficientemente conocida la oposición que crecientemente suscita en Colombia, aún entre sectores tradicionalmente aliados de las políticas gubernamentales como la SAC. A pesar de  lo anterior el Presidente de la República parece encaminado a aceptar el punto de vista de los negociadores norteamericanos, llegando incluso a desautorizar a sus propios Ministros cuando se apartan de la línea oficial de sometimiento a los dictados de la Administración Bush.

 

Para lograr todo lo anterior el Sistema Nacional del Ambiente, que con altibajos y contradicciones se venia construyendo desde 1991, ha resultado incomodo pues el actual Gobierno, acorde con la banca multilateral y la OMC, considera que las medidas de prevención y las limitaciones ambientales a las actividades económicas son una traba para el libre desarrollo del mercado. En esta lógica el desmonte progresivo de la institucionalidad ambiental, incluido el amplio sector de funcionarios comprometidos con los objetivos del SINA, ha sido una consecuencia lógica de la visión imperante. Igualmente es coherente con la tendencia a desmontar el Estado Social de Derecho, tendencia que también se manifiesta en el abandono de los elementos de política de participación que precariamente se habían venido construyendo en las administraciones anteriores y que la actual a borrado prácticamente del mapa.

 

Las anteriores políticas forman parte de la agenda mundial de las multinacionales y los gobiernos y organismos multilaterales que las apoyan. Así por ejemplo “leyes del agua” son promovidas en  otros países latinoamericanos obedeciendo la política del Banco Mundial de promover los llamados “mercados del agua”. Igualmente el desmonte de la institucionalidad ambiental colombiana se corresponde con procesos similares en otros países de la región y del mundo, en consonancia con el abandono de los principios e iniciativas establecidas en la Cumbre de Medio Ambiente  y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, principios que fueron sustituidos por el pragmatismo y los intereses comerciales que dominaron la Cumbre de Johannesburgo. Por tal razón importantes puntos de coincidencia temáticos y de acción se identificaran y desarrollarán en el VI Foro Social Mundial policentrico. También en los diversos escenarios de este y especialmente para nosotros en Caracas ser hará evidente que la resistencia que existe en el país se inscribe en amplias corrientes de oposición internacional, aunque falte una mayor visibilización y articulación de la misma.

 

En el contexto anterior el Encuentro esta llamado a profundizar en el análisis de un conjunto de temas de candente actualidad, a multiplicar las acciones de resistencia, ampliando la articulación y coordinación de los movimientos y organizaciones que los impulsan. Los temas que por su importancia deben ser tratados son los siguientes:

 

FORO SOCIAL COLOMBIA –

 

Fecha:            Noviembre 3 al 5 de 2005

 

Eje temático: IDENTIDADES CULTURALES Y PATRIMONIOS NATURALES

 

Panel: Fumigaciones, Plan Colombia e Impacto al Patrimonio Natural y Derechos Humanos

 

DURACIÓN: 2 horas

 

El Plan Colombia, que ni fue diseñado en Colombia ni es sólo para Colombia (incluye otros países de la región andina), después de más de cuatro años de alta inversión militar y muy baja inversión social, está lejos de haber resuelto el problema del narcotráfico, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína y la paz se ve aún muy alejada. Su principal estrategia, la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito (que se realiza sin éxito desde finales de la década de 1970), mediante las aspersiones aéreas de glifosato más los surfactantes POEA y CosmoFlux, ha demostrado repetidamente ser ineficaz y contraproducente.

 

El número de departamentos en los cuales se cultiva la coca que era de 12 en 1999 se ha duplicado. Se destruye la base alimentaria de miles de pequeños agricultores que carecen de alternativas económicas viables para producir algo que reemplace a los cultivos de uso ilícito, a la vez que ponen en peligro su salud y el medio ambiente. Por estas razones, las fumigaciones constituyen un factor importante de desplazamiento, proceso que profundiza la crisis que afecta a grupos étnicos y a campesinos, no sólo de Colombia sino también del norte de Ecuador.

 

Las políticas de lucha contra  el narcotráfico fracasan estruendosamente pero siguen implementándose en función de diversos intereses. No obstante los adversos y contradictorios resultados de su aplicación se amenaza con ampliar y extender las fumigaciones a los parques nacionales naturales, amenazando la biodiversidad que otras normas ordenan proteger. Igualmente el Gobierno Nacional, apoyado por  la administración Bush, intenta reiteradamente convencer a la opinión pública de la inocuidad de dichas prácticas, esta vez con el aval de un cuestionable estudio de la O.E.A., cuyas limitaciones metodológicas y la consiguiente invalidación de sus conclusiones fueron puestas en  evidencia por expertos de la Universidad Nacional de Colombia.    

 

Sin embargo, la fuerte reacción de los ambientalistas y amplios sectores parlamentarios colombianos encabezados por la izquierda democrática, a la cual se sumó el rechazo de sectores del propio Congreso de los Estado Unidos y organizaciones ambientalistas de ese país han mantenido relativamente congelada la medida. No obstante, las fumigaciones continúan con sus consecuentes daños sociales y ambientales, violando derechos constitucionales de los ciudadanos a la salud pública, a la seguridad y a un ambiente saludable.

 

Creemos que es el momento de hacer un balance general de la situación, si las políticas actuales contribuyen o no a reducir los problemas de narcotráfico y violencia

 

Objetivo: Construcción de una agenda factible que incluya PROPUESTAS de acción conjunta y estrategias correspondientes, entre sectores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil

 

TEMAS PROPUESTOS Y PANELISTAS

 

1. El debate social - Representante comunidades indígenas, afro y/o campesino: Impactos del Plan Colombia y fumigaciones en las comunidades (militarización? Fumigación?)
2. El debate científico-ambiental. Tomás León Sicard. IDEA, Universidad Nacional sede Bogotá (Comentarios al informe Cicad - Tema de parques)
3. El debate jurídico-político - Diana Milena Murcia. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
4. Territorio y vida digna frente a las fumigaciones en el suroccidente colombiano -César William Díaz. Fundecima.
5. El contexto político, económico, militar y social del Plan Colombia (en qué vamos?) – Mamacoca.

 

Coordinación: Rapalmira

Relatoría: Mamacoca

 

 

Encuentro Identidades Culturales - Patrimonios Naturales III Foro Social Colombia descentralizado 3, 4 y 5 de Noviembre de 2005  Santander de Quilichao – Bodega Alta - Caloto, Cauca

 

Contacto: Ecofondo ecodir@colnodo.apc.org

 

CORPORACIÓN ECOFONDO
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