Perú, la Ley de Drogas y sus consecuencias

                                                              Baldomero Cáceres Santa María*

 Introducción.

           El Perú en sus políticas de Estado, está entramado con la comunidad mundial de naciones por sólidas razones estratégicas. Dependemos de ellas y ellas dependen de nosotros. Mantenemos por eso relaciones comerciales formales y también clandestinas, Un ejemplo es la dependencia de millones de usuarios habituados a la cocaína en los Estados Unidos y, en su seguimiento, del resto del mundo desarrollado. Las cadenas productivas establecidas, pues son diversas,  van de los campos de cultivo a los vendedores al menudeo en los países de destino. El aprovisionamiento de insumos y los servicios de transporte forman también parte de ellas. Es un  vasto mundo subterráneo y delincuencial que implica la silenciosa cooperación  de infiltrados en todos los niveles de las instancias de control  de los países por los cuales las cadenas productivas pasan.  La corrupción propiciada alcanza al mundo de la política. y altas esferas de la banca y el comercio. La producción, el traslado y la distribución de “las drogas prohibidas”, como parte del proceso de modernización, constituyen el núcleo del incremento paralelo de la criminalización en la sociedad moderna. Son innumerables -por otro lado- los conflictos familiares que se dan con motivo de ser juzgado el consumo de “drogas” como  “conducta desviante” por el simple imperio de las convenciones establecidas, reforzadas continuamente por los medios de comunicación..

                    En los países productores, conocidos como “ Cocaine countries”, entre los que el Perú destacó en los años 80, la corrupción y la violencia han sido características merecedoras de diversos enfoques, incluyendo un “psicoanálisis de la corrupción “[1]. Se ha omitido generalmente, o disminuido en su trascendencia, la doblez social que el sistema de control de “drogas” mantiene mediante el imperio de las convenciones establecidas. Doblez forzada también en el caso de los usuarios, ocasionales o habituales de “lo prohibido”, abastecidos por redes delincuenciales.

             No sólo desearía destacar desde el inició que en el análisis de los fenómenos de los últimos treinta años, antes que consideraciones históricas y antecedentes políticos, privilegio los factores contemporáneos y, por lo tanto, resalto la relevancia de haber  sido en los años de mayor violencia un poderoso “cocaine country”.  Y lo somos aún, en menor medida, con el potencial de corrupción y de violencia que ello implica. Por eso, frente a las voces que proponen continuar y extremar la política establecida,  asumo la presentación de una alternativa que debiera concretarse en una nueva ley de drogas sobre fundamentos de salud y conveniencia pública[2], prescindiendo del paradigma psiquiátrico de la “drogadicción” o “farmacodependencia.”[3]

La política prohibicionista.           

               .La prohibición internacional de una serie de diferentes sustancias, unas naturales y otras sintéticas, a las que se las llama por igual “drogas”, ahora compartida por la mayoría de los estados, constituye un hecho social característico del siglo XX, tal cual fue analizado por Levine[4], mostrando su funcionalidad para el fortalecimiento del Estado policial opresor, el Leviatán de los tiempos modernos

             En efecto, la prohibición no es un fenómeno espontáneo y coincidente, surgido de necesidades sentidas por las diversas sociedades. Todo lo contrario, es un premeditado y difundido sistema de control estatal, modelado por los Estados Unidos, que cuenta ya con larga historia. Iniciado por la llamada Convención del Opio (La Haya, 1912), se formalizó finalmente en la Convención Única de Estupefacientes (Nueva York, 1961), la que incluyó a la cocaína y a la hoja de coca en la lista 1 de sustancias controladas. Suscrita por el Perú, siguiendo la política de sumisión de nuestro Estado a los anteriores dispositivos legales internacionales en cuya elaboración no participara, el Gobierno se sintió obligado a dar el primer paso de la propuesta erradicación del pijchado o akullico prohibiendo en 1964 la venta de hojas de coca por debajo de los 1500 metros de altitud. Medida, sin embargo, que no se llegó a aplicar.

                   En 1978, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, atendiendo a la presión de la administración norteamericana acordó que en el camino a una democracia se imponía anticipar la lucha contra la coca en nuestro suelo, motivo de la dación del nefasto D.L 22095, conocido posteriormente como Ley de Drogas, vigente aún, que sirvió de marco para la expansión de la corrupción y el surgimiento de la violencia. Basta revisar la información recogida por la propia Comisión de la Verdad, vinculando el narcotráfico con la corrupción en las zonas cocaleras, corrupción que implicó en una u otra forma a las autoridades civiles, policiales y militares, para reparar en el antecedente histórico del D.L 22995, aunque la Comisión de la Verdad, orientada más bien a un análisis histórico-político  del origen del conflicto no resaltara debidamente su importancia.

           La historia mundial de la “guerra a las drogas”, así como las  negativas consecuencias políticas, económicas y sociales, entre las cuales la corrupción y la violencia, especialmente en los países productores, ha merecido repetidos análisis y denuncias[5].  Debido a los problemas acarreados por la política prohibicionista no han faltado voces planteando la legalización[6] o, al menos, la necesidad de abrir un debate sobre el tema en las Naciones Unidas[7]

             La prohibición, al paso de los años, se ha convertido mundialmente en un forzado “marco de referencia” (Allport, 1940) que con su lenguaje estigmatizante condiciona (se impone) a los medios de comunicación y, mediante ellos, distorsiona la percepción común del auténtico problema de salud (aprovechamiento adecuado de las plantas)  que subyace al diseñado por el psicosocial global que maneja el sistema. Por ello los Estados, comprometidos a seguir los lineamientos convenidos, así como las instituciones, instancias formales de regulación y control social, incluyendo a las propias Universidades, llamadas a ser “la conciencia más lúcida de su época” como propuso Karl Jaspers, se ven forzadas a acatar las normas de lenguaje y de conducta dictadas,  recortándose incluso las posibilidades de investigación científica. Ésta, antes bien, es distorsionada en beneficio del sistema, comenzando por inventar la “epidemiología” de una enfermedad imaginada por la escolástica psiquiátrica, como es la “toxicomanía” o “farmacodependencia”,  pero sin realidad médica. De acuerdo a la perspectiva psiquiátrica el Ministerio de Salud registraba a

mediados de los años 70 al coqueo andino como  la “toxicomanía más extendida en el

 Perú “[8] , lo que explica la ausencia, hasta hace poco, de interés en nuestro gran cultivo, a no ser como problema de  sustitución.[9]

              La formalización académica de la  prohibición (dada a conocer como ciencia) ha llegado incluso a la creación de posgrados en “Farmacodependencia “o “Drogodependencia”,  para darle seriedad a las nuevas ocupaciones surgidas en el campo de la “prevención” y “tratamiento”, necesidades artificiales derivadas justamente de la “prohibición de las drogas”.  Labores asistenciales y de propaganda que legitiman, ante la opinión pública, el quehacer terrorista y persecutorio de la “guerra a las drogas”, la vieja consigna del Presidente Nixon, respetada en los Estados Unidos desde 1970.

            La lucha contra las “drogas ilícitas”, política importada,  se ha impuesto en nuestra Constitución y, lo que es más alarmante, en el mismo Acuerdo Nacional que pretendería más bien extremar la represión del “delito” psiquiátrico al proponer la penalización del consumo, después de  advertir expresamente que se respetarán los  compromisos internacionales sobre la materia asumidos por el país.[10] . De ahí que proponer un cambio radical de la política terrorista represiva, “mientras continúe siendo políticamente incorrecto”, lleve a otros analistas del tema a rechazar tal propuesta y optar por la “reducción del daño”, al interior del considerado inexpugnable sistema[11].

                Las propias Convenciones suscritas, sin embargo, establecen procedimientos para su modificación.  En tal sentido, por ser un objetor de conciencia a la continuación de la guerra a las drogas, he venido proponiendo que, tomando como caso la revisión de la estigmatización de la coca, providencialmente documentada, se asuma la distinción entre las plantas tradicionales de diversas culturas (amapola, cáñamo, khat) y las drogas extraídas (morfina, heroína, cocaína), las que ampliarían su presencia en la industria farmacéutica formal para su venta con receta. Si el reciente interés mundial por las plantas medicinales las omite sólo se debe al peso del estigma de la existente condena. Tan es así que en nuestro propio ordenamiento se omitió a la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como Patrimonio Natural de la Nación(ley Nº 28477) y así permanece, pese a la exhortación del Tribunal Constitucional con motivo del fallo sobre la competencia regional para autorizar su cultivo en Cusco y Huánuco (27.9, .2005).

La revalorización de la coca.

                      Iniciada en 1978 por el Instituto Indigenista Interamericano[12] la reconsideración académica de la coca ha privado de respetabilidad a la política prohibicionista internacional en cuanto pretendía y aún propone la desaparición del coqueo andino, apoyada en el escolasticismo psiquiátrico (Kraepelin, 1892; Valdizán, 1913; Gutiérrez Noriega, 1946), el mismo que ignoró la anterior estimación estrictamente médica[13]. Al calificar como “toxicomanía” , “drug addiction” (American Psychiatric Association, 1934), “farmacodependencia ”(Comité de Expertos de la OMS, 1964), la apetencia de ciertas sustancias psicoactivas naturales (contenidas en el opio, cáñamo, coca), se distorsionó la apreciación de sus efectos higiénicos y terapéuticos que hoy , en el caso de la coca, están siendo recuperados por la farmacopea naturista en el área andina..

                      En los años transcurridos  se ha producido un cambio en la opinión pública como resultado de la circulación de información antes silenciada. Tal fue el caso del respaldo a la coca de Hipólito Unanue y otras figuras de nuestra medicina en el siglo XIX.  La propia Empresa Nacional de la Coca y nuestra Cancillería realizaron acciones dirigidas a la revalorización a partir de 1991, adquiriendo  carácter oficial con la declaración binacional de Ilo (Fujimori-Sánchez de Losada, 1994). Diversos pronunciamientos públicos, tanto del propio Congreso de la República, como del Tribunal Constitucional y finalmente del Instituto Nacional de Cultura dan testimonio del apoyo a la recuperación de la imagen de la coca. Fuera de las instancias comprometidas en la indebida guerra a la coca, como DEVIDA y CEDRO, que continúan conspirando contra el proceso de la revalorización que alientan las fuerzas sociales, existe un virtual consenso social sobre los beneficios para la salud derivados de su consumo. De ahí que, valiéndose de su renombre académico, el doctor Ramiro Castro de la Mata -vinculado a CEDRO desde su inicio-pretenda mantener hasta hoy la versión psiquiátrica del coqueo de don Carlos Gutiérrez Noriega, atribuyendo  a su uso prolongado, “lesiones del sistema nervioso central”  y disminución de la inteligencia.[14], excluyendo toda referencia crítica acumulada en esferas académicas[15]

Mirando al futuro.

                          Mientras tanto, el gobierno boliviano de Evo Morales, claro defensor del valor de la hoja de coca, viene reclamando su “despenalización”, sin asumir  su diplomacia la gestión encaminada al rechazo del cargo formulado por el Comité de Expertos de la OMS que desde 1952 la inhabilita.  Pareciera no percatarse que juzgar “toxicomanía”  o “farmacodependencia” al akullico, pijchado o coqueo andino es una injuria permanente a la tradición de los pueblos indígenas que defiende y una estigmatización de los usuarios, fundamento suficiente para la protesta y denuncia de las Convenciones suscritas.

                          Cabe advertir que la posición boliviana sigue mediatizada por la aceptación acrítica del  “marco de referencia” de la ley internacional antes resaltado, motivo por el cual se continúa la lucha contra “las drogas”, anunciando un equívoco Coca Sí, Cocaína No, sin cuidarse siquiera en precisar que la cocaína podría ampliar su presencia en la farmacéutica de la cual, en realidad, nunca ha terminado de salir. Le corresponde  a nuestro nuevo Gobierno precisar su posición y al Congreso actuar coherentemente con la revalorización pública lograda.

 Conclusión.

                          La re-apropiación por la sociedad de las plantas medicinales del sistema nervioso estigmatizadas por la versión psiquiátrica que mantiene la Organización Mundial de la Salud, permitiría el reordenamiento pacífico de la producción y el consumo, posibilitando una educación realista para el aprovechamiento de tales recursos de la medicina tradicional. En lugar de las campañas terroristas sobre “las drogas”, inspiradas por  los prejuicios psiquiátricos  hoy oficializados, se brindaría información médica confiable y el consejo sobre formas y dosis debidas. Sería la mejor manera de responder al reto del actual uso desordenado de drogas legales e ilegales  puesto que se atendería, en forma natural, al apetito selectivo  del sistema nervioso que obtiene ventajas de tales plantas[16].

                       Únicamente así podría reducirse la corrupción y la violencia que el sistema de la prohibición genera en los países productores de las plantas condenadas por el discurso oficial sobre “las drogas” que domina en las esferas formales y que, en nuestro caso, se mantiene  debido a la vigencia del anacrónico D.L 22095.

*Psicólogo (Univ. San Marcos)

  M.A (L.Stanford Jr.Univ)

 

 

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