Con este Plan se inició la institucionalización del desarrollo de orientación Occidental y capitalista en el pacífico colombiano, pues se subrayó la necesidad de "convertir el pacífico colombiano en un corredor de tráfico intenso de bienes y servicios".  Fue así como las conclusiones y propuestas estuvieron dirigidas a potenciar planes de infraestructura: entre ellos la construcción del Canal Interoceánico Atrato - Truandó, la construcción del Puente Terrestre Interoceánico entre Bahía Candelaria en el Atlántico y Bahía Cupica en el Pacífico.

El Plan del Pacífico fue formulado en marzo de 1992 y acogido por los gobiernos de Cesar Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano. Este plan respondió a las directrices del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, del Banco Mundial BM y del Global Environmental Facility GEF; entidades que consideran al pacífico colombiano, por su endemismo y biodiversidad un banco genético.

En este plan  se contempló, como nueva prioridad, al sector energético, se propuso la construcción de hidroeléctricas en las áreas de Juradó, Pizarro, Timbiquí, Guapí, Ungía y Bocas de Satinga.

Existen varios propósitos: la construcción de un puente interoceánico y un poliducto, implementación de proyectos hidroeléctricos, investigaciones y estrategias para el manejo y control de la diversidad biológica y genética, posicionamiento de la región como una ruta comercial y de desarrollo industrial; de ahí la importancia de la red de comunicación fluvial, férrea y terrestre que ya está en construcción y el interés de las multinacionales en que el Estado colombiano les otorgue concesiones con las que puedan cristalizar sus intereses.

SITUACIÓN GENERAL DEL CHOCÓ EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A partir de 1996, la agudización del conflicto armado en el Chocó estuvo relacionada con la titulación colectiva de la propiedad a las comunidades afrocolombianas, que representaban el 90% de la población departamental. Se dio y aún se presenta una disputa territorial, una confrontación por negocios, por corredores geoestratégicos para megaproyectos, por el comercio de narcóticos y armas; disputa vivida en los territorios que serían adjudicados a las comunidades en cumplimiento de la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras que a la vez integra las bases de un proyecto de vida de las comunidades afrocolombianas, así como su reconocimiento como grupo étnico.

 

La disputa territorial por parte de los diferentes actores armados han generado desplazamientos masivos, masacres como la ocurrida en Bojayá con 119 personas asesinadas  y comunidades enteras confinadas. El Chocó, asiste hoy a una grave crisis humanitaria. Algunos de sus efectos  son “las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y otras formas de violencia sociopolítica e intolerancia social”[1], cuyos responsables son los actores armados ilegales (guerrilla y paramilitares), y la Fuerza Pública.

 

Este Departamento tiene la tasa más alta de extrema pobreza, presenta el porcentaje más alto de personas que no consumen agua potable, la tasa más alta de mortalidad materna y el mayor número de analfabetas. Asimismo, en el Chocó menos del 50% de niñas y niños matriculados en 1995 alcanzaron el quinto grado[2].  Particularmente, las mujeres, han sido sometidas a formas de exclusión, discriminación, racismo e

invisibilización, violencia y extrema pobreza, que se recrudecen con el conflicto armado interno.

 

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirmó, que hay 180 mil personas en situación de confinamiento en las riveras del río Atrato en departamento de Choco. [3]

 

Los diferentes grupos armados  quieren obligar a la población a tomar partido en la confrontación, asesinan a quienes les contradicen, destruyen la tradición cultural y la convivencia entre los pobladores. [4]  En este  territorio tienen presencia los diferentes actores armados del conflicto colombiano incluidas las fuerzas armadas del Estado. La implementación de los megaproyectos y la agroindustria de la Palma Africana, se ha hecho a costa del desplazamiento forzado, la desaparición y el asesinato de líderes, el hostigamiento a las comunidades y a sus formas organizativas.

El conflicto armado también frena las oportunidades de participación de las personas en el desarrollo local, regional y nacional. En muchas comunidades, generar procesos organizativos es un peligro porque sus líderes o liderezas terminan falsamente identificados como simpatizantes de uno u otro bando.
En este aspecto, también las mujeres son las más afectadas dado sus lazos afectivos y la importancia que tiene para la mujer chocoana la protección de la familia y la comunidad.

El  Estado colombiano no ha dado cumplimiento a la sentencia de la tutela T 025 de la Corte Constitucional que exige al Estado dar “prioridad sobre las prioridades” a los derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación, y la generalizada emergencia alimentaria, agravada por el conflicto armado que afecta   especialmente las poblaciones  en situación de desplazamiento y/o en situación de confinamiento en los territorios. Es generalizado el incumplimiento de acuerdos y compromisos adquiridos con las comunidades por diferentes instituciones municipales, departamentales, nacionales e internacionales. Muchos de estos compromisos tienen que ver con la defensa del territorio, la biodiversidad y la vida digna de las/los indígenas y afrodescendientes.

Centenares de cartas de exigencia de respeto a los derechos de las y los afrodescendientes. Tres Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las Medidas Provisionales. Centenares de personas que conocen de las violaciones a los derechos humanos y su relación con la siembra de palma africana y la extensión ganadera.

Resoluciones Defensoriales y  Directivas del Procurador General de la Nación. Visitas de verificación, diálogos con el Gobierno Nacional y sin embargo los derechos de las y los afrodescendientes siguen siendo sistemáticamente negados[5].

EFECTOS DE LA GUERRA Y LAS VIOLENCIAS EN LA VIDA Y EL CUERPO DE LAS MUJERES CHOCOANAS

La situación de derechos humanos de las mujeres en medio de la guerra interna, cuyos actores violan constante y permanentemente el Derecho Internacional Humanitario, es de dimensiones e intensidad inimaginables La  situación de derechos humanos de las chocoanas, es de dimensiones e intensidad inimaginables: su cuerpo es botín de guerra, violaciones como escarmiento, venganza, revancha; chantaje afectivo a las jóvenes convirtiéndolas en objetivo militar de uno u otro bando, incitación a la prostitución y al pillaje. Utilización de las mujeres, niñas y niños en el transporte de armas y narcóticos.

 

*   Según el Sistema Único de Registro de Acción Social (antes Red de Solidaridad Social), desde 1996 hasta 30 de septiembre de 2005, el departamento del Chocó ha expulsado 20.195 familias, esto es 90.432 personas; y ha recibido 13.754 familias, 61.006 personas.  El 80% de los hogares desplazados en esta zona del país, tienen jefatura femenina.

*   Durante el presente año, se han registrado desplazamientos masivos en los municipios de Bajo Baudo, Bojayá, Medio Atrato, Río Sucio, Quibdo, 1.204 familias se han desplazado masivamente durante el presente año.

*   El confinamiento de comunidades negras e indígenas, reflejado en la restricción a la libre circulación de bienes indispensables para la supervivencia, es decir bloqueos económicos, restricción de alimentos, de medicamentos y combustible; y la restricción a la libre circulación y movilización para proteger sus vidas.

 

El cuerpo de las mujeres hecho botín de guerra, violaciones a las mujeres de toda una comunidad en presencia de todos, como escarmiento, venganza, revancha. Chantaje afectivo a las jóvenes convirtiéndolas en objetivo militar de uno u otro bando… incitación a la prostitución; Utilización de las mujeres, niñas y niños en el transporte de armas y narcóticos. La violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar ha aumentando su espiral en la medida que arrecia la guerra. La violación a las mujeres en campos y ciudades en la más absoluta impunidad.

Para las mujeres que han sido víctimas directas de la violación sexual la experiencia es devastadora pues su cuerpo y su cotidianidad se lesionan; además la violación sufrida por una mujer opera como amenaza para otra, que en muchas ocasiones tiene que desplazarse por temor a tener que vivir esta experiencia, lo que devela la vulnerabilidad de las mujeres afrocolombianas, agravada por la falta de datos estatales que ayuden a visibilizar esta situación.

En los testimonios de las mujeres aparece de manera recurrente el hecho de que la familia ha tenido que huir porque un actor armado se ha “encaprichado” por una de las jóvenes de la familia, hasta el punto de obligarla a estar sexualmente con él; después llega otro grupo y esta familia es acusada de colaborar con los adversarios; la situación se agrava para la mujer cuando queda embarazada. Violación, desplazamiento, embarazo y rechazo implican una cadena de afectación física, psicológica, espiritual y simbólica para la mujer afrodescendiente e indígena. Todo esto les sucede en un contexto donde los y las civiles quedan en medio de la guerra:

 

 “Mayo 15 de 2005. Voceros de las comunidades negras ancestralmente asentadas en el Atrato Medio denunciaron la crisis social y humanitaria reinante en su territorio. Según la denuncia: “Desde el año 2004, los habitantes del río Buey han venido atravesando una crítica situación de: restricción de alimentos por la Fuerza Pública que sólo permite entrar el valor de 50.000 pesos por familia por mes. A partir del 2 de abril del año en curso la guerrilla de las FARC en el río Buey ha cometido cinco asesinatos.... Todo esto ha  causado: señalamientos, temor, miedo, zozobra y un desplazamiento gota a gota de unas veinte familias. El día domingo 15 de mayo del año en curso hubo sobrevuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea muy bajito, sobre las casas de las comunidades de San Antonio de Buey y Auro Buey en la parte alta del río. Algunos habitantes aseguran haber visto al mismo tiempo tropas por tierra. Cuando se retiran los helicópteros, aparecen unos guerrilleros de las FARC y les ordenan a las dos comunidades antes mencionadas, que se retiren porque posiblemente iba haber enfrentamiento. Además, circulaban rumores en esos días sobre una posible entrada de paramilitares al río Buey. Todo esto más la restricción de los alimentos provocó a partir del mismo día 15 de mayo el desplazamiento masivo de todas las comunidades Negras del Río Buey. Hasta el día de hoy han llegado más de mil (1000) de las comunidades de: San Antonio de Buey, San José de Buey, Curichí,  La Vuelta y Auro Buey. Además, se ha quedado un indeterminado número de desplazados en las comunidades de: Amé, Salazar, Tauchigadó y Beté”[6].

 

VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES

 

La violencia es una realidad en la vida de las chocoanas, situación que se agrava en el marco del conflicto armado y de la crisis humanitaria.  

 

·        En el Carmen del Darien, el 4 de mayo de 2002 en zona rural de Río Sucio, “Paramilitares violaron a una menor de edad”[7].

·        En febrero de 2003,  un Infante de la Base de la Marina ubicada en Bahía Solano, ejerce violencia sexual y física,  contra una  enfermera que hacía su año rural en la Base, la   mujer, abusada sexualmente y golpeada brutalmente, quedó cuadrapléjica...[8].

·        En el año 2004, en la ciudad de Quibdó se realizaron 294 dictámenes de violencia intrafamiliar de los cuales 26 fueron contra niñas y 218 contra mujeres adultas, lo cual representa el 83% del total de los dictámenes realizados[9].

·        En el período 2003-2004 se denunciaron 241 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. De los cuales 153 corresponden a niñas y 62 a mujeres adultas.

 

VIOLACIÓN DE DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS Y DERECHO A LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y MORAL DE MUJERES LÍDERES DEL CHOCÓ

 

La violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados (guerrilla y paramilitares) y la Fuerza Pública, afectan los procesos organizativos de las comunidades negras y de las mujeres afrochocoanas e indígenas. Ejemplo de esto lo constituyen los feminicidios  y amenazas:

·        El 28 de diciembre de 2001, los guerrilleros de los FARC-EP, asesinaron a Petrona Sánchez,  presidenta del Comité de Mujeres en la comunidad Costa de Oro, en el municipio Carmen del Darién.  Líder de las comunidades de paz[10].

·        En  enero de 2003 en el Corregimiento de Campo Bonito, fue asesinado Benigno Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal, y fueron desplazadas varias comunidades. Betty Hinostroza, líder comunitaria y secretaria de la junta del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, asesinada por guerrilleros del Frente Cimarrón del ELN en presencia de la comunidad.  [11]

·        Las amenazas a una menor de edad integrante de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad, CAVIDA, por parte de  Tropas del Ejército Nacional.  Según el caso registrado en el Banco de Datos del Cinep: el hecho se presentó luego que “un grupo de 140 unidades militares instalaron carpas çenfrente de la Zona humanitaria, grabando con vídeo a los pobladores que se encontraban a la orilla del río”[12]

 

 

Nuestras Propuestas

 

Para enfrentar la Crisis Humanitaria que vive el departamento del Chocó y que afecta de manera diferencial a las mujeres, niñas  niños, los grupos, organizaciones y mujeres que integran la Ruta Pacífica, proponemos:

 

*   Que los procesos de paz que se adelantan en el país, se realicen en le marco de la negociación política, el respeto a los derechos humanos de mujeres y varones, la no militarización de la vida civil y la búsqueda de Verdad, Justicia y Reparación. Dichos procesos deben tener como marco la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2000.

 

*   Al Congreso de la República, al gobierno nacional y local formular medidas de emergencia que permitan enfrentar la crisis humanitaria que vive el Chocó y asignar recursos que faciliten su superación. Las medidas deben tener en cuenta la situación de las mujeres y las niñas e incluir la participación de las organizaciones sociales y  de  los grupos de mujeres.

 

*   Al Congreso de la República, realizar de manera  inmediata el control político al gobierno colombiano, para que de cumplimiento  a la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional,  acerca de la protección y restitución de los derechos de las  personas en situación de desplazamiento forzado y de las mujeres que viven el desplazamiento.

 

*   A las autoridades estatales del orden nacional y local, el respeto a los territorios que ancestralmente han sido propiedad de las comunidades afro-descendiente e

Indígenas y la vinculación de dichas comunidades y de las mujeres, en los proyectos de desarrollo de la región.

 

*   A las organizaciones del estado la información desagregada por sexo, edad y etnia acerca de la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas chocoanas en el marco del conflicto armado.

 

 

 

“Manos que se abren en espejo

y nos leen el destino.

Manos ancestrales grabadas en

nuestra memoria.

Manos de cintas de colores

para entretejerse en movimiento.

Manos que cultivan y protegen

vidas, que se revelan y resisten

a la guerra.

Manos de mujeres magas”.

 

Clara Inés Mazo López

(Mujeres de Negro)

 

 

NI GUERRA QUE NOS DESTRUYA NI PAZ QUE NOS OPRIMA