CONFLICTO, AUTONOMÍA REGIONAL Y SOCIALISMO ECOLÓGICO

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Libardo Sarmiento Anzola*

 

 

Presentación [1]

Entrevistamos a Libardo Sarmiento el 10 de abril del 2000. Según él, las ideas políticas renovadoras deben adquirir nuevos contenidos, diferenciados del llamado socialismo real que entró en crisis, pues un proyecto socialista sin democracia, sin libertades fundamentales, sin pluralismo, sin respeto por los derechos humanos, sin eficiencia económica y sin sostenibilidad social y ambiental, no es viable y menos deseable. Un proyecto socialista, basado en la democracia radical, la diversidad étnica y cultural, las autonomías locales, laico, libertario, igualitarista, biocentrista, respetuoso de los derechos humanos, es viable y necesario en Colombia. Implica asumir la globalización de la sociedad, la organización de la economía en relaciones del mercado, las instituciones de un Estado social y democrático de derecho, la propiedad social y privada de los medios de producción, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la garantía universal de los derechos humanos y una política externa orientada a la integración latinoamericana y del Caribe. Requiere como condición básica la construcción de sujetos autónomos y responsables, que asuman la universalidad e integridad de los derechos humanos.

 

- ¿Qué significa la autonomía local en relación con la paz?

En Colombia aún no ha sido superado el centralismo, a pesar de 10 años de la Constitución del 91 y de las políticas de descentralización que comienzan a principios de los años ochenta del siglo XX. Más que descentralización hasta ahora hubo desconcentración de este precario Estado-Nación. Lo que se ha hecho es trasladar más responsabilidades a los municipios o departamentos, pero se han mantenido los grandes desequilibrios, las brechas en lugar de cerrarse se han abierto más. Esta fue una descentralización dictada, controlada y reglamentada desde el centro, que ha entrado en crisis.

En relación con el tema del desarrollo regional, la descentralización y la paz, es necesario tomar en cuenta tres aspectos básicos: la autonomía, el reconocimiento de la diversidad cultural, el ordenamiento ambiental y la justicia social. Esto exige unidades políticas y territoriales que den garantías a los derechos humanos en su integralidad, es decir no sólo como derechos civiles y políticos, sino también como derechos sociales, económicos y culturales. Pero además como derechos de autonomía local y regional, con reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. El desarrollo de sistemas universales, es decir nacionales, de salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, que den sustento a los derechos sociales, requiere combinarlos con un proceso de autonomías locales y regionales. El ordenamiento ambiental implica una cohabitación ecosistémica entre sociedad y naturaleza., mediada por las comunidades locales.

En Colombia fracasaron los modelos que se quisieron copiar de Europa, en la época de las luchas independentistas y en el inicio de la República, para construir un Estado-Nación. Podemos decir que en ese modelo, implantado de manera precaria, está la fuente de parte de los conflictos colombianos. En un país con tanta diversidad regional, étnica y cultural, se requieren dinámicas de autonomía y desarrollos regionales que rompan el centralismo que por muchas décadas ha gobernado ¿Cómo romper ese centralismo? ¿Cómo desarrollar autonomías? He ahí el problema, en un país con grandes desigualdades y donde el predominio de ciertas elites y su control sobre territorios, grupos sociales y la economía, es tan marcado. Además, este es  un punto que no es alcanzable en el corto plazo.

Se ha hablado de la federalización, pero es imposible volver a pensar en Estados autónomos en Colombia, por los costos que implica tener ejércitos autónomos o sistema impositivos autónomos. Pero en un marco de desarrollo territorial, ordenamiento ambiental y democracia radical, es fundamental el tema de las autonomías locales. Yo creo que es imposible construir un estado fuerte como el que se intentó copiar tipo Estados de bienestar europeos, o modelos de "identidades nacionales", pues en la Colombia del siglo XXI gran parte de los conflictos potenciales son regionales, étnicos y de grupos sociales específicos. En un ordenamiento territorial se pueden generar, por ejemplo, conflictos entre comunidades indígenas y comunidades negras, comunidades afrocolombianas que van ganando reconocimiento como territorios que se cruzan muchas veces con los resguardos indígenas, o con procesos de  ordenamientos ambientales del país que son necesarios para darle sostenibilidad al desarrollo. Esta es otra fuente de conflicto. Pero las relaciones entre descentralización  y paz no pasan por la eliminación del conflicto, sino por su reconocimiento.

También se requiere una  unidad política nacional, que no sea contradictoria con un ordenamiento democrático, con la  justicia social,  con la biodiversidad y con el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural. Es fundamental garantizar las autonomías locales y la democracia participativa real, pero los procesos autogestionarios locales van a tener que articularse con una unidad política global que es como un Estado, que no quisiera llamar Estado, pero sí una relación política que pueda dar organicidad al país en su desarrollo global pero sustentado en procesos de planeación desde abajo, desde lo local y regional. Otro asunto es ¿cómo se articulan estas autonomías y regiones con las dinámicas de la globalización?.

 

La concepción excluyente de ciudades región globalizadas

En relación con las concepciones del desarrollo territorial, ha surgido desde hace algún tiempo lo que se conoce como ciudades región globalizadas. Estas son grandes ciudades con dinámicas de acumulación y desarrollo de influencia sobre entornos nacionales, regionales y locales muy extensos, donde los conceptos urbano y rural dejan de ser categorías explicativas. Estas regiones están más articuladas globalmente con mercados internacionales que con los mercados nacionales.

En Colombia podemos reconocer algunas ciudades región globalizadas. Es el caso de la ciudad región de Medellín que no sólo tiene influencia y dinamiza el desarrollo del departamento de Antioquia, sino que articula Choco, Córdoba, Sucre; allí los procesos de acumulación están articulados con negociaciones internacionales, con dinámicas de inversión extranjeras, que no pasan por el centro del país. Otro caso de ciudad región es Cali en el sur del país, que articula los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá y ya comienza a influenciar Huila y Putumayo. Entre estas grandes ciudades región hay toda una red de infraestructuras y de circuitos económicos, políticos y sociales, que comienzan a competir por exportaciones y por inversiones extranjeras. El Eje Cafetero, por ejemplo, no logra constituir una ciudad región y comienza a ser una microregión en proceso de disolución, que se va a incorporar a esa ciudad región antioqueña, esa gran Antioquia, o a esa ciudad región del Valle del Cauca con centro en Cali, a pesar de cualquier intento por reconstruir el viejo Caldas. Bogotá, a pesar de ser la capital del país, comienza a ser una ciudad región que recoge parte de los departamentos de los Santanderes, Meta, Casanare, Cauca,  Tolima, Boyacá.

La configuración del país tiende a darle mucha más autonomía a estas  ciudades región globalizadas en términos de sus recursos, su sistema administrativo, su sistema fiscal impositivo, sus procesos de exportación, en la búsqueda de la inversión extranjera, en la dinámica de desarrollo científico tecnológico, en sus concepciones de sostenibilidad, en el manejo de sus recursos naturales. El futuro de Colombia, de ser viable, tendrá que ser una especie de federalización globalizada, autónoma, o no será.

Pero gran parte del conflicto colombiano tiene como base que estos proyectos de desarrollo son excluyentes. La inversión de capital extranjero y los capitales regionales que allí se están invirtiendo, en grandes macroproyectos de vías, energéticos, de agroindustria de exportación, de explotación de recursos naturales no renovables, de industria minera, de biodiversidad, en este momento constituye dinámicas perversas que excluyen a la población y que articulan la guerra sucia a la consolidación de ciudades región.

El conflicto entre comunidades y macroproyectos de desarrollo capitalista en las dinámicas de  globalización explica el desplazamiento forzoso y masivo en Colombia. Casi 3 millones de colombianos han sido desplazados en los últimos 15 años, de los cuales 300.000 en 1999, principalmente porque viven en regiones objetivo del desarrollo de proyectos económicos impulsados por capitales nacionales y transnacionales. Diversos sectores económicos y políticos, nacionales y multinacionales, utilizan grupos paramilitares con el apoyo del Ejército de Colombia, para aterrorizar a la población rural mediante masacres y apropiarse de sus espacios y tiempos de vida.

Por esto, la guerra en Colombia no es solamente un problema de luchas territoriales, por controles territoriales, como táctica y estrategia, sino que obedece también a macro proyectos de desarrollo, donde es el futuro el que esta definiendo el conflicto presente y no solo el pasado histórico de las injusticias.

En la medida que se construyen los grandes proyectos de esas elites regionales, se producen también grandes desplazamientos forzados de población, como ocurre en "Antioquia la mejor esquina de América Latina", donde se vende para el extranjero la biodiversidad  y hay multinacionales negociando el bosque maderable del Choco. El gobierno de Ernesto Samper, con su Ministro del Medio Ambiente, Verano de la Rosa, realizaron en Alemania y Francia negociaciones sobre la biodiversidad y la riqueza de la zona chocoana; hubo seminarios con empresarios de industrias de alimentos, químicas y farmacéuticas. Así como el gobierno norteamericano está interesado en el control del Amazonas y la propiedad de los recursos no renovables.

Desde hace dos años ha empezado a expulsarse población del Choco. Esto se debe a cambios en los usos del suelo, compra de tierras, las expectativas de la comunicación interoceánica, la entrada de multinacionales, la explotación maderera, el paramilitarismo cuidando todo lo que son los procesos de explotación maderera del Choco y la viabilidad de los proyectos macroeconómicos nacionales y multinacionales. Allí la violencia está relacionada con un modelo que es excluyente, que desplaza población, que consolida una sociedad de privilegios, absolutamente jerárquica y que concentra cada vez más las riquezas y la explotación de estos recursos regionales.

Los espacios de expulsión violenta de la población corresponden a lugares donde tiene lugar la expansión de grandes proyectos de desarrollo económico y dinámicas de contra reforma agraria. Este desplazamiento es urbano y rural, en ambos casos las víctimas corresponden a los sectores más pobres, discriminados y en situación de vulnerabilidad. El desplazamiento forzado en Colombia se da por razones tanto políticas como económicas. Los espacios de expulsión violenta corresponden a zonas estratégicas para la guerra pero también a las regiones de expansión del modelo capitalista de acumulación.

Recientemente (tanto en la administración de Ernesto Samper como en la de Andrés Pastrana) se han dado más garantías en la explotación del subsuelo y recursos naturales para favorecer la rentabilidad de las multinacionales y la hegemonía del capital financiero. En las regalías del negocio de hidrocarburos aumentó de 50 a 70% la participación de las compañías extranjeras; las concesiones a las multinacionales de las zonas mineras aumentaron de 30 a 50 años; se entregaron al sector privado las obras de infraestructura energética y de transportes; de igual manera se privatizarán los principales ríos navegables, empezando por el Meta y siguiendo por el Magdalena, y se promoverá la explotación de los bosques comerciables y maderables no intervenidos (73,8% del área con aptitud forestal). Iniciativas estatales que permiten, por las vías legales y extralegales, la expropiación de las comunidades localizadas en los espacios de influencia de los macroproyectos.

La recuperación del río Meta se la están entregando a una multinacional japonesa que está explotando 600.000 hectáreas de cedro. Los Estados Unidos en este momento tienen interés en el control militar sobre la Amazonia, que contiene recursos estratégicos hacia el futuro, minerales, petróleo, biodiversidad.

Lo que se esta jugando es el control sobre estos territorios, con una intervención mucho más acentuada de los intereses multinacionales sobre Colombia, con una debilidad muy grande de nuestra sociedad atravesada por conflictos muy graves. La pregunta que surge es sobre la posibilidad de un nuevo proyecto histórico, donde se ubica la necesidad de dinámicas mucho más autónomas y democráticas. El gobierno de Pastrana ha terminado de vender el país por U.S.$4.600 millones de dólares: U.S.$3.000 de préstamo del Fondo Monetario Internacional (llamado ahora Fondo de la Miseria Internacional) y U.S.$1.600 millones del Plan Colombia para intensificar la guerra en el país y permitir una mayor intervención del ejército norteamericano en el conflicto interno. Con ello el país pierde el dominio de las políticas macroeconómicas y de control interno.

 

- ¿Qué podemos esperar o desear hacia el futuro?

Se requiere un cambio en la concepción de Estado, que le dé mucho más autonomía a lo local. El gran reto es cómo estas dinámicas regionales globalizadas logran ser incluyentes e involucrar conceptos de defensa de las culturas y de las poblaciones locales, de modo que éstas sean beneficiarias de estas nuevas dinámicas del siglo XXI.

Deberá surgir como una necesidad la lucha de las sociedades locales en defensa de sus recursos, su reconocimiento étnico y cultural, el respeto por la pluralidad, en una nueva concepción de relación con el entorno y los recursos naturales, de garantía de los derechos humanos que implica, al tiempo con la universalidad de los derechos, la defensa del control territorial de estas comunidades, que no pueden ser excluidas. ¿Allí quién las defiende, si no existe un Estado-Nación? ¿a quién claman? ¿a la justicia internacional? Finalmente, lo decisivo será la construcción de fuerzas sociales y procesos políticos capaces de lograr la hegemonía de estas fuerzas regionales, construidas desde abajo, contra las dinámicas de acumulación perversas y excluyentes, de un desarrollo que puede ser voraz. En resumen, se trata de desmantelar el poder de las clases privilegiadas para construir una democracia radical, esto es una democracia económica, política y social.

Hacia el futuro habrán muchas dinámicas de descentralización, ya no habrá un concepto o una ley central que limita los traslados, la transferencia de recursos, los situados fiscales, sino que éstos van a ser manejados más local y regionalmente. El problema es ¿cómo ganar justicia social y fortalecer la democracia radical en estas regiones? pero no vamos a tener una Colombia fragmentada, ni federada, sino mayor juego del desarrollo regional y local en dinámicas nacionales de globalización.

Los conflictos se van a acentuar cada vez más, regionalmente. El conflicto armado no es lo único, hay conflictos ambientales, conflictos sociales y problemas estructurales del desarrollo. La perspectiva no es de menores conflictos. Estas concepciones de modelos regionales tienen mayores potencialidades de conflicto porque, además de las luchas antes mencionadas de las comunidades locales, las regiones van a tener que competir entre sí y ya no va a haber un Estado-Nación que les de organicidad. Nunca lo hubo, pero tampoco lo habrá.

Sin embargo, se va a requerir una unidad política que articule y coordine todas estas dinámicas regionales. El concepto de Estado va a tener que ser reemplazado por unidades administrativas, de coordinación en lo económico y lo social, más que propiamente Estados, y delegar poder, rompiendo las burocracias y los poderes centrales, hacia dinámicas más autónomas regionales y globales.

Ello implica en lo regional un reordenamiento de acuerdo con las condiciones ecológicas y las potencialidades de inserción internacional. Esto se fundamenta en una transformación estructural del municipio, con el objetivo de adoptar un ordenamiento por unidades regionales de desarrollo sostenible, ambiental, social, político y cultural. El fundamento político de las unidades regionales de desarrollo deben ser asambleas y parlamentos populares de autogestión y democracia participativa.

Incluso se puede prever el papel que pueden jugar estas regiones en un futuro, en su articulación global, en conflictos supranacionales, por ejemplo en el caso de la zona andina con Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá. Lo que estamos presenciando en este subcontinente latinoamericano es una gran inestabilidad de la zona andina y que posiblemente hacia el futuro el concepto de Estado-Nación de Colombia no tenga mucho sentido, ni viabilidad, en estos procesos de globalización. Van a ser inevitables relaciones mucho más estrechas con Venezuela, con Ecuador... Nuestras economías son aun más débiles en el proceso de cambio tecnológico que se ha venido dando desde finales del siglo XX en el mundo y con mayor fuerza en estos umbrales del siglo XXI. Las fronteras van a tener que desdibujarse y estos conceptos regionales van a cobijar zonas supranacionales en el área andina, por ejemplo, para que puedan tener sentido. La integración latinoamericana, económica, social, política, cultural y ambiental es la única viabilidad de estos países en el actual proceso de globalización.

Por otra parte, esas fronteras con los países vecinos son muy ficticias. Las comunidades indígenas en la Guajira son hermanas con las comunidades venezolanas de esa zona. Igual sucede en las fronteras con Ecuador, Brasil y Panamá. Se han partido comunidades, entonces se va a tener que flexibilizar todavía más este tipo de fronteras, así como es necesario acabar con figuras como el Departamento. Los departamentos son botines de barones electorales. El caso del Magdalena medio es lo más diciente: es el patio trasero de cuatro departamentos (Antioquia, Cesar, Bolívar y Santander) donde ninguno invierte, la gente del sur de Bolívar par ir a Cartagena no tiene vías, tiene que ir por Barranquilla o por otros departamentos, por Cesar, son zonas absolutamente abandonadas, explotadas en sus recursos y además con unos potenciales de desarrollo muy grandes.

 

- ¿Serán necesarios cambios constitucionales?

Yo creo que en Colombia se requiere una nueva reforma constitucional, o una nueva Carta, que permitan un nuevo ordenamiento territorial en al país, que rompa los poderes políticos que no han permitido este reordenamiento y que dé una garantía real e integral a los derechos humanos. La Constitución del 91 mantuvo la imposición de los departamentos, figura que responde a una vieja visión centralista que rompió las dinámicas regionales a finales del siglo XIX, para consolidar el poder desde el centro.

Toca volver a barajar y permitir que se desarrollen nuevas provincias, nuevas regiones en el país, sin el amarre de las fronteras actuales político administrativas, artificiales e impuestas de manera arbitraria. Por ejemplo el Magdalena Medio implica la consolidación de una nueva región, pero hoy es el patio trasero de Santander, de Antioquía, de Cesar y de Bolívar. Su conformación implicaría una redefinición del poder, pues los antioqueños no van a querer soltar su zona de influencia sobre el Magdalena medio, lo mismo los santandereanos, los del Cesar; pero hay una necesidad sentida allí de constituir una nueva región autónoma de desarrollo con un centro en Barrancabermeja.

Esto implicaría también romper los poderes regionales a través de una "insurgencia de las  provincias", como dice Orlando Fals Borda. Una insurgencia democrática, para que la población pueda reorganizarse en una concepción ecosocialista y biopol{itica, una relación más integral con su propia cultura,  su propia historia, con el medio ambiente, con los recursos naturales. Esta es parte de la lucha frente a una violencia de lo viejo que no deja nacer lo nuevo en el país, que va a pasar por una confrontación muy grande con el poder desde lo local. Hay muchos proyectos regionales en el país, lo importantes es cuándo se van a visibilizar y con qué fuerza. Hay proyectos en el viejo Tolima, en el Magdalena medio, en las comunidades indígenas, en las comunidades afrocolombianas, en todas las instancias locales del país y que no son reconocidas por el centro y los poderes tradicionales.

Otro problema es, nuevamente, cómo garantizar una unidad política en el país que no pasa por un Estado-Nación central, autoritario, fuerte, jerárquico, excluyente de las grandes regiones, sino por una democracia que venga desde abajo. Todo un proyecto desde abajo para volver a reconstruir este país, que se va a encontrar con estas nuevas dinámicas de ciudad región globalizadas que son manejadas desde elites muy excluyentes, que quieren hacer un reordenamiento, pero no democrático, ni incluyente, ni que beneficie.

La biopolítica es pensamiento, sentimiento y acción que toman partido por la pluralidad y diversidad de la vida como principio holístico, dialéctico, complejo, estético y ético, para la transformación societal. La biopolítica se construye sobre ideas fundamentales de una vida digna, justa, buena, bella, solidaria, libertaria e igualitaria, en respeto y equilibrio con la naturaleza. En consecuencia, es opuesta a toda institución social o práctica humana construida sobre la muerte o, lo mismo, sobre la opresión, explotación, exclusión y expoliación de seres vivientes.

Esto implica una lucha y una negociación por una reestructuración del poder territorial, en procura de una legitimidad democrática y una mayor viabilidad y sostenibilidad económica, política, ambiental y social. Lo que estamos viendo son proyectos federativos y excluyentes, de acuerdos de elites que controlan poder, pero que no van a resolver el  problema de viabilidad de este país. Porque que lo que se esta jugando es la viabilidad del país, o la intensificación de la guerra por conflictos regionales, conflictos de clase mucho más profundos.

En un nuevo proceso Constituyente, lo local y las fuerzas regionales van a tener una representatividad más fuerte que en la Asamblea Constituyente de 1991, es decir, no sólo quién tiene representación de poder armado o  político y económico, sino también toda esta insurgencia civil de las regiones, de proyectos de poblaciones locales y regionales, para acentuar el reordenamiento territorial en el país y cambiar la organización político administrativa, con una concepción más avanzada que incluye reordenamiento ambiental. Esto implica entender qué es este territorio, quiénes son sus pobladores y cuáles son las relaciones que se dan entre poblaciones y  territorio y al interior de la misma población. Esto pasa por una concepción integral de derechos humanos, por la organización de territorios desde abajo, autónomos, autogestionarios, por romper el Estado central o poder central, romper las burocracias centrales y darle mucho más juego a lo local, finalmente por democratizar el país.

 

- ¿Cuáles proyectos es posible identificar?

En síntesis, es posible identificar tres proyectos básicos:

1.      La vieja concepción de querer construir un Estado-Nación en el país, un aparato estatal fuerte con mucha influencia y una idea de nación que tiene que ver con una concepción de identidad unitaria y orgánica que va en contra de la diversidad, de la pluralidad. Es una concepción unanimista, europea, que supone que hay un origen único de nación colombiana y que por lo tanto choca con la diversidad étnica, regional y cultural del país. Esto implica acabar con las diferencias, toda identidad desconoce al otro como distinto, lo ve como enemigo, busca fortalecer el poder tradicional.

2.      Otra concepción consiste en darle mucho más juego a la globalización, pero en proyectos de ciudades región globalizadas, donde lo más perverso que podemos ver es el proyecto antioqueño, con sus macroproyectos, globalización, desplazamiento de población. A esto le funciona totalmente el paramilitarismo.

3.      El tercero es este otro modelo de democracia desde abajo, de reordenamiento territorial ambiental, de autonomías locales. Una concepción  ambientalista, de justicia social, de democracia radical, un proyecto ecosocialista, biopolítico y de reconocimiento de las diversidades.

De estos tres modelos, los dos primeros profundizan la guerra en Colombia. El tercero podría dar algunas pista para una salida al conflicto colombiano, para que el país tenga viabilidad en un mundo mucho más complejo y globalizado.

El viejo modelo del Estado-Nación ya lo están abandonando en Europa, donde el concepto de región y autonomías locales no está en contraposición con el  gran proyecto geopolítico de la Unión Europea. Esto también puede ser valido para nosotros, entendiendo lo local y lo regional en la realización del sueño de Bolívar de la gran nación latinoamericana, de un proyecto latinoamericano que no es el proyecto del gran mercado norteamericano con una integración puramente económica. Aquí se trata de una articulación social, política, económica y ambiental, de una concepción mucho más democrática. Esto implica una confrontación con la hegemonía norteamericana, los intereses de la oligarquía y su gran proyecto neoliberal hacia el continente americano.

 

- ¿Quien puede agenciar un nuevo proyecto histórico?

Las elites de Colombia están en un proceso de reprimarización de su economía, articulada a la venta a las multinacionales de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables, lo cual también implica dar seguridad a esa inversión, eso es el "Plan Colombia", por ello el interés de las multinacionales para que se apruebe en los Estados Unidos toda esta ayuda militar. Para poder mantener y reproducir un modelo rentista, especulativo y excluyente se necesita continuar y escalar la guerra.

Los grandes retos son ¿Cómo cambiamos la concepción del modelo de desarrollo rentista y especulativo en Colombia, hacia un modelo que reconozca la biodiversidad del país y busque un nuevo equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, que resuelva los problemas estructurales con justicia y autonomía regional?

¿Cómo fortalecer los actores sociales locales en sus procesos de resistencia y de ocupación de espacios, de control local, de radicalización de la democracia, con base en un nuevo modelo, una nueva organización de la sociedad colombiana, un nuevo proyecto político?

En la insurgencia armada, el ELN ha planteado el tema de la federalización del país, las FARC también plantean un ordenamiento de controles territoriales por grupos políticos,  pero ninguno tiene una concepción del desarrollo con reconocimiento de la pluralidad, la biodiversidad y la diversidad cultural y regional del país.

Hay muchas dinámicas locales y regionales, pero dispersas. Los movimientos sociales locales son débiles ¿Cómo fortalecer ese poder social para que pueda disputar también a los poderes económicos y poderes políticos tradicionales?

No tenemos aún todas las respuestas, pero es desde el fortalecimiento de lo social que se puede generar un proyecto político en el país que recoja la diversidad, las luchas feministas, las luchas indígenas, las luchas de las comunidades negras, los procesos sindicales y de la sociedad civil, las luchas de los colonos, las dinámicas de organización campesina y de movimientos civiles locales y regionales. La insurgencia armada en un proceso eventual de negociación tendría que asumir una nueva visión, para permitir fusionar estas nuevas relaciones de poder en un nuevo proyecto histórico en el país. El poder social, hoy fragmentado, se debe transformar en poder político y económico.

El Estado en Colombia es otro factor de inestabilidad y conflicto con todo lo que vemos de corrupción, exclusión, falta de democracia y presencia de dominios territoriales, pues el país está fragmentado por botines electorales. Debe reclamarse el poder del Estado para los sectores populares.

Yo creo que hacia un nuevo proyecto histórico juega un papel importante una alternativa de carácter ecosocialista, biopolítica, democrática, con una nueva visión de equilibrios de la sociedad con la naturaleza, de justicia social, de resolución de las desigualdades y de garantía finalmente del poder de los actores sociales regionales.

En la medida que la naturaleza y la sociedad sean entendidas como historia del trabajo, de la propiedad, de la explotación de las comunidades plurales, sus cultura y sus ambientes constitutivos y de las luchas sociales, más fácil será que el futuro sea sostenible, igualitario, en paz, social y ambientalmente justo[2].

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