“DESCENTRALIZAR PARA PACIFICAR”

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Jaime Castro*

 

 

“Clave del nuevo pacto social y político” [1]

 

Desde el municipio -pequeño, mediano y grande - estamos construyendo las soluciones locales que fortalecen nuestra identidad y estrechan nuestras relaciones y, sobretodo, que nos insertan sin traumatismos en el mundo global que vivimos, es decir, sin el riesgo de desaparecer en la universalidad anónima que nos tocó. Soluciones locales, además, de índole política, económica y social. Todo ello nos permite diseñar nuestro propio modelo de ordenamiento territorial y encarar los problemas del desarrollo desde una escala más realista, la local, que no excluye sino que complementa la nacional, que hemos utilizado a fondo con resultados conocidos.

En la forma anotada acogemos la ingeniosa fórmula de los ambientalistas: “Es necesario pensar universalmente y actuar localmente”. De esa manera, también procedemos teniendo en cuenta que el desarrollo es un reto colectivo que se debe afrontar igualmente desde lo local, sin perjuicio de que a él concurran obviamente actores externos y de otros niveles.

En el resumen que se acaba de hacer radican la fuerza y la importancia de la descentralización. Ahí están su razón de ser y su futuro. Además, en la coyuntura actual, constituye una de las claves de la guerra o de la paz, porque servirá de mucho en la mesa de negociaciones que tendrá lugar el día en que el Estado, con su autoridad, convenza a la guerrilla que para ella también es mejor negocio la paz que la guerra. Ese día y en esa mesa, los espacios democráticos que crea la descentralización deben servir para la reinserción de los desmovilizados que quieran realizar su vocación política a nivel local o regional, como ya ha ocurrido en algunos casos.

Por todo lo anterior, la descentralización es pieza clave del nuevo pacto social y político que el país reclama para superar las situaciones de emergencia que vive.

A pesar de lo dicho, sectores políticos retardatarios quieren desmontar el proceso en curso. Revertirlo,. Reducirlo en lo mejor de sus expresiones políticas y económico- financieras: la autonomía de las entidades territoriales frente al poder central, representado por el Gobierno y el Congreso, y la capacidad de esas mismas entidades para construir al menos parte de su destino.

El propósito de esos sectores obedece simplemente a que quieren recuperar el inmenso político administrativo que ejercían antes de la descentralización y que les permitía manejar a su arbitrio departamentos y municipios, decidir la suerte de esas entidades territoriales y de todo lo que de ellas dependía y, sobre todo, organizar los aparatos de partido de grupo que les aseguraba su propia supervivencia política y la de sus amigos más cercanos. Todas esas formas pre-democráticas desaparecieron con la descentralización, para darle paso a unas formas todavía incipientes de democracia regional y local.

Ante la imposibilidad de acabar del todo con el proceso, sus enemigos agazapados, que proceden a veces como francotiradores, piden reducirlo a lo que bien pudieran llamar sus justas proporciones. Para lograrlo, proponen una descentralización guiada y dirigida desde los tradicionales centros del poder, una descentralización sin pueblo, que les permita continuar manejando las entidades territoriales del país. “No comprenden que la única manera de conservar el poder, si es que de eso se trata, es compartirlo”, como escribió alguien.

Esa es la razón para que hayan impulsado y defendido el proyecto de contrareforma constitucional, que mas bien es una contrareforma municipal. Como no lograron su aprobación en la coyuntura favorable que les creo la crisis política, han advertido que insistirán tan pronto como puedan y encuentran que el  momento le es propicio. Esa nueva coyuntura favorable a sus propósitos pueden surgir, si las elecciones de 1998 le dan la jefatura del Gobierno y la mayoría en el Congreso, a los enemigos de la descentralización.

Le corresponde a la provincia evitar que así suceda. Para ello tiene que cerrarle el paso a los contradictores del proceso. Desactivar las minas invisibles con que algunos pretenden detenerlo. Tiene que librar ahora la batalla democrática que no tuvo que dar cuando la descentralización arrancó, porque a mediados de los 80 la provincia no se movilizó políticamente a favor de sus derechos. Por ello, tal vez no sobre recodar someramente la manera como se ha tratado la problemática regional en el país.

Durante el siglo XIX, la controversia centralismo federalismo animó el debate público y se dirimió muchas veces en los campos de batalla. Después de la Constitución de 1886, el tema perdió intensidad. Se refugió en las aulas universitarias. Esporádicamente reducidos sectores de la opinión se ocupaban de él en algunas regiones del país. Su manejo se confió a quienes se consideraban más calificados para estudiarlo, principalmente a juristas especializados en derecho público. Prácticamente nunca alentó el debate ciudadano. No hizo parte de las campañas electorales. Los partidos lo mencionaban en sus programas, pero nunca tuvieron la suficiente voluntad política para que algunas de sus propuestas fueran realidad. Los gobiernos a veces hablaban del tema, pero solo terminaban haciendo algo de desconcentración (reformas de 1958 - 1959).

Al Congreso, el asunto no le interesaba. Sus miembros - elegidos todos por la provincia - procedían como si de verdad representaran “a la nación entera (art. 105 de la Constitución anterior a 1991), y como si ésta no fuera también la suma de sus entidades territoriales. Los pocos proyectos que algunas veces fueron presentados a las Cámaras, ni siquiera se tramitaban.

Por las razones anotadas, y por la indiferencia que casi siempre se muestra frente a los temas de interés general, la descentralización no movilizaba la opinión pública. No reunía en torno suyo amplios o al menos considerables sectores ciudadanos. Los departamentos y municipios nunca concibieron el memorial de agravios que recogiera sus aspiraciones frente al gobierno central. Por ellos el proceso, que está cumpliendo sus primeros diez años de vida, no es el producto de una exigencia de la provincia colombiana. Tampoco de su movilización. Menos, claro esta, de la imposición de sus puntos de vista al Gobierno o al Congreso. Para decirlo gráficamente, nadie intentó nunca la rebelión de la provincia. Ni siquiera una marcha sobre Bogotá que reivindicara los derechos de esas regiones marginadas y de sus olvidados habitantes.

El proceso en curso es producto, ante todo, de la sensatez y claridad con que actuaron el Gobierno y el Congreso de la época frente al tema. Ese Gobierno y ese Congreso, en un momento de lucidez, supieron interpretar y expresar con inteligencia la realidad, necesidades y aspiraciones dela provincia. También es producto de la generosidad, porque se desprendieron, voluntariamente, de buena parte del  poder político y administrativo que durante décadas habían ejercido. Crearon mil centros de poder local - grandes, medianos y pequeños - que reemplazaron el centenario y único centro de poder que hasta entonces había gobernado el país.

A la clase política colombiana debe reconocérsele que en muchas ocasiones importantes para la vida del país, ha actuado y decidido con grandes dosis de realismo. También con visión de futuro y hasta con audacia para poder superar momentos de dificultad y crisis. A ello se debe, en buena medida, la estabilidad política que muchos latinoamericanos nos envidian. A ese tipo de actuaciones y decisiones obedece el proceso descentralizador que se inició a mediados de los 80 y se consolidó en 1991.

Esa misma clase política procede ahora como si estuviese arrepentida, porque lo que pretende hacer golpea seriamente la descentralización. No cuestiona, sin embargo, los principios que sustentan el  proceso. Ni sus resultados. Por eso sólo hablan desaceleración en el caso de las transferencias y sostiene que la reforma electoral obedece únicamente al propósito de ahorrarle al país costos económicos  y de otro orden que tienen las elecciones regionales y locales. Pero sus intenciones son claras. Busca limitar y someter el proceso. Condicionarlo. “Aconductarlo”. Ponerlo al servicio de sus necesidades y aspiraciones. Impedirle nuevos desarrollos. Inclusive, los que genera su propia dinámica.

Procede así porque entiende bien que la descentralización no sólo redistribuyó el poder el Estado que traslado del centro a la periferia, y cambió substancialmente los términos de las relaciones entre la clase política nacional, que tiene asiento en el Gobierno y el Congreso, y la del  nivel departamental y municipal. Esas relaciones eran de dependencia y subordinación, a favor de la primera. Hoy son de igualdad. Algunos congresistas temen, incluso, que las invirtió, porque sienten que ahora son los gobernadores y los alcaldes quienes mandan y deciden.

También, porque entienden que la descentralización elimina las pirámides electorales que, en otras épocas, permitían construir sólidas estructuras de poder, desmonta conocidos gamonalatos e impide la consolidación de nuevos baronazgos a nivel departamental o local. Igualmente, porque la descentralización cambia las reglas del juego para intervenir en política - que ahora es de altas competición, si se quiere - y buena parte de la dirigencia tradicional prefiere participar con las reglas y los procedimientos que ha utilizado siempre con buenos resultados.

“La descentralización la tenemos que apoyar todos”

En vez de desmontarla, nos corresponde a todos defender y fortalecer la descentralización. Mejorarla. Darle nuevos desarrollas para que pueda enfrentar sus retos y desafíos. Asegurar las condiciones que le permitan cumplir sus objetivos. Ya dimos los primeros pasos. Los que abrieron el camino, la pusieron en marcha sobre bases sólidas y buscaron que fuera irreversible. Pero falta un buen trecho por recorrer. Las reformas que aquí hemos sugerido son apenas algunas de las que se requieren para asegurar el logro de sus propósitos y una eficiente gestión local.

Nos corresponde entonces, asumir la defensa del proceso y conseguir que continúe su marcha sin tropiezos, empujando por la fuerza que le den al pueblo, su propia dinámica y lis apoyos e impulsos que reciba del poder central. Tenemos que hacerlo todos, de manera colegiada, si se quiere, porque las instancias - Gobierno, Congreso y partidos - que tenían la obligación de defenderlo y profundizarlo, le voltearon la espalda y asumieron una posición contraria a los propósitos de la descentralización.

Ya sabemos que propósitos animaron al Gobierno y al Congreso últimamente, y cuáles pueden tener para el futuro inmediato, si siguen en las mismas manos.

Los partidos continúan sin entender la problemática regional y local del país. A pesar de que cada día ésta adquiere mayor importancia, la abandonaron prácticamente desde el siglo pasado. La última prueba de ese desinterés suyo por el tema está en las elecciones departamentales y municipales de octubre último (1997): ninguno se pronunció sobre la descentralización, sus retos y desafíos, ni sobre la manera de profundizarla, como dicen los científicos sociales.

A los candidatos presidenciales tampoco les interesa el tema. Hasta ahora lo han dejado expósito. Tal vez porque no les conceden la trascendencia que tiene, temen desafiar influyentes sectores políticos, o sólo se ocupan de aquellos asuntos que consideran electoralmente rentables.

Por lo anterior, la descentralización la tenemos que apoyar todos, ejerciendo una especie de liderazgo colectivo, dado el vació que dejaron quienes deben orientar la nación. Lo tenemos que hacer, sobre todo, quienes nos sentimos hombres de provincia en el más noble y cabal sentido de la expresión. De la provincia, a la que no le costó ningún esfuerzo conseguir que el  proceso arrancara, pero que se va a tener que movilizar políticamente para que los beneficiarios del antiguo régimen no la detengan y traten de revertirlo. Que va a tener que ejercer sin temor el poder político que adquirió, precisamente gracias a la descentralización que ahora debe defender. Que no puede olvidar que el régimen autonómico a que aspira impone responsabilidades y obligaciones.

Cumplir esa tarea es gratificante. Lo podemos decir quienes, de una u otra manera, hemos participado a algún título en la concepción, diseño y ejecución del proceso en curso. Ahí hemos encontrado nuestras mayores realizaciones en la vida pública, las más grandes satisfacciones y los mejores reconocimientos ciudadanos.

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